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GRAN DOSSIER ESTRATÉGICO INTERNACIONAL

Un análisis económico, monetario, energético, social, tecnológico, estratégico, geopolítico e institucional de CPGNNews: CaribPulse Global News Network

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Análisis de las grandes transformaciones económicas, monetarias, energéticas, sociales, tecnológicas y geopolíticas contemporáneas, de sus consecuencias para los Estados, los mercados, las empresas y las sociedades, con una mirada particular desde el Caribe y sobre las mutaciones del orden internacional.

Por la Redacción de CPGNNews | Mirada Global, una lectura desde el Caribe

31 de agosto de 2026

Pensar el Caribe. Comprender el mundo.

EL DÍA EN QUE UNA MONEDA NACIONAL PODRÍA DEJAR DE SER EL CENTRO DE LA SOBERANÍA

Existen momentos en la historia económica de una nación en los que una decisión aparentemente técnica revela, en realidad, una transformación mucho más profunda. Una reforma monetaria puede ser, en ocasiones, mucho más que una modificación del régimen cambiario, de la moneda de referencia o de los instrumentos utilizados por un banco central. Puede revelar una crisis de confianza, una transformación de la relación entre el Estado y la sociedad, un desplazamiento de los centros de poder y, más profundamente aún, el final progresivo de una representación del mundo que se ha vuelto incapaz de responder a las nuevas realidades. La controversia que rodea hoy el futuro del bolívar en Venezuela pertenece a esta categoría de momentos. La cuestión no consiste solamente en saber si el dólar estadounidense podría algún día sustituir oficialmente a la moneda nacional venezolana. La cuestión más amplia consiste en comprender qué significa, para un Estado del siglo XXI, tener que buscar eventualmente en una moneda extranjera la estabilidad que su propia moneda ya no ha logrado garantizar.

Sin embargo, desde la apertura de este dossier, conviene resistirse a la tentación de las simplificaciones. Venezuela no ha abolido oficialmente el bolívar simplemente porque se haya formulado una propuesta de dolarización o porque el uso del dólar se haya extendido en determinadas transacciones. Una dolarización de facto no constituye necesariamente una dolarización institucional. Una propuesta económica no es una decisión gubernamental; una decisión política todavía no es una reforma efectivamente implementada. Entre estas diferentes etapas existen importantes decisiones jurídicas, monetarias, presupuestarias, bancarias y políticas. Esta distinción se mantendrá a lo largo de nuestro análisis porque constituye una de las condiciones fundamentales de un periodismo internacional riguroso. El objeto de este dossier no es, por tanto, el anuncio espectacular de una desaparición del bolívar ya consumada, sino el examen de una posibilidad cuya simple formulación revela la magnitud de las interrogantes a las que Venezuela se enfrenta actualmente.

Esta prudencia documental no disminuye en absoluto la importancia del momento. Por el contrario, permite comprender su verdadero alcance. Cuando un país que posee inmensos recursos energéticos, una larga tradición de Estado, una moneda nacional y una historia política fuertemente construida en torno a la soberanía contempla, aunque sea a través de un debate todavía abierto, colocar una moneda extranjera en el centro de su estabilidad económica, algo fundamental está en juego. La moneda nunca es solamente un instrumento que permite comprar, vender o ahorrar. También constituye una expresión de la confianza colectiva. Representa la capacidad de un Estado para garantizar el valor de los intercambios dentro de su territorio y para inscribir la actividad económica en un horizonte relativamente previsible. Cuando esta confianza se deteriora de manera prolongada, la crisis monetaria se convierte progresivamente en una crisis institucional, después en una crisis social y, finalmente, en una interrogante sobre la propia capacidad del Estado para ejercer determinadas dimensiones de su soberanía.

Es precisamente en este punto donde comienza nuestra reflexión. ¿Qué significa todavía la soberanía económica en un mundo donde los capitales, los datos, las tecnologías, los pagos, las competencias y las cadenas de valor circulan mucho más allá de las fronteras nacionales? La pregunta habría sido difícil de imaginar en los mismos términos a mediados del siglo XX. En aquella época, el poder económico se concebía en gran medida a través del territorio, los recursos naturales, la industria nacional, la moneda, las fronteras comerciales y la capacidad del Estado para controlar directamente los grandes instrumentos de producción. Estos elementos siguen siendo importantes. No han desaparecido. Pero ya no bastan para describir el poder contemporáneo. Una economía puede disponer de importantes recursos naturales y, al mismo tiempo, depender de tecnologías extranjeras. Puede producir energía y seguir siendo vulnerable a las infraestructuras financieras internacionales. Puede poseer una moneda nacional mientras sus ciudadanos prefieren una divisa extranjera para proteger sus ahorros. Puede disponer de un territorio considerable y, al mismo tiempo, perder una parte de su capital humano a causa de la migración. Incluso puede ejercer una soberanía jurídica plena y continuar dependiendo de redes digitales, sistemas de pago, componentes tecnológicos y plataformas que no controla.

Venezuela se encuentra precisamente en la intersección de estas contradicciones. Su historia reciente ha demostrado con una intensidad excepcional hasta qué punto una economía rica en recursos naturales puede seguir siendo vulnerable cuando las instituciones, la política monetaria, las finanzas públicas, la producción y la confianza colectiva entran en una espiral negativa. El petróleo ha constituido durante mucho tiempo uno de los principales fundamentos del poder económico del país, pero esta riqueza no ha producido automáticamente la diversificación, la productividad, la estabilidad institucional y el capital humano necesarios para una economía resiliente. El problema, por tanto, no es simplemente el de una moneda que ha perdido valor. Concierne a la relación entre recursos e instituciones, entre ingresos e inversión, entre soberanía y capacidad real de acción.

También es necesario situar esta interrogante dentro de una transformación generacional mucho más amplia. Las nuevas generaciones crecen en un entorno económico en el que la frontera entre lo nacional y lo internacional resulta cada vez más difícil de delimitar. Utilizan servicios digitales cuyas infraestructuras pueden estar situadas en varios continentes, se comunican instantáneamente con personas que viven en otros países, realizan transacciones en varias monedas, estudian a distancia, trabajan para empresas que pueden no tener presencia física en su propio país y, en ocasiones, construyen sus carreras profesionales a través de varios territorios sucesivos. Para una parte creciente de esta generación, el valor económico ya no está necesariamente asociado a un único espacio nacional. La propia moneda se convierte a veces en una interfaz entre otras dentro de un sistema mundial mucho más amplio de pagos, plataformas, datos y servicios.

Esta evolución no significa que los Estados se vuelvan inútiles. Significa, por el contrario, que deben redefinir aquello que son capaces de garantizar. La soberanía del siglo XXI no desaparece; cambia de contenido. Sigue implicando la seguridad del territorio, la capacidad jurídica, el control de las fronteras, la legitimidad política y la protección de los ciudadanos. Pero ahora implica también la capacidad de garantizar la continuidad energética, la resiliencia digital, la seguridad de los datos, la formación tecnológica, la competitividad industrial, la estabilidad financiera y el acceso a las redes internacionales. En este nuevo entorno, una moneda nacional ya no constituye por sí sola una prueba de soberanía económica efectiva. Una moneda puede ser jurídicamente soberana y, sin embargo, económicamente frágil. A la inversa, el uso de una moneda extranjera puede aportar una estabilidad apreciable sin resolver las dependencias estructurales de un país.

Por eso el debate sobre el dólar no puede separarse del debate sobre el petróleo. Venezuela no sería simplemente un país que elige otra unidad monetaria. Sería un gran productor de hidrocarburos que intenta reconstruir una economía cuya trayectoria futura dependerá simultáneamente de sus recursos energéticos, de sus infraestructuras, de sus relaciones con Estados Unidos, de sus intercambios con China y la India, de sus relaciones con los países latinoamericanos y caribeños, de sus capacidades de inversión y de su facultad para reconectar a su diáspora con su economía nacional. En este contexto, el dólar no sería únicamente una moneda. Se convertiría en un elemento de un sistema más amplio en el que convergerían energía, comercio, finanzas, sanciones, inversiones, tecnología y diplomacia.

La dimensión geopolítica aparece entonces como inevitable. Venezuela evoluciona en un mundo donde las antiguas líneas de separación se vuelven más complejas. Estados Unidos sigue siendo una gran potencia financiera, tecnológica y militar; China representa un centro industrial, comercial y financiero de importancia creciente; la India desarrolla una estrategia propia basada en sus intereses nacionales; Rusia conserva determinadas capacidades estratégicas al tiempo que se ve profundamente afectada por la guerra en Ucrania; Irán busca preservar sus márgenes de maniobra; los países latinoamericanos intentan navegar entre varios polos; y el Caribe se encuentra expuesto a las consecuencias económicas, energéticas y migratorias de estas recomposiciones. En este entorno, Venezuela ya no puede analizarse como un caso aislado. Su futuro monetario participa de una recomposición más general de las relaciones de poder.

El verdadero desafío aparece entonces con mayor claridad. Si Venezuela llegara a avanzar hacia una dolarización oficial, la cuestión no consistiría únicamente en saber qué moneda circularía en los comercios, los bancos y las administraciones. Habría que determinar cómo se financiaría el gasto público, cómo funcionaría el sistema bancario, cómo se garantizaría la liquidez, qué margen de maniobra conservaría la política económica, cómo se reestructurarían las relaciones con los mercados internacionales y cómo se absorberían los costos sociales de la transición. Una moneda extranjera puede reducir determinadas fuentes de inestabilidad, pero no crea automáticamente una administración eficaz, una justicia independiente, una política industrial coherente, una infraestructura moderna o un sistema educativo capaz de preparar a las futuras generaciones.

Esta distinción es fundamental porque Venezuela podría sentirse tentada, como otras sociedades enfrentadas a una crisis prolongada, a buscar en un instrumento monetario una respuesta a problemas que son, en realidad, institucionales. Ahora bien, ninguna moneda puede sustituir de manera duradera la confianza en las instituciones. Una economía puede cambiar su unidad de cuenta sin cambiar sus estructuras productivas. Puede estabilizar los precios sin resolver sus déficits de competencias. Puede atraer capitales sin construir las infraestructuras necesarias para transformarlos en productividad. Puede disponer de una divisa estable y, al mismo tiempo, seguir dependiendo de tecnologías que no domina. La dolarización, si llegara a producirse, debería ser considerada, por tanto, como un instrumento potencial de una transformación mucho más amplia y no como la transformación en sí misma.

Por esta misma razón, este dossier trasciende el caso venezolano. Numerosos Estados frágiles o dependientes de las materias primas se enfrentan hoy a una cuestión comparable, aunque las respuestas institucionales difieran profundamente de un país a otro. El mundo que se está construyendo alrededor de la inteligencia artificial, los datos, las nuevas infraestructuras digitales, la transición energética, la robotización, las cadenas de valor reconfiguradas y la circulación instantánea de capitales exige una aceleración de la capacidad de adaptación de los Estados. Las instituciones concebidas para responder a los problemas del siglo pasado pueden continuar funcionando jurídicamente mientras se vuelven progresivamente inadecuadas desde el punto de vista económico. El riesgo, por tanto, no consiste únicamente en perder una batalla monetaria. Consiste en conservar un modelo de gobernanza diseñado para un mundo desaparecido mientras los ciudadanos, las empresas y las nuevas generaciones ya viven en un entorno radicalmente diferente.

Debemos, por tanto, observar Venezuela desde una doble exigencia. La primera es la del rigor: no confundir los hechos con las hipótesis, no convertir las propuestas en decisiones, no sustituir los relatos políticos por los datos y no reducir una realidad compleja a una sola variable monetaria. La segunda es la de la humanidad: no olvidar jamás que detrás de la moneda hay vidas, detrás de la inflación hay familias, detrás de la migración hay trayectorias personales, detrás de la pérdida de competencias hay generaciones enteras y detrás de las decisiones macroeconómicas hay ciudadanos que simplemente buscan recuperar la posibilidad de construir su futuro.

Con esta doble exigencia, CPGNNews aborda este dossier. No queremos limitarnos a observar una eventual transformación del régimen monetario venezolano; queremos comprender lo que revela del paso entre dos épocas. Queremos seguir, con la pasión de un medio que pretende ser testigo de su tiempo, la manera en que un país rico en recursos, pero profundamente golpeado, intenta reconstruir su capacidad de acción en un mundo que ya no se parece a aquel en el que fueron concebidas las antiguas doctrinas. Venezuela nos ofrece así un laboratorio histórico excepcional: el de un Estado enfrentado simultáneamente a la cuestión de la moneda, a la cuestión de la soberanía, a la cuestión del petróleo, a la cuestión de la tecnología y a la cuestión de la generación que tendrá que vivir con las decisiones tomadas hoy.

La pregunta que guiará nuestra investigación no será, por tanto, simplemente «¿Venezuela abandonará el bolívar?» Será más amplia y más exigente: «¿En qué se convierte la soberanía cuando una nación debe replantearse su moneda, su economía, sus instituciones y su modelo de poder precisamente en el momento en que el mundo entra en una nueva era tecnológica y geopolítica?» A esta pregunta, mucho más que al solo destino del bolívar, está dedicado este gran dossier.

EL BOLÍVAR: NACIMIENTO, PODER Y AGOTAMIENTO DE UN SÍMBOLO NACIONAL

Para comprender por qué Venezuela puede plantearse hoy reducir el papel de su propia moneda en favor del dólar estadounidense, es necesario remontarse mucho más atrás que la hiperinflación, mucho más atrás que la crisis política contemporánea e incluso antes de la era petrolera. Una moneda nacional nunca surge en el vacío. Es el resultado de una historia política, de un proyecto de Estado, de un territorio, de una memoria colectiva y de una determinada concepción del poder. El bolívar nunca ha sido simplemente un instrumento para pagar bienes y servicios. Acompañó la construcción de la República venezolana, encarnó una voluntad de unificación económica y dio una expresión monetaria a una soberanía política conquistada durante el siglo XIX. Su trayectoria cuenta, por tanto, también la historia de la propia Venezuela: la de un país que transformó progresivamente una economía fragmentada en una economía nacional, y después una economía nacional en una potencia petrolera, antes de descubrir que la abundancia de recursos no basta para garantizar la solidez de las instituciones, la estabilidad monetaria ni la confianza en el futuro.

El propio nombre de la moneda revela esta dimensión simbólica. El bolívar toma su nombre de Simón Bolívar, figura central de la independencia sudamericana y personaje fundador del imaginario republicano venezolano. La elección de este nombre para la moneda nacional no fue un detalle administrativo. Inscribió la moneda en una historia de liberación, unificación y construcción nacional. El dinero se convirtió así en uno de los objetos cotidianos mediante los cuales el Estado reafirmaba diariamente su existencia. Cada billete, cada moneda y cada transacción hacían circular, tanto en sentido literal como político, una representación de la nación. En los Estados modernos, los símbolos monetarios suelen cumplir esta función discreta: hacen visible una soberanía que, de otro modo, permanecería abstracta. Un ciudadano puede no entrar nunca en contacto directo con las instituciones que gobiernan su país, pero se encuentra con su moneda todos los días.

Esta relación entre moneda y soberanía se fue fortaleciendo progresivamente a medida que se consolidaba el Estado venezolano. Durante el siglo XIX, el país seguía marcado por profundas fracturas políticas, territoriales y económicas. Las guerras de independencia habían destruido parte de sus estructuras productivas y comerciales, mientras los conflictos internos continuaban debilitando la autoridad central. En semejante contexto, la existencia de una moneda nacional estable y reconocida representaba mucho más que un instrumento técnico. Contribuía a crear un espacio económico común. La moneda permitía medir, comparar, liquidar y conservar valor dentro de un territorio cuyos intercambios habían estado durante mucho tiempo fragmentados por las distancias, las infraestructuras limitadas y la inestabilidad política. Sin embargo, la construcción monetaria venezolana estuvo lejos de ser lineal. Como ocurrió en numerosos países latinoamericanos, las primeras décadas de la República estuvieron marcadas por la coexistencia de distintas monedas, problemas relacionados con la circulación fiduciaria, dificultades fiscales y una fuerte dependencia de las condiciones del comercio exterior. La consolidación de una verdadera arquitectura monetaria exigía instituciones capaces de emitir, controlar y proteger la moneda. También requería un Estado suficientemente creíble para que los ciudadanos aceptaran recibir esa moneda hoy con la expectativa de que conservaría un valor razonablemente previsible mañana.

Esta última condición es fundamental. Una moneda no funciona simplemente porque una ley le otorgue un estatus de curso legal. Funciona porque millones de personas aceptan confiar en ella. La autoridad jurídica para declarar que un billete constituye la moneda oficial no basta para convertirlo en una reserva de valor. Una moneda nacional descansa sobre un contrato implícito entre el Estado y la sociedad: el Estado proporciona un marco institucional; la población acepta la moneda como unidad de cuenta y medio de pago; las empresas la utilizan para sus contratos y salarios; los bancos la transmiten a través de la economía; y todo el sistema depende de la expectativa de que su valor no será destruido por una política monetaria o fiscal fuera de control. Venezuela entraría progresivamente en una situación en la que este contrato se volvería cada vez más frágil.

Pero antes de llegar a esa ruptura, es necesario comprender por qué la moneda nacional llegó a estar tan estrechamente asociada al poder del Estado. La historia de Venezuela durante el siglo XX es inseparable de la explotación petrolera. El descubrimiento y posterior desarrollo a gran escala de los hidrocarburos transformaron la economía, las finanzas públicas, las infraestructuras, las ciudades y la posición internacional del país. El petróleo proporcionó a Venezuela importantes ingresos externos y permitió al Estado disponer de recursos que habría sido difícil movilizar a partir de una economía agrícola tradicional. El país pasó así de ser una economía relativamente periférica a convertirse en un actor energético de primer orden en el hemisferio occidental. Esta transformación modificó profundamente la función de la moneda. El bolívar ya no era simplemente la moneda de una economía nacional en construcción. Se convirtió en la moneda de un Estado beneficiario de una renta externa excepcional. Esa renta otorgó al gobierno una considerable capacidad de intervención. Permitió financiar infraestructuras, programas sociales, importaciones, inversión pública y una rápida expansión del consumo. Durante determinados períodos, el crecimiento petrolero dio a Venezuela la apariencia de una potencia económica emergente destinada a ocupar de manera duradera un lugar entre las grandes economías en desarrollo.

Fue precisamente aquí donde apareció una de las grandes contradicciones del modelo venezolano. El petróleo fortaleció la capacidad financiera del Estado y, al mismo tiempo, creó las condiciones para una dependencia creciente de un recurso cuyo precio y demanda estaban determinados en gran medida por los mercados internacionales. Venezuela podía disponer de una moneda nacional y de un Estado jurídicamente soberano mientras dependía fuertemente de una fuente de ingresos denominada, negociada y valorada dentro de un sistema financiero internacional dominado por el dólar. La soberanía monetaria existía, por tanto, dentro de una arquitectura económica que seguía siendo profundamente internacional. Esta contradicción no fue inmediatamente visible porque los períodos de precios elevados del petróleo permitían financiar los desequilibrios subyacentes. Cuando aumentaban los ingresos petroleros, el Estado podía sostener la demanda interna, financiar las importaciones y preservar cierto grado de estabilidad. Cuando los ingresos disminuían, las vulnerabilidades se hacían mucho más visibles. La dependencia de las importaciones, la relativa debilidad de determinadas capacidades productivas nacionales y la dificultad para mantener el gasto público sin ingresos petroleros suficientes revelaban entonces la fragilidad estructural del modelo.

El problema, por tanto, no era el petróleo en sí mismo. Estaba en la manera en que la renta petrolera era, o no era, transformada en capacidades económicas duraderas. Los recursos naturales pueden financiar la industrialización, la diversificación productiva, las universidades, las redes ferroviarias, las infraestructuras energéticas y las capacidades científicas y tecnológicas. También pueden financiar principalmente el consumo, los subsidios, las importaciones y la expansión de un sector público que termina dependiendo progresivamente de la continuidad de la renta. En el primer caso, la riqueza natural puede convertirse en un motor de transformación. En el segundo, puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad. Venezuela experimentó ambas dinámicas, en diferentes grados y en distintos momentos de su historia.

La nacionalización de la industria petrolera y la creación de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, reforzaron considerablemente el papel del Estado en la economía. El objetivo de afirmar la soberanía sobre los recursos naturales respondía a una lógica histórica comprensible: un país productor debía poder ejercer un mayor control sobre los ingresos generados por sus propios recursos. En el contexto latinoamericano del siglo XX, esta reivindicación también adquirió una poderosa dimensión política e intelectual. La soberanía económica significaba que los recursos naturales ya no debían estar controlados o explotados principalmente en beneficio de intereses externos. Esta concepción de la soberanía desempeñó un papel importante en la historia política venezolana. Se apoyaba en una idea que marcó buena parte de la América Latina del siglo XX: un Estado políticamente independiente no podía ser verdaderamente soberano si no controlaba sus recursos estratégicos. El petróleo se convirtió así en mucho más que una mercancía. Se convirtió en un instrumento de dignidad nacional, desarrollo y poder internacional.

Esta lógica encontró una expresión particularmente fuerte bajo Hugo Chávez. La llegada de Chávez al poder en 1999 abrió una nueva etapa en la historia política y económica de Venezuela. La Revolución Bolivariana reivindicaba una profunda transformación de las instituciones, de la distribución de la riqueza y del lugar de Venezuela dentro del sistema internacional. El propio nombre de la revolución evocaba a Bolívar, otorgando a la moneda, al proyecto político y a la identidad nacional una continuidad simbólica especialmente poderosa. El petróleo ocupó un lugar central en esta transformación. Cuando los precios de los hidrocarburos aumentaron con fuerza durante la década de 2000, el gobierno dispuso de recursos considerables para financiar programas sociales, sostener el consumo y reforzar su influencia regional. Venezuela se convirtió en un actor importante de la política latinoamericana, especialmente a través de Petrocaribe y de otros mecanismos de cooperación energética. Los ingresos petroleros ya no servían únicamente para financiar la economía nacional. También se convirtieron en un instrumento diplomático.

Este período merece ser observado con suficiente distancia histórica para evitar dos interpretaciones opuestas, pero igualmente reductoras. La primera consistiría en considerar todas las políticas sociales de aquella época como una simple ilusión financiada por el petróleo. La segunda sería interpretar los avances sociales registrados durante determinados años como una prueba de que el modelo era estructuralmente sostenible. La realidad es más compleja. El aumento de los ingresos petroleros permitió mejorar determinados indicadores sociales y financiar importantes políticas redistributivas, pero no eliminó la dependencia fundamental del país respecto de los hidrocarburos. Cuando las condiciones externas cambiaron y las vulnerabilidades internas se profundizaron, esos logros se hicieron cada vez más difíciles de sostener.

La moneda se encontraba en el centro de esta contradicción. Una economía fuertemente dependiente de las importaciones necesita un acceso regular a divisas. Una economía petrolera obtiene gran parte de esas divisas mediante las exportaciones de hidrocarburos. Mientras los ingresos petroleros sean suficientemente elevados y los mecanismos de redistribución continúen funcionando, el sistema puede mantener cierto grado de estabilidad. Pero cuando la producción petrolera disminuye, los precios se vuelven desfavorables, las infraestructuras se deterioran, la inversión se contrae y las sanciones internacionales dificultan aún más el acceso a los mercados, aumenta la presión sobre las reservas y sobre el tipo de cambio. Venezuela entraría progresivamente en esta zona de tensión.

A partir de 2014, la caída de los precios del petróleo redujo drásticamente los ingresos externos del país. Esta ruptura no explica por sí sola la crisis que siguió, pero fue un acelerador decisivo. Los desequilibrios acumulados durante los años anteriores se volvieron más difíciles de financiar. La propia producción petrolera comenzó además a enfrentar problemas estructurales. Las deficiencias de gobernanza, la falta de inversión, las dificultades operativas, las restricciones financieras y, posteriormente, las sanciones estadounidenses se combinaron para debilitar la capacidad del sector de generar los ingresos necesarios para sostener la economía en su conjunto. La crisis política y económica se profundizó entonces bajo Nicolás Maduro, quien sucedió a Chávez en 2013. El colapso económico, la hiperinflación, las escaseces y el deterioro de las condiciones sociales transformaron profundamente la relación entre la población y el Estado. El problema monetario dejó de ser una cuestión reservada a los economistas o a los responsables del banco central. Se convirtió en una experiencia cotidiana.

Cuando los precios cambian rápidamente, los salarios pierden poder adquisitivo, los ahorros acumulados durante años se deprecian y las empresas ya no saben a qué nivel fijar sus precios o sus contratos, la moneda deja de ser un simple instrumento económico. Se convierte en una fuente de ansiedad social. La confianza, que normalmente constituye la base invisible de un sistema monetario, se vuelve visible precisamente porque está desapareciendo. La hiperinflación venezolana representó una de las manifestaciones más extremas de esta ruptura. Entre 2016 y 2021, el país experimentó una inflación de una magnitud excepcional, lo que condujo a varias reformas monetarias y destruyó buena parte del valor real de los ingresos denominados en bolívares. El gobierno llevó a cabo varias reconversiones monetarias, eliminando ceros en un intento por simplificar las transacciones y restaurar la funcionalidad del sistema monetario. Pero eliminar ceros no restaura la confianza. Una reforma nominal puede hacer que los precios sean más fáciles de leer; no puede, por sí sola, reconstruir la credibilidad de una moneda.

Esta distinción es fundamental para comprender lo ocurrido. Una moneda puede ser reformada técnicamente sin ser reconstruida económicamente. Los billetes pueden sustituirse, las unidades contables modificarse y las reglas cambiarse. Pero si los agentes económicos siguen creyendo que la moneda perderá rápidamente su valor, buscarán una alternativa. Pueden comprar bienes de inmediato, convertir sus ingresos en divisas, conservar activos reales o utilizar una moneda extranjera para aquellas transacciones que requieren mayor estabilidad. Así avanzó la dolarización de facto. No fue el resultado de una decisión única. Se desarrolló progresivamente a través del comportamiento de individuos y empresas. Cuando los agentes económicos pierden confianza en una unidad monetaria, buscan otra unidad de cuenta. El dólar estadounidense contaba con una ventaja evidente: ya era la principal moneda internacional, ampliamente utilizada en el comercio mundial, las finanzas, las reservas de divisas y las transacciones energéticas. La presencia de una importante diáspora venezolana también facilitó determinados flujos de divisas hacia el país.

El fenómeno es socialmente ambiguo. Una moneda extranjera puede proporcionar una estabilidad relativa a quienes tienen acceso a ingresos denominados en dólares o a actividades capaces de facturar en esa moneda. Al mismo tiempo, puede ampliar la brecha entre esas personas y aquellas cuyos ingresos continúan denominados principalmente en moneda nacional. La dolarización de facto puede, por tanto, reducir determinados riesgos macroeconómicos al tiempo que crea o profundiza divisiones sociales. Esta dimensión es esencial. Sería intelectualmente insuficiente presentar la dolarización únicamente como una solución técnica. Una moneda no afecta a todos los ciudadanos de la misma manera. Quienes poseen activos, ingresos externos, empleos en sectores orientados al exterior o vínculos con la diáspora suelen tener una mayor capacidad para protegerse frente a la inestabilidad monetaria. Quienes dependen exclusivamente de ingresos internos están más expuestos a la pérdida de poder adquisitivo. El debate venezolano debe, por tanto, analizarse tanto como un debate sobre estabilidad como un debate sobre distribución.

Esta realidad también explica por qué la cuestión del bolívar sigue siendo políticamente sensible. Para algunos, la moneda representa uno de los últimos atributos visibles de una soberanía nacional profundamente reivindicada. Para otros, se ha convertido en una fuente de inestabilidad que debe superarse. Ambas percepciones pueden coexistir dentro de una misma sociedad. Una persona puede mantener un vínculo simbólico con el bolívar y, al mismo tiempo, preferir cobrar en dólares. Un empresario puede defender la soberanía nacional mientras denomina sus contratos en moneda extranjera. Un gobierno puede mantener una moneda nacional como unidad oficial y, al mismo tiempo, reconocer progresivamente el papel de otra moneda dentro de la economía. Es precisamente esta contradicción la que hace del caso venezolano un fenómeno particularmente instructivo.

La soberanía monetaria posee una dimensión jurídica. El Estado conserva la autoridad para emitir su moneda y determinar el marco monetario. Pero también posee una dimensión económica. El Estado debe ser capaz de conseguir que esa moneda sea aceptada como medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta. Finalmente, posee una dimensión estratégica: una moneda nacional proporciona al Estado determinados instrumentos de política económica, pero esos instrumentos solo son eficaces cuando la economía y las instituciones cuentan con la credibilidad necesaria para utilizarlos. Una moneda nacional débil puede, por tanto, seguir siendo jurídicamente soberana y, sin embargo, ser económicamente vulnerable. A la inversa, una moneda extranjera puede reducir determinados instrumentos de política monetaria y, al mismo tiempo, proporcionar la estabilidad que buscan ciudadanos y empresas.

Esta paradoja obliga a superar una concepción excesivamente simple de la soberanía. Poseer una moneda propia no es necesariamente sinónimo de poder. No poseer una moneda propia tampoco es necesariamente sinónimo de impotencia. La verdadera cuestión consiste en determinar qué capacidades conserva el Estado, cuáles renuncia y cuáles es capaz de reconstruir. Esta distinción adquirirá todavía mayor importancia cuando examinemos la propuesta de dolarización asociada a Steve Hanke y Antonio Ecarri. La opción que se perfila no debe presentarse como una confrontación entre patriotas y actores orientados hacia el exterior, ni como una oposición simplista entre independencia y dependencia. Debe evaluarse a partir de sus consecuencias reales sobre la estabilidad de precios, las finanzas públicas, el sistema bancario, el crédito, la competitividad, la inversión, los salarios, las desigualdades y la capacidad del Estado para absorber perturbaciones.

También será necesario plantear una pregunta que rara vez se aborda con suficiente precisión: ¿qué queda de la soberanía monetaria cuando una moneda nacional ya no es plenamente capaz de desempeñar las funciones económicas que justifican su existencia? Venezuela ofrece aquí un caso extremo, pero no un caso carente de enseñanzas para el resto del mundo. Varias economías han adoptado el dólar o han utilizado ampliamente una moneda extranjera en respuesta a crisis monetarias. Algunas han logrado una estabilidad significativa. Otras han conservado vulnerabilidades estructurales. La dolarización, por tanto, no produce un resultado universal. Modifica el marco dentro del cual deben abordarse los problemas económicos.

Por eso, el verdadero desafío no consiste en determinar si el dólar es intrínsecamente superior al bolívar. Consiste en comprender por qué una sociedad llega a preferir una moneda extranjera a la suya y, posteriormente, determinar si esa preferencia puede transformarse en una política económica sostenible. La respuesta nos devuelve al petróleo. Durante décadas, Venezuela se benefició de un recurso que le proporcionaba divisas y financiaba su modelo económico. La paradoja histórica resulta evidente: un país que posee una enorme riqueza petrolera se encuentra enfrentado a una cuestión de disponibilidad monetaria y de confianza en su propia moneda. Esta contradicción no puede resolverse únicamente mediante la política monetaria. Se extiende a la estructura productiva, la gobernanza de PDVSA, la calidad de las infraestructuras, la capacidad de inversión, las relaciones con los mercados internacionales y la posición del país dentro de las nuevas cadenas globales de valor. En otras palabras, el problema del bolívar es también el problema de la economía que existe detrás del bolívar.

Una moneda sólida no puede descansar indefinidamente sobre una economía incapaz de producir lo suficiente, exportar de manera diversificada, atraer inversión productiva y mantener instituciones creíbles. A la inversa, una economía con un sector productivo dinámico puede, en ocasiones, soportar importantes tensiones monetarias sin entrar en una crisis comparable. La moneda refleja, por tanto, una parte de la estructura profunda de la sociedad.

El bolívar cuenta así la historia de un Estado que experimentó la construcción nacional, la expansión petrolera, la afirmación de la soberanía económica, la redistribución de la renta y, finalmente, una crisis de confianza. Su eventual retroceso no debe interpretarse como una simple desaparición técnica. Podría simbolizar el agotamiento de una determinada concepción de la soberanía, aquella que asocia naturalmente la independencia nacional con la posesión de instrumentos estatales formales. Sin embargo, tal conclusión sería todavía prematura. Si Venezuela adoptara oficialmente el dólar mañana, la cuestión esencial no sería simplemente qué estaría abandonando. También habría que preguntarse qué podría ganar, qué podría reconstruir y, sobre todo, qué seguiría siendo incapaz de resolver mediante una reforma monetaria por sí sola.

• Una moneda puede estabilizar los precios, pero no puede crear una base industrial.

• Una moneda puede restaurar una unidad de cuenta, pero no puede formar ingenieros.

• Una moneda puede reducir el riesgo de depreciación, pero no puede reparar una refinería.

• Una moneda puede facilitar la inversión, pero no puede garantizar el Estado de derecho.

Y ninguna moneda, nacional o extranjera, puede por sí sola transformar una economía basada en la renta en una economía productiva.

Venezuela, por tanto, no debe decidir únicamente cómo quiere pagar. Debe determinar qué quiere ser capaz de producir, financiar, controlar y negociar durante las próximas décadas. Esta distinción permitirá abordar la siguiente etapa sin caer en la trampa de una lectura exclusivamente monetaria. Antes de discutir seriamente la posible desaparición del bolívar, debemos comprender cómo una moneda puede seguir existiendo legalmente mientras pierde gradualmente algunas de sus funciones económicas.

Ese es precisamente el proceso que examinaremos a continuación: la crisis de confianza, la hiperinflación y la manera en que una moneda puede comenzar a morir económicamente mucho antes de desaparecer jurídicamente.

DE LA CRISIS MONETARIA A LA PÉRDIDA DE CONFIANZA: CÓMO EL BOLÍVAR DEJÓ PROGRESIVAMENTE DE SER EL ÚNICO LENGUAJE DEL VALOR

La cuestión del bolívar no puede comprenderse únicamente a partir de su tipo de cambio. Una moneda nacional puede perder una parte considerable de su valor sin desaparecer inmediatamente de la vida económica, del mismo modo que puede seguir circulando legalmente mientras ciudadanos y empresas ya han comenzado a preferir otros instrumentos para ahorrar, fijar determinados precios, celebrar contratos o proteger sus ingresos. Es precisamente esta separación entre la existencia jurídica de una moneda y su función económica real la que permite comprender la trayectoria venezolana. El bolívar sigue siendo la moneda oficial del país, pero su papel en la economía se ha transformado progresivamente bajo el efecto de varias décadas de desequilibrios, crisis políticas, contracciones productivas, dificultades de acceso a divisas y una inflación que ha modificado profundamente los comportamientos. Venezuela se encuentra así en una situación en la que el símbolo monetario nacional permanece intacto en el plano institucional, mientras la sociedad ha desarrollado progresivamente mecanismos paralelos de protección y de intercambio.

Esta evolución no apareció repentinamente en 2026, cuando volvió a cobrar fuerza la cuestión de una dolarización oficial. Forma parte de un proceso mucho más antiguo. Desde 2019, el gobierno de Nicolás Maduro comenzó a tolerar de manera más amplia las transacciones en divisas extranjeras, después de años de estrictos controles monetarios, mientras el dólar ganaba rápidamente terreno en las operaciones cotidianas. Reuters describía entonces una dolarización de facto ya muy avanzada, con una proporción importante de las transacciones realizadas en dólares en varias de las principales ciudades. El fenómeno no significaba todavía que el bolívar hubiera dejado de ser la moneda oficial; indicaba, más bien, que una parte creciente de la sociedad había comenzado a utilizar otra unidad monetaria para responder a una dificultad que se había vuelto fundamental: conservar el valor de aquello que se ganaba.

Esta distinción entre moneda oficial y moneda realmente privilegiada por los agentes económicos constituye el primer punto de ruptura de la historia reciente de Venezuela. Una moneda cumple normalmente tres funciones principales: sirve como medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. Mientras estas tres funciones se mantienen relativamente bien, la cuestión de la confianza permanece casi invisible. Los ciudadanos reciben sus salarios en la moneda nacional porque saben que podrán utilizar esa misma moneda posteriormente; las empresas establecen sus precios en esa unidad porque pueden anticipar razonablemente su poder adquisitivo; los bancos conceden créditos porque los contratos pueden interpretarse a lo largo de un período suficientemente prolongado. Cuando el valor de la moneda se vuelve inestable, estas tres funciones comienzan a separarse. La población puede seguir recibiendo bolívares porque los salarios y determinadas obligaciones continúan expresándose legalmente en esa moneda, mientras busca mantener sus ahorros en otra divisa. Las empresas pueden aceptar bolívares para determinadas operaciones mientras calculan sus costos y sus inversiones en dólares. El Estado puede seguir emitiendo su moneda mientras los agentes privados buscan reducir el tiempo durante el cual la mantienen en su poder.

Es esta transformación del comportamiento la que confiere a la inflación una dimensión mucho más profunda que el simple aumento del nivel general de los precios. Cuando los precios suben rápidamente, el agente económico ya no se pregunta únicamente cuánto cuesta hoy un producto; comienza a anticipar cuánto costará mañana y cuánto valdrá mañana el ingreso que posee actualmente. Este cambio en las expectativas transforma las decisiones cotidianas. Un comerciante duda en vender a crédito porque desconoce el costo de reposición de su mercancía. Una empresa pospone una inversión porque no sabe en qué moneda podrá financiar sus gastos futuros. Una familia que normalmente habría conservado una parte de sus ingresos en efectivo busca convertirlos rápidamente en bienes o en divisas extranjeras. El sistema económico entra entonces en una lógica en la que la velocidad de circulación del dinero se convierte también en un indicador de confianza.

Venezuela experimentó esta ruptura a una escala excepcional. La hiperinflación de la segunda mitad de la década de 2010 destruyó una parte considerable del valor real de los ingresos y de los ahorros denominados en bolívares. En 2021, mientras el país atravesaba todavía un período de hiperinflación, el Banco Central tuvo que introducir un billete de un millón de bolívares que en aquel momento representaba apenas unos 52 centavos de dólar estadounidense al tipo de cambio oficial. Reuters informaba entonces de una inflación anualizada del 2.665 % en enero y recordaba que los años de hiperinflación ya habían llevado a una parte de la población a utilizar dólares para las transacciones cotidianas. La imagen de aquel billete se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la crisis, no porque un billete de denominación muy elevada constituya por sí mismo una prueba de catástrofe, sino porque evidenciaba la creciente distancia entre el valor nominal mostrado por el Estado y el valor real reconocido por la sociedad.

La sucesión de reconversiones monetarias tampoco consiguió revertir esta dinámica. Eliminar ceros puede facilitar el manejo de una moneda en los sistemas contables y en las transacciones cotidianas, pero una modificación de la unidad nominal no cambia los determinantes fundamentales de su valor. Si una economía continúa produciendo demasiado poco, si sus finanzas públicas siguen siendo frágiles, si las reservas de divisas son insuficientes y si los agentes económicos anticipan nuevas depreciaciones, una nueva unidad monetaria puede encontrarse rápidamente con las mismas dificultades que la moneda que sustituyó. La reforma nominal aborda la manifestación visible del problema; no reconstruye necesariamente la confianza que se encuentra detrás de la moneda.

El caso venezolano resulta aún más complejo porque la crisis monetaria se desarrolló en una economía cuyo principal generador de divisas continúa vinculado a los hidrocarburos. Un país puede disponer de enormes reservas petroleras y, sin embargo, carecer de suficiente liquidez en dólares en su economía cotidiana si los ingresos petroleros no circulan adecuadamente, si las exportaciones se ven perturbadas, si los mecanismos financieros internacionales están limitados o si los ingresos externos no se transforman eficazmente en importaciones, inversiones y actividad productiva. Esta contradicción explica por qué la simple presencia del dólar en las transacciones no basta para resolver las dificultades estructurales de Venezuela. El dólar puede constituir una unidad monetaria más estable que el bolívar; pero no constituye por sí mismo una fuente autónoma de divisas.

Esta distinción se hizo particularmente visible en 2026. En enero, el sector privado venezolano estimaba que una nueva entrada de divisas procedentes de los ingresos petroleros podía contribuir a estabilizar el mercado cambiario y los precios. Reuters informaba entonces que la economía seguía ampliamente dolarizada a pesar de la persistencia de ingresos frecuentemente denominados en bolívares, mientras que el acceso a dólares continuaba siendo determinante para las empresas que importaban materias primas. Dos meses después, la situación aparecía aún más claramente: Reuters señalaba que las pequeñas y medianas empresas tenían dificultades para obtener los dólares necesarios para sus importaciones y que el 58 % de los dirigentes de empresas manufactureras medianas consultados por Conindustria consideraban la escasez de divisas como un obstáculo para la producción. Algunas empresas incluso recurrían a las criptomonedas como vía alternativa para determinadas operaciones internacionales.

Esta realidad desmonta una idea demasiado sencilla que podría instalarse fácilmente en el debate público: que bastaría con sustituir el bolívar por el dólar para hacer desaparecer los problemas monetarios de Venezuela. La moneda no es una fuente mágica de riqueza. Es una infraestructura mediante la cual una economía organiza el valor. Si esa economía no produce suficientes bienes y servicios competitivos, si depende fuertemente de las importaciones y si no dispone de un flujo regular de divisas, la adopción de una moneda extranjera no eliminará esas restricciones. Simplemente las hará más visibles, porque el Estado ya no podrá utilizar la depreciación de su propia moneda para absorber determinados shocks.

Es precisamente en este punto donde la cuestión de la soberanía monetaria se vuelve más interesante que una simple oposición entre independencia y dependencia. La capacidad de emitir su propia moneda proporciona a un Estado determinados instrumentos: puede definir una política monetaria, influir sobre las condiciones del crédito, intervenir en el mercado cambiario y, en determinadas circunstancias, absorber shocks económicos mediante ajustes del tipo de cambio. Pero estos instrumentos solo son realmente útiles si las instituciones que los utilizan cuentan con credibilidad. Una moneda soberana puede proporcionar un mayor margen de maniobra a un Estado bien administrado; también puede amplificar una crisis cuando los mercados y los ciudadanos han dejado de creer en los compromisos monetarios o fiscales del gobierno. La soberanía monetaria es, por tanto, una capacidad potencial, no una garantía automática de poder.

Venezuela ofrece un ejemplo particularmente claro de esta diferencia. Durante los períodos de elevada inflación, conservar bolívares se convirtió para muchos hogares en una decisión costosa. La preferencia por el dólar no respondía necesariamente a una admiración particular por la política económica estadounidense. Respondía a una experiencia concreta: una unidad monetaria perdía rápidamente poder adquisitivo mientras otra era percibida como más estable. Reuters recordaba ya en 2019 que el propio gobierno de Maduro había terminado presentando la dolarización informal como una especie de válvula de escape que permitía a la economía funcionar en un entorno en el que el bolívar había perdido una parte considerable de su valor. La paradoja política era entonces considerable: un gobierno que durante mucho tiempo había defendido una concepción fuertemente soberanista de la economía reconocía implícitamente que una moneda extranjera podía contribuir a mantener determinadas actividades económicas.

Esta evolución demuestra por qué la moneda debe analizarse como una institución social antes de ser considerada un simple instrumento técnico. Los ciudadanos no eligen una moneda únicamente porque un economista les explique que posee determinadas propiedades teóricas. Eligen, sobre todo, el instrumento que consideran más capaz de preservar su trabajo, sus ahorros y sus intercambios. Cuando esta preferencia se vuelve suficientemente extendida, termina modificando la propia economía. Los precios comienzan a expresarse en varias unidades. Los salarios pueden negociarse tomando como referencia una divisa extranjera. Los alquileres, los vehículos, determinados servicios o ciertos bienes importados pueden valorarse en dólares incluso cuando el pago final se realiza en bolívares. Una moneda competidora penetra entonces en la economía no mediante un decreto, sino a través de la suma de las decisiones individuales.

El fenómeno posee también una dimensión social que los debates estrictamente macroeconómicos suelen subestimar. La dolarización de facto no protege a todos los ciudadanos de la misma manera. Quienes disponen de ingresos en divisas, transferencias familiares procedentes del extranjero, actividades orientadas hacia los mercados internacionales o activos capaces de conservar su valor pueden absorber mejor la depreciación. Los trabajadores cuyos ingresos continúan denominándose principalmente en bolívares están más expuestos. La moneda se convierte entonces en un factor adicional de diferenciación social. La experiencia venezolana lo ha demostrado con particular fuerza: incluso las personas que disponen de dólares pueden ver disminuir su poder adquisitivo cuando la inflación aumenta considerablemente, mientras quienes dependen casi exclusivamente del bolívar están expuestos a una doble presión vinculada a la depreciación y al aumento de los precios. Reuters informaba en 2023 de que hogares que recibían ingresos en dólares seguían teniendo dificultades para comprar alimentos y medicamentos, una evidencia de que la dolarización no elimina la pobreza ni protege automáticamente frente a la inflación.

Esta observación debe situarse en el centro de cualquier análisis serio de la propuesta de dolarización oficial. Una reforma monetaria puede modificar el riesgo cambiario y estabilizar determinadas expectativas sin necesariamente mejorar de inmediato el ingreso real de los hogares. Si la productividad sigue siendo baja, si los salarios son insuficientes y si los precios de los bienes esenciales permanecen elevados, el hecho de contabilizar en dólares no transforma mecánicamente el nivel de vida. La moneda puede modificar la unidad de medida de la pobreza sin eliminar la pobreza misma. Puede hacer que los precios sean más previsibles sin hacerlos necesariamente más asequibles.

Por esta misma razón, es necesario distinguir entre estabilidad nominal y prosperidad. Una economía puede tener una moneda relativamente estable y seguir siendo pobre, poco productiva y fuertemente dependiente del exterior. También puede experimentar una moneda inestable pese a disponer de enormes recursos naturales. Venezuela ha experimentado esta segunda situación con una intensidad excepcional. Su riqueza potencial en hidrocarburos no ha impedido el deterioro de su sistema monetario. La cuestión estratégica, por tanto, no consiste únicamente en saber cómo estabilizar el precio de la moneda, sino cómo reconstruir las capacidades productivas que proporcionan a una moneda nacional una base económica sostenible.

Esta reconstrucción resulta particularmente difícil porque la propia crisis monetaria ha contribuido a debilitar la capacidad productiva. Una empresa que no sabe a qué precio podrá importar mañana duda en invertir hoy. Una empresa que no puede acceder regularmente a divisas corre el riesgo de reducir su producción. Una empresa que debe aumentar sus precios para compensar el incremento del costo de sus insumos puede perder una parte de sus clientes. Los hogares cuyo poder adquisitivo disminuye reducen su consumo. Los bancos se vuelven más prudentes. La inversión se contrae. La economía produce menos y se vuelve aún más dependiente de las importaciones. Esta dependencia incrementa a su vez la demanda de divisas, lo que intensifica la presión sobre el mercado cambiario.

Las dificultades señaladas en 2026 por las empresas venezolanas ilustran precisamente esta mecánica. Reuters informaba en marzo que las subastas de divisas organizadas entre mediados de enero y comienzos de marzo habían distribuido aproximadamente 1.300 millones de dólares, un 13 % menos que durante el mismo período de 2025, según cálculos de analistas locales citados por la agencia. Varias empresas medianas explicaban que quedaban excluidas o recibían una asignación insuficiente a través de estos mecanismos, mientras que el acceso al mercado informal incrementaba sus costos. Este fenómeno resulta determinante para comprender por qué la estabilidad monetaria no puede separarse de la cuestión productiva. Cuando las empresas no pueden obtener las divisas necesarias para importar sus insumos, la escasez de dólares se convierte en una restricción industrial.

El problema adquiere entonces una dimensión casi paradójica: Venezuela enfrenta una escasez de dólares en una economía que ya utiliza ampliamente el dólar. Esta situación revela que la dolarización de facto nunca constituyó una forma alternativa de soberanía económica. Simplemente respondió a una parte del problema monetario. El país necesita dólares porque utiliza el dólar, pero debe producir u obtener esos dólares mediante sus exportaciones, sus inversiones, sus transferencias y su integración financiera internacional. Si los flujos externos se reducen, la moneda extranjera se vuelve escasa.

Es aquí donde el petróleo recupera toda su importancia. La estabilidad del sistema monetario venezolano continúa profundamente vinculada a la capacidad del país para transformar sus recursos energéticos en ingresos externos regulares. Ahora bien, esa capacidad depende de un conjunto de factores que van mucho más allá del mercado petrolero: el estado de las infraestructuras, las inversiones, la tecnología, el acceso a los mercados, las relaciones con Washington, las sanciones, la calidad de las instituciones, la seguridad jurídica y la capacidad para atraer socios internacionales. El petróleo puede proporcionar los dólares necesarios para la estabilización, pero solo si la economía es capaz de transformar esa renta en flujos sostenibles y en capacidades productivas.

El verdadero problema del bolívar aparece entonces bajo una luz diferente. Su debilidad no es solamente la de un instrumento monetario golpeado por la inflación. Revela una economía cuya base productiva, institucional y financiera no ha sido suficientemente fortalecida para transformar una enorme riqueza natural en estabilidad duradera. El bolívar ha sufrido las consecuencias de esta fragilidad porque una moneda nacional no puede mantenerse fuerte de manera sostenible cuando la economía que la respalda carece de credibilidad, diversificación y capacidad productiva.

Esta conclusión, sin embargo, no debe conducir a una lectura exclusivamente económica. La crisis monetaria posee también una dimensión generacional. Una población que ha experimentado varios episodios de depreciación, inflación y escasez aprende a modificar sus hábitos. Las generaciones que vivieron el colapso del bolívar no mantienen la misma relación con el ahorro en moneda nacional que aquellas que conocieron un período de estabilidad. Para un joven empresario, por ejemplo, pensar directamente en dólares puede convertirse en un hábito profesional más que en una elección ideológica. Para una familia que recibe ayuda de un pariente instalado en el extranjero, la divisa extranjera puede convertirse en un componente ordinario del presupuesto doméstico. Para una empresa que importa equipos, el dólar puede convertirse en la referencia natural del costo de reposición. Con el tiempo, estas prácticas pueden producir una transformación cultural de la propia moneda.

Es esta transformación silenciosa la que hace que la situación resulte particularmente importante para el siglo XXI. En el mundo del siglo XX, las monedas nacionales estaban organizadas principalmente alrededor de los bancos centrales, los billetes, los bancos comerciales y las fronteras económicas. En el mundo contemporáneo, los flujos financieros son cada vez más digitales, las transferencias internacionales son más rápidas, las empresas pueden facturar en varias divisas y los particulares pueden acceder a instrumentos financieros que van mucho más allá de los sistemas monetarios tradicionales. Venezuela todavía no constituye un modelo acabado de esta nueva arquitectura, pero su crisis permite observar algunos de sus mecanismos en una fase avanzada: coexistencia de varias monedas, utilización de plataformas digitales, recurso a las criptomonedas cuando los circuitos tradicionales se vuelven difíciles de utilizar e importancia creciente de los ingresos procedentes de la diáspora.

El recurso a las criptomonedas por parte de algunas empresas venezolanas enfrentadas a la escasez de dólares no significa que los activos digitales hayan sustituido a las monedas tradicionales. Muestra, más bien, que cuando las infraestructuras financieras se vuelven demasiado difíciles de utilizar, los agentes económicos buscan vías alternativas. Esta evolución anuncia un cambio más amplio en la manera en que el valor puede circular. El control de la moneda ya no dependerá únicamente de la capacidad de un Estado para imprimir billetes o fijar una tasa de interés de referencia. También dependerá de su capacidad para participar en las infraestructuras digitales de pago, mantener el acceso a las redes financieras internacionales y comprender los nuevos instrumentos mediante los cuales circulan los capitales y los pagos.

La cuestión del bolívar comienza así a trascender a Venezuela. Toca la transformación general de la soberanía económica. Un Estado puede conservar una moneda nacional y perder progresivamente una parte de su control sobre los flujos que determinan su valor. A la inversa, un Estado puede renunciar a determinados instrumentos monetarios mientras intenta fortalecer otras dimensiones de su soberanía: capacidad fiscal, calidad institucional, productividad, seguridad jurídica, infraestructuras, capital humano e integración internacional. La soberanía del siglo XXI ya no puede medirse únicamente por la cantidad de instrumentos nacionales que conserva el Estado. Debe medirse por las capacidades reales que es capaz de movilizar.

Es desde esta perspectiva que el debate sobre la dolarización oficial adquiere un interés histórico aún mayor. Venezuela no se encuentra simplemente ante la elección entre dos billetes. Se encuentra ante un dilema institucional: ¿debe continuar defendiendo la existencia de un instrumento monetario nacional cuya credibilidad ha quedado profundamente dañada, o debe aceptar una restricción externa más fuerte con el objetivo de buscar una estabilidad que podría permitir reconstruir progresivamente la economía? En el primer escenario, el país conserva una mayor autonomía formal, pero debe demostrar que puede restaurar la confianza en el bolívar. En el segundo, renuncia a una parte de su soberanía monetaria, pero podría obtener una disciplina externa más fuerte, siempre que disponga de los ingresos, las reservas, las instituciones y el sistema financiero necesarios para hacer funcionar de manera sostenible una economía dolarizada.

Ninguna de estas trayectorias es automáticamente superior a la otra. La respuesta dependerá de las condiciones en las que se lleve a cabo la reforma, de la credibilidad de las instituciones, del nivel de reservas disponibles, de la situación de los bancos, del tratamiento de la deuda pública, de la relación con Estados Unidos, de la evolución del sector petrolero y, sobre todo, de la capacidad de Venezuela para transformar una eventual estabilización monetaria en una recuperación productiva. Precisamente por ello, la cuestión no puede tratarse como un simple debate ideológico entre soberanistas y liberales. El verdadero desafío es el de la relación entre autonomía y credibilidad, entre libertad de política económica y confianza, entre control nacional e integración internacional.

La historia reciente ofrece ya una enseñanza particularmente importante. La dolarización de facto no fue impuesta por Washington; se desarrolló porque una parte de la sociedad venezolana buscó protección frente a la inestabilidad del bolívar. Posteriormente, las autoridades fueron aceptándola de manera progresiva porque permitía que determinadas actividades continuaran funcionando. Esta evolución significa que el debate actual sobre la dolarización oficial no parte de una economía exclusivamente bolivarizada a la que se pediría cambiar bruscamente de moneda. Parte de una economía en la que varios sistemas monetarios ya coexisten, con consecuencias muy diferentes según las categorías sociales y los sectores de actividad.

El verdadero salto institucional consistiría, por tanto, en transformar esta realidad informal en un régimen legal, organizado y coherente. Este paso no sería neutral. Obligaría a responder a preguntas mucho más difíciles que la del símbolo nacional: ¿cómo convertir los contratos y las deudas? ¿Cómo tratar las reservas del banco central? ¿Cuál sería la función futura de la institución monetaria? ¿Cómo garantizar la liquidez del sistema bancario? ¿Cómo financiaría el Estado sus déficits si ya no pudiera emitir su propia moneda? ¿Cómo absorbería una caída brusca de los ingresos petroleros? ¿Qué lugar conservaría el bolívar? ¿Cómo se protegería a los trabajadores cuyos ingresos no pudieran ajustarse inmediatamente? Y, sobre todo, ¿qué instituciones sustituirían las funciones que anteriormente permitía ejercer la moneda nacional?

Estas preguntas muestran por qué la dolarización oficial no puede considerarse la conclusión de la crisis monetaria. Sería, más bien, el comienzo de una nueva arquitectura económica. Venezuela podría ganar estabilidad nominal y perder parte de sus instrumentos de ajuste; podría mejorar determinadas expectativas y aumentar su dependencia de los flujos de dólares; podría atraer a ciertos inversores y, al mismo tiempo, exponer más su economía a los ciclos de liquidez internacional. El resultado dependería, por tanto, menos del nombre impreso en los billetes que de la calidad del conjunto institucional construido alrededor de esa moneda.

El bolívar no está simplemente perdiendo una batalla contra el dólar. Se enfrenta a una transformación mucho más profunda del sistema económico venezolano. Su dificultad para conservar el valor no constituye más que la manifestación monetaria de un problema más amplio: ¿cómo reconstruir una economía en la que los ciudadanos puedan volver a planificar, ahorrar, invertir y trabajar sin tener que protegerse constantemente contra el colapso de la unidad en la que reciben su remuneración? Mientras esta cuestión no sea resuelta, el debate sobre la moneda permanecerá incompleto, cualquiera que sea finalmente la decisión institucional adoptada.

La propuesta de dolarización se sitúa, por tanto, en un momento histórico en el que Venezuela debe reconstruir simultáneamente su confianza interna, restablecer sus relaciones financieras externas, aumentar su capacidad productiva, atraer inversiones, modernizar sus infraestructuras y replantear su posición en las nuevas cadenas mundiales de valor. La elección monetaria puede acompañar esta transformación, pero no puede sustituirla. La verdadera ruptura del siglo XXI no residirá en el paso del bolívar al dólar; residirá en la capacidad de Venezuela para pasar de una economía que busca principalmente sobrevivir a una economía capaz de producir, innovar, invertir y negociar dentro de un sistema internacional profundamente transformado.

Es precisamente este límite el que conduce a la siguiente etapa de nuestro análisis. Porque antes de determinar si el dólar podría convertirse oficialmente en la moneda de Venezuela, es necesario comprender qué significaría esa decisión para el propio Estado: su banco central, sus finanzas públicas, su sistema bancario, su capacidad para responder a las crisis y, en un sentido más amplio, su propia concepción de la soberanía. El debate monetario deja entonces de ser una cuestión cambiaria y se convierte en una cuestión de poder. Es esta transformación la que abordaremos en la próxima Parte.

EL FIN DEL BOLÍVAR O LA RECONFIGURACIÓN DEL ESTADO: LO QUE LA DOLARIZACIÓN CAMBIARÍA REALMENTE

El debate sobre el abandono del bolívar se vuelve verdaderamente histórico cuando deja de presentarse como una simple respuesta técnica a la inflación. El proyecto actualmente asociado al economista Steve Hanke, quien trabaja con el diputado Antonio Ecarri en torno a un proyecto de ley de dolarización completa, no consistiría simplemente en autorizar un mayor número de transacciones en dólares dentro de una economía donde esta práctica ya existe. Según la información publicada los días 20 y 22 de agosto de 2026 por Fortune, retomada por Yahoo Finance, el proyecto contemplado iría mucho más lejos: prevería la adopción integral del dólar estadounidense, la desaparición del bolívar y el abandono del Banco Central de Venezuela. Hanke considera que las condiciones actuales serían suficientemente diferentes de las de la década de 1990 como para hacer viable esta solución, mientras que la información disponible indica que la probabilidad política de una adopción sigue siendo incierta. Por lo tanto, es necesario distinguir cuidadosamente el hecho establecido, es decir, la existencia de un proyecto y de un debate institucional que ahora es público, de la decisión final, que todavía no está asegurada. (Yahoo Finance)

Esta distinción es esencial para evitar un error frecuente en el análisis de las grandes rupturas monetarias: confundir el anuncio de una orientación política con la existencia de un nuevo régimen económico. Venezuela todavía no es una economía oficialmente dolarizada en el sentido de que el dólar haya reemplazado al bolívar como única moneda de curso legal y el Banco Central haya desaparecido. Sigue siendo, en esta etapa, un país en el que la dolarización de facto ya es suficientemente importante como para modificar los comportamientos económicos, pero cuya arquitectura institucional continúa fundamentada en la existencia de una moneda nacional y de un banco central. La propuesta actualmente debatida pretende precisamente transformar esta situación híbrida en un régimen formal. Por ello, el desafío supera ampliamente el cambio de billetes: afecta a la capacidad del Estado para crear dinero, conducir una política monetaria, financiar sus déficits, actuar como prestamista de última instancia y, más profundamente aún, definir los instrumentos mediante los cuales ejerce su soberanía económica.

La primera consecuencia de una dolarización integral sería, por tanto, la desaparición de un instrumento que durante décadas ha constituido uno de los atributos más visibles de la soberanía venezolana. Un banco central puede estar mal administrado, perder credibilidad o encontrarse sometido a restricciones políticas, pero su existencia significa que el Estado conserva, al menos teóricamente, una capacidad autónoma de intervención sobre la liquidez, las tasas de interés, las reservas y el sistema de pagos. Suprimir esta institución significaría aceptar voluntariamente que la política monetaria de Venezuela sea determinada en gran medida por una institución externa, la Reserva Federal estadounidense, cuyo mandato responde a las condiciones económicas de Estados Unidos y no a las necesidades específicas de Caracas. Una decisión semejante constituiría, por tanto, una transferencia de soberanía monetaria de enorme magnitud, pero sería demasiado simple interpretarla como una pérdida pura de soberanía. El gobierno podría obtener, a cambio, una restricción institucional extremadamente fuerte contra el financiamiento monetario de los déficits, precisamente uno de los principales argumentos planteados por los promotores de la dolarización.

La paradoja se encuentra ahí: lo que puede aparecer como una disminución de la soberanía formal puede presentarse como un intento de restaurar una forma de soberanía económica real. Una moneda nacional solo proporciona verdadera autonomía si inspira suficiente confianza para ser utilizada como reserva de valor, unidad de cuenta e instrumento de liquidación. Cuando esa confianza desaparece, el Estado conserva jurídicamente el poder de emitir su moneda, pero una parte de la sociedad comienza a buscar mecanismos de protección fuera de ella. La soberanía monetaria se vuelve entonces más teórica que práctica. El proyecto de dolarización partiría de esta contradicción para sostener que sería preferible renunciar explícitamente a un poder monetario que ha perdido credibilidad, en lugar de conservar formalmente ese poder al precio de una inflación crónica y una inestabilidad permanente. La cuestión, por tanto, no consiste solamente en determinar cuánta soberanía abandonaría Venezuela, sino qué cantidad de soberanía monetaria ejerce realmente en la actualidad.

El argumento, sin embargo, debe confrontarse con una dificultad fundamental: un banco central no sirve únicamente para crear dinero. También participa en la estabilidad del sistema financiero. Durante una crisis bancaria, por ejemplo, las instituciones pueden enfrentar retiros masivos de depósitos aun cuando sus activos sigan siendo solventes a mediano plazo. Un banco central puede entonces proporcionar liquidez temporal para evitar que un problema de liquidez se transforme en una crisis sistémica. En una economía completamente dolarizada, esta función se vuelve mucho más difícil de ejercer porque el Estado no puede crear libremente los dólares necesarios para respaldar a los bancos. Debe disponer de reservas suficientes, de un acceso creíble a líneas de financiamiento externas o de un sistema bancario diseñado para funcionar con exigencias de liquidez mucho más estrictas. La dolarización puede, por tanto, reducir determinados riesgos monetarios al mismo tiempo que aumenta la importancia de la disciplina bancaria y de la gestión de las reservas.

Esta cuestión es particularmente importante para Venezuela porque la economía debe reconstruir simultáneamente su sistema financiero, restaurar el crédito y recuperar la confianza en las instituciones. Una economía que sale de un largo período de inflación y contracción productiva no puede simplemente pasar de una moneda a otra sin abordar los problemas acumulados en los balances de los bancos, las empresas, el Estado y los hogares. Las deudas existentes deben ser convertidas o reestructuradas, los contratos deben ser aclarados, los depósitos deben ser protegidos y las instituciones financieras deben contar con reglas suficientemente sólidas para evitar que la dolarización transforme una crisis monetaria en una crisis bancaria. La estabilidad de la nueva moneda no garantiza, por sí sola, la estabilidad del sistema financiero.

El segundo gran cambio afectaría a las finanzas públicas. Este es probablemente el argumento más poderoso a favor de la propuesta de Hanke, pero también uno de los más exigentes de implementar. Mientras un Estado disponga de una moneda nacional, posee la posibilidad de financiar indirectamente una parte de sus gastos mediante la creación monetaria. Esta posibilidad puede utilizarse en circunstancias excepcionales, pero se vuelve peligrosa cuando los déficits públicos son estructurales y el banco central es utilizado para financiarlos. El FMI señalaba precisamente en enero de 2026 que los desequilibrios y vulnerabilidades de Venezuela habían reaparecido desde finales de 2024, particularmente como consecuencia de una disminución de los ingresos petroleros, una ampliación del déficit presupuestario, un mayor recurso al financiamiento monetario del déficit y una escasez de liquidez en dólares. El Fondo estimaba entonces la deuda pública en aproximadamente 180% del PIB, incluso antes de considerar determinadas sentencias y arbitrajes, y señalaba que la deuda se encontraba ampliamente en situación de impago. (IMF)

En este contexto, eliminar la posibilidad de financiar el gasto público mediante emisión monetaria tendría un efecto disciplinario extremadamente poderoso. El Estado tendría que financiar sus gastos mediante los ingresos fiscales, los ingresos petroleros, eventuales privatizaciones, el endeudamiento en los mercados o la ayuda y el financiamiento internacionales. Ya no podría responder a un déficit simplemente creando más moneda nacional. Esta restricción podría contribuir a restaurar la credibilidad presupuestaria si estuviera acompañada por una reforma fiscal seria y una reestructuración realista de la deuda. Pero también podría resultar extremadamente dolorosa si el gobierno adoptara la dolarización sin disponer de un nivel suficiente de ingresos y reservas. La disciplina monetaria no sustituye la disciplina fiscal; la impone.

Esta diferencia es fundamental. Una dolarización exitosa no es simplemente una política monetaria restrictiva. Es un nuevo contrato presupuestario entre el Estado y la sociedad. Al abandonar su moneda, el Estado acepta implícitamente no poder utilizar ya la inflación como instrumento de financiamiento. Por lo tanto, debe construir una administración fiscal capaz de recaudar ingresos, reducir gastos ineficientes, controlar las empresas públicas, modernizar los sistemas aduaneros, mejorar la transparencia presupuestaria y recuperar gradualmente el acceso al financiamiento internacional. El cambio de moneda puede hacer inevitable esta disciplina, pero no puede realizarla en lugar de las instituciones.

El tercer cambio afectaría directamente al petróleo, que sigue ocupando el centro de la capacidad de Venezuela para generar divisas. En una economía dolarizada, los ingresos petroleros adquieren una importancia aún más directa porque el Estado ya no dispondría de una moneda nacional que pudiera depreciar para absorber parte de un choque externo. Si los precios del petróleo caen bruscamente, si la producción disminuye o si las exportaciones se ven perturbadas, el gobierno no podría compensarlo simplemente mediante una expansión monetaria interna. El ajuste tendría que producirse a través del gasto público, las reservas, el endeudamiento externo, los salarios, las importaciones y los precios. Esta rigidez puede resultar dolorosa, pero también puede obligar al país a enfrentar un problema que durante mucho tiempo ha postergado: la necesidad de diversificar su economía.

La dependencia petrolera no desaparecería con el dólar. Incluso podría hacerse más visible. Venezuela dispondría de una moneda más estable, pero seguiría enfrentando la cuestión fundamental de cómo financiar de manera sostenible sus importaciones, sus inversiones y su gasto público. La dolarización no produciría los dólares que necesita la economía; obligaría al país a ganarlos, atraerlos o pedirlos prestados. El sector petrolero se convertiría así en una de las principales fuentes de liquidez externa, mientras que la inversión extranjera directa, las exportaciones no petroleras, las transferencias de la diáspora y el regreso progresivo del sistema financiero internacional también adquirirían una importancia esencial.

Esta restricción puede considerarse una debilidad, pero también puede constituir un mecanismo de transformación. Durante décadas, la economía venezolana se estructuró alrededor de una renta petrolera excepcional que permitió al Estado financiar gastos considerables sin lograr construir una diversificación productiva suficientemente sólida. La dolarización no resolvería este problema, pero podría reducir la posibilidad de ocultar determinadas deficiencias mediante la creación monetaria. Si el país quiere mantener sus gastos, financiar sus infraestructuras, sostener sus servicios públicos y reconstruir su sistema social, necesitará disponer de ingresos reales y divisas reales. El paso al dólar podría hacer más visible la verdad económica que la inflación permitía a veces ocultar.

Esta dimensión adquiere particular importancia en el contexto de la reinserción internacional de Venezuela. En abril de 2026, el Fondo Monetario Internacional anunció la reanudación de sus relaciones con el gobierno venezolano bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, después de una interrupción de las relaciones desde marzo de 2019 vinculada a cuestiones de reconocimiento gubernamental. Esta reanudación no significa que Venezuela se beneficie automáticamente de un programa financiero o de un acceso inmediato a todos los mecanismos del Fondo, pero constituye una ruptura institucional importante porque vuelve a abrir el camino hacia una relación normal con la arquitectura financiera multilateral. (IMF) En julio, el FMI señalaba además que Venezuela disponía de aproximadamente 350 millones de dólares de posición en el tramo de reserva y de unos 4.500 millones de dólares en derechos especiales de giro, recursos que pueden adquirir una importancia particular en un contexto de reconstrucción y necesidades de liquidez. (IMF)

Esta reapertura internacional podría modificar considerablemente el cálculo económico en torno a la dolarización. Una economía que abandona su moneda nacional sin acceso creíble al financiamiento externo asume un riesgo mucho mayor que una economía capaz de movilizar gradualmente recursos internacionales. La credibilidad de una eventual transición dependería, por tanto, no solo de la reforma interna, sino también de la capacidad de Venezuela para reconstruir sus relaciones con el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los inversionistas privados y sus socios comerciales. El paso al dólar sería entonces menos una operación aislada que un componente de un amplio proceso de reintegración financiera.

Sin embargo, hay que resistir una tentación: presentar la dolarización como una especie de atajo que permitiría regresar inmediatamente a la normalidad internacional. Venezuela arrastra una deuda pública considerable, años de impagos, litigios internacionales, una infraestructura deteriorada, un sistema productivo debilitado y una profunda crisis social. El FMI estimaba todavía en febrero de 2026 que la economía y la situación humanitaria seguían siendo extremadamente frágiles, con una inflación de tres dígitos, una fuerte depreciación de la moneda y una deuda pública estimada en aproximadamente 180% del PIB en 2024 antes de determinadas sentencias y arbitrajes. Según el Fondo, alrededor de ocho millones de personas habían abandonado el país desde 2014, lo que también otorga a la reconstrucción una dimensión demográfica y humana que supera ampliamente los indicadores monetarios. (IMF)

Una moneda estable puede facilitar la reconstrucción; no puede reemplazar a las personas que abandonaron el país, las infraestructuras que deben reconstruirse ni las instituciones que deben recuperar su credibilidad. Por ello, uno de los desafíos más importantes de la futura política económica venezolana podría ser la capacidad de transformar el retorno de la diáspora en capital humano, financiero y empresarial. Los millones de venezolanos instalados en el extranjero constituyen potencialmente una fuente considerable de competencias, redes comerciales, transferencias e inversión. Una reforma monetaria creíble podría contribuir a hacer más previsibles las decisiones de inversión de esta diáspora, pero solamente si se inscribe en un entorno jurídico capaz de proteger los contratos y los capitales.

La cuestión de la confianza reaparece aquí bajo otra forma. La moneda es una institución, pero la institución monetaria solo puede ser duraderamente creíble si las demás instituciones también lo son. Un inversionista no decide colocar capital en un país únicamente porque su inflación sea baja. Examina la seguridad jurídica, los derechos de propiedad, la fiscalidad, la justicia, las infraestructuras, la disponibilidad de electricidad, la estabilidad política, la posibilidad de repatriar beneficios y la capacidad del gobierno para respetar sus compromisos. La dolarización puede reducir el riesgo cambiario, pero no elimina el riesgo institucional. Puede hacer que un país sea financieramente más legible sin convertirlo automáticamente en políticamente más confiable.

Esta precisión es esencial para comprender por qué la eventual desaparición del bolívar no significaría la desaparición de la política económica venezolana. Incluso sin un banco central nacional, el Estado conservaría instrumentos considerables: fiscalidad, gasto público, regulación bancaria, política comercial, política energética, política industrial, infraestructuras, educación, salud, derecho laboral, competencia y relaciones internacionales. La soberanía económica no desaparecería; cambiaría de composición. El gobierno perdería un instrumento poderoso pero peligroso, el de la creación monetaria, y tendría que fortalecer los instrumentos reales que determinan la productividad y la capacidad de acción pública.

Es aquí donde la cuestión se vincula profundamente con las transformaciones del siglo XXI. Durante gran parte del siglo XX, el poder económico de un Estado estaba estrechamente asociado a su capacidad para controlar su territorio, su moneda, sus fronteras comerciales y sus recursos naturales. Hoy, estas dimensiones siguen siendo importantes, pero se complementan con otras formas de poder: control de datos, dominio de infraestructuras digitales, acceso a las redes financieras internacionales, capacidad tecnológica, inteligencia artificial, ciberseguridad, cadenas logísticas, control de estándares y capacidad para atraer capital humano. Una nación puede poseer una moneda nacional y seguir siendo extremadamente dependiente de tecnologías extranjeras; puede renunciar a su moneda y, simultáneamente, fortalecer otras dimensiones de su poder económico.

Venezuela se encuentra así ante una elección que supera ampliamente la oposición tradicional entre soberanía y dependencia. El verdadero desafío consiste en determinar qué formas de soberanía son realmente útiles en una economía mundial donde los capitales, las tecnologías, los datos, los pagos y las cadenas de valor atraviesan las fronteras a una velocidad sin precedentes. Conservar una moneda nacional puede ser un atributo simbólicamente poderoso, pero este atributo solo posee valor estratégico si se apoya en una economía capaz de producir lo suficiente, innovar, exportar y financiar sus propias necesidades. A la inversa, utilizar una moneda extranjera puede reducir determinados instrumentos de política económica y, al mismo tiempo, permitir que una economía se beneficie inmediatamente de una unidad de cuenta internacional más estable.

La eventual decisión respecto al bolívar sería, por tanto, también una decisión sobre la concepción del Estado venezolano. Durante décadas, el debate latinoamericano ha enfrentado con frecuencia dos visiones: la de un Estado soberano que controla sus recursos, su moneda y sus políticas económicas, y la de una economía más abierta a los mercados internacionales, al capital extranjero y a las reglas de las finanzas mundiales. El siglo XXI vuelve insuficiente esta oposición. Los Estados deben ahora ser capaces de negociar con empresas tecnológicas, plataformas digitales, instituciones financieras, fondos de inversión, potencias energéticas y organizaciones internacionales que, en ocasiones, disponen de recursos superiores a los de numerosos gobiernos. La cuestión central ya no consiste únicamente en saber si el Estado lo controla todo; consiste en saber si posee las competencias, las instituciones y las alianzas necesarias para no sufrir pasivamente las transformaciones que se le imponen.

Desde esta perspectiva, el proyecto de dolarización puede interpretarse como el síntoma de una crisis más amplia del modelo de soberanía heredado del siglo XX. Sería excesivo afirmar que el abandono del bolívar anunciaría por sí solo el fin de una época ideológica, pero constituiría una señal particularmente poderosa: un Estado históricamente vinculado a una concepción política y simbólica fuerte de su moneda podría decidir que una parte de esa soberanía formal debe sacrificarse para reconstruir una estabilidad económica más concreta. La dimensión histórica de una decisión semejante no residiría únicamente en el reemplazo del bolívar por el dólar; residiría en el reconocimiento implícito de que algunas categorías políticas del siglo anterior ya no son suficientes para responder a las restricciones económicas, tecnológicas y generacionales del siglo XXI.

Esta ruptura merece ser estudiada sin caricaturas. No se trataría de declarar obsoleto el nacionalismo económico ni de afirmar que la apertura financiera constituye automáticamente una modernización. El siglo XXI no ha eliminado la soberanía; la ha hecho más compleja. Los Estados siguen defendiendo sus recursos, sus fronteras, sus industrias y sus intereses estratégicos, pero ahora deben hacerlo en un entorno en el que el poder también se desplaza hacia las infraestructuras digitales, la inteligencia artificial, los semiconductores, las redes de pago, los datos y la capacidad de controlar tecnologías críticas. La verdadera modernización de Venezuela, por tanto, no podría consistir simplemente en sustituir una moneda nacional por una moneda extranjera. Debería consistir en transformar esta eventual ruptura monetaria en un programa mucho más amplio de reconstrucción institucional, productiva, tecnológica y humana.

Precisamente esto es lo que hace que el momento actual sea tan importante. El proyecto asociado a Steve Hanke no propone solamente una respuesta a la inflación; plantea implícitamente una pregunta mucho más amplia: ¿qué soberanía quiere ejercer Venezuela en el siglo XXI, con qué instrumentos, sobre qué base productiva y dentro de qué sistema internacional? La respuesta determinará mucho más el futuro del país que el simple símbolo impreso en los billetes. El dólar podría estabilizar la unidad de cuenta, pero solo la reconstrucción de las instituciones, de la producción, del capital humano y de la confianza podría estabilizar duraderamente a la nación.

Venezuela se encuentra, por tanto, ante una situación paradójica. Podría verse obligada a abandonar uno de los símbolos más visibles de su independencia monetaria precisamente en el momento en que busca reconstruir su autonomía económica. Pero esta contradicción solo es aparente si se acepta distinguir la independencia formal de la capacidad real de acción. Una moneda nacional que pierde rápidamente su valor, un banco central que ya no consigue anclar las expectativas y un Estado obligado a depender de ingresos petroleros volátiles no constituyen necesariamente una soberanía económica fuerte. A la inversa, un Estado que renuncia a la emisión monetaria pero reconstruye una administración fiscal eficaz, un sistema bancario sólido, una economía diversificada, una infraestructura moderna y una nueva capacidad tecnológica puede recuperar márgenes de poder en otros ámbitos.

Por eso, la eventual desaparición del bolívar debe considerarse una cuestión de transformación del Estado y no simplemente una cuestión de desaparición de una moneda. La elección que se prepara podría modificar las relaciones entre el gobierno, el banco central, el sistema financiero, el sector petrolero, las empresas, los hogares y los socios internacionales. También podría modificar la manera en que una nueva generación de venezolanos conciba la relación entre moneda, nación y futuro. Y si esa generación llegara finalmente a considerar el dólar no ya como una moneda extranjera sino como una de las infraestructuras ordinarias de su economía, entonces la ruptura sería mucho más profunda que un cambio jurídico: marcaría el paso de una economía organizada alrededor de la defensa de un instrumento monetario nacional a una economía que busca su estabilidad mediante su integración en una arquitectura financiera internacional.

Pero esta transformación plantea inmediatamente una pregunta que la sola dolarización no puede resolver: ¿qué ocurre con un Estado que ya no puede utilizar su moneda para absorber las crisis, mientras su economía sigue dependiendo del petróleo, siendo vulnerable a los choques geopolíticos y enfrentando una inmensa reconstrucción social y productiva? Es a esta cuestión que deberá responder la próxima parte, examinando los ganadores, los perdedores, los riesgos sociales y las condiciones concretas de una transición monetaria que solo podría ser sostenible si protege a la población tanto como estabiliza las cuentas públicas.

LA DOLARIZACIÓN FRENTE A LA SOCIEDAD: ¿QUIÉN GANARÍA, QUIÉN SOPORTARÍA EL COSTO Y QUÉ TRANSICIÓN PARA VENEZUELA?

La cuestión monetaria se vuelve realmente política cuando abandona las tablas del banco central y entra en la vida cotidiana. Una reforma que reemplazara el bolívar por el dólar no sería evaluada únicamente a partir de su efecto sobre el tipo de cambio o la inflación; sería experimentada por los trabajadores, los jubilados, los funcionarios, los empresarios, los agricultores, los pequeños comerciantes, los estudiantes, las familias dependientes de las transferencias de la diáspora y los millones de personas cuyos ingresos han sido profundamente desorganizados por la crisis. En este nivel se encuentra probablemente el principal desafío de una eventual dolarización integral: una moneda puede estabilizarse rápidamente en las estadísticas y, al mismo tiempo, producir durante la transición efectos sociales muy diferentes según las categorías de población. El objetivo de una reforma monetaria no debería ser simplemente hacer desaparecer la inflación medida en bolívares, sino permitir que una sociedad recupere progresivamente la capacidad de planificar su futuro, conservar una parte de sus ingresos, invertir y consumir sin vivir bajo el temor permanente de una nueva depreciación.

El contexto de partida es particularmente difícil. El Fondo Monetario Internacional estimaba en febrero de 2026 que Venezuela seguía sumida en una crisis económica y humanitaria severa y prolongada, con una inflación de tres dígitos, una rápida depreciación de la moneda, elevados niveles de pobreza y desigualdad y un deterioro de los servicios esenciales. El Fondo también estimaba que la deuda pública representaba aproximadamente 180% del PIB en 2024 antes de considerar determinados fallos y arbitrajes, mientras que alrededor de ocho millones de personas habían abandonado el país desde 2014. Estos elementos significan que una eventual reforma monetaria no comenzaría en una economía normal a la que simplemente hubiera que proporcionar una moneda más estable; comenzaría en una sociedad que ya ha sufrido una destrucción considerable de sus ahorros, sus ingresos, sus instituciones económicas y una parte de su capital humano. (IMF)

Esta situación crea una primera distinción esencial entre los efectos inmediatos y los efectos estructurales de una dolarización. A corto plazo, el reemplazo del bolívar podría reducir la incertidumbre asociada al tipo de cambio y facilitar la comparación de precios. En una economía donde una parte importante de las transacciones ya se realiza o negocia en dólares, la desaparición del riesgo de conversión entre ambas monedas también podría simplificar los intercambios. Pero esta simplificación no significaría que los precios se volverían inmediatamente bajos, que los salarios aumentarían automáticamente o que las familias recuperarían instantáneamente el poder adquisitivo perdido durante los años anteriores. La estabilidad de la unidad de cuenta y el aumento del nivel de vida son dos fenómenos diferentes, y cualquier análisis que los confundiera correría el riesgo de convertir una reforma monetaria en una promesa social que no podría cumplir.

El primer grupo que podría beneficiarse de una estabilización monetaria estaría compuesto por los hogares y las empresas que ya disponen de una parte de sus ingresos en dólares o que están particularmente expuestos al riesgo cambiario. Para ellos, la eliminación del bolívar podría reducir los costos de conversión y hacer más previsibles las decisiones económicas. Las empresas importadoras también podrían beneficiarse de una mayor transparencia en la fijación de sus precios si sus costos ya están determinados en gran medida en dólares. Los inversionistas extranjeros, por su parte, podrían considerar la desaparición del riesgo de depreciación de la moneda nacional como un elemento favorable para sus decisiones, especialmente en un país donde la incertidumbre monetaria ha constituido durante mucho tiempo un obstáculo importante para la planificación a largo plazo. Esta mejora potencial, sin embargo, solo sería sostenible si estuviera acompañada de una reforma jurídica e institucional que permitiera a los capitales entrar, operar y salir en condiciones previsibles.

El segundo grupo, mucho más vulnerable, sería el de las personas cuyos ingresos son bajos, rígidos o dependientes del sector público. Su problema no sería solamente la moneda en la que reciben su salario, sino la capacidad real de ese salario para seguir el costo de vida. Si la conversión al dólar se produce con un nivel de ingresos demasiado bajo, una moneda estable puede congelar una situación de pobreza en lugar de resolverla. Es aquí donde la experiencia de otras economías dolarizadas recuerda una realidad importante: la estabilidad monetaria puede eliminar una fuente fundamental de incertidumbre sin generar por sí sola un crecimiento inclusivo. Ecuador, Panamá y El Salvador presentan trayectorias diferentes precisamente porque la dolarización no produjo los mismos resultados según la calidad de las instituciones, la estructura productiva, las políticas fiscales y las condiciones internacionales.

Venezuela debería, por tanto, evitar presentar el dólar como una política social. El dólar puede convertirse en una infraestructura monetaria más estable; no puede sustituir una política salarial, una política de protección social, una política sanitaria, una política educativa ni una estrategia de creación de empleo. La cuestión central sería determinar si las ganancias derivadas de la estabilidad monetaria pueden convertirse en ganancias de productividad y en una mejora progresiva de los ingresos reales. Si esta conversión no se produce, la dolarización podría generar una economía nominalmente más estable pero socialmente todavía profundamente desigual.

Esta cuestión es aún más importante porque la inflación produce efectos muy diferentes según los niveles de ingreso. Los hogares que poseen pocos activos financieros suelen estar mucho más expuestos al rápido aumento de los precios porque una mayor parte de sus recursos se destina inmediatamente a necesidades esenciales. En una economía altamente inflacionaria, los hogares más pobres también disponen de menos medios para protegerse contra la depreciación. No siempre pueden adquirir activos, mantener divisas o transferir una parte de su patrimonio al extranjero. La inflación se convierte así en un impuesto especialmente pesado para quienes poseen menos margen de maniobra. Una estabilización monetaria creíble podría, por tanto, generar un efecto social positivo importante, siempre que la transición no haga recaer su costo principal sobre las mismas categorías que ya han soportado la mayor parte de la crisis.

El problema de la conversión de los salarios estaría en el centro de esta transición. En una economía que abandona su moneda nacional después de un largo período de depreciación, no basta con dividir los montos expresados en bolívares por una tasa de conversión para determinar una nueva estructura salarial justa. También es necesario determinar qué pueden comprar realmente esos ingresos, cómo se convertirán los precios, cómo se adaptarán los contratos laborales y cómo se protegerán las pensiones. Una conversión puramente contable podría producir una impresión de estabilidad mientras mantiene intacto un poder adquisitivo extremadamente bajo. La reforma debería, por tanto, estar acompañada de una política de ingresos capaz de impedir que la estabilización monetaria se convierta simplemente en una fotografía de la pobreza existente.

Esta cuestión es particularmente sensible para los jubilados y los funcionarios. Cuando los ingresos públicos ya son bajos y el Estado deja de disponer de la posibilidad de financiar sus gastos mediante emisión monetaria, la presión presupuestaria se vuelve inmediatamente visible. Una dolarización integral impondría, por tanto, una clarificación mucho más rigurosa de las prioridades públicas. El Estado tendría que determinar qué servicios pueden financiarse de manera sostenible, qué gastos deben reformarse, qué empresas públicas pueden reestructurarse, qué ingresos fiscales pueden movilizarse y qué parte de los ingresos petroleros puede destinarse al gasto social sin comprometer la inversión. La moneda no haría más que revelar las decisiones presupuestarias que anteriormente estaban parcialmente ocultas por la inflación.

El sector informal constituiría otro desafío fundamental. En una economía donde una parte importante de la población trabaja fuera de las estructuras formales, la transición monetaria no puede pensarse únicamente a través de los bancos y las grandes empresas. Los pequeños comerciantes, trabajadores independientes y microempresarios necesitan un sistema de pagos sencillo, accesible y de bajo costo. Una dolarización exitosa debería, por tanto, estar acompañada por una modernización de las infraestructuras de pago, de modo que la moneda estadounidense no se convierta simplemente en una nueva unidad de cuenta utilizada por las categorías que ya están integradas al sistema financiero. De lo contrario, existiría el riesgo de crear una economía de dos velocidades, en la que las empresas formales y los hogares con acceso al sistema bancario se beneficiarían de la estabilidad mientras una parte de la población permanecería atrapada en una economía de efectivo, pequeños pagos e ingresos irregulares.

La cuestión del acceso físico y digital a los dólares también sería determinante. Una economía oficialmente dolarizada debe disponer de un sistema bancario capaz de gestionar depósitos, retiros, pagos electrónicos y transferencias internacionales. En un país cuyas infraestructuras han sufrido un deterioro considerable, esta exigencia no puede considerarse secundaria. Una reforma monetaria que modificara la divisa sin modernizar los sistemas de pago podría producir una contradicción: una moneda más estable circulando a través de infraestructuras todavía frágiles. La reconstrucción financiera debería, por tanto, considerarse un componente de la reforma monetaria y no una etapa posterior.

Esta dimensión es aún más importante porque el mundo en el que Venezuela intenta reconstruirse ya no es el de las anteriores grandes transiciones monetarias. La circulación del valor se ha vuelto digital. Los pagos transfronterizos pueden efectuarse mucho más rápidamente que antes. Las empresas pueden operar con varias jurisdicciones y varias monedas. Las criptomonedas y las stablecoins pueden servir, en determinados contextos, como intermediarios entre diferentes sistemas financieros. Las plataformas digitales también están modificando las relaciones entre consumidores, empresas y bancos. Venezuela ya ha comenzado a experimentar esta realidad bajo la presión de las circunstancias. Empresas que enfrentan escasez de dólares recurren a mecanismos digitales alternativos para determinadas transacciones internacionales, lo que demuestra que la cuestión monetaria del siglo XXI ya no se refiere únicamente a los billetes emitidos por un banco central. (Yahoo Finance)

Esta evolución debe, sin embargo, interpretarse con prudencia. La existencia de medios de pago digitales no significa que las infraestructuras financieras tradicionales se vuelvan inútiles. Al contrario, cuanto más digital se vuelve una economía, mayor es su necesidad de una infraestructura institucional sólida que garantice la identidad, la seguridad, el cumplimiento normativo, la protección de los depósitos y la estabilidad de los pagos. El verdadero desafío para Venezuela sería, por tanto, no limitarse a sustituir una moneda inestable por una moneda extranjera, sino construir una arquitectura financiera moderna capaz de integrar los pagos digitales, los bancos tradicionales, las transferencias internacionales y las nuevas formas de financiación sin crear nuevas zonas de exclusión.

La diáspora ocuparía un lugar particular dentro de esta arquitectura. Los millones de venezolanos instalados en el extranjero constituyen ya una red económica que conecta al país con América del Norte, Europa, Colombia, Chile, Perú y muchas otras economías. Las transferencias familiares pueden contribuir a sostener el consumo, pero su importancia estratégica supera la cuestión de las remesas. La diáspora también representa una reserva de competencias, redes comerciales, conocimientos tecnológicos y capitales potenciales. Una estabilización monetaria podría facilitar el retorno de una parte de estos recursos, pero solamente si las condiciones políticas e institucionales hacen creíble ese retorno. La confianza monetaria puede atraer capitales; no basta para atraer de manera duradera el capital humano.

Esta observación conduce a un punto fundamental: la dolarización no debería diseñarse como una política de estabilización aislada, sino como el primer elemento de un contrato de reconstrucción. Si Venezuela decide abandonar el bolívar, debería definir simultáneamente una estrategia destinada a transformar la estabilidad monetaria en capacidad productiva. El país posee considerables recursos energéticos, pero también necesita reconstruir sus infraestructuras, restablecer la fiabilidad de su sistema eléctrico, modernizar sus puertos y carreteras, recuperar sus capacidades industriales, desarrollar su agricultura, fortalecer el sector servicios y crear las condiciones que permitan surgir a nuevas empresas tecnológicas. Sin esta diversificación, el dólar corre el riesgo de estabilizar la superficie de una economía que seguiría siendo vulnerable a sus antiguas dependencias.

El sector petrolero ocuparía evidentemente un lugar central en esta reconstrucción, pero precisamente por esa razón ya no debería considerarse una respuesta suficiente. El desafío estratégico sería determinar cómo utilizar los ingresos petroleros para financiar una transformación que reduzca progresivamente la dependencia de esos mismos ingresos. Un modelo sostenible podría buscar transformar una parte de la renta energética en infraestructuras, capital humano, fondos de estabilización, redes digitales e industrias exportadoras. Venezuela tendría entonces una oportunidad histórica: utilizar su riqueza petrolera ya no principalmente para financiar el consumo inmediato y los déficits, sino para reconstruir las capacidades que permitirán a la economía generar ingresos independientes del petróleo.

Una estrategia semejante sería particularmente importante en un entorno internacional donde la transición energética, las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados de energía hacen que los ingresos petroleros sean menos previsibles. Aunque los hidrocarburos seguirán siendo importantes durante muchos años, su peso relativo en la economía mundial está destinado a evolucionar. Venezuela no puede construir su seguridad económica futura sobre la hipótesis de que el petróleo seguirá desempeñando exactamente el mismo papel que durante el siglo XX. La dolarización podría reforzar esta necesidad porque el Estado ya no dispondría de la posibilidad de devaluar para absorber determinados choques. Una economía dolarizada debe ser suficientemente flexible, mediante su productividad y diversificación, para adaptarse a las variaciones de sus ingresos externos.

Es aquí donde la dimensión generacional se vuelve central. Los jóvenes venezolanos que ingresaran al mercado laboral en una economía dolarizada podrían tener una relación muy diferente con la moneda que sus padres. Para ellos, la cuestión quizá ya no sería defender el bolívar como símbolo nacional, sino determinar si la economía les permite obtener un empleo productivo, adquirir competencias, crear una empresa, acceder al crédito y construir una vida estable. Esta evolución podría modificar profundamente el significado político de la moneda. Lo que antes estaba asociado a la soberanía nacional podría convertirse, para una nueva generación, en un instrumento entre otros dentro de una arquitectura económica mundial mucho más amplia.

Es precisamente en este nivel donde el debate venezolano se conecta con la transformación civilizatoria evocada al comienzo de este dossier. Las categorías políticas heredadas del siglo XX situaron con frecuencia la soberanía monetaria en el centro de la independencia económica. Esta concepción sigue siendo históricamente comprensible, especialmente en sociedades latinoamericanas que han experimentado intervenciones extranjeras, crisis de deuda, regímenes cambiarios impuestos y políticas de ajuste. Pero el siglo XXI impone una lectura más compleja. El poder económico ya no depende únicamente de la moneda que imprime el Estado. También depende de su capacidad para producir tecnologías, controlar datos, formar ingenieros, desarrollar inteligencia artificial, dominar infraestructuras digitales, atraer capitales y participar en las cadenas mundiales de valor. Una soberanía que no controla estas dimensiones puede permanecer nominalmente intacta mientras se vuelve económicamente frágil.

Venezuela podría, por tanto, encontrarse ante una elección histórica que supera el debate tradicional entre soberanía monetaria y dolarización. Podría intentar conservar el bolívar mientras reconstruye progresivamente su credibilidad, o aceptar el dólar como instrumento de estabilización mientras concentra sus esfuerzos en las formas de poder que el país todavía puede desarrollar: energía, agricultura, logística, industria, tecnología, datos, capital humano y posicionamiento geográfico. En ambos casos, la verdadera prueba sería la misma: lograr transformar los recursos del país en capacidades duraderas. La moneda no es más que uno de los medios mediante los cuales puede organizarse esta transformación.

Sin embargo, sería peligroso ignorar el costo político de semejante transición. El dólar es la moneda de Estados Unidos, y adoptarlo oficialmente podría ser percibido por una parte de la sociedad venezolana como una dependencia adicional respecto de Washington. Esta percepción no debería descartarse como irracional. La moneda posee una dimensión simbólica que supera su función económica, particularmente en un país donde la soberanía nacional ha estado en el centro del discurso político durante décadas. El éxito de una reforma dependería, por tanto, también de la capacidad de sus promotores para explicar que el objetivo no es sustituir una identidad nacional por otra, sino responder a una crisis de confianza monetaria y crear las condiciones para una reconstrucción económica.

Esta comunicación sería aún más importante porque la dolarización podría ser presentada por sus adversarios como una capitulación en lugar de una reforma. Una oposición semejante sería políticamente previsible. Los promotores del proyecto tendrían que demostrar que la elección del dólar está acompañada por una estrategia nacional mucho más amplia y que el abandono del bolívar no está concebido como un abandono del Estado. Por el contrario, el éxito de la reforma probablemente exigiría un Estado más competente en los ámbitos en los que la moneda ya no puede servirle como mecanismo de ajuste. La desaparición del banco central solo podría ser creíble si estuviera compensada por el fortalecimiento de las instituciones fiscales, financieras, estadísticas y regulatorias.

La cuestión de la protección social se volvería entonces central. En una economía sin moneda nacional, el Estado debe disponer de un sistema presupuestario capaz de proteger a las poblaciones más vulnerables durante los choques. Si los ingresos petroleros disminuyen, si una catástrofe natural golpea una región o si los precios internacionales de determinados productos aumentan bruscamente, el gobierno no podrá contar con una depreciación de la moneda para ajustar los costos. Tendrá que utilizar las reservas presupuestarias, reorientar el gasto, movilizar financiamiento externo o aceptar una reducción de determinados gastos. Una política social creíble debería, por tanto, estar acompañada de un mecanismo de estabilización presupuestaria capaz de proteger a los hogares cuando disminuyan los ingresos externos.

Esta restricción podría convertirse en uno de los argumentos más serios contra una dolarización demasiado rápida. Una economía que todavía no posee reservas suficientes, cuyo sistema bancario es frágil y cuyas finanzas públicas están profundamente desequilibradas difícilmente puede soportar una transición mal preparada. La estabilidad del dólar no protege a un banco contra una crisis de liquidez, a un Estado contra un déficit insostenible ni a una familia contra unos ingresos insuficientes. Simplemente elimina a la moneda nacional la posibilidad de amortiguar determinados problemas mediante la depreciación o la emisión monetaria. La reforma debe, por tanto, diseñarse alrededor de las capacidades reales de la economía y no alrededor de una creencia en las virtudes automáticas del dólar.

Esta prudencia es particularmente importante porque los datos disponibles muestran simultáneamente la profundidad de la crisis y la existencia de capacidades de recuperación. Las proyecciones del FMI para 2026 indican una inflación media extremadamente elevada, cercana al 387,4%, con una inflación de final de período estimada en 219,7%, pero también muestran una economía que conserva un potencial de crecimiento real. El Fondo estima para 2026 un crecimiento del PIB real de alrededor del 4%, lo que recuerda que la economía venezolana no es simplemente una economía en desaparición. Sigue siendo una economía dotada de recursos, capacidades productivas y un considerable potencial de reconstrucción, pero atrapada en restricciones monetarias, institucionales y financieras excepcionalmente fuertes. (IMF)

Esta coexistencia entre potencial y fragilidad constituye probablemente el mejor punto de partida para analizar el futuro. Venezuela no necesita una simple operación cambiaria; necesita una reconstrucción de la confianza entre el Estado, los ciudadanos, las empresas y las instituciones internacionales. La dolarización podría contribuir a esta reconstrucción al eliminar el riesgo de depreciación del bolívar, pero también podría fracasar si no estuviera acompañada de una reforma fiscal, bancaria, productiva y social. El resultado dependería menos de la decisión jurídica en sí misma que del conjunto de políticas que la acompañaran.

