EDITORIAL │ Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026
Yvon Bonhomme │ Editor in Chief │ CPGNNews │ Mirada Global, una perspectiva desde el Caribe.
Nacida en el Caribe, Abierta al Mundo!
Vivimos probablemente uno de los momentos más paradójicos de la historia de la humanidad. Nunca nuestra especie había dispuesto de tantos conocimientos, capacidades científicas, recursos tecnológicos y financieros, ni de herramientas de comunicación tan poderosas para actuar sobre su entorno. Podemos observar la Tierra desde el espacio, modificar moléculas, producir vacunas a una velocidad que habría parecido inimaginable hace apenas unas décadas, transmitir información al otro extremo del mundo en cuestión de segundos, analizar volúmenes enormes de datos y desarrollar sistemas de inteligencia artificial capaces de asistir al ser humano en tareas que hasta ayer parecían depender exclusivamente de sus propias capacidades intelectuales. Somos capaces de generar una potencia material y cognitiva extraordinaria. Y, sin embargo, esa potencia coexiste con vulnerabilidades masivas, a veces elementales, que afectan a cientos de millones de personas.
La paradoja ya no es únicamente la de la riqueza y la pobreza. Se ha convertido en la paradoja del poder y la vulnerabilidad. La humanidad puede construir infraestructuras tecnológicas de una sofisticación extraordinaria y, al mismo tiempo, permitir que persistan formas ancestrales de privación. Puede movilizar enormes recursos financieros para la defensa, la investigación o la transformación digital y, sin embargo, encontrar dificultades para garantizar a todos el acceso al agua potable, la educación, la atención sanitaria, la protección social o un entorno suficientemente seguro. La cuestión fundamental de nuestro tiempo ya no consiste únicamente en saber qué somos capaces de producir, sino qué decidimos hacer con esa capacidad.
Las cifras del hambre recuerdan con crudeza esta contradicción. Según la FAO, aproximadamente 673 millones de personas, equivalentes al 8,2% de la población mundial, padecieron hambre en 2024. La proporción mundial disminuyó ligeramente respecto de los años anteriores, pero esa mejora sigue siendo profundamente desigual y el hambre continúa aumentando, particularmente en buena parte de África y en Asia occidental. En un mundo capaz de producir, transportar y distribuir enormes cantidades de alimentos, la persistencia del hambre revela menos una ausencia absoluta de capacidad productiva que problemas relacionados con la distribución, el acceso, la estabilidad, los ingresos, los conflictos, la gobernanza y la resiliencia.
Esta contradicción también aparece en la manera en que definimos la seguridad. Según el SIPRI, el mundo destinó 2,718 billones de dólares a gastos militares en 2024, lo que representa un aumento real del 9,4% en un solo año, el mayor incremento anual registrado por el instituto desde, al menos, 1988. Estos gastos responden a preocupaciones estratégicas reales y los Estados tienen responsabilidades legítimas en materia de defensa. Pero esta realidad también debería llevarnos a ampliar nuestra concepción de la seguridad. Una sociedad no está verdaderamente protegida a largo plazo cuando defiende sus fronteras pero deja a una parte de su población expuesta al hambre, a la falta de atención sanitaria, a la exclusión educativa, a la precariedad o a las consecuencias del deterioro ambiental.
El poder contemporáneo posee ahora otra dimensión: la capacidad de cómputo. La inteligencia artificial, los centros de datos, las infraestructuras digitales y los sistemas automatizados representan una nueva frontera del poder económico y estratégico. Pero ese poder también tiene una dimensión física. Según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de electricidad de los centros de datos podría duplicarse, hasta alcanzar aproximadamente 945 TWh en 2030 en su escenario central. Los servidores acelerados, ampliamente vinculados a las aplicaciones de inteligencia artificial, deberían experimentar un crecimiento particularmente rápido. La inteligencia digital no flota por encima del mundo real. Depende de la electricidad, de las infraestructuras, de los minerales, del agua, de las cadenas logísticas y de los territorios. La cuestión de la innovación se vuelve así inseparable de sus costes energéticos y ecológicos.
Es aquí donde la cuestión ambiental deja de ser un tema periférico para convertirse en uno de los fundamentos mismos de nuestra reflexión sobre el poder. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente habla de una triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y degradación de la naturaleza, contaminación y residuos. Estos fenómenos no constituyen tres problemas aislados. Se refuerzan mutuamente y afectan las condiciones mismas en las que las sociedades humanas pueden producir, alimentarse, cuidar de su salud, construir y prosperar. Cuando los ecosistemas se deterioran, cuando resulta más difícil garantizar los recursos hídricos, cuando las tierras agrícolas se debilitan o cuando los fenómenos climáticos extremos dañan las infraestructuras, la vulnerabilidad ambiental se convierte simultáneamente en vulnerabilidad económica, social, sanitaria y de seguridad.
El agua ilustra perfectamente esta interdependencia. Según los datos del Programa Conjunto de la OMS y UNICEF para el monitoreo del abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene, alrededor de 2.100 millones de personas seguían sin disponer en 2024 de un servicio de agua potable gestionado de forma segura. Esta situación no puede entenderse únicamente como un déficit de infraestructura. Afecta la salud pública, la educación, la productividad, la igualdad entre mujeres y hombres, la estabilidad social y la capacidad de las comunidades para resistir las crisis. En numerosas regiones, el cambio climático aumenta además la presión sobre los recursos hídricos. El medio ambiente se convierte así en una cuestión de seguridad humana en el sentido más concreto del término.