Existe, por tanto, una diferencia fundamental entre dolarizar una economía y construir una economía capaz de vivir sosteniblemente con el dólar. La primera operación puede realizarse mediante una ley. La segunda exige años de trabajo institucional. Requiere una administración fiscal moderna, bancos comerciales sólidos, sistemas de pago fiables, una política social sostenible, una producción diversificada, infraestructuras funcionales, un marco jurídico creíble y una estrategia de inversión capaz de movilizar el capital nacional e internacional. Sin estos elementos, la dolarización podría convertirse en una camisa de fuerza en lugar de un instrumento de reconstrucción. Con ellos, podría constituir un ancla alrededor de la cual se construiría progresivamente una nueva arquitectura económica.

El éxito de una transformación semejante dependería también de la manera en que Venezuela gestionara su relación con Estados Unidos. El dólar no es solamente una unidad de cuenta; está integrado en un sistema financiero mundial ampliamente estructurado alrededor de instituciones estadounidenses. El acceso a bancos corresponsales, mercados de capitales, mecanismos de pagos internacionales e inversiones extranjeras dependería, por tanto, en parte de la calidad de las relaciones políticas y económicas entre Caracas y Washington. Una dolarización oficial podría facilitar determinadas transacciones, pero no garantizaría automáticamente la normalización del acceso a los mercados. Las sanciones, los litigios, la deuda y las cuestiones jurídicas internacionales seguirían siendo determinantes.

Aquí es donde la geopolítica se conecta directamente con la moneda. Venezuela no elige su futura arquitectura monetaria en un mundo neutral. La elige dentro de un sistema internacional en el que Estados Unidos todavía posee un poder financiero excepcional, China busca reforzar sus posiciones económicas, India continúa su propia trayectoria, los BRICS procuran desarrollar alternativas parciales al sistema financiero dominado por el dólar y las nuevas infraestructuras digitales abren espacios de competencia monetaria. La decisión venezolana sería observada mucho más allá de Caracas, particularmente en América Latina, donde varios países también buscan equilibrar autonomía monetaria, integración financiera y estabilidad.

La paradoja sería entonces extraordinaria: en el mismo momento en que una parte del mundo intenta reducir su dependencia del dólar, Venezuela podría decidir adoptarlo oficialmente para recuperar su estabilidad. Este contraste no debería interpretarse como una contradicción simplista. Los países no eligen una arquitectura monetaria en abstracto; la eligen en función de sus propias instituciones, recursos, vulnerabilidades y relaciones de poder. China puede buscar internacionalizar progresivamente el renminbi porque posee una gigantesca base industrial y tecnológica; India puede conservar una moneda nacional porque dispone de un enorme mercado interno y de una política macroeconómica diferente; Venezuela, enfrentada a una profunda crisis monetaria, puede considerar que la estabilidad inmediata ofrecida por el dólar vale más que mantener una autonomía monetaria que se ha vuelto difícil de ejercer eficazmente.

Esta comparación anuncia una cuestión todavía más amplia, que deberá examinarse en las próximas partes: ¿qué significa realmente el poder monetario en un mundo en el que el dólar sigue siendo dominante, pero en el que comienzan a emerger nuevas infraestructuras financieras, tecnológicas y geopolíticas? El caso venezolano no puede comprenderse sin esta dimensión internacional. El eventual abandono del bolívar podría ser simultáneamente una decisión interna de estabilización y un acontecimiento geopolítico revelador del estado del sistema monetario mundial.

Venezuela podría convertirse así, paradójicamente, en uno de los laboratorios más interesantes de la nueva economía mundial. No porque su experiencia sea necesariamente un modelo que deba reproducirse, sino porque concentra varias transformaciones que probablemente marcarán las próximas décadas: crisis de confianza en una moneda nacional, dolarización de facto, búsqueda de nuevas infraestructuras de pago, dependencia de los ingresos energéticos, reintegración financiera internacional, peso de la diáspora, transición generacional y expansión de las tecnologías digitales. La decisión respecto al bolívar podría, por tanto, ser mucho más que una elección nacional. Podría ofrecer al mundo una ventana excepcional para observar cómo una sociedad profundamente marcada por el siglo XX intenta reconstruir su lugar en la economía del siglo XXI.

La verdadera cuestión social, finalmente, no será saber si los venezolanos pagarán mañana en bolívares o en dólares. Será saber si sus ingresos, su trabajo, sus competencias y su patrimonio podrán finalmente recuperar una relación estable con el futuro. Una moneda es útil únicamente porque permite proyectar el trabajo presente hacia el tiempo futuro. Cuando esta función desaparece, la sociedad queda atrapada en la inmediatez. Restaurar una moneda, o adoptar otra, solo tiene sentido si esa decisión permite reintroducir progresivamente la posibilidad de planificar. Esta capacidad de planificación, más aún que el cambio de divisa, constituirá el verdadero criterio de éxito de la transformación venezolana.

VENEZUELA EN LA NUEVA GEOGRAFÍA DEL PODER: TRUMP, CHINA, RUSIA, IRÁN, LOS BRICS Y LA RECONFIGURACIÓN DEL SUR GLOBAL

La eventual desaparición del bolívar no puede entenderse como un fenómeno estrictamente venezolano. Se produce en un momento en que el orden económico internacional atraviesa una transformación cuyos contornos aún siguen siendo inciertos, pero cuyos efectos ya son visibles en las monedas, las cadenas de suministro, la energía, las tecnologías, las alianzas militares, las inversiones y los sistemas de pago. Venezuela se encuentra en la intersección de varias de estas transformaciones. Su petróleo le otorga una importancia energética considerable; su proximidad geográfica a Estados Unidos le confiere un valor estratégico particular; sus relaciones históricas con Rusia, China, Irán y Cuba la inscriben en una geografía política que trasciende América Latina; mientras que la reanudación progresiva de sus relaciones con las instituciones financieras internacionales podría volver a situarla dentro de una arquitectura económica dominada por Washington y sus aliados. La cuestión del dólar se convierte así en una puerta de entrada hacia una interrogante mucho más amplia: ¿en qué mundo está Venezuela tratando de reconstruir su futuro?

La respuesta exige superar las lecturas tradicionales que oponen mecánicamente un «bando estadounidense» a un «bando antioccidental». Esta representación corresponde cada vez menos a la realidad de un sistema internacional que se ha vuelto más transaccional, más fragmentado y más oportunista. Los Estados continúan formando alianzas, pero también buscan preservar márgenes de maniobra multiplicando sus asociaciones. India mantiene relaciones estratégicas con Estados Unidos al mismo tiempo que conserva vínculos energéticos y militares con Rusia. Turquía pertenece a la OTAN mientras desarrolla relaciones económicas con Rusia, China y las potencias del Golfo. Los países del Golfo cooperan con Washington en determinados ámbitos mientras desarrollan inversiones masivas con Pekín. Corea del Sur continúa profundamente integrada en la alianza estadounidense, al tiempo que defiende con firmeza sus propios intereses industriales y tecnológicos. Esta multiplicación de trayectorias nacionales constituye una de las características fundamentales de la nueva geografía del poder.

En este entorno, la política exterior de Donald Trump ocupa un lugar particular porque contribuye a desplazar las fronteras tradicionales entre economía, seguridad y diplomacia. La política arancelaria estadounidense hacia China, las negociaciones comerciales con los aliados, la presión ejercida sobre los miembros de la OTAN, la atención concedida a los recursos estratégicos y la voluntad de reforzar la relación de fuerzas tanto con los socios como con los adversarios reflejan una concepción del poder en la que el comercio ya no es considerado simplemente como un ámbito separado de la seguridad nacional. Los aranceles se convierten en un instrumento de negociación, las cadenas de suministro se convierten en instrumentos de poder y los mercados se convierten en espacios de confrontación estratégica. Venezuela se encuentra directamente concernida por esta evolución porque su principal activo económico, el petróleo, es en sí mismo un instrumento geopolítico.

Este nuevo enfoque estadounidense debe situarse dentro de un contexto más amplio. La estrategia de Washington ya no consiste únicamente en contener a un adversario militar identificable; también busca reducir determinadas dependencias industriales, proteger las tecnologías críticas, reorganizar las cadenas de suministro y utilizar el acceso al mercado estadounidense como palanca de negociación. China constituye evidentemente el principal escenario de esta confrontación económica, pero la lógica se extiende a otros sectores y a otros socios. El mundo en el que Venezuela busca reintegrarse es, por tanto, un mundo en el que la apertura comercial ya no es necesariamente sinónimo de liberalización uniforme. Los intercambios están cada vez más condicionados por consideraciones de seguridad, soberanía tecnológica y resiliencia estratégica.

Esta evolución es esencial para comprender la situación venezolana. Una economía que buscara atraer inversiones extranjeras tendría que demostrar ahora no solo su rentabilidad, sino también su capacidad para desenvolverse en un entorno marcado por sanciones, restricciones tecnológicas, controles de exportación y rivalidades geopolíticas. Una inversión en el sector petrolero, por ejemplo, ya no depende únicamente del precio del barril y de la calidad de las reservas. También depende de la tecnología disponible, de las relaciones con Estados Unidos, de la capacidad para obtener equipos, de la estructura jurídica de los contratos y de la posibilidad de garantizar los pagos internacionales. Venezuela entra así en una economía mundial en la que la geopolítica se ha convertido en una variable permanente del cálculo económico.

La relación entre Caracas y Washington constituye, por consiguiente, uno de los factores determinantes de cualquier estrategia de reconstrucción. Durante los años de confrontación política, las sanciones estadounidenses complicaron profundamente el acceso de Venezuela a los mercados, al capital y a determinadas tecnologías. Sin embargo, la situación comenzó a evolucionar en el marco del cambio político de 2026 y de la reanudación progresiva de las relaciones internacionales de Venezuela. El FMI anunció en abril de 2026 la reanudación de sus relaciones con el Gobierno venezolano, después de una interrupción que se remontaba a 2019. Esta reapertura institucional no significa que todos los obstáculos financieros hayan desaparecido, pero marca una ruptura suficientemente importante como para modificar las posibilidades de reconstrucción.

La cuestión del dólar debe leerse dentro de esta nueva relación. Adoptar oficialmente el dólar estadounidense podría interpretarse como una señal de integración más profunda en la arquitectura económica dominada por Estados Unidos. Pero sería demasiado sencillo verlo como una adhesión política a Washington. El dólar podría ser elegido por razones esencialmente económicas: estabilizar los precios, eliminar el riesgo cambiario, facilitar las transacciones y restaurar la confianza. La distinción entre moneda y alineamiento geopolítico seguiría siendo, sin embargo, frágil, porque el dólar es también una de las principales infraestructuras de poder de Estados Unidos. Cualquier dolarización oficial situaría necesariamente a Venezuela en una relación más estrecha con el sistema financiero estadounidense, incluso si Caracas buscara paralelamente mantener una política exterior autónoma.

Es precisamente esta tensión entre autonomía política e integración financiera la que podría definir la nueva trayectoria de Venezuela. El país podría querer conservar relaciones con China, Rusia, Irán y otros socios mientras vuelve a integrarse en las instituciones financieras occidentales. Una estrategia semejante no sería imposible. Incluso correspondería a la lógica de un mundo multipolar en el que los Estados buscan cada vez más diversificar sus asociaciones en lugar de pertenecer exclusivamente a una sola esfera. Pero exigiría una diplomacia mucho más sofisticada. Venezuela tendría que aprender a gestionar simultáneamente varios sistemas de normas, varios socios y varios intereses estratégicos sin volverse dependiente de un único centro de poder.

China ocuparía un lugar particularmente importante en esta ecuación. Pekín sigue siendo uno de los principales actores capaces de financiar infraestructuras, proporcionar tecnologías y participar en la reconstrucción industrial de Venezuela. Las relaciones sino venezolanas se fortalecieron durante los años de confrontación con Washington, especialmente mediante inversiones, préstamos y cooperación energética. Pero la propia China está evolucionando. Su economía se desacelera estructuralmente en comparación con las décadas anteriores, su sector inmobiliario ha atravesado ajustes considerables, sus empresas tecnológicas enfrentan restricciones estadounidenses y Pekín busca reducir determinadas dependencias externas al tiempo que refuerza su autonomía industrial.

Por tanto, China no puede ser considerada simplemente como un sustituto de Estados Unidos. Defiende sus propios intereses. Su política hacia Venezuela estaría determinada por la rentabilidad de las inversiones, la seguridad energética, las perspectivas geopolíticas y la capacidad de Caracas para cumplir sus compromisos. Una eventual dolarización podría, además, facilitar determinadas transacciones con empresas chinas al reducir el riesgo cambiario, aunque paralelamente reforzaría el papel del sistema financiero estadounidense. Venezuela podría encontrarse así en una situación paradójica en la que una misma moneda facilite los intercambios con varios socios al tiempo que aumente su dependencia institucional respecto de un único sistema financiero.

China representa también un desafío tecnológico. Si Venezuela quiere reconstruir sus infraestructuras energéticas, digitales e industriales, necesitará equipos, redes, telecomunicaciones, centros de datos, sistemas de pago y tecnologías de producción. Pekín posee capacidades importantes en varios de estos ámbitos. Pero la integración de tecnologías chinas en un país que, simultáneamente, busque acercarse a las instituciones financieras occidentales podría generar nuevas tensiones. Las decisiones tecnológicas ya no son neutrales. En los ámbitos de las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, los semiconductores, la computación en la nube y la ciberseguridad, las infraestructuras están directamente vinculadas a las relaciones de poder.

Venezuela deberá, por tanto, evitar un error estratégico: sustituir una dependencia antigua por una nueva dependencia. La diversificación de los socios no significa necesariamente la diversificación de la dependencia. Un país puede tener varios inversores extranjeros y, al mismo tiempo, seguir siendo incapaz de desarrollar sus propias capacidades tecnológicas. La verdadera soberanía del siglo XXI exige progresivamente dominar determinadas competencias críticas, incluso cuando los equipos sean importados. No se trata de que Venezuela produzca por sí sola todos los componentes de una economía digital moderna, lo cual sería irrealista, sino de construir capacidades nacionales suficientes para comprender, gestionar, proteger y adaptar las tecnologías importadas.

Esta cuestión se vuelve particularmente urgente cuando se considera el papel creciente de la inteligencia artificial. La IA ya está transformando la productividad, los servicios financieros, la industria, la salud, la educación, la logística y la defensa. Los países que disponen de una mano de obra cualificada, de una infraestructura digital sólida y de acceso a capacidades de cálculo pueden aumentar rápidamente su productividad. Los países que permanezcan al margen corren el riesgo de ver ampliarse su retraso tecnológico. Venezuela posee un capital humano importante, pero una parte considerable de ese capital humano se encuentra ahora fuera del territorio nacional. La reconstrucción deberá, por tanto, integrar una política de retorno de competencias y de cooperación con la diáspora científica y tecnológica.

Esta dimensión revela otra debilidad del Sur Global. Los debates internacionales sobre la multipolaridad pueden dar a veces la impresión de que la creación de nuevos grupos diplomáticos basta para reequilibrar el sistema mundial. Sin embargo, el poder no se mide únicamente por el número de países reunidos alrededor de una mesa. También depende de la capacidad para producir tecnologías, financiar la innovación, controlar las infraestructuras críticas y formar a las generaciones capaces de utilizar esas tecnologías. En varios sectores estratégicos, la brecha entre las grandes potencias tecnológicas y una gran parte del mundo en desarrollo sigue siendo considerable. La inteligencia artificial podría ampliar esa brecha en lugar de reducirla si las inversiones en educación, infraestructuras digitales e investigación siguen siendo insuficientes.

Es en este contexto que la cuestión de los BRICS merece un análisis más matizado. El grupo constituye una realidad política y económica importante, pero no forma un bloque homogéneo comparable con una alianza militar o una unión económica integrada. Los intereses de China, India, Rusia, Brasil, Sudáfrica y los nuevos miembros no siempre convergen. Las relaciones entre algunos de estos Estados están atravesadas por sus propias rivalidades. India y China, por ejemplo, mantienen importantes relaciones económicas mientras continúan inmersas en una competencia estratégica. China y Rusia han reforzado su asociación, pero sus economías, capacidades e intereses no son idénticos. Los países del Golfo pueden participar en los BRICS al mismo tiempo que mantienen relaciones estrechas con Estados Unidos.

La posible debilidad del proyecto de los BRICS no reside, por tanto, en su inexistencia, sino en la dificultad de transformar una coalición de potencias y países emergentes en una verdadera arquitectura económica alternativa. Una moneda común, un mercado financiero integrado y un sistema de pagos capaz de competir a gran escala con las infraestructuras dominadas por el dólar exigirían una convergencia institucional considerable. Sin embargo, los intereses nacionales siguen siendo extremadamente fuertes. Los BRICS pueden favorecer la diversificación de los intercambios, el uso de monedas nacionales y la creación de instrumentos financieros alternativos sin producir necesariamente una desdolarización completa del sistema mundial.

El caso indio ilustra perfectamente esta autonomía estratégica. Nueva Delhi no busca simplemente elegir entre Washington, Moscú y Pekín. India intenta construir su propio espacio de poder. Desarrolla su industria, invierte en el ámbito digital, busca atraer cadenas internacionales de producción y conserva simultáneamente relaciones energéticas con Rusia. Su estrategia se basa menos en la adhesión a un bando que en la maximización de sus opciones. Esta lógica podría ofrecer una lección a Venezuela: la diversificación estratégica no consiste en sustituir a Washington por Pekín o Moscú, sino en construir capacidades nacionales suficientes para negociar con cada uno de ellos.

Corea del Sur representa otra trayectoria particularmente instructiva. Su desarrollo demuestra que una economía puede convertirse en una potencia tecnológica mundial utilizando inicialmente alianzas externas mientras desarrolla progresivamente sus propias capacidades industriales. Hoy, Seúl no se limita a participar en las cadenas globales de valor; posee empresas capaces de competir en semiconductores, electrónica, automóviles, baterías y otros sectores avanzados. La verdadera lección para Venezuela no consiste, evidentemente, en reproducir mecánicamente el modelo surcoreano, que se construyó en condiciones históricas radicalmente diferentes, sino en comprender que una integración internacional sostenible resulta mucho más favorable cuando el país posee capacidades productivas y tecnológicas propias.

Esta diferencia es fundamental para el Sur Global. La soberanía económica del siglo XXI ya no puede descansar únicamente en el control de los recursos naturales. El petróleo, el gas, el cobre, el litio o las tierras agrícolas siguen siendo importantes, pero su valor depende cada vez más de las tecnologías que permiten extraerlos, transformarlos, transportarlos e integrarlos en productos de alto valor añadido. Un país rico en recursos pero pobre en tecnología corre el riesgo de seguir siendo un proveedor de materias primas. Un país capaz de transformar sus recursos mediante competencias industriales, digitales y científicas puede captar una parte mucho mayor del valor mundial.

Venezuela posee, por tanto, una ventaja considerable pero incompleta. Sus recursos energéticos pueden financiar una parte de la reconstrucción, pero ya no pueden constituir el único fundamento de su estrategia nacional. El país debe pasar progresivamente de una lógica rentista a una lógica basada en capacidades. Esta transición sería probablemente una de las consecuencias más importantes de una eventual dolarización, porque la imposibilidad de utilizar la emisión monetaria como mecanismo de ajuste haría mucho más visible la necesidad de producir, exportar e invertir.

Rusia representa otro elemento de esta ecuación. La guerra en Ucrania ha modificado profundamente su relación con el sistema financiero occidental, pero también ha revelado los límites y los costos de una confrontación prolongada con las principales economías occidentales. Moscú conserva una importante capacidad energética, militar y diplomática, pero su economía enfrenta restricciones estructurales vinculadas a las sanciones, al gasto militar, al acceso a las tecnologías y a la necesidad de mantener su base industrial. Para Venezuela, Rusia sigue siendo un socio potencial en determinados ámbitos, pero no puede ser considerada una fuente ilimitada de financiación o tecnología. La guerra en Ucrania ha reducido los márgenes económicos de Moscú y transformado sus prioridades estratégicas.

La relación con Irán debe analizarse de manera comparable. Teherán posee una considerable experiencia en la gestión de una economía sometida a sanciones y ha desarrollado mecanismos alternativos de comercio, pagos y cooperación. Esta experiencia puede resultar de interés para Caracas, particularmente en el sector energético. Pero el propio Irán continúa enfrentando importantes dificultades económicas y tecnológicas, agravadas por las tensiones regionales y las restricciones internacionales. La asociación con Teherán puede proporcionar soluciones puntuales sin constituir una arquitectura completa de reconstrucción.

Cuba ocupa un lugar diferente. La evolución del enfoque estadounidense hacia La Habana, así como las transformaciones internas del régimen cubano, deben seguirse con atención porque Cuba continúa históricamente vinculada a Venezuela en los ámbitos político, de seguridad y humano. Pero también aquí la realidad económica impone límites. Cuba no posee los recursos financieros o tecnológicos necesarios para convertirse en el principal socio de reconstrucción de Venezuela. La relación podría, por tanto, evolucionar progresivamente de una lógica ideológica hacia una lógica más pragmática, basada en las necesidades concretas de ambas sociedades y en su capacidad para mantener relaciones útiles con diferentes socios.

Esta posible evolución de las relaciones con Cuba es reveladora de una transformación más general de América Latina. Las sociedades latinoamericanas están menos estructuradas por las grandes oposiciones ideológicas del siglo XX de lo que lo estaban anteriormente. Las nuevas generaciones están más preocupadas por el empleo, la educación, la seguridad, los servicios públicos, la movilidad internacional, el ámbito digital y el poder adquisitivo. Los propios gobiernos están sometidos a una presión creciente para producir resultados concretos en lugar de mantener confrontaciones ideológicas permanentes. Esto no significa la desaparición de las convicciones políticas, sino su confrontación cada vez mayor con una realidad económica y tecnológica que no puede ser encerrada en las antiguas categorías.

Venezuela podría convertirse en uno de los casos más espectaculares de esta transición. Durante años, el debate político estuvo estructurado por una oposición extremadamente fuerte entre soberanía revolucionaria y presión estadounidense. Una eventual dolarización introduciría una ruptura simbólica de gran magnitud en esa lógica. Pero lo más importante no sería el símbolo en sí mismo. Sería la manera en que la sociedad interpretaría esa ruptura. Si el dólar permitiera restaurar progresivamente la estabilidad, facilitar las inversiones, reconstruir el crédito y favorecer el retorno de las competencias, una parte de la población podría considerar que la eficacia económica importa más que la fidelidad a un instrumento monetario nacional. Si, por el contrario, la reforma provocara una compresión social sin mejorar la producción y los ingresos, podría interpretarse como una nueva forma de dependencia.

La diferencia entre estos dos escenarios dependería en gran medida de la política estadounidense. Una dolarización venezolana no podría separarse de la estrategia de Washington respecto del petróleo, las sanciones, las inversiones y la reconstrucción del país. La administración Trump ha mostrado una preferencia por el uso directo de las palancas económicas y comerciales en la consecución de sus objetivos estratégicos. En este contexto, Caracas probablemente tendría que negociar con Washington sobre varios expedientes simultáneamente: energía, sanciones, migración, seguridad, inversiones, comercio y acceso a los mercados financieros. La moneda podría convertirse en uno de los elementos de una relación mucho más amplia.

Esta situación crea para Venezuela una oportunidad, pero también un riesgo. La oportunidad reside en la posibilidad de volver a convertirse en un actor energético importante en el Caribe y en el mercado estadounidense, al tiempo que atrae inversiones internacionales. El riesgo sería reconstruir una economía enteramente dependiente de un único socio o de un único mercado. La verdadera estrategia debería consistir, por tanto, en utilizar el acercamiento a Washington para restaurar las capacidades económicas sin renunciar a la diversificación de las relaciones internacionales. China, Europa, India, Brasil, los países del Golfo y los vecinos latinoamericanos podrían desempeñar todos un papel en esta diversificación.

Brasil podría convertirse, en particular, en un socio regional especialmente importante. Su proximidad geográfica, su tamaño económico y su influencia diplomática en América Latina lo convierten en un actor natural de la reconstrucción venezolana. Una recuperación económica de Venezuela también podría beneficiar al conjunto de la región al reducir los flujos migratorios forzados, aumentar los intercambios comerciales y estabilizar las fronteras. La reconstrucción venezolana no sería, por tanto, únicamente una cuestión nacional; tendría consecuencias directas para Colombia, Brasil, el Caribe y Estados Unidos.

Esta dimensión regional está demasiado subestimada con frecuencia. Una economía venezolana estabilizada podría convertirse en un mercado importante para los bienes y servicios latinoamericanos. También podría recuperar una capacidad significativa de exportación energética. Las infraestructuras de transporte, los puertos, las redes eléctricas y los corredores comerciales podrían reconstruirse desde una perspectiva regional. Venezuela podría entonces pasar progresivamente del estatus de crisis geopolítica al de plataforma económica regional. Pero esta transformación dependería de la estabilidad política, de la seguridad jurídica y de la capacidad para restablecer relaciones normales con las instituciones financieras internacionales.

La cuestión tecnológica volvería entonces al centro del proyecto. Si Venezuela quiere aprovechar plenamente sus recursos energéticos y su posición geográfica, debe invertir en infraestructuras digitales capaces de sostener una economía moderna. Esto significa redes de telecomunicaciones fiables, centros de datos, sistemas de pago digitales, una ciberseguridad reforzada, una administración pública digitalizada y programas de educación tecnológica. La inteligencia artificial podría desempeñar un papel en la gestión energética, la logística, la agricultura, la salud y la administración pública. Pero también podría profundizar las desigualdades si su acceso permaneciera concentrado en unas pocas grandes empresas o en una minoría altamente cualificada.

El desafío generacional es, por tanto, inmenso. Una nueva economía no puede construirse únicamente con las instituciones del pasado. Venezuela necesitará una generación capaz de trabajar en varios idiomas, comprender las tecnologías digitales, participar en las cadenas internacionales de valor y crear empresas capaces de exportar. La diáspora puede aportar una parte de esta experiencia, pero el sistema educativo nacional también tendrá que ser profundamente fortalecido. Una reforma monetaria sin una reforma del capital humano correría el riesgo de producir estabilidad financiera sin transformación productiva.

Por eso, la eventual decisión sobre el bolívar podría convertirse finalmente en un revelador del final de una determinada concepción del poder. El siglo XX midió con frecuencia la soberanía por la capacidad del Estado para controlar su territorio, su moneda, sus recursos y sus fronteras. El siglo XXI añade otras dimensiones: capacidad de cálculo, inteligencia artificial, infraestructuras digitales, datos, cadenas logísticas, ciberseguridad, capital humano, propiedad intelectual y acceso a las redes financieras. Un Estado que controla su moneda pero no domina ninguna de estas dimensiones puede encontrarse más vulnerable que un Estado que acepta determinadas interdependencias mientras desarrolla sus capacidades estratégicas.

Venezuela podría, por tanto, ser uno de los primeros países en plantear esta cuestión de manera tan radical. Al contemplar el abandono de su moneda nacional, no necesariamente estaría eligiendo entre soberanía y ausencia de soberanía. Podría estar desplazando el centro de gravedad de su soberanía. La verdadera cuestión sería entonces saber si el país utiliza la estabilidad monetaria para construir un nuevo poder económico o si se limita a sustituir una dependencia monetaria por una dependencia financiera.

Esta distinción determinaría en gran medida el alcance histórico de la reforma. Si el dólar se convierte únicamente en un mecanismo para estabilizar los precios sin transformar el aparato productivo, Venezuela seguirá siendo vulnerable. Si, por el contrario, se convierte en la base de un programa más amplio que incluya reforma fiscal, reestructuración de la deuda, reconstrucción energética, diversificación industrial, modernización digital, inversión en educación, retorno de la diáspora e integración comercial regional, entonces la decisión podría adquirir una dimensión mucho más profunda. Podría marcar no el final de la soberanía venezolana, sino el paso de una concepción antigua de la soberanía a una concepción adaptada a las realidades del siglo XXI.

La paradoja sería entonces completa. Un país presentado durante mucho tiempo como uno de los símbolos de la resistencia al orden económico dominado por Washington podría elegir la moneda estadounidense precisamente para reconstruir las bases materiales de su autonomía futura. Esta elección no significaría necesariamente que la ideología haya desaparecido. Significaría más bien que la realidad económica obliga ahora a la ideología a rendir cuentas. Una sociedad que ya no puede preservar el valor de sus ahorros, garantizar la estabilidad de sus salarios o financiar sus infraestructuras debe necesariamente reevaluar los instrumentos de su modelo económico. Cuando cambian las generaciones, cuando cambian las tecnologías y cuando cambian las relaciones de poder, las doctrinas políticas también deben aceptar ser examinadas nuevamente.

Quizás sea aquí donde se encuentre el verdadero alcance de la experiencia venezolana. La eventual desaparición del bolívar podría interpretarse como una derrota histórica de un modelo político, pero también podría convertirse en el punto de partida de una reconstrucción pragmática. Todo dependerá de lo que haga el país después de la decisión. Una moneda estable no crea una nación próspera. Solo crea un entorno en el que la prosperidad puede volver a ser posible. El resto dependerá de la calidad de las instituciones, de la capacidad productiva, de la formación de los ciudadanos y de la capacidad del país para transformar sus recursos en un poder sostenible.

La cuestión venezolana se une así a la que atraviesa actualmente a buena parte del Sur Global: ¿cómo construir una soberanía real en un mundo en el que ninguna economía puede ser completamente autónoma, pero en el que la dependencia tecnológica, financiera y energética puede convertirse en una debilidad estratégica? La respuesta no será ni el retorno integral a los modelos económicos del siglo XX ni el abandono completo del Estado al mercado mundial. Probablemente deberá encontrarse en una tercera vía: aceptar las interdependencias que el país no puede evitar al mismo tiempo que desarrolla capacidades propias suficientes para elegir a sus socios, negociar sus intereses y proteger a su población.

Venezuela posee una oportunidad poco frecuente para poner a prueba esta hipótesis. Su crisis es suficientemente profunda como para hacer insuficientes las antiguas soluciones, pero sus recursos siguen siendo suficientemente importantes como para hacer posible la reconstrucción. La dolarización podría ser el detonante de una nueva fase, pero nunca podrá constituir por sí sola su contenido. El verdadero proyecto deberá centrarse en transformar una economía rentista y frágil en una economía productiva, tecnológica, diversificada y conectada con el mundo.

LA GRAN CONTRADICCIÓN DEL SIGLO XXI: UN MUNDO QUE BUSCA SALIR DE LA DEPENDENCIA DEL DÓLAR EN EL MOMENTO EN QUE VENEZUELA PODRÍA ELEGIR ANCLARSE A ÉL

La eventual desaparición del bolívar adquiere un significado mucho más profundo cuando se la sitúa en el contexto de la transformación del sistema monetario internacional. La paradoja es inmediata: mientras varias potencias emergentes buscan reducir su dependencia del dólar estadounidense, Venezuela podría elegir hacer exactamente lo contrario y adoptar oficialmente la moneda estadounidense. Esta aparente contradicción no debe, sin embargo, interpretarse como una incoherencia. Por el contrario, revela una de las grandes realidades del siglo XXI: los Estados ya no eligen necesariamente su arquitectura monetaria en función de una doctrina universal, sino en función de sus capacidades reales, sus vulnerabilidades, sus intereses nacionales y el lugar que ocupan en las relaciones de poder. China puede buscar desarrollar alternativas al sistema dominado por el dólar porque posee una base industrial, tecnológica, comercial y financiera suficientemente importante para sostener esa ambición. India puede aplicar una política de autonomía estratégica utilizando simultáneamente varias monedas y varios socios. Venezuela, enfrentada a una inflación extremadamente elevada, a una deuda considerable, a una reconstrucción institucional todavía incompleta y a una moneda cuya credibilidad ha sido profundamente destruida, podría llegar a una conclusión diferente: la soberanía monetaria formal no necesariamente vale más que la estabilidad monetaria obtenida mediante la integración en una moneda internacional.

Esta contradicción resulta aún más interesante porque el movimiento hacia la diversificación monetaria ya no es meramente teórico. En julio de 2026, Jim O’Neill, el economista que creó el concepto BRIC, estimaba que la posibilidad de que los BRICS desarrollaran alternativas al dólar se había vuelto mucho más creíble de lo que había pensado anteriormente, especialmente gracias a los avances de las tecnologías de pago y al creciente interés por reducir la dependencia del dólar. No obstante, subrayaba que el dólar seguía siendo dominante y que los logros concretos de los BRICS continuaban siendo limitados fuera de determinadas instituciones como el New Development Bank. Esta precisión es esencial. El mundo no está pasando abruptamente de un sistema dominado por el dólar a otro dominado por una moneda competidora. Está entrando más bien en un período de diversificación de las infraestructuras financieras, en el que varios sistemas pueden coexistir sin que ninguno de ellos haya sustituido todavía al anterior.

El fenómeno es comparable a lo que ocurre en el ámbito tecnológico. El poder de un sistema ya no depende únicamente de la posesión de un producto final; depende del ecosistema que lo rodea. Una moneda internacional no es simplemente un billete utilizado en los intercambios. Se sustenta en bancos, mercados de capitales, infraestructuras de pago, reservas, bonos soberanos, sistemas jurídicos, instituciones financieras, redes de corresponsalía bancaria, normas contables y confianza internacional. Es precisamente esta arquitectura la que proporciona al dólar una profundidad que sus posibles competidores no pueden reproducir rápidamente. Una moneda puede utilizarse en los intercambios sin convertirse por ello en una verdadera moneda de reserva mundial. Una alternativa creíble al dólar exige mucho más que una declaración política.

El poder estadounidense reside, por tanto, menos en el simple volumen de dólares en circulación que en el ecosistema financiero construido alrededor de esta moneda. Esto explica por qué las sanciones financieras estadounidenses pueden ejercer una influencia que supera ampliamente el territorio de Estados Unidos. Cuando un país o una empresa corre el riesgo de perder su acceso a circuitos financieros denominados en dólares, la cuestión no consiste únicamente en determinar qué moneda utilizará mañana. También debe determinar qué bancos aceptarán sus pagos, qué inversores podrán seguir comprando sus títulos, qué empresas podrán asegurar sus cargamentos, qué intermediarios podrán procesar sus transacciones y qué infraestructuras podrán transportar su valor. El dólar constituye así una arquitectura de poder tanto como una moneda.

La estrategia actual de Washington demuestra que esta dimensión financiera está ahora integrada en la política económica y geopolítica estadounidense. El 24 de agosto de 2026, la administración Trump reforzó nuevamente su presión económica contra Irán al amenazar a los países y empresas que continúan comerciando con Teherán con medidas susceptibles de limitar su acceso al sistema financiero estadounidense. Reuters informa de que las nuevas medidas afectan, entre otros ámbitos, a redes financieras, activos digitales, transporte marítimo, oro y determinadas actividades tecnológicas, mientras China, principal comprador del petróleo iraní, continúa en el centro de un delicado equilibrio entre la presión estadounidense y la necesidad de preservar las relaciones económicas sino estadounidenses. Esta evolución demuestra una vez más que el dólar no es únicamente un instrumento comercial; constituye una palanca de política exterior.

La misma lógica aparece en la relación entre Washington y Pekín. Las tensiones comerciales ya no se limitan a una oposición sobre el nivel de los aranceles. Abarcan ahora las cadenas de valor, los excesos de capacidad industrial, las tecnologías estratégicas, las materias primas, los datos, los semiconductores y las condiciones de acceso a los mercados. El Gobierno estadounidense continúa utilizando los aranceles como instrumento de negociación y de protección industrial, mientras China busca preservar sus mercados y reforzar sus capacidades nacionales. El 24 de agosto de 2026, la administración Trump contemplaba, en particular, un nuevo arancel del 7,5 % sobre determinados productos chinos en respuesta a las acusaciones estadounidenses de sobrecapacidad y de competencia considerada desleal, mientras las dos potencias continúan negociando paralelamente. Esta combinación de confrontación y negociación constituye una de las características esenciales del nuevo orden económico mundial.

La situación de Venezuela se vuelve entonces particularmente reveladora. Si Caracas adopta el dólar, no elegiría únicamente una moneda estable; elegiría una moneda perteneciente al mismo sistema cuyas infraestructuras financieras utiliza Washington como instrumento de poder. Esto no significa que Venezuela se convertiría automáticamente en un aliado estratégico de Estados Unidos. Una moneda no determina por sí sola una política exterior. Pero la interdependencia financiera creada por la dolarización reduciría necesariamente determinados márgenes de maniobra. Venezuela tendría que tomar más en consideración las reglas y restricciones asociadas al sistema financiero estadounidense, especialmente si desea atraer capitales, restablecer relaciones bancarias internacionales y reintegrarse progresivamente en los mercados de capitales.

Precisamente por esta razón, la decisión venezolana podría tener una importancia geopolítica superior a lo que su apariencia técnica sugiere. El abandono del bolívar no sería simplemente una respuesta a la inflación; constituiría una decisión de posicionamiento dentro de la arquitectura financiera mundial. La cuestión pasaría entonces de ser «¿qué moneda quiere utilizar Venezuela?» a «¿en qué infraestructura de poder quiere inscribir Venezuela su reconstrucción?». Esta formulación permite comprender por qué la decisión podría ser observada con atención por Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Brasil, los países del Caribe y las instituciones financieras internacionales.

Sin embargo, sería erróneo deducir que la dolarización colocaría automáticamente a Venezuela en una dependencia absoluta respecto de Washington. Las economías modernas están atravesadas simultáneamente por múltiples redes. Una empresa venezolana podría utilizar el dólar para sus cuentas, comprar equipos chinos, vender petróleo a varios mercados, atraer capital europeo, utilizar tecnologías indias y trabajar con proveedores brasileños. El mundo contemporáneo permite precisamente este tipo de combinación. La cuestión estratégica no consiste necesariamente en elegir un bando, sino en construir una arquitectura suficientemente diversificada para impedir que un único socio pueda imponer todas las condiciones de la relación.

Esta lógica corresponde al ascenso de lo que podríamos denominar una geografía transaccional del poder. Las alianzas permanecen, pero son cada vez más complementadas por relaciones puntuales basadas en intereses. Los Estados cooperan con socios que pueden ser competidores en otros asuntos. Firman acuerdos energéticos mientras mantienen disputas comerciales. Colaboran en infraestructuras digitales mientras desarrollan sus propios sistemas de pago. Participan en las mismas organizaciones internacionales mientras persiguen estrategias diferentes. El poder ya no se organiza, por tanto, únicamente alrededor de bloques cerrados; circula a través de múltiples redes, a veces contradictorias.

Esta transformación resulta particularmente visible en los BRICS. Su importancia política no debe subestimarse, pero su heterogeneidad impide considerarlos como una nueva Unión Soviética económica. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica no comparten los mismos intereses estratégicos. La expansión del grupo aumenta su peso demográfico y económico, pero también incrementa la diversidad de intereses representados. China quiere reducir determinadas vulnerabilidades vinculadas al dólar al tiempo que permanece profundamente integrada en los mercados occidentales. India defiende una autonomía estratégica que le impide integrarse completamente en una lógica antiestadounidense. Brasil ha privilegiado tradicionalmente una diplomacia autónoma. Los Estados del Golfo buscan mantener relaciones con Washington mientras desarrollan sus asociaciones asiáticas. Rusia, por su parte, está mucho más directamente confrontada con las consecuencias de la confrontación con las economías occidentales.

Esta diversidad explica por qué el proyecto de desdolarización avanza más a través de las infraestructuras que mediante una moneda común. Los sistemas de pago, los acuerdos bilaterales en monedas nacionales, los bancos de desarrollo y los mecanismos de compensación pueden reducir progresivamente el uso del dólar sin crear una nueva moneda mundial. La verdadera revolución podría ser, por tanto, menos espectacular que la anunciada por determinados discursos políticos. No se trataría necesariamente de sustituir el dólar, sino de reducir progresivamente las situaciones en las que el dólar resulta indispensable.

Esta distinción es fundamental para Venezuela. Incluso si varios socios ofrecen mecanismos alternativos, la capacidad de Caracas para acceder rápidamente a financiación, reestructurar su deuda, atraer inversores y reconstruir su sector energético seguirá dependiendo en gran medida de su capacidad para funcionar dentro de las principales redes financieras internacionales. La diversificación monetaria mundial no ofrece automáticamente a Venezuela una alternativa equivalente. Los países que disponen de una fuerte capacidad productiva pueden elegir en mayor medida sus infraestructuras de pago; los países en reconstrucción deben primero restablecer su acceso a los mercados y al capital.

Esta realidad refuerza la importancia del acercamiento al FMI. La reanudación de las relaciones con la institución en abril de 2026 no significa que Venezuela disponga inmediatamente de un programa completo de financiación o de una solución para su deuda, pero marca el regreso de un canal institucional que había sido interrumpido durante varios años. Desde una perspectiva de reconstrucción, esta relación podría convertirse en uno de los pilares de la reintegración económica internacional. La dolarización podría entonces contemplarse no como una ruptura con el sistema financiero mundial, sino como uno de los elementos de una reintegración más amplia.

Sin embargo, esta reintegración tendrá un precio. Venezuela probablemente tendrá que aceptar exigencias de transparencia, disciplina presupuestaria, reforma institucional y reestructuración económica. El paso al dólar podría hacer más difíciles de eludir algunas de estas restricciones. Precisamente por ello, la reforma puede percibirse simultáneamente como una pérdida de libertad y como una fuente de credibilidad. Al eliminar la posibilidad de financiar determinados déficits mediante emisión monetaria, Venezuela aceptaría reducir voluntariamente su margen de política económica. Pero esta limitación también podría hacer que los compromisos futuros fueran más creíbles a los ojos de los inversores y de los socios internacionales.

Se trata de un mecanismo clásico de credibilidad institucional: un Gobierno puede reforzar a veces la confianza imponiéndose restricciones que no podría eludir fácilmente. Una constitución presupuestaria, un banco central independiente o una moneda común pueden producir este tipo de efecto. La dolarización radicaliza el mecanismo al eliminar prácticamente la posibilidad de crear una moneda nacional. El Gobierno ya no puede prometer que no utilizará la emisión monetaria; simplemente deja de poseer ese instrumento. Pero esta restricción solo tiene valor si resulta políticamente sostenible. Si las instituciones son suficientemente frágiles como para que una crisis política conduzca a cuestionar la reforma, la credibilidad podría desaparecer tan rápidamente como apareció.

La cuestión constitucional adquiere, por tanto, importancia. El debate venezolano no se refiere únicamente a la viabilidad económica del proyecto. Steve Hanke sostiene que su propuesta sería compatible con las disposiciones constitucionales relativas al sistema monetario, mientras que el texto completo y su arquitectura jurídica todavía no han sido publicados en su totalidad. Medios venezolanos han señalado que varias cuestiones esenciales siguen pendientes de aclaración, entre ellas la tasa inicial de conversión, los recursos necesarios para la transición, el tratamiento de los contratos y pasivos y la reorganización del sistema bancario. El debate deberá, por tanto, superar el argumento macroeconómico para abordar la legalidad, la propiedad, las obligaciones contractuales y la protección de los ciudadanos.

Esta cuestión jurídica posee una dimensión política particular. Una moneda nacional está inscrita en las instituciones y en el imaginario colectivo. Sustituirla exige, por tanto, una legitimidad que va más allá de la competencia técnica de un economista. Una reforma de esta magnitud solo puede ser sostenible si una parte suficientemente importante de la sociedad considera que responde a un interés nacional. El debate público deberá, por tanto, ser transparente, plural y estar basado en datos verificables. La dolarización no debería presentarse como una fórmula mágica, sino como una decisión que implica ventajas, pérdida de instrumentos y riesgos claramente identificados.

Esta exigencia de transparencia se vuelve aún más importante porque el debate actual sigue encontrándose en la fase de propuesta. El proyecto asociado a Antonio Ecarri y Steve Hanke todavía no ha sido presentado como una ley definitivamente aprobada. El 21 de agosto, el equipo de Ecarri precisó que el contacto con Hanke respondía a una iniciativa personal del diputado y no a una solicitud institucional de la Asamblea Nacional. Esta precisión debe conservarse en todo análisis serio. Sería prematuro escribir que Venezuela ha decidido abandonar el bolívar. El hecho establecido es diferente: una propuesta de dolarización integral, que contempla sustituir el bolívar por el dólar y cerrar el Banco Central de Venezuela, está siendo actualmente elaborada y promovida políticamente por Ecarri con el apoyo de Hanke.

Esta distinción entre proyecto y decisión no constituye un matiz secundario. Es una exigencia fundamental del periodismo internacional. En un contexto tan sensible, el análisis debe resistir la tentación de transformar una hipótesis política en un hecho consumado. El papel de un dossier de referencia no consiste en predecir en lugar de los actores, sino en mostrar las trayectorias posibles, sus condiciones de realización y sus consecuencias. Venezuela podría dolarizarse. También podría aplazar la decisión, modificar la propuesta o elegir una solución intermedia. El escenario estudiado en este dossier debe, por tanto, seguir presentándose como una transformación potencial hasta que se adopte un marco jurídico e institucional efectivo.

Esta prudencia no impide, sin embargo, medir sus posibles consecuencias. Si la reforma fuera aprobada, Venezuela entraría en una categoría particular de Estados que han aceptado renunciar a su moneda nacional para privilegiar una moneda extranjera. Pero su caso sería excepcional por la combinación de varios factores: peso energético mundial, magnitud de la crisis, importancia de la deuda, profundidad de la diáspora, proximidad a Estados Unidos, relaciones históricas con China y Rusia y papel estratégico en el Caribe y América Latina. La dolarización venezolana podría convertirse, por tanto, en un acontecimiento mucho más significativo que las experiencias latinoamericanas anteriores.

Panamá constituye un ejemplo instructivo, pero la comparación debe manejarse con cautela. Su economía posee una estructura logística y financiera muy diferente, especialmente alrededor del canal y de los servicios internacionales. Ecuador, por su parte, adoptó el dólar en 2000 en un contexto de crisis financiera e inflación severa, pero su economía, su deuda, sus instituciones y su sector energético diferían profundamente de los de la Venezuela actual. El Salvador también ha adoptado el dólar, aunque conservando determinadas funciones monetarias nacionales. Ninguno de estos casos puede, por tanto, copiarse mecánicamente. Su interés reside más bien en la posibilidad de identificar los mecanismos generales y las condiciones particulares que determinaron sus respectivas trayectorias.

Venezuela debería, sobre todo, evitar convertir la comparación en imitación. Su problema no es únicamente la inflación. Debe abordar simultáneamente la deuda, reconstruir el sector petrolero, modernizar sus infraestructuras, restablecer el crédito, reorganizar las finanzas públicas, reconstruir los servicios esenciales y reintegrar una diáspora considerable. La moneda es solo una pieza del rompecabezas. La dificultad consiste precisamente en conseguir que esa pieza sea compatible con todas las demás.

Esta necesidad remite a la cuestión fundamental del poder en el siglo XXI. Un Estado moderno no es poderoso únicamente porque posee su propia moneda. Es poderoso porque puede producir, financiar, innovar, proteger sus infraestructuras, formar a sus ciudadanos, negociar con las grandes potencias y proteger sus intereses dentro de las redes internacionales. La moneda puede respaldar ese poder, pero no lo crea. Venezuela poseyó durante mucho tiempo una moneda nacional, considerables reservas petroleras y un Estado relativamente centralizado. Sin embargo, estos atributos no impidieron el colapso de su capacidad económica. La lección histórica es clara: los instrumentos de soberanía solo valen por las instituciones que los hacen eficaces.

Por eso, la eventual desaparición del bolívar podría terminar siendo menos importante que lo que ocurra después de él. Si Venezuela utiliza esta ruptura para reconstruir su sistema financiero, restaurar sus infraestructuras, desarrollar su capital humano y diversificar su economía, el cambio monetario podría convertirse en un punto de partida. Si, por el contrario, la dolarización se limita a sustituir los billetes sin reformar el Estado, podría congelar determinadas vulnerabilidades bajo una nueva forma. El éxito dependerá, por tanto, menos del color de los billetes que de la calidad del proyecto nacional que los acompañe.

Esta conclusión nos conduce directamente hacia una cuestión central para la continuación de nuestro análisis: ¿qué ocurre cuando un Estado abandona su moneda, pero conserva todas las responsabilidades sociales, políticas y económicas que definen a un Estado moderno? La respuesta obliga a repensar la financiación pública, la deuda, el sistema bancario, las reservas, las inversiones, los salarios, la protección social y la relación entre el Estado y el ciudadano. También obliga a determinar si la dolarización puede convertirse en una disciplina temporal que permita la reconstrucción o si corre el riesgo de transformarse en una dependencia permanente.

Venezuela podría convertirse así en un laboratorio a escala real de una transformación más amplia. Su experiencia permitiría observar si, en un mundo de potencias financieras interdependientes, la pérdida de un instrumento tradicional de soberanía puede compensarse mediante la adquisición de nuevas capacidades. La cuestión ya no sería entonces saber si el país posee su propia moneda, sino si dispone de suficiente poder económico, tecnológico e institucional para no convertirse en prisionero de la moneda que haya elegido.

Y es precisamente aquí donde el debate sobre el bolívar se conecta con el gran giro civilizatorio de nuestra época. El siglo XX construyó buena parte de su política internacional alrededor de los territorios, las fronteras, las monedas, los ejércitos y los bloques ideológicos. El siglo XXI añade a esta arquitectura los datos, la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales, las redes financieras instantáneas, las cadenas logísticas, los semiconductores, las plataformas tecnológicas y la capacidad de controlar los flujos de conocimiento. Los Estados que comprendan esta transformación podrán convertir sus interdependencias en poder. Aquellos que continúen midiendo su soberanía únicamente con los instrumentos del siglo anterior corren el riesgo de descubrir que la independencia jurídica ya no garantiza la autonomía estratégica.

La eventual desaparición del bolívar se convertiría entonces en un símbolo particularmente poderoso de esta transición. Un país podría abandonar su moneda nacional mientras, paradójicamente, busca recuperar una capacidad nacional de acción. La verdadera cuestión sería saber si puede transformar esta renuncia en una decisión estratégica en lugar de una simple capitulación ante la realidad económica.

EL FIN DE UNA ÉPOCA Y EL COMIENZO DE OTRA: GENERACIONES, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA SOBERANÍA

Uno de los errores más frecuentes en el análisis de una reforma monetaria consiste en considerar la moneda como un objeto exclusivamente económico. Una moneda es, ciertamente, un instrumento de pago, una unidad de cuenta y una reserva de valor, pero también es una institución social, un lenguaje colectivo y una representación de la relación entre el ciudadano y el Estado. Cuando un gobierno decide modificar profundamente el régimen monetario de un país, no transforma únicamente las condiciones de circulación del dinero. Interviene también en la manera en que los ciudadanos ahorran, trabajan, consumen, invierten, transmiten su patrimonio e imaginan su futuro. En el caso de Venezuela, esta dimensión adquiere una importancia particular porque varias generaciones han vivido el progresivo colapso de la confianza en la moneda nacional. La eventual desaparición del bolívar no sería, por tanto, únicamente la conclusión de una crisis monetaria; podría convertirse en uno de los símbolos más visibles de una ruptura generacional con parte de las representaciones económicas y políticas heredadas del siglo XX.

Venezuela ofrece, a este respecto, una situación casi excepcional. Para una generación que creció antes del colapso monetario, el bolívar representaba un componente natural de la identidad económica nacional. Era la moneda del salario, del ahorro, del comercio, del Estado y de la vida cotidiana. Para una generación más joven que ha crecido en un entorno de depreciación monetaria, cambios constantes en la escala de los precios, migraciones masivas y transacciones realizadas con frecuencia en dólares, la relación psicológica con la moneda nacional puede ser profundamente diferente. El dólar ya no aparece necesariamente como una moneda extranjera en el sentido cultural del término; se convierte progresivamente en un instrumento práctico de supervivencia económica, comparación de precios, ahorro y movilidad. Esta evolución silenciosa de los comportamientos probablemente sea más importante que cualquier declaración política, porque revela la transformación real de la sociedad incluso antes de que se produzca una transformación oficial del derecho.

Una eventual dolarización institucionalizaría así una realidad que se ha desarrollado, en parte, al margen del Estado. Cuando los ciudadanos comienzan espontáneamente a utilizar una moneda extranjera porque consideran que protege mejor su poder adquisitivo, el Estado pierde progresivamente una parte de su capacidad para imponer el uso de su propia moneda. La dolarización oficial no crearía, por tanto, el fenómeno desde cero; podría formalizar una práctica ya instalada en determinados segmentos de la economía. Pero esa formalización tendría consecuencias profundas. Transformaría una adaptación individual en una arquitectura nacional. Haría pasar al dólar de instrumento utilizado por necesidad a instrumento reconocido por la ley como fundamento del sistema monetario.

Esta evolución revela un cambio fundamental en la relación entre el Estado y el ciudadano. En las concepciones clásicas de la soberanía monetaria, el Estado emite la moneda y la población la utiliza porque el derecho le confiere esa función. En una economía sometida a una pérdida prolongada de confianza, el proceso puede invertirse. Los ciudadanos eligen progresivamente la moneda que consideran más creíble, y el Estado termina adaptando su marco institucional a esa realidad. Este giro resulta profundamente revelador de nuestra época. Los individuos disponen hoy de una capacidad mucho mayor que en el pasado para desplazar su patrimonio, comparar precios, utilizar plataformas financieras extranjeras, recibir transferencias internacionales y acceder a distintas formas de pago. El monopolio monetario del Estado se encuentra, por tanto, sometido a nuevas fuerzas que trascienden ampliamente las fronteras nacionales.

La revolución digital acelera esta transformación. El ciudadano contemporáneo ya no está necesariamente atrapado dentro del sistema financiero de su territorio. Puede recibir dinero desde el extranjero en cuestión de minutos, utilizar servicios digitales internacionales, conservar una parte de sus recursos en distintas monedas, comprar en plataformas extranjeras y trabajar a distancia para una empresa situada en otro país. Esta evolución resulta especialmente importante para las sociedades que cuentan con una diáspora numerosa. En el caso venezolano, las remesas, los ingresos procedentes del extranjero y las redes familiares transnacionales han contribuido a crear una economía en la que las fronteras monetarias son mucho menos impermeables de lo que suponían las arquitecturas económicas del siglo XX.

El fenómeno, además, no concierne únicamente a Venezuela. Una parte creciente de la población mundial vive ahora dentro de varios espacios económicos simultáneamente. Un trabajador puede estar físicamente instalado en un país, trabajar para una empresa situada en otro, recibir su salario en una tercera moneda y enviar una parte de sus ingresos a una familia establecida en un cuarto territorio. La geografía económica ya no coincide necesariamente con la geografía política. Esta disociación constituye una de las grandes transformaciones del siglo XXI. Debilita las antiguas definiciones de soberanía económica y obliga a los Estados a replantearse su relación con ciudadanos móviles, diásporas y flujos financieros internacionales.

En este nuevo entorno, la cuestión del bolívar adquiere una dimensión generacional particularmente fuerte. Las generaciones jóvenes venezolanas han sido socializadas en un mundo en el que la movilidad internacional, las redes sociales, las plataformas digitales y las transferencias transfronterizas forman parte de la vida cotidiana. Su concepción de la nación puede ser profundamente diferente de la de las generaciones anteriores. Esto no significa necesariamente un menor apego al país. Por el contrario, puede producir una concepción más compleja de la pertenencia, en la que la identidad nacional coexista con una fuerte integración en redes económicas y culturales internacionales. La soberanía ya no tiene por qué entenderse como autarquía; puede ser comprendida como la capacidad de conservar el control sobre las propias decisiones mientras se participa activamente en los intercambios mundiales.

Esta evolución debería conducir a una reevaluación del propio concepto de soberanía. Durante buena parte del siglo XX, la soberanía económica estaba asociada a la posesión de los instrumentos fundamentales del Estado: moneda nacional, banco central, política comercial, recursos naturales y control de las fronteras. Esta concepción sigue siendo importante, pero se ha vuelto insuficiente. Un Estado puede disponer de su propia moneda y depender casi por completo de tecnologías extranjeras. Puede controlar sus fronteras y depender de plataformas digitales extranjeras para sus comunicaciones. Puede poseer enormes recursos naturales y, sin embargo, no dominar ni su transformación ni las tecnologías necesarias para explotarlos. Puede contar con un banco central soberano y ser incapaz de financiar de manera sostenible su propio desarrollo.

La verdadera soberanía del siglo XXI debe, por tanto, concebirse como una combinación de capacidades. Supone una capacidad monetaria cuando esta sea viable, pero también una capacidad productiva, tecnológica, educativa, energética, alimentaria, digital, institucional y diplomática. El Estado soberano ya no es necesariamente aquel que posee todos los instrumentos; es aquel que dispone de suficientes capacidades para no quedar sometido a una dependencia crítica en cada uno de los ámbitos esenciales. Esta distinción permite comprender por qué una dolarización no debe interpretarse automáticamente como la desaparición de la soberanía. Puede representar una pérdida de soberanía monetaria y, al mismo tiempo, ser compatible con una estrategia destinada a fortalecer otras dimensiones de la autonomía nacional.

Pero esta posibilidad nunca es automática. Depende de la calidad de las instituciones y de la estrategia económica que acompañe el cambio monetario. Una Venezuela dolarizada que importara masivamente bienes, dependiera de capital extranjero, exportara principalmente petróleo crudo y permaneciera tecnológicamente dependiente podría experimentar una estabilización monetaria sin alcanzar una verdadera transformación estructural. El país habría abandonado una parte de su soberanía monetaria sin construir las capacidades necesarias para una nueva soberanía económica. Por el contrario, una Venezuela que utilizara la estabilidad monetaria para reconstruir su industria, desarrollar sus infraestructuras, fortalecer su capital humano, atraer a su diáspora y diversificar sus exportaciones podría convertir una restricción monetaria en un instrumento de reconstrucción.

Aquí es donde la inteligencia artificial se convierte en una variable estratégica. Durante las próximas décadas, las diferencias entre las economías no estarán determinadas únicamente por sus recursos naturales o su acceso al capital. Estarán cada vez más condicionadas por su capacidad para utilizar las tecnologías de la información para producir más con menos recursos, mejorar la calidad de los servicios públicos, anticipar riesgos y crear nuevas actividades económicas. La inteligencia artificial puede transformar la gestión de las redes eléctricas, optimizar la producción petrolera, mejorar la logística portuaria, detectar determinadas enfermedades, apoyar la enseñanza personalizada, modernizar la administración tributaria y aumentar la productividad de las empresas. Pero también puede reforzar la concentración de la riqueza y ampliar la brecha entre los países que disponen de infraestructuras de computación, investigadores y capitales suficientes y aquellos que carecen de ellos.

Venezuela se encuentra, por tanto, ante una doble transición. Podría pasar de una economía dominada por una moneda nacional devaluada a una economía que utilice el dólar, mientras simultáneamente necesita pasar de un modelo productivo basado en la renta petrolera a una economía más diversificada y digital. Estas dos transiciones no deben separarse. La primera podría ofrecer estabilidad monetaria; la segunda tendrá que crear la riqueza necesaria para que esa estabilidad sea sostenible. Una moneda estable sin suficiente productividad puede simplemente transformar una crisis inflacionaria en una crisis de competitividad. El verdadero objetivo debe ser, por tanto, convertir la estabilidad en un punto de partida y no en un punto de llegada.

Esta distinción es esencial porque una economía dolarizada pierde un mecanismo tradicional de ajuste. Cuando la moneda nacional se deprecia, una economía puede, en teoría, mejorar su competitividad exterior al reducir el costo relativo de sus exportaciones, aunque este mecanismo implique importantes costos sociales. En una economía que utiliza el dólar, ese instrumento desaparece. Los ajustes deben proceder entonces en mayor medida de los aumentos de productividad, los salarios, la fiscalidad, la inversión, la innovación y la calidad de las infraestructuras. La disciplina puede ser beneficiosa a largo plazo, pero también puede resultar dolorosa si las instituciones no cuentan con los medios necesarios para sostener la transición.

La política social se convierte, en consecuencia, en uno de los elementos determinantes del proyecto. Una reforma monetaria que estabilizara los precios pero dejara a una parte importante de la población sin protección frente a los efectos de la reestructuración podría perder rápidamente su legitimidad. La estabilidad monetaria no puede confundirse con el bienestar social. Una moneda fuerte no garantiza un salario suficiente, una vivienda accesible, una educación de calidad ni servicios sanitarios eficaces. La verdadera prueba de la reforma será, por tanto, su capacidad para transformar la estabilidad macroeconómica en una mejora concreta de la vida cotidiana.

El riesgo resulta particularmente importante para los jubilados, los trabajadores del sector público, los hogares sin acceso a ingresos procedentes del exterior y las poblaciones que viven en regiones donde la economía formal sigue siendo débil. La dolarización puede proteger el ahorro y facilitar las transacciones, pero no resuelve automáticamente las desigualdades de ingresos. Por el contrario, puede hacer más visibles las diferencias entre quienes tienen acceso a dólares y quienes mantienen ingresos insuficientes. Una política monetaria estable debe, por tanto, estar acompañada de una política social capaz de evitar que la estabilización se convierta en una nueva fractura social.

Esta cuestión remite a un principio que suele olvidarse en las grandes reformas económicas: la estabilidad solo es sostenible cuando goza de legitimidad social. Los ciudadanos aceptan transformaciones profundas cuando comprenden su lógica y perciben progresivamente sus beneficios. Las rechazan cuando los costos son inmediatos, los beneficios inciertos y los sacrificios se distribuyen de manera desigual. En el caso venezolano, la educación económica debería convertirse, por tanto, en un componente de la propia reforma. Los ciudadanos deberían poder comprender concretamente qué significa la conversión de los precios, salarios, cuentas bancarias, contratos, pensiones, deudas e impuestos.

La cuestión de la confianza aparece aquí como la verdadera variable central. Una moneda puede ser estable porque está respaldada por un banco central creíble, por instituciones sólidas o por el poder económico del país que la emite. El dólar se beneficia de esta última dimensión tanto como de la profundidad de su sistema financiero. Pero una sociedad también necesita confiar en sus propias instituciones. Si los ciudadanos creen que las reglas pueden modificarse arbitrariamente, que los contratos no serán respetados o que la justicia económica seguirá siendo imprevisible, la estabilidad monetaria no bastará para restaurar la inversión. La reforma monetaria debe, por tanto, estar acompañada de una reconstrucción de la confianza institucional.

Precisamente aquí la ruptura generacional puede convertirse en una fuerza. Las generaciones jóvenes no necesariamente buscan las mismas respuestas que sus padres. Pueden estar menos vinculadas a los símbolos económicos tradicionales y más interesadas en la movilidad, el empleo, la formación, el acceso digital y la posibilidad de construir su futuro sin tener que abandonar su país. Una política nacional que ofreciera estas perspectivas podría transformar la diáspora en un recurso en lugar de una pérdida permanente. El retorno de las capacidades no debería entenderse únicamente como un regreso físico. También podría adoptar la forma de retorno de inversiones, conocimientos, redes profesionales y empresas creadas a distancia.

La diáspora venezolana podría convertirse así en uno de los principales instrumentos de reconstrucción. Posee capacidades, redes comerciales y conocimiento de economías extranjeras que el país no puede recrear rápidamente desde cero. Una política inteligente buscaría transformar esta diáspora en una red económica transnacional. Los empresarios establecidos en Colombia, Estados Unidos, España, Chile u otros lugares podrían invertir en Venezuela, crear empresas mixtas, transferir conocimientos, formar trabajadores y desarrollar mercados de exportación. La cuestión monetaria se convertiría entonces en un componente de esta arquitectura más amplia de reintegración.

La digitalización hace que esta posibilidad sea mucho más realista que en el pasado. Una diáspora puede hoy participar en la reconstrucción de un país sin residir permanentemente en él. Puede enseñar a distancia, financiar una empresa, asesorar a una administración, desarrollar un software, gestionar un equipo local o crear una cadena comercial internacional. La frontera entre el interior y el exterior se vuelve progresivamente menos rígida. Esta evolución podría permitir a Venezuela transformar el éxodo de capacidades en una nueva forma de capital nacional, siempre que las instituciones creen un entorno suficientemente seguro para estimular esta participación.

El mismo razonamiento se aplica a la inversión extranjera. Venezuela dispone de un potencial considerable en energía, infraestructuras, agricultura, petroquímica, minería, turismo y determinados servicios digitales. Pero el capital no se desplaza únicamente hacia territorios ricos en recursos. Busca previsibilidad. La estabilidad monetaria puede constituir, por tanto, una ventaja importante, pero debe estar acompañada de garantías jurídicas, transparencia fiscal, reglas claras sobre la propiedad y mecanismos creíbles de solución de controversias. El país deberá convencer a los inversores de que la próxima crisis política no destruirá las reglas económicas establecidas por la anterior.

Esta exigencia podría constituir uno de los cambios más importantes de la nueva Venezuela. Durante décadas, el país estuvo acostumbrado a pensar la política económica a través de la redistribución de la renta petrolera. El nuevo contexto obliga a pensar en términos de creación de valor. Esta transición es mucho más difícil porque exige construir empresas competitivas, desarrollar capacidades, modernizar infraestructuras y aceptar la disciplina de los mercados internacionales. Pero también es más sostenible. Una economía que produce más valor del que consume posee una capacidad de negociación mucho mayor que una economía dependiente de un único recurso.

El petróleo seguirá siendo, sin embargo, esencial. Sería poco realista considerar que Venezuela podría abandonar rápidamente su principal riqueza natural. La cuestión no consiste en salir del petróleo, sino en salir de la dependencia del petróleo. Esta distinción debe orientar la reconstrucción. Los ingresos energéticos podrían financiar infraestructuras, educación, salud, transición digital y diversificación industrial. El petróleo debería convertirse progresivamente en un medio para financiar la transformación de la economía, en lugar de ser el sustituto de esa transformación.

Esta estrategia sería especialmente importante en un mundo en el que la transición energética no significa la desaparición inmediata de los hidrocarburos. El petróleo sigue siendo indispensable para numerosos sectores de la economía mundial, aunque las inversiones se desplacen progresivamente hacia las energías renovables, los vehículos eléctricos, el almacenamiento y las tecnologías bajas en carbono. Venezuela dispone, por tanto, de una ventana estratégica, pero esta ventana no permanecerá abierta indefinidamente. El valor de sus reservas debe transformarse en infraestructuras y capital humano antes de que la evolución tecnológica mundial reduzca aún más el peso relativo de los hidrocarburos.

La situación resulta todavía más compleja porque la geografía energética mundial también está cambiando. Estados Unidos ha reforzado su producción energética, Oriente Medio continúa siendo central, Rusia busca reorientar sus exportaciones hacia Asia, China acelera sus inversiones en tecnologías limpias, India aumenta sus necesidades energéticas y América Latina se convierte en un espacio importante para diversos recursos estratégicos. Venezuela ya no puede considerar, por tanto, su petróleo como una garantía automática de poder. Debe comprender que los recursos naturales solo adquieren verdadero valor geopolítico cuando un Estado posee los medios para transformarlos en influencia duradera.

Esta evolución corresponde al progresivo final de una antigua concepción del poder. Durante el siglo XX, la posesión de recursos, ejércitos y territorios bastaba a menudo para establecer una jerarquía relativamente legible entre los Estados. En el siglo XXI, esa jerarquía se vuelve mucho más compleja. Una pequeña economía puede adquirir una influencia extraordinaria en una tecnología específica. Una empresa privada puede controlar una infraestructura digital utilizada por cientos de millones de personas. Un país sin grandes recursos energéticos puede volverse indispensable en el sector de los semiconductores. Un Estado con enormes reservas de petróleo puede seguir siendo económicamente frágil si no domina suficientemente la tecnología, las instituciones y las cadenas de valor.

Venezuela se encuentra, por tanto, ante una pregunta que supera ampliamente su debate monetario: ¿qué forma de poder quiere construir? ¿Un poder basado en la renta, la confrontación ideológica y la posesión de recursos, o un poder basado en la capacidad de organizar sus recursos, sus instituciones, sus ciudadanos y sus tecnologías? La respuesta determinará el alcance histórico de una eventual reforma monetaria.

Esta interrogante también permite comprender por qué el posible abandono del bolívar podría considerarse el final de una época ideológica. No habría que confundir esta afirmación con la desaparición de toda ideología política. Las sociedades continuarán debatiendo el papel del Estado, la justicia social, la redistribución, la soberanía y la democracia. Lo que podría desaparecer, en cambio, es la creencia de que los instrumentos económicos del siglo XX pueden conservarse independientemente de sus resultados. Una moneda nacional no constituye una prueba suficiente de soberanía. Una nacionalización no equivale automáticamente a un control eficaz. Una frontera cerrada no produce necesariamente independencia económica. Una alianza ideológica no garantiza capacidad tecnológica.

El siglo XXI impone otra medida de la soberanía. Esta se encuentra en la capacidad de un pueblo para dominar las transformaciones a las que no puede escapar. La soberanía consiste cada vez menos en impedir que el mundo entre y cada vez más en disponer de las instituciones, los conocimientos y los recursos necesarios para participar en el mundo sin desaparecer dentro de él. Esta evolución resulta particularmente importante para los países del Sur Global. Su desafío no consiste únicamente en denunciar las asimetrías históricas del sistema internacional, aunque esas asimetrías deban ser reconocidas y analizadas. También consiste en construir las capacidades que permitan reducirlas.

La tecnología constituye aquí el principal campo de batalla. La brecha entre las grandes potencias digitales y numerosos países en desarrollo ya no se refiere únicamente al acceso a Internet. Concierne a la capacidad de desarrollar modelos de inteligencia artificial, disponer de centros de datos, dominar los semiconductores, proteger las infraestructuras digitales, formar ingenieros, producir software y transformar los datos en valor económico. Un país puede ser políticamente independiente y, al mismo tiempo, tecnológicamente dependiente. Esta forma de dependencia resulta más difícil de percibir que la dependencia colonial clásica porque no pasa necesariamente por una ocupación territorial. Pasa por las infraestructuras invisibles que hacen funcionar la economía moderna.

Venezuela debe, por tanto, integrar su reforma monetaria dentro de una estrategia tecnológica. Una eventual dolarización debería estar acompañada de un programa nacional de transformación digital; de lo contrario, simplemente estabilizaría la capa financiera de una economía que seguiría siendo estructuralmente vulnerable. Los bancos deberían modernizarse, los sistemas de pago tendrían que ser seguros, las administraciones deberían digitalizarse, las empresas tendrían que formarse en el uso de la inteligencia artificial y las universidades deberían reconectarse con las redes científicas internacionales. El país tendría entonces la posibilidad de convertir una parte de su población altamente cualificada y de su diáspora en motor de la nueva economía.

Este proceso también podría transformar la relación entre el Estado y el sector privado. Una economía moderna no puede construirse exclusivamente desde la administración pública, pero tampoco puede abandonarse por completo a los mecanismos del mercado. El Estado debe proporcionar las infraestructuras, la seguridad jurídica, la educación, las normas y los bienes públicos que permitan a las empresas prosperar. El sector privado debe crear empleos, invertir, innovar y exportar. La reconstrucción venezolana requerirá, por tanto, un nuevo equilibrio entre Estado, mercado y sociedad civil. Esta relación deberá basarse en la complementariedad y no en la confrontación permanente.

El mismo principio debería aplicarse a las relaciones internacionales. Venezuela no debería buscar un nuevo protector. Debería buscar socios. La distinción puede parecer semántica, pero es estratégica. Un protector impone generalmente una jerarquía. Un socio negocia intereses. En un mundo en el que las propias grandes potencias buscan maximizar sus ventajas, un país de tamaño intermedio debe aprender a utilizar su posición geográfica, sus recursos y su capital humano para negociar simultáneamente con varios actores.

Venezuela posee precisamente esa posibilidad. Su proximidad a Estados Unidos, su pertenencia geográfica al espacio caribeño, su acceso al Atlántico, sus recursos energéticos y sus relaciones históricas con varias potencias le otorgan una posición singular. Esta posición podría convertirse en un obstáculo si se utiliza dentro de una lógica de confrontación permanente. Podría transformarse en una ventaja considerable si se convierte en una plataforma de diálogo, energía, comercio, servicios e inversiones.

Quizá sea precisamente en esta capacidad para transformar su geografía donde se encuentre la verdadera ruptura histórica. Venezuela podría pasar de ser un territorio utilizado como punto de confrontación entre potencias a convertirse en un espacio capaz de aprovechar sus rivalidades sin convertirse en su instrumento. Una estrategia semejante exigiría una diplomacia económica mucho más activa, una política exterior pragmática y una capacidad institucional suficiente para negociar acuerdos complejos. Exigiría, sobre todo, abandonar la lógica según la cual cada acercamiento a una potencia implica automáticamente un distanciamiento hostil respecto de otra.

El mundo contemporáneo ya no funciona completamente según esa lógica binaria. China puede ser un socio comercial y un competidor estratégico. Estados Unidos puede ser un potencial inversor y, al mismo tiempo, una potencia capaz de imponer sanciones. Europa puede representar un mercado, una fuente de capital y un socio político, mientras persigue sus propios intereses. India puede convertirse en un mercado energético y tecnológico de primer orden. Brasil puede ser simultáneamente vecino, competidor agrícola y socio regional. Los países del Golfo pueden proporcionar capital mientras buscan ellos mismos nuevas posiciones geopolíticas. La diplomacia venezolana deberá, por tanto, aprender a gestionar esta complejidad en lugar de reducirla.

Esta nueva realidad internacional también hace necesaria una reevaluación del lenguaje político. Las categorías de «izquierda», «derecha», «capitalismo», «socialismo», «nacionalismo» y «liberalismo» siguen siendo útiles para comprender los debates, pero ya no bastan para describir la totalidad de las decisiones estratégicas. Un gobierno puede defender una política social ambiciosa y, al mismo tiempo, buscar inversión privada. Puede mantener un discurso soberanista mientras utiliza una moneda extranjera. Puede pertenecer a una organización multipolar mientras mantiene relaciones estrechas con Washington. Puede defender la producción nacional y simultáneamente atraer empresas multinacionales. El siglo XXI obliga, por tanto, a que las categorías políticas sean más flexibles y analíticas.

Es desde esta perspectiva que la cuestión venezolana adquiere una dimensión casi civilizatoria. No se refiere únicamente a elegir entre el bolívar y el dólar. Concierne a la capacidad de una sociedad para reconocer que una época histórica ha terminado sin renunciar por ello a su identidad. El verdadero desafío consiste en distinguir aquello que debe conservarse de aquello que debe transformarse. La identidad nacional no exige necesariamente conservar todos los instrumentos institucionales heredados del pasado. Puede sobrevivir a una profunda reforma monetaria si los ciudadanos consideran que esa reforma sirve a la continuidad de la nación y no a su desaparición.

El abandono de una moneda nacional podría convertirse, por tanto, en un momento de verdad. Obligaría a Venezuela a responder a una pregunta que muchos otros Estados deberán afrontar durante las próximas décadas: ¿qué significa ser soberano cuando las tecnologías, los capitales, la información, las monedas y las empresas circulan a una velocidad que las fronteras nacionales ya no pueden controlar por completo? La respuesta no podrá consistir en un regreso romántico a una autonomía absoluta que nunca existió realmente. Tendrá que ser una concepción más moderna de la soberanía, basada en la capacidad de elegir, negociar, producir e innovar.

La generación que construya esta nueva soberanía probablemente no será la misma que diseñó las grandes confrontaciones ideológicas del siglo anterior. Será la generación que crece con teléfonos inteligentes, plataformas digitales, inteligencia artificial, pagos instantáneos, migraciones internacionales y economías transnacionales. Para ella, la pregunta «¿qué moneda representa a la nación?» podría ser menos importante que «¿qué economía permite a mi generación construir un futuro dentro de esta nación?». Esta diferencia de percepción podría convertirse en uno de los motores más poderosos de la transformación política.

Venezuela debe escuchar esta pregunta. Una reforma monetaria exitosa no será aquella que gane un debate ideológico entre partidarios y adversarios del dólar. Será aquella que permita a una nueva generación recuperar una relación normal con el dinero, el trabajo, el ahorro, la empresa y el futuro. La moneda debe volver a ser una herramienta al servicio de la sociedad y no una fuente permanente de incertidumbre. Sin embargo, esta transformación no podrá alcanzarse mediante una simple ingeniería monetaria. Exigirá una reconstrucción institucional, productiva, educativa y tecnológica mucho más profunda.

Por eso, la verdadera ruptura con el siglo XX no reside en sustituir el bolívar por el dólar. Reside en pasar de una concepción simbólica de la soberanía a una concepción basada en capacidades. Venezuela deberá aprender a medir su poder no solamente por lo que posee, sino por lo que es capaz de hacer con aquello que posee. Sus reservas petroleras solo se convertirán en una fuerza si financian la transformación del país. Su diáspora solo se convertirá en una fuerza si puede participar en la reconstrucción. Su juventud solo se convertirá en una fuerza si recibe las capacidades necesarias. Su territorio solo se convertirá en una ventaja si está conectado con los grandes corredores comerciales y digitales. Su diplomacia solo adquirirá influencia si se apoya en una economía capaz de sostener sus decisiones.

Desde esta perspectiva, una eventual dolarización no sería ni el final de la historia venezolana ni la solución a todas sus crisis. Sería una puerta. Detrás de esa puerta aparecería una cuestión mucho más exigente: ¿es Venezuela capaz de transformar una decisión monetaria en un proyecto nacional? Esta respuesta, y no el simple cambio de moneda, determinará si la reforma entrará en la historia como una medida de estabilización entre muchas otras o como el primer acto de un verdadero renacimiento económico e institucional.

LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE DONALD TRUMP: DE VENEZUELA A CHINA, DE IRÁN A LA OTAN, UNA POTENCIA ESTADOUNIDENSE QUE RECONFIGURA EL MUNDO

La eventual desaparición del bolívar no puede comprenderse plenamente sin situarla dentro de la transformación mucho más amplia de la política de poder estadounidense. Venezuela no es una isla económica aislada, ni constituye simplemente un episodio latinoamericano. Su trayectoria monetaria se encuentra ahora inmersa en un entorno internacional en el que Estados Unidos está redefiniendo sus prioridades, sus instrumentos de presión y sus relaciones tanto con sus aliados como con sus adversarios. La política de Donald Trump debe analizarse desde esta perspectiva más amplia: no corresponde únicamente a una sucesión de decisiones arancelarias, energéticas, diplomáticas o militares, sino a un intento de reconstruir una geografía del poder en la que Washington pretende reafirmar la centralidad de sus intereses económicos, industriales, energéticos y de seguridad. Esta transformación genera una consecuencia fundamental para Venezuela: el país podría verse obligado a elegir una nueva arquitectura económica precisamente en el momento en que el entorno internacional que lo rodea se vuelve más inestable, más transaccional y más competitivo.

El primer elemento de esta nueva geografía es el regreso de la lógica del poder económico como instrumento explícito de política exterior. Los aranceles ya no se presentan únicamente como instrumentos destinados a proteger determinados sectores estadounidenses. Se convierten en herramientas de negociación, presión y reorganización de las relaciones comerciales. La política arancelaria estadounidense hacia China ilustra esta evolución con particular intensidad. Washington busca reducir determinadas dependencias industriales, proteger sectores considerados estratégicos y presionar a Pekín para que acepte determinadas reglas comerciales. Pekín, por su parte, utiliza su peso industrial, su mercado interno, sus cadenas de suministro y sus capacidades tecnológicas para resistir esta presión. El conflicto comercial se convierte así en una competencia por determinar quién controlará las cadenas de valor del siglo XXI.

Esta competencia no puede separarse de la cuestión tecnológica. Los aranceles constituyen una dimensión visible de un enfrentamiento mucho más profundo que abarca los semiconductores, la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales, las baterías, los vehículos eléctricos, los minerales críticos y las capacidades industriales. El poder económico ya no depende únicamente de la capacidad de producir mucho; depende de la capacidad de controlar las tecnologías que permitirán producir mañana. Esta transformación explica por qué las relaciones sino estadounidenses se han vuelto tan sensibles. Las dos potencias no compiten únicamente por mercados. Compiten por una parte de las condiciones tecnológicas del próximo ciclo de crecimiento mundial.

En esta confrontación, Venezuela ocupa una posición singular debido a sus recursos energéticos. El país posee, según los datos internacionales utilizados habitualmente, las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su capacidad para transformar esta riqueza en influencia sigue estando fuertemente limitada por el estado de sus infraestructuras, las sanciones, las restricciones financieras y una producción muy inferior a su potencial. Una eventual dolarización podría ser interpretada en Washington no tanto como un simple cambio monetario, sino como un elemento de una posible normalización económica más amplia. Si Venezuela quiere atraer capital occidental, reconstruir su industria petrolera y reintegrarse a los circuitos financieros internacionales, necesariamente deberá tener en cuenta el entorno regulatorio estadounidense.

Esta situación explica también por qué Venezuela ya no puede analizarse únicamente a través de la relación Washington Caracas. Es necesario considerar simultáneamente sus relaciones con Pekín, Moscú, Teherán, Brasilia, Nueva Delhi, el Caribe y las instituciones financieras internacionales. La estrategia venezolana probablemente tendrá que buscar un equilibrio entre varios socios en lugar de elegir definitivamente un solo bando. Esta necesidad se vuelve aún mayor porque Estados Unidos también está siguiendo una política exterior más transaccional, en la que los intereses económicos y de seguridad están estrechamente vinculados.

Irán constituye, a este respecto, otro laboratorio de la nueva geografía estadounidense. La política de Washington hacia Teherán demuestra que las sanciones financieras, las restricciones comerciales y las presiones secundarias pueden utilizarse para intentar modificar el comportamiento de un Estado sin recurrir necesariamente de inmediato a una confrontación militar directa. Esta estrategia se apoya en el poder del sistema financiero estadounidense y en la importancia del dólar en los intercambios internacionales. Recuerda a Venezuela una realidad fundamental: la integración en el sistema financiero mundial ofrece ventajas considerables, pero también implica una exposición a las reglas y a los instrumentos de poder de los Estados que controlan parte de sus infraestructuras.

La relación con Irán también permite comprender por qué la diversificación monetaria defendida por algunos países emergentes ya no constituye simplemente un debate financiero. Se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional. Cuando las sanciones pueden limitar el acceso a bancos, seguros, mercados de capitales o infraestructuras de pago, la dependencia financiera se convierte en una vulnerabilidad estratégica. Los Estados que buscan reducir esa vulnerabilidad desarrollan mecanismos alternativos, pero la dificultad sigue siendo enorme: crear una infraestructura financiera internacional capaz de competir con la estadounidense requiere tiempo, capital, confianza y una profundidad de mercado que pocos países pueden ofrecer.

China dispone de mayores capacidades que la mayoría de las demás potencias. Posee una economía gigantesca, una base industrial excepcional, importantes reservas, empresas tecnológicas competitivas y una red comercial mundial. Puede, por tanto, desarrollar una estrategia de reducción progresiva de determinadas dependencias sin provocar una ruptura inmediata con el sistema dominado por el dólar. Pekín tampoco tiene un interés evidente en destruir abruptamente ese sistema. Una parte considerable de su poder comercial y financiero sigue integrada en los mercados mundiales. La estrategia china consiste más bien en crear opciones adicionales que en sustituir inmediatamente la arquitectura existente.

Esta matización permite comprender mejor la Belt and Road Initiative. La BRI ha sido presentada con frecuencia como un intento chino de crear un sistema económico mundial alternativo. Esta interpretación contiene una parte de verdad, pero sigue siendo demasiado simplificadora. La BRI ha permitido sobre todo a Pekín desarrollar corredores comerciales, infraestructuras, redes energéticas, puertos, ferrocarriles y relaciones financieras con un número considerable de países. Su eficacia varía considerablemente según los proyectos, los países y los períodos. Las dificultades financieras, las críticas medioambientales, los riesgos de endeudamiento y las reacciones políticas locales también han limitado algunas de sus ambiciones iniciales.

La evolución de la BRI es reveladora de una transformación más general. China ya no está interesada únicamente en construir grandes infraestructuras físicas. También busca desarrollar infraestructuras digitales, redes logísticas inteligentes, cadenas industriales y tecnologías capaces de fortalecer su influencia. El poder chino se desplaza progresivamente de los puertos y las carreteras hacia los datos, los estándares tecnológicos y las cadenas de valor. Este desplazamiento corresponde exactamente a la transformación del sistema internacional que Venezuela debe comprender ahora.

El relativo debilitamiento del proyecto BRICS también debe analizarse con matices. Sería excesivo hablar de colapso. El grupo sigue siendo importante y su ampliación ha fortalecido su peso demográfico y económico. Pero la ambición de construir rápidamente una alternativa coherente al sistema financiero dominado por el dólar sigue enfrentándose a una dificultad fundamental: sus miembros no comparten los mismos intereses geopolíticos, las mismas estructuras económicas ni los mismos objetivos monetarios. India, en particular, se resiste a inscribirse completamente en una lógica de confrontación con Washington. Los países del Golfo buscan mantener simultáneamente múltiples asociaciones. Brasil defiende su autonomía. China persigue sus propios intereses. Rusia sigue enfrentando las consecuencias de la guerra en Ucrania y de las sanciones occidentales.

India merece aquí una atención particular porque representa probablemente uno de los mejores ejemplos de la nueva estrategia de autonomía. Nueva Delhi mantiene relaciones estrechas con Washington mientras conserva vínculos importantes con Moscú, desarrolla sus relaciones con Europa, profundiza sus intercambios con los países del Golfo y continúa su integración con las economías asiáticas. Esta política no responde a indecisión. Corresponde a una estrategia consciente destinada a maximizar el margen de maniobra. India quiere convertirse en una potencia suficientemente importante como para no tener que elegir definitivamente entre las grandes arquitecturas en competencia.

Corea del Sur sigue una lógica diferente, pero igualmente reveladora. Su dependencia histórica de la alianza estadounidense continúa siendo fundamental para su seguridad, pero su economía está profundamente integrada en las cadenas industriales asiáticas y mundiales. Seúl busca, por tanto, preservar su alianza estratégica mientras defiende sus propios intereses industriales. Los semiconductores, las baterías, el automóvil, las tecnologías digitales y la construcción naval se han convertido en instrumentos del poder nacional. Corea del Sur demuestra así que un Estado puede depender militarmente de una alianza y, al mismo tiempo, desarrollar una considerable autonomía económica y tecnológica.

Esta distinción entre autonomía en materia de seguridad y autonomía económica resulta esencial para comprender la nueva geografía mundial. El siglo XXI ya no funciona según una lógica en la que la pertenencia a un bloque determina automáticamente todas las decisiones económicas. Los Estados buscan multiplicar sus opciones. Pueden depender de una potencia para su seguridad, de otra para su energía, de una tercera para sus tecnologías y de una cuarta para sus mercados. Esta fragmentación de las dependencias hace que las relaciones internacionales sean más complejas, pero también más flexibles.

Rusia constituye otra gran experiencia de esta transformación. La guerra en Ucrania ha modificado considerablemente su relación con Europa y Estados Unidos. Las sanciones han reducido o transformado determinados flujos económicos, mientras Moscú ha reforzado sus relaciones energéticas y comerciales con China, India y otros socios. Pero esta reorientación también ha revelado determinadas limitaciones. Rusia conserva una importante capacidad militar y energética, pero su base económica y tecnológica sigue siendo mucho más estrecha que la de Estados Unidos o China. La guerra también ha incrementado los costos humanos, financieros e industriales de esta estrategia.

El debilitamiento relativo de Rusia en determinadas dimensiones económicas y tecnológicas no significa su desaparición como potencia. Significa más bien que su modelo de poder enfrenta nuevos límites. En un mundo en el que las tecnologías avanzadas, los semiconductores, el software, los capitales y las cadenas logísticas se vuelven tan importantes como los recursos militares tradicionales, una potencia que no domina suficientemente estos ámbitos puede conservar una elevada capacidad de coerción y, al mismo tiempo, perder progresivamente determinadas capacidades de transformación económica. Esta evolución debe ser observada atentamente por Venezuela, que ha mantenido relaciones estratégicas con Moscú.

La relación con Cuba proporciona otro ejemplo de esta transformación. Durante mucho tiempo, Cuba constituyó uno de los símbolos más persistentes de la confrontación ideológica del siglo XX en el hemisferio occidental. Sin embargo, la nueva realidad internacional impulsa incluso a los actores más vinculados a su herencia histórica a buscar espacios de pragmatismo. La evolución de las relaciones entre Washington y determinados gobiernos de la región debe observarse, por tanto, menos desde las antiguas categorías ideológicas y más desde los intereses concretos: migración, seguridad, energía, comercio, lucha contra el tráfico ilícito, cooperación humanitaria y estabilidad regional.

Esta transformación es especialmente importante para el Caribe. La región se encuentra en la intersección de varias potencias: Estados Unidos, China, Europa, India, Canadá y las potencias latinoamericanas. Los pequeños Estados caribeños disponen de recursos limitados, pero de una posición geográfica considerable. Pueden convertirse en plataformas logísticas, energéticas, turísticas y digitales. Su vulnerabilidad climática y su dependencia externa siguen siendo elevadas, pero su importancia geopolítica aumenta a medida que las rutas marítimas, las infraestructuras digitales y los corredores energéticos adquieren un carácter más estratégico.

Venezuela pertenece a este espacio caribeño y, al mismo tiempo, es profundamente latinoamericana. Esta doble pertenencia le otorga una posición particular. Puede desempeñar un papel en las redes energéticas de la región, en los intercambios con las Antillas, en la seguridad marítima, en las relaciones con Colombia y Brasil y en los debates sobre la cooperación latinoamericana. Una estabilización económica podría, por tanto, producir efectos regionales mucho mayores que los que pueden medirse únicamente mediante las estadísticas venezolanas.

La política estadounidense hacia la OTAN también debe integrarse en este análisis. La transformación de las relaciones transatlánticas revela otra dimensión de la estrategia de Trump: su voluntad de impulsar a los aliados europeos a aumentar su contribución a su propia seguridad y reducir determinados desequilibrios económicos y militares. Este enfoque puede provocar tensiones, pero también refleja una transformación estructural del orden occidental. Los Estados europeos se ven obligados a reflexionar más profundamente sobre su autonomía estratégica, su producción militar, sus cadenas de suministro y su capacidad energética.

Esta evolución europea puede tener consecuencias indirectas para América Latina. Una Europa más preocupada por su seguridad, defensa y competitividad industrial también buscará fortalecer sus relaciones comerciales y energéticas con otras regiones. América Latina podría convertirse en un espacio más importante para las inversiones, los minerales críticos, los productos agrícolas y determinadas cadenas industriales. Venezuela podría beneficiarse teóricamente de esta evolución, pero solo si es capaz de ofrecer un entorno político y jurídico suficientemente previsible.

La gran transformación reside, por tanto, en el paso de un mundo organizado alrededor de la globalización relativamente abierta de las décadas de 1990 y 2000 hacia un mundo de globalización estratégica. Los intercambios internacionales no desaparecen. Se vuelven más selectivos. Los gobiernos buscan asegurar determinadas cadenas de suministro, proteger sus tecnologías, controlar infraestructuras críticas y reducir las dependencias consideradas peligrosas. Esta nueva globalización es más política que la anterior.

Es en este contexto donde la política arancelaria estadounidense adquiere su verdadera dimensión. Los aranceles no constituyen únicamente un instrumento proteccionista. Pueden utilizarse para desplazar inversiones, modificar cadenas de producción, negociar acuerdos y ejercer presión política. Pero su eficacia también depende de sus costos. Aranceles demasiado elevados pueden aumentar los precios, perturbar a las empresas estadounidenses y provocar represalias. La política comercial se convierte, por tanto, en un ejercicio de equilibrio entre presión exterior y costo interno.

Para Venezuela, esta situación genera simultáneamente una oportunidad y un riesgo. La oportunidad reside en la posibilidad de convertirse en un proveedor energético más importante para un mercado estadounidense que busca asegurar determinadas fuentes de suministro. El riesgo reside en una dependencia excesiva de un único mercado. Una estrategia racional debería, por tanto, buscar reconstruir las exportaciones hacia Estados Unidos al mismo tiempo que desarrolla relaciones con Europa, Asia y América Latina. La diversificación geográfica de las exportaciones sería tan importante como la diversificación de los sectores productivos.

Esta estrategia presupone, sin embargo, que Venezuela sea capaz de reconstruir rápidamente su capacidad productiva. Las reservas petroleras no son suficientes. Se necesitan capitales, equipos, ingenieros, infraestructuras de transporte, servicios financieros y un marco jurídico estable. El sector energético podría convertirse en el motor de la reconstrucción, pero solo si se integra en una política industrial más amplia. La cuestión central sería cómo transformar cada dólar de ingreso energético en capacidades futuras.

Aquí la comparación con China resulta particularmente instructiva. Pekín utilizó los ingresos de su crecimiento para construir infraestructuras, desarrollar universidades, financiar investigación, apoyar la industria y crear cadenas de valor. Venezuela evidentemente no puede reproducir ese modelo de manera idéntica. Pero puede extraer una lección fundamental: la renta solo se convierte en poder duradero cuando se transforma en capacidades productivas. Consumir la renta crea una prosperidad temporal. Invertir la renta en capacidades crea poder intergeneracional.

India ofrece otra lección: la importancia de la demografía solo se convierte en una ventaja cuando se desarrolla el capital humano. Una población joven sin educación de calidad puede convertirse en una vulnerabilidad. Una población joven dotada de capacidades digitales, científicas y empresariales puede convertirse en un motor de crecimiento. Venezuela dispone de una población importante y de una diáspora cualificada. Su prioridad debería ser, por tanto, transformar esta base humana en una ventaja estratégica.

Corea del Sur demuestra, por su parte, que un país relativamente limitado en recursos naturales puede convertirse en una potencia industrial y tecnológica mediante grandes inversiones en educación, infraestructuras y empresas exportadoras. Una vez más, no se trata de copiar un modelo, sino de comprender el principio. La soberanía económica del siglo XXI depende cada vez más de la capacidad de producir bienes y conocimientos que otros países desean comprar.

Venezuela tendrá, por tanto, que superar el viejo debate entre nacionalismo económico y apertura internacional. No puede desarrollarse sin comercio exterior, pero tampoco puede limitarse a exportar materias primas. Debe utilizar la apertura para ascender en las cadenas de valor. Esta estrategia podría abarcar la petroquímica, los servicios energéticos, la agricultura transformada, las tecnologías ambientales, la logística, los servicios digitales y determinadas actividades vinculadas a minerales estratégicos.

Esta transformación exigiría una nueva relación con China. Pekín podría convertirse en un socio importante para las infraestructuras y determinadas tecnologías, pero Caracas debería evitar sustituir una dependencia por otra. Una estrategia equilibrada consistiría en atraer inversiones chinas mientras mantiene relaciones con Estados Unidos, Europa, Brasil, India y otros socios. Venezuela tendría así una mayor capacidad para negociar las condiciones de las inversiones y evitar que un solo actor domine sus infraestructuras estratégicas.

La misma prudencia debería orientar las relaciones con Washington. Una eventual dolarización podría facilitar determinados intercambios y reforzar la confianza financiera, pero no debería convertirse en sinónimo de dependencia política. Venezuela podría buscar una normalización pragmática con Estados Unidos y, al mismo tiempo, conservar una política exterior autónoma. Esta combinación sería probablemente más realista que el retorno a una confrontación ideológica permanente.

La nueva geografía de Trump hace que esta estrategia sea a la vez más difícil y más necesaria. Washington parece querer utilizar en mayor medida sus instrumentos económicos para obtener resultados políticos. Los socios que sepan negociar sus intereses podrán aprovechar esta dinámica. Aquellos que entren en una lógica de confrontación absoluta estarán más expuestos a los costos de la asimetría de poder. Para Caracas, la mejor estrategia podría ser, por tanto, una diplomacia de la transacción inteligente: aceptar los intereses legítimos de las demás potencias mientras protege claramente los propios.

Esta aproximación exige, sin embargo, una condición previa: credibilidad. Un Estado no puede negociar eficazmente si sus interlocutores no creen que sus compromisos serán respetados. La reforma monetaria podría contribuir a esa credibilidad si se acompaña de una reforma institucional más amplia. Venezuela podría entonces transformar su estabilización financiera en capital diplomático. Inversores, bancos, gobiernos y empresas comenzarían a considerar al país como un socio económico en lugar de un riesgo permanente.

Probablemente aquí reside la verdadera importancia de la eventual desaparición del bolívar dentro de la nueva geografía mundial. El cambio monetario podría convertirse en la primera señal visible de una transformación más profunda de Venezuela. Ya no se trataría únicamente de restaurar la estabilidad de los precios. Se trataría de reposicionar al país dentro de un sistema internacional en el que las fronteras ideológicas del siglo XX ceden progresivamente el paso a redes de dependencias cruzadas.

Venezuela podría convertirse entonces en un caso de estudio de la transición hacia este nuevo orden. Su elección monetaria revelaría una realidad que muchos otros países deberán afrontar pronto: la soberanía del siglo XXI no consiste en ser completamente independiente, objetivo prácticamente imposible en una economía mundial interconectada, sino en disponer de suficientes opciones para no depender por completo de un único actor.

Esta nueva concepción de la soberanía exige una política exterior multidimensional. Washington será importante, pero Pekín también lo será. Europa podrá aportar capital y tecnologías. India representará un mercado energético de primer orden. Brasil será un socio regional inevitable. El Caribe ofrecerá oportunidades logísticas y comerciales. Las instituciones internacionales podrán proporcionar mecanismos de financiación y credibilidad. La diáspora podrá aportar capital humano y financiero. La verdadera ventaja estratégica de Venezuela podría residir precisamente en su capacidad para conectar estos diferentes espacios.

Pero esta estrategia solo podrá funcionar si Caracas acepta una verdad fundamental: en el mundo que viene, el poder ya no se mide únicamente por la capacidad de decir no. Se mide por la capacidad de proponer algo que los demás tengan interés en aceptar.

Venezuela todavía posee cartas importantes. Su energía, su geografía, su población, sus recursos naturales, su acceso marítimo y su diáspora constituyen activos considerables. Lo que le falta principalmente es la capacidad institucional para transformarlos en poder sostenible. Una eventual dolarización podría proporcionar un primer ancla. Pero la verdadera reconstrucción deberá producirse en otros ámbitos: educación, tecnología, industria, justicia, infraestructuras, energía y confianza.

La nueva geografía de Trump no condena necesariamente a Venezuela a elegir entre Washington y Pekín, del mismo modo que tampoco garantiza automáticamente su reintegración económica. Crea un entorno en el que la calidad de la estrategia nacional se vuelve determinante. Una Venezuela estabilizada, previsible y pragmática podría convertirse en un socio buscado por varias potencias. Una Venezuela incapaz de resolver sus contradicciones internas seguiría siendo vulnerable a las presiones externas, independientemente de la moneda utilizada.

La gran pregunta, por tanto, ya no es únicamente la del dólar frente al bolívar. Se convierte en la cuestión de la capacidad de un Estado para navegar en un mundo donde las alianzas son menos absolutas, los intercambios están más politizados, las tecnologías son más estratégicas y las dependencias son más complejas. Es en esta nueva geografía donde se decidirá, en última instancia, el lugar de Venezuela en el siglo XXI.

EL SUR GLOBAL ANTE EL DESAFÍO DEL NUEVO PODER:

TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DEPENDENCIAS Y EL RIESGO DE UNA NUEVA FRACTURA CIVILIZATORIA

La cuestión venezolana adquiere una dimensión aún mayor cuando se la sitúa en el contexto del Sur Global. La crisis del bolívar, la eventual adopción del dólar y el reposicionamiento internacional de Caracas no constituyen únicamente un problema nacional. Ilustran una dificultad que afecta actualmente a una gran parte de los Estados de África, América Latina, el Caribe, Oriente Medio y Asia: ¿cómo preservar una capacidad nacional de decisión en un mundo donde los principales determinantes del poder se desplazan rápidamente hacia la tecnología, los datos, la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales, los semiconductores, la capacidad de cómputo, los sistemas financieros y las cadenas mundiales de valor? La gran paradoja del siglo XXI es que los Estados del Sur suelen disponer de plena soberanía jurídica, importantes recursos naturales, una población joven y un considerable peso demográfico, pero siguen estando muy alejados de los centros donde actualmente se concentra una parte esencial del poder tecnológico y financiero. La brecha que se perfila ya no es, por tanto, simplemente la que antiguamente separaba a los países industrializados de los países pobres. Progresivamente, enfrenta a las sociedades capaces de producir las infraestructuras y las tecnologías de la nueva economía con aquellas que todavía deben importarlas para poder participar en ella.

Esta transformación obliga a revisar las antiguas clasificaciones del desarrollo. Durante gran parte del siglo XX, la riqueza nacional estaba asociada principalmente a la industrialización, la acumulación de capital, el acceso a los recursos naturales, la educación y las infraestructuras físicas. Estos factores siguen siendo esenciales, pero ahora se complementan con una nueva capa de capacidades que puede modificar profundamente la jerarquía internacional. El dominio de los datos, los algoritmos, las redes de telecomunicaciones, los centros de datos, los sistemas de ciberseguridad, las tecnologías de cómputo y los semiconductores se vuelve progresivamente tan estratégico como la posesión de petróleo, gas o minerales. Una economía puede disponer de inmensos recursos naturales y seguir siendo vulnerable si no domina las tecnologías necesarias para explotarlos, transformarlos e integrarlos en cadenas de valor de alto valor añadido.

Venezuela constituye precisamente un ejemplo particularmente revelador de esta contradicción. El país posee una riqueza energética excepcional, pero esa riqueza no ha impedido el colapso de su capacidad económica. La cuestión fundamental ya no consiste, por tanto, en saber si Venezuela posee suficientes recursos. Se trata de determinar si dispone de las instituciones, las competencias, los capitales y las tecnologías necesarias para transformar esos recursos en poder económico sostenible. Esta distinción es esencial porque permite comprender por qué una simple estabilización monetaria, incluso si tuviera éxito, solo podría representar una primera etapa. El verdadero desafío comenzaría después de la estabilización: transformar una economía que durante mucho tiempo ha dependido de la renta en una economía capaz de producir, innovar, exportar y aprender.

El mismo problema aparece en numerosos países del Sur Global. Las economías exportadoras de petróleo pueden disponer de ingresos considerables y, al mismo tiempo, importar una gran parte de sus tecnologías. Los países mineros pueden exportar litio, cobre, cobalto o níquel mientras importan las baterías, los equipos industriales y los sistemas digitales que permiten transformar esos recursos en productos de alto valor añadido. Los países agrícolas pueden producir grandes volúmenes de materias primas y seguir dependiendo de tecnologías extranjeras para las semillas, la transformación, la logística, el riego, la conservación y la comercialización. La posesión de un recurso ya no equivale, por tanto, al dominio de la cadena de valor.

Esta realidad modifica profundamente el concepto de dependencia. En las antiguas relaciones de dependencia, la dominación podía ser relativamente visible: control de un territorio, presencia militar, monopolio comercial, dominio político o control directo de los recursos. En la economía digital, la dependencia puede ser mucho menos visible. Puede residir en el sistema operativo de un dispositivo, el proveedor de un servicio de nube, el software utilizado por una administración, los componentes de una red de telecomunicaciones, los procesadores de un centro de datos o las infraestructuras financieras que permiten transferir capitales. El usuario final puede no ver nunca la infraestructura de la que depende su actividad. Sin embargo, quien controla esa infraestructura posee una considerable capacidad de influencia.

La inteligencia artificial acentúa aún más esta asimetría. No representa simplemente una nueva generación de software. Está comenzando a convertirse en una capa transversal de la economía mundial, comparable por su potencial de transformación con la electricidad, las telecomunicaciones o Internet. Puede modificar la productividad del trabajo intelectual, acelerar la investigación científica, automatizar determinadas funciones administrativas, transformar la medicina, mejorar la gestión industrial, optimizar el transporte y crear nuevos mercados. Pero su desarrollo requiere recursos que no todos los países poseen a la misma escala: capacidad de cómputo, centros de datos, energía abundante y fiable, infraestructuras de comunicación, capitales, ingenieros, investigadores, datos de calidad y ecosistemas empresariales.

El riesgo es, por tanto, que aparezca una nueva forma de brecha entre los países que producen sistemas de inteligencia artificial y aquellos que solo pueden utilizarlos. Una brecha de este tipo sería mucho más profunda que una simple diferencia de acceso a una tecnología. Podría influir en la productividad nacional, la competitividad industrial, la calidad de la educación, la eficiencia administrativa, la investigación científica e incluso la capacidad militar. Los países que dominen los sistemas de inteligencia artificial podrán acelerar simultáneamente su desarrollo en múltiples ámbitos, mientras que aquellos que permanezcan únicamente como consumidores podrían ver aumentar su dependencia.

El problema es especialmente grave para los países cuyos sistemas educativos no están suficientemente preparados. La inteligencia artificial no elimina la necesidad de educación; por el contrario, aumenta el valor de las competencias capaces de utilizarla correctamente. Una sociedad que no disponga de un nivel suficiente de formación científica, matemática, lingüística y digital corre el riesgo de depender no solo de tecnologías extranjeras, sino también de los conocimientos producidos por esas tecnologías. El desafío para el Sur Global consiste, por tanto, en no convertirse simplemente en un mercado para inteligencias artificiales diseñadas en otros lugares.

Esta cuestión debería ocupar un lugar central en la reconstrucción venezolana. Una parte de la diáspora del país está compuesta por profesionales cualificados que actualmente viven en economías tecnológicamente avanzadas. Venezuela podría intentar transformar esta dispersión en una red de competencias. No sería necesario pedir a todos los profesionales expatriados que regresaran definitivamente. Sería más realista crear mecanismos que permitieran que sus conocimientos circularan. Un ingeniero establecido en Madrid podría participar en un proyecto venezolano sin abandonar su empleo. Un investigador radicado en Toronto podría colaborar con una universidad de Caracas. Un emprendedor que viva en Miami podría invertir en una empresa digital local. Un equipo de desarrolladores distribuido entre varios países podría trabajar para una empresa registrada en Venezuela. La diáspora se convertiría entonces en una infraestructura humana transnacional.

Esta concepción rompe con la antigua visión de la migración como pérdida definitiva de capital humano. En una economía digital, la movilidad también puede convertirse en una forma de circulación de competencias. El problema ya no consiste únicamente en conseguir que las personas regresen físicamente; consiste en crear las condiciones que permitan que el conocimiento regrese, incluso cuando los individuos permanezcan geográficamente dispersos. Esta distinción podría resultar fundamental para Venezuela y para numerosos países del Sur Global afectados por la emigración de sus jóvenes graduados.

Pero el capital humano no es suficiente. También se necesita energía. La inteligencia artificial y las infraestructuras digitales requieren cantidades crecientes de electricidad. Los centros de datos, las redes y los equipos de cómputo dependen de un suministro energético estable y competitivo. Esta realidad devuelve una importancia estratégica a los países que disponen de abundantes recursos energéticos, pero también modifica la naturaleza de esa importancia. El petróleo ya no constituye el único recurso estratégico. El gas, la energía hidroeléctrica, la solar, la eólica, la nuclear y las redes eléctricas también se vuelven esenciales para la economía digital.

Venezuela podría así transformar su ventaja energética en una ventaja digital, pero solo si invierte en sus infraestructuras. Disponer de petróleo bajo tierra no permite automáticamente alimentar un centro de datos. Es necesario producir electricidad, modernizar las redes, garantizar la continuidad del servicio, proteger las comunicaciones y disponer de conexiones internacionales suficientemente rápidas. La transición hacia la economía digital comienza, paradójicamente, con infraestructuras muy físicas. La nube es inmaterial para el usuario, pero depende de edificios, cables, centrales eléctricas, transformadores, sistemas de refrigeración y redes extremadamente materiales.

Esta realidad permite comprender por qué la soberanía digital no puede construirse únicamente mediante aplicaciones nacionales. Requiere una arquitectura completa. Los Estados deben conocer sus dependencias tecnológicas, identificar las infraestructuras críticas, proteger sus redes y formar a los especialistas capaces de mantener sus sistemas. También deben evitar dos errores opuestos: creer que pueden producirlo todo por sí mismos o aceptar una dependencia total respecto de unos pocos proveedores extranjeros. La primera opción suele ser económicamente irrealista; la segunda es estratégicamente peligrosa. La vía más razonable consiste en construir capacidades nacionales en los ámbitos críticos mientras se diversifican los proveedores y las alianzas.

Esta lógica conecta directamente con la cuestión monetaria. La dolarización podría reducir una vulnerabilidad específica de Venezuela al eliminar el riesgo asociado al colapso de su propia moneda, pero no resolvería ninguna de las dependencias tecnológicas del país. Venezuela podría utilizar el dólar y seguir dependiendo de software extranjero. Podría estabilizar su sistema bancario y continuar dependiendo de tecnologías importadas. Podría restablecer sus exportaciones petroleras y, al mismo tiempo, importar prácticamente todos los equipos necesarios para su transformación. La soberanía monetaria representa, por tanto, solo una parte de una arquitectura mucho más amplia.

Aquí es necesario introducir una distinción entre soberanía de posesión y soberanía de capacidad. La primera consiste en poseer jurídicamente un activo, un recurso o una institución. La segunda consiste en poder utilizarlo realmente de manera autónoma y eficaz. Un país puede poseer una compañía petrolera nacional sin disponer de la tecnología necesaria para mantener su producción. Puede poseer un banco central sin poder garantizar la estabilidad de su moneda. Puede poseer universidades sin disponer de laboratorios capaces de participar en la investigación mundial. Puede poseer tierras agrícolas sin dominar la cadena logística que permita transformar su producción en exportaciones competitivas.

La segunda forma de soberanía es la que se vuelve determinante en el siglo XXI. Requiere instituciones capaces de aprender y adaptarse. También exige una cultura política diferente. Los Estados deberán aceptar que el desarrollo no es un proyecto que pueda darse por terminado de una vez y para siempre. Las tecnologías evolucionan rápidamente, los mercados cambian, las cadenas de suministro se desplazan y las competencias quedan obsoletas. Una política nacional eficaz deberá, por tanto, ser capaz de revisar periódicamente sus prioridades.

Esta exigencia es especialmente importante para el Sur Global porque los recursos financieros suelen ser más limitados. Un país rico puede invertir simultáneamente en varias tecnologías y absorber determinados fracasos. Un país pobre o muy endeudado debe elegir. Por ello, debe identificar los ámbitos en los que realmente puede construir una ventaja. Venezuela probablemente no podrá convertirse en líder mundial en todas las tecnologías. Pero podría intentar ser competitiva en determinados ámbitos relacionados con sus ventajas naturales y humanas: energía, agricultura tropical, gestión del agua, clima, logística, geociencias, tecnologías petroleras, servicios digitales, ciberseguridad y determinadas aplicaciones de inteligencia artificial.

Esta estrategia de especialización inteligente sería más realista que una ambición general de alcanzar tecnológicamente a las grandes potencias. Los países que logran transformarse con éxito no necesariamente intentan reproducir todas las etapas seguidas por las grandes potencias. Identifican nichos en los que pueden volverse indispensables. Corea del Sur lo hizo con los semiconductores y varios sectores industriales. India lo hizo en los servicios informáticos y determinados sectores farmacéuticos. Los Emiratos Árabes Unidos utilizaron su poder financiero y energético para construir infraestructuras logísticas y digitales. Singapur transformó su geografía en una ventaja logística, financiera y tecnológica. Estas trayectorias son diferentes, pero todas se apoyan en un mismo principio: convertir una ventaja inicial en una capacidad duradera.

Venezuela dispone de una ventaja inicial particularmente poderosa: la energía. Pero debe evitar repetir el error histórico de confundir abundancia con desarrollo. La abundancia crea una posibilidad. La transformación institucional crea riqueza. Esta diferencia es fundamental. Un recurso natural puede extraerse y venderse durante varias décadas sin crear una economía compleja. Una política industrial coherente puede utilizar los ingresos de ese recurso para desarrollar empresas, universidades, infraestructuras y tecnologías capaces de generar nuevas fuentes de riqueza.

La cuestión del petróleo se vuelve así inseparable de la inteligencia artificial. La asociación puede parecer paradójica, pero es estratégica. Los sistemas de IA necesitan energía. Las economías productoras de energía pueden disponer, por tanto, de una ventaja importante si invierten en infraestructuras digitales. Venezuela podría, en teoría, utilizar una parte de sus ingresos energéticos para desarrollar centros de datos, redes eléctricas modernas, programas universitarios y empresas tecnológicas. Podría intentar convertirse no solo en exportador de hidrocarburos, sino también en proveedor de energía competitiva para la economía digital.

Una transformación de este tipo exigiría, sin embargo, una estabilidad política y jurídica que el país no siempre ha conocido. Los inversores en infraestructuras digitales toman decisiones para varias décadas. No pueden invertir masivamente en un país donde las reglas fundamentales pueden cambiar bruscamente. La reforma monetaria, si se adopta, debería ir acompañada de una política de estabilidad institucional suficientemente creíble para tranquilizar a los inversores a largo plazo. La moneda podría constituir el ancla inicial; el Estado de derecho debería constituir el ancla duradera.

Esta relación entre moneda, instituciones y tecnología permite comprender por qué la experiencia venezolana puede trascender el marco latinoamericano. El país podría convertirse en un laboratorio de una cuestión que se planteará a numerosos Estados: ¿deben preservarse todos los instrumentos tradicionales de soberanía incluso cuando ya no funcionan, o aceptar la modificación de determinados instrumentos para concentrar los recursos en las capacidades que realmente determinarán el poder futuro? La respuesta no será idéntica en todas partes. Pero la pregunta se vuelve inevitable.

Sin embargo, sería peligroso presentar esta transformación como una fatalidad tecnológica. La inteligencia artificial no constituye una fuerza autónoma que determine mecánicamente el futuro de las sociedades. Las decisiones políticas, las instituciones, la educación y los valores sociales seguirán desempeñando un papel central. Una tecnología puede aumentar la productividad y, al mismo tiempo, agravar las desigualdades. Puede mejorar los servicios públicos y reforzar la vigilancia. Puede facilitar la educación y debilitar determinadas competencias si se utiliza mal. Puede democratizar el acceso al conocimiento y, al mismo tiempo, concentrar el poder económico en unas pocas empresas.

El Sur Global deberá evitar, por tanto, dos actitudes igualmente peligrosas: el rechazo romántico de la tecnología y la admiración ingenua por ella. El objetivo debería ser el dominio. Es necesario comprender los sistemas, medir sus consecuencias, construir capacidades nacionales y establecer normas que permitan proteger a los ciudadanos. La inteligencia artificial no debe convertirse en una nueva religión del desarrollo. Debe ser un instrumento de desarrollo.

Este enfoque es especialmente importante en la educación. Los sistemas educativos deberán evolucionar desde un modelo basado principalmente en la memorización hacia otro que valore más el razonamiento, la creatividad, la capacidad de verificar información, la resolución de problemas y la colaboración con herramientas digitales. Esto no significa que los conocimientos fundamentales sean inútiles. Al contrario, se vuelven más importantes porque una persona que no posea las bases necesarias tendrá muchas más dificultades para evaluar correctamente las respuestas producidas por una máquina.

La formación en inteligencia artificial debería comenzar, por tanto, con la formación de la inteligencia humana. Un país que quiera alcanzar soberanía tecnológica debe contar primero con ciudadanos capaces de comprender las tecnologías que utilizan. Esta evidencia suele olvidarse en los debates políticos en los que se habla de centros de datos y modelos de IA sin hablar suficientemente de los docentes, las universidades, los investigadores y los estudiantes que deberán utilizarlos.

Venezuela posee aquí un recurso considerable: una población joven y una importante diáspora intelectual. El desafío consiste en reconectar ambas dimensiones. Una estrategia nacional podría crear programas que permitieran a las universidades extranjeras donde trabajan venezolanos cooperar directamente con las universidades del país. Podrían crearse laboratorios conjuntos en los ámbitos de la energía, la inteligencia artificial, la agricultura y la medicina. Los investigadores expatriados podrían participar en programas sin necesidad de regresar definitivamente. Los estudiantes podrían beneficiarse de formación internacional y posteriormente ser alentados a contribuir al desarrollo nacional.

Esta lógica también podría aplicarse al emprendimiento. Una nueva generación de emprendedores venezolanos podría crear empresas cuyos mercados fueran internacionales desde el principio. El entorno digital permite actualmente que una pequeña empresa situada en Caracas, Maracaibo o Valencia venda servicios a clientes ubicados en Miami, Madrid, Bogotá o São Paulo. El principal obstáculo ya no es únicamente la distancia. Está constituido por la fiabilidad de las infraestructuras, la regulación, el acceso al financiamiento y la capacidad de integrarse en las redes internacionales.

La dolarización podría facilitar algunas de estas transacciones al reducir el riesgo cambiario. Pero esta facilidad no debe sobreestimarse. Una empresa digital necesita electricidad, Internet, competencias, sistemas de pago fiables, protección jurídica y acceso a los mercados. La moneda es solo un elemento del ecosistema. Una política pública inteligente debería, por tanto, utilizar la estabilización monetaria como palanca para construir los demás componentes.

El mismo razonamiento se aplica a la agricultura. Venezuela posee un importante potencial agrícola, pero la productividad depende de la logística, el riego, las cadenas de frío, el financiamiento y las tecnologías. La inteligencia artificial podría contribuir a prever rendimientos, optimizar el riego, identificar determinadas enfermedades de los cultivos y mejorar la gestión de inventarios. Pero estas aplicaciones solo producirán resultados si los agricultores disponen de redes, electricidad, equipamiento y acceso fiable a los mercados.

La transformación digital debe, por tanto, concebirse como una transformación territorial. No basta con crear algunos polos tecnológicos en las grandes ciudades. La nueva economía debe llegar progresivamente a las regiones. De lo contrario, corre el riesgo de crear una nueva brecha entre una pequeña población urbana conectada a las redes internacionales y una mayoría de ciudadanos que permanezca al margen. Venezuela habría estabilizado entonces su economía sin resolver su problema de desarrollo.

Esta cuestión territorial también es importante para la cohesión política. Los Estados que logran transformar su economía tecnológicamente son aquellos que consiguen evitar que las ganancias de productividad se concentren en unas pocas regiones. Las infraestructuras digitales deben considerarse, por tanto, infraestructuras públicas fundamentales, al mismo nivel que las carreteras, los puertos, la electricidad y el agua. El acceso digital se convierte progresivamente en una condición para la participación económica.

La cuestión de la soberanía tecnológica tampoco debe confundirse con la autarquía digital. Ningún país puede producir razonablemente por sí solo todos los componentes de la economía digital contemporánea. Incluso las grandes potencias dependen de cadenas internacionales. China depende de determinadas tecnologías extranjeras, Estados Unidos depende de proveedores asiáticos, Europa depende de varios socios y los países emergentes dependen del conjunto de este ecosistema. La soberanía realista consiste, por tanto, en reducir las dependencias críticas y disponer de alternativas, no en eliminar todas las dependencias.

Esta idea conecta directamente con la nueva geografía de las potencias. Los Estados buscan ahora construir cadenas de suministro más resilientes, diversificar sus proveedores y controlar sectores estratégicos. Estados Unidos quiere fortalecer su industria tecnológica y reducir determinadas dependencias respecto de China. China busca reforzar su autonomía tecnológica. Europa habla de soberanía estratégica. India desarrolla su capacidad industrial y digital. Los países del Golfo invierten en inteligencia artificial e infraestructuras digitales. La competencia mundial ya no es únicamente comercial; se convierte en una competencia por la autonomía de las capacidades.

El Sur Global debe tomar esta evolución en serio. Existe un riesgo real de que los países en desarrollo se conviertan en consumidores de tecnologías diseñadas en otros lugares, proveedores de los recursos necesarios para producirlas y mercados donde estas tecnologías sean desplegadas. Una configuración de este tipo reproduciría, bajo una forma tecnológicamente nueva, determinadas estructuras históricas de dependencia. La diferencia sería que las infraestructuras de dominación serían digitales en lugar de territoriales.

Para evitar esta nueva dependencia, los Estados deben desarrollar una política industrial adaptada al siglo XXI. Esto no significa necesariamente proteger a todas las empresas nacionales frente a la competencia. Significa identificar los sectores estratégicos en los que un mínimo de capacidad nacional resulta indispensable. La energía, las telecomunicaciones, los datos públicos, la ciberseguridad, las infraestructuras financieras y determinadas tecnologías críticas deberían recibir una atención especial. Las alianzas extranjeras siguen siendo indispensables, pero deben contribuir a la construcción de capacidades locales.

Venezuela podría así utilizar las inversiones extranjeras como instrumentos de transferencia de competencias. Cada gran proyecto energético o digital debería incluir idealmente mecanismos de formación, investigación local, participación de empresas nacionales y desarrollo de proveedores locales. El objetivo sería conseguir que el capital extranjero aumente progresivamente la capacidad nacional en lugar de limitarse a explotar los recursos nacionales.

Este enfoque exige una nueva generación de funcionarios y negociadores. Los contratos tecnológicos suelen ser más complejos que los antiguos contratos de explotación de materias primas. Incluyen cuestiones de propiedad intelectual, datos, ciberseguridad, mantenimiento, actualizaciones, normas y derechos de uso. Un Estado que no posea las competencias necesarias puede firmar acuerdos cuyas implicaciones a largo plazo no comprenda plenamente. La formación de la administración se convierte así en una cuestión de soberanía.

El mismo problema existe en el ámbito financiero. La dolarización podría simplificar determinadas operaciones, pero Venezuela deberá comprender los complejos mecanismos de los mercados internacionales, el cumplimiento bancario, la lucha contra el blanqueo de capitales, las sanciones y las inversiones transfronterizas. Una economía integrada no puede gestionarse con los reflejos administrativos de una economía aislada. Requiere instituciones capaces de dialogar con los grandes bancos, los inversores y los organismos internacionales.

Esta transformación institucional podría constituir uno de los mayores desafíos del país. Reconstruir una moneda es relativamente sencillo desde el punto de vista técnico. Reconstruir la confianza requiere mucho más tiempo. Reconstruir una administración capaz de funcionar en una economía mundial compleja requiere todavía más. Venezuela tendrá, por tanto, que pensar en términos de generaciones y no de mandatos políticos. Las grandes transformaciones tecnológicas, educativas e institucionales producen resultados a lo largo de diez, veinte o treinta años.

Esta perspectiva de largo plazo es precisamente lo que a menudo falta en los debates políticos contemporáneos. Los gobiernos buscan resultados rápidos porque los electores evalúan las políticas en períodos cortos. Pero las infraestructuras, la educación y la tecnología funcionan según ciclos mucho más largos. La reconstrucción venezolana deberá, por tanto, establecer una continuidad estratégica más allá de las alternancias políticas. Sin esa continuidad, cada gobierno corre el riesgo de destruir una parte de lo que el anterior había construido.

La reforma monetaria podría precisamente servir como punto de partida para un nuevo pacto nacional. Una reforma tan importante no debería considerarse el proyecto de una sola corriente política. Debería ir acompañada de un debate nacional sobre las instituciones, la protección social, la tecnología, la energía y la educación. El verdadero objetivo sería construir un consenso mínimo sobre las capacidades que Venezuela quiere poseer en 2035, 2040 y 2050.

Un enfoque de este tipo permitiría superar el antiguo enfrentamiento ideológico. La cuestión ya no sería determinar si Venezuela pertenece a la izquierda o a la derecha, al campo estadounidense o al chino, al capitalismo o al socialismo. La cuestión sería determinar qué instituciones y qué capacidades permiten a los venezolanos vivir mejor, producir más, proteger sus libertades y negociar con el resto del mundo desde una posición más sólida.

Esta transformación del lenguaje político es fundamental. Las nuevas generaciones no pueden estar condenadas a revivir indefinidamente los conflictos ideológicos del siglo anterior. Deben poder construir una política adaptada a sus propias realidades. Esto no significa borrar la historia. Significa aprender de ella sin quedar prisioneros de sus categorías. La memoria nacional debe permanecer viva, pero no debe impedir que la sociedad imagine su futuro.

El eventual abandono del bolívar podría adquirir así un valor simbólico inesperado. Podría representar el momento en que un país reconoce que determinados instrumentos heredados del pasado ya no funcionan y que debe inventar otros. Pero esta ruptura solo será históricamente positiva si va acompañada de una nueva ambición nacional. Sustituir una moneda sin cambiar el modelo de desarrollo equivaldría a cambiar la fachada sin reconstruir la casa.

El verdadero desafío del siglo XXI se encuentra en otro lugar. Consiste en construir sociedades capaces de producir conocimiento, dominar sus infraestructuras críticas, utilizar inteligentemente sus recursos naturales, integrar a sus diásporas, educar a sus jóvenes y negociar con varias potencias sin perder su capacidad de decisión. Esta concepción de la soberanía es más exigente que la del siglo anterior porque ya no permite refugiarse detrás de los símbolos.

También obliga a reconocer una realidad a veces incómoda: en el nuevo sistema internacional, las brechas tecnológicas pueden llegar a ser más determinantes que las brechas monetarias. Un país puede estabilizar su moneda y seguir siendo pobre. Puede equilibrar su presupuesto y continuar dependiendo tecnológicamente. Puede atraer capitales y seguir siendo incapaz de producir innovaciones. La estabilidad financiera es una condición del desarrollo, pero no es el desarrollo en sí mismo.

Venezuela deberá, por tanto, utilizar toda eventual estabilización monetaria como una ventana histórica. Esa ventana debería permitir invertir en aquello que realmente determinará su poder futuro: educación, energía, infraestructuras, tecnología, agricultura, salud, investigación, industria e instituciones. Si esas inversiones se realizan, la dolarización podría convertirse en un instrumento transitorio al servicio de una transformación más profunda. Si no se realizan, el país podría simplemente sustituir una forma de vulnerabilidad por otra.

Esta distinción conduce a una conclusión más amplia sobre el Sur Global. El siglo XXI no será simplemente el siglo de la desdolarización o de la multipolaridad. Será el de la competencia entre diferentes arquitecturas de capacidades. Los países que tengan éxito serán aquellos capaces de transformar su población, sus recursos, su posición geográfica y sus relaciones internacionales en capacidades tecnológicas y productivas. Los demás corren el riesgo de permanecer atrapados en una economía de dependencia, incluso cuando su discurso político proclame una soberanía total.

Venezuela podría convertirse, por tanto, en una advertencia, pero también en una posibilidad. Su historia muestra lo que ocurre cuando un Estado posee recursos considerables sin construir suficientes instituciones capaces de transformarlos en desarrollo sostenible. Su futuro podría demostrar lo contrario: lo que se vuelve posible cuando una sociedad acepta reformar sus instrumentos, reconstruir sus instituciones e invertir en las capacidades de la próxima generación.

La verdadera batalla no se librará, por tanto, únicamente entre el bolívar y el dólar. Se librará entre dos concepciones del futuro. La primera buscaría restaurar un orden económico desaparecido conservando los símbolos, los reflejos y las categorías del siglo XX. La segunda aceptaría que el mundo ha cambiado y buscaría construir una soberanía adaptada a la era digital, a la inteligencia artificial, a las redes transnacionales y a la nueva competencia tecnológica.

Es esta segunda vía la que podría ofrecer a Venezuela una oportunidad histórica. No sería una sumisión a Washington, ni una adhesión automática a Pekín, ni un regreso a una soberanía monetaria concebida como absoluta. Sería una estrategia de poder basada en la capacidad de multiplicar las opciones, fortalecer las competencias nacionales y transformar las interdependencias en instrumentos de negociación.

Venezuela tendría entonces que responder a una pregunta que trasciende ampliamente sus fronteras: en un mundo donde ninguna gran potencia puede controlarlo todo y ningún Estado puede producirlo todo por sí solo, ¿quién será realmente soberano mañana? La respuesta no dependerá de la moneda emitida por un banco central. Dependerá de la capacidad de una sociedad para comprender el mundo que viene, formar a las generaciones que lo construirán y no confundir jamás la independencia simbólica con el poder real.

EL FIN DE UNA ERA IDEOLÓGICA Y EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA GRAMÁTICA DEL PODER

La eventual desaparición del bolívar no debería interpretarse, en última instancia, como una simple decisión técnica destinada a resolver una crisis monetaria. Podría constituir, por el contrario, uno de los síntomas más visibles de una transformación histórica mucho más profunda: el agotamiento progresivo de una determinada manera de pensar la soberanía, el Estado, la economía y las relaciones internacionales, heredada en gran medida del siglo XX. Durante décadas, las sociedades estuvieron acostumbradas a organizar sus debates en torno a grandes oposiciones ideológicas: capitalismo frente a socialismo, mercado frente a Estado, nacionalismo frente a internacionalismo, soberanía frente a integración, Occidente frente al mundo comunista, Norte frente a Sur. Estas categorías moldearon a generaciones enteras y dieron lugar a conflictos, instituciones, alianzas y proyectos políticos cuyas consecuencias siguen siendo visibles. Sin embargo, cada vez reflejan menos un mundo en el que el poder circula ahora a través de los datos, las redes, las tecnologías, las cadenas de valor, el capital, la energía, las infraestructuras digitales y las capacidades humanas.

El problema no es que las ideologías hayan desaparecido por completo. Siguen desempeñando un papel importante en la vida política porque ofrecen a las sociedades relatos, identidades y formas de interpretar el mundo. Lo que parece estar perdiendo fuerza, en cambio, es su capacidad para explicar por sí solas las nuevas realidades. Un Estado puede depender hoy militarmente de Estados Unidos, comerciar ampliamente con China, importar energía de Oriente Medio, atraer inversiones europeas, utilizar tecnologías indias y mantener vínculos históricos con Rusia. Una configuración semejante habría sido difícil de concebir dentro de las categorías rígidas de la Guerra Fría. Hoy se ha convertido en algo completamente normal.

Esta evolución no significa que desaparezcan las relaciones de poder. Significa que se diversifican. El poder ya no está concentrado en un único ámbito. Está distribuido entre distintas capacidades que pueden combinarse de maneras diferentes según las circunstancias. Una potencia energética puede convertirse en una potencia financiera. Una potencia tecnológica puede convertirse en una potencia militar. Una potencia demográfica puede convertirse en una potencia económica si dispone de un capital humano suficientemente desarrollado. Una potencia financiera puede tratar de adquirir influencia tecnológica. Una pequeña nación puede aumentar su importancia estratégica gracias a su posición geográfica, sus infraestructuras portuarias, sus datos, sus servicios o su capacidad diplomática.

La verdadera ruptura con el siglo XX reside, por tanto, en esta pluralidad de formas de poder. Durante mucho tiempo, el Estado fue considerado el principal actor capaz de organizar el poder nacional. Sigue siendo central, pero ya no está solo. Las grandes empresas tecnológicas poseen capacidades financieras, científicas y de infraestructura que, en determinados ámbitos, son comparables a las de numerosos Estados. Las redes sociales influyen en la opinión pública. Las plataformas digitales estructuran mercados enteros. Los fondos de inversión desplazan capitales a una velocidad extraordinaria. Las comunidades científicas producen conocimientos que atraviesan las fronteras. Las diásporas conectan simultáneamente múltiples espacios económicos y culturales.

Esta transformación exige una nueva comprensión de la soberanía. En el siglo XX, la soberanía se entendía a menudo principalmente como el derecho de un Estado a controlar su territorio, su moneda, sus fronteras y sus instituciones. En el siglo XXI, esta definición sigue siendo indispensable, pero ya no es suficiente. Una soberanía verdadera exige ahora también la capacidad de controlar o proteger las infraestructuras de las que depende la sociedad. Quien controla la electricidad, las telecomunicaciones, los datos públicos, los sistemas de pago, las infraestructuras financieras, las redes logísticas y determinadas tecnologías críticas posee una influencia considerable sobre la capacidad de acción de un país.

Por eso la cuestión monetaria venezolana posee una dimensión filosófica que va mucho más allá del debate entre una moneda nacional y el dólar. Si un Estado abandona su moneda porque esta ya no cumple adecuadamente sus funciones, está renunciando a un instrumento tradicional de soberanía. Pero, al mismo tiempo, puede tratar de fortalecer otros instrumentos más fundamentales: la capacidad productiva, la educación, la justicia, la energía, la tecnología, la seguridad y la integración internacional. La paradoja, entonces, es solo aparente. Un país puede abandonar una parte de su soberanía instrumental para fortalecer su soberanía real.

Esta distinción podría convertirse en una de las grandes cuestiones políticas del siglo XXI. Las generaciones anteriores asociaban con frecuencia la soberanía con la posesión de instrumentos nacionales. Las generaciones futuras podrían asociarla cada vez más con la capacidad efectiva. Poseer una moneda nacional que destruye el ahorro no constituye necesariamente una expresión superior de soberanía. Tampoco poseer una empresa estatal incapaz de producir eficientemente garantiza la independencia económica. Controlar jurídicamente un recurso sin disponer de las tecnologías necesarias para desarrollar su valor tampoco genera automáticamente poder.

La soberanía real reside en la capacidad de producir resultados.

Esta evolución también obliga a replantear el nacionalismo económico. El nacionalismo del siglo XX podía apoyarse en la idea de un Estado relativamente autónomo, capaz de producir una gran parte de aquello que necesitaba su población. El siglo XXI hace que esa ambición sea mucho más difícil de alcanzar. Las cadenas de valor están globalizadas, las tecnologías están distribuidas, los mercados financieros son interdependientes y las innovaciones circulan rápidamente. Incluso las grandes potencias no pueden producir por sí solas todos los bienes y servicios que necesitan sus economías.

El nuevo nacionalismo económico debería estar, por tanto, menos obsesionado con la autosuficiencia y más orientado hacia la resiliencia. Ya no se trata de producirlo todo. Se trata de determinar qué dependencias son aceptables, cuáles son peligrosas y cuáles deben reducirse. Un país puede importar teléfonos inteligentes sin afrontar un problema estratégico importante; puede ser mucho más vulnerable si no dispone de ninguna alternativa para sus sistemas de comunicaciones militares, su red eléctrica o sus infraestructuras financieras. La nueva soberanía consiste en saber establecer prioridades entre las dependencias.

Esta concepción se aplica directamente a Venezuela. Una economía reconstruida alrededor del petróleo podría seguir siendo extremadamente vulnerable si depende de un número limitado de socios para sus tecnologías, su financiación y sus mercados. Una economía reconstruida sobre una amplia red de relaciones podría, por el contrario, transformar su posición geográfica y energética en una ventaja estratégica. A Caracas le interesaría mantener una proximidad suficiente con Washington para beneficiarse del acceso a los mercados y al capital estadounidenses, una cercanía suficiente con Pekín para atraer inversiones y diversificar sus alianzas, una integración suficiente con América Latina para fortalecer el comercio regional y una apertura suficiente hacia Europa y Asia para ampliar sus mercados.

No habría nada contradictorio en semejante estrategia. Reflejaría precisamente la lógica del mundo emergente. India ofrece un ejemplo particularmente importante. Nueva Delhi coopera con Washington en ámbitos estratégicos al mismo tiempo que mantiene relaciones con Moscú. Profundiza sus vínculos con los países del Golfo mientras desarrolla simultáneamente sus ambiciones industriales y tecnológicas. Esta política no busca elegir un bloque. Busca ampliar el margen de maniobra nacional.

Brasil sigue también una lógica de autonomía estratégica, aunque su enfoque es diferente. Su peso agrícola, energético, demográfico y territorial le permite negociar con varios centros de poder. Puede dialogar con Estados Unidos, comerciar con China, participar en los BRICS y mantener una política exterior relativamente autónoma. Esta capacidad de mantener varias puertas abiertas podría convertirse en una de las principales ventajas de las grandes potencias intermedias.

Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Indonesia y varios otros Estados también buscan, cada uno según sus propios intereses, aprovechar este nuevo margen de maniobra. No necesariamente quieren romper con el orden occidental, ni buscan integrarse por completo en una arquitectura china. Buscan maximizar sus opciones. Esta evolución es probablemente una de las características más importantes de la nueva geografía mundial.

El término multipolaridad debe utilizarse, por tanto, con cautela. El mundo no se vuelve simplemente multipolar porque varias potencias posean importantes fuerzas militares o economías considerables. Se vuelve multipolar porque diferentes capacidades de poder están distribuidas entre varios centros. Estados Unidos conserva un poder financiero, tecnológico, militar y cultural excepcional. China dispone de un enorme poder industrial y comercial y desarrolla rápidamente sus capacidades tecnológicas. India posee un considerable potencial demográfico, científico y económico. Europa conserva un importante poder regulatorio, financiero, comercial e industrial. Rusia mantiene capacidades militares y energéticas de primer orden a pesar de las restricciones impuestas por la guerra. Las potencias del Golfo disponen de importantes recursos financieros y energéticos. Los países de Asia Oriental ocupan una posición central en las cadenas tecnológicas mundiales.

El mundo, por tanto, no está sustituyendo una hegemonía por otra. Se está convirtiendo en un sistema de interdependencias en competencia.

Esta formulación es particularmente importante para comprender la trayectoria de Venezuela. Durante varias décadas, el país estuvo atrapado en una lectura ideológica de sus relaciones exteriores. Washington representaba al adversario, mientras que las relaciones con otras potencias eran concebidas a menudo principalmente como contrapesos políticos. En la nueva realidad, ese enfoque resulta insuficiente. Los socios extranjeros deben ser evaluados en función de lo que pueden aportar a la reconstrucción nacional y de los riesgos que pueden representar. La diplomacia debe convertirse en una extensión de la estrategia económica.

El fin de la era ideológica no significa, por tanto, el fin de los valores. Significa que los valores deben articularse ahora con las capacidades. Un país puede defender su identidad nacional mientras utiliza una moneda extranjera. Puede preservar su cultura mientras adopta tecnologías globales. Puede fortalecer su independencia política mientras participa en instituciones internacionales. Puede proteger sus intereses sociales mientras atrae inversiones privadas. La verdadera modernidad política consiste precisamente en superar las contradicciones artificiales que durante mucho tiempo enfrentaron estas dimensiones.

Venezuela podría ser uno de los países donde esta transición resulte más visible. La historia reciente ha generado un profundo cansancio frente a las grandes promesas ideológicas que no lograron impedir el empobrecimiento, la emigración masiva y la desorganización económica. Una nueva generación podría comenzar gradualmente a exigir algo diferente. Podría estar menos interesada en las antiguas batallas doctrinales y más preocupada por cuestiones concretas: ¿Puedo encontrar un empleo? ¿Puedo conservar mis ahorros? ¿Puedo estudiar? ¿Puedo crear una empresa? ¿Puedo viajar? ¿Puedo acceder a Internet? ¿Puedo confiar en las instituciones? ¿Puedo construir una familia en mi propio país?

Estas preguntas son más revolucionarias políticamente de lo que pueden parecer. Desplazan la legitimidad del Estado del terreno de la retórica al de los resultados. Obligan a los gobiernos a medir su éxito no solo por sus declaraciones, sino por la capacidad de los ciudadanos para vivir, trabajar, ahorrar, emprender y tener esperanza.

Aquí es donde la dimensión generacional se vuelve esencial. Los jóvenes que alcanzan hoy la edad adulta han crecido en un mundo digital. Se comunican con personas de otros continentes, acceden a información producida en otros lugares y comparan instantáneamente sus condiciones de vida con las de otras sociedades. Su percepción de la soberanía es, por tanto, necesariamente diferente de la de las generaciones anteriores. Para ellos, la frontera nacional sigue existiendo, pero ya no constituye la principal frontera de la información, la cultura, el comercio o la innovación.

Una generación puede estar profundamente vinculada a su país y, al mismo tiempo, estar mucho menos vinculada a los instrumentos económicos tradicionales del Estado. Puede aceptar una moneda común o extranjera si esta le permite preservar su poder adquisitivo. Puede utilizar plataformas extranjeras y seguir estando fuertemente vinculada a su cultura nacional. Puede trabajar para una empresa ubicada en el extranjero mientras vive en su propio país. Puede considerar a la diáspora no como una pérdida, sino como una extensión de la nación.

Esta evolución exige una nueva definición de la nación misma. La nación del siglo XXI ya no puede concebirse únicamente como un territorio. Debe entenderse como una red humana, económica, cultural y tecnológica. Los ciudadanos que viven en el territorio y aquellos que viven en el extranjero pueden participar en un mismo espacio nacional mediante transferencias financieras, conocimientos, inversiones, redes profesionales e intercambios culturales.

Para Venezuela, esta transformación es particularmente estratégica. La diáspora podría convertirse en uno de los principales instrumentos de reconstrucción si el Estado desarrolla mecanismos capaces de movilizar su capital financiero e intelectual. Una nación capaz de movilizar a varios millones de ciudadanos distribuidos en diferentes países posee una forma de poder transnacional que los Estados del siglo anterior no tenían a la misma escala.

La tecnología puede hacer posible esta movilización, pero no puede garantizarla. Debe estar acompañada de instituciones capaces de generar confianza. Los expatriados no invertirán simplemente porque procedan del país. Invertirán si creen que las reglas son previsibles, que sus derechos están protegidos y que sus proyectos pueden prosperar. La diáspora, por tanto, no puede movilizarse únicamente mediante el patriotismo. Debe integrarse en una estrategia económica creíble.

La misma lógica se aplica a los jóvenes que permanecen en el país. Una política de desarrollo que no cree perspectivas para esta generación estaría condenada a reproducir la emigración. El objetivo no debería ser convencer a los jóvenes de quedarse mediante discursos patrióticos, sino darles razones concretas para hacerlo. La mejor política migratoria suele ser una política de desarrollo.

Esta idea tiene implicaciones más amplias para el Sur Global. Muchos países pierden cada año una parte de sus talentos hacia América del Norte, Europa, Australia o las economías más dinámicas de Asia. Esta movilidad puede ser beneficiosa para los individuos, pero se vuelve problemática cuando los países de origen no disponen de mecanismos para recuperar parte de las competencias, los capitales y las redes creadas en el extranjero. Las políticas públicas deben, por tanto, pasar de una lógica de retención a una lógica de circulación.

El mismo cambio debe producirse en la política educativa. Durante mucho tiempo, el desarrollo consistió en aumentar el número de graduados. Hoy también es necesario producir competencias adaptadas a las transformaciones tecnológicas. Las universidades deben aprender a colaborar con las empresas, los laboratorios y las redes internacionales. Los estudiantes deben prepararse para trabajar en entornos donde la inteligencia artificial se convertirá en una herramienta cotidiana. La investigación debe estar vinculada a las necesidades económicas sin perder su independencia científica.

Venezuela podría convertir esta transición en una prioridad nacional. Un programa de reconstrucción de gran escala debería considerar la educación como una infraestructura estratégica. Las escuelas, las universidades, los centros de formación profesional y los laboratorios deberían situarse al mismo nivel de prioridad que las carreteras, los puertos y las redes eléctricas. En la economía del conocimiento, un laboratorio puede generar tanta capacidad estratégica como una fábrica.

Esta concepción también cambia la manera de evaluar las inversiones. Una autopista permite desplazar mercancías. Una red digital permite desplazar datos. Una universidad permite producir competencias. Una infraestructura energética permite alimentar todo el sistema. El desarrollo se convierte, por tanto, en una red de capacidades interdependientes y no en una acumulación de proyectos aislados.

Este enfoque es particularmente importante en un contexto en el que los recursos financieros serán necesariamente limitados. Venezuela no podrá reconstruir simultáneamente todas sus infraestructuras ni hacerlo con el mismo nivel. Tendrá que establecer prioridades. Las inversiones que fortalezcan varias capacidades al mismo tiempo deberían recibir prioridad. La modernización de la red eléctrica, por ejemplo, mejora simultáneamente la industria, los servicios digitales, la salud, la educación y la vida cotidiana. Una reforma de la administración digital puede mejorar los servicios públicos al tiempo que reduce determinados costes y fortalece la transparencia.

La modernización institucional se convierte así en un multiplicador de poder. Permite hacer más con los mismos recursos. Esta es probablemente una de las grandes diferencias entre las economías que logran llevar a cabo su transformación y aquellas que permanecen atrapadas en ciclos de crisis. Las instituciones eficaces reducen los costes invisibles de la economía: corrupción, incertidumbre, lentitud administrativa, conflictos jurídicos, falta de información y falta de coordinación.

Venezuela deberá, por tanto, evitar un error frecuente durante los períodos de reconstrucción: creer que el dinero es suficiente. Los capitales pueden reconstruir infraestructuras, pero no pueden, por sí solos, reconstruir la confianza. Las instituciones deben ser capaces de ofrecer a los inversores y a los ciudadanos suficiente previsibilidad para tomar decisiones a largo plazo.

Esta cuestión está directamente vinculada con la dolarización. El uso de una moneda fuerte puede aportar cierto grado de disciplina monetaria, pero no puede sustituir la disciplina institucional. Un país puede utilizar el dólar y mantener una administración ineficiente. Puede tener bancos estables y un sistema de justicia lento. Puede atraer capital durante varios años y después perderlo si las reglas se vuelven imprevisibles. La moneda puede reducir determinadas incertidumbres; no puede crear una cultura institucional.

Por ello, sería históricamente peligroso presentar la posible adopción del dólar como una solución definitiva. Debería entenderse como una decisión dentro de una transformación mucho más amplia. Si se produce, su verdadero éxito dependerá de lo que se construya alrededor de ella. La moneda puede ser estable, pero la economía debe volverse productiva. Los precios pueden estabilizarse, pero los salarios deben aumentar progresivamente mediante la productividad. El capital puede regresar, pero debe financiar inversiones que creen valor. Las reservas de petróleo pueden desarrollarse, pero deben contribuir a diversificar la economía.

La cuestión central pasa entonces a ser el modelo de desarrollo.

Una Venezuela del siglo XXI ya no debería aspirar simplemente a convertirse en un país petrolero próspero. Debería buscar convertirse en una economía energética, industrial, agrícola, digital y científica capaz de utilizar el petróleo como palanca y no como un fin en sí mismo. Esta transformación sería difícil, pero sería coherente con las nuevas realidades de la economía mundial.

También correspondería a la evolución de los mercados energéticos. El petróleo seguirá siendo importante durante mucho tiempo, pero los sistemas energéticos se están diversificando. Los países que dependen exclusivamente de los hidrocarburos afrontan, por tanto, un riesgo estratégico. Venezuela tiene la oportunidad de transformar sus recursos fósiles en financiación para la transición hacia otros sectores. La verdadera paradoja sería permitir que los ingresos petroleros financien únicamente el consumo cuando podrían financiar la transformación.

La cuestión climática también debe integrarse en esta estrategia. Los inversores internacionales conceden cada vez mayor importancia a los riesgos climáticos, las emisiones, las normas ambientales y las tecnologías limpias. Venezuela tendrá, por tanto, que modernizar su industria energética para seguir siendo competitiva. La reconstrucción no debería enfrentar el petróleo con la transición energética. Debería utilizar los ingresos y las capacidades del sector energético para financiar progresivamente una economía menos vulnerable a las fluctuaciones de los hidrocarburos.

Este enfoque también permitiría a Venezuela reconectarse con las grandes transformaciones que están teniendo lugar en el mundo. Estados Unidos busca asegurar sus cadenas de suministro. China busca fortalecer su industria y su acceso a los recursos. Europa busca reducir determinadas dependencias energéticas y tecnológicas. India busca acelerar su industrialización. Los países del Golfo invierten en diversificación. Venezuela podría aprovechar esta competencia para negociar asociaciones, siempre que disponga de una estrategia nacional suficientemente clara.

La política exterior debería, por tanto, concebirse como una política económica de alto nivel. Cada relación internacional debería evaluarse según varios criterios: acceso a los mercados, transferencia tecnológica, financiación, formación, infraestructuras, seguridad energética, diversificación de las exportaciones y fortalecimiento de las capacidades nacionales. Este enfoque permitiría pasar de una diplomacia simbólica a una diplomacia orientada a resultados.

La misma filosofía debería guiar la participación de Venezuela en las organizaciones internacionales. Los foros multilaterales no deberían utilizarse únicamente para pronunciar discursos políticos. Deberían servir para obtener financiación, construir coaliciones, defender intereses comerciales, negociar estándares y participar en los grandes debates sobre inteligencia artificial, clima, energía, finanzas y migración.

Esta transformación del papel internacional de Venezuela sería una de las consecuencias más importantes de una posible normalización económica. Un país estabilizado y previsible tendría mayores posibilidades diplomáticas. Podría convertirse en un interlocutor buscado en lugar de un expediente de crisis. La diferencia puede parecer simbólica, pero posee un valor económico real. La reputación internacional influye en el coste del capital, el atractivo de las inversiones, las relaciones comerciales y la capacidad para establecer asociaciones.

El fin de la era ideológica no significa, por tanto, el fin de la política. Significa el paso de una política organizada principalmente en torno a la identidad a una política organizada cada vez más en torno a la capacidad. Las identidades seguirán siendo importantes, pero ya no podrán sustituir a las competencias. Los eslóganes pueden movilizar, pero no pueden reconstruir una central eléctrica. Los discursos sobre la soberanía pueden inspirar, pero no pueden producir un procesador. Las declaraciones de independencia pueden ser poderosas desde el punto de vista simbólico, pero no pueden crear empleos.

La política del siglo XXI tendrá que reconciliar el relato y la capacidad.

Esta es probablemente una de las lecciones más importantes de la crisis venezolana. Un país puede poseer una historia nacional excepcional, una identidad fuerte y considerables recursos naturales. Pero si sus instituciones no transforman esos activos en oportunidades cotidianas para sus ciudadanos, el poder permanece meramente potencial.

La nueva generación no exige necesariamente menos patriotismo. Exige un patriotismo diferente. Un patriotismo que se mida por la calidad de las escuelas, la seguridad de las calles, la fiabilidad de la electricidad, la posibilidad de ahorrar, la calidad de los hospitales, el acceso a las tecnologías, la posibilidad de crear una empresa y la capacidad de construir una familia sin tener necesariamente que abandonar el país.

Este patriotismo de la capacidad podría constituir una de las respuestas más sólidas al agotamiento de las viejas retóricas. No busca borrar la historia. Busca transformar la historia en responsabilidad. Considera que la soberanía no es únicamente un derecho heredado, sino una capacidad que debe transmitirse a las generaciones futuras.

Desde esta perspectiva, la eventual desaparición del bolívar adquiere un significado mucho más profundo. Podría convertirse en uno de los símbolos de un cambio de época en el que un país acepta revisar algunos de los instrumentos que anteriormente asociaba con su independencia para preservar las condiciones materiales de su futuro. Esta elección sería dolorosa para una parte de la sociedad porque la moneda nacional posee una dimensión identitaria. Pero la verdadera identidad nacional no reside en un billete. Reside en la capacidad de una sociedad para proteger la dignidad de sus ciudadanos y preparar el futuro de sus hijos.

El siglo XXI no pedirá a los Estados que sean perfectamente independientes. Les pedirá que sean suficientemente capaces para elegir sus dependencias, suficientemente inteligentes para diversificarlas y suficientemente fuertes para negociar sus intereses.

Es dentro de esta nueva definición de la soberanía donde Venezuela podría encontrar una vía para salir de su prolongada crisis. Y es también dentro de esta transformación donde su eventual elección monetaria podría adquirir una importancia histórica muy superior a su dimensión financiera inmediata.

EL NUEVO SISTEMA INTERNACIONAL: TRUMP, CHINA, RUSIA, IRÁN Y LA RECOMPOSICIÓN DE LAS RELACIONES DE PODER

La transformación de Venezuela no puede comprenderse sin situarla dentro de una reconfiguración internacional mucho más amplia. La cuestión monetaria venezolana surge en un momento en el que las reglas que han organizado las relaciones económicas y estratégicas desde el final de la Guerra Fría están sometidas a tensiones simultáneas. El retorno de una política estadounidense más transaccional bajo Donald Trump, la competencia estructural entre Washington y Pekín, la guerra en Ucrania, el debilitamiento relativo de la capacidad rusa para convertir su poder militar en influencia económica global, la persistente confrontación en torno a Irán, las vacilaciones de varios países europeos, los reposicionamientos de India y Corea del Sur, las nuevas orientaciones de las monarquías del Golfo y la creciente prudencia de una gran parte del Sur Global están configurando una geografía internacional en la que las antiguas alianzas no desaparecen, pero se vuelven más flexibles, más condicionadas y cada vez más orientadas a la defensa de intereses nacionales inmediatos.

En este nuevo entorno, la política exterior estadounidense ya no puede analizarse únicamente a través del prisma clásico del internacionalismo liberal. El enfoque de Trump introduce una concepción mucho más directamente transaccional del poder. Las alianzas se evalúan según su coste, los socios según su contribución, las relaciones comerciales según su impacto en la economía estadounidense y los instrumentos económicos según su capacidad para producir un resultado político. Los aranceles, las sanciones, las negociaciones energéticas, las relaciones con los aliados de la OTAN y la presión ejercida sobre los adversarios deben considerarse, por tanto, como diferentes expresiones de una misma lógica: reconstruir la capacidad de negociación estadounidense a partir del poder económico, financiero, militar y comercial de Estados Unidos.

Esta evolución no significa necesariamente una retirada estadounidense del mundo. Por el contrario, puede producir una forma diferente de compromiso internacional, menos basada en la promesa de un orden universal y más orientada a la búsqueda de resultados bilaterales o sectoriales. Washington puede seguir presente en numerosas regiones al mismo tiempo que exige a sus socios asumir una mayor parte de los costes. Puede defender sus intereses energéticos en Oriente Medio, reforzar sus posiciones en el hemisferio occidental, endurecer sus relaciones comerciales con China, exigir más a sus aliados europeos y mantener una presión estratégica sobre Rusia. La lógica no es, por tanto, la desaparición del poder estadounidense, sino la redefinición de la forma en que este se ejerce.

Para Venezuela, esta transformación es decisiva. Caracas ya no se encuentra ante una relación estrictamente ideológica con Washington. Se encuentra ante una potencia capaz de utilizar simultáneamente las sanciones, el comercio, la energía, las finanzas, la diplomacia y la presión política. El petróleo venezolano se convierte así no solo en un recurso económico, sino también en un instrumento dentro de una negociación más amplia sobre seguridad energética, migración, sanciones e influencia regional. Esto explica por qué el futuro monetario de Venezuela no puede separarse de la evolución de las relaciones entre Caracas y Washington.

China constituye el otro gran centro de esta reconfiguración. Pekín ya no es únicamente una potencia comercial que compra materias primas y vende productos manufacturados. Se ha convertido en una potencia industrial, tecnológica, financiera y logística capaz de ofrecer infraestructuras, sistemas digitales, vehículos eléctricos, equipamientos energéticos, telecomunicaciones y financiación. Su influencia en los países del Sur Global se basa precisamente en esta combinación de capacidades.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido presentada durante mucho tiempo como una de las principales expresiones de esta estrategia. Ha permitido a China desarrollar infraestructuras, fortalecer sus relaciones comerciales y consolidar su influencia en numerosas regiones. Pero el proyecto se enfrenta ahora a ciertos límites. Algunos países están preocupados por el peso de su deuda, otros están reevaluando la rentabilidad de determinados proyectos y varios gobiernos buscan evitar una dependencia excesiva de un único socio. La BRI no está desapareciendo, pero su modelo está evolucionando. Pekín debe ahora hacer frente a una competencia geopolítica más intensa, a restricciones financieras y a Estados que desean conservar un mayor margen de maniobra.

Esta evolución resulta particularmente visible en el comportamiento de las grandes potencias intermedias. India se niega a quedar atrapada en un alineamiento automático con Washington o Pekín. Corea del Sur persigue sus intereses industriales y tecnológicos mientras fortalece sus relaciones de seguridad con Estados Unidos. Los países del Golfo profundizan simultáneamente sus relaciones con Washington, Pekín, Nueva Delhi y otros socios asiáticos. Brasil busca preservar su autonomía diplomática. Indonesia desarrolla una estrategia de diversificación. Turquía aprovecha su posición geográfica entre varios espacios de poder. Esta multiplicidad de estrategias constituye una de las principales características de la nueva geografía mundial.

El concepto de bloque se vuelve así cada vez menos adecuado para describir el comportamiento de numerosos Estados. La Guerra Fría creó alineamientos relativamente rígidos. El siglo XXI está produciendo más asociaciones de geometría variable. Un mismo país puede participar en una cooperación militar con Estados Unidos, importar energía de Rusia, comerciar ampliamente con China, invertir con las monarquías del Golfo y desarrollar asociaciones tecnológicas con Europa. Este comportamiento no es necesariamente contradictorio. Refleja una voluntad de maximizar las opciones.

Venezuela tendría interés en comprender esta lógica. Su política exterior ya no debería construirse en torno a la idea de elegir definitivamente entre Washington, Pekín, Moscú u otros centros de poder. Debería buscar reconstruir progresivamente una capacidad de negociación con cada uno de ellos. Esto exige, evidentemente, respetar las restricciones políticas y jurídicas que acompañan determinadas relaciones, pero el objetivo estratégico debería seguir siendo la diversificación.

Rusia ofrece aquí un caso particularmente instructivo. La guerra en Ucrania ha demostrado que Moscú conserva importantes capacidades militares y una capacidad para soportar costes considerables, pero también ha revelado los límites de su capacidad para convertir su poder militar en una influencia económica y tecnológica comparable a la de Estados Unidos o China. Las sanciones, las pérdidas económicas, la creciente dependencia de determinados socios asiáticos y la necesidad de reorientar parte de sus intercambios han modificado progresivamente la posición de Rusia en el sistema internacional.

Sin embargo, sería erróneo concluir que Rusia está desapareciendo como potencia. Su arsenal nuclear, su puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sus recursos energéticos, su industria de defensa y su geografía le siguen otorgando una importancia estratégica considerable. Lo que se debilita, más bien, es su capacidad para imponer una arquitectura internacional completa en torno a su propio modelo. Rusia puede perturbar, influir, disuadir y negociar, pero dispone de menos medios que Estados Unidos o China para proponer un modelo económico y tecnológico global.

Esta distinción es importante para Venezuela. Moscú puede seguir siendo un socio energético o militar, pero Caracas tendría interés en evitar una dependencia excesiva de una potencia cuyos propios recursos están fuertemente movilizados por la guerra. Una estrategia de reconstrucción a largo plazo debería priorizar asociaciones capaces de aportar capital, tecnología, mercados y competencias durante varias décadas.

Irán presenta otra dimensión de esta reconfiguración. La confrontación entre Teherán y Washington demuestra que las sanciones económicas, las capacidades militares, las redes regionales y los recursos energéticos están ahora estrechamente vinculados. Irán ha desarrollado estrategias de adaptación que le permiten mantener determinadas capacidades económicas pese a las sanciones, pero esta resiliencia no significa ausencia de costes. La economía iraní sigue sometida a importantes restricciones y su integración tecnológica internacional continúa siendo limitada en varios ámbitos.

La experiencia iraní demuestra así que una política de resistencia puede preservar cierto grado de autonomía política, pero no garantiza automáticamente el desarrollo. Ilustra una diferencia fundamental entre sobrevivir en un entorno hostil y construir una economía capaz de avanzar rápidamente. Para Venezuela, esta distinción debería ser central. La capacidad para resistir la presión exterior no es suficiente. También es necesario construir las condiciones internas que hagan menos eficaz esa presión.

Siria representa otro ejemplo revelador de la transformación de la geografía estratégica. Después de años de guerra y fragmentación, el país se ha convertido en uno de los espacios donde confluyen los intereses estadounidenses, rusos, turcos, iraníes, israelíes y árabes. Siria demuestra hasta qué punto las antiguas fronteras ideológicas ya no bastan para explicar las realidades contemporáneas. Los actores persiguen simultáneamente objetivos relacionados con la seguridad, la energía, la migración, el territorio, la influencia y la reconstrucción.

Para Venezuela, la lección es clara: un Estado debilitado se convierte en un espacio en el que las potencias exteriores pueden tratar de defender sus intereses. La mejor protección contra esta fragmentación no es, por tanto, únicamente militar. Es institucional, económica y diplomática. Un Estado capaz de funcionar, producir, negociar y garantizar reglas previsibles posee una capacidad de resistencia mucho mayor que un Estado dependiente de unos pocos socios extranjeros.

La cuestión de Cuba también se inscribe en esta evolución. Durante mucho tiempo, Cuba encarnó una forma de resistencia ideológica al orden estadounidense. Pero las realidades económicas del siglo XXI también obligan a La Habana a buscar márgenes de maniobra pragmáticos. Las dificultades económicas, las necesidades energéticas, la migración y las restricciones financieras hacen necesaria una diversificación de las relaciones. El modelo político puede seguir siendo distinto, pero la realidad económica impone formas de adaptación.

Esta evolución de Cuba es importante para el conjunto del Caribe. La región ya no puede considerarse únicamente como el patio trasero de una gran potencia. Se está convirtiendo en un espacio donde confluyen los intereses estadounidenses, chinos, europeos, latinoamericanos y asiáticos. Los puertos, las telecomunicaciones, las infraestructuras energéticas, las cadenas logísticas, el turismo, la migración y los recursos marinos están adquiriendo una importancia estratégica creciente.

Venezuela posee aquí una posición geográfica excepcional. Su apertura al mar Caribe y su proximidad a América del Norte, América del Sur y el Atlántico podrían permitirle convertirse en un puente económico entre varios espacios. Pero esta posición solo producirá beneficios si las infraestructuras son modernizadas. La geografía ofrece una posibilidad; no crea automáticamente poder.

La política arancelaria de Trump hacia China añade una dimensión adicional a esta transformación. Los aranceles no constituyen únicamente un instrumento de protección comercial. Se han convertido en una herramienta de política industrial y de seguridad económica. Washington busca reducir determinadas dependencias, fomentar la producción nacional e impedir que sectores estratégicos estén completamente dominados por empresas chinas. Pekín responde con sus propios instrumentos económicos e industriales.

Esta competencia crea, sin embargo, un efecto paradójico para los países del Sur Global. Por un lado, abre posibilidades. Las empresas pueden buscar nuevos lugares de producción, las cadenas de suministro pueden desplazarse y determinados países pueden atraer inversiones gracias a su posición intermedia. Por otro lado, aumenta la presión sobre los Estados para que elijan determinados estándares, proveedores o socios.

El riesgo para las economías emergentes consiste en convertirse en escenarios de desplazamiento de las tensiones entre las grandes potencias sin desarrollar sus propias capacidades. Un país puede recibir una fábrica china, una empresa estadounidense, financiación europea y equipamiento surcoreano sin desarrollar nunca una industria nacional suficientemente fuerte como para beneficiarse de manera duradera de estas inversiones. El desafío es, por tanto, la transferencia de capacidades.

Venezuela deberá evitar esta situación. Toda asociación internacional debería evaluarse no solo en función del volumen de capital aportado, sino también de lo que deja detrás. ¿Cuántos ingenieros serán formados? ¿Cuántas empresas locales participarán en la cadena de producción? ¿Qué tecnologías serán transferidas? ¿Qué centros de investigación serán creados? ¿Qué mercados se abrirán a los productores nacionales? ¿Qué capacidad exportadora permanecerá cuando finalice el proyecto inicial?

Estas preguntas constituyen una nueva generación de diplomacia económica. Exigen que los Estados negocien menos como beneficiarios de la ayuda y más como socios estratégicos. El Sur Global no carece necesariamente de recursos. A menudo carece de capacidad de negociación, preparación técnica y continuidad institucional.

Esta debilidad también explica por qué algunos proyectos internacionales han producido resultados inferiores a las expectativas. Una infraestructura puede construirse rápidamente, pero permanecer infrautilizada si no está integrada en una estrategia económica más amplia. Un puerto puede ser moderno, pero carecer de suficiente carga. Una central eléctrica puede producir electricidad, pero no estar conectada a una red fiable. Un parque industrial puede inaugurarse sin disponer de empresas capaces de producir competitivamente en él.

El poder moderno se basa, por tanto, en la integración de los sistemas. La energía, el transporte, las telecomunicaciones, la educación, las finanzas y la industria deben funcionar conjuntamente. Precisamente por ello, los grandes proyectos geopolíticos deben evaluarse no solo en términos de infraestructuras, sino también en términos de ecosistemas.

La BRI china ha comprendido esta lógica en determinados aspectos, al combinar puertos, ferrocarriles, energía, telecomunicaciones y financiación. Estados Unidos está desarrollando ahora sus propias políticas industriales y tecnológicas. Europa busca fortalecer determinadas cadenas estratégicas. India también está construyendo sus propias capacidades. La competencia internacional se está convirtiendo, por tanto, en una competencia entre ecosistemas.

Venezuela debe entrar en esta competencia con una estrategia nacional coherente. No puede limitarse a esperar que las grandes potencias lleguen y propongan proyectos. Debe definir en qué quiere convertirse. Si desea convertirse en un gran centro energético, debe modernizar sus infraestructuras. Si quiere convertirse en una plataforma logística del Caribe, debe modernizar sus puertos y sus redes. Si quiere desarrollar la inteligencia artificial, debe invertir en electricidad, datos y formación. Si quiere diversificar su agricultura, debe modernizar la logística y las cadenas de transformación.

Esta estrategia también podría otorgar a Venezuela una nueva posición en sus relaciones con Estados Unidos. Washington podría considerar una Venezuela económicamente estabilizada, productiva y relativamente previsible como un socio más útil que una Venezuela constantemente sumida en la confrontación. La relación podría entonces pasar progresivamente de una lógica de sanciones a una lógica de negociación económica, sin que ello implique necesariamente una convergencia política completa.

Aquí es donde la cuestión del petróleo vuelve a adquirir un papel central. La seguridad energética estadounidense ya no depende exclusivamente de Venezuela, pero los recursos venezolanos pueden conservar valor en determinadas configuraciones del mercado. La capacidad del país para aumentar su producción, modernizar sus infraestructuras y respetar los estándares internacionales podría convertirse, por tanto, en un elemento de su poder diplomático.

Venezuela podría entonces utilizar su energía como una moneda diplomática en sentido amplio, no sustituyendo al dólar, sino utilizando su capacidad energética para negociar inversiones, tecnologías y acceso a los mercados. Esta estrategia sería mucho más inteligente que utilizar el petróleo simplemente como instrumento de confrontación.

China también podría desempeñar un papel importante en esta reconstrucción, pero Caracas debería evitar reproducir una dependencia excesiva. Las relaciones con Pekín deberían basarse en proyectos económicamente viables, una transparencia suficiente y una diversificación de los socios. China podría aportar tecnologías industriales, equipamiento y capital. Estados Unidos podría ofrecer acceso a determinados mercados, tecnologías y servicios financieros. Europa podría contribuir en los ámbitos de la energía, el medio ambiente, la formación y las infraestructuras. India podría ofrecer asociaciones en servicios digitales, productos farmacéuticos y determinadas tecnologías. Corea del Sur podría aportar su experiencia industrial y tecnológica. Los países del Golfo podrían contribuir a la financiación y la logística. Una política de este tipo no sería un juego artificial de equilibrio. Sería una estrategia racional de diversificación.

Este enfoque también podría transformar el debate sobre los BRICS. La organización ha sido presentada durante mucho tiempo como el embrión de un nuevo orden económico capaz de reducir la dominación occidental. Su ampliación demuestra que posee cierto atractivo. Pero su heterogeneidad limita su capacidad para convertirse en un bloque coherente. Los intereses de China, India, Brasil, Rusia y los demás miembros no siempre convergen. Algunos quieren reducir su dependencia del dólar; otros desean seguir teniendo acceso a los mercados occidentales. Algunos buscan reformar la gobernanza mundial; otros priorizan intereses regionales.

Por tanto, sería prematuro considerar a los BRICS como un sustituto del sistema internacional occidental. Su importancia reside más bien en su capacidad para crear espacios adicionales de negociación y fomentar la diversificación de las relaciones económicas. Para los países del Sur Global, el principal interés podría consistir en disponer de varias plataformas en lugar de elegir una nueva arquitectura exclusiva.

Venezuela podría beneficiarse de esta situación siempre que evite cualquier instrumentalización ideológica. Su objetivo debería ser utilizar las instituciones disponibles para obtener inversiones, mercados, tecnologías y margen de maniobra. No debería buscar pertenecer a un campo por principio.

Esta filosofía coincide con la transformación generacional mencionada anteriormente. Las generaciones jóvenes están generalmente más acostumbradas a la pluralidad de redes. Pueden trabajar para una empresa estadounidense, consumir contenidos coreanos, utilizar tecnologías chinas, estudiar con recursos europeos, comerciar con India y vivir en un país latinoamericano. Su mundo ya es multipolar en la práctica.

La política exterior debe ponerse al día con esta realidad social. El gran cambio del siglo XXI podría ser, por tanto, menos el nacimiento de una nueva Guerra Fría que la desaparición progresiva de la posibilidad de imponer una separación clara del mundo en dos bloques. La competencia entre Washington y Pekín es real y profunda, pero numerosos Estados se niegan a convertirse en simples instrumentos de esta rivalidad. Buscan mantener relaciones con ambas potencias al mismo tiempo que desarrollan sus propias capacidades.

Esta tendencia podría reforzarse si la brecha tecnológica continúa ampliándose. Los países que dominen la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología y las infraestructuras digitales tendrán mayor poder. Los demás tendrán que negociar su acceso a estas tecnologías. En este contexto, la autonomía estratégica del Sur Global dependerá menos de sus declaraciones políticas que de sus inversiones en educación y tecnología.

Venezuela se encuentra, por tanto, ante una elección histórica. Puede intentar reconstruir su antiguo modelo en un entorno internacional profundamente transformado, o utilizar la crisis actual para construir un modelo adaptado a la nueva geografía del poder. En el primer caso, la estabilización monetaria podría seguir siendo superficial. En el segundo, podría convertirse en el primer elemento de una reconstrucción nacional mucho más ambiciosa.

La cuestión del dólar ya no es entonces únicamente una cuestión monetaria. Se convierte en una cuestión sobre el lugar de Venezuela en un sistema internacional en el que el poder ya no se mide únicamente por las reservas monetarias, los tanques o los discursos ideológicos. Se mide por la capacidad de conectar la energía, la tecnología, las instituciones, el capital humano, la diplomacia y los mercados.

El mundo que se está configurando no es necesariamente más pacífico. Probablemente es más complejo. Ofrece más oportunidades a los Estados capaces de jugar varias cartas, pero castiga con mayor severidad a aquellos que permanecen atrapados en una dependencia única. La flexibilidad se convierte en una forma de poder.

Para Venezuela, esta flexibilidad podría ser la clave de la reconstrucción. Washington, Pekín, Nueva Delhi, Seúl, Bruselas, Moscú, las capitales árabes y los vecinos latinoamericanos no deben considerarse sustitutos unos de otros. Deben ser concebidos como componentes diferentes de una red de relaciones que Caracas debe aprender a aprovechar.

La verdadera ruptura con el siglo XX aparece entonces con claridad. El antiguo sistema exigía a menudo a los Estados elegir su bando. El nuevo sistema les exige, sobre todo, construir su capacidad para elegir.

Y es precisamente esta capacidad de elección la que podría convertirse, para Venezuela y para gran parte del Sur Global, en la definición más realista de la soberanía en el siglo XXI.

VENEZUELA, EL CARIBE Y AMÉRICA LATINA ANTE LA NUEVA ECONOMÍA POLÍTICA MUNDIAL

La transformación de Venezuela solo podrá producir sus efectos más duraderos si se la sitúa en su entorno regional inmediato. El país no se encuentra en un espacio abstracto de la geopolítica mundial. Forma parte de un Caribe en transformación, de una América Latina que también busca redefinir sus márgenes de maniobra y de un espacio americano en el que las relaciones entre Washington, México, los países de América Central, las grandes economías sudamericanas y los Estados insulares del Caribe son cada vez más interdependientes. Una eventual reforma monetaria venezolana, cualquiera que sea finalmente su forma, tendría por tanto consecuencias que irían mucho más allá de las fronteras nacionales. Podría modificar los flujos comerciales, las inversiones, las migraciones, las relaciones energéticas y los equilibrios diplomáticos de toda la región.

Durante mucho tiempo, América Latina fue analizada como una periferia relativamente estable del sistema internacional, sometida a la influencia dominante de Estados Unidos, pero atravesada periódicamente por proyectos de autonomía regional. Esta lectura resulta progresivamente insuficiente. China se ha convertido en un importante socio comercial de varias economías latinoamericanas. Europa conserva una presencia comercial, financiera e institucional significativa. India comienza a reforzar sus relaciones económicas con determinados países de la región. Las monarquías del Golfo manifiestan un interés creciente por la agricultura, la energía, la logística y las infraestructuras. Los propios Estados latinoamericanos buscan diversificar sus socios sin renunciar a sus relaciones históricas con Washington.

Esta diversificación no significa que Estados Unidos haya perdido su importancia. La proximidad geográfica, los flujos comerciales, las inversiones, las migraciones, las transferencias financieras, la seguridad regional y la interconexión de los mercados mantienen una relación estructural entre América Latina y la economía estadounidense. Lo que está cambiando es la capacidad de los gobiernos latinoamericanos para disponer de otras opciones. La región ya no está obligada a mirar hacia un único centro económico. Puede comparar distintas fuentes de financiación, distintos mercados, distintos proveedores tecnológicos y distintos socios diplomáticos.

Esta nueva libertad de elección constituye una oportunidad, pero también puede generar nuevas vulnerabilidades. La diversificación solo protege a un país cuando está acompañada de una estrategia. Un Estado que sustituye una dependencia única por varias dependencias mal gestionadas no necesariamente ha ganado soberanía. Puede simplemente haber multiplicado sus puntos de vulnerabilidad. La verdadera autonomía consiste en construir suficientes capacidades internas para que las asociaciones exteriores se conviertan en aceleradores del desarrollo y no en sustitutos del desarrollo nacional.

Venezuela se encuentra en el centro de esta problemática. Su potencial energético, su posición geográfica y su dimensión territorial le confieren una importancia particular en el Caribe y en América del Sur. Pero esta importancia sigue siendo, en gran medida, potencial mientras el país no disponga de las infraestructuras, las instituciones y la estabilidad necesarias para convertir sus ventajas geográficas en poder económico.

La geografía podría, sin embargo, convertirse en uno de sus principales activos estratégicos. Venezuela posee una considerable fachada caribeña y se encuentra cerca de los grandes espacios económicos del continente. Esta posición le permitiría, en teoría, desarrollar puertos, corredores logísticos, plataformas energéticas, servicios marítimos y conexiones comerciales capaces de vincular América del Sur, el Caribe y América del Norte. En un mundo en el que las cadenas de suministro buscan mayor resiliencia y proximidad, esta posición podría adquirir un nuevo valor.

Pero la geografía nunca es suficiente. Un territorio puede estar situado en una posición ideal y seguir siendo marginal si sus puertos son ineficientes, sus carreteras insuficientes, su red eléctrica inestable y sus procedimientos aduaneros imprevisibles. A la inversa, un país puede transformar una posición geográfica promedio en una ventaja excepcional mediante infraestructuras eficientes. Singapur constituye uno de los ejemplos más conocidos. Panamá ha construido parte de su poder contemporáneo alrededor de su función logística. Los Emiratos Árabes Unidos han transformado su posición geográfica en una plataforma mundial de transporte, finanzas y comercio. Venezuela podría buscar su propia trayectoria, adaptada a su geografía y a sus recursos.

Esta perspectiva debería llevar a Caracas a considerar el Caribe no como una periferia, sino como un espacio estratégico. Los puertos caribeños, las rutas marítimas, las infraestructuras energéticas submarinas, los cables de telecomunicaciones, los servicios financieros y los flujos turísticos forman ahora una arquitectura económica mucho más importante de lo que parece. El mar Caribe es simultáneamente un espacio comercial, energético, migratorio, medioambiental y geopolítico.

La proximidad con los Estados insulares de la región también podría ofrecer a Venezuela nuevas posibilidades. Las pequeñas economías caribeñas afrontan desafíos particulares: dependencia de las importaciones, vulnerabilidad climática, costes energéticos, reducida dimensión de sus mercados internos y exposición a las fluctuaciones del turismo. Una Venezuela estabilizada podría convertirse en un importante socio energético y comercial para algunas de ellas. También podría desarrollar servicios logísticos, intercambios agrícolas y cooperación universitaria.

Esta relación debería, sin embargo, concebirse desde una perspectiva nueva. La época en la que las relaciones regionales estaban determinadas principalmente por afinidades ideológicas o alianzas políticas pertenece progresivamente al pasado. Los Estados del Caribe necesitan socios capaces de contribuir de manera concreta a su seguridad energética, su desarrollo económico, su resiliencia climática y su integración comercial. Venezuela podría responder a esta demanda si reconstruye su capacidad productiva.

La energía constituye aquí su ventaja más evidente. Pero esta ventaja debería utilizarse con prudencia. Una política energética regional solo puede ser sostenible si se basa en contratos transparentes, infraestructuras fiables y una capacidad de producción suficiente. Venezuela podría recuperar su papel como proveedor energético importante del Caribe, pero debería evitar transformar esta relación en un instrumento de dependencia política. La mejor influencia regional sería aquella que surgiera de la fiabilidad económica y no de la presión política.

Esta distinción sería especialmente importante en las relaciones con los países vecinos. Una potencia regional sostenible no es aquella que exige lealtad a sus vecinos. Es aquella con la que sus vecinos tienen interés en mantener una relación estable porque esta les proporciona beneficios concretos. La energía, las infraestructuras, los intercambios comerciales, los servicios y la cooperación universitaria pueden crear esta forma de interdependencia positiva.

Colombia ocupa naturalmente un lugar central en esta reflexión. La frontera entre ambos países constituye uno de los espacios en los que las cuestiones económicas, migratorias, de seguridad y comerciales se encuentran con mayor intensidad. Una reconstrucción venezolana podría transformar progresivamente esta frontera de un espacio de vulnerabilidad en un espacio de integración económica. Pero ello exigiría instituciones capaces de controlar los flujos, combatir las economías clandestinas y facilitar los intercambios legales.

La relación con Colombia también demuestra por qué la reconstrucción venezolana no puede ser únicamente una cuestión de política interna. Una economía venezolana más estable modificaría los cálculos económicos de sus vecinos. Las empresas colombianas podrían buscar nuevos mercados. Los trabajadores podrían circular de manera diferente. Las redes logísticas podrían reorganizarse. Las inversiones podrían desplazarse. Las infraestructuras fronterizas podrían adquirir una nueva importancia.

El mismo razonamiento se aplica a Brasil. La frontera amazónica, los intercambios energéticos, la agricultura, las infraestructuras y las cuestiones medioambientales crean un conjunto de intereses comunes que van mucho más allá de las diferencias políticas. Una Venezuela económicamente reconstruida podría desarrollar con Brasilia asociaciones en agricultura, energía, logística, investigación y protección medioambiental. Brasil, por su parte, podría beneficiarse de un vecino más estable y mejor integrado.

América Latina podría convertirse así en uno de los primeros espacios en los que Venezuela experimentaría su nueva política exterior. En lugar de buscar imponer una influencia ideológica, Caracas podría construir una influencia basada en la economía real. El comercio, la energía, las infraestructuras y el conocimiento generarían progresivamente una capacidad de atracción más sostenible que las campañas diplomáticas.

Esta evolución sería coherente con la transformación general del sistema internacional. Los Estados ya no buscan únicamente establecer alianzas políticas. Buscan construir ecosistemas económicos. Una relación privilegiada se vuelve verdaderamente estratégica cuando crea cadenas de valor, infraestructuras comunes, flujos de inversión y redes humanas.

La cuestión monetaria se inserta directamente en esta arquitectura. Si Venezuela adoptara de manera duradera el dólar o alguna otra forma de régimen monetario fuertemente estabilizado, sus relaciones comerciales podrían volverse más previsibles. Las empresas regionales podrían reducir parte del riesgo cambiario. Las inversiones podrían facilitarse. Los intercambios podrían desarrollarse con mayor rapidez. Pero esta estabilización solo produciría sus efectos si también se redujeran los demás obstáculos al comercio.

Por ello, es necesario evitar confundir integración monetaria con integración económica. Una moneda estable puede facilitar los intercambios, pero no crea automáticamente infraestructuras, empresas o mercados. La competitividad depende siempre de la productividad, la logística, la calidad institucional y el capital humano.

Esta realidad debería orientar la reconstrucción del sector industrial venezolano. Durante décadas, la dependencia petrolera redujo los incentivos para desarrollar una base industrial diversificada. La reconstrucción debería invertir progresivamente esta lógica. Los ingresos energéticos podrían financiar la modernización de las industrias alimentaria, química, farmacéutica, metalúrgica, mecánica y digital. El objetivo no sería producir todo lo que el país consume, sino crear sectores capaces de exportar.

La agricultura debería ocupar un lugar particular. Una economía que dispone de un importante potencial agrícola, pero depende considerablemente de las importaciones de alimentos, sigue siendo vulnerable. Venezuela podría buscar el desarrollo de una agricultura moderna que combine mecanización, irrigación, datos, inteligencia artificial, investigación agronómica y cadenas logísticas. Esta transformación también tendría una importante dimensión social, porque podría generar empleos fuera de los grandes centros urbanos.

Esta diversificación territorial es esencial para evitar que la reconstrucción económica beneficie únicamente a algunas grandes ciudades. Venezuela posee diversas regiones capaces de desarrollar especializaciones diferentes. Algunas podrían concentrarse en la agricultura; otras, en la energía, la logística, la industria, el turismo o los servicios digitales. Una estrategia nacional inteligente debería buscar conectar estos polos en lugar de concentrar todo el crecimiento alrededor de Caracas.

La reconstrucción de las ciudades también debería integrarse en esta estrategia. Las infraestructuras urbanas determinan una parte importante de la productividad. El transporte, el agua, el saneamiento, la electricidad, la vivienda y los servicios digitales constituyen los fundamentos invisibles de la economía. Una ciudad en la que los ciudadanos pasan varias horas al día desplazándose o sufren frecuentes interrupciones eléctricas no puede alcanzar el mismo nivel de productividad que una ciudad dotada de infraestructuras fiables.

Venezuela debería, por tanto, considerar la reconstrucción urbana como una política económica. Las inversiones en transporte público, redes eléctricas e infraestructuras digitales pueden mejorar simultáneamente la calidad de vida y la productividad. Este enfoque también permitiría reducir determinadas desigualdades territoriales que alimentan las migraciones internas y externas.

La cuestión migratoria es probablemente una de las dimensiones más sensibles de esta reconstrucción. Millones de venezolanos viven actualmente en el extranjero, lo que representa una pérdida considerable de capital humano, pero también una reserva potencial de conocimientos, capital y redes. Si la economía nacional se estabiliza, una parte de esta diáspora podría invertir progresivamente o regresar. Pero el retorno no será automático.

Las personas que han reconstruido sus vidas en otros lugares no renunciarán fácilmente a sistemas educativos, profesionales e institucionales que funcionan. Regresarán si encuentran en Venezuela condiciones suficientemente atractivas. El retorno de la diáspora debe, por tanto, considerarse como el resultado de una transformación nacional y no como una política separada.

También sería erróneo pensar que todos los expatriados deben regresar físicamente. Venezuela podría beneficiarse de su presencia internacional. Profesionales establecidos en Estados Unidos, España, Portugal, Chile, Colombia u otros países pueden contribuir a la economía nacional mediante inversiones, asesoramiento, enseñanza a distancia, asociaciones comerciales y creación de empresas. La nación puede así ser más amplia que su territorio.

Esta concepción se adapta particularmente bien a la nueva economía digital. Las fronteras físicas continúan determinando las políticas públicas, pero los flujos de conocimiento y capital pueden atravesarlas a una velocidad considerable. Un país que sabe organizar su diáspora mediante plataformas profesionales, fondos de inversión y redes universitarias puede transformar una emigración masiva en una ventaja estratégica.

El Caribe ofrece aquí un terreno excepcional de experimentación. Muchas sociedades caribeñas cuentan con importantes diásporas y economías fuertemente conectadas con los mercados exteriores. Han desarrollado distintas formas de circulación de capitales, conocimientos y personas. Venezuela podría extraer enseñanzas de estas experiencias. Pero la nueva economía política caribeña no se limitará a la migración y al comercio. El clima adquirirá una importancia cada vez mayor. Los huracanes, las sequías, el aumento del nivel del mar, las inundaciones y los cambios en los regímenes agrícolas obligarán a los Estados a invertir en resiliencia. Las infraestructuras portuarias, eléctricas y urbanas deberán diseñarse para resistir condiciones cada vez más difíciles.

Venezuela posee una ventaja relativa frente a varias pequeñas islas, porque su territorio continental ofrece mayor espacio y diversidad geográfica. Pero esta profundidad territorial no debe generar una falsa sensación de seguridad. Las zonas costeras, las infraestructuras energéticas y las grandes ciudades siguen expuestas a diferentes riesgos. La reconstrucción debe integrar la resiliencia climática desde el diseño mismo de las infraestructuras.

Esta cuestión también podría convertirse en un ámbito de cooperación regional. Los países del Caribe tienen interés en compartir datos meteorológicos, sistemas de alerta, tecnologías de gestión de desastres e infraestructuras de emergencia. Venezuela podría participar en estas redes y desarrollar una experiencia regional en gestión de riesgos.

La tecnología podría desempeñar un papel fundamental en esta transformación. Los satélites, los drones, los sensores medioambientales, los sistemas de inteligencia artificial y las plataformas de datos permiten ahora anticipar mejor determinados riesgos. Pero, una vez más, la tecnología solo resulta útil si las instituciones saben utilizarla. Una sociedad que posee datos, pero no sabe interpretarlos, sigue siendo vulnerable.

Esta realidad refuerza la necesidad de una política científica nacional. Venezuela tendrá que reconstruir sus universidades y centros de investigación. La investigación no debería considerarse un gasto de prestigio, sino una infraestructura estratégica. Los países que controlan sus propias capacidades científicas están mejor posicionados para comprender sus recursos, anticipar riesgos y desarrollar soluciones adaptadas a su territorio.

América Latina ya cuenta con varios centros universitarios de nivel internacional. Venezuela podría buscar reconstruir redes con ellos. Las colaboraciones regionales pueden resultar especialmente útiles porque permiten compartir costes y conocimientos. Una universidad venezolana no necesita convertirse inmediatamente en una institución de alcance mundial para ser útil. Primero debe ser capaz de formar suficientes profesionales competentes y participar en redes científicas internacionales.

Esta política debería estar acompañada por una profunda reforma de la formación profesional. La reconstrucción necesitará técnicos, ingenieros, electricistas, especialistas en mantenimiento, informáticos, logísticos, agrónomos, profesionales de la salud y gestores. La economía no puede funcionar únicamente con titulados universitarios. Los oficios técnicos serán esenciales para la reconstrucción de las infraestructuras.

La nueva economía política de Venezuela deberá, por tanto, recuperar el valor del trabajo cualificado. En muchos países, los sistemas educativos han creado una jerarquía artificial entre la formación universitaria y la formación técnica. Sin embargo, la transformación industrial y digital exige ambas. Un centro de datos necesita ingenieros, pero también técnicos capaces de mantener los equipos. Una central eléctrica requiere especialistas de alto nivel, pero también miles de profesionales cualificados.

Este enfoque podría contribuir a reducir el desempleo juvenil y crear una nueva movilidad social. Los jóvenes deben poder acceder a una formación que responda realmente a las necesidades del mercado. La reconstrucción no debería limitarse a crear empleos temporales vinculados a grandes obras. Debe crear carreras profesionales.

Esta diferencia es fundamental. Una obra puede emplear a varios miles de personas durante algunos años. Una industria competitiva puede crear empleos durante varias décadas. Una universidad de calidad puede formar a varias generaciones. Una infraestructura digital puede generar nuevas actividades económicas mucho después de su instalación. La estrategia nacional debe, por tanto, priorizar las inversiones cuyos efectos se prolonguen más allá del primer ciclo de gasto.

Venezuela también podría utilizar su potencial turístico. El Caribe constituye una de las grandes regiones turísticas del mundo, pero el país solo aprovecha una parte de su potencial. Sus paisajes, costas, montañas, ciudades históricas y diversidad cultural podrían sostener un importante sector turístico. Pero el turismo moderno exige mucho más que playas. Requiere infraestructuras, seguridad, servicios, conexiones aéreas, una imagen internacional creíble y capacidad digital.

El desarrollo turístico debería, por tanto, concebirse como una industria de servicios integrada. Podría crear empleos, estimular la agricultura local, apoyar el transporte, fomentar la conservación medioambiental y fortalecer los intercambios con la diáspora. Pero debería evitar el modelo de enclaves turísticos aislados del resto de la economía. El verdadero objetivo sería crear cadenas de valor locales.

La misma lógica se aplica a la economía marítima. Venezuela podría desarrollar más los servicios portuarios, la pesca, la acuicultura, la reparación naval, la logística y las actividades relacionadas con los recursos marinos. En un mundo en el que las rutas marítimas son cada vez más estratégicas, la economía azul podría convertirse en un nuevo pilar de diversificación.

Esta orientación también tendría una dimensión geopolítica. Un país capaz de controlar y desarrollar sus infraestructuras marítimas dispone de una mayor capacidad para participar en los intercambios regionales. Los puertos ya no son únicamente puntos de entrada y salida de mercancías. Se convierten en plataformas logísticas integradas en las cadenas de valor internacionales.

La reconstrucción venezolana podría así concebirse alrededor de varios grandes corredores económicos que conecten energía, agricultura, industria, puertos, ciudades y redes digitales. El objetivo sería crear un sistema y no acumular proyectos. Cada inversión debería reforzar las demás.

Esta visión permitiría también comprender mejor el significado de una reforma monetaria. Una moneda estable no es el destino final. Constituye una infraestructura de confianza que permite funcionar a las demás infraestructuras económicas. Si las empresas pueden prever sus costes, los trabajadores preservar sus ahorros y los inversores evaluar sus proyectos, la sociedad dispone de una base más sólida para reconstruir. Pero esa base debe utilizarse rápidamente para crear productividad.

Venezuela podría convertirse así en un caso de estudio de la transición entre una economía de renta y una economía de capacidades. El tránsito sería difícil, pero posible si los ingresos energéticos se utilizan para financiar la educación, las infraestructuras y la diversificación. La cuestión no consiste en saber cómo sustituir inmediatamente al petróleo. Consiste en saber cómo utilizar el petróleo para financiar progresivamente una Venezuela que dependa cada vez menos de él.

Esta estrategia también tendría una importante dimensión regional. Una Venezuela más diversificada y estable podría contribuir en mayor medida al crecimiento de América Latina. Podría importar más bienes regionales, exportar energía y productos transformados, participar en cadenas industriales y crear nuevos mercados para sus vecinos. La reconstrucción venezolana podría convertirse así en un motor regional.

Por el contrario, una Venezuela que permanezca inestable de manera prolongada seguiría imponiendo costes a toda la región. Las migraciones, las economías clandestinas, las tensiones fronterizas y la inestabilidad energética no desaparecerían simplemente con el paso del tiempo. La estabilización del país constituye, por tanto, un interés regional y no únicamente una cuestión nacional.

Esta realidad podría impulsar una nueva diplomacia latinoamericana. En lugar de tratar a Venezuela únicamente como un problema político, los países vecinos podrían contribuir a una estrategia regional de reconstrucción. Las instituciones financieras regionales, las universidades, las empresas y los gobiernos podrían participar en proyectos comunes. Este enfoque también reduciría el riesgo de que la reconstrucción dependiera enteramente de una sola potencia exterior.

El siglo XXI ofrece precisamente la posibilidad de construir este tipo de redes. Los Estados latinoamericanos no necesitan esperar a que una gran potencia les proponga una arquitectura. Pueden crear sus propios mecanismos de cooperación. La cuestión es saber si poseen la voluntad política y las instituciones necesarias.

Venezuela podría desempeñar un papel importante en esta evolución si acepta redefinir su poder. Su grandeza futura no debería medirse únicamente por la cantidad de petróleo producida, el tamaño de su territorio o la fuerza de su discurso diplomático. Debería medirse por su capacidad para convertirse en un centro energético, logístico, industrial, agrícola, científico y digital del Caribe y de América del Sur.

Una ambición de este tipo estaría mucho más adaptada a la nueva realidad internacional. Permitiría al país dialogar con Estados Unidos sin depender exclusivamente de Washington, con China sin depender exclusivamente de Pekín, con Europa sin convertirse en dependiente de Bruselas, con India y Corea del Sur sin reducir su política exterior a asociaciones puntuales, y con sus vecinos latinoamericanos mediante la construcción de una verdadera integración económica.

Venezuela podría entonces pasar de una lógica de confrontación a una lógica de posicionamiento. Esta diferencia es esencial. Una política exterior de confrontación busca principalmente resistir la influencia de los demás. Una política de posicionamiento busca hacer que el propio país sea suficientemente útil, estable y competitivo para que los demás tengan interés en mantener buenas relaciones con él.

Esta es probablemente la forma de poder más sostenible en el mundo contemporáneo.

Venezuela no necesita, por tanto, volver a ser una potencia hegemónica para recuperar influencia. Debe convertirse en una potencia de conexión. Una potencia energética capaz de abastecer a sus socios, una potencia logística capaz de conectar mercados, una potencia agrícola capaz de exportar, una potencia digital capaz de producir servicios, una potencia humana capaz de movilizar a su diáspora y una potencia diplomática capaz de dialogar simultáneamente con varios centros de poder.

Esta concepción permitiría finalmente reconciliar geografía, economía y soberanía. Venezuela ya posee una parte de los elementos necesarios. Lo que principalmente le falta es la capacidad institucional para articularlos.

La cuestión histórica ya no consiste, por tanto, en saber si Venezuela posee suficientes recursos para reconstruirse. Se trata de saber si puede transformar sus recursos en un sistema de poder. Esta distinción podría determinar el futuro del país mucho más que la elección de una moneda.

LA BRECHA TECNOLÓGICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL NUEVO FRENTE DE LA SOBERANÍA

La transformación de Venezuela y la reconfiguración del orden internacional conducen inevitablemente hacia una cuestión que podría determinar la jerarquía de las naciones durante las próximas décadas: ¿quién controlará las tecnologías que ahora estructuran la producción, el conocimiento, las finanzas, la seguridad y la toma de decisiones públicas? El siglo XXI no estará definido únicamente por la competencia entre territorios, recursos naturales y sistemas políticos. También estará marcado por la competencia entre capacidades tecnológicas. La verdadera brecha entre las naciones podría desplazarse progresivamente del acceso al capital hacia el acceso al conocimiento y, posteriormente, del conocimiento hacia la capacidad de producir y controlar las infraestructuras digitales que transforman ese conocimiento en poder.

Esta transformación es particularmente significativa para los países del Sur Global, porque se desarrolla en un momento en que sus brechas tecnológicas con las principales potencias siguen siendo considerables. Estados Unidos dispone de un ecosistema excepcional que reúne universidades, capital privado, empresas tecnológicas, infraestructuras digitales, centros de investigación y capacidades militares. China cuenta con una enorme base industrial y está desarrollando rápidamente sus propias capacidades en inteligencia artificial, telecomunicaciones, robótica, vehículos eléctricos y diversos sectores estratégicos. Corea del Sur sigue siendo una gran potencia tecnológica en semiconductores, electrónica e industria avanzada. Japón conserva una considerable experiencia industrial y científica. Europa posee importantes capacidades científicas, industriales y regulatorias, aunque todavía busca reducir determinadas brechas en plataformas digitales e infraestructuras de computación. India, por su parte, intenta transformar su enorme reserva de talento en poder tecnológico e industrial.

Junto a estos centros de poder, gran parte de América Latina, África, el Caribe y determinadas regiones de Asia continúan enfrentándose a limitaciones estructurales: infraestructuras digitales insuficientes, elevados costos de conectividad, debilidad de la investigación, fuga de cerebros, acceso limitado a la financiación tecnológica, dependencia de hardware y software importados, déficit de competencias avanzadas y fragilidad de las instituciones capaces de acompañar la innovación. El riesgo es que aparezca una nueva forma de dependencia, mucho más profunda que las dependencias comerciales tradicionales.

Una nación puede importar una máquina sin perder necesariamente su autonomía estratégica. Se vuelve mucho más vulnerable cuando depende completamente de otro país para comprender las tecnologías esenciales para su economía, proteger sus datos, mantener sus redes, desarrollar sus infraestructuras digitales o formar a sus especialistas. En este nuevo contexto, la soberanía tecnológica no significa producir absolutamente todo dentro del propio país. Significa poseer suficientes conocimientos, competencias y capacidades institucionales para no quedar completamente atrapado por un proveedor externo.

Esta distinción será decisiva para Venezuela. El país evidentemente no puede competir directamente con Estados Unidos o China en todos los ámbitos tecnológicos. Una ambición de ese tipo sería irrealista y financieramente ineficiente. Deberá, por el contrario, identificar los sectores en los que puede desarrollar capacidades propias, aquellos en los que necesita establecer alianzas y aquellos en los que simplemente puede importar soluciones disponibles en el mercado mundial.

La primera condición será la electricidad. La inteligencia artificial, los centros de datos, las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales dependen de una energía abundante, estable y asequible. Un país que no puede garantizar un suministro eléctrico fiable no puede construir una economía digital competitiva. La reconstrucción de la red eléctrica venezolana debería, por tanto, considerarse una política tecnológica tanto como una política energética. Cada megavatio fiable puede contribuir a la educación digital, los servicios públicos, las telecomunicaciones, las empresas y la industria.

La segunda condición será la conectividad. El acceso a Internet ya no debe considerarse simplemente un servicio de comunicación. Constituye una infraestructura económica comparable a las carreteras, los puertos y las redes eléctricas. Una empresa situada en una región remota puede acceder a los mercados internacionales si dispone de una conexión fiable. Un estudiante puede seguir una formación internacional sin abandonar su ciudad. Un médico puede consultar a un especialista situado a cientos de kilómetros. Una administración puede prestar servicios a distancia. Una pequeña empresa puede vender sus productos en el extranjero.

La brecha digital es, por tanto, también una brecha territorial. Si únicamente las grandes ciudades disponen de conectividad de alta calidad, las inversiones tecnológicas corren el riesgo de reforzar las desigualdades existentes. La política digital debe, por el contrario, permitir que las regiones rurales y periféricas participen en la economía nacional.

La tercera condición será la educación. La inteligencia artificial no simplemente sustituirá determinados empleos; transformará la manera en que una gran parte de los trabajadores realiza sus tareas. Las profesiones administrativas, jurídicas, financieras, médicas, industriales, periodísticas y educativas estarán cada vez más influenciadas por herramientas capaces de procesar enormes volúmenes de información y producir resultados en cuestión de segundos.

Esta transformación no significa que los seres humanos vayan a volverse inútiles. Significa que el valor del trabajo humano cambiará. Las capacidades que permiten formular un problema, verificar una información, comprender un contexto, tomar una decisión, establecer una relación de confianza o asumir una responsabilidad serán todavía más importantes. La inteligencia artificial puede producir una respuesta, pero no asume por sí sola la responsabilidad política o moral de esa respuesta.

El sistema educativo debe, por tanto, evolucionar. Enseñar únicamente conocimientos memorizados será cada vez menos suficiente. Los estudiantes deberán aprender a analizar, comparar, verificar, interpretar y utilizar de manera inteligente las herramientas digitales. También deberán comprender sus límites. Una sociedad en la que los ciudadanos utilizan sistemas de inteligencia artificial sin saber verificar sus resultados se vuelve vulnerable a la desinformación, los errores automatizados y la manipulación.

Para Venezuela, esta transformación representa tanto una oportunidad como un riesgo. El país cuenta con una población relativamente joven, una importante diáspora y una tradición universitaria que podría ser reconstruida. Podría aspirar a convertirse en un centro regional de servicios digitales, formación y desarrollo de software. A diferencia de la industria pesada, una empresa digital puede, en determinadas circunstancias, exportar servicios sin disponer de una enorme infraestructura física. Este sector podría ofrecer, por tanto, una vía particularmente atractiva para la diversificación económica.

Pero la economía digital no debe reducirse al desarrollo de unas pocas empresas emergentes. Una verdadera estrategia tecnológica debe abarcar las administraciones públicas, las escuelas, los hospitales, los bancos, las empresas industriales, los agricultores y los gobiernos locales. La transformación digital debe ser sistémica.

La administración pública podría convertirse en uno de los primeros ámbitos de modernización. Los procedimientos administrativos digitalizados, interoperables y seguros podrían reducir los tiempos, mejorar la transparencia y disminuir determinados costos. La digitalización de registros, sistemas tributarios, procedimientos aduaneros y servicios sociales también permitiría generar datos más fiables sobre la economía nacional.

Los datos se están convirtiendo, por sí mismos, en un recurso estratégico. En una economía moderna, los datos permiten comprender comportamientos, anticipar necesidades, mejorar servicios y optimizar infraestructuras. Pero su utilización debe estar sometida a normas estrictas relativas a la privacidad, la seguridad y los derechos individuales. Una sociedad digital sin una adecuada gobernanza de los datos puede convertirse fácilmente en una sociedad de vigilancia.

Venezuela deberá, por tanto, evitar dos extremos: la ausencia de regulación, que expone a ciudadanos y empresas, y la sobrerregulación, que asfixia la innovación. El objetivo debería ser construir un marco jurídico suficientemente claro para proteger los derechos y, al mismo tiempo, permitir que las empresas y los investigadores experimenten.

La inteligencia artificial también plantea una cuestión de lengua y cultura. Los grandes sistemas digitales suelen entrenarse principalmente con contenidos producidos en los idiomas más representados en Internet. Los países latinoamericanos deben, por ello, desarrollar mayores recursos lingüísticos y culturales propios. Los corpus en español, los datos locales y las particularidades culturales deben estar representados en las tecnologías utilizadas por sus poblaciones.

Para Venezuela, esto significa que una estrategia de inteligencia artificial debería incluir la creación de recursos digitales en español adaptados al contexto latinoamericano. Las aplicaciones en educación, salud, agricultura, gestión energética y servicios públicos podrían desarrollarse con socios internacionales, preservando al mismo tiempo una capacidad nacional de supervisión y control.

Esta cuestión también es importante para la soberanía cultural. Una sociedad que depende completamente de algoritmos desarrollados en otros lugares corre el riesgo de ver progresivamente sus representaciones, referencias y prioridades determinadas por sistemas que no necesariamente comprenden su contexto. El objetivo no es rechazar las tecnologías extranjeras, sino participar en su adaptación.

América Latina posee, en este sentido, un potencial considerable. La región cuenta con millones de jóvenes graduados, universidades de calidad y varios centros tecnológicos. También dispone de mercados suficientemente grandes como para permitir la aparición de empresas regionales. La cooperación latinoamericana en inteligencia artificial podría reducir determinados costos y crear recursos compartidos.

Venezuela podría participar en esta dinámica en lugar de intentar construirlo todo por sí sola. Las colaboraciones con Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina y otras economías regionales podrían permitir el desarrollo de programas conjuntos de investigación, formación y emprendimiento. La integración regional podría adquirir así una nueva dimensión tecnológica.

Esta evolución sería especialmente relevante en el ámbito agrícola. La inteligencia artificial puede contribuir al análisis de los suelos, la optimización del riego, la anticipación de determinadas enfermedades de los cultivos, la mejora de la logística y la reducción del desperdicio. Para un país que busca fortalecer su seguridad alimentaria y diversificar su economía, estas aplicaciones podrían tener un impacto directo.

La energía ofrece igualmente un campo de enorme importancia. Los sistemas digitales permiten optimizar la producción, distribución y mantenimiento de las redes eléctricas. Pueden ayudar a identificar pérdidas, anticipar determinadas averías y mejorar la gestión de la demanda. La modernización energética y la transformación digital deberían, por tanto, desarrollarse conjuntamente.

La salud constituye otro ámbito en el que la tecnología podría producir beneficios considerables. Las herramientas digitales pueden facilitar las consultas a distancia, la gestión de historiales médicos, el análisis de imágenes y la distribución de medicamentos. Pero también aquí la tecnología debe permanecer al servicio de profesionales debidamente formados. La inteligencia artificial no debe convertirse automáticamente en un sustituto del juicio médico.

El sistema financiero también podría transformarse profundamente. La estabilización monetaria y una eventual dolarización crearían un entorno diferente para los bancos y las empresas. Las tecnologías financieras podrían facilitar los pagos, mejorar la inclusión financiera y reducir determinados costos de transacción. Pero también podrían generar nuevas vulnerabilidades en materia de ciberseguridad.

La ciberseguridad debe, por tanto, considerarse un componente de la soberanía nacional. Un país que digitaliza sus servicios sin proteger sus infraestructuras se vuelve vulnerable a los ataques. Los bancos, hospitales, redes eléctricas, puertos y administraciones públicas pueden convertirse en objetivos de actores criminales o estatales. Venezuela debería desarrollar capacidades nacionales de prevención, detección y respuesta.

Esta cuestión también trasciende las fronteras nacionales. Los ataques digitales circulan entre países, al igual que los datos y los capitales. La cooperación regional en materia de ciberseguridad sería, por tanto, especialmente útil. Los países latinoamericanos podrían compartir información sobre amenazas, formar especialistas y desarrollar estándares comunes.

La inteligencia artificial también está transformando el mercado laboral. Los países que dispongan de una fuerza laboral capaz de utilizar estas herramientas tendrán una ventaja considerable. Aquellos que no logren adaptar sus sistemas educativos corren el riesgo de experimentar una nueva forma de desempleo estructural. El desafío no consiste simplemente en formar informáticos. Consiste en hacer que el conjunto de la población activa sea capaz de trabajar en un entorno en el que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más omnipresente.

Esta transformación podría ser especialmente importante para los jóvenes venezolanos. Un joven desarrollador, diseñador, analista financiero o especialista en marketing digital puede trabajar para una empresa extranjera mientras permanece físicamente en su propio país. Esto crea una nueva posibilidad de crecimiento que no existía en las economías industriales tradicionales. Venezuela podría exportar servicios intelectuales sin necesidad de exportar necesariamente a sus ciudadanos.

Pero esta oportunidad depende, una vez más, de la calidad de las infraestructuras y de la educación. Sin electricidad fiable, Internet rápido y una formación adecuada, el potencial demográfico seguirá estando en gran medida desaprovechado.

La brecha tecnológica podría convertirse, por tanto, en una de las mayores amenazas para los países del Sur Global durante las próximas décadas. Las diferencias de riqueza pueden reducirse gradualmente. Las brechas tecnológicas, por el contrario, pueden crecer de manera exponencial porque las nuevas tecnologías aumentan la capacidad productiva de las economías que las dominan. Una empresa que utiliza eficazmente la inteligencia artificial puede producir más con menos recursos. Un país que domina las tecnologías avanzadas puede acelerar su desarrollo más rápidamente que otro que depende completamente de capacidades externas.

Esta dinámica podría generar una nueva jerarquía internacional. Las naciones más poderosas no serán simplemente aquellas que posean mayores recursos naturales o los ejércitos más grandes. Serán aquellas capaces de combinar energía, capital, datos, investigación, industria y talento humano.

Venezuela posee una parte de estos recursos, pero actualmente están insuficientemente conectados. Su energía es abundante. Su población posee un potencial importante. Su diáspora constituye una red mundial. Su territorio ofrece considerables recursos naturales. Su posición geográfica es estratégica. Lo que falta es el ecosistema capaz de convertir estos activos en poder tecnológico y económico.

La reconstrucción debería, por tanto, orientarse hacia esta integración. El petróleo podría financiar las infraestructuras eléctricas. La electricidad podría sostener los centros de datos. Los centros de datos podrían sostener los servicios digitales. Las universidades podrían formar a los especialistas. Las empresas podrían transformar esas competencias en productos y servicios. Las exportaciones podrían generar divisas. Los ingresos podrían reinvertirse en investigación y educación.

Así es como una economía basada en la renta podría transformarse progresivamente en una economía basada en capacidades. Esta transformación representa también un desafío político. Los gobiernos deben aceptar que el poder tecnológico no puede estar completamente centralizado. La innovación necesita espacios de libertad, universidades autónomas, empresas capaces de asumir riesgos e investigadores capaces de trabajar sin una presión política excesiva. La tecnología rara vez prospera en un entorno en el que toda iniciativa depende de una decisión política centralizada.

La modernización tecnológica de Venezuela deberá, por tanto, ir acompañada de una modernización institucional. La confianza, la propiedad intelectual, la libertad académica, la seguridad jurídica y el acceso a la financiación son condiciones indispensables para la innovación. Sin ellas, el talento buscará oportunidades en otros lugares.

La diáspora vuelve a ser aquí fundamental. Los venezolanos que ya trabajan en empresas tecnológicas, universidades, bancos y laboratorios extranjeros podrían convertirse en puentes hacia los ecosistemas mundiales. Podrían participar en programas de formación, invertir en empresas, crear alianzas y transferir conocimientos. La diáspora dejaría de ser únicamente una consecuencia de la crisis. Podría convertirse en un instrumento de reconstrucción.

Esta posibilidad también podría transformar la relación entre migración y soberanía. El siglo XXI permite a una nación mantener vínculos económicos con sus ciudadanos incluso cuando viven en otros países. La cuestión ya no es únicamente cómo hacer regresar a los expatriados, sino cómo construir una nación suficientemente conectada para beneficiarse de su presencia mundial.

En este contexto, una eventual estabilización monetaria adquiriría un nuevo significado. Una moneda estable facilitaría las transacciones, pero la economía digital también ampliaría las posibilidades de financiación, pagos y comercio. Las tecnologías financieras podrían reducir determinadas barreras geográficas. Pero esta modernización debería estar adecuadamente regulada para evitar nuevas formas de dependencia o fraude.

Venezuela podría así convertirse en un laboratorio de reconstrucción digital en el Caribe y América Latina. Esta ambición no significa que se convertiría inmediatamente en un centro tecnológico mundial. Significa que podría utilizar la crisis para reconstruir su economía conforme a los estándares del siglo XXI, en lugar de limitarse a restaurar las estructuras del siglo XX.

Esta es probablemente la distinción fundamental.

Restaurar la Venezuela del pasado significaría intentar recuperar una economía petrolera funcional, una moneda estable y unas instituciones capaces de gestionar el crecimiento. Reconstruir la Venezuela del siglo XXI significaría utilizar la energía, la geografía y el capital humano para crear una economía diversificada, digital, productiva e integrada en las redes mundiales.

La primera estrategia permitiría al país salir de la crisis. La segunda podría permitirle cambiar de época.

LA BRECHA TECNOLÓGICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL NUEVO FRENTE DE LA SOBERANÍA

La transformación de Venezuela y la reconfiguración del orden internacional conducen inevitablemente hacia una cuestión que podría determinar la jerarquía de las naciones durante las próximas décadas: ¿quién controlará las tecnologías que ahora estructuran la producción, el conocimiento, las finanzas, la seguridad y la toma de decisiones públicas? El siglo XXI no estará definido únicamente por la competencia entre territorios, recursos naturales y sistemas políticos. También estará marcado por la competencia entre capacidades tecnológicas. La verdadera brecha entre las naciones podría desplazarse progresivamente del acceso al capital hacia el acceso al conocimiento y, posteriormente, del conocimiento hacia la capacidad de producir y controlar las infraestructuras digitales que transforman ese conocimiento en poder.

Esta transformación es particularmente significativa para los países del Sur Global, porque se desarrolla en un momento en que sus brechas tecnológicas con las principales potencias siguen siendo considerables. Estados Unidos dispone de un ecosistema excepcional que reúne universidades, capital privado, empresas tecnológicas, infraestructuras digitales, centros de investigación y capacidades militares. China cuenta con una enorme base industrial y está desarrollando rápidamente sus propias capacidades en inteligencia artificial, telecomunicaciones, robótica, vehículos eléctricos y diversos sectores estratégicos. Corea del Sur sigue siendo una gran potencia tecnológica en semiconductores, electrónica e industria avanzada. Japón conserva una considerable experiencia industrial y científica. Europa posee importantes capacidades científicas, industriales y regulatorias, aunque todavía busca reducir determinadas brechas en plataformas digitales e infraestructuras de computación. India, por su parte, intenta transformar su enorme reserva de talento en poder tecnológico e industrial.

Junto a estos centros de poder, gran parte de América Latina, África, el Caribe y determinadas regiones de Asia continúan enfrentándose a limitaciones estructurales: infraestructuras digitales insuficientes, elevados costos de conectividad, debilidad de la investigación, fuga de cerebros, acceso limitado a la financiación tecnológica, dependencia de hardware y software importados, déficit de competencias avanzadas y fragilidad de las instituciones capaces de acompañar la innovación. El riesgo es que aparezca una nueva forma de dependencia, mucho más profunda que las dependencias comerciales tradicionales.

Una nación puede importar una máquina sin perder necesariamente su autonomía estratégica. Se vuelve mucho más vulnerable cuando depende completamente de otro país para comprender las tecnologías esenciales para su economía, proteger sus datos, mantener sus redes, desarrollar sus infraestructuras digitales o formar a sus especialistas. En este nuevo contexto, la soberanía tecnológica no significa producir absolutamente todo dentro del propio país. Significa poseer suficientes conocimientos, competencias y capacidades institucionales para no quedar completamente atrapado por un proveedor externo.

Esta distinción será decisiva para Venezuela. El país evidentemente no puede competir directamente con Estados Unidos o China en todos los ámbitos tecnológicos. Una ambición de ese tipo sería irrealista y financieramente ineficiente. Deberá, por el contrario, identificar los sectores en los que puede desarrollar capacidades propias, aquellos en los que necesita establecer alianzas y aquellos en los que simplemente puede importar soluciones disponibles en el mercado mundial.

La primera condición será la electricidad. La inteligencia artificial, los centros de datos, las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales dependen de una energía abundante, estable y asequible. Un país que no puede garantizar un suministro eléctrico fiable no puede construir una economía digital competitiva. La reconstrucción de la red eléctrica venezolana debería, por tanto, considerarse una política tecnológica tanto como una política energética. Cada megavatio fiable puede contribuir a la educación digital, los servicios públicos, las telecomunicaciones, las empresas y la industria.

La segunda condición será la conectividad. El acceso a Internet ya no debe considerarse simplemente un servicio de comunicación. Constituye una infraestructura económica comparable a las carreteras, los puertos y las redes eléctricas. Una empresa situada en una región remota puede acceder a los mercados internacionales si dispone de una conexión fiable. Un estudiante puede seguir una formación internacional sin abandonar su ciudad. Un médico puede consultar a un especialista situado a cientos de kilómetros. Una administración puede prestar servicios a distancia. Una pequeña empresa puede vender sus productos en el extranjero.

La brecha digital es, por tanto, también una brecha territorial. Si únicamente las grandes ciudades disponen de conectividad de alta calidad, las inversiones tecnológicas corren el riesgo de reforzar las desigualdades existentes. La política digital debe, por el contrario, permitir que las regiones rurales y periféricas participen en la economía nacional.

La tercera condición será la educación. La inteligencia artificial no simplemente sustituirá determinados empleos; transformará la manera en que una gran parte de los trabajadores realiza sus tareas. Las profesiones administrativas, jurídicas, financieras, médicas, industriales, periodísticas y educativas estarán cada vez más influenciadas por herramientas capaces de procesar enormes volúmenes de información y producir resultados en cuestión de segundos.

Esta transformación no significa que los seres humanos vayan a volverse inútiles. Significa que el valor del trabajo humano cambiará. Las capacidades que permiten formular un problema, verificar una información, comprender un contexto, tomar una decisión, establecer una relación de confianza o asumir una responsabilidad serán todavía más importantes. La inteligencia artificial puede producir una respuesta, pero no asume por sí sola la responsabilidad política o moral de esa respuesta.

El sistema educativo debe, por tanto, evolucionar. Enseñar únicamente conocimientos memorizados será cada vez menos suficiente. Los estudiantes deberán aprender a analizar, comparar, verificar, interpretar y utilizar de manera inteligente las herramientas digitales. También deberán comprender sus límites. Una sociedad en la que los ciudadanos utilizan sistemas de inteligencia artificial sin saber verificar sus resultados se vuelve vulnerable a la desinformación, los errores automatizados y la manipulación.

Para Venezuela, esta transformación representa tanto una oportunidad como un riesgo. El país cuenta con una población relativamente joven, una importante diáspora y una tradición universitaria que podría ser reconstruida. Podría aspirar a convertirse en un centro regional de servicios digitales, formación y desarrollo de software. A diferencia de la industria pesada, una empresa digital puede, en determinadas circunstancias, exportar servicios sin disponer de una enorme infraestructura física. Este sector podría ofrecer, por tanto, una vía particularmente atractiva para la diversificación económica.

Pero la economía digital no debe reducirse al desarrollo de unas pocas empresas emergentes. Una verdadera estrategia tecnológica debe abarcar las administraciones públicas, las escuelas, los hospitales, los bancos, las empresas industriales, los agricultores y los gobiernos locales. La transformación digital debe ser sistémica.

La administración pública podría convertirse en uno de los primeros ámbitos de modernización. Los procedimientos administrativos digitalizados, interoperables y seguros podrían reducir los tiempos, mejorar la transparencia y disminuir determinados costos. La digitalización de registros, sistemas tributarios, procedimientos aduaneros y servicios sociales también permitiría generar datos más fiables sobre la economía nacional.

Los datos se están convirtiendo, por sí mismos, en un recurso estratégico. En una economía moderna, los datos permiten comprender comportamientos, anticipar necesidades, mejorar servicios y optimizar infraestructuras. Pero su utilización debe estar sometida a normas estrictas relativas a la privacidad, la seguridad y los derechos individuales. Una sociedad digital sin una adecuada gobernanza de los datos puede convertirse fácilmente en una sociedad de vigilancia.

Venezuela deberá, por tanto, evitar dos extremos: la ausencia de regulación, que expone a ciudadanos y empresas, y la sobrerregulación, que asfixia la innovación. El objetivo debería ser construir un marco jurídico suficientemente claro para proteger los derechos y, al mismo tiempo, permitir que las empresas y los investigadores experimenten.

La inteligencia artificial también plantea una cuestión de lengua y cultura. Los grandes sistemas digitales suelen entrenarse principalmente con contenidos producidos en los idiomas más representados en Internet. Los países latinoamericanos deben, por ello, desarrollar mayores recursos lingüísticos y culturales propios. Los corpus en español, los datos locales y las particularidades culturales deben estar representados en las tecnologías utilizadas por sus poblaciones.

Para Venezuela, esto significa que una estrategia de inteligencia artificial debería incluir la creación de recursos digitales en español adaptados al contexto latinoamericano. Las aplicaciones en educación, salud, agricultura, gestión energética y servicios públicos podrían desarrollarse con socios internacionales, preservando al mismo tiempo una capacidad nacional de supervisión y control.

Esta cuestión también es importante para la soberanía cultural. Una sociedad que depende completamente de algoritmos desarrollados en otros lugares corre el riesgo de ver progresivamente sus representaciones, referencias y prioridades determinadas por sistemas que no necesariamente comprenden su contexto. El objetivo no es rechazar las tecnologías extranjeras, sino participar en su adaptación.

América Latina posee, en este sentido, un potencial considerable. La región cuenta con millones de jóvenes graduados, universidades de calidad y varios centros tecnológicos. También dispone de mercados suficientemente grandes como para permitir la aparición de empresas regionales. La cooperación latinoamericana en inteligencia artificial podría reducir determinados costos y crear recursos compartidos.

Venezuela podría participar en esta dinámica en lugar de intentar construirlo todo por sí sola. Las colaboraciones con Brasil, Colombia, México, Chile, Argentina y otras economías regionales podrían permitir el desarrollo de programas conjuntos de investigación, formación y emprendimiento. La integración regional podría adquirir así una nueva dimensión tecnológica.

Esta evolución sería especialmente relevante en el ámbito agrícola. La inteligencia artificial puede contribuir al análisis de los suelos, la optimización del riego, la anticipación de determinadas enfermedades de los cultivos, la mejora de la logística y la reducción del desperdicio. Para un país que busca fortalecer su seguridad alimentaria y diversificar su economía, estas aplicaciones podrían tener un impacto directo.

La energía ofrece igualmente un campo de enorme importancia. Los sistemas digitales permiten optimizar la producción, distribución y mantenimiento de las redes eléctricas. Pueden ayudar a identificar pérdidas, anticipar determinadas averías y mejorar la gestión de la demanda. La modernización energética y la transformación digital deberían, por tanto, desarrollarse conjuntamente.

La salud constituye otro ámbito en el que la tecnología podría producir beneficios considerables. Las herramientas digitales pueden facilitar las consultas a distancia, la gestión de historiales médicos, el análisis de imágenes y la distribución de medicamentos. Pero también aquí la tecnología debe permanecer al servicio de profesionales debidamente formados. La inteligencia artificial no debe convertirse automáticamente en un sustituto del juicio médico.

El sistema financiero también podría transformarse profundamente. La estabilización monetaria y una eventual dolarización crearían un entorno diferente para los bancos y las empresas. Las tecnologías financieras podrían facilitar los pagos, mejorar la inclusión financiera y reducir determinados costos de transacción. Pero también podrían generar nuevas vulnerabilidades en materia de ciberseguridad.

La ciberseguridad debe, por tanto, considerarse un componente de la soberanía nacional. Un país que digitaliza sus servicios sin proteger sus infraestructuras se vuelve vulnerable a los ataques. Los bancos, hospitales, redes eléctricas, puertos y administraciones públicas pueden convertirse en objetivos de actores criminales o estatales. Venezuela debería desarrollar capacidades nacionales de prevención, detección y respuesta.

Esta cuestión también trasciende las fronteras nacionales. Los ataques digitales circulan entre países, al igual que los datos y los capitales. La cooperación regional en materia de ciberseguridad sería, por tanto, especialmente útil. Los países latinoamericanos podrían compartir información sobre amenazas, formar especialistas y desarrollar estándares comunes.

La inteligencia artificial también está transformando el mercado laboral. Los países que dispongan de una fuerza laboral capaz de utilizar estas herramientas tendrán una ventaja considerable. Aquellos que no logren adaptar sus sistemas educativos corren el riesgo de experimentar una nueva forma de desempleo estructural. El desafío no consiste simplemente en formar informáticos. Consiste en hacer que el conjunto de la población activa sea capaz de trabajar en un entorno en el que la inteligencia artificial se vuelve cada vez más omnipresente.

Esta transformación podría ser especialmente importante para los jóvenes venezolanos. Un joven desarrollador, diseñador, analista financiero o especialista en marketing digital puede trabajar para una empresa extranjera mientras permanece físicamente en su propio país. Esto crea una nueva posibilidad de crecimiento que no existía en las economías industriales tradicionales. Venezuela podría exportar servicios intelectuales sin necesidad de exportar necesariamente a sus ciudadanos.

Pero esta oportunidad depende, una vez más, de la calidad de las infraestructuras y de la educación. Sin electricidad fiable, Internet rápido y una formación adecuada, el potencial demográfico seguirá estando en gran medida desaprovechado.

La brecha tecnológica podría convertirse, por tanto, en una de las mayores amenazas para los países del Sur Global durante las próximas décadas. Las diferencias de riqueza pueden reducirse gradualmente. Las brechas tecnológicas, por el contrario, pueden crecer de manera exponencial porque las nuevas tecnologías aumentan la capacidad productiva de las economías que las dominan. Una empresa que utiliza eficazmente la inteligencia artificial puede producir más con menos recursos. Un país que domina las tecnologías avanzadas puede acelerar su desarrollo más rápidamente que otro que depende completamente de capacidades externas.

Esta dinámica podría generar una nueva jerarquía internacional. Las naciones más poderosas no serán simplemente aquellas que posean mayores recursos naturales o los ejércitos más grandes. Serán aquellas capaces de combinar energía, capital, datos, investigación, industria y talento humano.

Venezuela posee una parte de estos recursos, pero actualmente están insuficientemente conectados. Su energía es abundante. Su población posee un potencial importante. Su diáspora constituye una red mundial. Su territorio ofrece considerables recursos naturales. Su posición geográfica es estratégica. Lo que falta es el ecosistema capaz de convertir estos activos en poder tecnológico y económico.

La reconstrucción debería, por tanto, orientarse hacia esta integración. El petróleo podría financiar las infraestructuras eléctricas. La electricidad podría sostener los centros de datos. Los centros de datos podrían sostener los servicios digitales. Las universidades podrían formar a los especialistas. Las empresas podrían transformar esas competencias en productos y servicios. Las exportaciones podrían generar divisas. Los ingresos podrían reinvertirse en investigación y educación.

Así es como una economía basada en la renta podría transformarse progresivamente en una economía basada en capacidades. Esta transformación representa también un desafío político. Los gobiernos deben aceptar que el poder tecnológico no puede estar completamente centralizado. La innovación necesita espacios de libertad, universidades autónomas, empresas capaces de asumir riesgos e investigadores capaces de trabajar sin una presión política excesiva. La tecnología rara vez prospera en un entorno en el que toda iniciativa depende de una decisión política centralizada.

La modernización tecnológica de Venezuela deberá, por tanto, ir acompañada de una modernización institucional. La confianza, la propiedad intelectual, la libertad académica, la seguridad jurídica y el acceso a la financiación son condiciones indispensables para la innovación. Sin ellas, el talento buscará oportunidades en otros lugares.

La diáspora vuelve a ser aquí fundamental. Los venezolanos que ya trabajan en empresas tecnológicas, universidades, bancos y laboratorios extranjeros podrían convertirse en puentes hacia los ecosistemas mundiales. Podrían participar en programas de formación, invertir en empresas, crear alianzas y transferir conocimientos. La diáspora dejaría de ser únicamente una consecuencia de la crisis. Podría convertirse en un instrumento de reconstrucción.

Esta posibilidad también podría transformar la relación entre migración y soberanía. El siglo XXI permite a una nación mantener vínculos económicos con sus ciudadanos incluso cuando viven en otros países. La cuestión ya no es únicamente cómo hacer regresar a los expatriados, sino cómo construir una nación suficientemente conectada para beneficiarse de su presencia mundial.

En este contexto, una eventual estabilización monetaria adquiriría un nuevo significado. Una moneda estable facilitaría las transacciones, pero la economía digital también ampliaría las posibilidades de financiación, pagos y comercio. Las tecnologías financieras podrían reducir determinadas barreras geográficas. Pero esta modernización debería estar adecuadamente regulada para evitar nuevas formas de dependencia o fraude.

Venezuela podría así convertirse en un laboratorio de reconstrucción digital en el Caribe y América Latina. Esta ambición no significa que se convertiría inmediatamente en un centro tecnológico mundial. Significa que podría utilizar la crisis para reconstruir su economía conforme a los estándares del siglo XXI, en lugar de limitarse a restaurar las estructuras del siglo XX.

Esta es probablemente la distinción fundamental.

Restaurar la Venezuela del pasado significaría intentar recuperar una economía petrolera funcional, una moneda estable y unas instituciones capaces de gestionar el crecimiento. Reconstruir la Venezuela del siglo XXI significaría utilizar la energía, la geografía y el capital humano para crear una economía diversificada, digital, productiva e integrada en las redes mundiales.

La primera estrategia permitiría al país salir de la crisis. La segunda podría permitirle cambiar de época.

EL FIN DE UNA ERA IDEOLÓGICA: DEL SIGLO XX DE LOS BLOQUES AL SIGLO XXI DE LAS CAPACIDADES

La transformación de Venezuela no puede comprenderse en toda su profundidad si se interpreta únicamente como una evolución monetaria, económica o diplomática. Detrás de la cuestión del bolívar, del dólar, de las sanciones, del petróleo, de las relaciones con Washington o de los vínculos con China se encuentra una transformación mucho más importante: el progresivo agotamiento de una gramática política heredada del siglo XX. Durante décadas, una parte considerable del debate latinoamericano e internacional estuvo organizada en torno a oposiciones ideológicas relativamente claras, enfrentando socialismo y capitalismo, izquierda y derecha, soberanismo e intervencionismo, alineamiento occidental y no alineamiento, economía dirigida y economía de mercado. Estas categorías desempeñaron un papel histórico real y todavía permiten explicar determinadas actitudes políticas. Pero ya no bastan para describir un mundo en el que el poder circula cada vez más a través de las cadenas de valor, los datos, los semiconductores, las infraestructuras energéticas, las plataformas digitales, las redes financieras, las capacidades militares autónomas, los sistemas satelitales, las tecnologías de inteligencia artificial y el control del conocimiento. Hoy, una nación puede declararse soberanista y depender al mismo tiempo casi por completo de tecnologías extranjeras; defender el mercado mientras subvenciona masivamente su industria estratégica; defender el multilateralismo mientras aplica una política comercial proteccionista; o acercarse a una potencia mientras negocia simultáneamente con varias otras. La realidad contemporánea se ha vuelto mucho más compleja que las antiguas categorías ideológicas.

Precisamente esta complejidad otorga a una eventual reorientación económica y monetaria de Venezuela una particular significación histórica. Si Caracas abandonara de manera duradera el bolívar como principal instrumento de confianza monetaria o adoptara una arquitectura monetaria basada en gran medida en una divisa extranjera, semejante decisión no debería interpretarse únicamente como una medida técnica destinada a combatir la inflación o estabilizar las transacciones. También podría expresar una constatación más profunda: las antiguas construcciones ideológicas ya no bastan para garantizar la soberanía cuando no producen las capacidades materiales necesarias para ejercerla. La paradoja es considerable. Un Estado puede reivindicar con fuerza su independencia política y, al mismo tiempo, ser incapaz de garantizar la estabilidad de su moneda, la continuidad de su red eléctrica, la disponibilidad de medicamentos, la modernización de sus infraestructuras, la competitividad de sus empresas o la formación de su juventud. En este contexto, la soberanía deja de ser una proclamación y se convierte en una cuestión de capacidad.

Esta evolución marca una ruptura importante con una parte del pensamiento político del siglo precedente. Durante el siglo XX, la soberanía se concebía con frecuencia en términos de control territorial, independencia diplomática, capacidad militar y elección ideológica. En el siglo XXI, estas dimensiones siguen siendo esenciales, pero se incorporan a una nueva arquitectura de dependencias. Una nación que no controla sus infraestructuras digitales depende de quienes las controlan. Una nación que no dispone de capacidades energéticas fiables depende de quienes pueden proporcionarle energía o las tecnologías necesarias para producirla. Una nación que carece de un sistema educativo capaz de generar competencias avanzadas depende del exterior para sus ingenieros, médicos, investigadores y especialistas. Una nación que no controla ninguna parte significativa de sus cadenas de valor depende de decisiones tomadas en centros económicos extranjeros. La soberanía contemporánea es, por tanto, multidimensional: depende tanto de la capacidad de producir, innovar, financiar, proteger y transmitir como de la capacidad de decidir políticamente.

Esta transformación permite comprender también por qué la nueva geografía del poder ya no coincide exactamente con los antiguos mapas ideológicos. Estados Unidos continúa siendo la principal potencia financiera, tecnológica y militar del sistema internacional, pero su política exterior evoluciona en un entorno en el que la competencia con China, la guerra en Ucrania, las tensiones con Irán, la cuestión venezolana, la situación siria, las relaciones con los países de la OTAN y la política arancelaria estadounidense están redefiniendo las prioridades estratégicas. Washington parece cada vez más dispuesto a utilizar el comercio, los aranceles, el acceso al mercado, las sanciones, la energía y los instrumentos financieros como mecanismos de poder. Esta evolución ya no corresponde a la imagen de un orden liberal mundial que funciona principalmente alrededor de reglas económicas relativamente previsibles. Revela un sistema en el que el poder comercial y el poder geopolítico vuelven a fusionarse.

La política arancelaria estadounidense hacia China ilustra particularmente bien esta transformación. El comercio internacional ya no se considera únicamente un mecanismo destinado a aumentar la eficiencia económica global. Se ha convertido en un instrumento de seguridad nacional. Las cadenas de suministro, los semiconductores, las baterías, los minerales críticos, las tecnologías de telecomunicaciones, los vehículos eléctricos y las infraestructuras digitales se analizan ahora también desde la perspectiva de la dependencia estratégica. Los Estados buscan saber no solo dónde pueden comprar más barato, sino también de quién podrán seguir abasteciéndose en tiempos de crisis. Esta lógica modifica profundamente el funcionamiento de la globalización. El mundo no está necesariamente regresando a la autarquía, pero está entrando en una etapa de globalización securitizada, en la que la búsqueda de eficiencia se enfrenta cada vez más a la búsqueda de resiliencia.

La consecuencia para los países del Sur Global es considerable. Durante varias décadas, muchos de ellos construyeron sus estrategias de desarrollo sobre la idea de que la globalización les permitiría atraer capitales, exportar materias primas, participar en cadenas internacionales de producción y beneficiarse progresivamente de la transferencia tecnológica. Esta estrategia sigue siendo posible, pero las condiciones han cambiado. Las grandes potencias buscan ahora controlar en mayor medida los sectores considerados estratégicos. Las tecnologías más sensibles están sometidas a restricciones. Las inversiones extranjeras son examinadas con mayor atención. Las cadenas de valor se reorganizan progresivamente alrededor de consideraciones políticas y de seguridad. Los países de poder intermedio deben, por tanto, aprender a negociar su lugar en un sistema en el que la economía ya no está separada de la geopolítica.

Venezuela se encuentra directamente frente a esta nueva realidad. Su petróleo constituye una fuente de ingresos, pero también un instrumento diplomático y estratégico. Su posición geográfica le confiere una importancia particular en el Caribe. Sus relaciones con China, Rusia, Irán y otros socios han sido moldeadas por años de confrontación con Washington. Pero la cuestión central del siglo XXI será menos saber a qué bloque se aproxima Venezuela que determinar cómo puede evitar convertirse en una dependencia permanente de cualquier bloque. La verdadera autonomía no consistiría en sustituir una dependencia estadounidense por una dependencia china, rusa o de cualquier otra potencia. Consistiría en disponer de suficientes capacidades internas y de suficientes socios diversificados para poder negociar con todos sin quedar cautiva de ninguno.

Esta lógica permite comprender también los límites del proyecto de los BRICS cuando se presenta como la construcción automática de un orden alternativo a Occidente. La ampliación del grupo ha reforzado indudablemente su visibilidad y su peso económico. Reúne países con recursos considerables, grandes poblaciones, capacidades industriales o energéticas importantes y ambiciones geopolíticas diferentes. Pero la diversidad de intereses nacionales constituye también su principal limitación. China e India no comparten los mismos objetivos estratégicos. Los intereses energéticos de los grandes productores no siempre coinciden con los de los importadores. Las prioridades de Rusia no son idénticas a las de Brasil o Sudáfrica. Los sistemas políticos, las estructuras económicas y las relaciones de cada miembro con Washington y Europa son profundamente diferentes. Por ello, resulta más realista considerar a los BRICS como una plataforma de diversificación del poder mundial que como un bloque ideológico homogéneo destinado a reemplazar el orden occidental.

Esta distinción resulta esencial para comprender el comportamiento de India. Nueva Delhi no busca simplemente incorporarse a un bando contra otro. Persigue una política de poder autónomo, utilizando simultáneamente sus relaciones con Estados Unidos, Rusia, Europa, Oriente Medio y otras economías asiáticas para fortalecer sus propios intereses. Esta estrategia constituye probablemente una de las manifestaciones más importantes de la nueva geopolítica del siglo XXI. India no quiere elegir definitivamente entre varios centros de poder porque aspira a convertirse ella misma en uno de esos centros. Busca, por tanto, conservar suficiente libertad para negociar según los asuntos, los sectores y los intereses nacionales.

Corea del Sur ofrece otra ilustración de esta transformación. Su poder no se basa principalmente en un discurso ideológico internacional, sino en capacidades industriales y tecnológicas concretas. Semiconductores, electrónica, automóviles, baterías, construcción naval, telecomunicaciones e industria avanzada han transformado al país en un actor estratégico de las cadenas de valor mundiales. Seúl debe naturalmente desenvolverse entre Estados Unidos, China, Japón y las restricciones de la península coreana, pero su margen de maniobra descansa ante todo en el valor de sus capacidades. Esta experiencia recuerda una verdad fundamental: en un sistema internacional competitivo, la mejor garantía de autonomía suele ser la capacidad de producir algo que otros necesitan.

Esta nueva concepción del poder modifica también el lugar de Rusia. La guerra en Ucrania ha afectado profundamente su economía, sus relaciones con Europa, su posicionamiento militar y su capacidad para mantener determinadas formas de proyección internacional. Rusia conserva recursos energéticos, una considerable capacidad militar, competencias científicas e importante influencia geopolítica, pero el conflicto también ha revelado el costo de una estrategia basada en la confrontación prolongada. La creciente dependencia de determinados socios, las sanciones, las pérdidas humanas y materiales, las transformaciones de los mercados energéticos y la necesidad de reorientar una parte de sus intercambios muestran que el poder militar no puede separarse indefinidamente de la capacidad económica para sostener un esfuerzo estratégico.

Irán se encuentra igualmente en una situación en la que el poder militar, energético e ideológico debe confrontarse con la realidad de las restricciones económicas y tecnológicas. Las tensiones con Washington ya no pueden interpretarse simplemente como una repetición de los conflictos ideológicos del siglo XX. Se inscriben en una competencia más amplia alrededor de la seguridad energética, los corredores comerciales, las tecnologías, las capacidades militares y la influencia regional. El propio Oriente Medio se está convirtiendo en un espacio donde los Estados buscan diversificar sus asociaciones. Las relaciones entre los países del Golfo, China, India, Estados Unidos, Europa y otros actores demuestran que las antiguas alianzas rígidas están dando progresivamente paso a relaciones más transaccionales.

Siria representa otro laboratorio de esta transformación. Su evolución reciente muestra hasta qué punto los equilibrios regionales pueden cambiar cuando las potencias exteriores reconsideran sus prioridades. Durante décadas, Oriente Medio fue interpretado principalmente a través del prisma de la rivalidad entre Washington, Moscú, Teherán y sus respectivos socios. Pero la nueva geografía económica introduce otros parámetros: reconstrucción, corredores energéticos, infraestructuras, comercio, inversiones, control de fronteras, seguridad alimentaria y acceso a los mercados. Una sociedad que intenta salir de un conflicto prolongado debe necesariamente reconstruir capacidades económicas, y esa reconstrucción genera nuevas oportunidades de negociación entre las potencias.

Venezuela se encuentra así en un sistema mundial en el que las ideologías continúan existiendo, pero son progresivamente superadas por cálculos de capacidad. Los gobiernos pueden seguir utilizando el vocabulario de la revolución, el socialismo, el nacionalismo o el liberalismo, pero todos deben responder a las mismas preguntas concretas: cómo financiar sus economías, cómo garantizar la electricidad, cómo alimentar a sus poblaciones, cómo crear empleos, cómo desarrollar infraestructuras, cómo proteger sus datos, cómo formar a sus jóvenes y cómo acceder a las tecnologías del futuro. El lenguaje político puede cambiar según los regímenes. Las restricciones materiales, en cambio, se vuelven cada vez más universales.

Precisamente por ello, una eventual decisión monetaria venezolana podría adquirir una dimensión simbólica superior a su alcance económico inmediato. Si un gobierno históricamente vinculado a una retórica de soberanía monetaria tuviera que reconocer que una moneda extranjera puede proporcionar temporal o permanentemente mayor estabilidad que la moneda nacional, semejante decisión constituiría una contradicción espectacular con algunas doctrinas del siglo XX. Pero también podría representar una forma de pragmatismo político. La verdadera cuestión sería determinar si el abandono de un instrumento simbólico se compensa mediante la construcción de capacidades reales. Renunciar a un símbolo de soberanía solo se convierte en un progreso si esa decisión permite reconstruir las condiciones materiales de una futura autonomía.

Esta distinción debe tomarse en serio, porque la dolarización no constituye una solución mágica. Puede reducir el riesgo monetario y contribuir a restaurar la confianza, pero también puede limitar determinados instrumentos de política económica y generar una dependencia respecto de la liquidez disponible en dólares. No garantiza ni el crecimiento, ni la justicia social, ni la industrialización, ni la modernización de las infraestructuras. Puede estabilizar el marco monetario sin transformar el sistema productivo. La verdadera ruptura histórica no sería, por tanto, simplemente la adopción de una moneda extranjera. Residiría en la capacidad de utilizar la estabilidad recuperada para reconstruir progresivamente las instituciones, la productividad y las competencias nacionales.

Esta cuestión conduce directamente a la generación que está llegando. Los jóvenes del siglo XXI no viven en el mismo universo intelectual que las generaciones formadas durante la Guerra Fría. Han crecido con Internet, las redes sociales, las plataformas digitales, los teléfonos inteligentes, la globalización cultural y, ahora, la inteligencia artificial. Su relación con el territorio, el trabajo, la información, la política y la identidad es diferente. Pueden pertenecer simultáneamente a una comunidad local, nacional y mundial. Pueden trabajar para una empresa extranjera sin abandonar su país. Pueden aprender de una universidad situada al otro lado del mundo. Pueden crear una empresa cuyo mercado potencial sea mundial desde el momento mismo de su nacimiento.

Esta generación no rechaza necesariamente la idea de soberanía, pero puede concebirla de otra manera. Para ella, ser soberano no significa necesariamente producir todo lo que se consume en el territorio o cerrar las fronteras a las influencias externas. Puede significar disponer de suficientes competencias para elegir, negociar y participar. Una nación tecnológicamente competente puede estar profundamente abierta al mundo y, al mismo tiempo, conservar capacidad de decisión. Una nación tecnológicamente dependiente puede ser jurídicamente independiente y, sin embargo, estar sometida a considerables restricciones externas.

Esta diferencia generacional podría transformar progresivamente las culturas políticas latinoamericanas. Las nuevas generaciones pueden sentirse menos impresionadas por las grandes proclamaciones ideológicas si estas no producen mejoras tangibles en sus condiciones de vida. Pueden aceptar un discurso patriótico, pero exigirán empleos, educación de calidad, servicios públicos eficaces, conexión digital fiable, seguridad real y la posibilidad de construir su futuro. Pueden estar vinculadas a su identidad nacional y, al mismo tiempo, rechazar las antiguas formas de cierre intelectual o económico.

El cambio generacional no significa la desaparición de la historia. Significa que la historia deja de ser suficiente para gobernar el presente. Una nación no puede pedir indefinidamente a sus jóvenes que vivan dentro de los conflictos intelectuales de sus abuelos. Debe ofrecerles una arquitectura política adaptada a su propio tiempo.

Aquí se encuentra quizá una de las dimensiones más profundas de la crisis venezolana. El país no solo debe reconstruir carreteras, hospitales, fábricas y una moneda. Debe reconstruir la relación entre el Estado y una generación que ha vivido la crisis como una experiencia determinante. Muchos jóvenes venezolanos han crecido en medio de la inestabilidad, la migración, la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de los servicios públicos y la separación de las familias. Su concepción del Estado estará necesariamente influida por esa experiencia. Recuperar su confianza requerirá algo más que discursos. Será necesario demostrar, en la vida cotidiana, que las instituciones pueden volver a ser previsibles.

Esta exigencia de confianza es precisamente lo que conecta la cuestión monetaria con la cuestión generacional. Una moneda estable significa que los ahorros de mañana pueden conservar un valor razonablemente previsible. Una administración eficaz significa que un diploma, un permiso o un contrato puede ser reconocido. Una justicia creíble significa que una inversión puede estar protegida. Una educación sólida significa que un niño puede aspirar a una trayectoria diferente de la de sus padres. La estabilidad, por tanto, no es únicamente una variable macroeconómica. Es también una experiencia humana.

Venezuela podría transformar así su crisis en una transición generacional si sus reformas logran restaurar estas formas fundamentales de confianza. Pero esta transformación requerirá una nueva concepción de la política. La política ya no podrá consistir únicamente en competir por el control del Estado. Deberá convertirse en una competencia para demostrar qué visión es capaz de producir mayores capacidades nacionales. Los ciudadanos deberán poder comparar a los gobiernos por la calidad de las escuelas, la fiabilidad de la electricidad, la productividad de las empresas, la seguridad de las ciudades, la calidad de las infraestructuras y la capacidad de innovación.

Tal evolución podría modificar también la relación entre ideología y pragmatismo. El pragmatismo no implica ausencia de valores. Significa que los valores deben traducirse en resultados institucionales. La justicia social exige servicios públicos capaces de proteger a los más vulnerables. El patriotismo exige una economía capaz de retener el talento. La soberanía exige capacidad productiva y tecnológica. La libertad exige instituciones capaces de proteger los derechos. El desarrollo sostenible exige infraestructuras compatibles con los límites ambientales. Las grandes ideas políticas del siglo XXI deberán, por tanto, ser evaluadas a través de su capacidad de transformación concreta.

Este enfoque permite también superar otra ilusión heredada del siglo anterior: la idea de que un país debe necesariamente pertenecer a un bando para existir estratégicamente. El mundo contemporáneo es demasiado interdependiente para funcionar únicamente según esa lógica. Estados Unidos necesita socios asiáticos. China necesita mercados y recursos externos. Europa busca cadenas de suministro diversificadas. India desarrolla relaciones con varios polos. Los países del Golfo invierten en múltiples regiones. América Latina también busca multiplicar sus opciones. Esta realidad crea un sistema más fragmentado, pero también más abierto a las estrategias intermedias.

Venezuela podría aprovechar esta situación siempre que abandone la lógica de la confrontación permanente. Podría negociar con Washington sobre energía y comercio; con China sobre infraestructuras e inversiones; con India sobre energía y tecnologías; con Corea del Sur sobre industria y cadenas de valor; con Europa sobre normas, inversiones y formación; con Brasil y Colombia sobre integración regional; y con los países del Caribe sobre energía, logística y resiliencia climática. Una diplomacia de este tipo no sería una diplomacia de renuncia. Sería una diplomacia de diversificación.

La misma lógica podría aplicarse a las relaciones con Cuba. La evolución del enfoque de los dirigentes cubanos y las restricciones económicas que enfrenta la isla muestran también que las realidades económicas terminan imponiendo sus propios límites a los sistemas políticos. Cuba posee competencias humanas reconocidas en determinados sectores, particularmente en salud y algunas disciplinas científicas, pero su economía continúa enfrentando importantes restricciones estructurales. Una nueva relación entre Cuba y sus socios regionales podría basarse más en la cooperación económica, científica y sanitaria que en las antiguas solidaridades ideológicas.

Esta evolución sería significativa para todo el Caribe. La región podría pasar progresivamente de una política de pertenencias a una política de intereses convergentes. Los Estados conservarían sus identidades y sus sistemas políticos, pero buscarían cooperar cada vez más en torno a problemas que afectan concretamente a sus poblaciones. El cambio climático, la energía, la seguridad alimentaria, las migraciones, las infraestructuras digitales, el turismo y la salud son precisamente los ámbitos en los que las fronteras ideológicas resultan menos relevantes.

La nueva geografía económica y política del Caribe podría convertirse así en uno de los laboratorios de la transición mundial. La región se encuentra próxima a Estados Unidos, en contacto con América Latina, vinculada a Europa y cada vez más conectada con capitales asiáticos y de Oriente Medio. Su importancia podría aumentar a medida que las grandes potencias busquen asegurar las rutas comerciales, las infraestructuras energéticas y las cadenas de suministro.

Venezuela ocupa en este espacio una posición particular. Su territorio, sus recursos y su fachada marítima le proporcionan las condiciones para convertirse en un actor importante de esta nueva arquitectura, pero solo si reconstruye sus capacidades nacionales. La geografía ofrece una posibilidad. No produce automáticamente poder.

La ruptura con el siglo XX no debería, por tanto, entenderse como un rechazo de todas las ideas del pasado. Algunos valores siguen siendo fundamentales: justicia, libertad, solidaridad, soberanía, dignidad nacional y responsabilidad colectiva. Lo que debe cambiar es la manera de traducirlos en las realidades contemporáneas. La soberanía ya no puede ser únicamente monetaria. El poder ya no puede ser únicamente militar. El desarrollo ya no puede ser únicamente industrial. La seguridad ya no puede ser únicamente territorial. La diplomacia ya no puede ser únicamente ideológica. La educación ya no puede basarse únicamente en la memorización. La competitividad ya no puede separarse de la tecnología.

El siglo XXI impone así una nueva gramática política en la que la capacidad se convierte en el verdadero lenguaje común de las naciones. Los países continuarán defendiendo ideologías, identidades y visiones del mundo diferentes, pero su lugar real en el sistema internacional dependerá cada vez más de aquello que sean capaces de producir, financiar, innovar, proteger, negociar y transmitir.

Para Venezuela, esta transición puede convertirse en una oportunidad histórica siempre que una eventual reforma monetaria no sea considerada como la conclusión de la crisis, sino como uno de los primeros instrumentos de una reconstrucción mucho más amplia. Si la estabilidad monetaria permite restaurar el ahorro, el ahorro puede financiar la inversión. Si la inversión reconstruye las infraestructuras, las infraestructuras pueden sostener la productividad. Si aumenta la productividad, los ingresos pueden financiar la educación y la investigación. Si avanzan la educación y la investigación, el país puede desarrollar capacidades tecnológicas. Si esas capacidades se vuelven exportables, pueden fortalecer las reservas, el empleo y la autonomía económica. Es esta cadena de transformación la que daría un significado histórico a la ruptura monetaria.

La cuestión central ya no sería, por tanto, saber si Venezuela abandona o conserva un símbolo monetario del siglo XX. Sería determinar si logra sustituir progresivamente una soberanía principalmente declarativa por una soberanía basada en capacidades reales, medibles y transmisibles. Una moneda nacional fuerte puede contribuir a esa soberanía, pero solo constituye uno de sus elementos. Una moneda extranjera puede proporcionar temporalmente una estabilidad que el Estado todavía no consigue garantizar, pero no debe convertirse en un sustituto permanente de la reconstrucción productiva. En ambos casos, la verdadera medida del éxito seguirá siendo la misma: la capacidad del país para producir más, aprender con mayor rapidez, innovar, retener su talento, atraer inversiones y ofrecer a sus ciudadanos una perspectiva creíble de futuro.

El verdadero fin de una época no sería, por tanto, anunciado por un discurso político, por un cambio de bandera o por el abandono de una moneda. Se manifestaría cuando las sociedades comenzaran progresivamente a dejar de organizar su futuro alrededor de las categorías que estructuraron el siglo anterior y empezaran a pensar en términos de competencias, interdependencias, tecnología, resiliencia, capital humano y capacidad de acción. Es en esta transición silenciosa, mucho más profunda que los enfrentamientos ideológicos visibles, donde ya se juega una parte de la nueva geografía del poder mundial.

LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA DE TRUMP: COMERCIO, ENERGÍA, SANCIONES Y RECONFIGURACIÓN DE LOS CENTROS DE PODER

La transformación de Venezuela no puede comprenderse plenamente sin examinar la mutación de la política estadounidense bajo Donald Trump y, más ampliamente, la manera en que Washington está redefiniendo hoy las relaciones entre comercio, seguridad, energía y poder. El retorno de una concepción más transaccional de la política exterior estadounidense no constituye simplemente un cambio de estilo o de vocabulario diplomático. Forma parte de una evolución más profunda del sistema internacional, en la que Estados Unidos busca preservar su superioridad al tiempo que reduce determinadas dependencias industriales, tecnológicas y comerciales que ahora considera vulnerabilidades estratégicas. Esta orientación transforma la relación con China, modifica las expectativas estadounidenses respecto de sus aliados europeos y asiáticos, reconfigura el uso de los aranceles y las sanciones y devuelve a la energía una función geopolítica que recuerda, bajo nuevas formas, algunas de las grandes confrontaciones del siglo XX.

La singularidad de este nuevo período reside en que Washington ya no parece querer separar con tanta claridad la política económica de la política exterior. Los aranceles, el acceso al mercado estadounidense, las restricciones tecnológicas, las sanciones financieras, las negociaciones energéticas y los compromisos de seguridad son cada vez más susceptibles de ser utilizados como instrumentos complementarios. Este enfoque puede generar importantes tensiones con los socios tradicionales de Estados Unidos, pero también responde a una percepción que se ha vuelto central en Washington: en un mundo en el que China posee una extraordinaria potencia industrial, en el que las cadenas de suministro pueden verse perturbadas por crisis geopolíticas y en el que determinadas tecnologías se vuelven decisivas para la seguridad nacional, la dependencia económica ya no puede considerarse una cuestión separada de la soberanía.

La política arancelaria estadounidense hacia China debe situarse dentro de esta lógica. Los aranceles no constituyen únicamente un instrumento destinado a proteger determinadas industrias estadounidenses. Expresan una preocupación más amplia por la desindustrialización, la dependencia de las importaciones, los déficits comerciales, la resiliencia de las cadenas de producción y la capacidad de Estados Unidos para conservar una base industrial suficiente en sectores estratégicos. Esta lógica, sin embargo, encierra una contradicción fundamental: los aranceles pueden proteger determinadas actividades a corto plazo, pero también pueden aumentar los costos para las empresas y los consumidores, provocar medidas de represalia y desplazar las cadenas de valor en lugar de repatriarlas íntegramente. La cuestión estratégica, por tanto, no consiste simplemente en determinar si los aranceles son eficaces o ineficaces, sino en qué condiciones pueden combinarse con una política industrial, tecnológica y educativa suficientemente ambiciosa para producir una verdadera reconstrucción productiva.

Esta problemática estadounidense tiene una importancia directa para Venezuela. Si Washington considera la energía como un elemento estratégico de su política exterior, Venezuela posee un activo que pocos países de la región pueden igualar. Pero este recurso ya no puede analizarse únicamente a través de los ingresos petroleros. El petróleo venezolano se encuentra en la intersección de varias cuestiones: seguridad energética estadounidense, influencia china, relaciones con el Caribe, estabilidad de los mercados, sanciones, inversiones extranjeras y reconstrucción de la economía venezolana. El valor estratégico de Venezuela dependerá, por tanto, tanto de la cantidad de petróleo que pueda producir como de la capacidad de su gobierno para construir un entorno que permita funcionar de manera sostenible a las inversiones, las infraestructuras y los intercambios.

Esta situación crea una paradoja particularmente interesante. Estados Unidos puede considerar útil la estabilidad económica de Venezuela para determinados objetivos energéticos y regionales, al tiempo que mantiene preocupaciones políticas relacionadas con la gobernanza, la migración, la seguridad y las instituciones. Caracas, por su parte, puede intentar preservar su soberanía mientras necesita capitales, tecnologías y mercados a los que Estados Unidos proporciona un acceso determinante. La relación, por tanto, no puede reducirse a una oposición entre dos voluntades políticas. Se basa en una compleja interdependencia en la que cada parte dispone de instrumentos de presión, pero también de intereses que hacen posible una cooperación selectiva.

Es precisamente esta lógica transaccional la que podría modificar la estrategia venezolana. Dentro del antiguo marco ideológico, Caracas podía considerar la relación con Washington principalmente como una confrontación política y buscar compensar esa presión mediante un acercamiento a potencias externas. En el nuevo marco, una estrategia más pragmática consistiría en diferenciar los asuntos. Venezuela podría negociar energía con Washington, infraestructuras con determinados socios asiáticos, inversiones con Europa, cooperación industrial con Corea del Sur, intercambios con India e integración regional con Brasil, Colombia y el Caribe. Esta diversificación no eliminaría los desacuerdos políticos, pero impediría que un solo socio pudiera determinar toda la trayectoria económica nacional.

China ocupa, evidentemente, un lugar particular en esta ecuación. Su ascenso económico ha modificado profundamente las opciones disponibles para los países del Sur. Pekín se ha convertido en un importante socio comercial, industrial y financiero para numerosas economías emergentes. Sus empresas participan en infraestructuras portuarias, energéticas, ferroviarias y digitales en varios continentes. China representa, por tanto, para Venezuela una posible fuente de capitales, tecnologías y mercados. Pero, una vez más, la cuestión estratégica no consiste en determinar si debe elegir entre Washington y Pekín. Consiste en establecer cómo construir una relación con China sin transformar esa relación en una nueva dependencia estructural.

El debate en torno a la Iniciativa de la Franja y la Ruta ilustra esta evolución. El proyecto chino constituyó durante más de una década una de las principales expresiones de la expansión económica internacional de Pekín. Puertos, ferrocarriles, centrales energéticas, telecomunicaciones e infraestructuras permitieron a China ampliar su presencia económica. Pero el entorno internacional ha cambiado. Varios países han reevaluado sus compromisos, algunos proyectos han encontrado dificultades financieras o políticas y los gobiernos se han vuelto más atentos a las condiciones contractuales, la deuda y los beneficios locales. La BRI no necesariamente desaparece, pero su etapa de despliegue rápido y casi ilimitado parece haber dado paso a una fase más selectiva, en la que se examinan con mayor atención la rentabilidad, la seguridad y el valor estratégico de los proyectos.

Para Venezuela, esta evolución debería considerarse una lección. Las infraestructuras extranjeras no deben evaluarse únicamente en función de su costo inicial o de la rapidez con la que pueden construirse. Es necesario examinar su contribución a la productividad nacional, su compatibilidad con las infraestructuras existentes, las condiciones de financiación, la transferencia de competencias, el mantenimiento, la propiedad de los datos y la capacidad de las empresas locales para participar en las cadenas de valor. Un puerto financiado y construido por una empresa extranjera puede ser extremadamente útil si su funcionamiento estimula una economía nacional diversificada. Se vuelve mucho menos transformador si funciona como un enclave aislado del resto del país.

Por ello, la relación con China debería situarse dentro de una estrategia más amplia de transferencia de capacidades. Venezuela no debería limitarse a solicitar infraestructuras. Debería exigir formación, asociaciones universitarias, centros de investigación conjuntos, programas industriales, mecanismos de mantenimiento local y la integración de empresas nacionales en los proyectos. El verdadero valor de una asociación tecnológica reside menos en el objeto entregado que en las competencias que deja detrás de sí.

Esta exigencia se vuelve todavía más importante en el ámbito digital. Las infraestructuras de telecomunicaciones, las redes en la nube, los sistemas de pago, los centros de datos y las plataformas de inteligencia artificial pueden crear dependencias mucho más duraderas que una carretera o un edificio. Una infraestructura física puede inspeccionarse, mantenerse y sustituirse progresivamente. Una arquitectura digital puede incorporar dependencias invisibles en los programas informáticos, los estándares, las actualizaciones, los datos y los equipos. Venezuela deberá, por tanto, prestar especial atención a la soberanía tecnológica cuando negocie sus futuras asociaciones.

India constituye aquí un socio potencial particularmente interesante porque ella misma busca construir una autonomía tecnológica mientras mantiene relaciones con varios centros de poder. Su política internacional demuestra que un gran país puede tratar de maximizar su margen de maniobra en lugar de situarse definitivamente dentro de un bloque. Para Caracas, la lección es clara: la diversificación de socios solo tiene valor si está acompañada por una estrategia nacional suficientemente coherente para determinar qué quiere obtener el país de cada uno.

Corea del Sur podría desempeñar un papel diferente, pero igualmente importante. Su fortaleza en semiconductores, electrónica, automoción, construcción naval y determinadas tecnologías industriales corresponde precisamente a las necesidades de una economía que busca reconstruir su base productiva. Venezuela, evidentemente, no tiene interés en reproducir íntegramente el modelo surcoreano. Podría, en cambio, buscar atraer empresas surcoreanas hacia sectores específicos, combinando inversión extranjera, formación profesional y creación de proveedores locales. Esta estrategia sería mucho más eficaz que una simple política de importación de productos terminados.

Europa también podría desempeñar un papel significativo. La Unión Europea dispone de una considerable capacidad normativa y científica, así como de importantes recursos en infraestructuras, energía, medio ambiente, salud y formación. Una relación europea con Venezuela podría construirse en torno a normas, tecnologías limpias, modernización institucional, universidades e inversiones a largo plazo. Europa no representa únicamente un mercado. También puede constituir una fuente de estándares que ayuden a Venezuela a mejorar la calidad de sus instituciones económicas e industriales.

Brasil ocupa, sin embargo, una posición particular porque es al mismo tiempo un vecino, una gran potencia regional, una economía industrial importante y un actor capaz de dialogar con varios centros mundiales. Una reconstrucción económica de Venezuela podría abrir considerables posibilidades de cooperación con Brasilia en agricultura, energía, infraestructuras, salud, industria y Amazonia. Un mayor acercamiento económico a Brasil también podría contribuir a reincorporar a Venezuela a las cadenas de valor sudamericanas.

Colombia podría desempeñar un papel igualmente determinante, aunque a otra escala. Los dos países comparten una frontera, poblaciones móviles y relaciones comerciales históricas. Una mejora de la situación económica venezolana podría reducir determinadas presiones migratorias y crear nuevos mercados para las empresas colombianas. Las infraestructuras fronterizas podrían convertirse en corredores comerciales en lugar de espacios dominados por actividades clandestinas. Una relación económica más estable entre Caracas y Bogotá tendría, por tanto, consecuencias que superarían ampliamente el comercio bilateral.

La nueva geografía estadounidense también podría modificar las relaciones con México. La proximidad al mercado estadounidense, la reorganización de las cadenas industriales norteamericanas y la búsqueda de nuevas capacidades de producción en el espacio cercano a Estados Unidos otorgan a México una importancia excepcional. El fenómeno del nearshoring puede crear oportunidades para varias economías del hemisferio, pero exige infraestructuras, mano de obra cualificada y estabilidad institucional. Venezuela no podrá convertirse inmediatamente en un competidor de México dentro de las cadenas industriales norteamericanas, pero podría tratar de aprovechar esta reconfiguración desarrollando determinados sectores complementarios.

Esta posibilidad demuestra por qué la política arancelaria de Washington debe observarse más allá de la relación entre China y Estados Unidos. Cuando Estados Unidos impone barreras comerciales a determinadas importaciones chinas o busca asegurar sus cadenas de suministro, las consecuencias pueden extenderse hacia México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Algunas empresas pueden trasladar determinadas actividades. Las inversiones pueden buscar nuevas localizaciones. Los países pueden intentar mejorar su acceso al mercado estadounidense. La geografía económica del hemisferio occidental puede, por tanto, evolucionar progresivamente como consecuencia de decisiones tomadas en Washington y Pekín.

Venezuela deberá aprender a interpretar estos movimientos sin esperar a que las oportunidades aparezcan espontáneamente. Una política industrial moderna consiste precisamente en identificar las transformaciones internacionales antes de que se vuelvan evidentes. Si determinadas cadenas de valor abandonan progresivamente Asia para acercarse a los mercados occidentales, Caracas debería determinar en qué segmentos puede participar. Si la demanda mundial de productos energéticos evoluciona, el país debe preparar sus infraestructuras. Si aumenta la demanda de minerales críticos, debe desarrollar sus capacidades de transformación. Si los servicios digitales se vuelven exportables, debe invertir en las competencias necesarias.

Esta capacidad de anticipación suele faltar en las economías de renta. Los elevados ingresos procedentes de un recurso pueden generar la impresión de que el futuro ya está asegurado. Sin embargo, los ciclos tecnológicos y geopolíticos pueden modificar rápidamente el valor de las ventajas existentes. El petróleo en sí mismo no desaparecerá de manera repentina de la economía mundial, pero su posición, sus mercados y sus exigencias tecnológicas están evolucionando. Los productores deben, por tanto, preparar varios escenarios en lugar de depender de una única trayectoria.

La cuestión energética se vuelve así más compleja. Venezuela posee enormes recursos petroleros, pero el sistema energético mundial está evolucionando bajo el efecto de las políticas climáticas, los vehículos eléctricos, las tecnologías renovables, la eficiencia energética y nuevas formas de producción. El petróleo seguirá siendo importante, pero su valor estratégico dependerá también de la capacidad de los productores para reducir costos, mejorar sus infraestructuras y diversificar sus ingresos. Venezuela debe, por tanto, utilizar su ventaja petrolera mientras exista, al tiempo que prepara activamente la economía posterior a la dependencia.

Esta estrategia podría incluir el desarrollo del gas, las energías renovables, la hidroelectricidad, la eficiencia energética y las tecnologías de almacenamiento. Pero también debería integrar la industria petroquímica y los servicios energéticos con el fin de aumentar el valor añadido creado en el territorio. El verdadero objetivo no sería renunciar al petróleo, sino salir progresivamente de la dependencia de la exportación de petróleo crudo.

Esta evolución sería especialmente importante en las relaciones con Estados Unidos. Una economía venezolana diversificada sería un socio más interesante que una economía completamente dependiente del petróleo. Podría importar más bienes estadounidenses, desarrollar inversiones cruzadas, atraer empresas y participar en cadenas regionales de producción. La relación bilateral podría pasar progresivamente de una lógica de sanciones y confrontación a una lógica de intereses económicos mutuos, aunque persistieran divergencias políticas.

Esta transformación, sin embargo, solo sería posible si Caracas comprende una realidad fundamental: la nueva geopolítica de Washington no está necesariamente concebida en torno a la confianza ideológica. Funciona más bien alrededor de intereses mensurables. Un país se vuelve útil cuando contribuye a la seguridad energética, la estabilidad regional, la seguridad fronteriza, las cadenas de suministro o los mercados. Esta perspectiva puede ser criticada desde el punto de vista moral o político, pero debe comprenderse para poder negociarse eficazmente.

Venezuela podría, por tanto, intentar transformar su posición geográfica en valor estratégico. Su proximidad a Estados Unidos, su fachada caribeña, sus recursos energéticos y sus vínculos con Sudamérica le proporcionan una combinación poco común. Pero para convertir esa combinación en influencia, el país deberá volverse previsible. Los inversores, los socios comerciales y los gobiernos extranjeros deben poder anticipar las reglas, los contratos, los impuestos, las condiciones de transferencia de capitales y la seguridad de las inversiones.

La previsibilidad podría convertirse en uno de los recursos más valiosos de Venezuela en el siglo XXI. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, las empresas buscan territorios capaces de ofrecer cierta estabilidad. Los países que consiguen crear esa estabilidad pueden atraer capitales incluso si no disponen de los mismos recursos que las grandes potencias. La confianza institucional se convierte entonces en una ventaja competitiva.

Esta cuestión nos devuelve directamente al debate monetario. Una moneda estable puede contribuir a la previsibilidad, pero solo constituye una parte de la ecuación. Un inversor no observa únicamente el tipo de cambio. También analiza la justicia, la fiscalidad, la seguridad, las infraestructuras, la posibilidad de repatriar beneficios, la calidad de la mano de obra y la estabilidad política. La estabilización monetaria debe, por tanto, ir acompañada de una estabilización institucional.

La nueva geografía de Trump podría así ofrecer paradójicamente a Venezuela una oportunidad para abandonar las antiguas lógicas de confrontación, pero solo si Caracas acepta transformar su política exterior. Estados Unidos también busca negociar de manera diferente con sus socios. China intenta asegurar sus cadenas de suministro. India busca reforzar su autonomía. Corea del Sur protege sus industrias estratégicas. Europa intenta reducir determinadas dependencias. Los países del Golfo invierten en varias regiones. Rusia intenta reorganizar sus intercambios. Todos estos actores adaptan sus estrategias a un mundo en el que la interdependencia ya no se considera una garantía suficiente de estabilidad.

Venezuela debe hacer lo mismo.

No se trata de elegir entre Washington, Pekín, Moscú, Nueva Delhi, Seúl o Bruselas. Se trata de construir una capacidad nacional que permita hablar con todos estos centros de poder sin convertirse en instrumento de ninguno de ellos. Esta orientación representaría una ruptura profunda con los reflejos geopolíticos del siglo anterior. Sustituiría la lógica de los bloques por la de las redes, la lógica de las pertenencias por la de los intereses convergentes y la lógica de la confrontación permanente por la de la negociación estratégica.

Esta mutación no significa que los conflictos vayan a desaparecer. Las rivalidades entre las grandes potencias continuarán, a veces con una intensidad considerable. Las guerras, las sanciones, las crisis energéticas y las tensiones comerciales seguirán modificando los mercados. Pero los países intermedios necesitarán más flexibilidad que alineamiento automático. Su poder dependerá de su capacidad para conservar opciones.

Esta es probablemente una de las grandes lecciones de la nueva geografía mundial: en un sistema fragmentado, el poder no reside únicamente en el tamaño de un país, sino en el número y la calidad de las opciones de que dispone. Un país capaz de cambiar de proveedor, diversificar sus mercados, movilizar varias fuentes de financiación, formar a sus propios talentos y producir determinadas tecnologías esenciales posee una libertad estratégica superior a la de un país que depende de un único socio.

Para Venezuela, esta libertad deberá construirse metódicamente. Comenzará por la estabilidad monetaria e institucional, continuará con la reconstrucción energética e industrial, deberá integrar la educación y la tecnología y posteriormente se extenderá a la diversificación comercial y diplomática. La política exterior ya no podrá diseñarse separadamente de la política económica. Cada acuerdo internacional deberá evaluarse en función de la capacidad que aporte al país.

Este enfoque otorgaría a la cuestión monetaria una dimensión mucho más amplia. Si Venezuela opta por un régimen monetario basado en el dólar, deberá buscar simultáneamente fortalecer sus capacidades productivas para que esta dependencia monetaria no se transforme en una dependencia económica permanente. Si, a largo plazo, consigue reconstruir las condiciones para una moneda nacional creíble, esta posibilidad deberá ser el resultado de una economía productiva y de instituciones sólidas, y no de una decisión política destinada a restaurar un símbolo.

La verdadera soberanía monetaria no se decreta. Se construye en las fábricas, las universidades, los bancos, los laboratorios, los puertos, las empresas, las redes eléctricas y las familias que finalmente pueden ahorrar sin temer que su trabajo sea destruido por la inflación.

Por eso, la nueva geografía de Trump no debe considerarse únicamente una amenaza para Venezuela. También puede convertirse en un revelador. Obliga a Caracas a comprender que el sistema internacional ya no funcionará según las mismas reglas de antes y que las antiguas certezas ideológicas ya no son suficientes. Estados Unidos busca asegurar sus cadenas de valor. China intenta preservar sus mercados y su ascenso tecnológico. India busca convertirse en una potencia autónoma. Corea del Sur protege sus capacidades industriales. Europa intenta reforzar su resiliencia. Los países del Golfo diversifican sus economías. Rusia intenta sostener una confrontación prolongada. Los países del Sur buscan nuevos márgenes de maniobra.

En este entorno, Venezuela ya no puede esperar que el sistema internacional le ofrezca un lugar. Debe construir un lugar que varios actores tengan interés en preservar. Esta evolución podría constituir uno de los elementos más importantes de la reconstrucción nacional. Una potencia media o regional no necesita dominar para ejercer influencia. Debe convertirse en un actor suficientemente útil, suficientemente fiable y suficientemente competente para que su exclusión tenga un costo para los demás. Solo bajo esta condición la geografía venezolana, durante mucho tiempo percibida como un simple dato territorial, podría convertirse en una verdadera geografía del poder.

LA MONEDA COMO CONTRATO SOCIAL: DOLARIZACIÓN, CONFIANZA Y RECONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO PRODUCTIVO

La cuestión monetaria venezolana no puede reducirse finalmente a una elección entre el bolívar y el dólar, del mismo modo que tampoco puede comprenderse únicamente a través de las estadísticas de inflación, las reservas internacionales o las decisiones de política económica. Una moneda es, ante todo, una institución de confianza. Permite a los individuos conservar una parte de su trabajo en forma de ahorro, a las empresas calcular sus costos e inversiones, a los bancos conceder créditos, a las administraciones preparar presupuestos y a las generaciones sucesivas transmitir una parte de la riqueza creada. Cuando una moneda deja de cumplir adecuadamente estas funciones, el problema supera inmediatamente la esfera financiera. Penetra en las familias, modifica los comportamientos, acelera la preferencia por activos extranjeros, transforma las relaciones entre trabajadores y empleadores, desestructura el ahorro y termina modificando la relación psicológica entre los ciudadanos y su Estado. Por eso, una eventual decisión venezolana de adoptar oficialmente el dólar o de reforzar considerablemente su papel no debería presentarse como una simple operación técnica. Constituiría una respuesta a una crisis de confianza que afecta simultáneamente a la moneda, a las instituciones y a la capacidad del Estado para garantizar el valor del trabajo.

En una economía normalmente funcional, la moneda desempeña una tarea casi invisible. Los ciudadanos trabajan hoy sabiendo que una parte de lo que ganan podrá utilizarse mañana. Las empresas invierten porque pueden anticipar razonablemente sus costos y sus ingresos. Los bancos conceden préstamos porque disponen de un entorno suficientemente estable para evaluar los riesgos. Los contratos pueden celebrarse por varios años porque las unidades de cuenta permanecen relativamente previsibles. Cuando esta estabilidad desaparece, toda la arquitectura económica se acorta. Los hogares intentan gastar rápidamente, las empresas reducen sus horizontes de inversión, las transacciones se desplazan hacia monedas más estables y los agentes económicos dedican una parte creciente de su energía a protegerse contra la incertidumbre en lugar de producir. Una inflación prolongada, por tanto, no destruye solamente poder adquisitivo. Destruye tiempo económico, porque obliga a toda la sociedad a dedicar recursos considerables a defenderse de la inestabilidad.

Esta dimensión explica por qué el dólar ha podido imponerse progresivamente en la vida económica venezolana pese a la existencia formal del bolívar. Cuando los ciudadanos comienzan a utilizar una moneda extranjera para ahorrar, fijar determinados precios, realizar transacciones importantes o preservar su patrimonio, revelan menos una preferencia ideológica que un comportamiento racional frente al riesgo. La historia monetaria demuestra que las poblaciones rara vez adoptan voluntariamente una moneda extranjera porque desean abandonar su identidad nacional. Generalmente lo hacen cuando buscan un instrumento de preservación de valor que consideran más fiable. La moneda paralela se convierte entonces en el espejo de una confianza institucional deteriorada.

Una eventual dolarización oficial podría interpretarse, por tanto, como el reconocimiento jurídico de una realidad económica ya parcialmente instalada. Pero este reconocimiento no eliminaría las dificultades estructurales que produjeron la crisis monetaria. Podría mejorar la estabilidad nominal, reducir el riesgo de creación monetaria descontrolada y facilitar determinadas decisiones económicas, pero no crearía automáticamente nuevas fábricas, nuevos empleos, nuevas infraestructuras o nuevas competencias. El peligro sería confundir la estabilización de la unidad de cuenta con la reconstrucción de la economía real. Una moneda más estable puede crear las condiciones para la reactivación. No puede producir por sí sola esa reactivación.

La distinción entre estabilidad monetaria y desarrollo económico debe situarse, por tanto, en el centro de cualquier análisis serio. Una economía puede estar dolarizada y seguir siendo pobre, desigual o poco productiva. También puede ser monetariamente estable y depender fuertemente de las importaciones. La moneda es solamente un elemento de un sistema mucho más amplio. La cuestión decisiva es determinar si el régimen monetario elegido permite que las demás instituciones funcionen y si el Estado utiliza la estabilidad obtenida para fortalecer la capacidad productiva del país.

En el caso de Venezuela, esta segunda etapa sería probablemente la más difícil. Después de años de contracción económica, pérdida de capital humano, deterioro de las infraestructuras y migraciones masivas, el país debe reconstruir simultáneamente varios sectores. El sistema energético debe modernizarse, la industria petrolera debe recuperar capacidades operativas, las infraestructuras de transporte deben rehabilitarse, la agricultura debe aumentar su productividad, los servicios públicos deben recuperar su fiabilidad y el sistema educativo debe volver a conectarse con las necesidades de una economía contemporánea. Una estabilización monetaria podría facilitar esta reconstrucción, pero nunca podría sustituirla.

Esta realidad conduce a una cuestión más fundamental: ¿qué debe convertirse en el Estado venezolano después de la crisis? Durante gran parte del siglo XX, el Estado petrolero ocupó un lugar central en la redistribución de los ingresos procedentes de los hidrocarburos. El modelo podía funcionar mientras los ingresos fueran suficientemente importantes y las instituciones fueran capaces de transformar una parte de la renta en servicios e inversiones. Pero cuando la producción se desplomó, cuando las sanciones limitaron determinados accesos a los mercados y cuando las instituciones económicas se debilitaron, el modelo se volvió mucho más vulnerable. El problema, por tanto, no es solamente el petróleo. Es el de un Estado cuya capacidad financiera dependía en gran medida de una fuente de ingresos extremadamente concentrada.

La reconstrucción debería orientarse hacia un Estado productivo y no hacia un simple Estado distribuidor. Un Estado productivo no es un Estado que posee todas las empresas. Es un Estado que crea las condiciones para que una economía diversificada produzca más. Construye las infraestructuras esenciales, garantiza la seguridad jurídica, protege la competencia, financia determinadas investigaciones estratégicas, desarrolla las capacidades humanas y establece reglas suficientemente previsibles para que los empresarios puedan asumir riesgos. Su objetivo no es sustituir sistemáticamente al sector privado, sino hacer posible una expansión sostenible de la capacidad productiva nacional.

Esta concepción es particularmente importante en una economía dolarizada. Cuando el Estado ya no dispone de una política monetaria nacional plenamente autónoma, debe ser mucho más riguroso en su política presupuestaria. No puede depender de la creación monetaria para financiar de manera permanente sus déficits. Los ingresos públicos deben estar más alineados con la producción real, la fiscalidad debe volverse más eficiente y el gasto público debe evaluarse según su rendimiento económico y social. La restricción puede ser difícil, pero también puede constituir una disciplina útil si está acompañada de una reforma institucional.

La dolarización puede funcionar así como una restricción que obliga al Estado a renunciar a determinadas facilidades presupuestarias. Pero esta restricción puede volverse destructiva si las autoridades no disponen de suficientes ingresos o instrumentos para responder a las crisis. La cuestión central, por tanto, no es solamente determinar si la dolarización reduce la inflación. Hay que establecer si el país posee los mecanismos presupuestarios, financieros e institucionales necesarios para absorber los shocks.

La experiencia internacional demuestra que las economías fuertemente dolarizadas pueden beneficiarse de cierta estabilidad, pero generalmente necesitan otros instrumentos para gestionar los ciclos económicos. Las reservas internacionales, la calidad del sistema bancario, la flexibilidad del mercado laboral, las transferencias de la diáspora, la diversificación de las exportaciones y la credibilidad fiscal adquieren entonces una importancia particular. Venezuela dispone de una ventaja potencial considerable con su diáspora y sus recursos energéticos, pero debe transformar estos activos en mecanismos institucionales duraderos.

La diáspora merece, a este respecto, una atención particular. Durante la crisis, a menudo ha funcionado como una protección informal para las familias que permanecieron en el país. Las transferencias de dinero han permitido financiar el consumo, la salud, la educación y determinados gastos esenciales. Pero una política nacional ambiciosa debería buscar superar esta función de emergencia. La diáspora puede convertirse en una fuente de capital, competencias, redes comerciales, conocimientos tecnológicos y asociaciones universitarias. Puede contribuir a la reconstrucción productiva si el entorno institucional le permite invertir y regresar, temporal o permanentemente.

Una estrategia moderna podría crear, por tanto, instrumentos específicos para movilizar el ahorro de la diáspora. Bonos destinados a los venezolanos en el extranjero, mecanismos de inversión en infraestructuras, fondos de capital de riesgo, asociaciones universitarias y programas de retorno de competencias podrían transformar progresivamente la migración en una red económica mundial. Venezuela ya no debería considerar únicamente a los venezolanos que viven en el extranjero como una población que abandonó el territorio. Podría considerarlos como una extensión internacional del capital humano nacional.

Esta transformación sería especialmente importante para los sectores tecnológicos. Un país que ha perdido una parte de sus ingenieros, médicos, investigadores, empresarios y especialistas difícilmente puede reconstruir rápidamente todas estas competencias únicamente dentro de su territorio. La diáspora puede acelerar este proceso. Los profesionales que viven en el extranjero pueden participar en proyectos a distancia, crear empresas con socios locales, formar estudiantes, transferir métodos de gestión y establecer conexiones con mercados internacionales. La reconstrucción no exige necesariamente el regreso inmediato de toda la población expatriada. Exige, ante todo, la creación de un sistema que permita que las competencias dispersas vuelvan a estar económicamente conectadas con el país.

Este enfoque se relaciona directamente con la cuestión generacional. Los jóvenes venezolanos deben poder percibir la reconstrucción como un proyecto que les pertenece. Una política económica centrada únicamente en la estabilización de las cuentas públicas no será suficiente. Será necesario crear trayectorias profesionales creíbles. Los jóvenes deben poder acceder a una formación de calidad, incorporarse a empresas productivas, crear sus propias actividades y participar en nuevos sectores. La inteligencia artificial, las tecnologías digitales, la energía, la agricultura de precisión, la logística, la salud digital y los servicios profesionales internacionales pueden ofrecer importantes posibilidades si el país invierte en infraestructuras y competencias.

La política educativa deberá, por tanto, cambiar de lógica. Ya no bastará con aumentar el número de estudiantes. Será necesario mejorar la calidad, desarrollar competencias científicas, reforzar las matemáticas, las ciencias, la informática, los idiomas extranjeros y las capacidades de resolución de problemas. Las universidades también deberán estar más conectadas con las empresas y los centros de investigación internacionales. Una economía que quiere entrar en el siglo XXI no puede separar su sistema educativo de su estrategia productiva.

La inteligencia artificial hace aún más urgente esta exigencia. Los países que ya poseen infraestructuras de computación, bases de datos, investigadores y empresas tecnológicas pueden avanzar muy rápidamente. Aquellos que no cuentan con estas capacidades corren el riesgo de convertirse en simples usuarios de tecnologías diseñadas en otros lugares. Para Venezuela, el objetivo no debería ser competir inmediatamente con Estados Unidos o China en la creación de modelos de IA generalistas. Debería ser desarrollar aplicaciones adaptadas a sus propias necesidades: energía, agricultura, salud, administración, educación, gestión de desastres, transporte, supervisión de infraestructuras y servicios financieros.

Una estrategia tecnológica realista podría comenzar con aplicaciones específicas y económicamente útiles. La inteligencia artificial utilizada para optimizar las redes eléctricas, prever las necesidades agrícolas, mejorar el mantenimiento de los equipos petroleros o facilitar la administración pública puede generar importantes ganancias sin exigir la construcción inmediata de un ecosistema comparable al de Silicon Valley. El desarrollo suele comenzar mediante el uso inteligente de tecnologías existentes, antes de avanzar hacia su adaptación y posteriormente hacia su producción.

Esta lógica también debe orientar la política industrial. Venezuela no podrá reconstruir todas las cadenas de valor al mismo tiempo. Tendrá que elegir sectores en los que sus recursos, su geografía y sus competencias puedan generar una ventaja. La energía constituye evidentemente el primer ámbito, pero no debería ser el único. La petroquímica, la agroindustria, los servicios logísticos, la transformación de los recursos mineros, la construcción, los servicios digitales, el turismo, la salud y determinadas industrias ligeras podrían complementar progresivamente la economía.

La diversificación no significa abandonar los sectores históricos. Significa utilizar los sectores existentes para financiar el surgimiento de los nuevos. El petróleo podría financiar las infraestructuras. Las infraestructuras podrían sostener la industria. La industria podría crear empleos cualificados. Los empleos cualificados podrían ampliar la base fiscal. Los ingresos fiscales podrían financiar la educación y la salud. La educación podría, a su vez, aumentar la productividad. Este círculo virtuoso permitiría salir progresivamente de la lógica de la renta.

El desafío institucional será, sin embargo, enorme. Los inversores pueden aceptar riesgos económicos, pero soportan mucho peor la incertidumbre jurídica. Una economía que quiere atraer capitales a largo plazo debe garantizar los contratos, la propiedad, el acceso a la justicia y la transparencia de las reglas. La lucha contra la corrupción se convierte, por tanto, en una cuestión económica además de moral. Cada dólar desviado es un dólar que no financia una carretera, una escuela, una central eléctrica o una empresa.

La reconstrucción también deberá restaurar la credibilidad estadística del Estado. Una economía moderna no puede gobernarse correctamente sin datos fiables. Las autoridades deben conocer la producción, el empleo, los precios, la pobreza, los flujos comerciales, las inversiones y la situación de las infraestructuras. La estadística pública se convierte en una infraestructura invisible pero fundamental. Sin ella, las políticas públicas están condenadas a funcionar en la incertidumbre.

Esta exigencia adquiere una dimensión particular cuando un país sale de una larga crisis. Los datos deben permitir medir los progresos, pero también identificar los errores. Un gobierno que no puede reconocer que una política no funciona corre el riesgo de prolongar innecesariamente los problemas. La capacidad de evaluar y corregir se convierte, por tanto, en un componente de la buena gobernanza.

La moneda vuelve a desempeñar aquí un papel importante. En una economía en la que los precios son relativamente estables, las estadísticas pueden interpretarse con mayor facilidad. Las empresas pueden comparar sus costos a lo largo de varios años. Los hogares pueden medir su progreso real. Los inversores pueden calcular los rendimientos. La estabilidad monetaria mejora, por tanto, también la calidad de la información económica.

Pero la confianza no puede restaurarse únicamente mediante cifras. Se construye en la experiencia cotidiana. Cuando un ciudadano recibe su salario y todavía puede comprar una cantidad razonablemente previsible de bienes unas semanas después, comienza a confiar nuevamente en el sistema. Cuando una empresa firma un contrato de varios años sin temer un cambio arbitrario de las reglas, invierte más. Cuando una familia puede obtener un crédito y reembolsarlo en una moneda estable, puede construir un proyecto a largo plazo. La confianza económica es, por tanto, una realidad concreta vivida por millones de personas.

Por esta razón, la cuestión de la dolarización debe situarse dentro de una concepción más amplia del contrato social. Una moneda estable protege una parte del fruto del trabajo. Una fiscalidad justa financia los bienes públicos. Una justicia independiente protege los contratos. Una educación de calidad prepara a las generaciones futuras. Una política industrial crea oportunidades. Una seguridad eficaz protege a las personas y las inversiones. La moneda no funciona de manera sostenible más que dentro de este ecosistema institucional.

Si este ecosistema no se reconstruye, la dolarización corre el riesgo de convertirse en una solución parcial y frágil. Los precios pueden estabilizarse mientras las infraestructuras continúan deteriorándose, las desigualdades pueden persistir y los jóvenes pueden seguir emigrando. Una sociedad puede, por tanto, experimentar una mejora monetaria sin experimentar un verdadero renacimiento económico. El éxito deberá medirse mediante indicadores mucho más amplios: productividad, empleo formal, inversión, calidad de los servicios públicos, exportaciones diversificadas, capital humano y reducción de la pobreza.

Esta perspectiva también permite comprender por qué la elección monetaria debe estar acompañada por una profunda reforma bancaria. Una economía que utiliza ampliamente el dólar necesita un sistema financiero capaz de movilizar esa moneda hacia la inversión. Si los bancos no pueden ofrecer créditos a medio y largo plazo, las empresas seguirán dependiendo de sus propios recursos o de capital extranjero. La estabilización monetaria, por tanto, solo producirá todos sus efectos si el sistema financiero recupera suficiente confianza para volver a financiar la economía real.

El desarrollo del crédito deberá, sin embargo, ser gradual. Después de una larga crisis, la prioridad debe ser restaurar la solidez de los bancos, la transparencia de los balances y la calidad de la supervisión. El crédito fácil sin controles puede generar nuevas crisis. La reconstrucción financiera debe seguir, por tanto, el mismo principio que la reconstrucción monetaria: estabilidad primero, expansión después.

Venezuela también deberá resolver una delicada cuestión social. La estabilización monetaria puede beneficiar más a los hogares que ya poseen ingresos o activos en dólares. Las poblaciones más pobres pueden seguir siendo vulnerables si sus ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios. La dolarización no debe convertirse, por tanto, en una política de estabilidad reservada a quienes ya disponen de capacidad de ahorro. Debe ir acompañada de una política social capaz de proteger a los hogares más frágiles durante la transición.

Esta protección no debería adoptar la forma de una multiplicación incontrolada de subsidios. Debería dirigirse a las personas realmente vulnerables y diseñarse de manera transparente. Los programas sociales deben permitir a las familias atravesar la transición evitando crear una dependencia permanente. El objetivo debe seguir siendo la inclusión productiva: salud, educación, formación, empleo, vivienda y acceso a los servicios esenciales.

La reconstrucción económica también deberá tener en cuenta los territorios. Caracas no puede ser el único motor de la recuperación. Las regiones productoras de energía, agricultura, minerales, turismo y servicios deben poder participar en la transformación. La descentralización económica puede reducir las migraciones internas, crear nuevos polos de crecimiento y distribuir mejor las infraestructuras. Venezuela posee una considerable diversidad geográfica que podría convertirse en una ventaja si se integra en una estrategia nacional coherente.

Esta dimensión territorial es particularmente importante para la energía. El país debe mejorar no solo la producción, sino también la distribución. Una economía moderna no puede funcionar con redes eléctricas inestables. Las empresas no pueden planificar correctamente su producción, los hospitales no pueden funcionar normalmente y las escuelas no pueden utilizar plenamente las tecnologías digitales cuando la electricidad sigue siendo intermitente. La reconstrucción energética constituye, por tanto, una de las primeras condiciones de la reconstrucción económica.

La misma lógica se aplica a las infraestructuras digitales. El acceso a Internet rápido y asequible debería considerarse una infraestructura productiva. Un joven que puede trabajar en línea, una empresa que puede vender en el extranjero, un médico que puede acceder a conocimientos internacionales o una administración que puede prestar un servicio digital participan todos en una economía más productiva. La conectividad ya no es un lujo. Se convierte en un componente del desarrollo.

Esta transformación también podría permitir a Venezuela reducir progresivamente algunas consecuencias económicas de la migración. Si se crean empleos digitales, industriales y profesionales, una parte de los jóvenes con talento podría elegir quedarse o regresar. La diáspora podría participar a distancia. La reconstrucción podría convertirse así en un proceso transnacional y no simplemente en un esfuerzo limitado al territorio nacional.

La moneda, desde esta perspectiva, recupera su verdadero significado. No es una bandera económica ni un instrumento puramente técnico. Es una convención colectiva que permite a una sociedad coordinar su trabajo a través del tiempo. Cuando funciona, desaparece casi de la conciencia cotidiana. Cuando fracasa, se vuelve omnipresente. Restaurar una moneda creíble, ya sea nacional o extranjera, significa por tanto restaurar una parte de la capacidad de una sociedad para pensar su futuro.

Venezuela deberá finalmente responder a una pregunta que va mucho más allá de la moneda: ¿qué sociedad quiere construir después de la crisis? Una sociedad que busque únicamente recuperar los ingresos petroleros del pasado seguirá atrapada en una lógica antigua. Una sociedad que utilice los ingresos energéticos para construir una economía diversificada, digital, productiva y socialmente inclusiva puede transformar un recurso heredado del siglo XX en un instrumento de poder para el siglo XXI.

El verdadero éxito de una eventual dolarización no consistiría en que el dólar se convierta en la moneda utilizada en los comercios. Consistiría en que, diez o quince años después, los venezolanos puedan comprobar que la estabilidad monetaria permitió reconstruir la inversión, el empleo, la educación, las infraestructuras, las empresas y la confianza. Si esta transformación se produce, la elección monetaria habrá cumplido una función histórica. Si no se produce, la moneda será únicamente un cambio de marco sin cambio de civilización económica.

La cuestión esencial sigue siendo, entonces, la del contrato entre el Estado y la sociedad. Durante demasiado tiempo, la moneda se ha presentado como un asunto de bancos centrales, gobiernos y mercados. En una sociedad que ha experimentado una profunda crisis monetaria, se convierte en una cuestión de dignidad económica. Determina si el trabajo de hoy puede realmente contribuir a construir la seguridad del mañana. Determina si una familia puede ahorrar para la educación de sus hijos. Determina si un empresario puede asumir un riesgo sin ver varios años de trabajo destruidos por la inestabilidad. Determina, finalmente, si una generación puede creer que el futuro merece ser construido en su propio país.

Por eso, toda reforma monetaria seria deberá estar acompañada de un proyecto nacional más amplio. Venezuela no debe buscar únicamente una moneda estable. Debe buscar una economía capaz de merecer esa estabilidad, instituciones capaces de protegerla y una sociedad capaz de convertir sus beneficios en movilidad social. La moneda puede restaurar el tiempo económico. Solo las instituciones, el trabajo, la educación, la inversión y la confianza pueden transformar ese tiempo recuperado en un futuro colectivo.

VENEZUELA FRENTE AL FIN DE UN MUNDO IDEOLÓGICO: DE LA RETÓRICA DEL SIGLO XX A LA REALIDAD CIVILIZACIONAL DEL SIGLO XXI

La cuestión venezolana ya no puede quedar encerrada en el vocabulario político que dominó buena parte del siglo XX. Durante varias décadas, las sociedades latinoamericanas fueron interpretadas a través de categorías ideológicas que oponían el capitalismo al socialismo, el imperialismo a la soberanía, el Norte al Sur, Estados Unidos a las potencias revolucionarias y las economías de mercado a los sistemas estatales. Estas categorías desempeñaron un papel histórico real y no pueden borrarse retrospectivamente. Acompañaron las luchas anticoloniales, las revoluciones, la Guerra Fría, los movimientos de liberación nacional y los debates sobre la justicia social. Pero el mundo que las produjo ya no existe bajo la misma forma. El siglo XXI ha introducido realidades tecnológicas, demográficas, económicas y civilizacionales que hacen insuficiente una lectura basada exclusivamente en los antagonismos ideológicos heredados del siglo anterior. Venezuela se encuentra precisamente en el punto de encuentro entre ambas épocas: una sociedad todavía profundamente marcada por los conflictos políticos del siglo XX, pero enfrentada a un entorno mundial cuyas reglas están determinadas cada vez más por los datos, la inteligencia artificial, las cadenas de valor, el poder financiero, las infraestructuras digitales, los minerales estratégicos, la transición energética y el dominio del capital humano.

Este cambio de época no significa que las ideologías hayan desaparecido. Siguen influyendo en las identidades políticas, las memorias colectivas y las decisiones institucionales. Lo que se ha agotado es, más bien, su capacidad para ofrecer por sí solas una explicación suficiente del mundo contemporáneo. Una oposición entre izquierda y derecha, entre socialismo y capitalismo, ya no permite comprender plenamente por qué gobiernos ideológicamente diferentes buscan simultáneamente inversiones chinas, tecnologías estadounidenses, capital europeo, asociaciones con India o Corea del Sur y acceso a los mercados mundiales. Tampoco permite comprender por qué Estados Unidos combina la libre empresa, la protección industrial, la intervención pública, las restricciones tecnológicas y la política arancelaria, mientras China combina la planificación estratégica, las empresas estatales, el capital privado y una profunda integración en los mercados mundiales. Las categorías antiguas, por tanto, no han desaparecido completamente, pero ahora están atravesadas por una realidad nueva en la que el poder se construye mediante combinaciones mucho más complejas.

Venezuela constituye un ejemplo particularmente revelador de esta transición. Durante años, el debate nacional estuvo dominado por la cuestión de si había que defender o combatir el proyecto político chavista, alinearse con Washington o resistir a Washington, preservar el modelo petrolero o reformarlo, fortalecer el Estado o ampliar el sector privado. Estos debates siguen siendo importantes, pero ya no bastan para determinar el futuro del país. La cuestión central comienza a ser diferente: ¿cómo construir una sociedad capaz de funcionar en una economía mundial donde la productividad depende cada vez más de la tecnología, donde las cadenas de valor están fragmentadas entre varios continentes, donde la energía se convierte simultáneamente en un recurso económico y un instrumento estratégico, donde los datos adquieren un valor comparable al de determinadas materias primas y donde las nuevas generaciones tienen expectativas profundamente diferentes de las de sus padres?

Esta transformación generacional es esencial. Los jóvenes que ingresarán al mercado laboral durante los próximos años habrán crecido en un entorno digital, con una relación diferente con la información, la movilidad, el trabajo y la autoridad. No vivirán el mundo de la Guerra Fría como una experiencia política directa. Tampoco percibirán necesariamente a Estados Unidos, Rusia, China o Europa según las categorías históricas utilizadas por las generaciones anteriores. Su horizonte estará más determinado por el acceso a Internet, las oportunidades educativas, la movilidad profesional, las redes sociales, la inteligencia artificial, las plataformas laborales y la posibilidad de construir una vida digna. Para esta generación, la soberanía no será únicamente la capacidad de un Estado para pronunciar discursos independientes. También será la capacidad de proporcionar electricidad, una conexión fiable, una formación competitiva, empleos cualificados, servicios públicos funcionales y una moneda que permita conservar el fruto del trabajo.

Aquí se encuentra una de las grandes rupturas históricas que Venezuela tendrá que reconocer. La soberanía del siglo XX era fundamentalmente territorial, militar e ideológica. La soberanía del siglo XXI se vuelve también tecnológica, financiera, energética, informacional y cognitiva. Un país puede conservar su territorio y depender casi por completo de tecnologías extranjeras. Puede poseer enormes recursos naturales y seguir siendo incapaz de transformarlos con suficiente valor añadido. Puede tener una población numerosa y, al mismo tiempo, perder progresivamente a sus mejores talentos. Puede poseer una moneda nacional mientras sus ciudadanos prefieren una moneda extranjera. La soberanía jurídica sigue siendo indispensable, pero ya no basta para garantizar la soberanía real.

Esta transformación hace especialmente problemática la persistencia de una retórica política que convierte cada desacuerdo internacional en un enfrentamiento absoluto entre amigos y enemigos. En un mundo fragmentado, los Estados deben ser capaces de cooperar con varias potencias en diferentes ámbitos sin convertir cada cooperación en un alineamiento ideológico. India puede cooperar con Estados Unidos en determinadas tecnologías mientras mantiene relaciones energéticas con Rusia. Corea del Sur puede estar estrechamente vinculada a Washington y, al mismo tiempo, desarrollar importantes relaciones comerciales con China. Los países del Golfo pueden trabajar simultáneamente con Estados Unidos, China, Europa y Asia. Incluso las grandes potencias buscan hoy conservar múltiples canales de influencia. ¿Por qué Venezuela debería seguir razonando exclusivamente según la lógica de los bloques?

La pregunta adquiere todavía mayor importancia porque la estructura del poder mundial se ha transformado profundamente. China se ha convertido en una gran potencia industrial y comercial. India se afirma como potencia demográfica, tecnológica y geopolítica. Los Estados del Golfo invierten masivamente en infraestructuras, energía y tecnología. Corea del Sur posee capacidades industriales esenciales en varios sectores estratégicos. Japón conserva una considerable potencia tecnológica y financiera. Europa sigue siendo un centro económico, científico y regulatorio de primer orden. Estados Unidos continúa siendo una potencia militar, financiera, tecnológica y cultural excepcional. Rusia conserva importantes capacidades energéticas, militares y nucleares a pesar de los enormes costes de la guerra en Ucrania. El mundo ya no está organizado, por tanto, alrededor de un único eje sencillo. Se ha convertido en un sistema de poderes superpuestos en el que cada actor posee ventajas diferentes.

Esta fragmentación genera simultáneamente riesgos y oportunidades para los países intermedios. El principal riesgo es convertirse en un espacio de competencia entre grandes potencias sin disponer de los medios para definir una trayectoria propia. La oportunidad reside en la capacidad de aprovechar las rivalidades y complementariedades para obtener inversiones, tecnologías, mercados y conocimientos sin caer en una dependencia exclusiva. Venezuela, con sus recursos energéticos y su posición geográfica, podría beneficiarse teóricamente de esta nueva configuración. Pero esta posibilidad exige un cambio profundo de método diplomático. El país debería pasar de una diplomacia principalmente política a una diplomacia de capacidades, en la que cada relación exterior sea evaluada según lo que aporta a la transformación nacional.

Esta evolución sería particularmente importante en la relación con Estados Unidos. El nuevo enfoque estadounidense, especialmente bajo Donald Trump, tiende a asociar de manera más directa comercio, seguridad, energía e intereses nacionales. Los aranceles, las sanciones, las negociaciones energéticas y las exigencias planteadas a los aliados pueden utilizarse como instrumentos de una misma estrategia. Esta política puede generar tensiones con los socios tradicionales de Washington, pero revela sobre todo un cambio en la concepción del poder. Estados Unidos considera ahora con mayor claridad determinadas dependencias económicas como vulnerabilidades estratégicas. La competencia con China ya no se limita al comercio. Abarca las tecnologías, las cadenas de valor, las infraestructuras, los minerales críticos, las capacidades industriales y el control de los sectores del futuro.

Venezuela debe comprender esta transformación sin reducirla a la personalidad de Donald Trump. Una presidencia puede modificar los métodos, acelerar determinadas políticas o ralentizar ciertas tendencias, pero la competencia tecnológica e industrial entre Estados Unidos y China tiene raíces mucho más profundas. Está relacionada con la estructura del sistema internacional y con la voluntad estadounidense de preservar su posición dominante frente a una China que se ha vuelto capaz de competir en numerosos sectores industriales y tecnológicos. Esta rivalidad probablemente continuará bajo diferentes formas, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. Para Caracas, la cuestión no es, por tanto, cómo reaccionar ante una personalidad política particular, sino cómo construir una estrategia capaz de funcionar en un mundo marcado de manera duradera por esta competencia.

La misma prudencia debe orientar el análisis de Rusia. La guerra en Ucrania ha modificado profundamente la posición internacional de Moscú, pero no ha creado simplemente una nueva relación de fuerzas entre Rusia y Occidente. También ha revelado los límites de determinadas hipótesis sobre el poder militar, las sanciones económicas, la dependencia energética y las alianzas. Rusia ha tenido que reorientar una parte importante de sus intercambios hacia Asia, fortalecer determinadas relaciones con China e India y desarrollar nuevos circuitos comerciales. Esta reorientación demuestra que las sanciones pueden modificar las redes económicas sin eliminar necesariamente de inmediato las capacidades de un Estado. Pero también revela el enorme coste de una confrontación prolongada y las dificultades que enfrentan las economías que pierden acceso a determinadas tecnologías y mercados.

Para Venezuela, la experiencia rusa constituye una advertencia importante. La soberanía no consiste únicamente en poder resistir las sanciones. También consiste en disponer de una economía suficientemente diversificada para que la pérdida de un mercado o de un proveedor no provoque un colapso sistémico. Una economía excesivamente dependiente de un único socio puede ser vulnerable incluso cuando ese socio es políticamente cercano. La verdadera resiliencia se basa, por tanto, en la diversificación de mercados, tecnologías, fuentes de financiación y competencias.

La guerra en Ucrania también ha demostrado que el poder militar contemporáneo depende cada vez más de tecnologías civiles y digitales. Los drones, los satélites, la inteligencia artificial, las comunicaciones seguras, los sistemas de navegación, las capacidades de producción y las cadenas logísticas desempeñan ahora un papel considerable. Esta evolución confirma que la frontera entre economía civil y seguridad nacional se vuelve cada vez más difícil de mantener. Un país que quiera proteger su soberanía necesita, por tanto, una base tecnológica e industrial suficiente. Venezuela no pretende convertirse, evidentemente, en una potencia militar mundial, pero debe comprender que la seguridad nacional del siglo XXI depende también de la resiliencia de sus redes eléctricas, sus telecomunicaciones, sus infraestructuras digitales y sus cadenas alimentarias.

Esta nueva realidad transforma también el significado de la energía. En el siglo XX, el petróleo era esencialmente un recurso estratégico porque alimentaba las economías y los ejércitos. En el siglo XXI, la energía sigue siendo fundamental, pero su papel se ha ampliado. Los centros de datos necesarios para la inteligencia artificial consumen grandes cantidades de electricidad. Los vehículos eléctricos dependen de cadenas industriales vinculadas a las baterías y a los minerales críticos. Las redes eléctricas se convierten en infraestructuras estratégicas. La transición energética no significa, por tanto, la desaparición de la geopolítica de los recursos. Significa su transformación.

Venezuela dispone aquí de una ventaja histórica excepcional, pero esta ventaja solo será sostenible si se transforma. El petróleo puede financiar la transición hacia una economía más diversificada, pero no puede ser la transición en sí misma. El país deberá utilizar los ingresos energéticos para reconstruir infraestructuras, modernizar universidades, desarrollar la formación profesional, mejorar las redes eléctricas y crear capacidades industriales. La verdadera cuestión ya no es cuánto petróleo posee Venezuela. Es cuánto capital humano, industrial y tecnológico puede construir gracias a ese petróleo.

Este enfoque también permite comprender por qué la noción de los BRICS debe analizarse con prudencia. El agrupamiento de las grandes economías emergentes ha constituido una expresión importante de la voluntad de varios Estados del Sur de disponer de una representación más fuerte en las instituciones internacionales. Pero los intereses de sus miembros distan mucho de ser idénticos. China e India mantienen una relación compleja. India y Rusia poseen vínculos históricos, pero evolucionan en un entorno diferente. Brasil busca preservar su autonomía diplomática mientras desarrolla sus relaciones con Estados Unidos, China y Europa. Los nuevos miembros también poseen sus propias prioridades. Los BRICS pueden contribuir a diversificar el sistema internacional, pero no constituyen necesariamente un bloque homogéneo capaz de reemplazar las instituciones existentes.

Esta realidad debería llevar a Venezuela a evitar una nueva ilusión ideológica. Un mundo multipolar no significa que los países del Sur puedan actuar automáticamente como un bloque unido. La multipolaridad significa, sobre todo, que coexisten varios centros de poder. Los intereses nacionales siguen determinando las decisiones. India defiende sus intereses. Brasil defiende los suyos. China defiende los suyos. Los Estados del Golfo defienden los propios. Venezuela deberá hacer lo mismo. La solidaridad política puede ser útil, pero no sustituye una estrategia nacional.

India resulta especialmente instructiva en este sentido. Nueva Delhi busca preservar una autonomía estratégica que le permita cooperar con varios polos sin aceptar una dependencia completa. Este enfoque es posible gracias al tamaño de su mercado, su capital humano, sus capacidades tecnológicas y su peso geopolítico. Venezuela no posee, evidentemente, las mismas dimensiones, pero puede extraer una lección fundamental de esta estrategia: la autonomía no significa aislamiento. Significa capacidad para mantener varias opciones.

Corea del Sur ofrece otra enseñanza. Su ascenso no se basa en la abundancia de recursos naturales. Se sustenta en la educación, la industrialización, la innovación, la disciplina productiva y la capacidad de integrarse en las cadenas globales de valor. La comparación no debe hacerse de manera mecánica. Venezuela posee una estructura económica y una historia completamente diferentes. Pero el contraste demuestra que una nación puede transformar su posición internacional mediante inversiones sistemáticas en competencias y tecnologías.

Esta comparación es fundamental para comprender la verdadera naturaleza de la crisis venezolana. El problema no es que Venezuela carezca de recursos. Carece, sobre todo, de una arquitectura capaz de convertir sus recursos en capacidades acumulativas. La renta petrolera puede ser enorme, pero si no financia suficientemente la educación, la investigación, las infraestructuras y la industria, no genera el efecto multiplicador necesario. La riqueza natural se convierte entonces en una riqueza estática en lugar de una riqueza productiva.

El mismo razonamiento se aplica a la moneda. El bolívar ha perdido parte de su función como reserva de valor porque la confianza institucional se ha deteriorado profundamente. Pero la simple sustitución del bolívar por el dólar no resolvería automáticamente el déficit de productividad. La moneda es el termómetro de una parte de la crisis, pero no constituye toda la enfermedad. Una reconstrucción real debe combinar estabilización monetaria, reforma presupuestaria, desarrollo industrial, educación, infraestructuras e instituciones.

Esta distinción es esencial porque permite evitar dos errores simétricos. El primero consistiría en considerar la dolarización como una traición a la soberanía nacional. El segundo sería presentarla como una solución mágica capaz de resolver por sí sola los problemas económicos. En ambos casos, la moneda se convertiría en un símbolo ideológico. Y Venezuela necesita precisamente salir de esa lógica simbólica. Debe evaluar los instrumentos según sus resultados concretos para la población.

Esta necesidad de superar la dimensión simbólica constituye quizá el núcleo de la ruptura civilizacional que el siglo XXI impone al país. Las sociedades contemporáneas ya no pueden ser gobernadas de manera sostenible mediante relatos políticos que prometen grandeza sin proporcionar las infraestructuras necesarias para construirla. La soberanía debe ser visible en la vida cotidiana. Debe traducirse en una escuela que funcione, un hospital capaz de atender a sus pacientes, una empresa capaz de producir, una universidad capaz de investigar, una red eléctrica fiable y un joven que pueda imaginar su futuro sin considerar la emigración como la única salida.

El patriotismo también deberá cambiar de lenguaje. En el siglo XX podía estar asociado principalmente a la defensa del territorio, la independencia política y la resistencia frente a las influencias extranjeras. En el siglo XXI también debe significar la capacidad de preparar a las generaciones futuras. Un país que protege su territorio pero permite que se marchen sus científicos, ingenieros, médicos y empresarios pierde progresivamente parte de su soberanía. Un país que rechaza determinadas tecnologías extranjeras en nombre de la independencia pero no desarrolla sus propias capacidades tecnológicas continúa siendo dependiente. La soberanía contemporánea es, por tanto, menos una postura de rechazo que una capacidad de construcción.

Esta transformación generacional también debe modificar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Las nuevas generaciones están menos dispuestas a aceptar discursos abstractos cuando las instituciones no producen resultados. Pueden comparar su situación con la de otros países en tiempo real gracias a Internet. Pueden observar salarios, universidades, infraestructuras y oportunidades disponibles en otros lugares. Esta comparación permanente ejerce una nueva presión sobre los gobiernos. La legitimidad política ya no depende únicamente del relato nacional. También depende del desempeño.

La dimensión digital ha modificado, por tanto, la psicología política. La información circula rápidamente, los ciudadanos pueden acceder a conocimientos globales y los modelos sociales se confrontan constantemente. Esto no significa que las sociedades se vuelvan automáticamente más racionales o mejor informadas. La desinformación y la polarización también pueden aumentar. Pero el monopolio tradicional de la información política se ha debilitado profundamente. Los gobiernos deben ahora construir su credibilidad en un entorno donde los ciudadanos pueden comparar los discursos con las realidades observadas en otros lugares.

Para Venezuela, esta situación representa un desafío, pero también una oportunidad. Un gobierno que logre producir mejoras concretas puede obtener una nueva legitimidad. Una economía que cree empleos cualificados, mejore las infraestructuras y estabilice los precios puede transformar rápidamente las percepciones. A la inversa, las promesas que no se traduzcan en resultados serán confrontadas inmediatamente con la comparación internacional.

La política económica deberá, por tanto, pensarse en varios horizontes. Las medidas de estabilización deben responder a las urgencias, pero deben articularse con una estrategia de diez, quince o veinte años. La reconstrucción de las infraestructuras energéticas, la reforma educativa, la diversificación industrial y la creación de un ecosistema tecnológico no pueden realizarse en pocos meses. Exigen una continuidad institucional que trascienda los ciclos electorales. Esta es una de las razones por las que Venezuela deberá desarrollar instituciones capaces de mantener determinadas políticas estratégicas independientemente de las alternancias políticas.

Esta continuidad no significa ausencia de debate democrático. Significa que determinadas infraestructuras nacionales deben considerarse proyectos de largo plazo. Una central eléctrica, una universidad, una red ferroviaria, un programa de investigación o una reforma educativa no deberían abandonarse con cada cambio de gobierno. Las democracias más eficaces saben distinguir entre desacuerdos políticos legítimos e infraestructuras institucionales necesarias para la continuidad del Estado.

Esta distinción podría contribuir a superar parte de la polarización venezolana. La sociedad no necesita que todos los ciudadanos compartan la misma visión política. Necesita que puedan ponerse de acuerdo sobre determinadas condiciones mínimas de funcionamiento nacional. La estabilidad monetaria, la seguridad, la educación, la salud, la electricidad, el Estado de derecho y la transparencia pública pueden constituir ámbitos de consenso incluso cuando los partidos continúen profundamente divididos sobre la fiscalidad, la redistribución o las orientaciones ideológicas.

Un enfoque de este tipo permitiría reintroducir la política en un marco más maduro. La política no desaparecería. Por el contrario, volvería a ser más sustancial, porque se centraría en las decisiones reales sobre la distribución de recursos, el papel del Estado, las inversiones públicas, la protección social y las prioridades económicas. Una democracia madura no es una democracia sin conflicto. Es una democracia capaz de transformar los conflictos en decisiones institucionales en lugar de convertirlos en crisis permanentes.

Venezuela también deberá comprender que su entorno regional está cambiando. Los gobiernos latinoamericanos buscan cada vez más diversificar sus socios mientras mantienen relaciones económicas con Estados Unidos y China. Las nuevas generaciones políticas están a menudo menos vinculadas a las grandes oposiciones ideológicas de la Guerra Fría. Buscan más resultados económicos, seguridad e integración internacional. La Venezuela que quiera recuperar influencia regional deberá, por tanto, aprender a hablar este nuevo lenguaje.

Esta transformación podría abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Cuba. Durante décadas, Cuba ocupó un lugar simbólico central en la política revolucionaria latinoamericana. Pero las realidades económicas y generacionales han cambiado. Los propios dirigentes cubanos enfrentan una economía bajo presión, una población envejecida, una fuerte emigración y rápidas transformaciones tecnológicas. La relación entre Caracas y La Habana probablemente tendrá que evolucionar desde una solidaridad principalmente ideológica hacia una cooperación más pragmática, centrada en la salud, la educación, la cultura, el turismo, los intercambios y determinadas competencias específicas.

Esta evolución no significaría la desaparición de la historia común. Significaría que la historia dejaría de ser el único lenguaje de la relación. El siglo XXI impone exigencias diferentes. Los pueblos quieren saber qué aportan concretamente las asociaciones a sus vidas. Una alianza que no genere capacidades económicas o humanas termina perdiendo progresivamente su relevancia.

La misma lógica se aplica a las relaciones con Rusia. Venezuela puede mantener relaciones diplomáticas, energéticas o militares con Moscú, pero deberá inscribirlas en una estrategia mucho más amplia. En un mundo donde Rusia debe dedicar una parte considerable de sus recursos a la guerra en Ucrania y donde su acceso a determinadas tecnologías occidentales sigue fuertemente restringido, Caracas no puede considerar a Moscú como una fuente ilimitada de capital, tecnología o garantías económicas. La relación debe ser realista y basarse en las capacidades efectivas de cada socio. Este enfoque realista no significa abandonar las relaciones históricas. Significa adaptarlas.

La política exterior del siglo XXI ya no debería basarse en la fidelidad permanente a alianzas concebidas en un entorno diferente. Debe ser capaz de evaluar periódicamente los intereses, los riesgos y las oportunidades. Los socios de hoy pueden seguir siendo socios mañana, pero las formas de cooperación deben evolucionar con el mundo.

Venezuela podría construir así una doctrina internacional basada en la diversificación estratégica. Estados Unidos podría ser un socio importante para determinadas inversiones y mercados. China podría contribuir a determinadas infraestructuras y cadenas industriales. India podría convertirse en un socio energético, farmacéutico y tecnológico. Corea del Sur podría participar en la industrialización y las tecnologías avanzadas. Europa podría contribuir con normas, investigación e inversiones. Brasil podría desempeñar un papel regional de primer orden. Colombia podría convertirse en un socio fronterizo estratégico. Los países del Caribe podrían participar en una arquitectura regional de seguridad energética, alimentaria y climática. Ninguna de estas asociaciones debería ser exclusiva.

Esta doctrina representaría una ruptura con la política internacional del siglo XX. Ya no pediría a Venezuela que eligiera un bando antes de definir sus intereses. Exigiría al país definir sus intereses antes de escoger la forma de cada asociación. Esta inversión del método podría constituir una de las principales innovaciones de su futura diplomacia.

El verdadero desafío es, en última instancia, la capacidad de aprendizaje de una nación. Las sociedades que logran atravesar grandes transiciones históricas no son aquellas que poseen todas las respuestas desde el principio. Son las que saben aprender rápidamente, corregir sus errores, movilizar sus talentos y adaptar sus instituciones. Venezuela posee una experiencia histórica considerable, pero debe transformar esa experiencia en capacidad de aprendizaje colectivo.

La crisis actual puede interpretarse de dos maneras. Puede considerarse el final de un modelo, con todo lo que ello implica de pérdidas, frustraciones y nostalgia. Pero también puede entenderse como el comienzo de un periodo de reconstrucción en el que el país deje de intentar restaurar exactamente el pasado y empiece a construir algo diferente. El segundo camino es, evidentemente, más difícil porque exige renunciar a antiguas certezas. Pero probablemente sea el único que corresponda realmente a las transformaciones del mundo.

Venezuela no puede regresar al siglo XX porque el siglo XX ya no existe. No puede reproducir las mismas alianzas, los mismos modelos económicos, las mismas estructuras industriales ni las mismas formas de soberanía en un entorno donde la inteligencia artificial, los datos, las plataformas digitales, las cadenas globales de valor y la competencia tecnológica determinan una parte creciente del poder. Debe, por tanto, construir una nueva modernidad nacional.

Esta modernidad no deberá ser una imitación servil de un modelo extranjero. Tendrá que combinar los recursos y la historia de Venezuela con las realidades del siglo XXI. Deberá reconocer la importancia del petróleo sin quedar prisionera de él, utilizar el dólar o cualquier otra arquitectura monetaria con pragmatismo, recibir inversiones extranjeras sin abandonar la capacidad nacional de decisión, desarrollar tecnologías sin renunciar a la cultura y la identidad, fortalecer las relaciones internacionales sin perder autonomía estratégica y construir una economía digital sin abandonar a los millones de ciudadanos que todavía trabajan en sectores tradicionales.

La verdadera superación del siglo XX no consistirá, por tanto, en borrar sus luchas, sino en extraer sus lecciones. Venezuela no necesita olvidar su historia. Necesita dejar de estar prisionera de ella. La gran cuestión histórica pasa a ser entonces la siguiente: ¿sabrá Venezuela transformar el final de una época en el comienzo de otra? La respuesta no dependerá únicamente del bolívar, ni del dólar, ni de Washington, ni de Pekín, ni del petróleo, ni de una nueva alianza internacional. Dependerá de la capacidad de una sociedad para reconstruir la confianza, formar a sus futuras generaciones, retener y movilizar sus talentos, modernizar sus instituciones y convertir sus recursos en capacidades.

Solo bajo esta condición la ruptura monetaria, si llegara a producirse, podría adquirir un significado mucho más profundo que un simple cambio de unidad de cuenta. Podría convertirse en el símbolo de una transición histórica: el paso de una economía dominada por la renta y la confrontación ideológica hacia una economía que busca su lugar en un mundo digital, multipolar, tecnológicamente competitivo y profundamente interdependiente. Venezuela ya no estaría enfrentándose únicamente a una cuestión monetaria. Estaría enfrentándose a una cuestión civilizacional: ¿cómo entrar en el siglo XXI sin abandonar aquello que constituye su identidad, pero sin permitir que esa identidad sea utilizada como justificación para repetir los errores del siglo anterior? Esta es la cuestión que deberá guiar en adelante la reconstrucción.

VENEZUELA Y EL GRAN GIRO DEL SUR GLOBAL: ENTRE UNA NUEVA SOBERANÍA, LAS DEPENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y LA BATALLA POR EL FUTURO

La cuestión venezolana alcanza aquí una dimensión que supera definitivamente las fronteras de América del Sur. El país constituye un caso particularmente revelador de una transformación que afecta hoy a buena parte del Sur Global: la desaparición progresiva de un mundo en el que los recursos naturales, la posición geográfica y la pertenencia a una alianza ideológica podían bastar para garantizar cierta influencia, y la aparición de un sistema internacional en el que el poder depende cada vez más de la capacidad de combinar capital humano, tecnología, energía, infraestructuras, datos, estabilidad institucional, acceso a los mercados y autonomía estratégica. Venezuela posee varios de estos elementos en abundancia, pero su combinación sigue siendo incompleta. Su petróleo le confiere una importancia energética excepcional, su posición geográfica le otorga un valor estratégico en el Caribe y las Américas, su población dispone de un capital humano que ha traspasado ampliamente las fronteras nacionales a través de la diáspora, y su potencial agrícola, minero, energético e industrial sigue siendo considerable. Sin embargo, estas ventajas no se convierten automáticamente en poder. El problema central de Venezuela, como el de muchas economías del Sur, es precisamente el de la conversión: convertir recursos en capacidades, capacidades en productividad, productividad en riqueza y riqueza en soberanía sostenible.

Esta cuestión adquiere especial importancia en un momento en que las antiguas fronteras entre política económica y política de seguridad se desdibujan. Las grandes potencias ya no consideran las infraestructuras, los minerales críticos, los puertos, las redes eléctricas, los sistemas de pago, los datos o las tecnologías avanzadas como simples instrumentos de desarrollo. Se han convertido en activos estratégicos. Los semiconductores están asociados al poder militar e industrial; las baterías están vinculadas a la transición energética y la movilidad; los cables submarinos se han convertido en infraestructuras esenciales de comunicación; los satélites participan en la navegación, las comunicaciones y la observación; los centros de datos se convierten en infraestructuras de soberanía digital; los recursos energéticos influyen en las relaciones diplomáticas; las cadenas logísticas pueden determinar la capacidad de un país para resistir una crisis. Esta nueva realidad significa que un país que descuida sus infraestructuras tecnológicas puede perder una parte de su soberanía sin que se cruce una frontera y sin que se desencadene un conflicto militar.

Para el Sur Global, esta evolución presenta una dificultad adicional porque la brecha tecnológica ya no se mide únicamente por el número de fábricas o por el volumen de capital. También se mide por la velocidad de aprendizaje. Una economía que dispone de universidades eficaces, numerosos investigadores, datos de calidad, centros de computación, capitales y empresas innovadoras puede avanzar rápidamente porque se beneficia de un efecto acumulativo. Cada generación tecnológica mejora las infraestructuras de la siguiente. Las empresas aprenden, los trabajadores se especializan, las universidades adaptan sus programas, los inversores ganan confianza y los talentos extranjeros son atraídos. Por el contrario, una economía que carece de estos elementos puede entrar en una espiral opuesta: baja productividad, baja inversión, salida de talentos, déficit de investigación, dependencia tecnológica y dificultad creciente para incorporarse a sectores de alto valor añadido. La brecha digital corre así el riesgo de convertirse en una fractura de desarrollo mucho más profunda que las antiguas desigualdades de acceso a la tecnología.

Venezuela se encuentra precisamente ante esta bifurcación. Puede utilizar los recursos energéticos de los que dispone para financiar una aceleración tecnológica, educativa e industrial, o continuar considerando el petróleo como la principal respuesta a sus problemas económicos. En el primer escenario, el petróleo se convierte en un instrumento de transición hacia una economía más diversificada. En el segundo, permanece como una renta que permite aplazar temporalmente las dificultades sin modificar suficientemente la estructura productiva. Esta distinción será determinante. Las economías que han logrado utilizar sus recursos naturales para construir capacidades industriales y tecnológicas son aquellas que han considerado la renta como un medio y no como un fin. El verdadero patrimonio nacional no está constituido únicamente por los recursos presentes en el subsuelo, sino por los conocimientos que la sociedad es capaz de acumular gracias a su explotación.

Esta concepción obliga a revisar profundamente la noción de soberanía. Durante mucho tiempo, la soberanía estuvo asociada al derecho de un Estado a controlar su territorio y determinar libremente sus políticas. Esta definición sigue siendo indispensable, pero resulta insuficiente en un mundo donde una parte creciente del poder está incorporada a infraestructuras controladas por empresas extranjeras o redes internacionales. Un Estado puede poseer jurídicamente sus recursos naturales y, al mismo tiempo, depender de tecnologías extranjeras para explotarlos. Puede disponer de un banco central y depender de una moneda extranjera para las transacciones. Puede tener universidades nacionales y enviar a sus mejores estudiantes a formarse en el extranjero porque los laboratorios locales carecen de los equipos necesarios. Puede tener empresas nacionales y, sin embargo, importar la mayor parte de los componentes estratégicos. La soberanía real se convierte así en una combinación de propiedad, competencia y capacidad de decisión.

Por eso, el debate sobre la dolarización de Venezuela nunca debería aislarse del debate sobre la soberanía. Una moneda extranjera puede ofrecer una estabilidad valiosa en un periodo de crisis, pero también puede revelar la profundidad de una dependencia institucional. La respuesta responsable no consiste en negar esa dependencia en nombre de un principio abstracto, sino en determinar cómo utilizarla temporal o permanentemente sin abandonar la construcción de capacidades nacionales. La soberanía del siglo XXI no consiste en rechazar toda dependencia. Ningún país, ni siquiera entre los más poderosos, es completamente autónomo. Consiste en evitar dependencias irreversibles y mantener suficientes opciones para poder negociar.

Esta noción de autonomía mediante la diversificación podría convertirse en una de las doctrinas fundamentales de una Venezuela renovada. El país debería evitar sustituir una dependencia única por una nueva dependencia. El objetivo no sería elegir entre Washington y Pekín, entre el dólar y otra moneda, entre las tecnologías estadounidenses y chinas, entre los mercados occidentales y asiáticos. Sería construir una cartera nacional de relaciones suficientemente diversificada para que cada asociación fortalezca la capacidad global del país sin convertirse en indispensable para su funcionamiento. Este enfoque exigiría una diplomacia mucho más sofisticada que las antiguas políticas de alineamiento ideológico.

También implicaría una transformación del papel del Estado en la negociación internacional. Los acuerdos económicos ya no deberían evaluarse únicamente según el volumen de las inversiones anunciadas o el monto de los créditos concedidos. Deberían examinarse según su capacidad para crear empleos cualificados, desarrollar proveedores locales, transferir conocimientos, mejorar infraestructuras, fortalecer las exportaciones y crear activos estratégicos duraderos. Una central eléctrica, un puerto, una refinería, un centro de datos o una línea ferroviaria nunca debería considerarse un fin en sí mismo. La pregunta fundamental debería ser siempre cuál es su efecto multiplicador sobre la economía nacional.

Esta lógica es particularmente importante en la relación con China. El poder chino se basa en gran medida en su capacidad para construir infraestructuras a gran escala e integrar los sectores industriales, financieros y tecnológicos. Para Venezuela, el desafío no sería rechazar las inversiones chinas, sino negociar asociaciones que incrementen las competencias nacionales. Las empresas chinas pueden construir infraestructuras con rapidez, pero la verdadera transformación comienza cuando los trabajadores locales, los ingenieros, las universidades y las empresas nacionales participan suficientemente en el proceso para poder reproducir, adaptar y mejorar las tecnologías recibidas. Sin esta dimensión, la inversión extranjera corre el riesgo de seguir siendo una capacidad importada en lugar de convertirse en una capacidad nacional.

La misma exigencia debe aplicarse a los socios occidentales. Las inversiones estadounidenses o europeas pueden aportar capitales, tecnologías, normas y redes comerciales, pero no deberían concebirse únicamente como mecanismos de extracción de recursos. Una estrategia nacional madura debe buscar la creación de cadenas de valor. Venezuela debería negociar no solo la explotación del petróleo, sino también la petroquímica, los servicios energéticos, el mantenimiento industrial, la formación, los equipos y la investigación. Cada sector debe analizarse como un ecosistema y no como una simple fuente de ingresos.

Esta concepción se relaciona con el nearshoring y la reorganización de las cadenas mundiales. Si las empresas internacionales buscan acercar determinadas actividades a los mercados norteamericanos o diversificar sus proveedores debido a las tensiones con China, los países latinoamericanos pueden beneficiarse de nuevas oportunidades. Pero la oportunidad no se materializará automáticamente. Dependerá de la calidad de las infraestructuras, la disponibilidad de electricidad, la formación de los trabajadores, la estabilidad jurídica y la capacidad de los gobiernos para ofrecer políticas industriales coherentes. Venezuela tendrá que convertirse en un país previsible antes de poder convertirse en un país atractivo.

La previsibilidad institucional constituye probablemente uno de los recursos más subestimados del desarrollo. Los inversores pueden aceptar costes relativamente elevados cuando disponen de visibilidad a largo plazo. Pueden aceptar una fiscalidad exigente cuando es estable. Pueden aceptar procedimientos complejos cuando son transparentes. Lo que destruye la inversión suele ser menos el nivel de una restricción que la incertidumbre permanente sobre su evolución. Para un país que busca reconstruir su credibilidad, la estabilidad de las reglas podría tener tanta importancia como los incentivos fiscales.

La reconstrucción del Estado de derecho deberá acompañar, por consiguiente, cualquier reforma económica. Los contratos deben ser ejecutables, los tribunales deben ser suficientemente independientes para resolver conflictos, las administraciones deben funcionar mediante procedimientos previsibles y la corrupción debe combatirse no solo con declaraciones, sino mediante mecanismos institucionales capaces de reducir las oportunidades de desvío de recursos. Una economía no puede atraer de manera sostenible capital productivo si los inversores consideran que sus activos pueden ser cuestionados por decisiones imprevisibles.

Esta reconstrucción institucional también debe extenderse al sistema estadístico y a las finanzas públicas. Un Estado moderno debe conocer sus propios recursos, gastos, deudas, infraestructuras y población. La transparencia presupuestaria se convierte entonces en un instrumento de confianza. Los ciudadanos deben poder comprender cómo se utilizan los ingresos petroleros. Los inversores deben poder evaluar la situación financiera del Estado. Los socios internacionales deben poder trabajar con datos creíbles. La transparencia no es, por tanto, únicamente un valor democrático. Se convierte también en un factor de competitividad económica.

La cuestión fiscal será igualmente determinante. Una economía que busca abandonar la dependencia petrolera debe ampliar progresivamente su base tributaria. Pero el objetivo no debe ser multiplicar los impuestos hasta desalentar la inversión y empujar la actividad hacia la informalidad. Debe ser construir un sistema fiscal sencillo, previsible, relativamente equitativo y capaz de financiar los bienes públicos. La transición deberá ser gradual porque el sector productivo no puede soportar simultáneamente el coste de la reconstrucción, la competencia internacional y una presión fiscal desordenada.

Esta reconstrucción fiscal debe incorporar también una dimensión social. La estabilidad macroeconómica no puede ser sostenible si se percibe como un mecanismo que protege únicamente a los propietarios de activos y deja a los hogares pobres soportar el coste del ajuste. La reforma debe, por tanto, acompañarse de mecanismos específicos de protección social, acceso a la salud, apoyo a la educación y programas de formación. El objetivo no es mantener artificialmente todas las antiguas estructuras de subsidios, sino proteger la capacidad de las personas para participar en la nueva economía.

Esta cuestión es central para la legitimidad política de una transición. Una reforma económica exitosa no es únicamente aquella que mejora las cuentas nacionales. También debe ser experimentada como una mejora por la población. Si las estadísticas mejoran pero las familias no ven cambiar sus perspectivas, la confianza política seguirá siendo frágil. El desarrollo debe medirse, por tanto, a través de la vida real: estabilidad de los ingresos, calidad de la educación, disponibilidad de electricidad, acceso a la salud, movilidad profesional, vivienda, seguridad y capacidad de ahorro.

Aquí vuelve a adquirir toda su importancia la cuestión generacional. Los jóvenes venezolanos no podrán ser convencidos por una reconstrucción basada únicamente en la nostalgia de una antigua prosperidad petrolera. Necesitarán una economía capaz de ofrecerles nuevas profesiones. El mundo laboral de 2035 no será el de 1995. La automatización, la inteligencia artificial, la robótica, las plataformas digitales, las nuevas energías y los servicios transfronterizos transformarán profundamente las competencias demandadas. Una estrategia nacional que prepare a los jóvenes únicamente para los empleos tradicionales corre el riesgo de reproducir las dependencias del pasado.

El sistema educativo deberá aprender a formar no solo trabajadores capaces de ocupar un puesto, sino ciudadanos capaces de aprender varias veces a lo largo de su vida profesional. Esta capacidad de aprendizaje continuo se convertirá probablemente en una de las principales formas de seguridad económica. En una economía en la que determinadas tareas desaparecen y otras aparecen rápidamente, la competencia más valiosa no será únicamente el dominio de una tecnología determinada, sino la capacidad de comprender los cambios y adaptarse a ellos.

Esta exigencia es particularmente importante para los países del Sur porque la inteligencia artificial puede tener efectos ambivalentes. Puede permitir que un país en desarrollo avance rápidamente en determinadas etapas mediante la automatización de servicios que anteriormente requerían grandes infraestructuras administrativas. Pero también puede reducir la demanda internacional de determinados servicios intelectuales externalizados que constituían una fuente importante de ingresos para las economías emergentes. Los países que dependían de una mano de obra relativamente barata para centros de llamadas, introducción de datos o determinadas funciones administrativas tendrán que subir de nivel.

Venezuela puede aprovechar esta evolución si desarrolla competencias en ámbitos donde la tecnología aumente el valor del trabajo humano en lugar de limitarse a sustituirlo. La ingeniería, la ciberseguridad, la salud especializada, la investigación científica, la creación digital, la gestión de infraestructuras, el análisis de datos, el mantenimiento industrial y los servicios profesionales internacionales podrían constituir sectores prometedores. Pero su desarrollo requerirá una profunda reforma educativa y una mejora de la conectividad.

Esta transformación no será únicamente económica. También modificará la estructura social del país. Una economía más basada en el conocimiento puede crear nuevas clases profesionales, fortalecer las ciudades universitarias y tecnológicas y modificar las relaciones entre las regiones. También puede aumentar las desigualdades si el acceso a una formación avanzada sigue limitado a las familias más favorecidas. El Estado deberá, por tanto, considerar el acceso a la tecnología y a una educación de calidad como una cuestión de igualdad de oportunidades.

La diáspora puede convertirse aquí en un puente esencial. Los venezolanos instalados en economías avanzadas poseen una experiencia directa de los nuevos entornos tecnológicos e institucionales. Pueden contribuir a la formación, la mentoría, la creación de empresas y la apertura de mercados. El regreso físico de una parte de esta población sería, evidentemente, valioso, pero la reconstrucción no debe depender de un retorno masivo e inmediato. Las tecnologías digitales permiten movilizar a una diáspora a distancia, siempre que instituciones creíbles creen mecanismos de participación.

Una política ambiciosa de diáspora podría convertirse así en un elemento central de la nueva soberanía venezolana. El país ya no debería considerar la emigración únicamente como una pérdida. También representa una red de competencias, capitales y relaciones internacionales. Esta transformación exige, sin embargo, un cambio de perspectiva. Los ciudadanos que viven en el extranjero deben ser considerados socios del desarrollo nacional y no poblaciones definitivamente separadas de su país.

El mismo principio podría aplicarse a las relaciones con los demás países latinoamericanos. El Sur Global no debería intentar construir una autonomía tecnológica completa en cada Estado. Esta ambición sería demasiado costosa y, en algunos casos, poco realista. Sería más eficaz construir capacidades regionales complementarias. Brasil puede contribuir en determinados ámbitos industriales y científicos, Argentina en determinadas tecnologías agrícolas y nucleares, Chile en minerales críticos y ciertas políticas energéticas, Colombia en logística y servicios, México en las cadenas industriales norteamericanas. Venezuela puede aportar energía, geografía, determinados recursos mineros y potencial agrícola. La cooperación regional podría convertirse así en una estrategia de soberanía colectiva.

Esta soberanía colectiva no debería construirse contra Estados Unidos, China o Europa. Debería permitir a América Latina negociar con ellos desde una posición más equilibrada. Un mercado regional integrado y tecnológicamente más competente tendría mayor poder de negociación que una serie de economías dependientes tratando por separado con las grandes potencias. El poder regional podría convertirse, por tanto, en un instrumento de autonomía sin transformarse en un proyecto de confrontación.

La misma lógica puede aplicarse al Caribe. Los pequeños Estados de la región no pueden financiar individualmente todas las infraestructuras necesarias para la transición digital y climática. Pero pueden poner en común determinadas funciones: datos meteorológicos, infraestructuras de telecomunicaciones, formación, salud, seguridad marítima, energía y gestión de catástrofes. Venezuela, por su tamaño y sus recursos, podría contribuir a esta arquitectura regional si recupera una estabilidad suficiente.

Esta dimensión caribeña también podría fortalecer la posición internacional de Venezuela. El poder regional no depende únicamente del tamaño económico. También depende de la capacidad para proporcionar bienes públicos. Un país capaz de garantizar energía, apoyar infraestructuras regionales, contribuir a la seguridad alimentaria u ofrecer capacidades científicas puede ejercer una influencia importante sin imponer su voluntad a los demás.

Esta concepción del poder es muy diferente de la que dominó parte del siglo XX. No se basa principalmente en las armas ni en los discursos ideológicos. Se basa en la utilidad estratégica. Los países que proporcionan infraestructuras, tecnologías, energía, conocimientos o mercados se convierten en socios que los demás deben tener en cuenta. Esta transformación corresponde a la aparición de un poder más difuso, en el que la influencia se construye a través de redes.

Venezuela podría precisamente intentar convertirse en un nodo de estas redes. Su energía puede abastecer a la región. Sus puertos pueden participar en los intercambios caribeños. Sus recursos pueden sostener cadenas industriales. Sus universidades pueden reconstruir asociaciones científicas. Su diáspora puede crear puentes con los mercados mundiales. Su territorio puede acoger nuevas actividades logísticas e industriales. Pero cada una de estas posibilidades presupone una condición previa: la reconstrucción de la confianza.

Esta confianza será particularmente difícil de restaurar porque las crisis prolongadas producen una memoria colectiva. Los ciudadanos recuerdan las pérdidas de ahorros, las interrupciones de servicios, la partida de familiares y las promesas políticas incumplidas. Una nueva estrategia económica no podrá simplemente pedir a la población que confíe. Tendrá que producir pruebas sucesivas. La confianza regresará por etapas, cuando las instituciones demuestren que funcionan.

Por eso, la reconstrucción deberá concebirse como un proceso acumulativo. Los primeros años deberán priorizar la estabilización monetaria, la recuperación de las infraestructuras esenciales, la seguridad energética y la reforma institucional. Los años siguientes podrán acelerar la industrialización, la diversificación de las exportaciones, la innovación y la formación avanzada. A más largo plazo, el país podrá aspirar a una economía más basada en el conocimiento y los servicios de alto valor añadido. Esta cronología es importante porque una sociedad que intente transformarlo todo simultáneamente corre el riesgo de dispersar sus recursos.

La misma disciplina deberá aplicarse a la política exterior. Venezuela no podrá reconstruir su posición internacional multiplicando acuerdos sin jerarquía. Deberá determinar los sectores en los que cada socio puede aportar un valor específico y negociar en función de una estrategia nacional. La diplomacia económica deberá convertirse en una profesión especializada, apoyada en datos, análisis sectoriales y un conocimiento preciso de las cadenas globales de valor.

Desde esta perspectiva, Venezuela podría pasar gradualmente de una diplomacia reactiva a una diplomacia anticipatoria. En lugar de esperar las sanciones, las crisis o los cambios en los precios del petróleo, debería identificar las tendencias internacionales con varios años de anticipación. El crecimiento de los vehículos eléctricos, el aumento de la demanda de minerales críticos, la expansión de los centros de datos, las necesidades energéticas de la inteligencia artificial, la transformación del comercio marítimo, la reorganización de las cadenas industriales y las nuevas exigencias climáticas deben convertirse en parámetros de planificación nacional.

Esta capacidad de anticipación es probablemente una de las diferencias fundamentales entre los Estados que logran transformar las crisis en oportunidades y aquellos que simplemente las sufren. Los primeros utilizan los periodos de cambio para invertir antes que los demás. Los segundos esperan hasta que las nuevas reglas ya están establecidas e intentan entonces adaptarse. Venezuela todavía dispone de suficientes recursos para elegir la primera trayectoria, pero la ventana histórica no permanecerá abierta indefinidamente.

La verdadera batalla del siglo XXI será, por tanto, menos la de la posesión de los recursos que la de su transformación. El petróleo crudo tiene menos valor estratégico que las capacidades industriales, científicas y financieras construidas gracias a él. Los minerales críticos adquieren mayor valor cuando se integran en cadenas de transformación. Los datos valen más cuando permiten desarrollar servicios y conocimientos. La población se convierte en una ventaja cuando está educada. El territorio se convierte en poder cuando está conectado. La diáspora se convierte en un activo cuando permanece vinculada al país. La moneda adquiere credibilidad cuando se apoya en una economía productiva.

Esta lógica permite situar la crisis venezolana dentro de la transformación más amplia del Sur Global. Muchos países disponen hoy de importantes recursos, pero siguen rezagados en tecnología, investigación e industrialización. Corren el riesgo de convertirse en proveedores indispensables de materias primas mientras continúan dependiendo de las tecnologías necesarias para transformarlas. Esta situación podría generar una nueva forma de dependencia que ya no sería simplemente colonial o financiera, sino tecnológica.

El desafío del siglo será, por tanto, determinar si el Sur Global conseguirá convertir su dimensión demográfica, sus recursos naturales, sus mercados y su energía en capacidades tecnológicas propias. Algunos países parecen ya comprometidos con esta dirección. India busca construir una potencia tecnológica autónoma. China posee una capacidad industrial considerable. Corea del Sur continúa fortaleciendo sus sectores estratégicos. Varios Estados del Golfo invierten masivamente en tecnología y diversificación. Brasil busca reforzar determinadas capacidades científicas e industriales. Pero una gran parte del Sur sigue enfrentando enormes brechas en educación, infraestructuras digitales e investigación.

Esta situación podría producir una nueva jerarquía mundial más compleja que la antigua oposición Norte-Sur. Algunos países históricamente clasificados como economías en desarrollo se convertirán en potencias tecnológicas o industriales, mientras otros seguirán dependiendo de terceros a pesar de sus recursos. La geografía del poder estará, por tanto, cada vez menos determinada por la latitud y cada vez más por la densidad de las capacidades.

Venezuela todavía tiene la posibilidad de situarse entre los países que transforman sus ventajas en capacidades. Pero esta posibilidad exige una ruptura intelectual con la dependencia de las soluciones simples. No existe una moneda capaz de sustituir una política productiva, ningún socio extranjero capaz de reemplazar una estrategia nacional, ninguna riqueza petrolera capaz de sustituir la educación y ningún discurso soberanista capaz de reemplazar la tecnología.

La nueva soberanía venezolana deberá, por tanto, ser mucho más exigente que la del pasado. Deberá aceptar la interdependencia mientras reduce las vulnerabilidades, acoger inversiones mientras exige beneficios nacionales, utilizar tecnologías extranjeras mientras desarrolla progresivamente las competencias locales, exportar sus recursos mientras aumenta el valor añadido producido en su territorio y trabajar con varias potencias sin convertirse en instrumento de ninguna.

Esta concepción también podría permitir reconciliar dos aspiraciones que durante mucho tiempo fueron presentadas como contradictorias: apertura internacional y soberanía nacional. Una nación pobre en capacidades no se vuelve más soberana cerrándose al mundo. Al contrario, corre el riesgo de perder todavía más rápidamente el acceso al conocimiento, al capital y a la tecnología. La verdadera estrategia consiste en utilizar la apertura para fortalecer las capacidades internas. La apertura se convierte entonces en un instrumento de soberanía y no en su negación.

Venezuela podría hacer de esta idea el principio rector de su reconstrucción. Su futuro no debería definirse por la pregunta de qué gran potencia estará dispuesta a aceptarla dentro de su órbita. Debería definirse por la pregunta de qué capacidades nacionales le permitirán dialogar con todas las grandes potencias desde una posición más equilibrada. Esta diferencia de perspectiva es fundamental. En el primer caso, Venezuela espera que se le asigne un lugar. En el segundo, construye su valor estratégico.

El verdadero punto de inflexión histórico podría aparecer cuando el país deje de pedir al mundo que reconozca su poder y comience a producir las condiciones que hagan difícil ignorarlo. Esta transformación no dependerá de una única declaración política. Será el resultado de miles de decisiones tomadas en las escuelas, las universidades, las empresas, los laboratorios, los bancos, los puertos, las explotaciones agrícolas, las infraestructuras energéticas y las administraciones públicas.

Es en este nivel donde finalmente se decidirá el futuro de Venezuela en el siglo XXI. La cuestión monetaria habrá abierto el debate, la crisis política habrá revelado las fragilidades, la geopolítica estadounidense habrá mostrado la transformación de las relaciones de poder, el ascenso de China e India habrá demostrado la nueva pluralidad del sistema internacional, la inteligencia artificial habrá acelerado la competencia tecnológica y la crisis de los antiguos modelos ideológicos habrá impuesto una nueva reflexión sobre la soberanía. Pero ninguna de estas transformaciones determinará por sí sola el destino del país. Ese destino dependerá de la capacidad de los venezolanos para convertir la ruptura en reconstrucción y la reconstrucción en poder productivo.

Venezuela podría convertirse entonces en algo más que un caso de estudio de una crisis monetaria. Podría convertirse en un laboratorio para la reconstrucción de un Estado del Sur Global en un mundo donde la soberanía ya no se mide únicamente por la posesión de un territorio o una moneda nacional, sino por la capacidad de una sociedad para producir valor, dominar las tecnologías esenciales, proteger a sus ciudadanos, retener sus talentos, diversificar sus alianzas y preparar a las generaciones siguientes. Esta transformación sería la verdadera respuesta a los desafíos del siglo XXI. No consistiría en regresar a una grandeza pasada, sino en construir un poder nuevo, adaptado a una época en la que la energía, el conocimiento, los datos, la tecnología, la confianza y la capacidad de aprendizaje se convierten en las principales monedas de la competencia internacional.

VENEZUELA DESPUÉS DE LA RUPTURA: ¿QUÉ TRAYECTORIA HACIA 2035?

La cuestión que se plantea ahora ya no consiste únicamente en saber si Venezuela puede salir de su crisis monetaria, institucional y productiva, sino en determinar qué tipo de sociedad podría emerger de una eventual ruptura con la arquitectura económica que ha dominado las últimas décadas. Esta distinción es fundamental, porque una estabilización financiera no constituye necesariamente una transformación histórica. Un país puede reducir su inflación sin reconstruir su aparato productivo, restablecer cierta circulación monetaria sin recuperar de manera duradera la confianza, atraer capitales sin desarrollar suficientemente su capital humano y aumentar su producción petrolera sin crear una economía menos dependiente de la renta. El verdadero desafío del horizonte 2035 se encuentra, por tanto, en otro lugar: determinar si Venezuela será capaz de transformar un período de ruptura en una estrategia nacional de reconstrucción y, sobre todo, si dicha reconstrucción podrá integrarse en la nueva geografía económica y tecnológica del siglo XXI.

El año 2035 no debe considerarse una fecha mágica, sino un horizonte suficientemente lejano para permitir observar los efectos acumulativos de una reforma y suficientemente cercano para imponer decisiones inmediatas. Una década puede bastar para transformar profundamente una economía cuando las instituciones funcionan, las inversiones son continuas y las políticas públicas se benefician de cierto grado de estabilidad. También puede perderse cuando los gobiernos cambian constantemente de dirección, las inversiones siguen siendo insuficientes o las crisis sucesivas absorben la mayor parte de los recursos disponibles. Para Venezuela, 2035 representará, por tanto, menos una fecha límite que una prueba histórica: la de su capacidad para pasar de la gestión de la crisis a la construcción de un modelo.

Esta transición deberá comenzar por una clarificación intelectual. El país no podrá reconstruir su futuro intentando simplemente restaurar la Venezuela anterior a la gran ruptura económica. Parte de esa memoria puede asociarse legítimamente con un período de prosperidad, movilidad social y capacidad de inversión pública, pero las condiciones internacionales que hicieron posible aquella configuración han cambiado profundamente. El mercado mundial de la energía es diferente, las tecnologías son diferentes, las cadenas de producción son diferentes, las relaciones de poder son diferentes y las expectativas de las nuevas generaciones también son diferentes. Incluso si Venezuela recuperara mañana un nivel elevado de ingresos petroleros, no volvería exactamente al mundo en el que esos ingresos habían producido anteriormente su influencia. La reconstrucción debe ser, por tanto, prospectiva y no nostálgica.

Esta exigencia constituye probablemente una de las condiciones más difíciles de la transformación nacional. Las sociedades en crisis buscan naturalmente recuperar aquello que han perdido. Comparan el presente con un período anterior considerado más estable, más próspero o más previsible. Esta memoria puede desempeñar un papel positivo cuando recuerda lo que el país es capaz de lograr, pero se vuelve peligrosa cuando transforma el pasado en un modelo obligatorio. Venezuela no debe intentar reconstruir una economía petrolera del siglo XX utilizando herramientas del siglo XXI. Debe utilizar los recursos de su pasado para construir una economía adaptada al futuro.

La primera trayectoria posible sería la de una reconstrucción soberana y abierta. En este escenario, Venezuela lograría progresivamente estabilizar su entorno monetario y financiero, restaurar las infraestructuras esenciales, reconstruir el Estado de derecho, atraer inversiones productivas y utilizar sus recursos energéticos como palanca de diversificación. El petróleo seguiría siendo importante, quizá incluso muy importante, pero ya no constituiría la única arquitectura de la economía. Los ingresos energéticos se transformarían progresivamente en inversiones en electricidad, transporte, puertos, educación, salud, telecomunicaciones, industria, investigación y tecnologías digitales. La lógica sería la de una economía que utiliza su ventaja natural para construir ventajas artificiales, es decir, competencias y capacidades que otros países no pueden simplemente reproducir por el hecho de poseer un recurso natural similar.

En esta trayectoria, la cuestión monetaria estaría integrada en una estrategia más amplia de recuperación de la confianza. Si una dolarización parcial o más amplia contribuyera a estabilizar los intercambios y proteger a los hogares frente a la pérdida de valor de la moneda nacional, podría considerarse un instrumento de transición o un componente permanente de la arquitectura monetaria. Pero no se presentaría como la finalidad de la reforma. El verdadero objetivo sería crear las condiciones económicas que permitan progresivamente al país disponer de un sistema monetario creíble, cualquiera que sea la forma institucional adoptada. La moneda recuperaría entonces su función fundamental: facilitar la actividad económica en lugar de convertirse en el principal asunto de la actividad política.

En este escenario favorable, la reconstrucción del sistema bancario sería igualmente importante. Una economía no puede diversificarse si su sistema financiero no sabe financiar empresas, infraestructuras, viviendas, exportaciones e innovación. La recuperación de la confianza en los bancos, la modernización de los sistemas de pago y el desarrollo de servicios financieros digitales podrían desempeñar un papel fundamental. Pero la modernización financiera no debería confundirse con la simple multiplicación de aplicaciones digitales. Un sistema financiero moderno es, ante todo, un sistema capaz de movilizar el ahorro hacia la inversión productiva, gestionar riesgos y facilitar la integración de las empresas nacionales en los mercados internacionales.

La segunda trayectoria sería la de una estabilización sin transformación. Probablemente sea más fácil de imaginar porque corresponde a una situación en la que determinadas variables macroeconómicas mejoran sin que la estructura profunda de la economía se modifique suficientemente. La moneda podría volverse más estable, la inflación podría disminuir, la producción petrolera podría aumentar y algunas inversiones extranjeras podrían regresar, pero la economía seguiría dependiendo fuertemente de los hidrocarburos. Las infraestructuras esenciales serían parcialmente restauradas, sin que todo el territorio se beneficiara de una modernización comparable. Los sectores no petroleros crecerían, pero demasiado lentamente para absorber la demanda de empleo de una población activa joven y reducir suficientemente la dependencia de los ingresos energéticos.

Este escenario sería políticamente más cómodo a corto plazo porque permitiría a los gobiernos presentar mejoras visibles sin emprender todas las transformaciones institucionales necesarias. Pero seguiría siendo extremadamente vulnerable. Una nueva caída de los precios energéticos, una crisis geopolítica, una nueva ola de sanciones o un shock tecnológico podrían exponer rápidamente las debilidades estructurales del modelo. El país habría recuperado cierta estabilidad sin haber construido realmente su resiliencia.

La tercera trayectoria sería la de una nueva dependencia. En este escenario, la crisis monetaria conduciría a una apertura económica rápida pero insuficientemente regulada. Venezuela atraería capitales y aumentaría su producción energética, pero sin desarrollar suficientemente a sus proveedores locales, la investigación, la formación y las industrias de transformación. Las infraestructuras serían modernizadas principalmente por actores extranjeros y las tecnologías serían importadas sin una transferencia significativa de competencias. Los ingresos aumentarían, pero la capacidad productiva nacional seguiría siendo limitada. El país pasaría entonces de una antigua dependencia a una nueva dependencia.

Esta posibilidad es particularmente importante en el contexto de la competencia entre grandes potencias. Un Venezuela que busque rápidamente capitales podría verse tentado a aceptar casi todas las ofertas disponibles. Pero una estrategia de reconstrucción no puede evaluarse únicamente según el volumen de las inversiones anunciadas. Una inversión de varios miles de millones de dólares puede producir poca transformación nacional si importa la mayor parte de los equipos, las competencias y los servicios desde el extranjero, repatria una gran parte de los beneficios y deja pocas capacidades detrás de sí. Por el contrario, una inversión más modesta puede tener un efecto mucho mayor cuando crea una cadena de proveedores locales, forma ingenieros, desarrolla una universidad, aumenta las exportaciones y produce conocimientos reutilizables.

La diferencia entre estas dos trayectorias reside, por tanto, en el concepto de capacidad. Venezuela no debe buscar únicamente recibir capital. Debe buscar acumular capacidades. Esta distinción debería convertirse en un principio central de su política económica. Cada gran proyecto debería evaluarse según varios criterios: cuántos empleos cualificados crea, qué proporción del valor permanece en el país, qué competencias se transfieren, qué empresas nacionales pueden participar, qué nuevas infraestructuras se generan y qué posibilidades de exportación aparecen después de su realización. Este enfoque permitiría pasar de una política de atracción de inversiones a una política de transformación mediante la inversión.

La reconstrucción industrial debería seguir la misma lógica. Sería poco realista intentar reproducir todas las industrias existentes en las grandes potencias. Venezuela debe seleccionar los sectores en los que sus recursos, su geografía, su población y sus relaciones comerciales le proporcionen ventajas. La energía y la petroquímica constituyen naturalmente un primer ámbito. La agroindustria podría constituir un segundo, siempre que se modernicen las infraestructuras rurales, el riego, el almacenamiento, la logística y la financiación. La transformación de minerales podría representar un tercer eje, pero requeriría una estrategia ambiental e industrial rigurosa. Los servicios digitales y determinados sectores de la economía del conocimiento podrían constituir un cuarto eje, particularmente importante para las nuevas generaciones.

Sin embargo, esta diversificación no debe convertirse en una lista interminable de sectores prioritarios. Un error frecuente de las políticas industriales consiste en declarar prioritarias casi todas las actividades económicas, lo que finalmente equivale a no establecer ninguna prioridad. Venezuela deberá concentrar sus recursos en algunas cadenas de valor capaces de producir efectos multiplicadores. El éxito dependerá menos del número de sectores anunciados que de la coherencia entre energía, formación, infraestructuras, financiación, investigación y acceso a los mercados.

El sector energético seguirá estando en el centro de esta arquitectura. Incluso en una economía comprometida con la transición energética mundial, el petróleo y el gas continuarán desempeñando un papel importante durante muchos años. Venezuela dispone, por tanto, de una ventana estratégica. Puede utilizar este período para reconstruir su industria energética mientras prepara progresivamente la diversificación. El peligro sería considerar la futura demanda mundial como una garantía permanente. Las transformaciones tecnológicas y climáticas pueden modificar más rápidamente de lo previsto las estructuras de consumo, las inversiones y las normas internacionales. Una política prudente debe considerar, por tanto, los ingresos petroleros actuales como un recurso que debe convertirse, y no como una renta eterna.

Esta conversión podría adoptar varias formas. Una parte de los ingresos podría financiar las infraestructuras energéticas nacionales, especialmente la modernización de las redes eléctricas. Otra podría apoyar la formación técnica y científica. Otra podría contribuir a un fondo nacional de inversión destinado a infraestructuras y sectores exportadores. Una parte podría reforzar las reservas y la estabilidad financiera. El principio esencial sería impedir que los períodos de precios elevados provoquen automáticamente una expansión del gasto corriente sin un aumento correspondiente de los activos productivos del país.

La cuestión de las infraestructuras eléctricas merece una atención particular porque se encuentra en la intersección de casi todas las transformaciones futuras. Sin electricidad fiable no hay industria moderna, centros de datos, servicios digitales competitivos, sistemas sanitarios eficaces ni una verdadera transición tecnológica. La electricidad se convierte así en una de las primeras infraestructuras de soberanía del siglo XXI. Venezuela podría disponer de un enorme potencial energético y, sin embargo, seguir siendo tecnológicamente vulnerable si su red nacional continúa siendo frágil.

La reconstrucción eléctrica también podría abrir una nueva estrategia de diversificación energética. El potencial hidroeléctrico, solar y eólico de determinadas regiones podría desarrollarse como complemento de los hidrocarburos. Pero la transición no debería plantearse como una oposición entre petróleo y energías renovables. En un país como Venezuela, la cuestión debería ser más bien cuál es el mejor uso de cada fuente de energía. Los hidrocarburos pueden proporcionar ingresos y determinadas capacidades industriales, mientras que las renovables pueden contribuir a diversificar el sistema eléctrico y reducir ciertas vulnerabilidades territoriales.

La agricultura representa otro ámbito en el que Venezuela podría intentar reducir una dependencia histórica. Una política alimentaria moderna, sin embargo, no puede limitarse a aumentar las superficies cultivadas. Debe integrar semillas, riego, fertilizantes, mecanización, almacenamiento, transformación, transporte, seguros agrícolas, datos meteorológicos y acceso al crédito. La agricultura del siglo XXI también se está convirtiendo en una industria tecnológica. Los datos satelitales, los sensores, los modelos meteorológicos y la inteligencia artificial pueden mejorar los rendimientos y reducir determinados riesgos. Venezuela podría utilizar así la tecnología para transformar un sector tradicional en un sector de modernización.

Esta transformación sería particularmente importante para la seguridad alimentaria. Una economía que depende excesivamente de las importaciones de alimentos sigue siendo vulnerable a las variaciones del tipo de cambio, las crisis logísticas y las perturbaciones geopolíticas. La soberanía alimentaria no significa necesariamente producir absolutamente todo dentro del territorio. Significa disponer de una capacidad suficiente para garantizar el acceso a los alimentos incluso cuando los mercados internacionales sufren perturbaciones. Esta distinción es fundamental para evitar un proteccionismo ineficaz.

El comercio exterior deberá, por tanto, seguir siendo abierto. Venezuela no podrá reconstruir su economía aislándose de los mercados internacionales. Deberá, por el contrario, buscar multiplicar sus destinos comerciales. El acceso a los mercados estadounidense, chino, europeo, latinoamericano y caribeño podría permitir a las empresas nacionales desarrollar varias fuentes de ingresos. Pero esta apertura deberá ir acompañada de una política de competitividad. Una empresa protegida permanentemente de la competencia internacional no se vuelve necesariamente más productiva. La protección puede ser temporalmente necesaria para permitir que determinados sectores nacientes se desarrollen, pero debe estar acompañada de objetivos precisos de productividad y exportación.

Esta cuestión conduce directamente al problema del tamaño del mercado nacional. Venezuela dispone de un mercado interno significativo, pero insuficiente para permitir que todas las industrias modernas alcancen por sí solas las economías de escala necesarias. La integración regional podría desempeñar, por tanto, un papel decisivo. La proximidad con Colombia, Brasil, el Caribe y los mercados norteamericanos ofrece posibilidades considerables. La reconstrucción de las infraestructuras fronterizas y logísticas podría permitir a Venezuela convertirse en una plataforma de circulación entre varios espacios económicos.

Esta posición geográfica podría reforzarse mediante las nuevas rutas comerciales que están surgiendo en un mundo donde las empresas buscan diversificar sus cadenas de suministro. El nearshoring y la regionalización parcial de determinadas producciones pueden crear oportunidades para los países latinoamericanos. Pero una geografía favorable no basta. Las empresas elegirán los territorios donde las infraestructuras funcionen, las reglas sean estables, los costes logísticos sean previsibles y la mano de obra posea las competencias necesarias.

Venezuela deberá, por tanto, invertir tanto en su reputación económica como en sus infraestructuras físicas. La confianza internacional es un activo intangible que se construye lentamente y puede desaparecer rápidamente. Las reformas deberán ser suficientemente transparentes para permitir que los inversores, los socios comerciales y las instituciones financieras evalúen los progresos realizados. La publicación periódica de datos creíbles, la estabilidad de los contratos y la previsibilidad regulatoria podrían convertirse en instrumentos de diplomacia económica.

Esta reconstrucción institucional también deberá integrar la lucha contra la corrupción. Sin embargo, sería insuficiente presentar la corrupción como un simple problema moral. También constituye un problema económico. Cuando un sistema público distribuye licencias, contratos o recursos sin transparencia, crea incentivos para buscar privilegios en lugar de invertir en productividad. Las empresas destinan entonces parte de sus recursos a obtener ventajas administrativas en lugar de mejorar sus productos y servicios. La lucha contra la corrupción debe, por tanto, concebirse también como una política de competitividad.

El propio Estado deberá cambiar de función. Ya no podrá ser simultáneamente el principal productor, el principal empleador, el principal inversor y el árbitro de todas las actividades económicas. Pero tampoco podrá retirarse por completo en nombre de un mercado supuestamente capaz de resolver todas las dificultades. La reconstrucción exigirá un Estado estratega, capaz de definir las infraestructuras esenciales, regular los mercados, proteger la competencia, financiar determinados bienes públicos y corregir las fallas del sector privado. La cuestión no será, por tanto, elegir entre Estado y mercado, sino determinar qué funciones deben ser asumidas por cada uno.

Esta articulación será particularmente importante en el ámbito de la innovación. Las empresas pueden crear productos y servicios, pero las inversiones fundamentales en investigación, educación y determinadas infraestructuras científicas suelen requerir apoyo público. Venezuela deberá reconstruir sus universidades como instituciones de producción de conocimiento y no solamente como centros de formación. Una universidad moderna debe poder trabajar con empresas, participar en proyectos internacionales, atraer investigadores, desarrollar laboratorios y producir innovaciones comercializables.

La diáspora podría desempeñar aquí un papel decisivo. Miles de profesionales venezolanos poseen ahora experiencia en diferentes sistemas económicos y científicos. El desafío será crear mecanismos que permitan que esa experiencia regrese al país en forma de proyectos, alianzas, formación e inversiones. La reconstrucción no debería esperar a que todos los expatriados regresen. Debería permitirles participar incluso cuando permanezcan en el extranjero.

Esta estrategia podría ser particularmente eficaz en los sectores tecnológicos. Un ingeniero que viva en Miami, Madrid, Bogotá, Santiago, Toronto o São Paulo puede contribuir a un proyecto venezolano sin necesidad de instalarse inmediatamente en Venezuela. Las plataformas digitales hacen posibles colaboraciones internacionales que eran difíciles de imaginar hace una generación. Una política inteligente de diáspora podría transformar así una consecuencia trágica de la crisis en un recurso para la reconstrucción.

La cuestión demográfica también deberá integrarse en la planificación. La emigración masiva ha modificado la estructura de la población y la disponibilidad de competencias. El retorno de una parte de la diáspora podría contribuir a la reconstrucción, pero no debe suponerse que todas las salidas serán revertidas. Venezuela deberá, por tanto, construir una estrategia que funcione con la población realmente presente, manteniendo al mismo tiempo un vínculo institucional con quienes viven en otros lugares.

Esta realidad obliga a revisar la noción de territorio nacional. En un mundo digital, la nación no desaparece con la emigración. Las redes familiares, económicas, culturales y profesionales pueden mantener vínculos transnacionales. Venezuela podría, por tanto, construir una forma de ciudadanía económica más conectada, que permita a su diáspora participar en determinadas inversiones, programas educativos e iniciativas empresariales. Este enfoque sería particularmente útil para movilizar el ahorro y las competencias.

La cuestión social seguirá, sin embargo, en el centro de la reconstrucción. Una estrategia de crecimiento que no reduzca suficientemente las desigualdades corre el riesgo de crear una nueva polarización. Los hogares que ya disponen de competencias, capitales y redes internacionales probablemente se beneficiarán más rápidamente de las nuevas oportunidades. Las poblaciones más vulnerables podrían quedar excluidas. La reconstrucción deberá, por tanto, asociar crecimiento y movilidad social. La educación, la salud, la formación profesional y las infraestructuras básicas serán los principales instrumentos de esa movilidad.

Esta dimensión social también es indispensable para la estabilidad política. Las transiciones económicas producen casi siempre ganadores y perdedores temporales. Algunas empresas desaparecen, determinados subsidios se reducen y ciertos empleos se transforman. Si estos cambios no van acompañados de mecanismos de protección y reconversión, pueden generar una resistencia social capaz de bloquear las reformas. La reforma debe ser, por tanto, suficientemente ambiciosa para transformar la economía, pero suficientemente humana para preservar la cohesión social.

El horizonte 2035 deberá incorporar también la transformación del mercado laboral provocada por la inteligencia artificial. Una parte de los empleos administrativos y repetitivos podría automatizarse, mientras surgirán nuevas profesiones en los servicios digitales, la ingeniería, el mantenimiento, la ciberseguridad, la salud y la gestión de datos. Venezuela no puede esperar a que esta transformación llegue. Debe preparar desde ahora los sistemas educativos y profesionales que permitan a los trabajadores cambiar de ocupación a medida que evolucionen las tareas.

La cuestión fundamental será entonces la productividad del trabajo humano. Un país no puede construir de manera sostenible su competitividad únicamente sobre salarios bajos. Esta estrategia termina encontrando los límites de la competencia mundial y puede encerrar a los trabajadores en actividades de bajo valor añadido. Venezuela deberá buscar, por el contrario, aumentar el valor producido por cada trabajador mediante la formación, los equipos, las infraestructuras y las tecnologías.

Esta transformación tendrá una consecuencia importante sobre la definición del desarrollo. Durante mucho tiempo, el desarrollo se asoció con la industrialización material: producir más acero, cemento, automóviles o máquinas. Estas actividades siguen siendo importantes, pero el siglo XXI añade una dimensión inmaterial. Los datos, el software, las patentes, los servicios profesionales, los algoritmos y los conocimientos también se convierten en activos económicos. Venezuela deberá, por tanto, construir una economía capaz de producir tanto bienes físicos como activos intangibles.

Esta doble capacidad podría permitir al país superar una antigua oposición entre economía petrolera y economía digital. No se trata de elegir entre ambas. La energía puede financiar lo digital, mientras que lo digital puede mejorar la energía. La inteligencia artificial puede optimizar las operaciones petroleras, anticipar determinadas fallas, mejorar la logística y reducir costes. Los datos satelitales pueden mejorar la agricultura. Los sistemas digitales pueden modernizar las administraciones. Las tecnologías pueden convertirse así en instrumentos de transformación de los sectores tradicionales.

Sin embargo, el éxito dependerá de la capacidad para evitar una nueva brecha digital interna. Las grandes ciudades y los grupos sociales más favorecidos podrían beneficiarse rápidamente de las nuevas tecnologías, mientras determinadas regiones rurales o poblaciones pobres quedarían al margen. Una estrategia nacional de transformación digital debe considerar, por tanto, la conectividad como una infraestructura pública esencial, al mismo nivel que la electricidad y las carreteras.

Esta cuestión conduce directamente a la educación. La escuela venezolana de 2035 no podrá ser simplemente una versión mejorada de la de 2025. Deberá integrar cultura digital, pensamiento crítico, ciencias, matemáticas, lenguas extranjeras, competencias profesionales y aprendizaje permanente. Pero también deberá conservar una dimensión humana. La inteligencia artificial puede acelerar el acceso a la información, pero no sustituye la relación pedagógica, la formación del juicio, la responsabilidad ni la capacidad de vivir en una sociedad democrática.

La modernización tecnológica no deberá convertirse, por tanto, en una nueva forma de deshumanización. Es un riesgo real. Una sociedad que mide todo a través de los datos puede perder la capacidad de considerar a los individuos como ciudadanos y no como perfiles estadísticos. Venezuela deberá buscar un equilibrio entre eficiencia digital y dignidad humana. La tecnología debe fortalecer las capacidades de la sociedad y no sustituir su capacidad para decidir colectivamente sus prioridades.

Esta exigencia otorga una profundidad particular a la cuestión generacional. Los jóvenes venezolanos no piden únicamente empleos. Piden la posibilidad de imaginar un futuro. Quieren poder estudiar, trabajar, viajar, crear una empresa, formar una familia y participar en la sociedad sin sentir que su futuro está necesariamente en otro lugar. La reconstrucción económica deberá, por tanto, evaluarse según su capacidad para restaurar esa posibilidad.

El retorno de la esperanza constituye un indicador económico tan importante como determinadas cifras macroeconómicas. Cuando una sociedad deja de creer en su futuro, los comportamientos económicos cambian. Las familias buscan emigrar, los empresarios trasladan sus capitales, los estudiantes eligen carreras en el extranjero y los trabajadores invierten menos en competencias cuya utilidad local no perciben. Por el contrario, cuando los ciudadanos vuelven a creer que pueden construir algo en su propio país, aumenta la inversión en capital humano.

Por eso, la reconstrucción de Venezuela deberá concebirse como una reconstrucción de la confianza colectiva. La moneda es solamente una parte de esa confianza. Las instituciones, la educación, las infraestructuras, la justicia, la seguridad y la estabilidad política son sus otros componentes. Una moneda estable puede contribuir a recuperar la confianza, pero no puede producirla por sí sola. La confianza nace cuando los ciudadanos comprueban que las reglas funcionan y que sus esfuerzos pueden producir resultados duraderos.

El horizonte 2035 podría entonces revelar una Venezuela profundamente diferente. No necesariamente una potencia mundial, porque esa ambición sería desproporcionada, sino una potencia regional más estable, productiva y conectada. Un país capaz de proporcionar energía, producir más alimentos, desarrollar determinadas industrias, recibir inversiones, formar talento, participar en cadenas de valor regionales y desempeñar un papel importante en el Caribe y América del Sur.

Esta posición ya sería considerable. El poder no se mide únicamente por el producto interno bruto o el número de soldados. También se mide por la capacidad de un país para resultar útil a los demás sin convertirse en dependiente de ellos. Una Venezuela capaz de contribuir a la seguridad energética regional, a la seguridad alimentaria, a las infraestructuras caribeñas y a determinadas cadenas industriales tendría una influencia superior a la que le confiere hoy su sola riqueza petrolera.

Esta transformación exigiría, sin embargo, una política exterior diferente. Venezuela tendría que aprender a negociar simultáneamente con varios centros de poder, buscando complementariedades en lugar de alineamientos permanentes. La relación con Washington debería evaluarse según los intereses económicos y de seguridad. Las relaciones con Pekín deberían utilizarse para desarrollar capacidades industriales y comerciales. Las relaciones con Nueva Delhi podrían abrir posibilidades en energía, medicamentos, tecnologías y servicios. Las relaciones con Europa podrían apoyar la modernización institucional, científica e industrial. Las relaciones con Brasil y Colombia podrían contribuir a la integración regional.

Esta diversificación no sería una estrategia de neutralidad absoluta. Sería una estrategia de autonomía. Venezuela probablemente no podrá evitar todas las presiones internacionales, pero puede reducir su vulnerabilidad multiplicando sus opciones. En un mundo fragmentado, la capacidad de disponer de varias alternativas constituye una forma de poder.

El éxito de esta estrategia dependerá, en última instancia, de la calidad de la gobernanza. Los mejores recursos naturales, las mejores inversiones y las mejores tecnologías no producirán los resultados esperados si las instituciones siguen siendo incapaces de coordinar las políticas públicas. La reconstrucción deberá, por tanto, ir acompañada de una profunda reforma administrativa. Las administraciones deberán disponer de competencias, datos, herramientas digitales y objetivos medibles. El Estado deberá aprender a evaluar sus propias políticas y abandonar aquellas que no produzcan los resultados esperados.

Esta cultura de la evaluación constituye una ruptura importante con las prácticas políticas tradicionales. Una política pública no debería considerarse exitosa porque haya sido anunciada o financiada. Debe juzgarse por sus efectos. ¿Cuántos empleos se han creado? ¿Cuántos niños han mejorado sus resultados escolares? ¿Cuánto tiempo se necesita para crear una empresa? ¿Cuánto cuesta una interrupción del suministro eléctrico? ¿Cuántos kilómetros de carreteras son realmente transitables? ¿Qué proporción de las inversiones permanece en la economía nacional? Estas preguntas permiten transformar la gobernanza en un proceso de aprendizaje.

La Venezuela de 2035 podría convertirse así en una sociedad más pragmática sin convertirse necesariamente en una sociedad desprovista de ideales. El pragmatismo no significa abandonar los valores. Significa traducirlos en instituciones y resultados. La soberanía debe producir capacidades. La justicia social debe producir movilidad. El patriotismo debe producir inversión en el país. La democracia debe producir instituciones capaces de gestionar los desacuerdos. La modernización debe producir mejores oportunidades para los ciudadanos.

Es a este nivel donde la ruptura monetaria evocada al comienzo de este dossier podría adquirir todo su significado histórico. Si permanece únicamente como un cambio de moneda, no representará más que una respuesta técnica a una crisis. Si se inscribe en una transformación más amplia del Estado, de la economía y de la relación del país con el mundo, podría convertirse en uno de los signos visibles de un cambio de época. Pero esta transformación nunca será automática. Venezuela también podría experimentar una estabilización superficial, una recuperación petrolera sin diversificación, una nueva dependencia de capitales extranjeros o una renovada polarización política. Ningún escenario favorable está garantizado. Los recursos de los que dispone el país son importantes, pero no constituyen un seguro contra los errores de gobernanza.

La verdadera cuestión de 2035 será, por tanto, menos la cantidad de petróleo producido o la forma exacta de la moneda que la calidad de las instituciones y la capacidad del país para aprender. Si Venezuela logra aprender de sus crisis, utilizar sus recursos para construir capacidades, movilizar a su diáspora, formar a su juventud y diversificar sus alianzas, podrá transformar un período de ruptura en la base de una nueva etapa histórica. Si se limita a estabilizar los síntomas sin modificar las estructuras, corre el riesgo de volver a encontrar periódicamente las mismas fragilidades bajo formas diferentes.

La historia rara vez ofrece una segunda oportunidad tan claramente identificable. Venezuela se encuentra ante un período en el que pueden converger varias transformaciones mundiales: evolución de los mercados energéticos, reorganización de las cadenas de valor, competencia entre Washington y Pekín, ascenso de India, afirmación de nuevas potencias intermedias, desarrollo de la inteligencia artificial, transformación de los sistemas monetarios y búsqueda de nuevas formas de autonomía por parte de los países del Sur. Esta convergencia puede constituir una amenaza, pero también puede ofrecer una ventana estratégica. La condición esencial será comprender que esta ventana no permanecerá abierta indefinidamente. Los países que mañana dispongan de las mejores infraestructuras digitales, los mejores sistemas educativos, las capacidades energéticas más fiables y las instituciones más creíbles atraerán una mayor proporción de capitales, talento y tecnologías. Los demás corren el riesgo de convertirse progresivamente en mercados de consumo y proveedores de materias primas. Venezuela debe elegir entre estas dos posiciones antes de que las nuevas cadenas de valor mundiales queden definitivamente consolidadas.

De cara a 2035, el éxito no debería definirse por el regreso a una antigua grandeza. Debería definirse por la creación de una nueva capacidad nacional. Una Venezuela capaz de producir más, educar mejor, ofrecer mejores servicios de salud, conectar mejor su territorio, retener más talento, movilizar a su diáspora, negociar con varias potencias y transformar sus recursos en capital humano y tecnológico sería ya profundamente diferente de la que han producido las crisis sucesivas.

El verdadero punto de inflexión se habrá alcanzado cuando la sociedad deje de medir su futuro únicamente a través de la pregunta de quién controla el petróleo, qué moneda circula o qué potencia internacional respalda al gobierno. Comenzará entonces a medir su poder por aquello que es capaz de construir por sí misma. Quizá ahí se encuentre la definición más exigente de soberanía para la Venezuela del siglo XXI: no limitarse a poseer recursos, sino poseer las capacidades necesarias para decidir su futuro.

LOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS DE VENEZUELA: ENTRE LA DIVERSIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA NUEVA DEPENDENCIA

La cuestión geopolítica de Venezuela ya no puede abordarse según la lógica binaria que durante mucho tiempo estructuró su discurso exterior. Durante buena parte de las últimas décadas, la política internacional de Caracas se construyó alrededor de una oposición fuertemente politizada entre Washington y sus adversarios, con un papel central para Cuba, Rusia, China y, más ampliamente, para la idea de un frente político destinado a resistir la influencia estadounidense. Esta lectura correspondió a un período histórico particular y produjo alianzas, solidaridades y mecanismos de cooperación cuyos efectos no deben minimizarse. Pero progresivamente resulta insuficiente para comprender la Venezuela que deberá emerger de la crisis actual. El sistema internacional ya no está organizado en torno a dos bloques ideológicos comparables a los de la Guerra Fría, y ni siquiera la multipolaridad contemporánea produce un conjunto homogéneo de potencias opuestas a Occidente. Produce más bien una competencia fluida en la que los Estados buscan diferentes socios según sus necesidades energéticas, comerciales, tecnológicas, financieras y de seguridad. En este nuevo entorno, Venezuela probablemente deberá abandonar la lógica de elegir permanentemente un bando para adoptar la de una diversificación estratégica de sus relaciones exteriores.

Esta transformación no significa que la relación con Estados Unidos vaya a perder importancia. Significa, por el contrario, que deberá comprenderse con mayor realismo. La proximidad geográfica, la profundidad histórica de las relaciones económicas, los flujos migratorios, los intereses energéticos, la presencia del mercado estadounidense y el peso del dólar hacen de Estados Unidos un actor inevitable para Venezuela, cualesquiera que sean las preferencias ideológicas del gobierno de turno. La cuestión estratégica no consiste, por tanto, en saber si Caracas debe estar cerca o lejos de Washington en abstracto. Consiste en determinar en qué condiciones una relación con Washington puede contribuir a la reconstrucción venezolana sin reproducir una dependencia política o económica excesiva. Esta distinción entre cooperación y alineamiento será probablemente una de las claves de la diplomacia venezolana del siglo XXI.

La evolución reciente de la política estadounidense muestra, además, que Washington mismo razona cada vez menos según las categorías tradicionales de apertura económica sin condiciones. La política arancelaria, las restricciones tecnológicas, la protección de las cadenas de suministro, las sanciones, las políticas energéticas y las exigencias dirigidas a los aliados reflejan una concepción más estratégica de las relaciones económicas. El comercio está ahora directamente asociado con la seguridad nacional, la competitividad industrial y el poder geopolítico. Venezuela deberá comprender esta transformación. No negociará simplemente con un mercado estadounidense, sino con una potencia que considera determinadas dependencias económicas como vulnerabilidades estratégicas.

Esta nueva geografía del poder estadounidense puede crear oportunidades para Caracas, especialmente en el ámbito energético, pero también impone límites. Venezuela no podrá esperar que la importancia de sus reservas de hidrocarburos sea suficiente para neutralizar todas las demás consideraciones de la política estadounidense. Las cuestiones de seguridad, migración, gobernanza, sanciones y estabilidad regional seguirán presentes. Una relación duradera deberá, por tanto, construirse sobre varios asuntos simultáneamente. La energía podría constituir un punto de entrada fundamental, pero no podrá ser el único fundamento de la relación.

La proximidad con Estados Unidos ofrece además una ventaja que Venezuela no debería subestimar: el acceso potencial a un mercado inmenso y a un ecosistema financiero, tecnológico y universitario excepcional. Una política de reconstrucción inteligente buscará transformar esta proximidad geográfica en una ventaja económica. Venezuela podría atraer inversiones en energía, agroindustria, servicios, infraestructuras y determinadas actividades manufactureras siempre que reconstruya progresivamente la confianza jurídica e institucional necesaria. Las empresas estadounidenses podrían convertirse entonces en socios económicos entre otros, en lugar de instrumentos de un enfrentamiento ideológico.

China representa otra dimensión esencial de esta estrategia. Pekín ha desarrollado durante las últimas décadas una presencia importante en las economías del Sur, especialmente mediante infraestructuras, comercio, financiación e inversiones industriales. Para Venezuela, China constituye un socio particularmente importante debido a sus capacidades financieras, industriales y tecnológicas y a su papel en el mercado mundial de la energía. Pero la relación con Pekín también deberá reevaluarse según criterios de capacidad nacional. Venezuela no necesariamente ganará al sustituir una dependencia por otra. Ganará mucho más si utiliza la competencia entre socios para obtener mejores condiciones de financiación, transferencia tecnológica, formación y acceso a los mercados.

Esta distinción es fundamental. La diversificación no significa multiplicar las banderas extranjeras sobre las infraestructuras nacionales. Significa crear una estructura en la que ningún socio pueda imponer fácilmente al país una dependencia crítica. Si China financia una infraestructura, Venezuela debería procurar garantizar la formación de técnicos nacionales, la integración de empresas locales, la transparencia de los contratos y la posibilidad de utilizar esa infraestructura para desarrollar otras actividades. Si una empresa estadounidense invierte en energía, debería aplicarse el mismo principio. La soberanía estratégica comienza cuando el país evalúa las inversiones no solamente según su volumen, sino según las capacidades que dejan detrás de sí.

India podría desempeñar en esta arquitectura un papel todavía insuficientemente explorado. Su posición particular en el sistema internacional le permite mantener relaciones con Washington, Moscú, los países del Golfo, Europa y el mundo en desarrollo sin situarse completamente bajo la autoridad de un único centro de poder. Su economía, su sector farmacéutico, sus capacidades digitales, sus necesidades energéticas y su peso demográfico la convierten en un socio potencial para Venezuela. La cooperación energética podría complementarse con alianzas en medicamentos, tecnologías de la información, formación científica y determinados servicios. El interés de una relación con Nueva Delhi residiría precisamente en su capacidad para ampliar el espacio diplomático de Caracas.

Corea del Sur podría representar otro socio estratégico, pero según una lógica diferente. Su fortaleza reside menos en los recursos naturales que en su capacidad para transformar tecnología, industria y capital humano en poder económico. Los sectores de la electrónica, infraestructuras, telecomunicaciones, automoción, construcción naval e investigación pueden ofrecer posibilidades de cooperación. Para Venezuela, una relación con Seúl podría resultar especialmente útil en una estrategia de reindustrialización y modernización tecnológica. También demostraría que una política exterior diversificada no debe limitarse a las grandes potencias tradicionales.

Europa conservará asimismo un lugar importante. A pesar de las dificultades políticas y económicas a las que se enfrenta, la Unión Europea sigue siendo un centro importante de regulación, investigación, financiación y comercio. Su importancia no reside únicamente en sus mercados. Las normas europeas influyen en una parte creciente del comercio mundial, especialmente en los ámbitos ambiental, digital, industrial y alimentario. Para Venezuela, comprender esas normas y adaptarse progresivamente a ellas podría convertirse en una ventaja para sus futuras exportaciones. Una relación con Europa podría, por tanto, concebirse como una inversión en modernización institucional tanto como una relación comercial.

Brasil constituye probablemente el socio regional más importante para la reconstrucción geopolítica de Venezuela. Su tamaño económico, población, influencia diplomática, proximidad geográfica y papel en América del Sur lo convierten en un actor inevitable. Una relación estable con Brasilia podría facilitar el comercio, la cooperación energética, las infraestructuras transfronterizas, la seguridad alimentaria y la integración regional. También podría reducir la dependencia de Venezuela respecto de sus relaciones con potencias extrarregionales.

Colombia posee una importancia comparable desde otra escala. La frontera común, los flujos humanos, el comercio y la proximidad geográfica hacen imposible una política venezolana sostenible que no tenga en cuenta a Bogotá. La relación entre ambos países debería considerarse progresivamente como una relación de interdependencia regional y no simplemente como una cuestión de seguridad fronteriza. Las infraestructuras, los mercados laborales, los intercambios agrícolas, la energía y la gestión de las migraciones pueden constituir ámbitos de cooperación. Una frontera estable y productiva sería un activo estratégico para ambos países.

Esta dimensión regional adquiere aún mayor importancia cuando Venezuela se sitúa dentro del espacio caribeño. El país posee una extensa fachada marítima y se encuentra cerca de las rutas comerciales que conectan América del Sur, el Caribe, América del Norte y el canal de Panamá. Esta posición puede conferirle una importancia geoeconómica superior a la que sugiere una lectura estrictamente sudamericana. Venezuela podría convertirse en un actor energético y logístico importante del Caribe si sus infraestructuras portuarias, energéticas e industriales fueran modernizadas.

La relación con Cuba, sin embargo, deberá ser replanteada. Durante años, Caracas y La Habana encarnaron una solidaridad política que superaba ampliamente los intereses económicos inmediatos. Esta relación produjo intercambios en salud, educación y otros sectores. Pero el contexto generacional y económico ha cambiado. Cuba enfrenta sus propias restricciones estructurales y también debe adaptarse a una economía mundial profundamente transformada. Para Venezuela, la relación con La Habana podría seguir siendo importante desde el punto de vista histórico y cultural, pero se beneficiaría de una evolución hacia una cooperación pragmática centrada en aquellos ámbitos en los que ambos países disponen realmente de capacidades complementarias.

Esta evolución es significativa porque ilustra la transformación general de la política exterior venezolana. Las relaciones internacionales del siglo XXI ya no pueden basarse de manera duradera únicamente en la proximidad ideológica. Los gobiernos pueden ser políticamente cercanos y, sin embargo, tener economías incompatibles o capacidades financieras limitadas. A la inversa, países políticamente diferentes pueden desarrollar alianzas extremadamente eficaces en energía, tecnología o comercio. La diplomacia contemporánea debe aprender, por tanto, a separar los desacuerdos políticos de los intereses económicos cuando ello sea posible.

Rusia representa precisamente un caso en el que esta distinción resulta necesaria. Moscú sigue siendo un socio histórico de Caracas en diversos ámbitos, pero la guerra en Ucrania ha modificado considerablemente los recursos disponibles, las prioridades estratégicas y las restricciones económicas rusas. Venezuela deberá tener en cuenta esta nueva realidad. La relación puede seguir siendo importante en determinados ámbitos, pero ya no puede considerarse uno de los pilares exclusivos de una estrategia internacional. La diversificación se vuelve aún más necesaria porque las capacidades económicas y tecnológicas de Rusia están actualmente fuertemente movilizadas por sus propias prioridades estratégicas.

La guerra en Ucrania también ha producido una lección más general. Ha demostrado que los Estados que disponen de importantes recursos energéticos, militares o naturales pueden conservar una capacidad de resistencia considerable, pero también pueden sufrir elevados costes económicos y tecnológicos cuando entran en una confrontación prolongada con una coalición mucho más amplia. Para Venezuela, esta experiencia debe conducir a privilegiar la resiliencia sobre la confrontación permanente. La mejor protección frente a la presión exterior sigue siendo una economía diversificada, una población bien formada y unas instituciones sólidas.

La cuestión de los BRICS debe abordarse con el mismo espíritu. La idea de un mundo menos dominado por las instituciones occidentales responde a una realidad histórica importante. Muchos países del Sur desean una mayor representación, financiación y capacidad de decisión. Pero sería excesivo considerar a los BRICS como un bloque político homogéneo capaz de funcionar según la lógica de las alianzas militares del siglo XX. Los intereses de China, India, Brasil, Rusia y los demás miembros no son idénticos. Venezuela debe, por tanto, evitar transformar su eventual participación en este espacio en una nueva ortodoxia geopolítica.

La verdadera utilidad de este entorno multipolar podría ser diferente. Puede ofrecer a Venezuela más opciones comerciales, financieras y diplomáticas. Puede facilitar el acceso a determinados mercados y mecanismos de cooperación. También puede contribuir a diversificar las relaciones internacionales. Pero su utilidad dependerá de la capacidad de Venezuela para negociar. Una economía débil puede participar en varias organizaciones sin obtener verdaderas ventajas. Una economía en reconstrucción, pero dotada de recursos estratégicos, reglas creíbles y una diplomacia competente, puede transformar su posición geográfica en poder de negociación.

La cuestión de las monedas ilustra esta transformación. Si el dólar continúa desempeñando un papel central en la economía venezolana, el país deberá observar simultáneamente la evolución de otros sistemas de pago y monedas internacionales. China busca aumentar el uso internacional del renminbi, India desarrolla determinadas infraestructuras de pago y varios países exploran mecanismos destinados a reducir su exposición a sistemas financieros dominados por Estados Unidos. Venezuela debe seguir estas evoluciones sin caer en la ilusión de que un sistema monetario alternativo podría reemplazar rápidamente al dólar a escala mundial.

El pragmatismo obliga a distinguir entre diversificación de los pagos y sustitución monetaria completa. Un país puede utilizar varias divisas en su comercio exterior sin abandonar los instrumentos financieros que siguen siendo los más líquidos y ampliamente aceptados. La verdadera autonomía consiste en disponer de varias opciones en lugar de elegir ideológicamente una moneda contra otra.

Esta lógica también podría aplicarse a las tecnologías. Venezuela no debería depender de un único proveedor de sistemas digitales, telecomunicaciones, satélites o servicios en la nube. Pero también sería poco realista intentar producir inmediatamente todas esas tecnologías dentro de su territorio. La estrategia podría consistir en combinar varios proveedores extranjeros mientras se desarrollan progresivamente determinadas capacidades nacionales consideradas críticas. Este método permitiría reducir los riesgos sin imponer una autarquía tecnológica imposible.

La ciberseguridad se convertirá aquí en un desafío fundamental. Una economía digitalizada es también una economía expuesta a ciberataques. Las redes eléctricas, los bancos, los hospitales, las administraciones y las infraestructuras energéticas pueden convertirse en objetivos estratégicos. Venezuela deberá, por tanto, integrar la ciberseguridad en su concepción de la soberanía nacional. Una dependencia digital no controlada puede llegar a ser tan peligrosa como una dependencia energética.

Esta transformación de la soberanía conduce a una nueva definición del poder. En el siglo XX, un país podía medir gran parte de su poder a través de sus fuerzas armadas, territorio, recursos naturales y alianzas. En el siglo XXI también debe medir su capacidad para producir datos, proteger sus redes, formar ingenieros, desarrollar tecnologías, atraer capitales y controlar determinadas infraestructuras críticas. Venezuela deberá modernizar, por tanto, no solo su política exterior, sino también la propia concepción de su seguridad nacional.

Esta nueva concepción tendrá consecuencias tanto para las relaciones con Washington como para las relaciones con Pekín. Ambas potencias buscan proteger sus cadenas tecnológicas e industriales. Pueden, por tanto, convertirse en socios, pero también ejercer presiones cuando sus intereses estratégicos divergen. Venezuela deberá aprender a navegar entre estos intereses sin creer que siempre puede evitar decisiones difíciles. La diversificación no garantiza la ausencia de restricciones. Simplemente aumenta el número de opciones disponibles.

El horizonte 2035 podría contemplar así la aparición de tres modelos geopolíticos posibles para Caracas.

El primero sería el de una Venezuela alineada principalmente con Washington. Esta opción podría ofrecer importantes ventajas económicas, especialmente si se normalizaran las relaciones energéticas y comerciales. Podría facilitar el acceso a capitales occidentales y acelerar determinadas reformas. Pero también implicaría el riesgo de una dependencia excesiva de un único socio y de una reducción del margen diplomático del país.

El segundo sería el de una Venezuela fuertemente integrada en el eje China-Rusia y en las estructuras políticas del Sur. Esta orientación podría proporcionar alternativas a los mercados occidentales y reforzar determinadas relaciones energéticas e industriales. Pero también comportaría riesgos, entre ellos el de reproducir una dependencia asimétrica y limitar el acceso a determinadas tecnologías, capitales y mercados occidentales.

El tercer modelo sería el de una Venezuela con autonomía estratégica abierta. Probablemente sea el escenario más exigente, pero también el que ofrecería mayor margen de maniobra. El país mantendría relaciones económicas importantes con Estados Unidos, desarrollaría sus asociaciones con China, profundizaría sus relaciones con India, Corea del Sur y Europa, reforzaría su integración con Brasil y Colombia, mantendría determinados vínculos con Rusia y Cuba y utilizaría los espacios multilaterales del Sur sin quedar prisionero de ninguno de ellos.

Este tercer modelo no sería una neutralidad perfecta. Ningún Estado moderno puede ser completamente neutral en todas las cuestiones. Se trataría más bien de una política de diferenciación: cooperar con un socio en un ámbito mientras se mantiene una relación diferente con otro en otro ámbito. Esta capacidad de separar los asuntos se ha convertido en una de las características esenciales de la diplomacia de las potencias intermedias.

Para que esta estrategia tenga éxito, Venezuela deberá mejorar considerablemente la calidad de su diplomacia económica. Las embajadas ya no podrán ser únicamente representaciones políticas. Deberán convertirse en plataformas de búsqueda de mercados, inversiones, tecnologías, alianzas universitarias y cooperación industrial. Los diplomáticos deberán ser capaces de comprender las cadenas de valor, las políticas comerciales, las normas tecnológicas, los mercados financieros y las transformaciones energéticas.

Esta profesionalización será especialmente importante porque la competencia entre Estados para atraer inversiones se vuelve cada vez más intensa. Venezuela no será el único país que disponga de recursos energéticos o mano de obra. Tendrá que convencer a los inversores de que sus ventajas geográficas y naturales están acompañadas de una mejora sostenible de la gobernanza. En este contexto, la estabilidad jurídica se convertirá en una forma de diplomacia.

La relación con el Caribe también podría transformarse profundamente. Venezuela dispone de una capacidad energética que podría contribuir a la seguridad energética de varios Estados insulares, pero esta influencia no debería concebirse como un instrumento de dominación política. Un nuevo enfoque podría privilegiar asociaciones comerciales transparentes, infraestructuras compartidas, mecanismos de seguridad energética y proyectos conjuntos en materia de clima, logística y alimentación.

El propio Caribe se está convirtiendo progresivamente en un espacio estratégico más importante debido al comercio mundial, las rutas marítimas, las infraestructuras digitales submarinas, el cambio climático y las tensiones geopolíticas. Venezuela podría desempeñar un papel en esta nueva arquitectura si logra estabilizar su economía y modernizar sus infraestructuras. Su posición geográfica podría convertirse entonces en un activo de poder y no simplemente en un hecho geográfico.

El cambio climático añade otra dimensión a esta estrategia. Las infraestructuras energéticas y urbanas venezolanas estarán expuestas a riesgos climáticos crecientes. La reconstrucción deberá incorporar la resiliencia desde el diseño de los proyectos. Puertos, carreteras, redes eléctricas, sistemas agrícolas y ciudades deberán construirse para resistir mejor los fenómenos extremos. La política climática no debería considerarse únicamente una obligación internacional. Debería convertirse en un componente de la seguridad nacional.

Esta visión ampliada de la seguridad también permitiría comprender mejor la cuestión migratoria. Los movimientos de población entre Venezuela, Colombia, el Caribe, Estados Unidos y otras regiones no pueden tratarse únicamente como un problema humanitario o policial. También constituyen una variable económica, demográfica y geopolítica. Una reconstrucción exitosa podría reducir las presiones migratorias, mientras que una recuperación incompleta podría mantener los flujos de salida. Las políticas regionales deberán, por tanto, integrar esta dimensión en sus estrategias de cooperación.

El poder geopolítico de Venezuela dependerá así, en gran medida, de su capacidad para volver a ser un país funcional. Esto puede parecer paradójico, pero la primera condición de una influencia internacional duradera no es la retórica exterior. Es la capacidad interna. Un Estado que funciona, produce, exporta, forma y protege a sus ciudadanos dispone naturalmente de un mayor margen diplomático que un Estado cuyos recursos son absorbidos por las crisis internas.

Esta observación permite regresar al punto de partida de esta parte. Venezuela no deberá buscar un nuevo protector. Deberá buscar una nueva posición. Esta posición no estará definida únicamente por sus alianzas, sino por la calidad de sus capacidades internas. La mejor estrategia geopolítica sería, por tanto, una estrategia económica, industrial, tecnológica y humana que haga al país progresivamente menos vulnerable a las decisiones de los demás.

La verdadera autonomía estratégica nunca será absoluta. Incluso las grandes potencias dependen de mercados, tecnologías, recursos y socios extranjeros. Estados Unidos depende de determinadas cadenas industriales mundiales. China depende de determinados mercados y tecnologías. India depende de recursos energéticos externos. Europa depende de determinadas materias primas y tecnologías. Rusia depende de determinados mercados asiáticos. La interdependencia se ha convertido en una característica estructural del sistema internacional. La cuestión ya no consiste en saber cómo eliminar toda dependencia, sino cómo evitar que una dependencia particular se convierta en una vulnerabilidad existencial.

Para Venezuela, esta distinción podría convertirse en la base de una nueva doctrina exterior. El país podría aceptar numerosas interdependencias, pero procurar evitar dependencias críticas. Podría exportar energía sin depender de un único mercado. Importar tecnologías sin depender de un único proveedor. Atraer capitales sin ceder una parte excesiva de su capacidad de decisión. Utilizar varias monedas y sistemas de pago sin perder toda capacidad de política económica. Cooperar con varias potencias sin convertirse en instrumento de ninguna de ellas.

Esta doctrina sería profundamente diferente de la que dominó una parte del siglo XX. No sería antiestadounidense, ni proestadounidense, ni antichina, ni prochina, ni antirrusa, ni prorrusa. Sería ante todo provenezolana, en el sentido más exigente del término: definir los intereses nacionales, construir las capacidades necesarias para defenderlos y elegir las alianzas en función de su contribución a esos intereses.

Es desde esta perspectiva que la transformación monetaria adquiere una dimensión geopolítica. Una economía que utiliza masivamente el dólar debe comprender las ventajas y los riesgos de esta situación. Una economía que busca diversificar sus socios debe comprender los mecanismos financieros alternativos. Un Estado que desea preservar su autonomía debe disponer de una política presupuestaria creíble, un sistema bancario funcional y reservas suficientes. La geopolítica monetaria nunca está separada de la calidad de la gobernanza interna.

Venezuela podría convertirse así en un ejemplo particularmente interesante de la nueva política de las potencias intermedias. No posee el poder económico de Estados Unidos o China, pero dispone de considerables recursos energéticos, una posición geográfica estratégica, una población importante, una diáspora mundial y una historia diplomática que le proporciona cierta visibilidad internacional. Si estos activos se combinaran con una economía más estable y unas instituciones más eficaces, el país podría recuperar una influencia regional significativa.

La cuestión esencial ya no sería: ¿con quién debe alinearse Venezuela?

Pasaría a ser: ¿qué capacidad nacional quiere construir Venezuela y qué socios pueden ayudarla a construirla sin sustituirla?

Esta reformulación parece sencilla, pero contiene una verdadera revolución estratégica. Transforma la política exterior de una búsqueda de alianzas en una política de construcción de poder. Transforma las relaciones internacionales de un debate sobre fidelidades ideológicas en una negociación permanente en torno a intereses, competencias y capacidades. Finalmente, vuelve a colocar a la población en el centro de la geopolítica, porque una potencia nacional no puede ser duradera si no mejora realmente las condiciones de vida de quienes la integran.

De cara a 2035, Venezuela podría ocupar una posición muy diferente en el sistema internacional. Podría seguir siendo un importante país energético, pero convertirse también en un actor agroindustrial, logístico y digital de alcance regional. Podría mantener una relación importante con Estados Unidos mientras desarrolla asociaciones profundas con China, India, Europa y Asia. Podría fortalecer sus relaciones con sus vecinos sin abandonar su autonomía. Podría utilizar las instituciones del Sur sin quedar atrapada en una nueva lógica de bloques. Finalmente, podría transformar su diáspora en una red de competencias en lugar de verla únicamente como consecuencia de la crisis.

Pero esta posibilidad dependerá de una condición fundamental: que la geopolítica deje de utilizarse como sustituto de la política interna. Ninguna alianza internacional podrá reemplazar una administración eficaz, una moneda creíble, una escuela funcional, una industria competitiva y un sistema judicial previsible. Los socios extranjeros pueden proporcionar capitales, tecnologías y mercados. No pueden construir en lugar de Venezuela las instituciones que deben sostener esos recursos.

La próxima etapa de la historia venezolana estará, por tanto, determinada por este encuentro entre política interna y política exterior. La reconstrucción económica dará al país un mayor margen diplomático, mientras que una diplomacia diversificada podrá contribuir a la reconstrucción económica. Ambas dimensiones deberán avanzar simultáneamente. Esta interacción permitirá a Venezuela pasar de una posición frecuentemente reactiva en el sistema internacional a una posición más estratégica.

El mundo que se está configurando a su alrededor no será estadounidense, chino, ruso, europeo ni simplemente multipolar en el sentido clásico. Será un mundo de potencias entrelazadas, rivalidades tecnológicas, dependencias cruzadas y coaliciones variables. En este entorno, los Estados que mejor sobrevivan no serán necesariamente aquellos que hayan elegido el bando más poderoso, sino aquellos que hayan construido suficientes capacidades para poder cambiar de socio sin cambiar de soberanía. Para Venezuela, esta capacidad podría convertirse en la definición misma de su nueva independencia. 

EL PETRÓLEO DESPUÉS DEL PETRÓLEO: TRANSFORMAR LA RENTA ENERGÉTICA EN PODER INDUSTRIAL, TECNOLÓGICO Y HUMANO

Venezuela entra en un período histórico en el que su principal ventaja natural puede convertirse simultáneamente en su mayor activo y en una de sus mayores vulnerabilidades. Con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, el país posee un recurso cuyo valor geopolítico sigue siendo considerable, pese a las transformaciones del sistema energético mundial, las políticas climáticas, la electrificación progresiva de determinados sectores y el auge de las nuevas tecnologías. Sin embargo, la cuestión decisiva para las próximas décadas ya no será únicamente cuánto petróleo puede extraer Venezuela, sino qué hará con la riqueza generada por esa extracción. Un país puede disponer de reservas gigantescas sin conseguir construir una industria competitiva, un sistema científico sólido o una economía tecnológicamente avanzada. A la inversa, un período de renta puede convertirse en un formidable instrumento de transformación cuando se convierte en capital humano, infraestructuras, capacidades productivas, investigación e instituciones capaces de generar riqueza mucho después del agotamiento progresivo del recurso inicial. El verdadero desafío venezolano no consiste, por tanto, en abandonar abruptamente el petróleo, sino en abandonar progresivamente la dependencia del petróleo.

Esta distinción permite superar una oposición demasiado simplista entre economía petrolera y transición energética. Venezuela no tiene ninguna razón para considerar los hidrocarburos como una actividad perteneciente al pasado cuando el petróleo seguirá desempeñando un papel importante en la economía mundial durante un período todavía prolongado. Pero sería igualmente imprudente considerar esa demanda como garantizada durante varias generaciones. Las políticas climáticas, la evolución del transporte, las mejoras en eficiencia energética, las tecnologías de sustitución, los cambios en el comportamiento de los consumidores y las inversiones masivas en nuevas fuentes de energía pueden modificar progresivamente la estructura del mercado. La estrategia racional consiste, por tanto, en utilizar la ventana histórica todavía disponible para transformar una parte de la renta energética actual en capacidades económicas que sobrevivirán a la propia renta. El petróleo debe poder financiar la Venezuela del mañana, en lugar de limitarse a mantener la Venezuela de ayer.

Esta estrategia exige una política energética organizada en torno a dos temporalidades complementarias. La primera consiste en recuperar la capacidad productiva del sector petrolero y gasífero, porque esta actividad puede generar rápidamente ingresos por exportaciones, atraer inversiones y proporcionar los recursos necesarios para la reconstrucción. La segunda consiste en utilizar una parte de esos ingresos para preparar la economía para un entorno en el que los hidrocarburos representarán progresivamente una proporción menor de la creación de valor mundial. Ambos objetivos no son, por tanto, contradictorios. El verdadero error sería sacrificar el sector petrolero antes de haber construido los sectores capaces de asumir progresivamente el relevo, del mismo modo que sería peligroso reconstruir la producción petrolera sin utilizar la nueva renta para diversificar la economía. La elección estratégica se encuentra precisamente entre esos dos fracasos.

La reconstrucción de la industria energética deberá partir, ante todo, de una realidad fundamental: una reserva bajo tierra todavía no constituye riqueza económica. Se convierte en riqueza cuando el país dispone del capital, las tecnologías, las infraestructuras, las competencias, las capacidades logísticas y los mercados necesarios para extraerla, transportarla, transformarla y venderla en condiciones competitivas. Esta distinción es particularmente importante en el caso del petróleo pesado y extrapesado de Venezuela, cuya explotación exige inversiones considerables, tecnologías especializadas e infraestructuras complejas. La recuperación del sector probablemente no podrá depender exclusivamente de los recursos públicos nacionales. Requerirá asociaciones internacionales, capital privado, conocimientos técnicos y un entorno regulatorio capaz de ofrecer seguridad a los inversores. Pero esas asociaciones deberán diseñarse con una exigencia nueva: el objetivo no debe ser únicamente producir más, sino reconstruir progresivamente una capacidad nacional integral.

La diferencia entre una simple recuperación petrolera y un verdadero renacimiento energético se encuentra precisamente ahí. En el primer modelo, el capital extranjero financia las operaciones, las tecnologías son importadas, los hidrocarburos se extraen y se exportan, y una parte del valor abandona el país sin generar una transformación estructural suficiente. En el segundo, la inversión exterior se convierte en un instrumento de reconstrucción industrial. Las empresas extranjeras pueden aportar capital y tecnología, pero también deben contribuir al desarrollo de proveedores nacionales, a la formación de ingenieros, a la creación de centros de investigación, a la modernización de las universidades y a la aparición de un tejido de empresas especializadas. El éxito de una política energética ya no debería medirse únicamente por el número de barriles producidos, sino por el conjunto de capacidades económicas, científicas y humanas creadas alrededor de esos barriles.

Venezuela podría desarrollar así una verdadera industria nacional de servicios energéticos, en la que la ingeniería, el mantenimiento, la geología, la seguridad industrial, la logística, los programas informáticos especializados, el análisis de datos, la robótica y las tecnologías ambientales se conviertan en sectores por derecho propio. Esta evolución permitiría retener una mayor proporción del valor dentro del territorio y, al mismo tiempo, crear competencias exportables. Una empresa venezolana capaz de desarrollar un software para supervisar instalaciones petroleras o una tecnología de mantenimiento predictivo podría, con el tiempo, vender sus servicios a otros productores. Un ingeniero formado en operaciones petroleras podría posteriormente trabajar en infraestructuras, transporte, telecomunicaciones o energías renovables. La diversificación comenzaría así dentro del propio sector energético.

La inteligencia artificial podría acelerar esta transformación. La industria petrolera constituye un terreno particularmente favorable para el uso de grandes volúmenes de datos, modelos predictivos, imágenes geológicas, sistemas automatizados y herramientas de supervisión en tiempo real. El análisis de los yacimientos, la identificación de anomalías, la optimización de las operaciones y el mantenimiento pueden mejorarse progresivamente mediante tecnologías digitales. Venezuela podría convertir así la reconstrucción de su industria energética en un laboratorio para desarrollar capacidades nacionales en inteligencia artificial industrial, ciencia de datos y automatización. Esta orientación sería aún más estratégica porque permitiría crear competencias susceptibles de transferirse a otros sectores de la economía.

La misma lógica debe aplicarse al gas natural y a la petroquímica. El desarrollo del gas podría contribuir a la seguridad energética interna, apoyar la generación eléctrica y abastecer determinadas actividades industriales, mientras que la petroquímica podría permitir transformar una parte de los hidrocarburos en productos de mayor valor añadido. Los fertilizantes constituyen, a este respecto, un ejemplo particularmente interesante porque permiten conectar directamente energía, industria y seguridad alimentaria. Una economía que utiliza sus recursos energéticos para producir insumos agrícolas puede reducir determinadas importaciones, mejorar la productividad de su agricultura y crear simultáneamente una industria nacional. El petróleo y el gas dejarían entonces de ser únicamente productos de exportación para convertirse en insumos de una economía más compleja.

La reconstrucción nacional ofrece otra posibilidad. Venezuela necesitará cantidades importantes de cemento, acero, vidrio, equipos eléctricos, maquinaria, materiales de construcción y servicios de ingeniería. Una parte de esta demanda podría ser atendida por una industria nacional o regional progresivamente reconstruida. Los ingresos energéticos podrían financiar infraestructuras que, a su vez, crearían una demanda industrial, estimulando el empleo, la formación profesional y la inversión privada. El mecanismo buscado sería el de un círculo virtuoso en el que la renta energética no desaparezca en el consumo corriente, sino que se transforme en activos productivos.

Aquí se encuentra una de las grandes diferencias entre una economía rentista y una economía que utiliza inteligentemente la renta. En el primer caso, los ingresos procedentes de un recurso natural financian principalmente importaciones y gastos corrientes. Cuando los precios internacionales aumentan, el consumo crece; cuando disminuyen, reaparece la crisis presupuestaria. En el segundo caso, una parte sustancial de los ingresos extraordinarios se transforma en infraestructuras, capital humano, investigación, empresas y tecnologías. Las importaciones sirven entonces principalmente para adquirir los equipos necesarios para aumentar la capacidad productiva futura del país. La renta se convierte así en un medio para salir de la propia renta.

Esta transformación exigirá una disciplina presupuestaria que Venezuela ya no podrá seguir posponiendo. Un aumento de los ingresos petroleros generará naturalmente una presión política a favor de mayores gastos públicos, salarios, subsidios y transferencias sociales. Estos gastos pueden ser necesarios, especialmente en una sociedad que ha experimentado un profundo deterioro de las condiciones de vida, pero no pueden estructurarse como si los ingresos petroleros fueran eternamente estables. Una regla fiscal creíble debería permitir distinguir entre ingresos permanentes e ingresos extraordinarios y evitar que los gastos estructurales dependan excesivamente de las fluctuaciones del mercado energético.

En esta arquitectura, la reconstrucción de un fondo soberano podría constituir un instrumento importante, siempre que esté sometido a reglas estrictas de gobernanza, transparencia y auditoría. Un fondo nacional puede permitir acumular una parte de los ingresos cuando los precios son favorables, proteger el presupuesto durante los ciclos adversos y financiar inversiones de largo plazo. Pero su existencia no será suficiente. Todo dependerá de las reglas que determinen quién puede utilizar sus recursos, bajo qué condiciones, según qué criterios y con qué controles públicos. Un fondo soberano políticamente opaco podría convertirse en una nueva forma de renta; un fondo correctamente gobernado podría transformarse en un instrumento de estabilización y transmisión intergeneracional.

El principio debería consistir en reconocer tres obligaciones simultáneas. Una parte de la riqueza energética debe responder a las necesidades legítimas de la población actual; otra debe financiar la transformación productiva del país; y una tercera debería preservarse para las generaciones futuras. Esta concepción otorga al petróleo una dimensión intergeneracional. El recurso pertenece ciertamente al presente, pero su extracción reduce el patrimonio natural disponible para el futuro. Transformar una parte de esa riqueza no renovable en escuelas, universidades, infraestructuras, tecnologías, empresas y conocimientos constituye, por tanto, una forma de transmisión del patrimonio nacional.

Esta dimensión resulta particularmente importante en un país que ha sufrido una fuerte pérdida de capital humano. Venezuela cuenta actualmente con una diáspora que incluye profesionales vinculados a la energía, la medicina, la ingeniería, las finanzas, las universidades, las tecnologías y muchos otros sectores. La reconstrucción no debería concebirse únicamente como el retorno físico de esas poblaciones, sino como la creación de una red mundial de competencias venezolanas. Ingenieros establecidos en el extranjero podrían participar en programas de formación, proyectos de investigación, auditorías técnicas o empresas mixtas sin necesidad de abandonar inmediatamente su vida profesional fuera del país. La circulación de competencias podría así preceder al retorno de una parte de las personas.

El sector energético podría convertirse en uno de los primeros ámbitos de esta estrategia. La reconstrucción de las infraestructuras requerirá rápidamente competencias especializadas que el país tendrá que buscar, en ocasiones, en el exterior. La diáspora puede constituir un puente entre los conocimientos internacionales y las necesidades nacionales. Pero para que esta relación funcione será necesario crear instituciones capaces de valorar la experiencia, garantizar la transparencia de los proyectos y asegurar que las competencias movilizadas puedan realmente influir en las decisiones técnicas. La simple invocación de la diáspora no será suficiente; habrá que ofrecerle un marco profesional creíble.

El petróleo conservará asimismo una función geopolítica fundamental. La demanda mundial no desaparecerá rápidamente y los hidrocarburos seguirán influyendo en las relaciones entre grandes potencias, mercados y Estados productores. La recuperación de la producción venezolana podría modificar, por tanto, los equilibrios energéticos del Caribe, América Latina y, en determinadas circunstancias, del mercado mundial. Sin embargo, esta influencia deberá utilizarse con prudencia. La energía puede convertirse en un instrumento de cooperación duradera cuando se basa en contratos previsibles, inversiones transparentes y relaciones comerciales estables; se vuelve mucho más frágil cuando se transforma constantemente en un instrumento de confrontación política.

Esta previsibilidad podría convertirse precisamente en una de las principales ventajas competitivas de Venezuela. Los mercados energéticos no valoran únicamente las reservas naturales. También evalúan la seguridad de las inversiones, la estabilidad de los contratos, la calidad de las infraestructuras, los costes de producción, la fiscalidad y la posibilidad de planificar durante varias décadas. Si Caracas logra reconstruir un entorno jurídico creíble, clarificar las reglas aplicables a las inversiones y garantizar una mayor transparencia de los ingresos, el país podría atraer capitales considerables. La geología le proporciona una ventaja natural; la gobernanza deberá convertir esa ventaja en una ventaja económica.

Sin embargo, sería peligroso reconstruir la industria petrolera sobre la hipótesis de una demanda mundial eternamente creciente. Los propios inversores evalúan actualmente sus proyectos a la luz de múltiples escenarios de transición energética. Algunos activos podrían seguir siendo rentables durante varias décadas, mientras que otros podrían resultar más difíciles de financiar si la demanda mundial evoluciona con mayor rapidez. Venezuela deberá, por tanto, priorizar proyectos capaces de seguir siendo competitivos bajo diferentes escenarios de mercado, en lugar de apostar por una única previsión del precio del petróleo.

Esta cultura de los escenarios debe convertirse en un componente de la planificación nacional. Una Venezuela estratégica debería poder contemplar simultáneamente un escenario de elevada demanda mundial, un escenario de transición acelerada, un escenario intermedio y otro marcado por nuevos shocks geopolíticos o financieros. Las infraestructuras y las inversiones más sólidas serán aquellas que sigan siendo útiles en varias de estas configuraciones. Una estrategia nacional ya no debe construirse alrededor de una única predicción, sino alrededor de la capacidad de absorber la incertidumbre.

La transición energética también debe contemplarse como una posibilidad de diversificación y no como una amenaza existencial. Venezuela dispone de recursos solares, hidroeléctricos y eólicos que podrían contribuir a modernizar su sistema energético. El objetivo no debería ser sustituir abruptamente los hidrocarburos, sino construir progresivamente una red más diversificada y resiliente. La mejora del sistema eléctrico es, además, una condición previa para prácticamente todas las demás transformaciones económicas: industria, sector digital, servicios, salud, educación, comercio y vida cotidiana dependen de una electricidad fiable.

Esta modernización deberá incluir las propias redes. La transición energética contemporánea no consiste simplemente en cambiar las fuentes de energía. Implica redes más inteligentes, sistemas de almacenamiento, una gestión más precisa de la demanda, contadores modernos, capacidades de generación distribuida y herramientas digitales que permitan anticipar las necesidades. Venezuela deberá, por tanto, invertir simultáneamente en energía y en las tecnologías que permiten gestionarla. Esta convergencia entre energía y tecnología digital podría convertirse en uno de los sectores más importantes de su transformación económica.

La cuestión de los recursos mineros debe abordarse con la misma prudencia. La transición digital y energética incrementa la demanda de numerosos minerales necesarios para baterías, redes eléctricas, electrónica y tecnologías avanzadas. Venezuela dispone de importantes recursos mineros, pero su explotación no debería reproducir mecánicamente el modelo rentista. Exportar una nueva categoría de minerales en bruto sin desarrollar las competencias, infraestructuras e industrias asociadas no haría más que sustituir una dependencia por otra. El objetivo debería ser buscar, cuando sea económica y tecnológicamente viable, cadenas de valor más largas que permitan conservar una mayor proporción de la riqueza dentro del país.

La dimensión ambiental es inseparable de esta reflexión. La reconstrucción energética y minera no podrá reproducir los estándares más bajos del pasado. Los mercados internacionales son progresivamente más sensibles a las condiciones ambientales de producción, mientras que las poblaciones locales exigen una mayor protección de los territorios y los recursos naturales. Venezuela podría transformar esta exigencia en una ventaja mediante el desarrollo de competencias en vigilancia ambiental, restauración de ecosistemas, gestión del agua, reducción de emisiones y tecnologías de producción más limpias. Podría así surgir una industria nacional de servicios ambientales alrededor de la reconstrucción energética.

Esta diversificación debería conducir finalmente a una economía en la que el petróleo siga siendo importante sin determinar la totalidad del sistema productivo. Los servicios de ingeniería, las tecnologías digitales, las finanzas, la logística, la agricultura moderna, la transformación alimentaria, la salud, la educación, el turismo y determinadas industrias manufactureras podrían ocupar progresivamente un lugar más importante. El objetivo no sería crear artificialmente sectores de moda, sino partir de las ventajas existentes de Venezuela para construir cadenas de valor más complejas. La geografía, los recursos energéticos, el capital humano, la posición marítima y los mercados vecinos constituyen ya una base suficientemente importante para imaginar esta transformación.

La logística merece, a este respecto, una atención particular. La posición de Venezuela entre América del Sur, el Caribe y los mercados norteamericanos le proporciona un potencial que supera ampliamente la simple exportación de hidrocarburos. La modernización de los puertos, carreteras, infraestructuras aduaneras, telecomunicaciones y sistemas de transporte podría convertir al país en un espacio de circulación y transformación de mercancías. Los ingresos petroleros podrían financiar una parte de estas infraestructuras, pero su función económica iría mucho más allá del sector energético.

El turismo también podría convertirse en un componente de esta diversificación. El país dispone de un patrimonio natural y cultural considerable, pero el desarrollo turístico dependerá de condiciones que superan el simple atractivo de sus paisajes: seguridad, infraestructuras, conectividad aérea, calidad de los servicios, estabilidad institucional y reputación internacional. La reconstrucción energética y urbana podría crear progresivamente las condiciones necesarias para un sector turístico más competitivo. Una vez más, la diversificación sería acumulativa: una mejor electricidad mejora los hoteles, hospitales, empresas y transportes; mejores infraestructuras facilitan el turismo; más visitantes generan empleos e ingresos externos.

Esta lógica permite comprender por qué la noción de «petróleo después del petróleo» no significa la desaparición próxima de los hidrocarburos. Significa que el petróleo debe dejar de constituir el centro exclusivo de la creación de riqueza. Una economía puede seguir exportando hidrocarburos y, al mismo tiempo, volverse progresivamente menos dependiente de sus ingresos. El criterio de éxito no sería, por tanto, la desaparición del petróleo de las estadísticas nacionales, sino la reducción de su capacidad para determinar por sí solo el presupuesto público, la moneda, las exportaciones, el empleo, la política exterior y los equilibrios sociales.

Esta transformación implica también un cambio en el contrato social. Una economía rentista tiende a situar al Estado en el centro de la distribución de los recursos, lo que puede hacer que la competencia política dependa en gran medida del control de la renta. Una economía más diversificada distribuye en mayor medida la capacidad de producir riqueza entre empresas, trabajadores, agricultores, investigadores, emprendedores e inversores. El Estado no desaparece; cambia su función. Debe pasar progresivamente de un papel principalmente distributivo a otro más orientado a crear capacidades, es decir, a generar las condiciones que permitan a la población desarrollar sus propias capacidades económicas.

Esta evolución no significa, evidentemente, que deba abandonarse la protección social. Por el contrario, la reconstrucción probablemente deberá destinar recursos importantes a la salud, la educación, la protección de las poblaciones vulnerables y las infraestructuras esenciales. Pero una protección social sostenible no puede depender exclusivamente de una renta volátil. Debe acompañarse de inversiones en educación, formación profesional, crédito, infraestructuras y acceso a los mercados para que los ciudadanos se conviertan progresivamente en mayores productores de riqueza y dependan menos de una redistribución centralizada.

La reforma de las empresas públicas deberá examinarse desde la misma perspectiva. Algunas actividades pueden justificar una presencia pública, especialmente en infraestructuras y determinados sectores estratégicos. Pero la propiedad pública no garantiza la eficiencia. Las empresas deberán contar con una gobernanza profesional, una contabilidad transparente, objetivos mensurables y suficiente autonomía para adoptar decisiones económicas racionales. En otros sectores, las asociaciones público-privadas o la inversión privada podrían ser más eficaces. El debate no debería, por tanto, quedar encerrado en la oposición entre lo público y lo privado, sino centrarse en la capacidad de cada modelo para producir valor, empleo, innovación y servicios de calidad.

Una economía diversificada también necesitará una arquitectura financiera más profunda. Venezuela no podrá depender eternamente de los ingresos petroleros o de la financiación exterior. La reconstrucción de los bancos, los seguros, los mercados de capitales, los mecanismos de ahorro y los instrumentos de inversión permitirá movilizar progresivamente más recursos nacionales. La diáspora también podría participar en esta arquitectura, no solo mediante transferencias familiares, sino a través de inversiones productivas, bonos de desarrollo, fondos especializados y mecanismos que permitan a las competencias radicadas en el exterior participar en proyectos nacionales.

La credibilidad financiera estará directamente vinculada a la transparencia. Un Venezuela que desee atraer inversiones deberá publicar datos fiables sobre su producción energética, sus ingresos, sus gastos, sus contratos, sus reservas y sus compromisos financieros. La transparencia no constituye únicamente una exigencia moral o administrativa. Reduce la incertidumbre y puede contribuir a disminuir el coste del capital. En una economía que busca atraer inversiones masivas después de un largo período de crisis, cada mejora en la previsibilidad institucional puede tener un valor económico considerable.

La creación de organismos independientes de auditoría, evaluación y supervisión del sector energético podría reforzar esta credibilidad. Estas instituciones deberían disponer de capacidades técnicas reales y publicar regularmente sus análisis. La gestión de los recursos naturales ya no debería percibirse como un asunto reservado a unos pocos responsables políticos o empresas. Debería convertirse en un ámbito en el que la información pública, la experiencia independiente y el control institucional desempeñen un papel permanente.

Venezuela podría entonces transformar su política energética en una verdadera diplomacia económica. Los contratos energéticos podrían asociarse con programas de formación, inversiones industriales, infraestructuras regionales y proyectos de investigación. La cooperación con Estados Unidos, China, India, Europa, Corea del Sur, Brasil u otros socios ya no se evaluaría únicamente según el volumen de capital aportado, sino según las capacidades nacionales creadas. Este enfoque permitiría situar la energía dentro de una estrategia más amplia de poder económico.

Una estrategia de este tipo también modificaría la percepción internacional del país. Durante años, Venezuela ha estado asociado principalmente con sus reservas petroleras, sus crisis políticas y sus tensiones geopolíticas. Una reconstrucción exitosa podría producir progresivamente una imagen diferente: la de un país energético en transformación, capaz de atraer inversiones, formar competencias, desarrollar tecnologías y participar activamente en las nuevas cadenas de valor mundiales. La reputación internacional se convertiría entonces en sí misma en un activo económico.

Sin embargo, el éxito de esta transformación dependerá de una decisión política fundamental: no consumir por completo la próxima renta. La tentación será fuerte, porque una mejora de la producción y de los precios energéticos generaría inmediatamente recursos que la población necesitará después de años de dificultades. Pero si la mayor parte de los ingresos adicionales se destinara al consumo corriente, el país podría encontrarse algunos años más tarde con la misma vulnerabilidad de antes. La verdadera ruptura histórica consistiría en aceptar que ninguna generación puede consumir por completo una riqueza que también debería financiar a la siguiente.

De cara a 2035, el éxito de Venezuela no debería evaluarse únicamente por el volumen de petróleo producido. Debería medirse por la proporción de la población que dispone de una educación de calidad, por la capacidad de las empresas nacionales para exportar, por la fiabilidad de la red eléctrica, por la profundidad del sistema financiero, por la calidad de las infraestructuras, por el número de investigadores e ingenieros, por la diversificación de las exportaciones, por la capacidad tecnológica y por la resiliencia de las instituciones. El petróleo seguiría siendo importante, pero dejaría de ser el único indicador de la salud económica del país.

Venezuela tendría entonces una posibilidad histórica poco frecuente: convertir un recurso del siglo XX en capacidades del siglo XXI. El petróleo podría financiar la inteligencia artificial, las universidades, las redes digitales, las infraestructuras inteligentes, los laboratorios, las empresas tecnológicas, la agricultura moderna y las industrias de transformación. Una riqueza extraída del subsuelo podría transformarse así en riqueza intelectual y productiva. Probablemente esta sea la única manera de otorgar a la renta energética una verdadera dimensión histórica.

El paradoja sería entonces profundamente reveladora. Venezuela no tendría necesariamente que renunciar rápidamente al petróleo para entrar en la era posterior al petróleo. Debería más bien utilizar el período restante de elevada importancia energética para construir las condiciones económicas, humanas y tecnológicas que permitan vivir con una menor dependencia cuando el mundo energético haya cambiado. La transición no sería, por tanto, una ruptura abrupta, sino una transformación progresiva de la estructura nacional de creación de valor.

El verdadero objetivo no sería producir menos petróleo a cualquier precio, sino lograr que cada barril adicional contribuya a reducir la necesidad del siguiente. Una estrategia de este tipo transformaría la renta en capital, el capital en capacidades, las capacidades en productividad y la productividad en soberanía económica. Sobre todo, permitiría volver a colocar al ser humano en el centro de una riqueza que, durante demasiado tiempo, ha sido medida principalmente en barriles, dólares y reservas. Solo en estas condiciones Venezuela podría entrar verdaderamente en la era posterior al petróleo sin renunciar a su petróleo, pero dejando progresivamente de ser su prisionero.

LA MONEDA COMO INFRAESTRUCTURA DE PODER: DOLARIZACIÓN, SOBERANÍA Y RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO ECONÓMICO

La cuestión monetaria ya no puede tratarse como una simple controversia técnica que opone el bolívar al dólar. En el caso venezolano, la moneda se encuentra en la intersección entre la economía, la confianza, la soberanía, la memoria colectiva y la transformación geopolítica del país. La eventual consolidación de una economía ampliamente dolarizada no constituiría únicamente un cambio en los instrumentos utilizados diariamente por los hogares y las empresas. Podría representar una modificación mucho más profunda de la relación entre el Estado, la moneda y la sociedad. Durante gran parte del siglo XX, la moneda nacional fue considerada uno de los símbolos más evidentes de la soberanía. El siglo XXI obliga, sin embargo, a revisar esta concepción. En una economía globalizada, digital y financieramente interconectada, la soberanía ya no se mide únicamente por la capacidad de un Estado para emitir su propia moneda, sino también por su capacidad para garantizar la estabilidad de los contratos, la seguridad del ahorro, la fluidez de los intercambios, la credibilidad de sus instituciones y el acceso de su población a las infraestructuras financieras mundiales.

La eventual marginación duradera del bolívar no debería interpretarse únicamente como el fracaso de una moneda nacional. También sería el resultado de una larga erosión de la confianza en las instituciones encargadas de protegerla. Una moneda pierde progresivamente su función social cuando los ciudadanos dejan de querer utilizarla para ahorrar, fijar precios, celebrar contratos a largo plazo o conservar su patrimonio. En ese momento, el problema supera ampliamente la política monetaria. Se convierte en un problema institucional. La población busca espontáneamente una unidad de cuenta más estable, un medio de pago más fiable o una reserva de valor más creíble. La dolarización aparece entonces menos como una decisión ideológica que como una respuesta social a una pérdida acumulada de confianza.

Esta distinción es esencial para comprender por qué una eventual decisión oficial de consolidar la dolarización podría producir un efecto político considerable. No significaría necesariamente que Venezuela renuncie a toda forma de soberanía económica. Podría, por el contrario, traducir el reconocimiento de una realidad ya profundamente instalada en los comportamientos económicos. La verdadera cuestión sería entonces saber si el Estado puede reconstruir su soberanía no alrededor de la posesión abstracta de una moneda nacional, sino alrededor de la capacidad concreta para garantizar la estabilidad, la producción, la inversión y la movilidad económica de su población.

Tal evolución abriría, sin embargo, una cuestión fundamental: ¿qué sucede con la política económica cuando un país ya no controla plenamente su instrumento monetario? La respuesta es menos simple que una oposición entre soberanía y ausencia de soberanía. La pérdida de la capacidad de emitir libremente una moneda nacional reduce evidentemente la posibilidad de financiar determinadas políticas mediante creación monetaria o utilizar el tipo de cambio como instrumento de ajuste. Pero también puede imponer una disciplina que obligue al Estado a restablecer el equilibrio entre gastos, ingresos, producción y financiación. En un país marcado por una historia de desequilibrios monetarios extremos, esta restricción puede convertirse en un mecanismo de reconstrucción de la credibilidad.

La dolarización no constituye, sin embargo, una solución automática. Puede estabilizar determinados precios y facilitar los intercambios, pero no crea productividad, infraestructuras, empleos ni instituciones eficaces. Una economía dolarizada puede seguir siendo profundamente dependiente de las importaciones, vulnerable a los shocks externos e incapaz de financiar de manera sostenible su desarrollo si no dispone de una base productiva suficientemente amplia. El peligro sería, por tanto, confundir estabilidad monetaria con transformación económica. El dólar puede proporcionar una unidad de cuenta más estable; no puede sustituir una política industrial, una reforma fiscal, un sistema educativo eficaz o una estrategia de inversión.

La verdadera cuestión pasa entonces a ser la relación entre moneda y producción. Una moneda estable es útil porque permite a los agentes económicos planificar. Pero la propia planificación depende de la capacidad de una economía para producir suficientes bienes y servicios competitivos. Venezuela deberá evitar, por tanto, una situación en la que la dolarización reduzca la inflación sin resolver la debilidad estructural de la oferta nacional. La estabilidad monetaria debe utilizarse como plataforma para la reconstrucción productiva y no como un fin en sí mismo.

Esta exigencia es particularmente importante para las pequeñas y medianas empresas. Una moneda más estable puede permitirles fijar precios más previsibles, celebrar contratos a más largo plazo y buscar financiación en una unidad de cuenta reconocida internacionalmente. Pero estas empresas necesitarán crédito, electricidad, carreteras, internet, seguridad jurídica y un mercado interno solvente. La reforma monetaria debe integrarse, por tanto, en una estrategia más amplia de reconstrucción del sector privado nacional.

El sector bancario también deberá replantearse profundamente. Una economía en la que el dólar desempeña un papel dominante necesita instituciones capaces de gestionar depósitos, pagos, crédito y riesgos en un entorno financiero diferente. La supervisión bancaria deberá reforzarse, los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales deberán ser creíbles y las infraestructuras de pago deberán modernizarse. El objetivo no será simplemente permitir que los ciudadanos mantengan dólares, sino construir una verdadera economía financiera capaz de movilizar el ahorro hacia la inversión.

La cuestión del crédito será probablemente uno de los desafíos más difíciles. En una economía soberana desde el punto de vista monetario, un banco central puede actuar como prestamista de última instancia y proporcionar liquidez en moneda nacional. En una economía ampliamente dolarizada, esta capacidad es mucho más limitada. Los bancos deberán ser, por tanto, más prudentes en la gestión de su liquidez y sus activos. El sistema financiero deberá desarrollar mecanismos de reservas, líneas de liquidez y relaciones internacionales suficientemente sólidas para reducir el riesgo de crisis bancarias.

Esta restricción puede, paradójicamente, favorecer una cultura financiera más disciplinada, pero solo si las instituciones están correctamente diseñadas. Una dolarización sin una supervisión sólida puede desplazar los riesgos en lugar de eliminarlos. La estabilidad de la unidad de cuenta no garantiza la estabilidad de los bancos. Una economía puede utilizar una moneda internacional estable y, al mismo tiempo, sufrir crisis financieras provocadas por un crédito excesivo, una mala gestión de los activos o la insolvencia de las entidades. La reforma monetaria debe ir, por tanto, necesariamente acompañada de una reforma prudencial.

La fiscalidad también adquirirá una importancia mucho mayor. Cuando el Estado ya no puede recurrir a la emisión monetaria para absorber determinados desequilibrios, necesita ingresos fiscales suficientes y previsibles. La reconstrucción de la administración tributaria se convierte entonces en una cuestión de soberanía económica. El Estado debe ser capaz de financiar sus funciones esenciales mediante ingresos reales y no mediante inflación o mecanismos monetarios indirectos. En este contexto, la reforma fiscal no debe concebirse únicamente como un medio para aumentar los impuestos, sino como una reconstrucción del contrato entre el ciudadano y el Estado.

Un Estado que recauda ingresos de manera eficaz también debe demostrar que esos recursos se utilizan responsablemente. La transparencia presupuestaria se vuelve, por tanto, indispensable. Los ciudadanos aceptarán más fácilmente una fiscalidad estable si pueden comprender cómo se recaudan los recursos, dónde se gastan y qué resultados producen. La confianza monetaria y la confianza fiscal se refuerzan mutuamente. Una moneda estable no puede coexistir de manera duradera con un Estado cuyas finanzas públicas sigan siendo opacas e imprevisibles.

Esta transformación también podría modificar la naturaleza del poder político. Durante décadas, el control de la moneda constituyó un instrumento fundamental de la política económica venezolana. La capacidad de emitir, devaluar o controlar los cambios podía utilizarse para responder a crisis, pero también para mantener equilibrios políticos a corto plazo. Una economía dolarizada reduce considerablemente ese margen de maniobra. Los gobiernos deben actuar más a través del presupuesto, la regulación, las infraestructuras, la productividad y las reformas institucionales. El poder económico no desaparece; cambia de forma.

Este desplazamiento podría ser históricamente importante. Obligaría al Estado a demostrar su capacidad para producir resultados sin poder recurrir a la creación monetaria como mecanismo de compensación. Los gobiernos serían juzgados cada vez más por la calidad de su administración, el crecimiento de la productividad, la creación de empleo, la calidad de los servicios públicos y la capacidad para atraer inversiones. La moneda dejaría progresivamente de ser el instrumento central alrededor del cual se construye la política económica.

Esto también podría contribuir a superar una antigua oposición ideológica entre soberanismo monetario e integración internacional. El siglo XXI impone una concepción más compleja de la soberanía. Un país puede conservar una moneda nacional y, al mismo tiempo, ser extremadamente dependiente de los mercados financieros internacionales. A la inversa, un país puede utilizar una moneda extranjera y desarrollar una fuerte autonomía productiva, institucional y tecnológica. La cuestión no consiste, por tanto, únicamente en saber quién imprime los billetes, sino quién controla las capacidades económicas esenciales.

La verdadera soberanía contemporánea se encuentra cada vez más en las infraestructuras. Reside en la capacidad para producir energía, controlar los datos, proteger las comunicaciones, formar ingenieros, desarrollar tecnologías, financiar empresas y garantizar el acceso a cadenas de suministro estratégicas. La moneda sigue siendo importante, pero solo constituye un componente de una arquitectura mucho más amplia. Precisamente por eso, la transformación monetaria de Venezuela debe analizarse dentro del contexto más amplio de la nueva geografía mundial del poder.

El papel del propio dólar debe entenderse desde esta perspectiva. El dólar no es simplemente una moneda extranjera utilizada en las transacciones. Constituye una infraestructura mundial de financiación, comercio, reserva de valor y liquidación. Su utilización proporciona acceso a un espacio financiero considerable, pero también expone al país a las decisiones adoptadas por las instituciones financieras y las autoridades estadounidenses. Esta doble realidad impide cualquier interpretación simplista. La dolarización puede reducir determinados riesgos internos y, al mismo tiempo, crear o acentuar determinadas dependencias externas.

Venezuela deberá, por tanto, desarrollar una estrategia de soberanía financiera compatible con el uso del dólar. Esta estrategia podría apoyarse en la diversificación de los socios financieros, el desarrollo de instituciones nacionales sólidas, la mejora de la capacidad exportadora y la constitución de reservas suficientes. La soberanía ya no residiría en la capacidad de imprimir una moneda, sino en la capacidad de generar los recursos necesarios para funcionar dentro de un sistema monetario internacional cuyas reglas fundamentales Venezuela no controla.

Esta evolución es particularmente importante en un mundo en el que los medios de pago son cada vez más digitales. La moneda del siglo XXI ya no se limita a los billetes. Circula a través de sistemas electrónicos, bancos digitales, plataformas de pago, billeteras electrónicas y nuevas infraestructuras financieras. La frontera entre moneda, pagos y tecnología se vuelve progresivamente menos definida. Un país que quiera ser económicamente soberano debe, por tanto, dominar no solo su política monetaria, sino también sus infraestructuras digitales de pago.

Venezuela podría utilizar esta transformación para modernizar su sistema financiero. Los pagos digitales, los servicios bancarios móviles y las infraestructuras de liquidación podrían facilitar la inclusión financiera de poblaciones que durante mucho tiempo han permanecido alejadas del sistema bancario formal. Pero esta modernización deberá ir acompañada de sólidas garantías en materia de ciberseguridad, protección de datos y resiliencia de las infraestructuras. Una economía digital no es necesariamente más segura que una economía tradicional; se vuelve más eficiente cuando dispone de instituciones capaces de gestionar sus nuevos riesgos.

Esta dimensión adquiere una importancia particular en un país que busca reconstruir su economía después de un largo período de crisis. La reconstrucción no debería consistir en reproducir las infraestructuras financieras del pasado, sino en saltar determinadas etapas tecnológicas. Venezuela podría desarrollar directamente sistemas de pago modernos, interoperables y accesibles, utilizando al mismo tiempo las tecnologías digitales para reducir los costes de las transacciones y facilitar la actividad de las pequeñas empresas.

La cuestión de la inclusión debe, sin embargo, permanecer en el centro. La dolarización puede favorecer a los hogares que ya tienen acceso a dólares y a los sistemas financieros, mientras deja en una situación más difícil a quienes tienen ingresos bajos o irregulares. Una política pública responsable deberá garantizar que la estabilidad monetaria no cree una nueva fractura social entre quienes disponen de activos financieros internacionales y quienes viven principalmente de ingresos locales. La estabilidad debe acompañarse de políticas que permitan aumentar los ingresos reales mediante la productividad y el empleo.

Aquí es donde la moneda se conecta directamente con la cuestión social. Una sociedad no puede vivir de manera sostenible de la estabilidad monetaria si la mayoría de su población continúa siendo pobre. La dolarización debe considerarse, por tanto, como una condición potencial de estabilización y no como una política social. La verdadera mejora del nivel de vida procederá del crecimiento de la productividad, el empleo formal, la educación, la salud, las infraestructuras y la inversión.

Uno de los riesgos sería también crear una economía a dos velocidades, en la que determinadas actividades modernas funcionen en dólares y estén conectadas con los mercados internacionales, mientras una parte importante de la población permanezca atrapada en una economía informal de baja productividad. La modernización monetaria solo tendrá verdadero éxito si acompaña una formalización progresiva de la economía. Las empresas deben poder incorporarse al sistema fiscal y bancario sin verse aplastadas por la complejidad administrativa o la carga tributaria.

Esta formalización podría, a su vez, ampliar la base fiscal y fortalecer al Estado. Cuantas más empresas y trabajadores participen en la economía formal, mayor será la capacidad del Estado para financiar sus servicios sin depender excesivamente de la renta energética. La dolarización y la reconstrucción petrolera podrían así converger hacia un mismo objetivo: crear un sistema económico en el que los ingresos públicos procedan progresivamente más de la actividad productiva que de la creación monetaria o de la mera extracción de recursos naturales.

Venezuela se encontraría entonces ante una paradoja histórica particularmente interesante. Una decisión que podría presentarse como el abandono de un símbolo tradicional de soberanía podría, si se integrara en una estrategia coherente, convertirse en el punto de partida de una concepción más moderna de la soberanía. El país podría renunciar a una parte de su autonomía monetaria para reconstruir otras formas de autonomía: productiva, energética, tecnológica, alimentaria, financiera e institucional.

Esta posibilidad no debe, sin embargo, idealizarse. La dolarización impone restricciones reales. Reduce los márgenes de maniobra monetarios, dificulta el ajuste mediante el tipo de cambio y aumenta la importancia de la competitividad real. Los salarios, los precios y la productividad deben evolucionar, por tanto, en un entorno en el que la devaluación ya no puede servir como mecanismo automático de ajuste. Para una economía poco diversificada, esta restricción puede resultar dolorosa. Precisamente obliga al país a abordar las causas estructurales de su baja competitividad en lugar de sus síntomas monetarios.

La política económica deberá desplazar así su centro de gravedad. En lugar de buscar principalmente manipular la moneda, deberá actuar sobre la productividad, las infraestructuras, la formación, la competencia, la financiación, la innovación y la calidad de las instituciones. Esta evolución puede resultar políticamente difícil porque las reformas estructurales rara vez producen resultados tan inmediatos como una medida monetaria. Pero es precisamente lo que podría permitir a Venezuela construir un crecimiento más sostenible.

La relación entre dolarización y petróleo adquiere entonces una importancia estratégica particular. Los ingresos petroleros pueden proporcionar al país los dólares necesarios para financiar sus importaciones, inversiones y reservas. Pero si esos ingresos disminuyen sin que la economía productiva se haya diversificado suficientemente, la dolarización puede convertirse en una restricción severa. El país debe aprovechar, por tanto, el período energético favorable para desarrollar sectores capaces de generar sus propios ingresos externos. El petróleo debe financiar la capacidad de Venezuela para obtener dólares por vías distintas del petróleo.

Esta idea probablemente resume todo el proceso. La estabilidad monetaria solo podrá ser duradera si se apoya en una economía capaz de producir, exportar e innovar. La reconstrucción petrolera solo será sostenible si financia la diversificación. La diversificación solo será sostenible si se apoya en instituciones creíbles. Y las instituciones solo podrán ser creíbles de manera duradera si cuentan con el respaldo de una sociedad que recupere progresivamente la confianza en el futuro.

La moneda aparece así menos como el comienzo de la transformación que como su revelador. El verdadero cambio no se encuentra en el billete utilizado en una transacción cotidiana. Se encuentra en la transformación de la relación entre el Estado y la creación de riqueza. Durante gran parte del siglo anterior, la política económica venezolana se organizó alrededor del control de la renta y de la moneda. El siglo XXI podría imponer una arquitectura diferente, organizada alrededor de la productividad, el capital humano, la tecnología, las redes y la integración internacional.

Si esta mutación tiene éxito, la dolarización podría ser entendida retrospectivamente no como la desaparición pura y simple de la soberanía monetaria venezolana, sino como una de las etapas de una transformación más amplia de la soberanía nacional. Venezuela quizá ya no controlaría el instrumento monetario de la misma manera, pero podría controlar progresivamente más de aquello que realmente determina su capacidad para prosperar: su energía, sus infraestructuras, sus competencias, sus datos, sus empresas, sus instituciones y su inserción en las cadenas de valor mundiales.

La pregunta decisiva ya no sería, por tanto: ¿qué moneda debe poseer Venezuela? Se convertiría en una cuestión mucho más exigente: ¿qué capacidades debe construir Venezuela para que su prosperidad ya no dependa de una sola moneda, de un solo recurso o de una sola potencia exterior? Es en esta interrogante donde la cuestión monetaria termina por encontrarse con la cuestión civilizatoria del siglo XXI.

EL GRAN DESAFÍO DEL SIGLO XXI: PASAR DE LA ESTABILIZACIÓN A LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Después de la estabilización monetaria, la recomposición geopolítica y la reapertura progresiva de las perspectivas energéticas, Venezuela se encontrará ante una prueba mucho más exigente: transformar una eventual mejora macroeconómica en desarrollo sostenible. Esta transición está lejos de ser automática. Las experiencias internacionales demuestran que un país puede salir de una profunda crisis monetaria sin conseguir construir una economía productiva suficientemente diversificada para garantizar de manera duradera el empleo, la movilidad social y la acumulación de capital. La estabilización puede crear una ventana de oportunidad; no garantiza que esa ventana sea aprovechada. Para Venezuela, la cuestión fundamental será, por tanto, determinar si las eventuales ganancias de estabilidad podrán convertirse en inversiones productivas, capital humano, infraestructuras modernas y nuevas capacidades tecnológicas. El verdadero punto de inflexión histórico no se producirá cuando los precios dejen de aumentar rápidamente, sino cuando la sociedad vuelva a creer que trabajar, invertir, emprender, estudiar y producir en el país pueden ofrecer una perspectiva razonable a lo largo de varios años.

Esta transformación exige, ante todo, romper con una ilusión particularmente peligrosa: aquella según la cual el retorno de los ingresos petroleros bastaría para financiar el renacimiento nacional. El petróleo puede proporcionar los recursos iniciales para una reconstrucción, pero no puede constituir su arquitectura definitiva. Venezuela posee una riqueza energética excepcional; su problema histórico nunca ha sido la ausencia de recursos, sino la dificultad para transformar esa riqueza en un sistema económico suficientemente complejo como para sobrevivir a los ciclos petroleros. La próxima etapa deberá, por tanto, construirse alrededor de un principio sencillo: utilizar la renta para reducir la dependencia de la renta. Los ingresos energéticos deberían financiar las infraestructuras, la educación, la modernización industrial, la agricultura, los servicios digitales, la investigación y el desarrollo de empresas capaces de generar ingresos externos independientes del petróleo.

La reconstrucción productiva deberá tener igualmente en cuenta una realidad que a menudo se descuida en los debates macroeconómicos: una parte importante del capital humano venezolano se ha dispersado durante los años de crisis y migración. Ingenieros, médicos, técnicos, empresarios, docentes, investigadores y profesionales cualificados viven ahora en diferentes países. Esta diáspora representa simultáneamente una pérdida y un potencial. Constituye una pérdida cuando el país ya no puede beneficiarse directamente de las competencias que formó; se convierte en un potencial cuando una política nacional consigue transformar las redes de la diáspora en canales de inversión, transferencia de conocimientos, cooperación científica y retorno profesional. La reconstrucción económica deberá, por tanto, concebirse como un proceso que trascienda las fronteras territoriales de Venezuela.

La cuestión migratoria se convierte así en una cuestión económica estratégica. El retorno de una parte de la diáspora no podrá conseguirse únicamente mediante llamamientos patrióticos. Las personas altamente cualificadas regresan cuando las condiciones profesionales, institucionales, de seguridad y económicas hacen que el retorno resulte creíble. Venezuela deberá, por tanto, crear un entorno en el que regresar se convierta en una decisión racional tanto como afectiva. Los programas de reconocimiento de títulos, creación de empresas, transferencia de capitales, investigación científica y movilidad profesional podrían constituir instrumentos esenciales de esta política. El país no debería limitarse a pedir a su diáspora que regrese; debería ofrecerle razones concretas para participar en la reconstrucción, incluso cuando el retorno definitivo todavía no sea posible.

La transformación productiva requerirá paralelamente una nueva relación entre el Estado y el sector privado. Durante los períodos de crisis y polarización política, la empresa privada puede ser presentada como un adversario ideológico o, en sentido contrario, como la solución universal a los problemas económicos. Ambas posiciones son insuficientes. Una economía moderna necesita un Estado capaz de establecer las reglas, garantizar la competencia, invertir en infraestructuras y corregir determinadas fallas del mercado, pero también necesita empresas capaces de innovar, contratar, exportar y asumir riesgos. El verdadero desafío consiste, por tanto, en construir una relación funcional entre el poder público y la iniciativa privada, en la que ninguno de los dos pretenda sustituir al otro.

Esta relación deberá ser especialmente clara en los sectores estratégicos. La energía, las telecomunicaciones, las infraestructuras críticas, los datos, las finanzas y determinados recursos naturales pueden justificar una importante presencia pública, pero dicha presencia no debería significar necesariamente un monopolio permanente. La experiencia internacional demuestra que un Estado puede conservar intereses estratégicos y, al mismo tiempo, permitir que varios actores participen en la inversión y la producción. La prioridad debería ser el rendimiento, la seguridad de las infraestructuras y la capacidad de inversión, más que la propiedad entendida como principio abstracto.

La propia industria petrolera deberá ser reinventada. La reconstrucción de la producción no podrá consistir simplemente en volver a poner en funcionamiento las instalaciones heredadas del pasado. Deberá incorporar las nuevas exigencias ambientales, las tecnologías digitales, la eficiencia operativa, la seguridad industrial y la evolución de la demanda mundial. El petróleo seguirá siendo importante durante muchos años, pero el mercado energético mundial está cambiando. Venezuela debe, por tanto, evitar considerar la transición energética como una amenaza que debe combatirse. Puede utilizarla como un incentivo para modernizar su sector energético, reducir costes, mejorar su desempeño e invertir progresivamente en nuevas fuentes de ingresos.

La verdadera estrategia energética podría estructurarse así en torno a tres horizontes simultáneos. El primero consistiría en restaurar y optimizar las capacidades petroleras y gasíferas existentes. El segundo tendría como objetivo desarrollar las infraestructuras eléctricas y las energías renovables para mejorar la seguridad energética interna. El tercero buscaría utilizar la experiencia energética del país para desarrollar competencias en ingeniería, servicios industriales, mantenimiento, datos y tecnologías ambientales. El sector energético se convertiría entonces no solo en una fuente de ingresos, sino también en una escuela industrial.

La misma lógica debería aplicarse a la agricultura. La excesiva dependencia de las importaciones alimentarias debilita la soberanía económica cuando un país atraviesa una crisis de divisas. Venezuela posee tierras, agua, condiciones climáticas variadas y un importante potencial agrícola, pero transformar ese potencial en competitividad requiere inversiones en infraestructuras rurales, riego, cadena de frío, semillas, logística, crédito y transformación agroalimentaria. El objetivo no debería ser una autarquía irrealista, sino la capacidad de producir más valor localmente y desarrollar exportaciones agrícolas cuando las condiciones sean favorables.

Esta estrategia permitiría igualmente crear una nueva geografía económica interna. La excesiva concentración de la actividad en unos pocos grandes centros urbanos y alrededor de determinados sectores debe corregirse progresivamente mediante el desarrollo de polos regionales especializados. Las regiones podrían ser incentivadas a desarrollar sus propias ventajas comparativas en agricultura, energía, turismo, industria ligera, logística, servicios digitales o transformación de alimentos. Una economía más descentralizada sería no solo más inclusiva, sino también más resiliente frente a las crisis.

La cuestión de las infraestructuras será determinante. Las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las redes eléctricas, el acceso al agua y las telecomunicaciones constituyen los cimientos invisibles de la competitividad. Una empresa no puede ser competitiva si sus mercancías tardan demasiado en llegar a un puerto; un agricultor no puede acceder a los mercados si las carreteras rurales son intransitables; una empresa digital no puede desarrollarse si la electricidad y la conectividad son inestables. Las inversiones en infraestructuras deben, por tanto, considerarse inversiones productivas y no simples gastos públicos.

Venezuela deberá, sin embargo, evitar la trampa de los grandes proyectos de prestigio cuyo rendimiento económico no esté demostrado. En una etapa de reconstrucción, cada dólar disponible tiene un elevado coste de oportunidad. Los proyectos deben evaluarse, por tanto, en función de su contribución a la productividad, el empleo, la integración regional y la capacidad exportadora. La época de las infraestructuras concebidas principalmente como símbolos políticos debería dar paso a una cultura de evaluación, mantenimiento y rendimiento económico.

La modernización digital ofrece aquí una posibilidad particular. A diferencia de determinadas infraestructuras pesadas, numerosos servicios digitales pueden desarrollarse con relativa rapidez y a costes comparativamente bajos. La digitalización de la administración tributaria, los registros empresariales, los procedimientos aduaneros, los servicios sociales y los pagos públicos podría reducir costes, mejorar la transparencia y limitar determinadas formas de corrupción. Lo digital no sustituye a las instituciones; puede, sin embargo, hacer más eficientes las buenas instituciones y dificultar la ocultación de las malas prácticas.

Esta transformación debe integrar también la inteligencia artificial, pero con realismo. Venezuela probablemente no podrá competir inmediatamente con los Estados que invierten decenas de miles de millones de dólares en infraestructuras de computación y modelos fundamentales. Pero puede convertirse en un usuario avanzado y en un desarrollador especializado de aplicaciones de IA adaptadas a sus propias necesidades. La agricultura de precisión, el mantenimiento industrial, la gestión de las redes eléctricas, la optimización logística, la medicina, la educación y los servicios públicos constituyen ámbitos en los que la inteligencia artificial podría generar importantes beneficios sin exigir la construcción de un ecosistema tecnológico comparable al de las grandes potencias.

El verdadero retraso que debe evitarse no es, por tanto, únicamente el retraso en la producción de tecnologías de vanguardia; es también el retraso en su adopción. Un país que utiliza eficazmente las tecnologías existentes puede, en ocasiones, avanzar más rápidamente que otro que intenta reproducir íntegramente las capacidades de los líderes mundiales. Venezuela debe, por tanto, construir una política de absorción tecnológica. Las universidades, las empresas, la administración y los centros de formación deben aprender a integrar rápidamente las nuevas herramientas en sus prácticas.

Esta estrategia exige una profunda reforma de la educación. La reconstrucción económica no podrá depender de manera duradera de una fuerza laboral formada de acuerdo con las necesidades industriales del siglo pasado. Las competencias digitales, estadísticas, científicas, lingüísticas y empresariales deberán ocupar un lugar más importante. Pero esta modernización no significa abandonar las disciplinas fundamentales. Una economía basada en la inteligencia artificial necesita matemáticas, ciencias, lectura, pensamiento crítico, ingeniería y cultura general. La tecnología no sustituye al capital humano; aumenta el valor de un capital humano bien formado.

La universidad deberá recuperar igualmente una función central en la estrategia nacional. Ya no debería considerarse únicamente como un lugar de transmisión de conocimientos, sino como una infraestructura de desarrollo. Las universidades pueden formar ingenieros, crear empresas, participar en la investigación energética, desarrollar soluciones agrícolas, trabajar en salud pública y construir alianzas internacionales. Venezuela deberá reconectar la educación superior con su economía real.

La reconstrucción productiva implica finalmente una profunda reforma de la confianza. Los empresarios invierten cuando creen que las reglas serán relativamente estables. Las familias ahorran cuando creen que sus ahorros conservarán su valor. Los jóvenes permanecen en un país cuando piensan que sus competencias tendrán allí un futuro. Los inversores extranjeros se comprometen cuando consideran que sus contratos estarán protegidos. La confianza es, por tanto, una infraestructura económica al mismo nivel que la electricidad o las carreteras. No se decreta; se construye progresivamente mediante la coherencia de las decisiones públicas.

Venezuela podría entonces entrar en una etapa en la que la estabilidad monetaria deje de ser el objetivo principal para convertirse en la base de una transformación más amplia. El dólar, desde esta perspectiva, no sería ni el símbolo de una victoria extranjera ni el de una derrota nacional. Sería un instrumento utilizado dentro de una estrategia más amplia de reconstrucción. El éxito dependería de lo que el país hiciera alrededor de ese instrumento.

El paso de la estabilización a la transformación productiva será, por tanto, la verdadera prueba de la próxima etapa histórica. Si Venezuela consigue convertir la estabilidad en inversión, la inversión en productividad, la productividad en empleo y el empleo en movilidad social, la crisis monetaria podría convertirse progresivamente en un capítulo del pasado. Si, por el contrario, la estabilización se limita a facilitar el consumo y las importaciones sin reconstruir la producción, el país corre el riesgo de conocer una estabilidad superficial basada en una nueva dependencia externa. Entre estas dos trayectorias se encuentra buena parte del futuro económico de Venezuela.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE SOBERANÍA: TECNOLOGÍA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, DATOS Y CAPITAL HUMANO

La transformación de Venezuela no podrá ser sostenible si permanece encerrada en las categorías tradicionales de la política económica. El siglo XXI está modificando profundamente la propia naturaleza del poder. Los Estados ya no son evaluados únicamente según el tamaño de su territorio, la magnitud de sus reservas naturales o la capacidad de sus fuerzas armadas. Su poder depende también de su capacidad para producir y utilizar conocimientos, controlar infraestructuras digitales, proteger sus datos, formar competencias científicas e integrar rápidamente las nuevas tecnologías. Esta evolución está creando una nueva jerarquía mundial en la que el capital humano se vuelve progresivamente tan estratégico como el capital financiero y en la que la inteligencia artificial podría convertirse en una de las infraestructuras fundamentales de la competitividad nacional.

Para Venezuela, esta transición representa al mismo tiempo una amenaza y una posibilidad. La amenaza es evidente: un país ya debilitado por varios años de crisis podría acumular un nuevo retraso tecnológico mientras las economías avanzadas aceleran sus inversiones en inteligencia artificial, semiconductores, robótica, biotecnología, infraestructuras de datos y automatización. La posibilidad es igualmente real: a diferencia de determinadas infraestructuras industriales que requieren varias décadas para construirse, las competencias digitales pueden difundirse rápidamente cuando existen educación, conectividad y un entorno empresarial adecuado. Venezuela todavía tiene, por tanto, la posibilidad de reducir parte de su retraso mediante una estrategia de aprendizaje acelerado.

Esta estrategia debe comenzar con un reconocimiento lúcido de la brecha tecnológica mundial. Las diferencias entre los países ya no se refieren únicamente al ingreso por habitante o a la capacidad industrial. También afectan a la potencia de cálculo, el acceso a los datos, las infraestructuras de computación en la nube, la disponibilidad de talento, los sistemas de investigación, las redes de telecomunicaciones, los semiconductores y la capacidad de transformar la investigación en empresas. Los países que controlan estas infraestructuras adquieren una ventaja acumulativa: atraen a los mejores talentos, atraen capitales, desarrollan las empresas más innovadoras y refuerzan aún más su ventaja. El riesgo para los países del Sur es, por tanto, quedar atrapados en una posición de consumidores de tecnologías diseñadas en otros lugares.

Venezuela no podrá revertir por sí sola esta arquitectura mundial, pero sí puede evitar convertirse en un simple consumidor pasivo. Deberá identificar los ámbitos en los que sus recursos naturales, su capital humano, su geografía y sus necesidades internas puedan servir como plataformas de innovación. La energía constituye uno de esos ámbitos. La inteligencia artificial puede utilizarse para optimizar la producción petrolera, anticipar operaciones de mantenimiento, mejorar las redes eléctricas, reducir pérdidas y optimizar las cadenas logísticas. La agricultura ofrece otra plataforma, especialmente mediante el análisis de suelos, la gestión del agua, la previsión de rendimientos y la logística. La salud, la educación y la administración pública representan asimismo ámbitos en los que la IA puede generar importantes beneficios.

Este enfoque permitiría pasar de una concepción espectacular de la inteligencia artificial a una concepción productiva. No se trata de crear inmediatamente un modelo lingüístico mundial o construir un gigantesco centro de datos comparable a los de las grandes potencias. Se trata de utilizar la tecnología para resolver problemas reales. Un país que reduzca significativamente las pérdidas de su red eléctrica mediante análisis predictivo, mejore la productividad agrícola gracias a los datos o acelere la administración pública mediante la automatización puede generar un valor considerable sin convertirse en una potencia mundial de la IA.

Esta filosofía podría resumirse en una idea sencilla: Venezuela debe buscar menos poseer toda la tecnología que dominar las tecnologías que determinan su propia soberanía. Esta distinción es esencial. La soberanía tecnológica absoluta es prácticamente imposible para la mayoría de los Estados. Incluso las grandes potencias dependen de cadenas internacionales para determinados componentes. Una soberanía realista consiste más bien en conocer las propias dependencias, diversificarlas, proteger las infraestructuras críticas y desarrollar las competencias necesarias para no quedar completamente incapacitado para actuar sin un proveedor externo.

Los datos constituyen, en este contexto, un recurso estratégico. Una economía moderna produce enormes cantidades de datos a través de las transacciones, el transporte, la energía, la agricultura, la salud y los servicios públicos. Si estos datos están correctamente estructurados y protegidos, pueden mejorar considerablemente la toma de decisiones. Pero si están dispersos, mal protegidos o son transferidos sin control, se convierten en una fuente de dependencia. Venezuela deberá, por tanto, desarrollar una verdadera política nacional de datos que concilie innovación, protección de la privacidad, seguridad e interés público.

La ciberseguridad será inseparable de esta política. Cuanto más dependa una economía de lo digital, más vulnerable será a ataques dirigidos contra bancos, redes eléctricas, telecomunicaciones, hospitales, puertos y administraciones. La seguridad nacional ya no puede pensarse únicamente en términos militares. Un ataque informático contra una infraestructura energética puede producir consecuencias económicas y sociales comparables a las de una gran crisis física. El país deberá formar especialistas, desarrollar centros de respuesta a incidentes e integrar la ciberseguridad desde el diseño de las nuevas infraestructuras.

La modernización digital deberá estar acompañada igualmente por una política de soberanía de las infraestructuras. Depender por completo de empresas extranjeras para servicios digitales críticos puede crear una vulnerabilidad estratégica. Pero intentar nacionalizarlo todo sería costoso y, a menudo, ineficiente. Una política más realista consistiría en diversificar proveedores, mantener determinadas capacidades nacionales esenciales y establecer reglas estrictas para los datos sensibles y las infraestructuras críticas. La soberanía digital debe concebirse como una gestión inteligente de las dependencias y no como un cierre tecnológico.

La educación se convierte así en el corazón de esta nueva soberanía. Venezuela deberá considerar la formación científica y tecnológica como una inversión estratégica comparable a las infraestructuras energéticas. Los programas escolares deberán reforzar las matemáticas, las ciencias, la programación, la cultura digital y el pensamiento crítico. Las universidades deberán desarrollar más los ámbitos vinculados con la ingeniería, la informática, la ciberseguridad, las ciencias de datos, la energía y la biotecnología. La formación profesional deberá permitir a los trabajadores reconvertirse a medida que la automatización transforme los empleos.

La cuestión generacional es aquí fundamental. Los jóvenes venezolanos que ingresen al mercado laboral durante los próximos años no tendrán las mismas expectativas que las generaciones anteriores. Han crecido con teléfonos inteligentes, plataformas digitales, redes sociales y una circulación mundial de la información. Naturalmente compararán las oportunidades nacionales con aquellas que observan en el extranjero. Si Venezuela no crea entornos profesionales modernos, la fuga de talento podría continuar incluso después de una mejora de la situación económica.

El país deberá, por tanto, crear una nueva propuesta para su juventud. Esta propuesta no puede basarse únicamente en el patriotismo o en la memoria histórica. Debe apoyarse en posibilidades concretas: acceso a una educación de calidad, conexión digital, financiación de proyectos, movilidad profesional, investigación científica, emprendimiento y participación en redes internacionales. El patriotismo del siglo XXI podría ser así menos una exigencia de sacrificio que la capacidad de ofrecer a los jóvenes razones creíbles para construir su futuro en su propio país.

Esta transformación podría modificar también la relación entre el Estado y los ciudadanos. Una administración digital bien diseñada puede reducir las colas, simplificar procedimientos, limitar intermediarios y hacer más transparentes determinados gastos públicos. Los servicios sociales pueden ser mejor focalizados mediante los datos. Los sistemas educativos pueden seguir las necesidades de los estudiantes. Las infraestructuras pueden ser supervisadas en tiempo real. Lo digital puede así acercar el Estado al ciudadano, siempre que no se convierta en un instrumento de vigilancia desproporcionada.

La cuestión de la confianza será, por tanto, central. Los ciudadanos aceptarán el uso de sus datos si las instituciones demuestran que los protegen y que los utilizan para mejorar los servicios públicos. Lo rechazarán si la digitalización se convierte en sinónimo de opacidad, control o explotación comercial descontrolada. Venezuela deberá, por tanto, establecer un marco jurídico claro antes de construir un Estado digital a gran escala. La tecnología no debe avanzar más rápido que el derecho.

La misma prudencia deberá aplicarse a la inteligencia artificial. Los sistemas automatizados pueden mejorar la eficiencia administrativa, pero también pueden reproducir errores, amplificar sesgos o adoptar decisiones difíciles de impugnar. Venezuela deberá desarrollar una cultura de gobernanza de la IA basada en la responsabilidad humana, la transparencia y la posibilidad de recurso. Una administración moderna no debería sustituir la decisión humana por un algoritmo sin mecanismos de control.

La tecnología deberá ponerse también al servicio de la productividad de las pequeñas empresas. Las grandes compañías generalmente pueden invertir en software, consultores e infraestructuras digitales. Las pequeñas empresas, que constituyen una parte esencial del empleo, suelen disponer de menos recursos. Plataformas públicas o privadas podrían facilitar su acceso a la contabilidad digital, los pagos electrónicos, el comercio electrónico, la formación y las herramientas de inteligencia artificial. La transformación digital no debería convertirse en una nueva fuente de desigualdad entre empresas.

Venezuela posee asimismo una oportunidad en los servicios digitales destinados a los mercados exteriores. Una población instruida, una diáspora importante y determinadas competencias lingüísticas pueden permitir el desarrollo de actividades en programación, servicios empresariales, diseño, análisis de datos, finanzas digitales o determinados servicios especializados. Esta economía de servicios podría generar ingresos externos sin requerir las mismas infraestructuras físicas que la industria pesada. También podría ofrecer a los jóvenes profesionales una razón adicional para permanecer en el país.

La diáspora podría desempeñar un papel decisivo en esta transición. Profesionales venezolanos que trabajan en sectores tecnológicos en Miami, Madrid, Bogotá, Santiago, Ciudad de México o en otros lugares pueden constituir redes de transferencia de conocimientos, inversión y mentoría. La política nacional debería considerar esta diáspora no como una población perdida, sino como una extensión potencial del capital humano nacional. Las fronteras físicas adquieren menor importancia cuando una parte del trabajo, la investigación y el emprendimiento puede organizarse a distancia.

Esta dimensión internacional es esencial porque Venezuela no debe construir su transformación digital de manera aislada. Las alianzas universitarias, los programas conjuntos de investigación, las incubadoras internacionales y la inversión extranjera pueden acelerar el aprendizaje. India, Corea del Sur, Estados Unidos, Europa, Canadá, Brasil y otros países poseen capacidades que podrían movilizarse mediante proyectos concretos. Una diplomacia tecnológica podría así complementar la diplomacia económica tradicional.

El desafío, sin embargo, trasciende la tecnología. El verdadero objetivo es construir una sociedad capaz de aprender permanentemente. En un mundo donde los conocimientos se renuevan rápidamente, la competencia más importante ya no es únicamente la adquirida a los veinte años. Es la capacidad de seguir aprendiendo a los treinta, cuarenta, cincuenta años y más allá. Las políticas de formación permanente deberán convertirse, por tanto, en un componente normal de la vida económica. Los trabajadores deberán poder adquirir nuevas competencias sin tener que abandonar por completo sus empleos.

Esta exigencia conduce a una transformación más profunda del contrato social. El Estado no podrá garantizar a cada ciudadano un empleo idéntico durante toda su vida profesional en una economía sometida a la automatización y a los cambios tecnológicos. Deberá garantizar, en cambio, las condiciones que permitan a los ciudadanos reorientarse cuando los sectores evolucionen. La educación, la protección social, el acceso a la formación y la movilidad profesional se convierten así en instrumentos de resiliencia económica.

Venezuela podría beneficiarse de esta situación si evita considerar la inteligencia artificial únicamente como una amenaza para el empleo. La automatización eliminará determinadas tareas, pero también puede crear nuevas actividades y aumentar la productividad. El problema central será la transición. Los trabajadores deben estar preparados para esta transformación antes de que se produzca. Las políticas públicas deberán, por tanto, identificar las profesiones más expuestas y desarrollar programas de reconversión adecuados.

Esta cuestión es particularmente importante para los jóvenes. Una economía que ofrece principalmente empleos precarios y poco productivos empuja naturalmente a las nuevas generaciones hacia la emigración. Una economía capaz de ofrecer carreras en ingeniería, tecnologías, finanzas, industria moderna, salud y servicios avanzados puede invertir progresivamente esta dinámica. El desarrollo tecnológico se convierte entonces también en una política demográfica.

La soberanía tecnológica de Venezuela dependerá, por tanto, menos de la posesión de un número determinado de máquinas que de la capacidad de su población para comprender y utilizar las tecnologías. Un país dotado de importantes recursos naturales pero carente de competencias científicas seguirá siendo dependiente. Un país que posea una población altamente cualificada puede, por el contrario, transformar progresivamente recursos limitados en importantes ventajas económicas. El capital humano se convierte así en la forma de soberanía más difícil de confiscar.

Esta conclusión obliga a reevaluar la propia noción de poder nacional. En el siglo XX, un Estado podía acumular tanques, aviones, barcos, petróleo y reservas financieras para aumentar su poder. En el siglo XXI también debe acumular ingenieros, investigadores, empresarios, desarrolladores, médicos, científicos y docentes. Una nación cuyos mejores talentos se marchan continuamente al extranjero pierde una parte de su capacidad estratégica, incluso si sus recursos naturales permanecen intactos.

El desafío venezolano será, por tanto, transformar su capital humano disperso en capital humano conectado. Las tecnologías digitales hacen esta transformación más accesible que antes. Una universidad de Caracas puede colaborar con un laboratorio de Madrid. Una empresa de Maracaibo puede trabajar con un ingeniero en Houston. Un investigador de Mérida puede participar en un proyecto internacional. Un empresario de Valencia puede vender un servicio digital a un cliente de América del Norte. La geografía no ha desaparecido, pero ahora está atravesada por redes.

Esta nueva arquitectura ofrece a Venezuela una posibilidad histórica: transformar las restricciones derivadas de la migración en recursos de globalización. La diáspora puede convertirse en una red económica, científica y cultural que conecte al país con los grandes centros mundiales. Pero será necesario que las instituciones nacionales sean suficientemente creíbles para organizar esa relación.

La reconstrucción tecnológica deberá finalmente inscribirse en una concepción más amplia del desarrollo humano. El objetivo de la IA no debería ser producir una sociedad en la que las máquinas se vuelvan más eficientes que las personas, sino una economía en la que la tecnología amplíe las posibilidades humanas. La educación, la salud, la seguridad, el empleo y la dignidad deben seguir siendo los criterios últimos del éxito. Una tecnología que aumente el PIB pero destruya la confianza social o agrave las desigualdades no constituye necesariamente progreso.

Venezuela puede, por tanto, utilizar la revolución digital para reconstruir no solo su economía, sino también su relación con el mundo. La moneda puede proporcionar la estabilidad necesaria para las transacciones; la energía puede proporcionar los recursos; la diáspora puede proporcionar redes; las universidades pueden proporcionar competencias; las empresas pueden proporcionar innovación; y el Estado puede proporcionar el marco institucional. Solo combinando estos elementos podrá la soberanía del siglo XXI convertirse en una realidad.

DEL FIN DE UN CICLO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ERA: VENEZUELA ANTE UNA ELECCIÓN HISTÓRICA

La historia económica de Venezuela no se encuentra simplemente ante un nuevo capítulo. Quizás se encuentra ante la necesidad de cambiar de libro. La crisis del bolívar, la expansión de la dolarización, la transformación de la economía petrolera, la evolución de las relaciones con Washington, la recomposición de las alianzas internacionales, el surgimiento de nuevas potencias tecnológicas y la transformación de las generaciones venezolanas convergen hacia una misma realidad: las categorías que organizaron buena parte del debate político del siglo XX ya no son suficientes para explicar las decisiones del XXI. Esto no significa que la historia del siglo anterior deba ser borrada. Significa que debe ser comprendida por lo que es: una herencia, no una prisión intelectual.

El posible reconocimiento o consolidación oficial de una economía ampliamente dolarizada podría adquirir así una dimensión simbólica que trascienda ampliamente la política monetaria. Podría interpretarse como el reconocimiento institucional de un cambio que ya se ha producido en la sociedad. Cuando una población adopta progresivamente otra unidad de cuenta porque ha dejado de confiar en la moneda nacional, el cambio histórico ya ha comenzado. La decisión política llega después de la transformación social. En este sentido, una eventual decisión monetaria no crearía necesariamente una nueva realidad; podría simplemente reconocer una realidad que se ha impuesto a través de los comportamientos económicos.

Esta distinción permite evitar dos errores simétricos. El primero consistiría en celebrar la dolarización como una solución milagrosa. El segundo sería condenarla únicamente porque cuestiona una concepción tradicional de la soberanía. Ambas lecturas serían demasiado simples. La dolarización puede contribuir a estabilizar una economía profundamente marcada por la inflación, pero también puede crear nuevas restricciones. Puede facilitar los intercambios y restaurar parte de la confianza, pero no sustituye ni la producción, ni la inversión, ni las instituciones. Su significado dependerá, por tanto, del proyecto nacional en el que se integre.

Aquí se encuentra probablemente la cuestión histórica más importante. Venezuela puede considerar la transformación monetaria como una humillación que debe repararse o como un punto de partida que debe aprovecharse. El primer enfoque buscaría restaurar el pasado. El segundo buscaría construir un futuro diferente. El primero sería esencialmente reactivo. El segundo sería estratégico. Y el siglo XXI recompensa cada vez más a los Estados capaces de anticipar las transformaciones en lugar de defender indefinidamente las arquitecturas que están desapareciendo.

El verdadero agotamiento afecta, por tanto, menos a una ideología particular que a una determinada manera de pensar el poder. El siglo XX produjo concepciones del mundo basadas en bloques, fronteras ideológicas, soberanía monetaria, Guerra Fría, grandes burocracias industriales y relaciones de fuerza relativamente previsibles entre Estados. El siglo XXI funciona de otra manera. Las empresas tecnológicas pueden ejercer una influencia mundial sin poseer territorio. Las plataformas financieras pueden mover capitales en segundos. Los datos atraviesan fronteras. Las cadenas de producción están distribuidas entre varios continentes. Las sociedades pueden utilizar una moneda diferente de la de su Estado. Los individuos pueden trabajar para empresas situadas a miles de kilómetros. La inteligencia artificial puede producir valor sin respetar las fronteras tradicionales de la producción industrial.

El poder se vuelve así más difuso y más interconectado. Los Estados siguen siendo indispensables, pero ya no son los únicos actores capaces de producir influencia. Empresas, plataformas digitales, universidades, fondos de inversión, redes científicas, diásporas e incluso determinadas comunidades tecnológicas participan en la construcción de las nuevas relaciones de poder. Un Estado que ignore estos actores corre el riesgo de sobreestimar su poder formal y subestimar las fuerzas que realmente transforman su economía.

Esta transformación es también generacional. Las generaciones que llegan hoy a la edad adulta mantienen una relación diferente con el territorio, la moneda y la información. Pueden seguir en tiempo real los acontecimientos económicos mundiales, comparar precios entre varios países, utilizar sistemas internacionales de pago, aprender a distancia y trabajar para organizaciones que no están físicamente presentes en su ciudad. Su percepción de la soberanía es necesariamente diferente de la de las generaciones que conocieron un mundo en el que la moneda nacional, la televisión nacional, las empresas nacionales y las fronteras físicas estructuraban mucho más intensamente la vida económica.

Venezuela no podrá reconstruir su futuro pidiendo a estas generaciones que piensen como las que las precedieron. Deberá, por el contrario, integrar su experiencia en su nueva estrategia nacional. La juventud no debe ser considerada únicamente como una categoría social que debe ser protegida. Debe ser considerada como una fuerza de transformación. Los jóvenes son los usuarios naturales de las nuevas tecnologías, los futuros empresarios, ingenieros, investigadores, docentes y dirigentes. Una política nacional que les ofrezca únicamente empleos tradicionales e instituciones antiguas corre el riesgo de perderlos.

Esta cuestión se conecta directamente con la diáspora. Una parte considerable de la experiencia venezolana del siglo XXI se encuentra ahora fuera del territorio nacional. Esta realidad no puede ser anulada mediante una decisión política. Debe transformarse en una ventaja. Venezuela podría convertirse en uno de los pocos países dotados de una red mundial de profesionales que comparten una misma cultura económica y social y que están presentes en varios de los principales centros de la economía mundial. Una política inteligente podría transformar esta dispersión en una red de competencias, inversión, innovación y acceso a los mercados.

El éxito de una política de este tipo dependerá, sin embargo, de la calidad de las instituciones nacionales. La diáspora puede invertir en un país si considera que las reglas son previsibles. Puede transferir competencias si cree que sus conocimientos serán valorados. Puede regresar si considera que el entorno profesional es suficientemente estable. La relación con la diáspora no puede, por tanto, separarse de la reconstrucción del Estado de derecho.

La reforma institucional se convierte así en el corazón oculto de toda la transformación venezolana. La moneda, el petróleo, la tecnología y la geopolítica pueden crear oportunidades, pero solo instituciones creíbles permiten transformarlas en resultados duraderos. Un contrato respetado puede valer más que un espectacular incentivo fiscal. Una administración eficiente puede generar más crecimiento que un gigantesco programa público mal ejecutado. Una justicia previsible puede atraer más inversiones que una campaña diplomática. El poder de un Estado moderno también se mide por la confianza que inspira.

Esta confianza debe construirse en varios niveles. Los ciudadanos deben creer que sus ahorros están protegidos y que sus derechos son respetados. Las empresas deben creer que las reglas económicas no cambiarán arbitrariamente. Los inversores extranjeros deben creer que los contratos serán ejecutables. Los socios internacionales deben creer que los compromisos diplomáticos y comerciales serán respetados. Sin esta confianza, la estabilización monetaria seguirá siendo frágil y la reconstrucción productiva permanecerá incompleta.

La cuestión petrolera debe integrarse en esta reconstrucción institucional. La industria energética no puede modernizarse de manera sostenible si permanece sometida a la incertidumbre regulatoria, la falta de transparencia o la inestabilidad contractual. El capital necesario para restaurar las infraestructuras petroleras es considerable. Requerirá reglas claras, una gobernanza profesional y mecanismos de control creíbles. Venezuela deberá, por tanto, elegir entre utilizar el petróleo para financiar una nueva arquitectura institucional o reproducir los mecanismos que contribuyeron a su agotamiento.

La segunda opción sería particularmente peligrosa. Un nuevo aumento de los ingresos petroleros podría mejorar temporalmente los indicadores económicos mientras posterga las reformas estructurales. La historia de las economías rentistas demuestra que los períodos de abundancia pueden ser, en ocasiones, más peligrosos que los períodos de escasez si generan la ilusión de que los problemas fundamentales han desaparecido. Venezuela deberá, por tanto, utilizar cualquier mejora de los ingresos energéticos para construir capacidades que sobrevivan a la próxima caída de los precios.

La creación de fondos de estabilización, mecanismos de ahorro intergeneracional y reglas fiscales creíbles podría desempeñar un papel importante. El objetivo sería transformar una parte de los ingresos extraordinarios en activos duraderos. Los ingresos petroleros deberían poder financiar infraestructuras, formación e inversiones capaces de generar ingresos futuros. Una economía que consume hoy toda su renta no construye la soberanía de mañana.

Esta lógica conduce a una concepción diferente del presupuesto público. El presupuesto ya no debería ser únicamente un instrumento de redistribución inmediata, sino también un instrumento de acumulación nacional. Los gastos en educación, salud, transporte, energía y digitalización deben evaluarse según su contribución a la capacidad productiva futura. Esto no significa sacrificar las necesidades sociales presentes en nombre de un crecimiento hipotético. Significa reconocer que la protección social sostenible depende también de una economía capaz de producir suficiente riqueza.

La reconstrucción social deberá, por tanto, acompañar a la reconstrucción productiva. Una sociedad que sale de una larga crisis no puede pedir a todos sus ciudadanos que esperen los beneficios de un crecimiento futuro. Las poblaciones más vulnerables necesitan protección inmediata. Pero esa protección debe diseñarse de manera que facilite la reintegración económica en lugar de encerrar a los individuos en una dependencia permanente. Las políticas sociales más eficaces serán aquellas que combinen apoyo, formación, salud, educación y acceso al empleo.

El mismo principio debería guiar la reconstrucción de las clases medias. Una clase media estable constituye uno de los mejores indicadores de una economía capaz de generar movilidad social. Permite a las familias invertir en educación, adquirir una vivienda, crear empresas y participar en la vida económica. Venezuela deberá, por tanto, reconstruir las condiciones que permitan desarrollar una clase media productiva. La estabilidad monetaria puede contribuir a esta reconstrucción al permitir a los hogares planificar, pero deberá estar acompañada de un crecimiento real de los ingresos.

La cuestión monetaria ocupa entonces su lugar definitivo dentro de la arquitectura general. No es ni el único problema ni la única solución. Constituye una infraestructura de confianza. Una moneda estable permite a los ciudadanos pensar en el mañana. Una moneda inestable los obliga a pensar en el día presente. Cuando los hogares se ven obligados a convertir inmediatamente sus ingresos en bienes, divisas o activos reales para evitar la pérdida de valor, la economía pierde parte de su capacidad de ahorro e inversión. Restaurar una unidad de cuenta creíble puede, por tanto, tener efectos profundos sobre la psicología económica.

Pero una economía no puede vivir eternamente de una confianza importada. Si el dólar proporciona estabilidad monetaria, Venezuela deberá construir progresivamente una estabilidad institucional suficientemente fuerte para que esa estabilidad no dependa únicamente de una moneda extranjera. El verdadero objetivo no debería ser determinar si el país recuperará algún día una moneda nacional, sino saber si recuperará algún día las instituciones capaces de hacer creíble cualquier moneda utilizada en su territorio.

Esta distinción puede parecer abstracta, pero es fundamental. Una moneda nacional fuerte no se crea por decreto. Es el resultado de una economía productiva, un banco central creíble, disciplina presupuestaria, un sistema financiero sólido y una confianza social acumulada durante años. Si Venezuela desea algún día reconstruir una moneda nacional plenamente creíble, deberá reconstruir primero estos fundamentos. El debate sobre la moneda no debería preceder al debate sobre las instituciones; debería derivarse de él.

La transformación internacional hace que esta cuestión sea aún más urgente. El mundo se vuelve más fragmentado sin dejar de ser menos interdependiente. Estados Unidos utiliza su poder financiero y comercial para defender sus intereses. China desarrolla sus propias capacidades tecnológicas e industriales. India afirma una autonomía estratégica creciente. Europa busca asegurar sus cadenas de suministro. Rusia conserva una importante capacidad militar y energética pese a los costes de la guerra. Los países del Golfo invierten masivamente para diversificar sus economías. Brasil busca reforzar su autonomía regional. Los países del Sur desean mayor margen de maniobra. En este entorno, ningún país de tamaño medio puede razonablemente depender de una sola alianza.

Venezuela deberá, por tanto, desarrollar una diplomacia de la multiplicidad. Esto significa ser capaz de dialogar con Washington sin abandonar sus demás alianzas, trabajar con Pekín sin depender de Pekín, mantener relaciones con Moscú sin subordinar su estrategia a Moscú, desarrollar sus vínculos con India y Corea del Sur, reforzar sus relaciones con Brasil y el Caribe y participar en los mecanismos del Sur Global sin considerar estos mecanismos como sustitutos automáticos del sistema internacional existente.

Esta diplomacia no deberá basarse en la búsqueda permanente de un enemigo exterior. Una política exterior moderna debe buscar primero los intereses comunes. Venezuela puede negociar con un país sobre energía, con otro sobre infraestructuras, con un tercero sobre educación y con un cuarto sobre tecnología. Las diferencias políticas no desaparecerán, pero no tienen por qué impedir toda cooperación. El pragmatismo no significa abandonar los principios; significa tener la capacidad de distinguir entre los principios esenciales y los instrumentos necesarios para defenderlos.

Esta nueva concepción de la soberanía permitiría también superar parte de las oposiciones ideológicas heredadas del siglo anterior. Ser soberano no significa necesariamente estar aislado. Estar abierto no significa necesariamente ser dependiente. Utilizar el dólar no significa necesariamente renunciar a la identidad nacional. Trabajar con Estados Unidos no significa necesariamente abandonar toda autonomía. Cooperar con China no significa adoptar su modelo político. Participar en los BRICS no significa romper con las instituciones occidentales. El siglo XXI exige precisamente la capacidad de mantener varias relaciones simultáneamente.

Esta madurez estratégica podría constituir uno de los cambios más importantes de la nueva época venezolana. El país ya no debería buscar demostrar su soberanía mediante la confrontación permanente. Debería demostrarla mediante su capacidad para negociar, elegir, producir y resistir los shocks. Una nación verdaderamente soberana no es aquella que rechaza toda interdependencia; es aquella que puede entrar en la interdependencia sin perder su capacidad de decisión.

La cuestión de la inteligencia artificial refuerza esta exigencia. Los países que dominen las tecnologías críticas dispondrán de una capacidad creciente para influir en las economías de otros. Venezuela deberá, por tanto, integrar la tecnología en su definición de seguridad nacional. La energía, las telecomunicaciones, los datos, las infraestructuras digitales, los sistemas financieros y las competencias científicas deben considerarse elementos estratégicos. El retraso tecnológico no será únicamente un problema de competitividad; puede convertirse en un problema de soberanía.

La misma lógica se aplica a la seguridad alimentaria y energética. Un país que depende excesivamente de importaciones esenciales puede ser vulnerable incluso cuando dispone de importantes reservas financieras. La soberanía contemporánea se basa en la capacidad de mantener las funciones esenciales de la sociedad cuando las cadenas internacionales se ven perturbadas. Esto no significa autarquía, sino resiliencia. La diversificación de proveedores, la producción nacional estratégica y las reservas de seguridad se convierten, por tanto, en componentes de la política económica.

La resiliencia debería convertirse también en un principio central de la planificación nacional. Las futuras crisis no serán necesariamente idénticas a las del pasado. Podrán surgir de shocks energéticos, catástrofes climáticas, ciberataques, pandemias, tensiones comerciales, crisis financieras o interrupciones logísticas. Venezuela deberá, por tanto, construir instituciones capaces de funcionar en condiciones de incertidumbre. La planificación estratégica ya no consiste en prever exactamente el futuro; consiste en prepararse para varios futuros posibles.

Esta filosofía conduce naturalmente a una nueva concepción del desarrollo. El desarrollo del siglo XXI ya no puede medirse únicamente mediante el crecimiento del PIB. Debe incluir la calidad de las instituciones, la productividad, la educación, la salud, la conectividad, la innovación, la resiliencia y la capacidad de los ciudadanos para elegir su propio futuro. Una economía puede crecer rápidamente y seguir siendo frágil si su crecimiento depende de un solo producto o de un solo mercado. Por el contrario, una economía más modesta puede volverse sostenible si posee una base productiva diversificada e instituciones sólidas.

Venezuela dispone, por tanto, de una elección histórica que trasciende ampliamente la cuestión del bolívar. Puede intentar restaurar el antiguo modelo bajo una forma ligeramente diferente o utilizar la crisis actual para construir una economía adaptada a las realidades del nuevo siglo. La primera vía es políticamente más familiar, pero económicamente más arriesgada. La segunda exige más reformas, paciencia y disciplina, pero ofrece la posibilidad de una verdadera ruptura con los ciclos históricos de dependencia.

La eventual decisión monetaria podría entonces interpretarse como el símbolo de una transición. La transición de una soberanía definida principalmente por los instrumentos a una soberanía definida por las capacidades. La transición de una economía basada principalmente en la renta a una economía que busca valorizar múltiples fuentes de productividad. La transición de una diplomacia de confrontación a una diplomacia de socios múltiples. La transición de una política industrial centrada en las infraestructuras físicas a una política que incorpore también los datos, las competencias y la inteligencia artificial. La transición de una concepción territorial del poder a una concepción en red.

Esta transición no será rápida ni lineal. Surgirán resistencias políticas. Los intereses establecidos intentarán preservar sus ventajas. Las tensiones sociales podrán aumentar durante determinadas fases de reforma. Los mercados externos seguirán siendo imprevisibles. El petróleo continuará sometiendo al país a los ciclos internacionales. Las rivalidades entre las grandes potencias crearán nuevas incertidumbres. La transición digital también producirá ganadores y perdedores. Ningún plan serio puede pretender eliminar estos riesgos.

La verdadera cuestión será, por tanto, la capacidad institucional para gestionar estas contradicciones. Venezuela deberá aprender a reformar sin destruir, abrirse sin disolverse, proteger sin inmovilizar, atraer capitales sin abandonar sus intereses nacionales, utilizar las tecnologías sin convertirse en tecnológicamente dependiente y reconstruir el Estado sin reproducir los excesos burocráticos del pasado. Esta capacidad de alcanzar compromisos inteligentes podría convertirse en uno de los recursos más valiosos de la nueva época.

También habrá que aceptar que la reconstrucción nacional será una obra generacional. Ningún gobierno podrá reparar en pocos años todas las consecuencias acumuladas durante varias décadas. Las infraestructuras pueden reconstruirse relativamente rápido; la confianza, las competencias y las instituciones requieren mucho más tiempo. La estrategia deberá, por tanto, superar los ciclos electorales. Será necesaria una visión nacional de quince o veinte años para evitar que cada cambio político conduzca a una revisión completa de las orientaciones anteriores.

Esta continuidad no significa inmovilismo. Significa que determinadas prioridades deben considerarse nacionales y no partidistas. La educación, las infraestructuras críticas, la estabilidad monetaria, la seguridad energética, la diversificación productiva, la transformación digital y la protección del Estado de derecho deberían trascender las alternancias políticas. Los gobiernos pueden diferir sobre los medios; no necesariamente deberían destruir los fundamentos construidos por sus predecesores.

Venezuela posee finalmente una dimensión simbólica particular en la historia latinoamericana. Durante mucho tiempo fue uno de los países más ricos de la región en términos de recursos energéticos y posteriormente se convirtió en uno de los ejemplos más visibles del colapso de un modelo económico dependiente de la renta. Su reconstrucción podría convertirse, por tanto, en un laboratorio regional. Si el país consigue transformar su riqueza energética en diversificación productiva, su crisis monetaria en estabilidad, su diáspora en una red económica, sus recursos naturales en capital humano y su reposicionamiento geopolítico en una estrategia de alianzas múltiples, podría demostrar que una economía rentista puede construir una nueva trayectoria sin renunciar a su identidad.

El resultado final no dependerá, sin embargo, de una fórmula ideológica. Dependerá de la capacidad de Venezuela para mirar con lucidez su historia mientras acepta pensar más allá de ella. La soberanía no debe confundirse con el aislamiento. La modernidad no debe confundirse con el abandono de las tradiciones. La globalización no debe confundirse con la dependencia. La tecnología no debe confundirse con el progreso automático. La dolarización no debe confundirse con la desaparición de la nación. Cada instrumento debe juzgarse según su contribución a un objetivo superior: aumentar la capacidad real de la sociedad para decidir su futuro.

Venezuela entra así en una etapa en la que la cuestión fundamental quizá ya no sea saber qué potencia mundial elegirá seguir, sino qué capacidad nacional decidirá construir. En un mundo donde Washington, Pekín, Nueva Delhi, Moscú, Bruselas, Seúl, Brasilia y las potencias del Golfo desarrollan estrategias diferentes, la mejor respuesta venezolana probablemente no será el alineamiento permanente. Será construir una economía suficientemente productiva, una sociedad suficientemente educada, instituciones suficientemente creíbles y una diplomacia suficientemente flexible para dialogar con todos sin pertenecer por completo a ninguno.

Es desde esta perspectiva que la eventual transformación monetaria adquiere su verdadera significación histórica. Podría marcar no el fin de la soberanía venezolana, sino el fin de una determinada definición de la soberanía. Una definición heredada de un siglo en el que controlar la moneda, el territorio y las fronteras representaba lo esencial de la autonomía nacional. El nuevo siglo añade otras dimensiones: controlar las competencias, los datos, las infraestructuras, las cadenas de suministro, la capacidad energética, la resiliencia financiera, la tecnología y, sobre todo, la capacidad de producir valor.

La verdadera ruptura histórica no sería, por tanto, el abandono del bolívar en favor del dólar. Sería el paso de una economía que busca principalmente preservar sus símbolos a una economía que busca aumentar sus capacidades. Una nación puede perder un instrumento sin perder su identidad; puede modificar su sistema monetario sin abandonar su historia; puede cambiar sus alianzas económicas sin renunciar a sus principios. Lo que determina finalmente su soberanía es la capacidad de sus ciudadanos y de sus instituciones para construir, producir, aprender, innovar y elegir.

El siglo XXI no pide a Venezuela que sea una copia de Estados Unidos, China, India, Corea del Sur o cualquier otro modelo. Le pide que se convierta en una versión más moderna, más productiva y más resiliente de sí misma. Es precisamente ahí donde puede comenzar el verdadero renacimiento nacional: no en la nostalgia de una potencia pasada, sino en la construcción paciente de una potencia adaptada al mundo que viene.

VENEZUELA EN LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL MUNDO

La transformación monetaria de Venezuela no puede comprenderse al margen de la profunda recomposición del orden económico y geopolítico internacional en la que tiene lugar. La cuestión del bolívar, su depreciación, el avance del dólar en las transacciones y la eventual institucionalización de esta realidad monetaria constituyen, en realidad, una manifestación particular de una transformación mucho más amplia que afecta simultáneamente al comercio, la energía, las cadenas de suministro, las tecnologías, los sistemas financieros, las alianzas estratégicas y las relaciones entre las grandes potencias. El mundo en el que un Estado podía organizar el grueso de su política económica dentro de sus propias fronteras pertenece progresivamente al pasado. Una decisión tomada en Washington puede modificar ahora los flujos energéticos en Caracas; una medida arancelaria estadounidense puede reorganizar una cadena industrial en Asia; una decisión de Pekín puede repercutir en los mercados latinoamericanos; una guerra en Europa puede alterar los precios de la energía, los cereales y las materias primas; una innovación tecnológica desarrollada en California, Shenzhen, Bangalore o Seúl puede transformar en pocos años la productividad de sectores enteros de economías que, sin embargo, no cuentan con las mismas capacidades científicas. La nueva geografía del poder se ha vuelto, por tanto, mucho más interdependiente, pero también mucho más asimétrica, porque no todos los Estados disponen de los mismos medios para absorber las perturbaciones, acceder a las tecnologías o negociar con los grandes centros de poder.

Esta realidad reviste una importancia particular para Venezuela porque el país todavía posee un recurso estratégico de primer orden: el petróleo. Sin embargo, ese recurso ya no basta, por sí solo, para garantizar una influencia internacional duradera. El valor geopolítico de la energía depende ahora no solo de la existencia de reservas, sino también de la capacidad para producir a costos competitivos, financiar las infraestructuras necesarias, transportar los productos, atraer inversiones, dominar las tecnologías correspondientes e integrarlas en un mercado mundial sometido, a su vez, a una profunda transformación energética e industrial. El poder petrolero venezolano deberá, por tanto, situarse dentro de una arquitectura más amplia en la que intervienen Estados Unidos, China, India, los países del Golfo, Europa, Brasil, el Caribe y otras economías emergentes. Poseer un recurso ya no constituye automáticamente poder; se convierte en poder cuando el Estado dispone de las instituciones, las infraestructuras, las competencias y las relaciones internacionales necesarias para transformar ese recurso en capacidad económica sostenible.

La evolución de la política estadounidense bajo Donald Trump constituye, desde esta perspectiva, uno de los elementos centrales de la recomposición en curso. Su política comercial y exterior no puede reducirse a una simple acumulación de medidas arancelarias, declaraciones o decisiones diplomáticas. Expresa una concepción más transaccional del poder estadounidense, en la que los intereses comerciales, energéticos, de seguridad y geopolíticos aparecen cada vez más estrechamente vinculados. La política arancelaria frente a China, las presiones ejercidas sobre determinados aliados europeos y asiáticos, la voluntad de reforzar las cadenas de suministro consideradas estratégicas y el uso más directo de los instrumentos económicos para alcanzar objetivos de política exterior reflejan una transformación de la relación entre poder económico y poder geopolítico. Esta evolución no significa, en absoluto, que Estados Unidos deje de ser la principal potencia del sistema internacional; significa, más bien, que Washington busca utilizar de manera más directa sus ventajas económicas, financieras, tecnológicas y energéticas en un entorno cada vez más competitivo.

Para los países del Sur Global, esta transformación genera simultáneamente vulnerabilidad y margen de negociación. La creciente fragmentación de la economía mundial significa que las grandes potencias buscan socios, mercados, recursos, infraestructuras y posiciones estratégicas. Un Estado de poder intermedio puede disponer, por tanto, de un mayor margen de maniobra si es capaz de diversificar sus relaciones. Por el contrario, una dependencia excesiva de un único socio reduce mecánicamente su capacidad de negociación. Venezuela tendrá precisamente que aprender a desenvolverse en este nuevo entorno. La relación con Washington seguirá siendo fundamental debido a la proximidad geográfica, la importancia del mercado estadounidense, el papel del dólar en el sistema financiero y los intereses energéticos compartidos. Sin embargo, Caracas ya no podrá organizar razonablemente toda su política exterior en torno a una confrontación permanente con Estados Unidos, del mismo modo que tampoco podrá considerar a otra gran potencia como una solución automática para sus dificultades estructurales.

China constituye, naturalmente, uno de los principales elementos de esta nueva ecuación. Durante varios años, Pekín desarrolló una presencia económica considerable en América Latina mediante el comercio, las inversiones, las infraestructuras y diversos mecanismos de financiación. La Iniciativa de la Franja y la Ruta simbolizó esa voluntad de crear redes económicas transcontinentales capaces de ampliar la presencia china en las economías emergentes. Sin embargo, la propia China ha ido adaptando progresivamente esta estrategia. Las dificultades financieras encontradas en determinados proyectos, la evolución de la economía china, la necesidad de controlar mejor los riesgos y las transformaciones geopolíticas han llevado a Pekín hacia un enfoque más selectivo y directamente orientado a sus propios intereses estratégicos. Esta evolución resulta esencial para Caracas, porque significa que China no debe ser considerada una fuente ilimitada de financiación ni una alternativa ideológica al sistema occidental. Pekín actúa de acuerdo con sus intereses energéticos, comerciales, industriales y geopolíticos, y la relación con Venezuela solo podrá ser sostenible si responde a intereses mutuos claramente definidos.

La misma prudencia debe aplicarse al análisis de los BRICS. Su ampliación ha reforzado indudablemente su peso demográfico y económico y les ha otorgado una mayor visibilidad internacional a las demandas relacionadas con la reforma de la gobernanza mundial y la diversificación del sistema financiero internacional. Sin embargo, sería excesivo considerar a los BRICS como un bloque homogéneo capaz de sustituir rápidamente las arquitecturas occidentales existentes. Sus miembros tienen intereses divergentes, sistemas políticos diferentes, estructuras económicas a veces contradictorias y prioridades estratégicas que no necesariamente coinciden. Su verdadera importancia reside quizá más en la pluralización del sistema internacional que en la construcción de un nuevo bloque perfectamente cohesionado. El mundo parece dirigirse menos hacia el reemplazo de una hegemonía por otra que hacia la multiplicación de los centros de decisión y de las redes de influencia.

India ilustra particularmente bien esta nueva lógica. Nueva Delhi desarrolla sus relaciones con Washington en los ámbitos de la defensa, las tecnologías y la industria, al tiempo que mantiene relaciones importantes con Rusia, participa en los BRICS, amplía sus intercambios con Oriente Medio y fortalece progresivamente sus vínculos con Europa y otras economías asiáticas. Esta política no constituye una contradicción; responde a una concepción estratégica en la que el interés nacional prevalece sobre la pertenencia rígida a un bloque. Corea del Sur ofrece otro ejemplo. Estrechamente vinculada a Estados Unidos en materia de seguridad, mantiene al mismo tiempo una estrategia económica fuertemente determinada por sus propios intereses industriales, tecnológicos y comerciales. Sus grandes empresas deben operar simultáneamente en los mercados estadounidense, chino, europeo y asiático. Estos ejemplos muestran a Venezuela que una política exterior moderna ya no consiste necesariamente en elegir un bando, sino en desarrollar capacidades suficientes para negociar con distintos espacios de poder.

Esta transformación también resulta visible en Oriente Medio y Eurasia. Siria sigue siendo un espacio particularmente revelador de los límites de las antiguas arquitecturas de influencia, al concentrar los intereses de Estados Unidos, Rusia, Turquía, Irán, Israel y varias potencias árabes. Las transformaciones del entorno sirio muestran que las alianzas construidas durante un determinado período pueden verse profundamente afectadas por los cambios en las capacidades económicas y militares de sus integrantes. La guerra en Ucrania ha impuesto, en particular, un costo considerable a Rusia en términos financieros, militares y humanos y ha reducido parte de su capacidad para proyectar simultáneamente su poder en varios escenarios. Esto no significa que Moscú haya dejado de ser una potencia importante, pero sí recuerda que una alianza política nunca puede separarse de las capacidades materiales que la sustentan. Para Caracas, la lección es importante: la proximidad ideológica con una potencia extranjera no constituye una garantía suficiente de seguridad económica o estratégica.

Irán representa otra manifestación de esta realidad. A pesar de su considerable influencia regional y de sus importantes capacidades militares, Teherán debe hacer frente a las sanciones, las restricciones económicas, las tensiones con Israel y Estados Unidos y una arquitectura regional que evoluciona con rapidez. Una vez más, la proximidad política con Caracas puede tener un significado diplomático, pero no puede sustituir la diversificación económica ni la construcción de una capacidad nacional propia. Una estrategia venezolana sostenible deberá, por tanto, evitar confundir las convergencias políticas con garantías económicas permanentes.

La relación con Cuba también debe analizarse desde esta perspectiva. Durante varias décadas, Cuba representó para Venezuela un socio político e ideológico privilegiado. Sin embargo, las restricciones económicas, los cambios generacionales y la evolución del entorno internacional obligan progresivamente a los dirigentes cubanos a adoptar mayores dosis de pragmatismo. Esta evolución no significa necesariamente el abandono de toda continuidad ideológica; demuestra, sobre todo, que ningún sistema político puede funcionar de manera sostenible al margen de las realidades materiales. Cuando los recursos escasean, las generaciones cambian y las condiciones internacionales evolucionan, las doctrinas también deben adaptarse.

Esta observación permite volver a Venezuela y a la cuestión central de este análisis. El país no debe limitarse a decidir el futuro de su sistema monetario; debe determinar si las categorías políticas heredadas del siglo XX siguen siendo capaces de organizar una sociedad que ha entrado en una economía digital, globalizada, marcada por la migración y profundamente transformada por la tecnología. Una ideología que deja de explicar los comportamientos reales de los ciudadanos termina convirtiéndose en un lenguaje político desconectado de la experiencia cotidiana. La dolarización espontánea de una parte de la sociedad constituye precisamente uno de esos momentos en los que la realidad económica obliga al discurso político a enfrentarse con sus propios límites.

La cuestión tecnológica hace que esta ruptura sea todavía más importante. El siglo XXI está creando una nueva jerarquía internacional basada en la capacidad de dominar la inteligencia artificial, los semiconductores, los datos, las biotecnologías, la robótica y los nuevos sistemas energéticos. Los países que controlan estas tecnologías disponen de una ventaja acumulativa que va mucho más allá del simple valor comercial de los productos que exportan. Controlan progresivamente estándares, cadenas de valor, competencias e infraestructuras de las que dependen otras economías. El riesgo para los países del Sur Global ya no consiste únicamente en convertirse en dependientes de productos industriales importados; consiste también en depender de los sistemas tecnológicos que permiten producir, comunicarse, gestionar la energía, procesar datos y organizar los intercambios.

Venezuela deberá integrar esta realidad en su estrategia de reconstrucción. Evidentemente, no podrá reproducir en todos los ámbitos las capacidades de investigación de Silicon Valley, China, India o Corea del Sur, pero sí puede determinar los sectores en los que necesita desarrollar capacidades nacionales mínimas y aquellos en los que puede apoyarse en asociaciones internacionales. Esta distinción es esencial porque la soberanía del siglo XXI ya no significa producir todo lo que se consume; significa disponer de suficientes alternativas y capacidades propias para evitar que una dependencia única pueda paralizar la economía nacional.

En esta nueva geografía, Venezuela posee, sin embargo, una ventaja considerable: su posición geográfica y su potencial energético. La proximidad de los mercados norteamericanos, su fachada caribeña, sus vínculos con América del Sur y la importancia de sus reservas energéticas pueden permitirle convertirse en una plataforma económica regional. Pero la geografía no produce automáticamente poder. Debe transformarse mediante infraestructuras, instituciones, estabilidad jurídica, puertos, redes energéticas, conectividad digital y calidad del capital humano. Venezuela podría utilizar así su riqueza energética como palanca de reconstrucción, en lugar de convertirla en el fundamento exclusivo de su modelo económico.

La nueva geografía mundial ofrece, por tanto, a Venezuela una posibilidad real, pero solo podrá aprovecharla si Caracas abandona progresivamente una lógica de dependencia exclusiva y adopta una diplomacia de redes. Washington, Pekín, Nueva Delhi, Seúl, Brasilia, las capitales europeas, los países del Golfo y los socios caribeños pueden desempeñar funciones diferentes en la reconstrucción del país. El objetivo no debería ser sustituir una dependencia por otra, sino crear una red suficientemente diversificada de relaciones para que Venezuela pueda defender sus intereses en un entorno internacional cada vez más competitivo.

DESPUÉS DEL BOLÍVAR: ¿QUÉ NUEVA DEFINICIÓN DE LA SOBERANÍA VENEZOLANA?

La cuestión que permanece después del análisis de la transformación monetaria es mucho más profunda que la de la moneda que circulará mañana en los comercios venezolanos. Concierne a la propia definición de la soberanía en un mundo en el que los capitales, las tecnologías, los datos, las mercancías, el talento y los sistemas financieros atraviesan las fronteras con una rapidez desconocida en el siglo anterior. Durante buena parte del siglo XX, la soberanía parecía poder definirse a partir de un conjunto relativamente claro de atributos: control del territorio, protección de las fronteras, emisión de una moneda nacional, capacidad fiscal, instituciones judiciales y autonomía de la política exterior. Estos atributos siguen siendo importantes, pero ya no bastan para determinar el poder efectivo de un Estado. Un país puede controlar jurídicamente su territorio y, al mismo tiempo, depender de tecnologías extranjeras para sus infraestructuras; puede poseer una moneda nacional sin ser capaz de preservar su valor; puede disponer de enormes reservas naturales y depender de equipos importados para explotarlas; puede tener una población numerosa y perder continuamente a sus talentos mejor formados.

La soberanía debe entenderse cada vez más como una capacidad efectiva y no como una colección de símbolos institucionales. Un Estado es verdaderamente soberano cuando dispone de las capacidades económicas, humanas, tecnológicas, financieras, institucionales y diplomáticas necesarias para defender sus intereses en un entorno interdependiente. Esta concepción permite comprender la aparente paradoja de una eventual dolarización venezolana. La pérdida parcial de soberanía monetaria puede representar una reducción formal de uno de los instrumentos tradicionales del Estado, pero también podría, en determinadas circunstancias, contribuir a recuperar parte de la capacidad económica real si esa estabilidad monetaria permite reconstruir el ahorro, la inversión y la confianza. El debate no debería oponer mecánicamente soberanía y dolarización; debería analizar si la arquitectura monetaria elegida aumenta o disminuye, a lo largo del tiempo, la capacidad global de la nación para actuar.

Esta distinción es fundamental porque una moneda nacional no constituye un fin en sí misma. Es un instrumento destinado a facilitar el intercambio, el ahorro, la inversión y la planificación económica. Cuando deja de cumplir de manera sostenida estas funciones, la población busca naturalmente mecanismos de protección. La dolarización puede aparecer entonces menos como una decisión impuesta desde el exterior que como la institucionalización progresiva de una práctica nacida de la pérdida de confianza. Una política de reconstrucción monetaria debería partir de esta realidad social, en lugar de intentar restaurar artificialmente un símbolo cuya credibilidad ha sido destruida. Si el bolívar recuperara algún día una función central, esa recuperación debería ser el resultado de la reconstrucción institucional, la disciplina presupuestaria, la estabilidad financiera y el aumento de la productividad, y no de una simple decisión administrativa.

La verdadera cuestión pasa así a ser la confianza. Una moneda es estable cuando los agentes económicos creen suficientemente en la capacidad de las instituciones para preservar su valor. Esa confianza no puede decretarse. Se construye mediante la coherencia de las políticas públicas, la credibilidad de las instituciones, el control de la inflación, la estabilidad de las finanzas públicas y la capacidad de la economía para generar ingresos reales. Cuando esa confianza desaparece durante un período prolongado, las personas modifican su comportamiento incluso antes de que las instituciones reconozcan oficialmente el cambio. La moneda extranjera se convierte entonces en unidad de cuenta, reserva de valor y, en ocasiones, instrumento cotidiano de transacción. El fenómeno monetario se convierte así en el síntoma de un problema institucional mucho más amplio.

Por ello, la reconstrucción de Venezuela no podrá limitarse a la política monetaria. Deberá comenzar por la reconstrucción de las capacidades productivas. El petróleo seguirá siendo probablemente un componente esencial durante varias décadas, pero deberá utilizarse como palanca de diversificación y no como sustituto permanente de ella. El país tendrá que modernizar su industria energética, mejorar sus infraestructuras, recuperar sus capacidades de refinación y transporte, desarrollar los servicios asociados y utilizar parte de los ingresos energéticos para financiar sectores capaces de reducir progresivamente la dependencia de la renta. La cuestión no será abandonar abruptamente el petróleo, sino evitar que siga siendo la única fuente verdaderamente significativa de riqueza nacional.

La soberanía alimentaria deberá seguir una lógica comparable. Una economía excesivamente dependiente del exterior para alimentar a su población sigue siendo vulnerable a las perturbaciones internacionales, las fluctuaciones de precios y las crisis logísticas. Venezuela posee importantes posibilidades agrícolas, pero transformarlas en seguridad alimentaria requiere infraestructuras, financiación, tecnologías, redes de distribución y una política de tierras suficientemente estable para estimular la inversión. No se trata de cerrar la economía a las importaciones, sino de crear una capacidad nacional suficiente para que una crisis externa no se transforme inmediatamente en una crisis social.

La salud y las tecnologías médicas deben considerarse desde la misma lógica. Las crisis recientes han demostrado hasta qué punto las cadenas internacionales de suministro pueden volverse vulnerables en períodos de perturbación. Venezuela deberá identificar los medicamentos, equipos y servicios médicos esenciales para los que resulta estratégico disponer de una capacidad nacional o regional mínima, manteniendo al mismo tiempo asociaciones con los grandes productores internacionales. Este enfoque corresponde a una concepción moderna de la soberanía: la autonomía no significa autarquía; significa disponer de suficientes capacidades propias y de suficientes alternativas externas para resistir las perturbaciones.

La misma transformación es necesaria en el ámbito digital. Las plataformas tecnológicas mundiales controlan una parte creciente de las infraestructuras de comunicación, los datos, los servicios digitales y los sistemas comerciales. Venezuela no podrá construir por sí sola todas las herramientas que necesitará su economía, pero sí puede desarrollar capacidades nacionales en ciberseguridad, gestión de datos, servicios digitales, inteligencia artificial aplicada e infraestructuras críticas. También deberá evitar depender de un único proveedor extranjero para sistemas cuya interrupción pueda afectar a sectores esenciales. La soberanía digital será progresivamente tan importante como la soberanía energética.

Esta nueva definición de la soberanía implica también una profunda transformación del Estado. Venezuela no necesita necesariamente un Estado más grande; necesita un Estado más competente, más previsible y más capaz de medir los resultados de su acción. Una administración moderna debe poder recopilar y analizar datos, planificar inversiones, evaluar políticas públicas, controlar el gasto, combatir la corrupción y coordinar a los actores económicos. La credibilidad del Estado dependerá cada vez más de su capacidad para producir resultados medibles y no simplemente de su capacidad para multiplicar programas o declaraciones.

Esta transformación administrativa requiere una nueva cultura política. Los gobiernos deben aceptar que algunas políticas fracasan y pueden ser corregidas sin que esa corrección sea interpretada como una derrota política. Las estadísticas deben ser suficientemente fiables para permitir que investigadores, empresas, ciudadanos e instituciones internacionales evalúen la situación real. La transparencia debe considerarse una infraestructura económica de confianza y no una concesión a los adversarios políticos. Ninguna inversión sostenible puede prosperar en un entorno en el que las reglas cambian constantemente y la información fundamental no puede verificarse.

Venezuela también deberá aprender a construir una continuidad nacional más allá de las alternancias políticas. Las infraestructuras, la educación, la investigación científica, la modernización energética y la transformación digital requieren décadas. Una política nacional que desaparece con cada cambio de gobierno genera incertidumbre de manera automática e impide las inversiones de largo plazo. La democracia no debe entenderse como la capacidad de cada mayoría para destruir lo que construyó la anterior, sino como la capacidad de cambiar de gobierno preservando al mismo tiempo las instituciones y los objetivos fundamentales de la nación.

Esta exigencia de continuidad no significa ausencia de debate político. Significa que el debate debe desplazarse progresivamente hacia la calidad de las políticas públicas, su financiación, sus resultados y sus consecuencias. Venezuela se beneficiaría de establecer objetivos nacionales que trasciendan los calendarios electorales en ámbitos como la energía, la educación, la seguridad alimentaria, las infraestructuras, la salud, la investigación y la transformación digital. Una democracia madura puede cambiar de gobierno sin cuestionar en cada alternancia los fundamentos necesarios para la supervivencia económica del Estado.

La relación con Estados Unidos también deberá replantearse desde esta lógica. La proximidad geográfica, la importancia del mercado estadounidense, el papel del dólar en el sistema financiero internacional y los intereses energéticos compartidos hacen que esta relación sea estructuralmente importante. Sin embargo, ya no debería concebirse exclusivamente en los términos del enfrentamiento ideológico del pasado. Una relación madura con Washington debería permitir a Venezuela defender sus intereses al tiempo que reconoce los ámbitos de cooperación posibles. Paralelamente, Caracas deberá fortalecer sus relaciones con Brasil, Colombia, el Caribe, Europa, China, India, Corea del Sur y los países del Golfo. La diversificación diplomática será tanto más eficaz cuanto más se apoye en una economía capaz de ofrecer intereses concretos a sus socios.

Este enfoque podría permitir a Venezuela transformar su posición geográfica en una ventaja estratégica. Su fachada caribeña, sus recursos energéticos, su proximidad a los grandes mercados estadounidenses y sudamericanos y su potencial de conexión con las economías caribeñas le ofrecen la posibilidad de convertirse en una plataforma energética, comercial y logística regional. Pero esa posibilidad exige una modernización considerable de las infraestructuras portuarias, energéticas, viarias y digitales. La geografía proporciona una ventaja potencial; solo las instituciones y las inversiones pueden convertirla en poder económico.

La cuestión generacional puede ser aún más importante. Los jóvenes venezolanos que construirán el país durante las próximas décadas no tienen las mismas referencias históricas que las generaciones que vivieron las grandes confrontaciones ideológicas del siglo XX. Crecen en un mundo de redes sociales, migración internacional, inteligencia artificial, trabajo a distancia, plataformas digitales y circulación permanente de información. Su relación con el Estado y la soberanía será necesariamente diferente. Juzgarán a las instituciones menos por su capacidad para defender una doctrina que por su capacidad para crear oportunidades concretas.

Esta evolución generacional exige una nueva concepción del patriotismo. El patriotismo del siglo XXI no puede basarse únicamente en la defensa de símbolos nacionales o en la repetición de relatos históricos. También debe significar la capacidad de construir escuelas que funcionen, hospitales que atiendan, infraestructuras fiables, empresas productivas y una economía capaz de retener su talento. Una nación que obliga a sus jóvenes mejor cualificados a buscar en otros lugares las oportunidades que no puede ofrecerles pierde progresivamente parte de su capacidad estratégica.

Venezuela dispone, sin embargo, de un enorme reservorio humano a través de su diáspora. Los millones de venezolanos establecidos en el extranjero pueden convertirse en una red económica, científica, cultural y tecnológica que conecte al país con los principales centros del mundo. Una política inteligente debería procurar transformar esa diáspora en un puente, en lugar de considerarla únicamente como el resultado de una crisis. Las competencias adquiridas en el extranjero, las redes profesionales, los capitales, los conocimientos y las experiencias empresariales podrían contribuir a la reconstrucción si las instituciones nacionales alcanzan un nivel suficiente de credibilidad para atraer nuevamente estos recursos.

El desafío climático también deberá integrarse en esta nueva concepción. Las infraestructuras energéticas, agrícolas y urbanas deberán diseñarse teniendo en cuenta los riesgos asociados al cambio climático. La modernización del país ofrece precisamente la posibilidad de construir instalaciones más resilientes y eficientes que las del pasado. El desarrollo ya no puede evaluarse únicamente por el crecimiento del producto interno bruto; también debe medirse por la capacidad de una sociedad para absorber las perturbaciones futuras.

Todas estas dimensiones conducen a una conclusión importante: la soberanía de Venezuela ya no podrá basarse principalmente en la capacidad del Estado para controlar una moneda. Deberá apoyarse en la capacidad del país para producir, aprender, innovar, negociar, proteger a sus ciudadanos y adaptarse. Una nación puede perder parte de su autonomía monetaria y ganar simultáneamente estabilidad, inversión y productividad. También puede conservar una moneda nacional y seguir siendo profundamente dependiente si no domina ninguna de las tecnologías, cadenas de valor o capacidades financieras necesarias para su desarrollo. La verdadera soberanía se encuentra, por tanto, en el equilibrio general de las capacidades nacionales.

LA MIRADA DE CPGNNEWS: DEL BOLÍVAR A LA CAPACIDAD NACIONAL, VENEZUELA ANTE SU ELECCIÓN CIVILIZACIONAL

Al término de este análisis, la cuestión venezolana aparece bajo una luz mucho más amplia que la de una reforma monetaria o una eventual institucionalización de la dolarización. Venezuela se encuentra ante una transformación histórica que afecta simultáneamente a su economía, sus instituciones, su relación con la soberanía, su política exterior y su lugar en un mundo en el que las antiguas categorías de poder están siendo progresivamente sustituidas por nuevas formas de influencia. El destino del bolívar constituye uno de los síntomas más visibles de esta transformación, pero no representa su totalidad. Detrás de la moneda se encuentra una pregunta fundamental: ¿cómo puede una nación conservar capacidad de decisión cuando las finanzas, las tecnologías, las cadenas de producción, los datos, los capitales y el talento circulan ahora a una velocidad que supera ampliamente las fronteras políticas?

Una eventual consolidación de la dolarización no debería interpretarse ni como una victoria ideológica de Estados Unidos ni como una derrota definitiva de la soberanía venezolana. Debería entenderse como el resultado de una crisis de confianza monetaria cuyas causas son esencialmente nacionales, aunque su entorno internacional desempeñe un papel determinante. Cuando los ciudadanos eligen una moneda extranjera para preservar el valor de su trabajo, expresan ante todo una preferencia económica antes que una posición ideológica. El fenómeno adquiere relevancia política precisamente porque revela una divergencia entre la soberanía formal del Estado y la confianza real de la sociedad. El problema central, por tanto, no consiste en determinar si el dólar es políticamente deseable, sino en establecer qué hará Venezuela con la estabilidad que su utilización pueda eventualmente aportar.

Esta distinción es decisiva. La dolarización no puede reconstruir por sí sola la economía venezolana. No moderniza las refinerías ni los puertos ni las redes eléctricas; no forma ingenieros, no reforma las universidades, no garantiza la seguridad jurídica ni crea automáticamente una industria competitiva. Sin embargo, puede contribuir a establecer un entorno monetario más previsible en el que el ahorro y la inversión estén menos expuestos a la destrucción provocada por la inflación. Su eventual éxito dependerá, por tanto, de las políticas que la acompañen. Si la estabilidad monetaria se convierte en el punto de partida de una estrategia productiva, industrial, institucional y tecnológica, podrá contribuir a una reconstrucción sostenible. Si simplemente sirve para facilitar las importaciones sin una transformación productiva, corre el riesgo de crear una nueva dependencia.

Por ello, el verdadero proyecto nacional no debería formularse en torno a la elección entre el bolívar y el dólar, sino en torno a la reconstrucción de la capacidad productiva de Venezuela. El petróleo seguirá siendo un elemento fundamental de esa capacidad, pero deberá utilizarse como fuente de financiación para una diversificación económica más amplia. La agricultura, la petroquímica, la industria, los servicios, el turismo, la logística, las tecnologías digitales y determinadas actividades científicas deberán desarrollarse de acuerdo con las ventajas reales del país. Diversificar no significa abandonar los recursos naturales; significa dejar de considerarlos una justificación suficiente de la estructura económica nacional.

Esta transformación también exige una nueva concepción de la política social. Una economía moderna no puede ser sostenible si los beneficios de la productividad se concentran en una minoría mientras una parte importante de la población permanece excluida de las oportunidades que ofrece la transformación tecnológica. La inteligencia artificial y la automatización modificarán profundamente los mercados laborales. Venezuela deberá, por tanto, invertir en formación continua, educación técnica, competencias digitales y mecanismos que permitan a los trabajadores cambiar de actividad cuando las tecnologías transformen sus sectores. La tecnología no debe tratarse como una amenaza abstracta; debe integrarse en una estrategia de desarrollo humano.

Esta cuestión adquiere particular importancia en un país que ha experimentado una migración masiva. La reconstrucción del capital humano será probablemente uno de los desafíos más difíciles. Una parte considerable de las competencias venezolanas se encuentra ahora fuera del territorio nacional. Pero esta dispersión también puede convertirse en un recurso si se integra en una política moderna de diáspora. Los vínculos económicos, científicos y profesionales construidos por los venezolanos en el extranjero pueden convertirse en canales de inversión, transferencia de conocimientos, creación de empresas y acceso a mercados. El país deberá, por tanto, superar la concepción tradicional de la diáspora como simple fuente de remesas y considerarla como una extensión internacional del capital humano nacional.

La ruptura con el siglo XX también se manifiesta en la manera de concebir el poder. Durante mucho tiempo, el poder internacional estuvo asociado principalmente al territorio, los recursos naturales, las fuerzas armadas y el tamaño de la economía. Estos elementos siguen siendo importantes, pero ahora se complementan con el dominio de las tecnologías, los datos, las redes financieras, las infraestructuras digitales, las cadenas de suministro y las capacidades científicas. Un país puede poseer enormes reservas naturales y seguir siendo tecnológicamente dependiente; por el contrario, un país con pocos recursos naturales puede ejercer una influencia mundial gracias a sus empresas, universidades, tecnologías y capital financiero. Esta transformación del poder constituye probablemente uno de los hechos más importantes que Venezuela debe incorporar a su estrategia nacional.

La evolución geopolítica actual refuerza esta necesidad. La política comercial y arancelaria de Donald Trump, la competencia entre China y Estados Unidos, las transformaciones de Oriente Medio, la guerra en Ucrania, las dificultades y adaptaciones de Rusia, las tensiones en torno a Irán, la evolución de Cuba, la transformación de los BRICS, el ascenso de India y la capacidad de Corea del Sur para defender sus propios intereses industriales muestran que el sistema internacional se vuelve menos previsible y más transaccional. Los países del Sur Global deben navegar ahora en un entorno en el que ninguna potencia puede ser considerada un socio permanente en todos los ámbitos. Los intereses energéticos pueden acercar a dos Estados mientras sus intereses tecnológicos los enfrentan; los intereses comerciales pueden favorecer la cooperación mientras los intereses de seguridad generan tensiones.

Venezuela debe, por tanto, aprender a practicar una diplomacia de diversificación. Su relación con Estados Unidos seguirá siendo estructuralmente importante, pero no debería impedir que Caracas desarrolle sus relaciones con China, India, Brasil, Europa, Corea del Sur, los países del Golfo y sus socios caribeños. La verdadera independencia diplomática no consiste en rechazar toda asociación con las grandes potencias; consiste en evitar que un único socio pueda determinar el conjunto de las opciones nacionales. Cuanto más diversificadas sean las relaciones económicas, mayor será la capacidad de negociación de Venezuela.

Sin embargo, esta diplomacia solo podrá ser creíble si se apoya en una economía capaz de ofrecer algo concreto a sus socios. El petróleo constituye una ventaja, pero el futuro también deberá construirse alrededor de la energía transformada, la agroindustria, las infraestructuras, los servicios, la logística y, progresivamente, las actividades tecnológicas. Venezuela podría convertirse en un actor regional de importancia si logra transformar su posición geográfica en una plataforma comercial y energética entre América del Sur, el Caribe y los mercados norteamericanos. Esta ambición exige una modernización profunda de los puertos, las carreteras, las redes energéticas y las infraestructuras digitales, así como un entorno jurídico suficientemente previsible para atraer capitales a largo plazo.

Esta reconstrucción debe pensarse también a escala generacional. La Venezuela del futuro no será la Venezuela de las generaciones que conocieron la economía petrolera del siglo XX. Los jóvenes que construirán el país durante las próximas décadas vivirán en una economía dominada por lo digital, la inteligencia artificial, la movilidad internacional y la circulación instantánea de la información. No podrán movilizarse de manera sostenible mediante las mismas categorías políticas que estructuraron los debates de sus padres. Su relación con la soberanía estará mucho más vinculada a la posibilidad de estudiar, trabajar, emprender, comunicarse y construir su futuro que a la mera existencia de un símbolo monetario nacional.

Aquí se encuentra probablemente la dimensión civilizacional de la transformación venezolana. El país no tiene que abandonar su historia, pero debe aceptar que la historia no puede utilizarse como una prisión intelectual. Las ideologías que dominaron gran parte del siglo XX fueron elaboradas en un entorno marcado por la industria pesada, la Guerra Fría, los bloques políticos, fronteras económicas más rígidas y una circulación de información mucho más limitada. El siglo XXI está estructurado por redes, datos, tecnologías, cadenas globales de valor, migraciones y una interdependencia mucho mayor. Reproducir mecánicamente las categorías del siglo anterior equivaldría a intentar resolver los problemas de una sociedad digital con las herramientas intelectuales de una sociedad industrial.

La ruptura no significa que todo lo heredado del pasado deba ser rechazado. Significa que los valores deben distinguirse de los instrumentos. La soberanía, la dignidad nacional, la justicia social, la solidaridad y la identidad colectiva pueden seguir siendo valores fundamentales. Lo que debe evolucionar son los medios para hacerlos realidad. La soberanía del siglo XXI no será necesariamente menos nacional por ser más abierta; por el contrario, puede ser más eficaz si permite al país participar en las redes mundiales sin perder la capacidad de defender sus intereses.

El patriotismo también debe ser replanteado. Ya no debería ser únicamente una defensa emocional del territorio o de los símbolos, sino una voluntad concreta de construir un país en el que los ciudadanos puedan vivir dignamente. Un patriotismo moderno se mide por la calidad de las escuelas, la fiabilidad de la electricidad, la seguridad de las carreteras, la capacidad de los hospitales, la calidad de las universidades, la posibilidad de crear una empresa y la capacidad de conservar el talento. El verdadero poder de un Estado reside, en última instancia, en la confianza que sus ciudadanos pueden depositar en su futuro.

Esta concepción permite comprender por qué la cuestión monetaria es tan importante y, al mismo tiempo, insuficiente. Una moneda es uno de los instrumentos fundamentales de una sociedad económica, pero no constituye su proyecto civilizacional. Si Venezuela logra recuperar la confianza, la moneda podrá volver a ser un instrumento y dejar de ser un problema permanente. Si las instituciones siguen siendo débiles, ninguna arquitectura monetaria podrá compensar de manera sostenible la ausencia de productividad, disciplina presupuestaria y credibilidad.

La reconstrucción deberá, por tanto, concebirse como un proceso de largo plazo en el que la estabilidad monetaria, la reforma institucional, la diversificación económica, la modernización energética, la transformación digital, la educación y la apertura internacional se refuercen mutuamente. No habrá que buscar una solución única para una crisis que se ha vuelto sistémica. Venezuela no sufre un solo desequilibrio; sufre la interacción de múltiples fragilidades acumuladas a lo largo del tiempo. Precisamente por eso, la respuesta debe ser sistémica.

El verdadero objetivo no debería consistir simplemente en restaurar lo que el país tenía antes de la crisis. Debería ser construir una economía capaz de funcionar en las condiciones del mundo que viene. Restaurar íntegramente el pasado sería insuficiente si ese pasado ya contenía las fragilidades que condujeron a la crisis. Venezuela debe utilizar la experiencia de su propio colapso para construir instituciones más sólidas, una economía más diversificada y una sociedad más capaz de resistir las perturbaciones.

Desde esta perspectiva, la eventual desaparición progresiva del bolívar como principal moneda de transacción puede interpretarse como un acontecimiento histórico de mayor alcance. Podría representar el final simbólico de una época en la que la soberanía monetaria era considerada una de las expresiones últimas de la independencia nacional. Pero ese final no tendría necesariamente que ser una derrota. Podría constituir el punto de partida de una reflexión más madura sobre lo que realmente significa ser soberano en una economía mundial profundamente integrada. Una nación no es soberana porque posea un billete que lleve su nombre; lo es cuando posee las instituciones y las capacidades necesarias para decidir su propio futuro.

Venezuela todavía dispone de numerosos activos para construir esa capacidad. Sus recursos energéticos, su posición geográfica, su potencial agrícola, su capital humano, su diáspora, sus relaciones regionales y sus posibilidades de modernización constituyen una base importante. Pero estos activos son solo posibilidades mientras no se transformen en instituciones, inversiones, competencias y productividad. La próxima etapa de la historia venezolana dependerá, por tanto, menos de la cantidad de recursos disponibles que de la calidad de la transformación que esos recursos permitan.

La Mirada de CPGNNews conduce así a una conclusión que trasciende ampliamente el caso venezolano. La crisis del bolívar revela una cuestión que numerosos países deberán afrontar durante el siglo XXI: ¿cómo preservar una soberanía real en un mundo en el que las monedas, los capitales, las tecnologías, los datos, las cadenas de valor y el talento circulan más allá de las fronteras? La respuesta ya no podrá ser exclusivamente ideológica. Deberá ser institucional, tecnológica, económica y profundamente humana. Venezuela puede optar por considerar esta transformación una amenaza contra su identidad o una oportunidad para reconstruir un poder adaptado a las nuevas realidades. En el primer caso, intentará restaurar un pasado que ya no existe; en el segundo, utilizará los recursos del pasado para construir las capacidades del futuro.

La verdadera pregunta ya no es solamente qué moneda utilizarán mañana los venezolanos, sino qué economía construirán alrededor de esa moneda, qué instituciones establecerán para protegerla, qué competencias transmitirán a sus hijos y qué lugar elegirán ocupar en la nueva geografía mundial. Venezuela no puede decidir por sí sola la transformación del sistema internacional, pero sí puede decidir la calidad de su propia respuesta. No puede impedir el avance de la inteligencia artificial, la competencia entre las grandes potencias o la fragmentación de las cadenas económicas mundiales, pero puede decidir no permanecer tecnológicamente pasiva. No puede controlar las decisiones de Washington, Pekín, Nueva Delhi, Moscú o Bruselas, pero sí puede fortalecer su capacidad para negociar con cada uno de ellos.

Ahí se encuentra, finalmente, la verdadera ruptura histórica. Venezuela no necesita únicamente una nueva política monetaria; necesita una nueva concepción del poder nacional. Un poder basado menos en la renta y más en la productividad; menos en la confrontación ideológica y más en la capacidad de negociación; menos en la dependencia de un socio y más en la diversificación; menos en la conservación de las categorías del siglo XX y más en la preparación para las realidades civilizacionales del siglo XXI.

El país no tiene que ser menos venezolano para entrar en este nuevo mundo. Tiene que ser suficientemente fuerte, competente y seguro de sí mismo para entrar en él sin perder el control de su propio destino. Solo bajo esa condición la actual crisis monetaria podrá dejar de ser únicamente la historia de una moneda que perdió su valor y convertirse en la historia mucho más importante de una nación que recuperó la capacidad de crear el suyo.

CONCLUSIÓN GENERAL: VENEZUELA EN EL UMBRAL DE UN CAMBIO DE ÉPOCA

La hipótesis de una adopción plena del dólar estadounidense por parte de Venezuela podría, a primera vista, parecer una cuestión estrictamente monetaria. Sin embargo, su alcance es mucho mayor. Si una reforma de este tipo llegara a adoptarse, no constituiría simplemente una modificación del medio de pago utilizado por empresas y hogares; marcaría la culminación institucional de un proceso de transformación económica que, en la práctica, lleva varios años en marcha. El debate actual gira precisamente en torno a esta diferencia entre una dolarización de facto, surgida de las decisiones de los agentes económicos ante el colapso de la confianza en el bolívar, y una dolarización de jure, que requeriría una decisión política y jurídica de gran alcance. La actualidad reciente demuestra que el tema ha avanzado lo suficiente como para ser discutido en el ámbito institucional, dado que Steve Hanke ha sido convocado como asesor de un miembro importante de la Asamblea Nacional y trabaja en una propuesta destinada a adoptar plenamente el dólar; pero, a estas alturas, nada permite presentar esta hipótesis como una decisión definitivamente adoptada por el Estado venezolano.

Esta precisión no constituye una simple precaución de estilo. Está en el centro de la credibilidad del dossier. En períodos de profundas transformaciones económicas y políticas, un rumor suficientemente repetido puede adquirir rápidamente la apariencia de un hecho establecido. Sin embargo, el periodismo y el análisis de nivel internacional deben precisamente resistir esta confusión. Venezuela sigue siendo, jurídicamente, un Estado dotado de su propia moneda y de su propia arquitectura monetaria; la cuestión que hoy se plantea es si esa arquitectura podría ser profundamente transformada. La diferencia entre afirmar que «Venezuela abandona el bolívar» y señalar que «Venezuela estudia seriamente un proyecto para abandonar el bolívar» no es, por tanto, secundaria. Es la frontera entre el hecho verificable y la proyección política.

El fenómeno que, sin embargo, hace creíble esta hipótesis es el deterioro prolongado de las funciones monetarias del bolívar. Los datos disponibles muestran una depreciación muy significativa de la moneda durante 2026. Según los datos de la Reserva Federal de Estados Unidos recopilados por FRED, el promedio mensual pasó de 445,53 bolívares por dólar en marzo de 2026 a 713,40 en julio; los datos diarios ya situaban la cotización en 744,76 a finales de julio. Los datos de mercado de Yahoo Finance señalaban todavía un tipo de cambio superior a 780 bolívares por dólar el 24 de agosto de 2026. Estas cifras no constituyen simplemente una serie estadística. Narran la historia de una moneda cuya capacidad para funcionar como reserva de valor y como referencia estable para las decisiones económicas se ha debilitado considerablemente.

Es precisamente aquí donde comienza la verdadera cuestión política. Cuando una población deja progresivamente de utilizar su moneda nacional como principal reserva de valor, no necesariamente está renunciando a su identidad nacional; está intentando, ante todo, proteger el fruto de su trabajo. La moneda se convierte entonces en el espacio donde se manifiesta una crisis de confianza mucho más profunda. El trabajador que intenta conservar una parte de sus ingresos en una divisa más estable, la empresa que fija sus precios en función del dólar, el propietario que valora su patrimonio en otra unidad de cuenta y el comerciante que calcula sus decisiones en función del costo de reposición de sus mercancías participan todos, sin necesariamente proponérselo, en una transformación del sistema monetario. La dolarización de facto aparece así menos como una doctrina económica impuesta por un gobierno que como el resultado acumulado de miles de decisiones individuales.

Esta dinámica explica por qué la hipótesis defendida por Steve Hanke merece ser analizada seriamente, incluso por quienes no comparten su propuesta. Su argumento sostiene que la adopción plena del dólar eliminaría el riesgo de una creación monetaria destinada a financiar los déficits públicos y permitiría así restablecer la estabilidad de precios. También considera que una estabilización monetaria podría reducir las tasas de interés, favorecer la inversión y contribuir a la recuperación de la producción petrolera. Pero estos efectos no son automáticos. Dependen de la capacidad de Venezuela para sanear sus finanzas públicas, restablecer su sistema bancario, atraer inversiones productivas y reconstruir las infraestructuras necesarias para una economía moderna.

La dolarización no sería, por tanto, el final de la crisis venezolana; en el mejor de los casos, sería una modificación del marco dentro del cual esa crisis tendría que ser abordada. Podría eliminar determinados instrumentos de política monetaria, pero no eliminaría la deuda, los déficits, los problemas de infraestructura, las debilidades institucionales ni la dependencia del petróleo. Tampoco crearía, por sí misma, las capacidades científicas y tecnológicas necesarias para transformar el país. Podría proporcionar un ancla monetaria; no podría proporcionar en lugar de Venezuela una estrategia nacional de desarrollo.

Esta distinción es fundamental porque permite superar las dos lecturas ideológicas que suelen dominar los debates sobre la dolarización. La primera consiste en considerar cualquier adopción del dólar como una capitulación nacional. La segunda consiste en presentar la dolarización como una solución universal capaz de resolver por sí sola los desequilibrios económicos. Ambas perspectivas son insuficientes. Una moneda es un instrumento económico e institucional; su eficacia depende del entorno en el que funciona. Una economía puede estar dolarizada y prosperar, del mismo modo que puede estar dolarizada y continuar enfrentándose a graves problemas estructurales. De igual manera, disponer de una moneda nacional puede constituir un instrumento útil de política económica cuando las instituciones son creíbles, pero convertirse en una fuente de vulnerabilidad cuando se utiliza para financiar de manera permanente los desequilibrios.

Venezuela se encuentra, por tanto, ante una elección que trasciende ampliamente la oposición entre bolívar y dólar. Debe decidir entre distintas concepciones de su futuro económico. La primera consistiría en intentar restaurar la moneda nacional, en su forma actual o bajo una fórmula reformada, reconstruyendo progresivamente la credibilidad del banco central y de las finanzas públicas. La segunda sería institucionalizar una dolarización que ya está ampliamente presente en determinados segmentos de la economía. La tercera consistiría en mantener un sistema híbrido en el que el dólar desempeñe un papel central mientras el bolívar continúe siendo la moneda nacional. Cada una de estas opciones presenta ventajas, costos y condiciones de éxito diferentes. Ninguna puede ser evaluada al margen del marco fiscal, bancario, productivo e institucional que la acompañe.

Pero detrás de esta elección monetaria existe una cuestión aún más profunda: ¿qué concepción de la soberanía quiere proyectar Venezuela en el siglo XXI?

Durante gran parte del siglo XX, la soberanía económica se concebía a través del control directo de los instrumentos nacionales. Poseer una moneda propia, controlar los bancos, proteger las industrias, explotar los recursos naturales y disponer de una política económica autónoma constituían signos fundamentales de independencia. Esta concepción correspondía a una época en la que las economías estaban menos integradas, las tecnologías circulaban más lentamente y las cadenas internacionales de producción eran mucho menos complejas.

El siglo XXI ha modificado profundamente esta arquitectura. Una empresa puede ser jurídicamente venezolana y, al mismo tiempo, depender de programas informáticos extranjeros, servidores internacionales, componentes asiáticos, financiación denominada en dólares y mercados situados en varios continentes. Un banco puede estar situado en Caracas y, sin embargo, estar conectado con infraestructuras financieras internacionales. Una empresa petrolera puede disponer de enormes reservas, pero depender de equipos, capitales, tecnologías y conocimientos procedentes de varios países. Una universidad puede formar a sus estudiantes localmente mientras utiliza infraestructuras digitales diseñadas en otras partes del mundo. La soberanía no desaparece; cambia de naturaleza.

Esta es probablemente una de las conclusiones más importantes de todo este estudio. La soberanía del siglo XXI ya no puede medirse únicamente por el número de instrumentos que el Estado posee jurídicamente. Debe medirse por las capacidades reales de las que dispone una nación para decidir, producir, aprender, negociar y resistir las perturbaciones externas. Una moneda nacional sin credibilidad puede ser un símbolo de soberanía, pero también una fuente de fragilidad. A la inversa, una moneda extranjera utilizada dentro de un marco institucional estable puede reducir determinados márgenes de maniobra monetaria y, al mismo tiempo, contribuir a la estabilidad económica. El verdadero debate debe centrarse, por tanto, en la relación entre soberanía formal y capacidad efectiva.

Esta transformación trasciende a Venezuela. Afecta a buena parte del mundo en desarrollo. Los Estados del Sur Global se enfrentan simultáneamente a una nueva revolución tecnológica, al ascenso de la inteligencia artificial, a la reorganización de las cadenas industriales, a la competencia entre Estados Unidos y China, a la transformación de los mercados energéticos, a la evolución de los flujos financieros y a una nueva geografía de las inversiones. Algunos países disponen de abundantes recursos naturales, pero permanecen rezagados en tecnologías avanzadas. Otros cuentan con poblaciones jóvenes, pero tienen dificultades para transformar ese recurso demográfico en capital humano. Algunos atraen inversiones, pero siguen dependiendo de tecnologías extranjeras. La verdadera fractura internacional del siglo XXI podría ser, por tanto, menos la que separa simplemente a los países ricos de los países pobres que aquella que divide a las sociedades capaces de aprender, innovar y adaptarse de aquellas que permanecen atrapadas en modelos económicos progresivamente obsoletos.

Aquí es donde la inteligencia artificial introduce una ruptura adicional. Las tecnologías digitales ya no transforman únicamente la manera en que las empresas se comunican o comercializan sus productos; comienzan a modificar la producción, la investigación, las finanzas, la salud, la educación, la administración pública y la defensa. Los países que dominan las infraestructuras necesarias para esta revolución acumulan una ventaja que puede volverse acumulativa. Atraen capitales, investigadores, empresas y talento, lo que refuerza todavía más su capacidad de innovación. Los países que permanecen al margen corren, por el contrario, el riesgo de convertirse cada vez más en consumidores de tecnologías diseñadas en otros lugares.

Venezuela deberá, por tanto, considerar la transformación digital como una cuestión de desarrollo nacional y no como un simple sector económico entre otros. La reconstrucción de sus universidades, la formación científica, las infraestructuras digitales, la ciberseguridad, la gestión de datos, los servicios públicos digitales y la utilización de la inteligencia artificial en la energía, la agricultura, la salud y la educación deberán convertirse progresivamente en componentes de su política de soberanía. El país no puede, evidentemente, reproducir en todos los ámbitos las capacidades tecnológicas de China, Estados Unidos, India o Corea del Sur. Pero sí puede determinar los sectores en los que resulta indispensable contar con una capacidad nacional mínima y construir asociaciones internacionales en torno a esas prioridades.

La misma lógica debe aplicarse a la geopolítica. El mundo contemporáneo ya no está organizado según bloques tan rígidos como los de la Guerra Fría. Las grandes potencias cooperan en determinados ámbitos y compiten en otros. India puede profundizar su relación con Washington mientras mantiene importantes vínculos con Moscú y participa en los BRICS. Corea del Sur puede ser un aliado estratégico de Estados Unidos y, al mismo tiempo, defender sus propios intereses industriales y comerciales. Los países del Golfo desarrollan simultáneamente sus relaciones con Washington, Pekín, Nueva Delhi y otros socios. China desarrolla relaciones comerciales con países que, a su vez, mantienen vínculos estrechos con Estados Unidos. Rusia conserva redes de influencia pese a las restricciones derivadas de la guerra en Ucrania.

Esta nueva geografía no significa que las relaciones de poder hayan desaparecido. Significa que los Estados disponen de un mayor número de estrategias intermedias. La capacidad de negociación se convierte así en un componente esencial de la soberanía. Venezuela podría beneficiarse de esta situación si dejara de concebir su política exterior principalmente en términos de alineamiento ideológico. Sus intereses energéticos, comerciales, geográficos y tecnológicos deberían orientar una política exterior suficientemente flexible como para dialogar con múltiples centros de poder.

Desde esta perspectiva, la relación con Estados Unidos es inevitable, pero no debería constituir el único horizonte de la política exterior venezolana. China representa un importante socio económico, pero no debería convertirse en una nueva dependencia. India constituye una gran potencia tecnológica y demográfica con la que podrían desarrollarse nuevas formas de cooperación. Brasil representa un socio regional natural. Colombia posee una importancia particular debido a la frontera y a los vínculos humanos y comerciales. El Caribe constituye un espacio geográfico al que Venezuela pertenece histórica y económicamente. Europa sigue siendo un importante centro financiero, industrial y tecnológico. La diversificación de estas relaciones podría proporcionar a Caracas un margen de maniobra superior al de una estrategia basada en una alianza exclusiva.

La cuestión petrolera se encuentra en el centro de esta ecuación. Venezuela posee un enorme potencial energético, pero la existencia de reservas no garantiza automáticamente la producción. Las infraestructuras, las inversiones, las tecnologías, las capacidades profesionales y el entorno regulatorio determinan la capacidad de transformar las reservas en ingresos. La verdadera estrategia debería consistir, por tanto, en utilizar la reconstrucción del sector energético como plataforma para financiar una diversificación económica progresiva. El petróleo ya no debería ser únicamente el destino final de la estrategia económica; debería convertirse en uno de sus instrumentos de financiación.

El país también debe pensar en lo que vendrá después de la renta petrolera. La transición energética mundial no implicará necesariamente una desaparición rápida del petróleo, pero modificará progresivamente la estructura de la demanda, las normas medioambientales, las tecnologías y las inversiones. Una Venezuela que reconstruyera su economía exclusivamente alrededor de una nueva fase petrolera correría el riesgo de reproducir la vulnerabilidad que ya la ha debilitado. La verdadera oportunidad consiste en utilizar los recursos disponibles hoy para preparar los sectores que serán competitivos mañana.

La dimensión humana será, finalmente, la que determine el éxito o el fracaso de cualquier reconstrucción. Un país no se recupera únicamente con capitales e infraestructuras. Se recupera con personas capaces de utilizarlos, mantenerlos, mejorarlos y crear nuevas actividades. Venezuela deberá, por tanto, considerar a su diáspora no solo como una consecuencia de la crisis, sino como un componente potencial de su reconstrucción. Las capacidades adquiridas en el extranjero, las redes profesionales, las experiencias empresariales y los conocimientos científicos pueden contribuir a reconectar al país con los grandes centros económicos del mundo.

Esta cuestión es inseparable de la juventud. Las nuevas generaciones no vivirán el siglo XXI con las mismas referencias que estructuraron los grandes enfrentamientos ideológicos del siglo anterior. Su relación con la política estará influida por la tecnología digital, la movilidad internacional, las redes sociales, la inteligencia artificial y la transformación del trabajo. Juzgarán cada vez más al Estado por su capacidad para ofrecerles una posibilidad real de construir su futuro. El patriotismo capaz de movilizarlas será, por tanto, menos el de los discursos que el de los resultados.

Es precisamente aquí donde debemos situar la ruptura ideológica y civilizatoria que atraviesa todo este dossier. Venezuela no solo se enfrenta al agotamiento de un modelo monetario; se enfrenta también al agotamiento de determinadas categorías intelectuales heredadas del siglo XX. Esto no significa que todos los valores o todas las experiencias de ese siglo deban ser rechazados. Significa que las respuestas políticas deben adaptarse ahora a un entorno radicalmente diferente. Las sociedades del siglo XXI funcionan dentro de redes globales, utilizan tecnologías que evolucionan a una velocidad extraordinaria y deben afrontar desafíos que las generaciones anteriores no podían prever.

La historia del bolívar podría convertirse así en el símbolo de una transición mucho más amplia. Durante décadas, la moneda nacional representó una expresión visible de la autonomía económica. Su depreciación progresiva ha mostrado los límites de esta soberanía cuando no está respaldada por instituciones suficientemente sólidas. Si Venezuela finalmente decidiera sustituir el bolívar por el dólar, esta decisión no debería interpretarse únicamente como el abandono de un símbolo. También podría entenderse como el reconocimiento institucional de una realidad ya ampliamente presente en determinadas prácticas económicas. Pero este reconocimiento solo tendría sentido si fuera acompañado por una reconstrucción mucho más ambiciosa de la capacidad nacional.

La verdadera renovación venezolana no podría ser, por tanto, únicamente monetaria. Debería ser institucional, productiva, tecnológica, educativa, energética y humana. El país tendría que reconstruir la confianza en sus instituciones, restaurar sus infraestructuras, modernizar su economía, fortalecer sus universidades, atraer inversiones productivas, reconectar a su diáspora y preparar a sus jóvenes para una economía dominada por el conocimiento y las tecnologías digitales.

La cuestión esencial, en última instancia, no es saber si Venezuela conservará eternamente el bolívar o adoptará oficialmente el dólar. La cuestión esencial es saber si el país logrará construir una economía suficientemente productiva, diversificada y tecnológicamente capaz para que la moneda deje de ser la principal preocupación cotidiana de sus ciudadanos. Una sociedad próspera no piensa constantemente en la supervivencia de su moneda; utiliza la moneda como un instrumento ordinario de la vida económica. Cuando la moneda se convierte en una fuente permanente de angustia, queda claro que ya no se trata únicamente de un problema monetario.

Venezuela se encuentra, por tanto, en un momento en el que una decisión económica podría convertirse en el símbolo de una transición histórica. Pero esa transición solo tendrá éxito si permite al país pasar de una lógica de supervivencia a una lógica de construcción. La eventual desaparición del bolívar no sería ni el comienzo ni el final de la historia. Sería uno de los marcadores visibles de una transformación mucho más profunda: el paso de una Venezuela organizada alrededor de la renta, la moneda y el enfrentamiento ideológico hacia una Venezuela obligada a pensar en términos de productividad, capacidades, tecnología, diversificación y poder negociado.

Tal vez esa sea la verdadera lección de esta crisis. La soberanía no desaparece cuando un país cambia de moneda; desaparece cuando una sociedad deja de poseer las capacidades necesarias para decidir su futuro. A la inversa, una nación puede atravesar una profunda transformación monetaria y, al mismo tiempo, reconstruir una soberanía más moderna, siempre que desarrolle las instituciones, las capacidades y las infraestructuras que le permitan ejercer control sobre su destino en un mundo interdependiente.

Venezuela no podrá detener la transformación del mundo. No podrá impedir la competencia entre Washington y Pekín, frenar la revolución de la inteligencia artificial, modificar por sí sola los mercados energéticos ni restaurar el orden internacional del siglo XX. Pero sí puede elegir la manera en que entrará en el nuevo siglo. Puede seguir buscando en los conflictos ideológicos del pasado las respuestas a los problemas del presente, o aceptar que el verdadero desafío consiste ahora en construir una capacidad nacional suficientemente sólida para negociar con todas las potencias sin depender completamente de ninguna.

La elección histórica de Venezuela, por tanto, no será simplemente monetaria. Será generacional, institucional y civilizatoria. Y precisamente por ello, el debate en torno al bolívar merece ser observado mucho más allá de las fronteras venezolanas. Anuncia quizá una cuestión que progresivamente afectará a muchos otros Estados: en un mundo donde la tecnología, las finanzas, la energía y los datos se convierten en las nuevas infraestructuras del poder, ¿qué significa todavía ser soberano? La respuesta probablemente no se encontrará en el regreso al pasado. Se encontrará en la capacidad de construir el futuro.

LAS CUATRO TRAYECTORIAS DE VENEZUELA HACIA 2030: ENTRE ESTABILIZACIÓN, DOLARIZACIÓN, FRAGMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

El futuro monetario de Venezuela no puede resumirse en una oposición simplista entre mantener el bolívar y adoptar el dólar. El debate que se aceleró en agosto de 2026 muestra, por el contrario, que se está configurando una cuestión mucho más amplia en torno a la reconstrucción económica del país. Steve Hanke ha confirmado que preparó un proyecto de ley de dolarización y sostiene que este convertiría las cuentas denominadas en bolívares a dólares según un tipo de conversión determinado, al tiempo que limitaría fuertemente la capacidad del Banco Central de Venezuela para aplicar una política monetaria discrecional. Ahora precisa que su proyecto no contempla necesariamente la desaparición institucional del banco central, a diferencia de la presentación inicial realizada por Fortune. Esta evolución es importante para nuestro análisis porque demuestra que el propio debate todavía está en construcción y que sería prematuro presentar una arquitectura definitiva como una decisión del Estado.

La primera trayectoria posible es la de una estabilización pragmática sin una ruptura monetaria inmediata. En este escenario, Caracas mantendría el bolívar al tiempo que reconocería el papel cada vez más importante del dólar en la economía real. El objetivo sería restaurar progresivamente la credibilidad monetaria, reducir los déficits, limitar la creación monetaria destinada a financiar al sector público y fortalecer las instituciones financieras. Esta estrategia tendría la ventaja de preservar una capacidad nacional de política monetaria, pero exigiría precisamente aquello que más ha faltado al sistema durante las últimas décadas: una confianza suficientemente sólida para convencer a hogares y empresas de mantener sus activos en la moneda nacional. El problema no sería, por tanto, simplemente técnico. Sería psicológico, institucional y político. Una moneda puede mantenerse legalmente mediante decreto; pero no puede hacerse creíble por decreto si los agentes económicos ya anticipan su depreciación.

Esta primera trayectoria tendría, sin embargo, una lógica. Mantener una moneda nacional permitiría al gobierno conservar un prestamista de última instancia, un instrumento de gestión de liquidez y una capacidad de intervención ante perturbaciones económicas. Este es precisamente uno de los argumentos que alimentan las reservas expresadas por algunos economistas venezolanos frente a una dolarización integral. La cuestión, por tanto, no es saber si una moneda nacional es intrínsecamente mejor que una moneda extranjera, sino determinar si las instituciones capaces de hacerla creíble pueden reconstruirse con suficiente rapidez. Si la respuesta es positiva, mantener el bolívar podría convertirse en un instrumento de reconstrucción. Si es negativa, conservar el símbolo monetario sin restaurar su credibilidad podría prolongar la inestabilidad. El debate público venezolano refleja precisamente esta tensión.

La segunda trayectoria es la de una dolarización oficial e institucional. Representaría la ruptura más espectacular con la arquitectura monetaria heredada del siglo XX. El dólar ya está ampliamente presente en las transacciones y prácticas económicas venezolanas, fenómeno que suele describirse como dolarización espontánea o de facto. La propuesta de Hanke buscaría transformar esta realidad social y comercial en un marco jurídico. El proceso sería, por tanto, menos el de una economía que descubre súbitamente el dólar que el de una economía que oficializa un proceso ya ampliamente avanzado. Fortune considera que la propuesta podría representar uno de los cambios monetarios más importantes desde la introducción del euro, mientras que Hanke estima por su parte entre un 50 % y un 80 % la probabilidad de que su proyecto sea adoptado. Esta estimación pertenece, naturalmente, al autor del proyecto y no debe confundirse con una probabilidad institucional independiente.

La principal ventaja de esta trayectoria sería la posibilidad de establecer rápidamente una unidad de cuenta más estable y reducir el riesgo de nuevas depreciaciones vinculadas a la emisión monetaria nacional. Pero la misma decisión generaría una restricción considerable: Caracas dejaría de disponer de una política monetaria autónoma comparable a la de un Estado con una moneda plenamente independiente. La política monetaria estadounidense se determinaría en Washington de acuerdo con las condiciones de la economía estadounidense y no según las necesidades específicas de Venezuela. La cuestión pasaría entonces a ser la capacidad de adaptación fiscal y productiva. Una economía dolarizada debe disponer de mecanismos capaces de absorber las perturbaciones por vías distintas de la depreciación de su moneda. Esto requiere finanzas públicas creíbles, un sistema bancario sólido, una economía capaz de exportar y una movilidad suficiente del capital y del trabajo.

La tercera trayectoria es la de una dolarización híbrida o informal de larga duración. Podría aparecer si el debate político no permitiera ni una recuperación completa del bolívar ni la adopción oficial del dólar. Venezuela continuaría funcionando con varios niveles monetarios: el dólar como reserva de valor y como instrumento privilegiado para numerosas transacciones, el bolívar para determinados gastos públicos y obligaciones internas, y los instrumentos digitales vinculados al dólar para una parte de las transferencias y los pagos. Este escenario podría parecer menos espectacular que una reforma oficial, pero presentaría un riesgo particular: prolongar una arquitectura monetaria ambigua sin resolver plenamente los problemas institucionales.

Una situación de este tipo puede volverse duradera cuando los agentes económicos ya han modificado sus comportamientos, pero el derecho y las instituciones no han evolucionado al mismo ritmo. La moneda oficial subsiste, pero otra moneda se convierte progresivamente en la unidad de referencia de la economía privada. El resultado puede ser una forma de dualidad permanente en la que empresas y hogares deben gestionar varias unidades de cuenta, varios riesgos y diferentes mecanismos de conversión. Esta configuración puede ofrecer cierta flexibilidad a corto plazo, pero complica la política económica y dificulta la lectura de la situación financiera real de hogares y empresas. Venezuela podría permanecer entonces en una zona monetaria intermedia, sin verdadera soberanía sobre su política monetaria y sin una integración completa en un régimen de dolarización institucional.

La cuarta trayectoria es la de una reconstrucción económica e institucional más amplia, en la que la cuestión monetaria quedaría integrada dentro de un proyecto nacional mucho más ambicioso. En este escenario, Venezuela no buscaría únicamente estabilizar los precios o restaurar la confianza en los pagos. Utilizaría la estabilización monetaria, cualquiera que fuese finalmente su forma, como el primer nivel de una reconstrucción productiva. La energía, la industria, la agricultura, las infraestructuras, el transporte, las telecomunicaciones, la educación, la investigación y las tecnologías digitales se convertirían en los principales ejes de una estrategia destinada a transformar la renta en capacidad productiva.

Probablemente esta cuarta trayectoria sea la que presenta mayor interés estratégico, porque permite superar la alternativa demasiado estrecha entre soberanía monetaria y estabilidad monetaria. El verdadero objetivo debería ser la construcción de una soberanía productiva. Un país que produce lo suficiente, exporta lo suficiente, forma suficientes capacidades profesionales y controla suficientemente sus infraestructuras esenciales dispone de una capacidad de negociación mucho mayor que un país que posee jurídicamente una moneda nacional pero depende masivamente de ingresos externos, tecnologías extranjeras y fuentes de financiación que no controla.

La elección entre estas cuatro trayectorias dependerá de varias variables que no son exclusivamente monetarias. La primera será la capacidad del Estado para restaurar la disciplina fiscal. La segunda será la reconstrucción del sector energético. La tercera será la reestructuración de la deuda. La cuarta será la reforma del sistema bancario. La quinta será la capacidad de atraer inversiones privadas de largo plazo. La sexta será la reconstrucción del capital humano. La séptima será la calidad de las instituciones. La octava será la capacidad de insertar a Venezuela en una economía mundial transformada por la tecnología digital y la inteligencia artificial.

El sector petrolero será particularmente determinante. Según Fortune, la producción venezolana sigue muy por debajo de su nivel de finales de la década de 1990 y la deuda del país se sitúa en torno a 250.000 millones de dólares según las estimaciones citadas por el artículo. Hanke considera que el aumento de la producción petrolera podría proporcionar los recursos necesarios para reestructurar esa deuda y atraer mayores volúmenes de capital extranjero. Estas proyecciones, sin embargo, son hipótesis estratégicas y no resultados garantizados. Presuponen una mejora considerable de las infraestructuras, las condiciones de inversión, la gobernanza del sector y el acceso a los mercados.

Venezuela deberá, por tanto, evitar un error histórico: creer que una mejora de los ingresos petroleros bastaría por sí sola para resolver sus problemas estructurales. Un aumento de la producción podría generar divisas adicionales, facilitar el servicio de la deuda y fortalecer las reservas externas. Pero si esos ingresos se reinvierten simplemente en un modelo económico altamente dependiente de la renta, el país podría reproducir el mismo ciclo bajo una nueva forma. La reconstrucción petrolera debería, por tanto, concebirse como una fuente de financiación para la diversificación y no como una justificación adicional de la dependencia.

El mismo principio se aplica a la dolarización. Si el dólar se convierte oficialmente en la moneda dominante pero el país sigue siendo estructuralmente improductivo, la estabilidad monetaria no será suficiente. Incluso podría hacer más visibles determinadas debilidades que antes quedaban ocultas por los mecanismos cambiarios. Una economía no se vuelve competitiva simplemente porque su unidad de cuenta sea estable. La productividad, la calidad de las infraestructuras, la formación, la seguridad jurídica, el acceso al capital y la capacidad de innovación siguen siendo los determinantes fundamentales del crecimiento a largo plazo.

El escenario de reconstrucción exige asimismo repensar el papel del Estado. La crisis venezolana se ha analizado con frecuencia a través de la oposición entre intervención pública y economía de mercado. Esta oposición resulta cada vez menos pertinente cuando se observan las economías contemporáneas de mayor desempeño. Estados Unidos, China, India, Corea del Sur y las grandes economías europeas combinan, según modelos diferentes, mercado, intervención pública, política industrial, inversión estratégica y apoyo a la innovación. Venezuela tendrá, por tanto, que construir su propio equilibrio en lugar de reproducir mecánicamente un modelo extranjero.

Esta observación nos devuelve a la cuestión civilizatoria desarrollada en la conclusión anterior. El siglo XXI no exige necesariamente menos Estado; exige un Estado diferente. Un Estado capaz de producir reglas fiables, proteger los contratos, construir infraestructuras, invertir en educación, desarrollar capacidades digitales, proteger los datos y organizar asociaciones internacionales. El poder público ya no puede medirse únicamente por el volumen del gasto o por el control administrativo de la economía. Debe medirse por su capacidad para crear las condiciones en las que una sociedad pueda aprender, producir e innovar.

Por esta misma razón, la comparación con Ecuador, Panamá u otras economías que han adoptado el dólar debe realizarse con prudencia. Una moneda común no produce automáticamente los mismos resultados en entornos institucionales diferentes. La historia, la estructura productiva, la demografía, los recursos naturales, la deuda, la geografía y las relaciones internacionales modifican profundamente las condiciones de éxito. Venezuela posee una característica que muchas economías dolarizadas no tienen a la misma escala: una enorme base de recursos energéticos. Pero también presenta una debilidad excepcional: la profundidad de la desorganización institucional y productiva acumulada durante varias décadas de crisis.

La trayectoria hacia 2030 dependerá, por tanto, menos del carácter espectacular de la decisión monetaria que de la capacidad para coordinar varias transformaciones simultáneas. Una reforma monetaria sin reforma fiscal sería insuficiente. Una reforma fiscal sin reconstrucción productiva sería frágil. Una reconstrucción petrolera sin diversificación reproduciría la dependencia. Una apertura a las inversiones sin seguridad jurídica generaría un crecimiento oportunista en lugar de una transformación sostenible. Una estrategia digital sin reforma educativa permanecería en la superficie. Y una política exterior sin diversificación de alianzas podría transformar una dependencia antigua en una dependencia nueva.

Venezuela deberá, por consiguiente, elegir una trayectoria global en lugar de una medida aislada. El debate sobre el dólar es importante precisamente porque revela todas estas interdependencias. Detrás de la cuestión monetaria se encuentran la deuda, el petróleo, los bancos, la inversión, la soberanía, la política exterior, la tecnología, la juventud y la diáspora. Una decisión monetaria puede convertirse así en un revelador de la capacidad de un Estado para emprender una reconstrucción mucho más amplia.

De aquí a 2030, el mejor escenario no será necesariamente aquel en el que Venezuela simplemente haya adoptado el dólar, conservado el bolívar o creado una nueva arquitectura monetaria. Será aquel en el que el país haya logrado restaurar la confianza, aumentar la productividad, diversificar sus exportaciones, reconstruir su capital humano y transformar sus recursos naturales en inversiones de largo plazo. La moneda habrá recuperado entonces su función esencial: ser un instrumento al servicio de la economía y no el espejo cotidiano de su inestabilidad.

El verdadero punto de inflexión histórico podría producirse cuando Venezuela deje de pedir a su moneda que resuelva problemas que solo una transformación de la economía puede resolver. La moneda puede estabilizar los precios; no puede producir ingenieros. Puede facilitar las inversiones; no puede construir infraestructuras. Puede reducir la incertidumbre; no puede sustituir a las instituciones. Puede crear una unidad de cuenta estable; no puede crear una estrategia nacional.

Por eso, las cuatro trayectorias que acabamos de establecer no deben considerarse cuatro destinos completamente separados. Pueden sucederse o combinarse. Una dolarización oficial podría ser seguida por una reconstrucción productiva. Una estabilización del bolívar podría evolucionar hacia una mayor convertibilidad. Un período híbrido podría desembocar finalmente en una decisión institucional. El factor determinante será la capacidad política para transformar una decisión puntual en una estrategia coherente.

Venezuela entra así en un período en el que la estabilidad monetaria ya no será el destino final, sino el punto de partida. La cuestión decisiva será saber qué hará el país con esa eventual estabilidad. Si la utiliza para reconstruir sus capacidades productivas, formar a su juventud, reconectar a su diáspora, modernizar su industria energética e integrarse en la economía digital, la ruptura monetaria podría convertirse en el comienzo de una renovación. Si la considera una solución suficiente, corre el riesgo de convertirse simplemente en un paréntesis dentro de una historia de dependencia.

La verdadera fecha límite, por tanto, no es únicamente 2026. Es 2030 y, posteriormente, 2035. Será en ese horizonte temporal donde se medirá el alcance histórico de la decisión actual. Venezuela no está eligiendo simplemente una moneda; está eligiendo el marco dentro del cual intentará volver a convertirse en una potencia económica, energética, tecnológica y regional. Y precisamente esta cuestión abre la siguiente etapa de nuestro análisis: Venezuela 2035: ¿qué potencia?

VENEZUELA 2035: ¿QUÉ POTENCIA EN UN MUNDO QUE CAMBIA DE CENTRO?

Imaginar la Venezuela de 2035 no consiste en prolongar mecánicamente las tendencias observadas hoy. Un método semejante sería insuficiente para un país cuya historia reciente ha estado marcada por rupturas monetarias, políticas, energéticas y sociales de una magnitud excepcional. La pregunta pertinente, por tanto, no es simplemente cuánto petróleo producirá Venezuela, cuál será el tipo de cambio de su moneda o qué gobierno estará en el poder dentro de algunos años. Hay que plantear una cuestión más exigente: ¿qué forma de poder podrá ejercer una Venezuela reconstruida en un sistema internacional que, de aquí a 2035, probablemente será más fragmentado, más digital, más competitivo y estará organizado en mayor medida alrededor de múltiples centros de decisión?

La respuesta exige, ante todo, abandonar una concepción antigua del poder. Durante gran parte del siglo XX, el poder de un Estado estaba asociado principalmente a su territorio, su población, sus recursos naturales, sus fuerzas armadas, su industria pesada y su capacidad para controlar flujos estratégicos. Estos elementos siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes. El poder contemporáneo depende también de la capacidad para dominar las infraestructuras digitales, los datos, las tecnologías críticas, las cadenas logísticas, los sistemas financieros, las competencias científicas y las redes diplomáticas. Un Estado relativamente poco poblado puede ejercer una influencia considerable si controla una tecnología estratégica o ocupa una posición esencial en las cadenas mundiales de valor. Por el contrario, un país dotado de enormes recursos naturales puede seguir siendo vulnerable si depende de tecnologías, capitales y mercados que no controla.

Venezuela posee, sin embargo, una ventaja que pocos países pueden reproducir: una combinación excepcional de recursos energéticos, posición geográfica, potencial agrícola, acceso al Caribe, proximidad a América del Norte y profundidad territorial sudamericana. Esta combinación todavía no constituye un poder efectivo, porque un recurso potencial solo adquiere valor geopolítico cuando un Estado posee las capacidades institucionales, financieras y tecnológicas necesarias para explotarlo. Pero ofrece a Venezuela una base a partir de la cual podría reconstruirse una estrategia de poder.

La primera dimensión de ese poder seguirá siendo energética. El petróleo probablemente seguirá siendo importante más allá de 2035, incluso en un contexto de transición energética mundial. La desaparición rápida de la demanda mundial de petróleo no constituye un escenario suficientemente sólido como para justificar una estrategia basada en esa hipótesis. En cambio, la estructura del mercado energético podría evolucionar profundamente. Los productores capaces de suministrar volúmenes competitivos, con costos controlados y una elevada seguridad de abastecimiento, conservarán importancia estratégica. Venezuela podría, por tanto, beneficiarse de una ventana histórica para reconstruir su capacidad energética, pero esa ventana no será eterna.

La verdadera cuestión será determinar si el país logrará transformar sus recursos petroleros en capital de transición. Una estrategia inteligente consistiría en utilizar los ingresos energéticos para financiar infraestructuras, universidades, la digitalización de la economía, la diversificación industrial, los transportes y nuevas capacidades energéticas. El petróleo dejaría entonces de ser el centro permanente del modelo económico para convertirse en el financiamiento de una transición hacia un modelo más diversificado. Esta transformación sería probablemente una de las decisiones más importantes de la década.

La segunda dimensión será geográfica. Venezuela ocupa una posición particular entre América del Sur, el Caribe y el Atlántico. Esta posición podría adquirir mucha mayor importancia en un mundo donde la seguridad de las cadenas logísticas, la proximidad de los mercados y la diversificación de las rutas comerciales están cobrando una relevancia creciente. La fachada caribeña podría desarrollarse como una plataforma logística e industrial capaz de conectar los mercados sudamericanos, caribeños, norteamericanos y europeos. Los puertos, los corredores viales, las infraestructuras energéticas y las telecomunicaciones podrían transformar progresivamente esta geografía en una ventaja económica.

Una estrategia semejante exigiría, sin embargo, una profunda transformación de la relación de Venezuela con sus vecinos. El poder regional no se construye únicamente mediante el tamaño o los recursos. También se construye mediante la confianza. Venezuela deberá, por tanto, desarrollar una diplomacia económica mucho más previsible, particularmente con Colombia, Brasil, los países del Caribe y los socios norteamericanos. La estabilidad de sus fronteras, la fluidez de los intercambios y la cooperación energética podrían convertirse en instrumentos de poder mucho más eficaces que los enfrentamientos ideológicos.

Colombia ocupará un lugar particular en esta arquitectura. La frontera entre ambos países no es solamente una línea política; atraviesa un espacio humano, comercial y económico profundamente interconectado. Una mejora duradera de las relaciones bilaterales podría permitir el desarrollo de corredores comerciales, energéticos y logísticos capaces de beneficiar a ambas economías. Venezuela podría así transformar una frontera históricamente marcada por las tensiones en una infraestructura estratégica de desarrollo.

Brasil representa otra dimensión esencial. La proximidad geográfica, el tamaño del mercado brasileño, la complementariedad energética y agrícola, así como el peso político de Brasilia en América del Sur, convierten a Brasil en un socio ineludible. Una estrategia venezolana de largo plazo debería, por tanto, procurar construir con Brasil una relación basada en los intereses económicos y la estabilidad regional, más que en convergencias ideológicas temporales. Venezuela podría así participar en una nueva arquitectura sudamericana en la que los grandes Estados de la región buscaran coordinar en mayor medida sus infraestructuras, sus mercados y sus políticas energéticas.

La tercera dimensión del poder será financiera. Aquí es donde la cuestión de la dolarización recupera toda su importancia. Una Venezuela que utilice ampliamente el dólar podría beneficiarse de una mayor integración con los mercados financieros internacionales, siempre que las instituciones sean reformadas y se restablezca la confianza jurídica. Pero la dependencia de una moneda extranjera no debe confundirse con una debilidad absoluta. El verdadero problema sería determinar si el país posee suficientes capacidades financieras propias para movilizar el capital internacional en condiciones favorables.

La reconstrucción de un sistema financiero creíble será, por tanto, indispensable. Los bancos deberán poder funcionar en un entorno estable, los contratos deberán ser ejecutables, los derechos de propiedad deberán contar con una protección suficiente y los inversores deberán disponer de visibilidad a largo plazo. Sin estas condiciones, incluso una moneda estable será insuficiente para transformar los recursos naturales en inversiones sostenibles. El capital internacional es móvil; se dirige hacia los entornos en los que el riesgo resulta compatible con el rendimiento esperado.

La cuarta dimensión será tecnológica. Probablemente será esta la que determine más profundamente la diferencia entre una Venezuela simplemente estabilizada y una Venezuela verdaderamente transformada. Una economía puede reconstruir sus infraestructuras físicas sin conseguir cerrar su brecha tecnológica. Y la distancia tecnológica entre varias grandes potencias y buena parte del Sur Global podría aumentar aún más con la aceleración de la inteligencia artificial. Venezuela deberá, por tanto, evitar una estrategia basada exclusivamente en importar tecnologías. Tendrá que desarrollar una capacidad nacional para comprenderlas, adaptarlas, utilizarlas y, en determinados sectores prioritarios, producirlas.

Esta capacidad no exigirá convertirse en una potencia mundial de la inteligencia artificial. Una ambición semejante sería irrealista. Exigirá, más bien, seleccionar ámbitos en los que la IA pueda generar importantes beneficios para la economía nacional. La energía, la agricultura, la gestión del agua, la salud, los transportes, la administración pública, la educación, la seguridad de las infraestructuras y la gestión de los desastres naturales podrían constituir sectores prioritarios. Venezuela podría así transformar su retraso tecnológico en una oportunidad mediante la adopción más rápida de determinadas tecnologías que sistemas institucionales más antiguos.

La quinta dimensión será humana. Ningún proyecto de poder puede funcionar sin capital humano. Venezuela deberá, por tanto, convertir la educación en una infraestructura nacional tan importante como las carreteras, los puertos o las redes eléctricas. La formación científica, las matemáticas, la ingeniería, la medicina, la informática, la ciberseguridad, las ciencias económicas y las competencias técnicas deberán beneficiarse de una inversión considerable. El desafío no consistirá únicamente en formar nuevos talentos, sino también en lograr el retorno de una parte de las capacidades dispersas por todo el mundo.

La diáspora podría convertirse así en uno de los activos estratégicos más importantes de Venezuela. Durante años, la emigración fue considerada principalmente como una consecuencia de la crisis. En 2035, podría ser replanteada como una red mundial de competencias, inversiones y relaciones. Una Venezuela capaz de crear mecanismos creíbles para reconectar con su diáspora podría beneficiarse de una forma de capital transnacional particularmente valiosa. Los científicos, médicos, ingenieros, empresarios y profesionales venezolanos establecidos en el extranjero podrían contribuir a programas de investigación, inversión, formación y transferencia tecnológica sin que necesariamente todos tuvieran que regresar definitivamente al país.

La sexta dimensión será diplomática. Venezuela probablemente tendrá que aprender a practicar una diplomacia de alineamiento múltiple pragmático, adaptada a un mundo en el que ninguna potencia domina por sí sola todos los ámbitos. Estados Unidos conservará una capacidad considerable en los ámbitos financiero, militar, tecnológico y cultural. China seguirá siendo un actor importante en la industria, las infraestructuras, el comercio y determinadas tecnologías estratégicas. India continuará ampliando su peso demográfico, tecnológico y económico. Europa seguirá siendo un importante centro regulatorio, financiero y tecnológico. Brasil y otras potencias regionales buscarán incrementar su autonomía estratégica.

En este entorno, a Venezuela le interesaría evitar dependencias exclusivas. Su posición energética podría proporcionarle una importante capacidad de negociación si logra vender a varios mercados y mantener relaciones diplomáticas suficientemente estables para evitar que su sector energético dependa por completo de un solo socio. La diversificación de sus alianzas se convertiría entonces en una forma de soberanía.

Esta estrategia tendría también una dimensión ideológica. Venezuela probablemente deberá abandonar progresivamente las categorías binarias que han estructurado buena parte de su discurso político reciente. La cuestión ya no será determinar si el país pertenece al campo estadounidense, chino, ruso o a otro bloque. Será determinar qué asociaciones sirven concretamente a sus intereses nacionales. Este enfoque no implicaría abandonar los valores políticos del país. Significaría simplemente que la política exterior debe concebirse como un instrumento de desarrollo y no como una extensión permanente de los conflictos ideológicos.

El retroceso relativo de algunas grandes arquitecturas internacionales constituye también una oportunidad. Los BRICS han ofrecido una plataforma importante a varias economías emergentes, pero su capacidad para convertirse en un verdadero sistema económico alternativo al modelo dominado por el dólar sigue siendo incierta. Las diferencias de intereses entre sus miembros son considerables y varios de estos Estados mantienen simultáneamente relaciones estrechas con Estados Unidos y sus aliados. Venezuela no debería, por tanto, basar su estrategia en la hipótesis de un colapso del sistema financiero dominado por el dólar. Debería prepararse para varias configuraciones posibles.

La misma prudencia debe aplicarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Las inversiones chinas en infraestructuras han transformado profundamente determinadas regiones del mundo, pero los resultados varían según los países, los proyectos y las condiciones financieras. Venezuela podría buscar cooperación con China en determinados sectores sin convertir esa cooperación en una dependencia estructural. El objetivo debería ser movilizar inversiones extranjeras para construir capacidades nacionales duraderas.

India y Corea del Sur ofrecen, a este respecto, ejemplos interesantes de trayectorias diferentes. India ha desarrollado una capacidad tecnológica considerable al tiempo que mantiene una política exterior relativamente autónoma. Corea del Sur transformó una economía que en otro momento fue pobre en una potencia industrial y tecnológica mediante una combinación de educación, política industrial, inversión privada e integración internacional. Venezuela, evidentemente, no puede reproducir estos modelos de manera idéntica. Pero puede extraer una lección esencial: los recursos naturales solo se convierten en poder sostenible cuando se transforman en capital humano, industrial y tecnológico.

Esta observación devuelve el dossier a su pregunta inicial. La crisis del bolívar no es simplemente una crisis monetaria. Revela la dificultad de un modelo económico para adaptarse a un mundo en el que las fuentes de poder se han multiplicado. El petróleo sigue siendo importante, pero ya no es suficiente. El territorio sigue siendo importante, pero ya no garantiza el poder. La moneda sigue siendo importante, pero ya no constituye por sí sola la soberanía. Las instituciones, los datos, las competencias, las infraestructuras digitales, las redes logísticas y la capacidad de innovación se han convertido en componentes esenciales del poder nacional.

En 2035, una Venezuela reconstruida podría ejercer una influencia regional significativa sin convertirse en una superpotencia. Podría ser una potencia energética, logística, agrícola, digital y diplomática del espacio caribeño y sudamericano. Esta ambición sería más realista y estratégica que la búsqueda de una grandeza basada en la confrontación.

Pero esta trayectoria solo será posible si el país acepta una verdad difícil: el poder del siglo XXI se construye lentamente. No resulta de un decreto, de una elección, de una reforma monetaria ni de un aumento temporal del precio del petróleo. Se construye mediante acumulación. Una universidad eficiente hoy produce ingenieros dentro de diez años. Una reforma institucional creíble hoy atrae inversiones mañana. Una infraestructura digital construida hoy puede convertirse en una plataforma económica durante varias décadas. Una política educativa coherente puede transformar a toda una generación.

La Venezuela de 2035 estará, por tanto, determinada menos por las decisiones espectaculares de 2026 que por la capacidad de mantener una trayectoria coherente durante los próximos diez años. Por eso, la sucesión de gobiernos es menos importante que la continuidad estratégica. Una reconstrucción nacional no puede comenzar desde cero con cada alternancia política. Las infraestructuras, las universidades, las instituciones económicas y las políticas tecnológicas necesitan una estabilidad suficiente para producir sus efectos.

El país podría entonces entrar en una nueva fase histórica en la que el poder ya no se buscaría principalmente mediante la confrontación con el exterior, sino mediante la reconstrucción de capacidades internas. Una evolución semejante representaría una ruptura importante con una parte de la cultura política del siglo XX. No significaría abandonar la soberanía. Propondría una definición más exigente de ella: ser soberano no significa solamente poder decir no; significa tener capacidades suficientes para poder elegir.

Esta distinción podría convertirse en uno de los principios fundamentales de la reconstrucción venezolana. Un país pobre puede rechazar determinadas propuestas extranjeras, pero su capacidad de negociación es limitada si depende fuertemente del exterior. Un país productivo, tecnológicamente competente, energéticamente estratégico e institucionalmente creíble puede negociar con mucha mayor libertad. La verdadera autonomía procede, por tanto, menos del aislamiento que de la capacidad de multiplicar las opciones.

En 2035, Venezuela podría encontrarse así ante dos imágenes radicalmente diferentes de sí misma. En la primera, habría vuelto a ser un productor de petróleo más importante, pero seguiría dependiendo de tecnologías, capitales y mercados extranjeros, con una economía todavía frágil y una población ampliamente marcada por las consecuencias de la crisis. En la segunda, habría utilizado la reconstrucción energética como palanca para construir un sistema productivo más diversificado, reconectar con su diáspora, modernizar su educación, desarrollar sus infraestructuras digitales y convertirse en un actor regional capaz de dialogar con múltiples centros de poder.

Entre estos dos futuros, la diferencia no estará determinada por el subsuelo venezolano. Estará determinada por las instituciones, las decisiones políticas y la calidad del capital humano.

Por eso, 2035 debe considerarse no como una fecha lejana, sino como un horizonte estratégico. Venezuela dispone de una ventana relativamente estrecha para convertir sus ventajas naturales en ventajas tecnológicas y productivas. Cuanto más se retrase la transformación, mayor será el costo de la reconstrucción y mayor será el riesgo de que el país pierda parte de sus talentos en beneficio de otras economías.

La cuestión monetaria que abrió nuestro dossier aparece entonces bajo una nueva luz. El bolívar y el dólar representan, en última instancia, solo dos instrumentos posibles dentro de una transformación mucho más amplia. El verdadero desafío es construir una economía capaz de funcionar con estabilidad, una sociedad capaz de innovar y un Estado capaz de negociar en un mundo donde las relaciones de poder son cada vez más complejas.

La Venezuela de 2035 no será juzgada por la moneda que haya elegido en 2026. Será juzgada por las capacidades que haya logrado construir a partir de esa decisión. Y es a partir de esta cuestión que ahora podemos entrar en uno de los bloques más documentales del dossier: los 100 indicadores que permitirán medir, con el máximo rigor posible, el estado real de Venezuela y las condiciones de su transformación.

100 INDICADORES PARA COMPRENDER VENEZUELA: LEER UN PAÍS MÁS ALLÁ DE SU MONEDA

Comprender Venezuela exige dejar atrás la fascinación que provocan las grandes cifras y las decisiones espectaculares. Una economía no se reduce ni a su tipo de cambio, ni a su nivel de producción petrolera, ni a su inflación, del mismo modo que un Estado no puede evaluarse únicamente a través de sus instituciones políticas. La realidad nacional está constituida por un conjunto de variables que se refuerzan, se compensan o se contradicen. Una moneda puede estabilizarse mientras la productividad permanece baja. La producción petrolera puede aumentar mientras las infraestructuras continúan deteriorándose. Las inversiones pueden regresar sin que la población experimente inmediatamente una mejora proporcional de sus condiciones de vida. La inteligencia artificial puede abrir nuevas posibilidades incluso cuando una parte importante de la población permanece alejada de las competencias necesarias para aprovecharlas. Por ello, esta sección propone una matriz de análisis estructurada en torno a cien indicadores, no como un inventario estadístico estático, sino como un instrumento destinado a seguir la transformación de Venezuela hasta 2030 y, más allá, hasta 2035.

I. MONEDA Y ESTABILIDAD FINANCIERA

1. Tipo de cambio del bolívar frente al dólar: Este indicador sigue siendo uno de los termómetros más visibles de la confianza económica. Su trayectoria permite observar la presión ejercida sobre la moneda nacional y la percepción del riesgo por parte de los agentes económicos.

2. Diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio efectivamente aplicado: Cuanto mayor sea esta diferencia, más revelará la existencia de una divergencia entre la arquitectura monetaria formal y la realidad económica.

3. Porcentaje de las transacciones realizadas en dólares: Permite medir el grado real de dolarización de la economía, independientemente del estatus jurídico del dólar.

4. Porcentaje de los depósitos bancarios denominados en divisas: Este indicador mide la preferencia de los hogares y las empresas por activos denominados en monedas extranjeras.

5. Inflación anual: La inflación sigue siendo uno de los indicadores esenciales de la credibilidad del sistema monetario y de la capacidad de las instituciones para preservar el poder adquisitivo.

6. Inflación alimentaria: Posee una importancia social particular, ya que los hogares más vulnerables destinan una proporción elevada de sus ingresos a los productos esenciales.

7. Inflación mensual: Una reducción sostenida de la inflación mensual constituye generalmente una señal más rápida de estabilización que el promedio anual.

8. Masa monetaria: La evolución de la cantidad de dinero en circulación permite medir las condiciones monetarias y los riesgos de financiación inflacionaria.

9. Reservas internacionales: Determinan, en parte, la capacidad del país para financiar sus importaciones y absorber los shocks externos.

10. Reservas internacionales líquidas. La distinción entre reservas teóricas y reservas efectivamente movilizables es esencial para medir la capacidad real de intervención.

II. FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA

11. Saldo presupuestario: El déficit o superávit público permite evaluar la sostenibilidad de la política económica.

12. Déficit primario: Permite distinguir el desequilibrio derivado de los ingresos y gastos corrientes de aquel provocado por el peso de la deuda.

13. Deuda pública total: Este indicador mide la herencia financiera que deberá absorber cualquier estrategia de reconstrucción.

14. Deuda externa: Determina una parte importante de la relación de Venezuela con los acreedores y los mercados internacionales.

15. Servicio anual de la deuda: La capacidad para cumplir con los pagos constituye una condición fundamental para el retorno sostenible de la confianza.

16. Deuda pública en relación con el PIB: Esta medida permite comparar el peso de la deuda con la capacidad productiva de la economía.

17. Ingresos petroleros dentro de los ingresos públicos: Cuanto mayor sea esta proporción, mayor será la exposición del presupuesto a las fluctuaciones energéticas.

18. Porcentaje de ingresos fiscales no petroleros: Su aumento constituiría una señal importante de diversificación de las fuentes de ingresos del Estado.

19. Gasto público destinado a la inversion: Este indicador permite distinguir los gastos de funcionamiento de los recursos realmente destinados a la reconstrucción.

20. Transparencia presupuestaria: La calidad de la información pública sobre ingresos, gastos y deuda constituye un indicador institucional tan importante como los propios montos.

III. PETRÓLEO Y ENERGÍA

21. Producción diaria de petróleo: Es uno de los indicadores más observados para medir la capacidad productiva del sector energético.

22. Producción anual de petróleo: Permite evaluar la contribución global del sector a la economía.

23. Reservas probadas: Venezuela dispone de un patrimonio energético excepcional, pero el valor económico de esas reservas depende de la capacidad para explotarlas.

24. Producción en relación con las reservas: Esta relación permite evaluar el grado de explotación del potencial energético.

25. Costo de producción por barril: La competitividad futura del sector dependerá en gran medida de esta variable.

26. Capacidad de refinación disponible: Una elevada producción de crudo no garantiza autonomía energética si las capacidades de refinación siguen siendo insuficientes.

27. Tasa de utilización de las refinerías: Este indicador permite medir la eficiencia real del aparato industrial.

28. Exportaciones petroleras: Determinan una parte esencial de los ingresos en divisas.

29. Inversión extranjera en el sector energético: Su evolución constituirá un indicador de confianza en el marco regulatorio.

30. Porcentaje de los ingresos petroleros destinado a la diversificación: Probablemente sea uno de los indicadores estratégicos más importantes para evitar la reproducción del modelo rentista.

IV. ECONOMÍA REAL Y PRODUCTIVIDAD

31. PIB real: Mide la evolución de la producción económica ajustada por la inflación.

32. PIB per cápita: Permite aproximarse al nivel medio de riqueza económica disponible por persona.

33. Crecimiento anual del PIB: El crecimiento sostenible debe distinguirse de un simple rebote posterior a un período de contracción.

34. Productividad laboral: Constituye uno de los indicadores fundamentales de la capacidad de una economía para aumentar sosteniblemente los ingresos.

35. Productividad industrial: Mide la capacidad del sector manufacturero para crear mayor valor utilizando los mismos recursos.

36. Participación de la industria manufacturera en el PIB: Su aumento indicaría una diversificación más allá del petróleo.

37. Participación de la agricultura en la economía: Este indicador permite medir la capacidad de Venezuela para desarrollar seguridad alimentaria y una base productiva nacional.

38. Producción agrícola nacional: Su crecimiento reduciría la dependencia de las importaciones de alimentos.

39. Tasa de utilización de la capacidad industrial: Permite medir qué proporción del potencial productivo está siendo efectivamente utilizada.

40. Inversión privada interna: Su evolución constituye un indicador directo de la confianza de los empresarios en el futuro económico.

V. COMERCIO E INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

41. Exportaciones totals: Permiten medir la capacidad del país para vender bienes y servicios al resto del mundo.

42. Exportaciones no petroleras: Su crecimiento sería una de las señales más convincentes de diversificación.

43. Importaciones de bienes de capital: Su aumento puede indicar una reconstrucción productiva y no simplemente un incremento del consumo importado.

44. Balanza commercial: Permite evaluar la relación entre las exportaciones y las importaciones.

45. Participación de Estados Unidos en las exportaciones: Este indicador mide el grado de dependencia comercial respecto del mercado estadounidense.

46. Participación de China: Permite evaluar la importancia de la relación económica entre China y Venezuela.

47. Participación de India: Su evolución podría adquirir especial importancia en el sector energético.

48. Participación de Brasil y Colombia: Permitiría medir el grado de integración económica sudamericana.

49. Inversión extranjera directa: Su crecimiento constituiría una señal importante del regreso de Venezuela a la economía mundial.

50. Diversificación geográfica del comercio: Un país capaz de comerciar con varios grandes mercados dispone generalmente de un margen de maniobra estratégico superior.

VI. POBLACIÓN, EMPLEO Y SOCIEDAD

51. Población total: Constituye la base demográfica de la capacidad productiva futura.

52. Porcentaje de la población en edad de trabajar: Este indicador permite evaluar el potencial del mercado laboral.

53. Tasa de desempleo: Sigue siendo un indicador esencial de la inserción económica de la población.

54. Empleo informal: Un elevado nivel de informalidad limita los ingresos fiscales, la protección social y la productividad.

55. Salario real: Permite medir el poder adquisitivo independientemente de la inflación nominal.

56. Tasa de pobreza: Constituye un indicador fundamental de la dimensión social de la reconstrucción.

57. Desigualdad de ingresos: El crecimiento no podrá considerarse sostenible si sus beneficios permanecen concentrados.

58. Migración internacional: Mide la magnitud de la pérdida de capital humano, pero también la existencia de una red mundial que podría contribuir a la reconstrucción.

59. Remesas de la diaspora: Su evolución puede convertirse en una fuente importante de financiación para los hogares y la inversión.

60. Retorno de profesionales cualificados: El número y el perfil de los profesionales que regresen al país constituirán un indicador particularmente importante de la recuperación de la confianza.

VII. EDUCACIÓN Y CAPITAL HUMANO

61. Tasa de escolarización: Mide el acceso de la población a la educación.

62. Tasa de finalización escolar: Permite distinguir entre la matriculación y la culminación efectiva de un ciclo educativo.

63. Tasa de acceso a la educación superior: Constituye un indicador del potencial de formación avanzada.

64. Graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas: Su crecimiento será determinante para la transformación tecnológica.

65. Gasto público en educación: Su evolución muestra el lugar otorgado al capital humano dentro de la estrategia nacional.

66. Gasto en investigación y desarrollo: Constituye uno de los indicadores más reveladores de la capacidad futura de innovación.

67. Número de investigadores: Permite medir la profundidad del sistema científico nacional.

68. Patentes registradas: Su evolución puede servir como señal aproximada de la innovación formalizada.

69. Cooperación universitaria internacional: Permitirá reconectar a Venezuela con las redes mundiales de conocimiento.

70. Programas de formación digital: Su desarrollo será determinante para preparar a la población para la economía de la inteligencia artificial.

VIII. TECNOLOGÍA, DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

71. Tasa de acceso a Internet: Constituye actualmente una infraestructura fundamental para el desarrollo.

72. Calidad y velocidad media de las conexiones: El acceso por sí solo no es suficiente; la calidad de la red determina la capacidad real de utilizar los servicios digitales.

73. Cobertura móvil: Mide la accesibilidad básica a las comunicaciones digitales.

74. Centros de datos disponibles: Su desarrollo constituirá un indicador de soberanía digital.

75. Capacidad nacional de computación: Será cada vez más importante para la investigación y las aplicaciones de inteligencia artificial.

76. Adopción de la IA en las empresas: Permitirá medir la transformación real del tejido productivo.

77. Uso de la IA en los servicios públicos: Este indicador permitirá evaluar la modernización administrativa.

78. Formación profesional en IA: Medirá la capacidad del país para transformar la tecnología importada en competencias nacionales.

79. Startups tecnológicas: Su número, financiación y capacidad de exportación podrán convertirse en indicadores de diversificación económica.

80. Inversión tecnológica internacional. Permitirá medir el atractivo de Venezuela dentro de la nueva economía mundial.

IX. INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD

81. Disponibilidad de electricidad: Sin energía fiable, ninguna transformación industrial o digital sostenible es posible.

82. Pérdidas en la red eléctrica: Su reducción constituiría un indicador directo de modernización de las infraestructuras.

83. Capacidad de generación energética no petrolera: Permitirá medir la diversificación del sistema energético.

84. Calidad de la red vial: Condiciona la circulación de mercancías y la integración territorial.

85. Capacidad portuaria: Será esencial para transformar la posición geográfica de Venezuela en una ventaja logística.

86. Capacidad aeroportuaria: Permitirá medir la reintegración del país en las redes internacionales.

87. Infraestructuras de telecomunicaciones: Su modernización será indispensable para la transformación digital.

88. Acceso al agua potable: Este indicador recuerda que la modernización económica no puede separarse de las condiciones fundamentales de vida.

89. Vivienda y urbanización: La calidad del desarrollo urbano constituirá un indicador de cohesión social.

90. Inversión anual en infraestructuras: Su volumen y, sobre todo, su eficacia determinarán la capacidad real de reconstrucción.

X. GOBERNANZA, SOBERANÍA Y PODER

91. Calidad de las instituciones: Constituye la base invisible de todas las demás transformaciones.

92. Independencia y credibilidad de las instituciones económicas: La confianza en el banco central, el sistema financiero y las autoridades estadísticas será esencial.

93. Estado de derecho: Tanto los inversores como los ciudadanos deben poder contar con reglas previsibles.

94. Nivel de corrupción percibido y medido: Su reducción constituye una condición importante para la eficacia de la inversión pública y privada.

95. Libertad económica y seguridad jurídica: Estas dos variables determinarán la capacidad para atraer y retener capital.

96. Diversificación de las alianzas internacionales: Permitirá medir la capacidad de Venezuela para evitar dependencias exclusivas.

97. Influencia diplomática regional:  Permitirá medir la transformación del poder económico en influencia política.

98. Capacidad de defensa y seguridad nacional; Seguirá siendo un componente de la soberanía, pero deberá integrarse en una concepción más amplia de la seguridad.

99. Resiliencia nacional: Este indicador transversal deberá integrar la capacidad para absorber shocks económicos, energéticos, climáticos, sanitarios, tecnológicos y geopolíticos.

100. Índice global de capacidad nacional: El último indicador no deberá entenderse como una cifra oficial única, sino como una herramienta analítica destinada a combinar estabilidad monetaria, capacidad productiva, capital humano, tecnología, infraestructuras, instituciones, energía y diplomacia. Su objetivo será responder a la pregunta fundamental de este dossier: ¿posee realmente Venezuela las capacidades necesarias para elegir su futuro en lugar de limitarse a reaccionar ante los acontecimientos?

Esta matriz de cien indicadores permite comprender por qué la cuestión del bolívar no puede aislarse del resto de la economía. El tipo de cambio aparece al comienzo de nuestro cuadro, pero no constituye más que una variable entre cien. Una moneda puede estabilizarse sin que aumente la productividad. El petróleo puede crecer sin que avance la diversificación. Las inversiones pueden regresar sin que las instituciones alcancen la solidez necesaria. El acceso a Internet puede mejorar sin que la población posea las competencias necesarias para aprovechar la inteligencia artificial. El PIB puede crecer mientras las desigualdades permanecen elevadas. Por ello, un análisis serio de Venezuela debe observar siempre varios indicadores simultáneamente.

Esto permite también comprender por qué el período 2026–2035 será decisivo. Venezuela no será evaluada únicamente por su capacidad para superar la crisis monetaria. Gradualmente tendrá que hacer frente a una competencia mucho más amplia entre economías capaces de transformar sus recursos en tecnologías, sus tecnologías en productividad y su productividad en prosperidad. En esta nueva jerarquía mundial, la posesión de petróleo constituirá una ventaja, pero ya no bastará para garantizar una posición dominante.

El verdadero indicador del éxito se desplazará progresivamente. Ya no bastará con preguntar cuántos barriles produce Venezuela, cuántos dólares posee o cuánto crece su economía. Será necesario preguntar cuántos ingenieros forma, cuántas empresas exportan, cuántas tecnologías se desarrollan localmente, cuántos jóvenes permanecen en el país porque allí perciben un futuro, cuántos inversores consideran que las instituciones son suficientemente fiables para comprometer capital durante diez o quince años y, sobre todo, cuántas decisiones estratégicas puede tomar Venezuela sin verse inmediatamente condicionado por una dependencia externa.

Es en este nivel donde los cien indicadores convergen hacia una misma conclusión. El poder de Venezuela no estará determinado por un único indicador, sino por la coherencia de su sistema nacional. Y esa coherencia deberá situarse ahora en el largo plazo. Las cifras actuales permitirán medir el punto de partida; las de 2030 permitirán medir la transformación; las de 2035 permitirán determinar si esa transformación habrá producido realmente una nueva trayectoria nacional.

CRONOLOGÍA ESTRATÉGICA DE VENEZUELA: DEL PODER PETROLERO A LA RECOMPOSICIÓN DEL SIGLO XXI

La historia contemporánea de Venezuela no puede entenderse como una sucesión de crisis aisladas. Debe leerse como una larga transformación de la relación entre los recursos naturales, las instituciones, la moneda, la sociedad y el poder internacional. La actual crisis monetaria no apareció de repente ni puede atribuirse a una sola decisión política. Es el resultado de una historia más larga, durante la cual el petróleo transformó progresivamente la estructura económica del país, mientras las instituciones, la diversificación productiva y el capital humano no siempre evolucionaron al mismo ritmo. Reconstruir esta cronología permite comprender por qué la cuestión actual del dólar trasciende ampliamente la política monetaria y por qué el debate de 2026 tiene lugar en un momento en que Venezuela debe reconstruir simultáneamente su economía, redefinir sus alianzas y adaptarse a una nueva economía mundial.

1. La entrada en la era petrolera: cuando el subsuelo se convierte en el destino económico

La Venezuela de comienzos del siglo XX seguía siendo una economía principalmente agrícola, pobre y relativamente periférica dentro del sistema internacional. El descubrimiento y la explotación a gran escala del petróleo transformaron progresivamente esta situación. Los ingresos energéticos permitieron al Estado acumular recursos considerables, invertir en infraestructura, urbanizar rápidamente el país y transformar profundamente su estructura social. El petróleo no se convirtió simplemente en una industria; pasó a ser una de las principales arquitecturas del Estado venezolano moderno.

Esta transformación creó, sin embargo, una contradicción duradera. Cuanto más importante se volvía el petróleo para los ingresos externos, menos urgente parecía la diversificación de la economía. La renta permitía importar bienes, financiar el gasto público y sostener el consumo sin que el aparato productivo nacional tuviera que avanzar al mismo ritmo. El éxito petrolero producía así, simultáneamente, riqueza y dependencia. Esta contradicción se convertiría en uno de los hilos conductores de toda la historia económica del país.

2. 1958–1976: democracia, modernización y afirmación de la soberanía energética

La caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958 abre un nuevo período político marcado por la instauración de un sistema democrático que, pese a sus imperfecciones, se convertiría en uno de los más duraderos de América Latina. La nueva arquitectura política acompaña un período de modernización económica y social. El petróleo sigue siendo central, pero el Estado también busca desarrollar las infraestructuras, la educación y las capacidades industriales.

La nacionalización de la industria petrolera en 1976 constituye entonces un punto de inflexión decisivo. La creación de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, refleja una concepción de la soberanía energética en la que el Estado pretende controlar directamente un recurso considerado estratégico. En aquel momento, esta concepción formaba parte de una tendencia internacional mucho más amplia de nacionalización de los recursos naturales en los países productores. Venezuela buscaba así transformar su riqueza subterránea en un instrumento de soberanía nacional.

Pero este éxito ya contenía una ambigüedad. La soberanía energética se consolidaba mientras la diversificación económica seguía siendo incompleta. El Estado tenía un mayor control sobre el recurso, pero la economía continuaba dependiendo fuertemente de la renta. El problema todavía no se manifestaba como una crisis; estaba inscrito en la propia estructura del modelo.

3. 1970–1980: la era de la abundancia y la ilusión de una riqueza permanente

Los shocks petroleros de la década de 1970 incrementaron considerablemente los ingresos de Venezuela. El Estado disponía de recursos que parecían confirmar la idea de que la renta petrolera podía financiar de manera duradera la modernización nacional. El gasto público aumentó, las infraestructuras se desarrollaron y la economía se benefició de una fuerte circulación de ingresos.

Este período alimentó una determinada representación del desarrollo: la de un Estado suficientemente rico como para financiar simultáneamente el consumo, las infraestructuras y las políticas sociales gracias a los ingresos energéticos. El problema era que la volatilidad del petróleo seguía siendo estructural. Una economía cuyos ingresos dependen en gran medida de un producto cotizado a escala mundial permanece expuesta a shocks que no controla.

Cuando los precios del petróleo comenzaron a disminuir, el modelo reveló progresivamente sus fragilidades. La deuda aumentó, los desequilibrios fiscales se acumularon y la confianza en la capacidad del Estado para mantener indefinidamente el mismo nivel de gasto comenzó a erosionarse.

4. 1983: el «Viernes Negro» y la primera gran ruptura monetaria

El 18 de febrero de 1983, conocido como el «Viernes Negro», se convirtió en uno de los principales símbolos del fin de la ilusión de una estabilidad monetaria permanente. El bolívar, considerado durante mucho tiempo una de las monedas más sólidas de la región, sufrió una fuerte devaluación y el país adoptó controles cambiarios.

El acontecimiento es históricamente importante porque demuestra que el poder petrolero no protege automáticamente a una moneda. La estabilidad monetaria también depende de la disciplina fiscal, las reservas, la estructura productiva y la confianza en las instituciones. Venezuela entró entonces en un período en el que las cuestiones cambiarias y de deuda adquirieron progresivamente una importancia central en la vida económica.

El «Viernes Negro» debe considerarse, por tanto, como una primera advertencia. La crisis de 2026 no es la primera vez que el país descubre los límites de su arquitectura monetaria. Es más bien la culminación de un proceso cuyas primeras grandes fisuras ya eran visibles varias décadas antes.

5. Los años 1980–1990: deuda, ajustes y crisis del modelo

La década de 1980 estuvo marcada por las consecuencias de la caída de los ingresos petroleros, el endeudamiento y los desequilibrios económicos. Las políticas de ajuste se volvieron progresivamente inevitables. Pero fueron socialmente costosas y políticamente difíciles de mantener.

Venezuela entró así en un período de tensión entre dos imperativos. Por un lado, la economía exigía mayor disciplina, diversificación y reformas. Por otro, la sociedad mantenía las expectativas acumuladas durante varias décadas de renta. El Estado debía gestionar, por tanto, una contradicción entre la necesidad de reducir determinados mecanismos de redistribución y la necesidad de preservar la cohesión social.

Esta tensión alcanzó un nivel crítico a finales de la década de 1980. El «Caracazo» de 1989 se convirtió en el símbolo de una profunda crisis social y política. El acontecimiento demostró que los problemas económicos no pueden separarse de la legitimidad política. Una reforma económica puede ser técnicamente coherente y políticamente explosiva cuando una parte importante de la población considera que soporta por sí sola el costo del ajuste.

6. 1992–1998: crisis política y final de un ciclo

Los intentos de golpe de Estado de 1992 demostraron hasta qué punto el sistema político había entrado en una fase de profunda fragilidad. Aunque fracasaron, contribuyeron a modificar de manera duradera el imaginario político nacional. Hugo Chávez se convirtió progresivamente en una figura central de esta contestación.

La elección de Chávez en 1998 marcó entonces una ruptura histórica. Su llegada al poder no puede entenderse únicamente como el resultado de una campaña política. También fue consecuencia de una larga acumulación de frustraciones sociales, desencantos institucionales y críticas al modelo económico.

Venezuela entró así en un nuevo período en el que la renta petrolera sería utilizada no solamente como recurso económico, sino también como instrumento de un proyecto político e ideológico mucho más amplio.

7. 1999–2002: nueva Constitución y nueva concepción del Estado

La Constitución de 1999 transformó profundamente la arquitectura institucional del país. Venezuela pasó oficialmente a denominarse República Bolivariana de Venezuela. El cambio de lenguaje expresaba una voluntad de ruptura con el orden político anterior.

El proyecto chavista combinó redistribución social, mayor intervención estatal, soberanía energética y transformación institucional. Cuando los ingresos petroleros aumentaron considerablemente en los años siguientes, el gobierno dispuso de los recursos necesarios para financiar programas sociales de gran alcance.

El petróleo se convirtió entonces, más que nunca, en el motor de la transformación política. Pero esta dependencia implicaba un riesgo que no desaparecía: cuando los ingresos petroleros aumentaban, los desequilibrios estructurales podían quedar ocultos por la abundancia. Cuando los ingresos disminuían, reaparecían con mayor intensidad.

8. 2003–2008: la edad de oro del petróleo y la expansión del Estado social

El considerable aumento de los precios del petróleo durante la década de 2000 otorgó al gobierno de Chávez un margen financiero excepcional. Los programas sociales se expandieron, el gasto público aumentó y el papel del Estado en la economía se fortaleció.

Este período permitió reducir determinadas formas de pobreza y ampliar el acceso a ciertos servicios. Pero también profundizó la dependencia de los ingresos petroleros. El modelo económico se volvió progresivamente más vulnerable a una eventual ruptura del ciclo energético.

La reforma monetaria de 2008, que introdujo el bolívar fuerte eliminando tres ceros de la moneda, constituyó otra señal importante. Una reforma de denominación puede simplificar las transacciones y mejorar la claridad contable, pero no puede resolver las causas estructurales de la inflación. Cuando persisten los desequilibrios fundamentales, modificar las unidades nominales no cambia la realidad económica.

9. 2009–2012: la crisis financiera mundial revela los límites del modelo

La crisis financiera internacional de 2008–2009 provocó una caída de los precios del petróleo y recordó bruscamente a Venezuela su vulnerabilidad externa. El país todavía podía movilizar importantes recursos, pero el período de abundancia absoluta había terminado.

Esta etapa es importante porque demuestra que la cuestión no se limita al nivel del precio del petróleo. Se refiere a la capacidad del país para absorber los ciclos energéticos sin desorganizar su economía. Un Estado que dispone de grandes reservas puede seguir siendo vulnerable si su presupuesto, sus importaciones, su gasto social y su balanza externa dependen fuertemente de una sola fuente de ingresos.

10. 2013: sucesión política y cambio de ciclo

La muerte de Hugo Chávez en 2013 abrió un nuevo período. Nicolás Maduro lo sucedió en un entorno económico mucho menos favorable. El crecimiento se desaceleró, las tensiones políticas aumentaron y la dependencia petrolera se volvió más difícil de gestionar.

La situación se deterioró aún más cuando los precios internacionales del petróleo se desplomaron a partir de 2014. Venezuela entró entonces en una crisis económica de profundidad excepcional. La caída de los ingresos petroleros no produjo solamente un shock fiscal; reveló el conjunto de las debilidades acumuladas durante las décadas anteriores.

11. 2014–2016: el shock petrolero se convierte en una crisis sistémica

La caída de los precios del petróleo redujo considerablemente los ingresos externos. Las importaciones disminuyeron, la producción interna se contrajo y aumentaron las tensiones sobre las finanzas públicas. El Estado disponía de menos divisas para financiar una economía que seguía dependiendo fuertemente de las importaciones.

El problema monetario se agravó. La depreciación del bolívar aceleró la inflación, mientras los mecanismos de control cambiario se hicieron cada vez más difíciles de mantener. Una economía puede funcionar con controles temporales; se vuelve mucho más vulnerable cuando esos controles intentan compensar de manera permanente una escasez estructural de divisas.

12. 2017–2018: la hiperinflación y la ruptura de la función monetaria

A partir de 2017, la crisis monetaria alcanzó una nueva dimensión. Venezuela entró en un período de hiperinflación que destruyó progresivamente la capacidad del bolívar para funcionar como reserva de valor.

La crisis ya no era solamente la del tipo de cambio. Afectaba la propia función de la moneda. Cuando los precios cambian con extrema rapidez, las empresas tienen dificultades para establecer sus costos, los hogares buscan proteger sus ingresos y los contratos se vuelven difíciles de establecer en una unidad de cuenta estable.

La reforma de 2018 introdujo el bolívar soberano y eliminó cinco ceros de la moneda. Como en 2008, la operación permitió simplificar las cifras nominales, pero no bastó para restaurar la confianza. Una moneda puede cambiar de nombre y de escala; no puede recuperar su credibilidad sin transformar los mecanismos económicos que determinan su valor.

13. 2019: el dólar entra progresivamente en la vida cotidiana

El año 2019 constituyó una nueva etapa en la transformación monetaria. Ante el colapso del bolívar, el uso del dólar se expandió en la economía privada. Las transacciones en divisas se hicieron cada vez más frecuentes y la moneda estadounidense adquirió progresivamente una función que la moneda nacional ya no desempeñaba adecuadamente.

La dolarización que se desarrolló entonces no fue inicialmente el resultado de una ley. Fue producto de una adaptación social. Los agentes económicos buscaban la moneda que consideraban más estable. Esta distinción entre dolarización impuesta y dolarización espontánea es fundamental para comprender la situación actual.

14. 2020–2021: pandemia, crisis y tercera transformación monetaria

La pandemia de COVID-19 golpeó a una economía ya extremadamente debilitada. Las dificultades del sector energético, la fragilidad de las infraestructuras y las restricciones financieras limitaron la capacidad de respuesta del país.

En 2021, Venezuela llevó a cabo una nueva reforma monetaria con la introducción del bolívar digital y la eliminación de seis ceros. El cambio nominal fue considerable, pero volvió a ilustrar el mismo problema: una reforma monetaria solo puede ser sostenible si está acompañada de una estabilización macroeconómica suficientemente profunda.

El país entró entonces en una situación paradójica. El bolívar seguía siendo la moneda oficial, pero el dólar desempeñaba un papel cada vez mayor en las transacciones privadas. El derecho y la práctica comenzaban, por tanto, a divergir de manera estructural.

15. 2022–2023: estabilización relativa y dolarización de facto

Después de los años más agudos de la hiperinflación, determinadas condiciones económicas comenzaron a mejorar. La producción petrolera se recuperó parcialmente, algunas restricciones económicas fueron flexibilizadas y el uso del dólar se arraigó aún más en la economía privada.

Este período es importante porque demuestra que la dolarización puede existir sin una decisión oficial. El mercado puede producir una forma de pluralidad monetaria en la que el dólar se convierte en unidad de referencia mientras el bolívar continúa utilizándose para determinadas obligaciones internas.

El fenómeno cambió entonces de naturaleza. Ya no se trataba únicamente de una respuesta temporal a una crisis. Se convirtió progresivamente en un componente estructural de la economía.

16. 2024–2025: la cuestión monetaria se convierte en una cuestión geopolítica

A partir de 2024, la cuestión venezolana trascendió todavía más las fronteras de la economía. Las relaciones con Estados Unidos, las sanciones, la política energética, las elecciones y las relaciones con China, Rusia, Irán y los socios regionales comenzaron a combinarse.

El petróleo volvió a convertirse en el punto de encuentro entre economía y geopolítica. Para Washington, Caracas representa simultáneamente una cuestión energética, migratoria, política y estratégica. Para Pekín, Venezuela sigue siendo un socio energético y financiero importante. Para Moscú, constituye un punto de apoyo político en el hemisferio occidental. Para los países vecinos, la estabilidad de Venezuela influye directamente sobre las migraciones, el comercio, la seguridad y las fronteras.

Venezuela dejó así de ser solamente una crisis nacional. Se convirtió en un nodo dentro de la recomposición del sistema internacional.

17. 2026: la ruptura potencial

El año 2026 representa el punto de convergencia de varias transformaciones. El debate sobre una eventual dolarización integral adquiere una nueva dimensión tras la participación de Steve Hanke como asesor de la Asamblea Nacional. Fortune informa que trabaja en una propuesta legislativa destinada a sustituir el bolívar por el dólar y que estima entre un 50% y un 80% las probabilidades de que sea adoptada. Estas cifras corresponden a su valoración personal y no constituyen una previsión institucional independiente.

La situación económica sigue siendo, sin embargo, extremadamente frágil. Fortune informa de una inflación anual cercana al 400 % según los cálculos citados de Hanke y describe una economía en la que el dólar ya es ampliamente utilizado en las transacciones privadas. La misma fuente sitúa la deuda venezolana en torno a los 250.000 millones de dólares, aproximadamente el 150% del PIB según las cifras planteadas en su análisis. Estas estimaciones deben considerarse datos atribuidos a Fortune y Hanke, y no valores incontrovertibles verificados independientemente por todas las instituciones internacionales.

La importancia histórica de 2026 reside, por tanto, menos en una decisión que ya haya sido tomada que en el hecho de que el abandono del bolívar se discuta ahora como una posibilidad institucional creíble. El debate ha cruzado un umbral. Ya no se trata solamente de cómo estabilizar el bolívar; se trata de determinar si Venezuela debe conservar una soberanía monetaria formal o aceptar una arquitectura monetaria en la que la estabilidad se busque mediante una moneda extranjera.

18. 2026–2030: el tiempo de la reconstrucción

Si se adoptara una reforma monetaria profunda, esta solo podría constituir una primera etapa. La reconstrucción del sector petrolero, la reestructuración de la deuda, la modernización de las infraestructuras eléctricas, la recuperación del sistema bancario, la mejora de la seguridad jurídica y el retorno progresivo de las inversiones serían las verdaderas pruebas de la nueva trayectoria.

Fortune informa de que los promotores de la dolarización consideran el aumento de la producción petrolera como uno de los mecanismos capaces de generar las divisas necesarias para la reestructuración de la deuda. Esta hipótesis es coherente desde el punto de vista contable, pero presupone una mejora profunda del aparato productivo y del marco de inversión. La dolarización no produciría automáticamente estos resultados; solo podría modificar las condiciones en las que se intentaría alcanzarlos.

El período 2026–2030 deberá, por tanto, considerarse como una etapa de transición. El éxito no podrá medirse únicamente por la inflación o el tipo de cambio. Deberá evaluarse a través de la producción, el empleo, la productividad, las inversiones, las exportaciones no petroleras, la educación, la tecnología y la calidad institucional.

19. 2030–2035: de la estabilización al poder

Si la reconstrucción tiene éxito, Venezuela podría entrar en una segunda fase a partir de 2030. El objetivo ya no sería solamente salir de la crisis, sino construir una nueva posición internacional.

El país podría utilizar sus recursos energéticos, su fachada caribeña, su proximidad a los grandes mercados estadounidenses y sudamericanos y su potencial humano para convertirse en una potencia regional especializada en energía, logística, determinados sectores industriales y economía digital.

Pero este futuro no está garantizado. Dependerá de la capacidad del país para transformar los ingresos petroleros en capital humano y tecnológico, en lugar de convertirlos nuevamente en una fuente de dependencia de la renta.

20. El verdadero significado de la cronología

Esta cronología revela finalmente una continuidad más profunda que las sucesivas rupturas políticas. Desde el desarrollo de la industria petrolera, Venezuela ha intentado regularmente resolver sus problemas estructurales mediante un recurso excepcional. El petróleo financió la modernización; también retrasó determinadas transformaciones. Permitió construir el Estado moderno; también hizo vulnerable a la economía frente a los ciclos mundiales. Otorgó al país una considerable influencia internacional; también creó una dependencia que resultó especialmente peligrosa cuando los ingresos disminuyeron.

La actual crisis monetaria representa, por tanto, el resultado de una larga tensión entre riqueza potencial y capacidad institucional. Venezuela nunca careció de recursos naturales a la escala de su potencial. Lo que le faltó, en diferentes períodos, fue la capacidad para convertir de manera sostenible esos recursos en productividad, instituciones sólidas, capital humano y diversificación económica.

Es esta contradicción la que explica por qué la cuestión del dólar adquiere hoy una dimensión casi civilizatoria. El debate ya no enfrenta simplemente una moneda nacional con una moneda extranjera. Enfrenta dos concepciones de la soberanía. La primera considera que la independencia exige conservar los instrumentos nacionales, incluso cuando su eficacia se ha vuelto muy limitada. La segunda considera que la soberanía debe medirse por las capacidades reales de una nación para proteger a sus ciudadanos, producir, negociar y preparar su futuro.

La historia de Venezuela demuestra que estas dos dimensiones no son necesariamente contradictorias. La soberanía monetaria puede ser un instrumento útil cuando descansa sobre instituciones creíbles. Puede convertirse en una carga cuando la moneda nacional deja de cumplir sus funciones fundamentales. La cuestión del siglo XXI no consiste, por tanto, en defender un símbolo frente a otro, sino en determinar qué instituciones permitirán realmente a Venezuela recuperar el control de sus decisiones.

La cronología conduce así a una conclusión fundamental: Venezuela no se encuentra simplemente al final de un ciclo monetario; potencialmente se encuentra al final de un ciclo histórico.

El ciclo basado en la renta, la centralidad absoluta del petróleo, una concepción de la soberanía centrada principalmente en el control de los recursos y los enfrentamientos ideológicos del siglo XX está llegando a un límite. El próximo ciclo deberá fundamentarse en la estabilidad, la productividad, la tecnología, el capital humano, la diversificación y una diplomacia capaz de desenvolverse entre múltiples centros de poder. Esta transición no será automática ni rápida. Pero precisamente porque es difícil, constituye el verdadero desafío de 2026.

Venezuela no debe limitarse a salir de su antigua crisis. Debe salir del antiguo modelo mental que hizo posibles algunas de esas crisis. La próxima sección permitirá ampliar esta perspectiva comparando a Venezuela con otras trayectorias latinoamericanas para determinar si su transformación actual constituye una excepción, un retorno a una dinámica regional más antigua o el laboratorio de una evolución que podría afectar a otras economías del Sur.

VENEZUELA EN LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA Y POLÍTICA DE DONALD TRUMP

La cuestión venezolana ya no puede estudiarse como un asunto estrictamente latinoamericano. Debe situarse ahora dentro de una recomposición mucho más amplia del orden económico y geopolítico mundial. La eventual decisión de abandonar el bolívar se produce, en efecto, en un momento en que Estados Unidos redefine sus instrumentos de poder, las cadenas comerciales están sometidas a nuevas tensiones, las sanciones económicas se utilizan como instrumentos de política exterior, la energía recupera una dimensión estratégica, China busca reducir determinadas dependencias al tiempo que consolida sus mercados, India afirma una autonomía creciente y una parte del Sur Global intenta desenvolverse entre varios centros de poder sin quedar atrapada en las antiguas lógicas de alineamiento. Venezuela se encuentra, por tanto, en la intersección de varias transformaciones que, tomadas por separado, podrían parecer independientes, pero que en conjunto modifican profundamente el valor geopolítico de su territorio, su petróleo, su moneda y sus relaciones exteriores.

Aquí es necesario distinguir dos temporalidades. La primera es la de la crisis venezolana, iniciada mucho antes de 2026 y profundamente vinculada a las transformaciones internas del país. La segunda es la de la recomposición internacional acelerada a mediados de la década de 2020. El encuentro entre estas dos temporalidades crea una situación excepcional. Venezuela intenta abandonar un modelo económico agotado precisamente cuando el sistema internacional al que debe reincorporarse también está cambiando. Esta simultaneidad constituye tanto un riesgo como una oportunidad. El riesgo es evidente: un país institucionalmente frágil puede tener grandes dificultades para desenvolverse en un período de creciente competencia internacional. La oportunidad es menos evidente: cuando un orden antiguo se transforma, las posiciones adquiridas dejan de estar completamente fijadas y algunos Estados pueden reconstruir su importancia en función de sus recursos estratégicos.

El artículo de Yahoo Finance del 22 de agosto de 2026, que retoma el análisis de Fortune, presenta precisamente la propuesta de Steve Hanke como una posible ruptura histórica. Hanke considera que una adopción integral del dólar, con el abandono del bolívar y del papel monetario del Banco Central de Venezuela, constituiría el cambio de moneda nacional más importante desde la introducción del euro, al tiempo que estima personalmente entre un 50 % y un 80 % las probabilidades de que su proyecto sea adoptado. Sin embargo, debe mantenerse una distinción periodística esencial: se trata de una propuesta y de una estimación de su principal promotor, no de una decisión ya adoptada por el Estado venezolano.

Esta prudencia no es una precaución secundaria. Es indispensable para comprender la verdadera dimensión del acontecimiento. Un análisis internacional serio no debe transformar una propuesta política en un hecho consumado. Lo que sí puede observarse ya es la existencia de una importante dolarización espontánea de la economía. Según Hanke, citado por Fortune, una gran parte de las transacciones privadas ya se realiza en dólares, mientras que los empleados públicos, los jubilados y determinados beneficiarios de transferencias estatales siguen estando más vinculados al bolívar. Esta coexistencia entre moneda oficial y moneda efectivamente utilizada revela una transformación más profunda: la sociedad venezolana ha comenzado a modificar por sí misma la geografía monetaria del país antes incluso de que se adopte una decisión institucional definitiva.

Es precisamente aquí donde la cuestión venezolana se conecta con la nueva geografía del poder estadounidense. Durante gran parte del siglo XX, Washington consideró a América Latina como una zona de particular influencia estratégica. Pero el siglo XXI ha cambiado la naturaleza de esta relación. China se ha convertido en un importante socio comercial de numerosos países latinoamericanos, Rusia busca espacios de influencia, Irán ha desarrollado determinadas relaciones económicas y políticas en la región, mientras los gobiernos latinoamericanos buscan generalmente maximizar su autonomía en lugar de aceptar una jerarquía simple. La región ya no es, por tanto, un espacio en el que una sola potencia pueda definir fácilmente las reglas del juego.

Venezuela posee además una particularidad: su petróleo transforma inmediatamente su situación en una cuestión internacional. Un país con las enormes reservas petroleras de Venezuela no puede ser tratado como una economía periférica ordinaria. La capacidad de aumentar la producción, modernizar las infraestructuras, atraer capitales y recuperar las exportaciones podría tener consecuencias sobre los mercados energéticos, los flujos de capital y las relaciones entre Washington y Caracas. Fortune informa de que Hanke considera precisamente la reconstrucción del sector petrolero como una de las condiciones capaces de generar las divisas necesarias para abordar la deuda venezolana, que estima en torno a los 250.000 millones de dólares. Estas cifras y esta estrategia corresponden al análisis de Hanke recogido por Fortune y deben presentarse como tales.

La lógica se vuelve entonces circular. La estabilidad monetaria podría favorecer la inversión; la inversión podría permitir recuperar la producción energética; el aumento de la producción podría incrementar los ingresos en divisas; esos ingresos podrían facilitar la reestructuración financiera; la reestructuración podría fortalecer la confianza; y esa confianza podría acelerar nuevamente las inversiones. Pero el mismo mecanismo puede operar en sentido contrario. Si la reforma monetaria fracasa, si las instituciones siguen siendo frágiles, si las infraestructuras no se recuperan o si los inversores consideran demasiado elevado el riesgo político, la dolarización podría estabilizar determinados precios sin producir la transformación productiva esperada.

Por ello, reducir el debate a la fórmula «dólar contra bolívar» sería un error analítico. La verdadera cuestión es la del triángulo moneda, energía y geopolítica. Venezuela no busca solamente una nueva unidad monetaria; potencialmente busca un nuevo marco para reconstruir su economía y renegociar su posición internacional. El dólar podría constituir el instrumento monetario de esa reconstrucción, pero el éxito dependería de todo lo que lo rodea.

La política comercial de Donald Trump añade otra dimensión a esta cuestión. La política arancelaria estadounidense hacia China ha contribuido a desplazar el debate económico mundial desde la lógica exclusiva del libre comercio hacia una lógica en la que la seguridad de las cadenas de suministro, la soberanía industrial y la competencia tecnológica ocupan un lugar central. Para los países que poseen recursos estratégicos, esta transformación es considerable. Las materias primas ya no son simplemente productos exportables; pueden volver a convertirse en instrumentos de negociación dentro de una economía mundial en la que los Estados buscan asegurar sus suministros.

Venezuela podría encontrarse entonces en una posición paradójica. Durante décadas, su petróleo fue considerado principalmente una fuente de ingresos. En la nueva economía política mundial, podría volver a convertirse en una infraestructura estratégica. La diferencia es fundamental. Un recurso es rentable cuando genera ingresos. Se vuelve estratégico cuando influye en las decisiones de las grandes potencias.

Esta evolución también debe relacionarse con la política estadounidense hacia Irán. El conflicto en torno al programa nuclear iraní, la cuestión de las sanciones, las tensiones energéticas y la seguridad del Golfo ilustran cómo la energía sigue vinculada a la geopolítica. El mundo digital no ha eliminado la geografía. La ha transformado. Los Estados necesitan ahora simultáneamente chips, datos, redes, petróleo, gas, minerales críticos, puertos, rutas comerciales y capacidades militares. El poder del siglo XXI no es posenergético; es híbrido.

Esta hibridación es esencial para comprender la situación venezolana. El país posee un recurso energético excepcional, pero presenta importantes retrasos en varios ámbitos tecnológicos. Podría, por tanto, enfrentarse a una nueva forma de dependencia: vender recursos primarios mientras importa las tecnologías necesarias para explotarlos. Esta situación reproduciría, bajo una nueva forma, la lógica de dependencia del siglo XX.

El verdadero objetivo debería ser, por tanto, más ambicioso. La reconstrucción petrolera debería utilizarse simultáneamente para desarrollar capacidades nacionales en ingeniería, mantenimiento industrial, sistemas digitales, análisis de datos, automatización e inteligencia artificial aplicada a la energía. Una política de este tipo transformaría progresivamente el petróleo en una plataforma de aprendizaje tecnológico, en lugar de mantenerlo como un simple producto de exportación.

China constituye aquí un caso de estudio ineludible. Pekín sigue siendo un socio importante para numerosos países productores de materias primas, pero la propia China lleva años intentando ascender en las cadenas de valor tecnológico. Su objetivo ya no consiste solamente en comprar recursos en el exterior y vender productos manufacturados. Busca controlar un mayor número de tecnologías, capacidades industriales y cadenas logísticas. Venezuela tendría interés en observar atentamente esta transformación: el verdadero poder no reside únicamente en poseer recursos, sino en la capacidad de organizar toda la cadena económica que los transforma.

India representa otra trayectoria. Mantiene una relación importante con el petróleo y los mercados energéticos, al tiempo que desarrolla sus propias capacidades digitales, industriales y científicas. Su política exterior se basa en una autonomía estratégica que le permite trabajar con múltiples socios sin situarse completamente en el campo de una sola potencia. Para Caracas, la experiencia india podría resultar especialmente instructiva. Demuestra que un país del Sur puede buscar diversificar sus relaciones sin caer necesariamente en una dependencia exclusiva.

Corea del Sur ofrece otra lección. No posee las reservas naturales de Venezuela, pero ha demostrado que el capital humano, la industria, la tecnología y las infraestructuras pueden transformar radicalmente la posición internacional de un Estado. Venezuela evidentemente no podría reproducir su trayectoria histórica, pero sí podría recuperar su principio fundamental: un recurso natural solo se convierte en un instrumento de poder sostenible cuando financia una transformación productiva.

Rusia, por su parte, ilustra los límites de una potencia fuertemente basada en los recursos energéticos y la capacidad militar cuando los costos geopolíticos se vuelven extremadamente elevados. La guerra en Ucrania transformó profundamente las relaciones de Moscú con Europa, los mercados energéticos y una parte del sistema financiero internacional. También aceleró la búsqueda de nuevas rutas comerciales y nuevos socios. Para Venezuela, la experiencia rusa constituye una lección importante: poseer recursos energéticos puede proporcionar capacidad de resistencia, pero no garantiza automáticamente una posición internacional favorable cuando el entorno geopolítico se vuelve hostil.

El debilitamiento relativo de Rusia en determinados ámbitos no significa, por supuesto, su desaparición como potencia. Muestra más bien que el poder moderno es multidimensional. Un Estado puede conservar una influencia militar y energética considerable mientras enfrenta dificultades tecnológicas, financieras o demográficas. Esta observación conecta directamente con nuestro análisis de Venezuela: ningún país puede depender indefinidamente de una sola dimensión del poder.

La cuestión de los BRICS debe abordarse con la misma prudencia. La ampliación del grupo ha reforzado su visibilidad internacional, pero no ha eliminado las divergencias de intereses entre sus miembros. India y China son simultáneamente socios y competidores. Varios Estados miembros mantienen relaciones importantes con Estados Unidos y Europa. Algunos desean reducir su exposición al dólar sin necesariamente querer abandonar el sistema financiero internacional dominado por las instituciones existentes. Venezuela no debería, por tanto, confundir la emergencia de un mundo más multipolar con la desaparición inmediata de la centralidad estadounidense.

Esta distinción es particularmente importante en el contexto de una eventual dolarización. Sería paradójico que un país adoptara el dólar como instrumento de estabilización mientras considera que el dólar está a punto de perder inmediatamente su papel central. Una estrategia seria debe distinguir entre la tendencia hacia una mayor diversificación monetaria internacional y la realidad actual del sistema financiero. El dólar continúa siendo una de las principales monedas mundiales. Su centralidad puede ser progresivamente cuestionada en determinados ámbitos sin desaparecer por ello.

Venezuela podría entonces intentar aprovechar una contradicción aparente: utilizar el dólar para estabilizar su economía mientras diversifica sus socios comerciales y tecnológicos. Esta estrategia sería mucho más sofisticada que una elección ideológica de un bloque frente a otro. Consistiría en utilizar una moneda internacional como instrumento de estabilidad al tiempo que mantiene una política exterior pluralista.

Este enfoque también podría modificar la relación con Cuba. Durante décadas, Cuba y Venezuela estuvieron vinculadas por una proximidad política y energética particularmente estrecha. Pero las transformaciones económicas de la región podrían imponer un enfoque más pragmático. Las relaciones entre Caracas y La Habana podrían redefinirse progresivamente en torno a sectores concretos como la salud, la educación, la biotecnología, la formación profesional y determinados intercambios comerciales, en lugar de basarse exclusivamente en la solidaridad ideológica.

Esta evolución sería significativa. Ilustraría el paso de una diplomacia de bloques a una diplomacia de funciones. En el mundo del siglo XXI, dos países pueden cooperar en un ámbito mientras persiguen intereses divergentes en otro. La madurez diplomática consiste precisamente en saber gestionar esa pluralidad.

La misma lógica podría aplicarse a Colombia. La proximidad histórica, las tensiones políticas y los flujos migratorios han dominado durante mucho tiempo la relación. Pero la geografía impone una realidad que la política no puede eliminar. Las dos economías comparten fronteras, mercados, infraestructuras y poblaciones. Una reconstrucción venezolana podría producir, por tanto, un efecto regional considerable si permitiera mejorar los intercambios y las infraestructuras transfronterizas.

Brasil podría desempeñar un papel todavía más amplio. Una relación estratégica con Brasilia permitiría a Venezuela reforzar su anclaje sudamericano evitando depender exclusivamente de Washington o Pekín. Brasil posee una capacidad diplomática particular porque puede dialogar con múltiples polos internacionales. Caracas tendría, por tanto, interés en considerar a Brasilia no solo como un socio comercial, sino también como un actor potencial de mediación, integración regional y diversificación estratégica.

La verdadera novedad del período actual aparece entonces con claridad. Venezuela ya no se enfrenta simplemente a la cuestión de cómo recuperar un lugar en el antiguo orden. Debe determinar cómo posicionarse dentro de un orden que ya no es el de 1990, ni el de 2000, ni siquiera el de 2015.

La economía mundial se ha vuelto digital, pero sigue siendo material. Depende del software y de los semiconductores, pero también de los puertos y los oleoductos. Valora los datos, pero sigue dependiendo de la energía. Favorece a las empresas globalizadas, pero los Estados buscan asegurar sus cadenas de producción. Habla de descarbonización mientras continúa dependiendo fuertemente de los hidrocarburos. Esta contradicción no es una anomalía temporal; constituye una de las características fundamentales de la transición mundial.

Venezuela posee precisamente algunos de los recursos necesarios para esta transición, pero todavía no dispone de todas las capacidades institucionales y tecnológicas para convertirlos en poder. Ahí se encuentra su verdadero desafío histórico.

La eventual desaparición del bolívar podría interpretarse, por tanto, de dos maneras. En una lectura superficial, representaría simplemente el abandono de una moneda nacional después de años de inflación. En una lectura histórica, podría constituir el símbolo de un cambio mucho más profundo: el paso de una concepción del desarrollo basada en la soberanía monetaria, la renta petrolera y la confrontación ideológica a una concepción basada en la estabilidad, la diversificación, la tecnología y la capacidad de elegir a sus socios.

Por ello, la decisión monetaria, si se produce, deberá ir acompañada de una reflexión sobre la propia soberanía. Una nación no se vuelve menos soberana porque abandone un instrumento que ya no cumple adecuadamente sus funciones. Pero puede volverse más dependiente si abandona su moneda sin construir paralelamente las capacidades económicas, institucionales y productivas necesarias para preservar su autonomía.

Venezuela se encuentra, por tanto, ante una elección que trasciende ampliamente la política monetaria. Puede intentar preservar los símbolos del antiguo modelo o utilizar la crisis actual como punto de partida para una transformación nacional. En el primer caso, la dolarización no sería más que un cambio contable. En el segundo, podría convertirse en una de las piezas de un proyecto mucho más amplio de reconstrucción.

La verdadera ruptura no sería entonces la desaparición del bolívar. Sería la desaparición de la idea de que la soberanía se mide principalmente por la capacidad de un Estado para controlar su moneda, sus recursos y su territorio, independientemente de la calidad de sus instituciones y del nivel de desarrollo de su población.

El siglo XXI impone una definición más exigente. La soberanía se convierte en la capacidad de producir, innovar, negociar, proteger, educar, conectar y elegir. En este nuevo mundo, Venezuela será verdaderamente autónoma cuando pueda transformar su petróleo en capital humano, su territorio en una red logística, sus universidades en poder tecnológico, su diáspora en capital transnacional y su posición geográfica en una ventaja diplomática.

Solo bajo esta condición el eventual abandono del bolívar dejará de interpretarse como el final de una moneda y podrá comprenderse como el comienzo de una nueva arquitectura nacional. La siguiente cuestión se vuelve entonces inevitable: ¿qué ocurriría concretamente si Caracas adoptara oficialmente el dólar, y cuáles serían las consecuencias para los ciudadanos, las empresas, los bancos, el Estado, la deuda, el petróleo y la soberanía económica? Es esta mecánica, mucho más compleja que un simple cambio de billetes, la que debemos examinar ahora.

LA DOLARIZACIÓN A PRUEBA DE LA REALIDAD: QUÉ CAMBIARÍA PARA EL ESTADO, LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD

La hipótesis de un abandono oficial del bolívar solo puede comprenderse seriamente distinguiendo entre la dolarización de facto, ya profundamente instalada en determinadas transacciones económicas, y la dolarización institucional, que consistiría en reconocer oficialmente el dólar como moneda central del sistema económico. Esta distinción es fundamental porque permite medir el verdadero alcance de una eventual decisión de Caracas. Cuando una población comienza a ahorrar, fijar determinados precios, celebrar contratos y realizar una parte importante de sus transacciones en una moneda extranjera, ya está expresando una pérdida de confianza en la moneda nacional. Pero cuando el Estado decide transformar esa práctica en una arquitectura oficial, cruza un umbral mucho más importante: acepta renunciar a una parte de sus instrumentos monetarios para obtener, a cambio, mayor estabilidad, previsibilidad y credibilidad. En el caso venezolano, la cuestión no sería simplemente determinar si el dólar es más estable que el bolívar, algo que resulta casi evidente a la luz de la reciente historia monetaria del país, sino determinar si el conjunto de la economía, el sistema bancario y las finanzas públicas pueden funcionar de manera sostenible en un entorno en el que el Estado ya no dispone de la misma capacidad para crear su propia moneda e intervenir como lo hacía anteriormente.

Esta transformación afectaría directamente al Banco Central de Venezuela y, más ampliamente, a toda la concepción de la política económica. Un banco central que ya no controla realmente la moneda utilizada en las transacciones no puede emplear los mismos instrumentos para responder a una crisis de liquidez, apoyar a un banco en dificultades o ajustar las condiciones monetarias según el ciclo económico nacional. La dolarización impone así una disciplina externa que algunos consideran precisamente una de sus principales ventajas: el Estado ya no puede financiar sus déficits con la misma facilidad mediante la creación monetaria y los bancos deben operar en una moneda cuya emisión no controlan. Pero esta disciplina también puede convertirse en una restricción cuando la economía atraviesa un shock. Un país dolarizado ya no dispone del mismo mecanismo de ajuste mediante el tipo de cambio y debe absorber los shocks a través de los precios, los salarios, las reservas, los flujos de capital y la política fiscal. El éxito de una transformación de este tipo dependería, por tanto, menos de la moneda en sí misma que de la calidad de las instituciones llamadas a sustituir los instrumentos monetarios abandonados. Si la disciplina fiscal, la supervisión bancaria, la transparencia financiera y la capacidad administrativa siguen siendo débiles, el dólar no eliminará los desequilibrios; simplemente impedirá que algunos de ellos se manifiesten bajo la forma tradicional de una depreciación monetaria.

La transición también tendría profundas consecuencias sociales. Los hogares que ya poseen ahorros en dólares podrían experimentar una mayor coherencia entre sus activos y sus gastos, mientras que las empresas que trabajan con proveedores o clientes internacionales podrían beneficiarse de una reducción del riesgo cambiario. Pero esta posible mejora no debe ocultar las dificultades de las categorías cuyos ingresos siguen siendo insuficientes o cuya actividad depende de mecanismos públicos. Los funcionarios, jubilados, trabajadores con bajos ingresos y trabajadores informales podrían ser especialmente sensibles a la forma en que se conviertan los salarios y las prestaciones. Una reforma monetaria que estabilizara los precios mientras dejara a una parte de la población sin capacidad de compra no podría considerarse un éxito completo. La cuestión social debería, por tanto, integrarse desde el comienzo de la reforma: calendario de conversión, protección de los ingresos, transparencia de los precios, regulación bancaria, acceso al crédito y mantenimiento de los mecanismos de protección social deberían concebirse como elementos de una misma arquitectura. La dolarización podría reducir una fuente importante de inestabilidad, pero no podría sustituir una política social ni crear por sí sola las condiciones del crecimiento. Podría modificar el marco monetario en el que la reconstrucción se vuelve posible; no podría realizar esa reconstrucción en lugar del Estado.

¿QUIÉN GANA, QUIÉN PIERDE Y QUIÉN DEBE SER PROTEGIDO? LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA TRANSICIÓN

Toda reforma monetaria importante produce efectos distributivos, incluso cuando se presenta como una medida general de estabilización. En el caso de Venezuela, esta dimensión es aún más importante porque la población ya ha desarrollado estrategias diferenciadas para sobrevivir a la inestabilidad monetaria: algunos hogares mantienen dólares, otros dependen del bolívar, algunos trabajan en sectores vinculados a las divisas extranjeras, mientras otros siguen dependiendo principalmente de los ingresos públicos o de la economía informal. Una dolarización oficial podría reducir ciertas desigualdades vinculadas a la inflación, pero también podría revelar otras. Las personas que ya tienen acceso a divisas podrían entrar en la nueva arquitectura con una capacidad de adaptación superior a la de los hogares cuyos ingresos son bajos e irregulares. El éxito de la reforma dependería, por tanto, de la capacidad del Estado para impedir que la estabilización monetaria se convierta simplemente en una estabilización de las cuentas de las categorías ya integradas en la economía formal.

Esta cuestión conduce directamente al problema del poder adquisitivo. Una moneda estable no significa automáticamente ingresos suficientes. Si la productividad sigue siendo baja, las infraestructuras continúan deterioradas y la creación de empleo formal avanza lentamente, la estabilidad monetaria podría coexistir con una pobreza persistente. Por ello, la reforma debería ir acompañada de una estrategia de producción y empleo. Las empresas deben poder invertir, los trabajadores deben tener acceso a la formación y los jóvenes deben disponer de un horizonte profesional que no esté limitado a la emigración. La dimensión generacional es decisiva. Una generación que ha crecido en la incertidumbre monetaria no pide únicamente una moneda más estable; pide la posibilidad de construir una trayectoria de vida. Quiere poder estudiar sin considerar la emigración como única perspectiva, trabajar sin ver cómo sus ingresos pierden continuamente valor, ahorrar sin temer la desaparición de su patrimonio y participar en una economía que ofrezca oportunidades en los sectores del futuro. La cuestión monetaria se convierte así en una cuestión de confianza intergeneracional: una sociedad comienza verdaderamente a salir de una crisis cuando sus jóvenes vuelven a creer que el futuro puede construirse dentro del país.

Esta perspectiva también obliga a superar la oposición simplista entre ganadores y perdedores. El verdadero desafío consiste en determinar cómo distribuir los costos de la transición y cómo convertir los beneficios de la estabilidad en ganancias de productividad. Una economía más previsible puede favorecer la inversión, pero solo si las instituciones permiten que las empresas funcionen, si las infraestructuras son fiables, si las reglas son relativamente estables y si la justicia económica ofrece garantías suficientes. El sector privado no puede reconstruir por sí solo una economía nacional; el Estado tampoco puede hacerlo sin empresarios, inversores, ingenieros, trabajadores cualificados y capitales. La reforma monetaria debe, por tanto, concebirse como uno de los componentes de un nuevo contrato económico entre el Estado, las empresas y la población. El verdadero criterio de éxito no debería ser únicamente la desaparición de la hiperinflación, sino la transformación de la estabilidad monetaria en empleos, inversiones, poder adquisitivo, capital humano y movilidad social.

EL PETRÓLEO COMO CAPITAL DE TRANSICIÓN: TRANSFORMAR LA RENTA EN CAPACIDAD NACIONAL

La cuestión petrolera constituye probablemente el núcleo material de toda reconstrucción venezolana. Pero el problema ya no consiste en determinar si Venezuela posee suficiente petróleo para recuperar ingresos importantes; consiste en saber qué hará el país con esos ingresos cuando regresen. El precedente histórico es suficientemente claro como para imponer prudencia. Un aumento de los ingresos petroleros puede producir rápidamente una ilusión de renacimiento si financia principalmente el consumo, las importaciones y la expansión del gasto público sin fortalecer simultáneamente la capacidad productiva nacional. Cuando el ciclo energético se revierte, las fragilidades reaparecen con una intensidad aún mayor. La reconstrucción de Venezuela deberá, por tanto, romper con esta lógica considerando el petróleo no como una renta permanente, sino como un capital de transición destinado a financiar una transformación económica que deberá reducir progresivamente la dependencia de esa misma renta.

Esta transformación debería comenzar por las infraestructuras que determinan la productividad de toda la economía: red eléctrica, carreteras, puertos, sistemas de agua, telecomunicaciones, infraestructuras digitales, capacidades industriales y logísticas. Pero debería ir mucho más lejos. Una parte significativa de la riqueza petrolera debería poder transformarse en capital humano mediante la educación, la investigación científica, la formación profesional y la creación de ecosistemas tecnológicos. Venezuela dispone de una ventaja que muchos países productores no necesariamente poseen en la misma proporción: una población importante, una diáspora considerable, una tradición universitaria y una posición geográfica estratégica. El desafío consistiría en utilizar los ingresos energéticos para reconectar estos diferentes recursos. El petróleo podría financiar las infraestructuras que permitan trabajar a los ingenieros, las universidades capaces de formar a las nuevas generaciones, las redes digitales necesarias para la economía moderna y las capacidades industriales que permitan producir localmente un mayor valor.

Una estrategia de este tipo transformaría profundamente el significado económico del petróleo. En lugar de ser únicamente una fuente de divisas, se convertiría en un instrumento de transformación productiva. Los ingresos petroleros podrían financiar la modernización de las refinerías, pero también la formación de especialistas en energía; podrían permitir la reconstrucción de las infraestructuras de exportación, pero también el desarrollo de capacidades logísticas; podrían respaldar las inversiones energéticas, pero igualmente las tecnologías de eficiencia, supervisión y automatización. El verdadero indicador del éxito no sería, por tanto, únicamente el aumento de la producción petrolera, sino la proporción de la riqueza petrolera transformada en activos que seguirán generando valor cuando evolucione la demanda mundial de hidrocarburos. En un mundo comprometido con la transición energética pero que sigue dependiendo fuertemente del petróleo y el gas, esta estrategia sería especialmente importante. Venezuela no puede saber exactamente a qué velocidad se descarbonizará la economía mundial, pero sí puede saber que una dependencia eterna del petróleo constituiría un riesgo. Debe utilizar, por tanto, la ventaja energética de la que dispone hoy para construir las capacidades que necesitará mañana.

CUATRO VENEZUELAS POSIBLES: ESCENARIOS 2026–2035

El futuro de Venezuela no puede describirse seriamente a partir de una sola proyección. El período 2026–2035 debe considerarse más bien como una zona de incertidumbre en la que son posibles varias trayectorias, dependiendo de las decisiones monetarias, institucionales, energéticas y geopolíticas que se adopten. El primer escenario sería el de una dolarización acompañada de una reconstrucción institucional y productiva. En esta trayectoria, la estabilidad monetaria reduciría considerablemente la incertidumbre, las inversiones regresarían progresivamente, el sector petrolero recuperaría una mayor capacidad productiva y los ingresos energéticos se utilizarían para reconstruir las infraestructuras y diversificar la economía. Venezuela podría entonces recuperar progresivamente una posición económica regional significativa, no simplemente gracias al petróleo, sino mediante una combinación de energía, logística, capital humano y servicios. En un escenario de este tipo, la dolarización sería menos un fin que un mecanismo de estabilización al servicio de una transformación más amplia.

El segundo escenario sería el de una dolarización exitosa en el plano monetario, pero incompleta en el económico. La inflación podría contenerse, las transacciones serían más previsibles y determinadas inversiones podrían reanudarse, pero las instituciones seguirían siendo frágiles, la dependencia petrolera persistiría y la productividad avanzaría de manera insuficiente. El país experimentaría entonces una forma de estabilización sin verdadera transformación. Este escenario sería ciertamente preferible a una nueva crisis monetaria, pero no permitiría a Venezuela abandonar su dependencia estructural. El tercer escenario sería el mantenimiento del bolívar acompañado de una reforma institucional suficientemente profunda como para restaurar progresivamente su credibilidad. Esta hipótesis no debe descartarse simplemente porque una parte importante de la economía ya se haya orientado hacia el dólar. Una moneda nacional puede recuperar una función económica si está respaldada por unas finanzas públicas creíbles, un banco central independiente, una producción suficiente y unas instituciones sólidas. Pero este escenario exigiría una disciplina particularmente elevada y un nivel de confianza que las experiencias anteriores han debilitado profundamente.

El cuarto escenario sería el fracaso de la transformación. La moneda podría modificarse sin que las instituciones cambiaran, el petróleo podría recuperar ingresos sin generar diversificación, los capitales podrían seguir siendo prudentes y las tensiones políticas podrían impedir la reconstrucción. En ese caso, la reforma monetaria solo constituiría una estabilización superficial. El país continuaría dependiendo de recursos externos, ciclos energéticos y decisiones tomadas en otros lugares. Esta matriz permite extraer una conclusión esencial: el futuro de Venezuela no estará determinado por la elección entre dólar y bolívar considerados de manera aislada. Dependerá de la capacidad para articular moneda, instituciones, energía, capital humano, tecnología, infraestructuras y diplomacia. La moneda puede modificar las restricciones; no determina por sí sola la trayectoria histórica de un país.

VENEZUELA Y SU REGIÓN: COLOMBIA, BRASIL, EL CARIBE Y ESTADOS UNIDOS

El futuro de Venezuela no puede analizarse de manera aislada. Su transformación monetaria, económica y tecnológica se desarrolla dentro de un espacio geopolítico en el que convergen Colombia, Brasil, el Caribe y Estados Unidos. La posición geográfica del país, sus enormes reservas energéticas, sus vínculos históricos con América Latina y el Caribe y su relación estratégica con Washington hacen que cualquier transformación interna tenga necesariamente consecuencias regionales e internacionales.

Colombia ocupa una posición particularmente sensible. La extensa frontera entre ambos países constituye al mismo tiempo una zona de intercambios económicos, migratorios y culturales, pero también un espacio marcado por importantes desafíos de seguridad y gobernanza. Una eventual estabilización económica de Venezuela podría modificar profundamente las dinámicas fronterizas, reducir determinados incentivos a la migración irregular y favorecer la recuperación del comercio bilateral. Pero esta evolución también exigiría una nueva arquitectura de cooperación entre Caracas y Bogotá, basada menos en la confrontación ideológica y más en intereses económicos, seguridad fronteriza, infraestructura, energía y movilidad humana.

Brasil representa otra dimensión estratégica. Como principal potencia económica de América del Sur y vecino directo de Venezuela, Brasil podría convertirse en uno de los principales socios de una eventual reconstrucción productiva venezolana. La integración energética, las infraestructuras transfronterizas, la agricultura, la industria, la logística y los intercambios comerciales ofrecen un campo considerable para una relación renovada. Venezuela podría encontrar en Brasil no solamente un mercado, sino también una plataforma regional de industrialización y diversificación económica.

El Caribe, por su parte, constituye una dimensión que Caracas no puede ignorar. Venezuela mantiene vínculos históricos, energéticos, económicos y diplomáticos con numerosos Estados caribeños. La evolución de su sector petrolero, su capacidad financiera y su política exterior podrían tener repercusiones directas sobre las pequeñas economías insulares, especialmente aquellas que históricamente han dependido de mecanismos de cooperación energética venezolanos. Una Venezuela económicamente más estable podría recuperar una capacidad de influencia regional basada no únicamente en el petróleo, sino también en la inversión, la conectividad, la tecnología, la educación y la cooperación científica.

Estados Unidos constituye finalmente una variable inevitable. La relación entre Washington y Caracas ha estado marcada durante años por sanciones, confrontaciones políticas, tensiones energéticas y profundas divergencias ideológicas. Sin embargo, la importancia del petróleo venezolano, la proximidad geográfica y los intereses estratégicos de ambas partes hacen que una relación puramente confrontativa resulte difícil de sostener indefinidamente. Una eventual normalización económica no significaría necesariamente una convergencia política. Podría, por el contrario, abrir una etapa de pragmatismo en la que Venezuela intentaría recuperar autonomía mientras Estados Unidos buscaría proteger sus intereses económicos, energéticos y de seguridad.

El desafío venezolano consiste, por tanto, en transformar su posición geográfica en una ventaja estratégica. La verdadera cuestión no es simplemente saber con quién se alineará Venezuela, sino si será capaz de mantener relaciones múltiples y diversificadas sin quedar nuevamente atrapada en una dependencia externa. La soberanía del siglo XXI no se construye mediante el aislamiento, sino mediante la capacidad de negociar con múltiples centros de poder desde una posición de mayor autonomía económica, tecnológica e institucional.

LA NUEVA VENEZUELA FRENTE A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: SALIR DE LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA

La cuestión monetaria constituye solamente una parte de la transformación que Venezuela deberá afrontar. En el siglo XXI, una economía puede disponer de recursos naturales extraordinarios y, sin embargo, permanecer estructuralmente dependiente si no domina las tecnologías que organizan la producción, las finanzas, la información y la toma de decisiones. La inteligencia artificial modifica precisamente esta ecuación.

Para Venezuela, la inteligencia artificial no debería ser considerada únicamente como una tecnología importada destinada a modernizar determinadas empresas o servicios públicos. Representa una cuestión estratégica vinculada a la soberanía nacional. Los países que controlan los modelos, los semiconductores, los centros de datos, las infraestructuras digitales, el capital humano y los ecosistemas de innovación disponen de una capacidad creciente para determinar las condiciones de la economía mundial.

Venezuela enfrenta aquí una contradicción fundamental. Posee recursos energéticos que podrían convertirse en una ventaja para el desarrollo de infraestructuras digitales, pero todavía necesita construir gran parte del ecosistema tecnológico capaz de transformar esa energía en capacidad computacional, investigación, innovación y productividad. El verdadero desafío consiste en pasar de una economía que exporta recursos a una economía capaz de transformar recursos en conocimiento.

La construcción de centros de datos, el desarrollo de infraestructuras de computación, la formación de ingenieros y científicos, la expansión de las redes digitales y la creación de empresas tecnológicas deberían formar parte de una misma estrategia nacional. El petróleo podría financiar una transición de esta naturaleza, pero el objetivo final debería ser precisamente reducir la dependencia respecto del petróleo.

La inteligencia artificial también podría transformar la administración pública venezolana. Sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de información podrían contribuir a mejorar la planificación presupuestaria, la gestión energética, la salud pública, la educación, la infraestructura y la lucha contra determinadas formas de corrupción. Pero esta transformación exigiría instituciones sólidas, protección de datos, supervisión humana y reglas claras para impedir que la tecnología se convierta en un instrumento de vigilancia o de concentración arbitraria del poder.

El verdadero riesgo para Venezuela no es simplemente quedarse atrás en inteligencia artificial. Es convertirse en un consumidor permanente de tecnologías desarrolladas en otros países, pagando por servicios digitales sin construir capacidades nacionales. En ese escenario, la dependencia tecnológica podría sustituir gradualmente a la antigua dependencia petrolera.

Salir de esta trampa exige una política deliberada de soberanía tecnológica. Venezuela necesitaría formar talento, atraer investigadores, recuperar parte de su diáspora científica, desarrollar alianzas internacionales y crear condiciones para que las empresas tecnológicas puedan crecer dentro del país. La cooperación con Estados Unidos, China, India, Brasil, Europa y otros centros tecnológicos no tendría que interpretarse como una renuncia a la autonomía. Al contrario, podría convertirse en una herramienta de autonomía si Venezuela aprendiera a negociar transferencia de conocimientos, formación, inversión y acceso tecnológico desde una posición estratégica.

La pregunta fundamental ya no sería únicamente cuánto petróleo puede producir Venezuela, sino cuánta inteligencia puede generar a partir de su energía, sus universidades, sus científicos, sus empresarios y su población.

¿EL FIN DE UN LENGUAJE POLÍTICO? DEL SIGLO XX IDEOLÓGICO AL SIGLO XXI CIVILIZACIONAL

Durante gran parte del siglo XX, el lenguaje político venezolano estuvo estructurado alrededor de grandes categorías ideológicas: socialismo, capitalismo, revolución, imperialismo, nacionalismo, liberalismo y soberanía. Estas categorías continúan teniendo importancia, pero ya no explican por sí solas la complejidad del mundo contemporáneo.

El siglo XXI introduce una nueva gramática del poder. La competencia internacional se desarrolla simultáneamente en los ámbitos financiero, tecnológico, energético, militar, científico, demográfico, digital y cultural. Un país puede mantener una determinada orientación ideológica y, al mismo tiempo, depender tecnológicamente de otro Estado, utilizar su moneda, importar sus tecnologías y negociar con sus empresas.

La nueva cuestión venezolana podría situarse precisamente en este punto. El país necesita superar una visión del poder basada exclusivamente en las alianzas ideológicas y desarrollar una política exterior capaz de distinguir entre principios, intereses y dependencias. Venezuela puede mantener sus posiciones políticas mientras establece relaciones económicas con Estados Unidos, profundiza sus vínculos con China, desarrolla relaciones estratégicas con Brasil, fortalece sus conexiones con Colombia y amplía su presencia en el Caribe.

Esta evolución implicaría pasar de una política exterior basada principalmente en la identificación de amigos y adversarios a una política de intereses nacionales diversificados. En el mundo contemporáneo, la autonomía no significa necesariamente elegir un bloque. Significa disponer de suficientes alternativas para no depender completamente de ninguno.

La cuestión es, por tanto, mucho más profunda que la eventual sustitución del bolívar por el dólar o por cualquier otra moneda. Se trata de saber si Venezuela será capaz de transformar su relación con el poder. El desafío consiste en pasar de una nación que reacciona ante las decisiones de otros centros de poder a una nación capaz de participar activamente en la construcción de las reglas que afectan su futuro.

LA MIRADA DEL CPGNNews: VENEZUELA NO DEBE LIMITARSE A CAMBIAR DE MONEDA

En CPGNNews observamos esta transformación con una atención que va mucho más allá de la que habitualmente se presta a una decisión monetaria. La seguimos con la conciencia de estar siendo testigos de un momento que, con la perspectiva del tiempo, podría aparecer como uno de los puntos de inflexión más significativos de la historia económica y política contemporánea de Venezuela. No estamos simplemente ante un gobierno que podría decidir modificar el estatus de una moneda; estamos ante una sociedad que, después de haber vivido durante años las consecuencias de una profunda desorganización económica, podría verse obligada a reconocer que algunas certezas heredadas del pasado ya no corresponden a las realidades del presente. Detrás de las cifras, los tipos de cambio, las reservas, los mercados y las decisiones de las instituciones, hay familias que han intentado preservar sus ahorros, trabajadores que han visto perder valor a sus ingresos, jóvenes que han crecido con la incertidumbre como horizonte, empresarios que han aprendido a trabajar en condiciones extraordinarias y una diáspora dispersa por todo el mundo que continúa, pese a la distancia, manteniendo un vínculo profundo con su país. Es esta dimensión humana la que queremos situar en el centro de nuestra mirada. Una transformación monetaria nunca es solamente una cuestión de moneda cuando esa moneda ha acompañado durante años las esperanzas, las preocupaciones, los sacrificios y los proyectos de millones de personas.

Precisamente por esta razón, CPGNNews considera que sería peligroso presentar una eventual dolarización como una solución mágica. El dólar puede aportar estabilidad, reducir parte de la incertidumbre monetaria y permitir que los hogares, las empresas y los inversores recuperen progresivamente cierta capacidad de planificación. Pero ninguna moneda, por fuerte que sea, puede reparar por sí sola las instituciones de un país, reconstruir sus infraestructuras, restablecer su sistema educativo, recuperar la confianza en la justicia, modernizar su administración o devolver a sus jóvenes la convicción de que el futuro todavía puede construirse en su propio país. Venezuela no debe, por tanto, sustituir una creencia por otra. No debería pasar de la idea de que el bolívar podía, por la sola voluntad política, garantizar la soberanía económica, a la idea inversa de que el dólar podría, únicamente gracias a su estabilidad, garantizar la prosperidad. Una moneda es un instrumento. Puede ser una base sólida, pero nunca puede convertirse por sí sola en la casa en la que una nación decide vivir.

Venezuela posee, sin embargo, algo profundamente valioso: no es un país desprovisto de posibilidades. Cuenta con importantes recursos energéticos, una posición geográfica que la sitúa en contacto con varios grandes espacios económicos, una extensa fachada marítima, un potencial agrícola e industrial, una población considerable, una diáspora mundial y un capital humano que, pese a los años difíciles, no ha desaparecido. Detrás de las crisis todavía existen capacidades, familias, empresarios, investigadores, ingenieros, docentes, trabajadores y jóvenes que poseen un conocimiento íntimo del país y una capacidad real para participar en su reconstrucción. Esta es quizá una de las dimensiones más importantes de nuestra mirada como testigos: cuando un país atraviesa una crisis prolongada, es fácil ver únicamente aquello que se ha derrumbado. También es necesario mirar aquello que ha resistido. Y en Venezuela, muchas cosas han resistido. Hombres y mujeres han continuado trabajando, estudiando, emprendiendo, cuidando, creando y manteniendo vivas sus comunidades a pesar de la incertidumbre. Una verdadera reconstrucción deberá partir de esta energía humana, en lugar de considerar a la sociedad únicamente como beneficiaria pasiva de una reforma decidida desde las instituciones.

Por eso consideramos que la verdadera cuestión no consiste únicamente en saber si Venezuela dispone de suficiente petróleo, dólares o reservas para sostener una nueva arquitectura monetaria. La cuestión es saber si será capaz de transformar sus recursos en capacidades duraderas. Un país puede poseer enormes riquezas naturales y seguir siendo pobre si sus instituciones no saben convertirlas en infraestructuras, educación, productividad e innovación. Puede contar con una población numerosa sin conseguir transformarla en capital humano si no proporciona a sus jóvenes los medios para aprender, crear y participar. Puede ocupar una posición geográfica excepcional y permanecer al margen de los intercambios internacionales si sus puertos, carreteras, redes energéticas e infraestructuras digitales no están a la altura. El verdadero trabajo de reconstrucción consistirá, por tanto, en volver a conectar elementos que con demasiada frecuencia han sido considerados por separado: el petróleo con la educación, la energía con la industria, las infraestructuras con la productividad, la diáspora con la innovación, la estabilidad monetaria con la inversión y la tecnología con la soberanía.

Sin embargo, el cambio más profundo deberá ser institucional, político y cultural. Venezuela tendrá que abandonar progresivamente una lógica en la que cada ciclo político intenta reescribir el futuro del país a partir de su propia concepción del poder, mientras cada ciclo energético determina los márgenes financieros disponibles para el Estado. Una nación no puede construir una trayectoria sostenible si sus instituciones vuelven a empezar desde cero con cada cambio político y si sus políticas públicas permanecen atrapadas en el precio de una materia prima. El siglo XXI exige otra forma de gobernanza, más previsible, más profesional, más transparente, más capaz de medir sus resultados y, sobre todo, más capaz de pensar más allá del próximo calendario político. La soberanía moderna ya no reside únicamente en la capacidad de decidir por sí sola; también reside en la capacidad de disponer de instituciones suficientemente sólidas para resistir las crisis, de competencias suficientemente amplias para dominar las nuevas tecnologías y de una economía suficientemente diversificada para no depender de un solo producto, un solo mercado o un solo socio.

Esta lección supera ampliamente las fronteras de Venezuela y merece ser escuchada por otros Estados frágiles o vulnerables que observan hoy esta experiencia. Lo decimos con prudencia, sin pretender que las trayectorias nacionales sean idénticas: el mundo del siglo XXI ya no perdona con la misma facilidad los retrasos acumulados en materia de gobernanza, educación, transformación digital, infraestructuras, transparencia financiera y preparación tecnológica. Los Estados que continúan administrando sus sociedades con instrumentos institucionales concebidos para las realidades del siglo XX corren el riesgo de descubrir que sus dificultades ya no provienen únicamente de la limitación de sus recursos, sino de la creciente brecha entre sus sistemas de gobernanza y la velocidad con la que se transforma el mundo exterior. La inteligencia artificial, las nuevas cadenas de valor, las finanzas digitales, las transformaciones energéticas, la ciberseguridad, las nuevas formas de trabajo y la circulación instantánea de capitales y conocimientos obligan ahora a los gobiernos a revisar sus métodos, sus instituciones y sus prioridades. No se trata de correr detrás de cada innovación tecnológica, y mucho menos de creer que la tecnología sustituirá a la política. Se trata de comprender que gobernar en el siglo XXI exige ahora saber anticipar.

Venezuela también nos recuerda que una crisis prolongada termina siempre convirtiéndose en una crisis de confianza. Cuando los ciudadanos ya no saben cuál será el valor de su salario, cuando las empresas no pueden prever sus costes, cuando los jóvenes ya no saben si sus estudios les permitirán construir una vida profesional y cuando las familias comienzan a organizar su futuro fuera de su propio país, el problema supera ampliamente los indicadores macroeconómicos. Afecta al vínculo íntimo entre una sociedad y su futuro. Por eso, la reconstrucción deberá ser también una reconstrucción de la confianza. Deberá ofrecer a los ciudadanos razones concretas para creer que las reglas pueden perdurar, que el trabajo puede ser recompensado, que los ahorros pueden estar protegidos, que la educación puede abrir puertas y que el Estado puede volver a ser un instrumento al servicio de la colectividad, en lugar de convertirse en un factor adicional de incertidumbre.

Es aquí donde nuestra mirada como medio adquiere todo su sentido. CPGNNews no quiere observar esta transformación como un simple acontecimiento de mercado. Queremos acompañarla como testigo periodístico e histórico de un período en el que varios modelos parecen estar llegando simultáneamente a sus límites. Vemos en Venezuela una experiencia nacional, pero también un espejo tendido hacia otras sociedades que hoy deben preguntarse si sus instituciones están preparadas para las exigencias de un nuevo siglo. Seguimos las decisiones que se tomen en Caracas, pero también observamos lo que significan para Bogotá, Brasilia, Washington, La Habana, el Caribe y, más ampliamente, para los países del Sur Global que también buscan preservar su autonomía en un mundo en el que las relaciones de poder están cada vez más determinadas por la tecnología, la energía, los datos, el capital humano y la capacidad de gestionar las interdependencias.

Sobre todo, queremos recordar algo al lector: detrás de toda transformación económica hay vidas humanas. Los gráficos pueden mostrar una estabilización, los mercados pueden recibir favorablemente una decisión, los inversores pueden volver a mirar un país con interés; pero el verdadero éxito solo será visible cuando las familias recuperen la posibilidad de hacer proyectos, cuando los jóvenes vuelvan a creer que su futuro no está necesariamente en otro lugar, cuando los trabajadores puedan vivir de su trabajo con mayor dignidad y cuando los empresarios puedan crear sin enfrentarse constantemente a la imprevisibilidad. Una reconstrucción auténtica no se mide, por tanto, únicamente por el regreso de los capitales. También se mide por el regreso de la esperanza.

Por eso, Venezuela no debería limitarse a buscar un cambio de moneda. Debería buscar transformar la relación entre el Estado y el ciudadano, entre la riqueza y la responsabilidad, entre el petróleo y el futuro, entre la juventud y el conocimiento, entre la diáspora y la nación, entre la tecnología y la soberanía. Una eventual dolarización podría convertirse en una etapa de esta transformación si estuviera acompañada de una nueva gobernanza, disciplina institucional, una estrategia productiva y una visión generacional. Se convertiría, en cambio, en una ilusión si se utilizara para evitar las reformas más difíciles. El verdadero valor político no consistirá en elegir una moneda; consistirá en aceptar la transformación de las instituciones que han impedido a esta sociedad convertir de manera duradera sus enormes recursos en bienestar colectivo.

A través de este análisis, CPGNNews asume, por tanto, una posición de testigo atento, pero también de testigo humano. Observamos Venezuela con el rigor que exige la información internacional, pero también con la conciencia de que la historia económica nunca es abstracta para quienes la viven. Sabemos que detrás de cada crisis monetaria hay familias, detrás de cada migración hay historias personales, detrás de cada cierre empresarial hay años de trabajo y detrás de cada reforma existe la esperanza, a veces frágil, de volver a empezar. Es esta realidad la que queremos seguir observando, con pasión, con prudencia y con el deber de no confundir el espectáculo de un anuncio con la profundidad de una transformación.

Venezuela podría, por tanto, estar cambiando de moneda, pero la verdadera cuestión histórica es mucho más grande: ¿será capaz de cambiar su modelo, su gobernanza y su visión del futuro antes de que el siglo XXI la obligue a hacerlo en condiciones todavía más difíciles? Esta es la pregunta que seguiremos observando, no como espectadores distantes, sino como testigos comprometidos de una transformación cuyas consecuencias podrían superar ampliamente las fronteras venezolanas.

CONCLUSIÓN GENERAL: ¿ESTÁ VENEZUELA CAMBIANDO DE MONEDA O DE SIGLO?

El eventual abandono del bolívar aparece finalmente como el punto de encuentro de varias historias que trascienden ampliamente la propia moneda. Es el producto de una prolongada crisis de confianza, de una transformación de las prácticas económicas y de una recomposición geopolítica que está modificando las condiciones en las que los Estados definen su soberanía. Venezuela entra en esta nueva etapa con una contradicción fundamental: posee recursos energéticos capaces de otorgarle un lugar importante en la economía mundial, pero debe, al mismo tiempo, reconstruir las instituciones, las infraestructuras, el capital humano y las capacidades tecnológicas necesarias para transformar esos recursos en poder duradero. Esta contradicción explica por qué la cuestión del bolívar no puede separarse de la del petróleo, la deuda, Estados Unidos, China, India, Rusia, los BRICS, la tecnología y la inteligencia artificial. Lo que está en juego no es simplemente la sustitución de una moneda por otra; es la posibilidad de que un país redefina su lugar en un sistema internacional que ya no se parece al mundo en el que fueron concebidas sus antiguas doctrinas políticas.

La gran ruptura histórica podría residir precisamente en esta transformación del lenguaje de la soberanía. El siglo XX asoció con frecuencia la soberanía a la capacidad de controlar la propia moneda, el territorio, los recursos y las fronteras. El siglo XXI añade a esta definición dimensiones que se han vuelto igualmente determinantes: capacidad científica, dominio tecnológico, infraestructuras digitales, capital humano, ciberseguridad, acceso a las redes financieras, control de los datos, capacidad energética y aptitud para negociar simultáneamente con varios centros de poder. Esta nueva realidad no significa que los Estados estén perdiendo importancia. Significa que deben ser capaces de operar en un entorno en el que el poder circula ahora entre territorios, mercados, empresas tecnológicas, redes financieras, infraestructuras y comunidades transnacionales. Para Venezuela, esto implica que una soberanía verdaderamente efectiva ya no podría medirse únicamente por la posesión de una moneda nacional. También tendría que medirse por la capacidad de la sociedad para producir, aprender, innovar, negociar y decidir.

La próxima década permitirá saber si esta posibilidad se convierte en realidad. Entre 2026 y 2035, los indicadores decisivos no serán solamente la tasa de inflación o el precio del petróleo. Será necesario observar la calidad de las instituciones, la producción energética, la creación de empleo formal, la reconstrucción del sistema eléctrico, las inversiones privadas, la modernización de las infraestructuras, la formación científica, la evolución de la productividad, el retorno o la movilización de la diáspora, el desarrollo de las capacidades digitales y la integración de Venezuela en las nuevas cadenas de valor. La dolarización podría contribuir a estabilizar la economía, pero solo constituirá un punto de inflexión histórico si acompaña una transformación productiva. Por el contrario, mantener el bolívar no constituiría automáticamente una victoria de la soberanía si la moneda siguiera siendo incapaz de cumplir de manera sostenible sus funciones. La verdadera cuestión, por tanto, no es el símbolo monetario, sino la capacidad nacional de generar confianza.

Venezuela podría convertirse así en uno de los casos más reveladores de la transición entre dos épocas. Una época en la que la soberanía se concebía ampliamente en términos de territorio, recursos, moneda e ideología; y una nueva época en la que estos elementos siguen siendo esenciales, pero se complementan con la tecnología, el capital humano, las redes, los datos, la energía, la movilidad y la capacidad de innovación. Si Venezuela utiliza su riqueza energética para reconstruir sus infraestructuras, formar a sus jóvenes, movilizar a su diáspora, desarrollar sus capacidades digitales, diversificar su economía y restaurar sus instituciones, el eventual abandono del bolívar podría aparecer retrospectivamente no como una capitulación, sino como el primer acto visible de una reconstrucción mucho más profunda. Si, por el contrario, el país se limita a cambiar de moneda sin transformar su modelo económico, la reforma no hará más que desplazar el problema sin resolverlo.

La pregunta histórica que quedará entonces no será simplemente si Venezuela abandonó el bolívar. Será si comprendió que el verdadero desafío del siglo XXI consiste en transformar las dependencias heredadas del pasado en interdependencias gestionadas, los recursos naturales en capital humano, los ingresos petroleros en capacidades productivas, la diáspora en una red de competencias y la tecnología importada en conocimiento progresivamente dominado. Venezuela no debe, por tanto, limitarse a salir de la crisis de su moneda; debe superar la lógica que hizo posible esa crisis. Solo bajo esta condición el eventual cambio monetario podrá convertirse en el símbolo de una transformación histórica más amplia: no el fin de una nación soberana, sino la búsqueda de una nueva definición de la soberanía adaptada a las realidades económicas, tecnológicas, civilizacionales y generacionales del siglo XXI.

CONCLUSIÓN DEFINITIVA

VENEZUELA NO SOLO ESTÁ CAMBIANDO DE MONEDA: SE ENFRENTA A LA CUESTIÓN DE SU ENTRADA EN EL SIGLO XXI

Al término de este largo recorrido por Venezuela, una evidencia se impone: la cuestión del bolívar y de su eventual sustitución por el dólar estadounidense no puede reducirse a una decisión técnica de política monetaria. En el origen de esta controversia se encuentra una propuesta de dolarización integral que buscaría, según sus promotores, abandonar el bolívar y eliminar el mecanismo que permite financiar los déficits públicos mediante la creación monetaria. Pero esta propuesta debe ser tratada con toda la prudencia que exige un trabajo periodístico de referencia: representa una posibilidad política e institucional, y no una decisión definitivamente adoptada por el Estado venezolano. Esta distinción es esencial. Nos obliga a observar no solamente lo que Venezuela habría decidido, sino también lo que la propia posibilidad de semejante cambio revela sobre el estado de su economía, sus instituciones y su relación con la soberanía. Venezuela todavía no ha pasado oficialmente la página del bolívar; se encuentra ante una elección cuyas consecuencias podrían superar ampliamente el marco de una reforma monetaria. Es precisamente esta incertidumbre la que confiere al momento su dimensión histórica. Una nación que durante mucho tiempo ha asociado su soberanía a su moneda nacional se encuentra hoy ante una cuestión que muchos Estados probablemente tendrán que afrontar, bajo formas diferentes: en un mundo en el que el poder depende cada vez más de la estabilidad financiera, el capital humano, la tecnología, la energía, las infraestructuras y la capacidad de negociar con varios centros de poder, la soberanía económica ya no puede medirse únicamente por la capacidad de emitir una moneda propia. También debe medirse por la capacidad de proteger el ahorro, financiar la producción, garantizar la continuidad del Estado, formar a su población, retener su talento y dominar progresivamente las tecnologías que determinan el poder.

Lo que nos llama la atención, al seguir esta transformación como medio de comunicación y como testigos periodísticos de nuestra época, es el contraste entre la aparente frialdad de los instrumentos económicos y la dimensión profundamente humana de las realidades que estos instrumentos encubren. Detrás de una tasa de inflación hay familias que intentan preservar su poder adquisitivo; detrás de una depreciación hay trabajadores que ven perder valor a sus esfuerzos; detrás de una migración hay padres, hijos, profesores, ingenieros, médicos, empresarios y estudiantes que en ocasiones han abandonado su país no porque hayan dejado de amarlo, sino porque ya no veían cómo construir allí su futuro. Detrás de una eventual estabilización monetaria habría, por tanto, algo mucho más valioso que un indicador macroeconómico: la posibilidad de que una sociedad vuelva a hacer proyectos. Esta dimensión humana debe impedir cualquier interpretación triunfalista de la dolarización. Una moneda estable puede restaurar una parte de la confianza; puede hacer que los precios sean más previsibles, facilitar determinadas decisiones económicas y reducir una importante fuente de incertidumbre. Pero no puede, por sí sola, restaurar una nación. La verdadera confianza nace cuando los ciudadanos constatan que sus instituciones funcionan, que su trabajo puede proporcionarles una remuneración digna, que sus ahorros pueden ser protegidos, que sus hijos pueden recibir una educación de calidad y que el futuro no obliga sistemáticamente a las generaciones más jóvenes a buscar en otros lugares aquello que ya no encuentran en su propio país.

Venezuela todavía posee los recursos necesarios para escribir otra página de su historia. Sus hidrocarburos, su posición geográfica, su acceso marítimo, sus capacidades agrícolas, su potencial industrial, su población, su diáspora y las competencias que permanecen tanto dentro como fuera del país constituyen un conjunto considerable de activos. Pero la historia económica contemporánea nos enseña que los recursos solo se convierten en poder cuando son transformados por instituciones capaces de orientarlos hacia el futuro. El verdadero desafío venezolano será, por tanto, transformar el petróleo en infraestructuras, los ingresos energéticos en capital humano, la diáspora en una red de competencias, la estabilidad monetaria en inversión, la inversión en productividad y la tecnología importada en capacidades progresivamente dominadas. Esta exigencia resulta particularmente visible en el propio sector petrolero: la capacidad de producir no basta si las infraestructuras necesarias para el almacenamiento, el transporte, la refinación y la exportación siguen siendo insuficientes o frágiles. La riqueza potencial del subsuelo solo se convierte en riqueza nacional cuando puede circular eficientemente dentro de una economía capaz de transformarla en valor duradero. Por ello, la reconstrucción de Venezuela deberá concebirse como una cadena completa, desde la energía y las infraestructuras hasta la educación, la tecnología, la industria y los servicios.

Es aquí donde la experiencia venezolana trasciende ampliamente las fronteras de Venezuela. Los Estados frágiles, las economías dependientes de una materia prima y los gobiernos confrontados con una transformación tecnológica acelerada deberían observar esta historia con prudencia, no para copiar las decisiones de Caracas, sino para comprender los riesgos del retraso institucional. La lección no es que todos deban abandonar su moneda nacional o adoptar el dólar. Sería una conclusión peligrosamente simplificadora. La verdadera lección es que un Estado ya no puede esperar a que una crisis se vuelva sistémica para reformar sus instituciones. El siglo XXI exige una gobernanza capaz de anticipar las transformaciones digitales, la inteligencia artificial, las nuevas cadenas de valor, las transiciones energéticas, los movimientos rápidos de capital, las migraciones de competencias, la ciberseguridad y las nuevas formas de poder. Los Estados que conserven instituciones diseñadas para un mundo que ya no existe corren el riesgo de perder progresivamente su capacidad de acción, incluso cuando todavía poseen recursos naturales considerables. La prudencia que dirigimos a esos Estados no es, por tanto, una invitación a la imitación, sino un llamado a la adaptación: reformar antes de que la realidad obligue a reformar bajo la presión de la emergencia.

Hemos asistido así, a lo largo de este análisis, a algo más profundo que un debate monetario. Venezuela se encuentra en la encrucijada de dos épocas. Una fue moldeada por las grandes ideologías del siglo XX, la soberanía territorial, los bloques geopolíticos, los recursos naturales y los instrumentos clásicos del Estado. La otra se está construyendo alrededor de los datos, la inteligencia artificial, las redes digitales, la energía, el capital humano, las infraestructuras, el conocimiento y formas de interdependencia mucho más complejas. Las antiguas categorías no desaparecen; simplemente dejan de ser suficientes. Un país puede ser políticamente soberano y tecnológicamente dependiente. Puede ser rico en recursos y pobre en capacidades. Puede poseer una moneda nacional sin disponer de una moneda verdaderamente creíble. Puede mantener una proximidad ideológica con un socio mientras depende económicamente de otro. Puede querer preservar su autonomía y, al mismo tiempo, necesitar capital, tecnologías, mercados y competencias externas. Esta complejidad define ahora el mundo en el que Venezuela debe reconstruir su futuro. También define el mundo al que deberán adaptarse numerosos Estados del Sur Global, confrontados con una brecha creciente entre sus ambiciones políticas y sus capacidades tecnológicas.

CPGNNews continuará, por tanto, siguiendo esta transformación no como un simple episodio financiero, sino como un acontecimiento humano, económico, geopolítico e histórico. Nuestro papel consiste en observar las decisiones que se toman hoy con suficiente distancia para medir sus consecuencias mañana, pero también con suficiente proximidad humana para no olvidar jamás a quienes viven estas transformaciones. Todavía no sabemos si Venezuela adoptará oficialmente el dólar, ni bajo qué forma, ni según qué calendario. Lo que ya sabemos es que la cuestión revela una realidad mucho más amplia: el país debe decidir qué forma de soberanía quiere ejercer en un mundo en el que el poder ya no reside únicamente en la moneda, el petróleo o el territorio, sino también en la capacidad de aprender, producir, innovar, negociar, anticipar y proteger a su población. Es esta transformación la que queremos seguir observando con pasión, pero también con la prudencia que corresponde a un medio de comunicación consciente de su responsabilidad histórica. Somos testigos de una época en la que algunas antiguas certezas se desvanecen mientras las nuevas reglas del mundo todavía no están plenamente establecidas.

La verdadera cuestión histórica no es, en última instancia, «¿Abandonará Venezuela el bolívar?» Es mucho más exigente: «¿Será Venezuela capaz de transformar esta crisis de confianza en una oportunidad para refundar su modelo económico, institucional, tecnológico y generacional?» Si la respuesta es sí, la eventual dolarización podrá entenderse como uno de los instrumentos de una transformación más amplia. Si la respuesta es no, ninguna moneda podrá sustituir de manera sostenible las reformas que hayan sido aplazadas. Esta es, quizá, la lección más importante que esta historia ofrece a todos los Estados vulnerables: es preferible adaptar voluntariamente las instituciones a las nuevas realidades del siglo que permitir que las crisis impongan esa adaptación en condiciones de emergencia. El siglo XXI no pide a las naciones que renuncien a su soberanía; les exige que se vuelvan suficientemente fuertes, suficientemente inteligentes y suficientemente adaptables para poder ejercerla realmente.

ANEXO ESTRATÉGICO

LOS 100 INDICADORES DE VENEZUELA 2026–2035

I. MONEDA Y ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

1. Tasa anual de inflación
2. Inflación mensual
3. Inflación alimentaria
4. Evolución del tipo de cambio bolívar/dólar
5. Volatilidad del tipo de cambio
6. Participación de las transacciones realizadas en dólares
7. Participación de los depósitos bancarios mantenidos en moneda extranjera
8. Participación del crédito bancario denominado en moneda extranjera
9. Evolución de la masa monetaria
10. Confianza de los hogares en la moneda

II. FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA

11. Déficit presupuestario
12. Ingresos públicos como porcentaje del PIB
13. Gasto público como porcentaje del PIB
14. Déficit primario
15. Deuda pública total
16. Deuda externa
17. Servicio anual de la deuda
18. Relación deuda/PIB
19. Participación de los ingresos petroleros en el presupuesto
20. Transparencia presupuestaria

III. PETRÓLEO Y ENERGÍA

21. Producción petrolera diaria
22. Exportaciones diarias
23. Capacidad de refinación
24. Utilización de las refinerías
25. Exportaciones hacia Estados Unidos
26. Exportaciones hacia India
27. Exportaciones hacia Europa
28. Ingresos petroleros
29. Inversión extranjera en el sector petrolero
30. Inversión en infraestructura petrolera
31. Estado de las terminales portuarias
32. Fiabilidad de la red eléctrica

IV. ECONOMÍA REAL Y PRODUCCIÓN

33. Crecimiento real del PIB
34. PIB per cápita
35. Productividad laboral
36. Producción industrial
37. Producción agrícola
38. Inversión privada
39. Inversión pública
40. Formación bruta de capital fijo
41. Creación de empresas
42. Cierre de empresas

V. COMERCIO E INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

43. Exportaciones no petroleras
44. Importaciones
45. Balanza comercial
46. Cuenta corriente
47. Inversión extranjera directa
48. Reservas internacionales
49. Diversificación geográfica de las exportaciones
50. Participación del comercio con Estados Unidos
51. Participación del comercio con China
52. Participación del comercio con India

VI. SOCIEDAD, EMPLEO Y PODER ADQUISITIVO

53. Tasa de desempleo
54. Empleo informal
55. Empleo formal
56. Salarios reales
57. Salario mínimo real
58. Pobreza
59. Pobreza extrema
60. Desigualdad de ingresos
61. Acceso a servicios esenciales
62. Tendencias migratorias

VII. CAPITAL HUMANO Y NUEVA GENERACIÓN

63. Gasto en educación
64. Tasa de escolarización
65. Tasa de abandono escolar
66. Formación profesional
67. Graduados en ciencias
68. Ingenieros formados anualmente
69. Investigadores
70. Salida de competencias
71. Retorno de competencias de la diáspora
72. Participación de la diáspora en la economía nacional

VIII. TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

73. Acceso a Internet
74. Calidad de las redes digitales
75. Cobertura móvil
76. Centros de datos
77. Capacidad nacional de computación
78. Empresas tecnológicas
79. Start-ups digitales
80. Adopción de la inteligencia artificial en las empresas
81. Uso de la inteligencia artificial en la administración pública
82. Formación en competencias digitales

IX. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

83. Fiabilidad de la red eléctrica
84. Acceso al agua potable
85. Estado de la red vial
86. Capacidad portuaria
87. Capacidad aeroportuaria
88. Logística nacional
89. Telecomunicaciones
90. Inversión en infraestructura

X. GOBERNANZA, GEOPOLÍTICA Y PODER

91. Independencia y credibilidad de las instituciones monetarias
92. Calidad de la gobernanza pública
93. Previsibilidad regulatoria
94. Estado de derecho
95. Transparencia de los ingresos petroleros
96. Relaciones económicas con Estados Unidos
97. Relaciones con China
98. Relaciones con Brasil y Colombia
99. Relaciones con el Caribe y Cuba
100. Capacidad de Venezuela para mantener una política exterior diversificada y autónoma

FUENTES PRINCIPALES

El presente dossier se apoya, según la naturaleza de cada indicador o afirmación, en fuentes primarias y oficiales, instituciones internacionales, agencias de noticias reconocidas, prensa especializada y fuentes secundarias de carácter contextual. Cuando una cifra no puede establecerse con precisión absoluta, se presenta como estimación o rango. Las proyecciones se distinguen expresamente de los datos observados, y las declaraciones políticas se diferencian de los hechos verificables.

El objetivo documental de CPGNNews no consiste en presentar como certeza aquello que pertenece al ámbito de la hipótesis, la proyección o el escenario prospectivo. La distinción entre hecho establecido, estimación, proyección, declaración política y escenario futuro constituye un principio fundamental de rigor editorial.

PRINCIPIO DOCUMENTAL CPGNNEWS

CPGNNews considera que el análisis geopolítico exige distinguir permanentemente entre lo que ya ha ocurrido, lo que puede observarse, lo que puede estimarse y lo que todavía pertenece al ámbito de los escenarios posibles.

Por ello, todo dato debe interpretarse dentro de su contexto, toda proyección debe identificarse como tal y toda hipótesis debe permanecer claramente diferenciada de una decisión oficialmente adoptada.

En particular, cualquier referencia a una eventual dolarización de Venezuela debe entenderse como una propuesta, hipótesis, escenario o posibilidad de política económica, y no como una decisión oficialmente adoptada, salvo que una autoridad competente haya anunciado formalmente lo contrario.

INFORMACIÓN EDITORIAL CPGNNEWS

CPGNNews – CaribPulse Global News Network
Plataforma editorial internacional multilingüe nacida en el Caribe.

Inteligencia geopolítica al servicio de la toma de decisiones.

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Para contactar con la redacción: info@cpgnnews.com

Paris – Ottawa – Washington – Port-au-Prince | Agosto de 2026

FIN DEL DOSSIER ESTRATÉGICO CPGNNEWS