La misma lógica aparece en la educación. El Informe GEM 2026 de la UNESCO estima que, en 2024, unos 273 millones de niños, adolescentes y jóvenes estaban fuera de la escuela en todo el mundo. La cifra comprende aproximadamente 79 millones de niños en edad de cursar la educación primaria, 64 millones en el primer ciclo de secundaria y 130 millones en el segundo ciclo de secundaria. Más preocupante aún, en los países de bajos ingresos, la población no escolarizada aumentó un 29% desde 2015. La humanidad puede desarrollar sistemas de inteligencia artificial capaces de apoyar el aprendizaje personalizado y, al mismo tiempo, seguir siendo incapaz de garantizar a millones de niños el acceso básico a un aula, a un docente y a un entorno educativo estable.
Esta contradicción debería llevarnos a revisar nuestra manera de medir el progreso. Una sociedad no se vuelve necesariamente más avanzada porque dispone de tecnologías más sofisticadas. Se vuelve más resiliente cuando sus capacidades científicas, económicas e institucionales se traducen en oportunidades reales para sus ciudadanos. La educación es una de esas oportunidades fundamentales. Transforma una capacidad potencial en autonomía, participación económica, ciudadanía y capacidad de contribuir a la sociedad. Sin esa conversión, la tecnología corre el riesgo de convertirse en un acelerador de las brechas en lugar de un instrumento para reducir las vulnerabilidades.
La situación de las personas con discapacidad revela otra dimensión de esta cuestión. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 1.300 millones de personas, es decir, cerca del 16% de la población mundial, viven con una discapacidad significativa. El desafío no consiste en considerar la discapacidad en sí misma como una debilidad. Una parte importante de la vulnerabilidad surge más bien de las barreras sociales, económicas, institucionales y físicas que impiden a determinadas personas participar plenamente en la vida colectiva. La OMS señala que algunas personas con discapacidad pueden morir hasta veinte años antes que otras, debido, entre otros factores, a las desigualdades sanitarias y a obstáculos evitables. Una vez más, el problema no es la ausencia de capacidades humanas, sino la incapacidad de los sistemas para hacerlas realmente accesibles.
El envejecimiento de la población plantea una cuestión similar. La OMS estima que aproximadamente una de cada seis personas mayores sufrió alguna forma de maltrato en un entorno comunitario durante el año anterior. Una revisión de estudios realizados en instituciones de atención también constató que el 64,2% del personal entrevistado en los estudios analizados declaró haber cometido alguna forma de maltrato durante el año anterior. Este dato debe interpretarse con prudencia: no constituye una medida de la prevalencia de todas las formas de maltrato institucional, pero sí revela la existencia de un problema suficientemente importante como para cuestionar los sistemas de protección, formación, supervisión y atención.
La protección social constituye precisamente una de las infraestructuras invisibles que determinan la capacidad de una sociedad para absorber los impactos. Según el Banco Mundial, alrededor de 2.000 millones de personas en países de ingresos bajos y medios siguen sin cobertura o cuentan con una cobertura insuficiente de los sistemas de protección social. En los países de bajos ingresos, tres de cada cuatro personas no disponen de ninguna cobertura de protección social. Estas cifras muestran que la vulnerabilidad no surge únicamente de un acontecimiento excepcional. También puede ser producida por la ausencia de mecanismos que permitan a una familia, un trabajador, una persona mayor, un niño o una persona con discapacidad atravesar una crisis sin caer en una situación de precariedad duradera.
La juventud ofrece otro ejemplo de esta dificultad de conversión. En los Estados Árabes, la tasa de desempleo juvenil se estimaba en un 28,6% en 2024, frente al 12,8% a escala mundial, según la Organización Internacional del Trabajo. Entre las mujeres jóvenes de esta región, la tasa alcanzaba el 39,7%. Estos datos corresponden a una categoría regional definida por la OIT y no describen de manera uniforme la situación de cada país. Sin embargo, muestran una dificultad estructural: una sociedad puede contar con una población joven numerosa, sistemas educativos en expansión y una economía moderna y, aun así, tener dificultades para transformar su potencial demográfico en oportunidades económicas reales.
Tal vez ahí se encuentre uno de los grandes desafíos de nuestro siglo. Hemos aprendido a medir la producción, la inversión, el poder militar, la capacidad de cómputo, las patentes, las infraestructuras y el crecimiento del producto interno bruto. Sabemos cuantificar con relativa precisión los recursos disponibles. Somos mucho menos capaces de medir la calidad de su conversión en dignidad, seguridad humana, movilidad social, confianza institucional, resiliencia ecológica y oportunidades concretas para las generaciones futuras.
Esta cuestión es fundamental porque la vulnerabilidad casi nunca aparece de manera aislada. La pobreza puede reducir el acceso a la educación. Una educación insuficiente puede limitar el acceso al empleo. La falta de un empleo estable puede debilitar el acceso a la vivienda y a la atención sanitaria. Una protección social deficiente puede transformar una enfermedad o un desastre natural en una crisis económica familiar. El deterioro ambiental puede aumentar los riesgos sanitarios y alimentarios. Los conflictos pueden destruir las infraestructuras educativas y sanitarias. Los impactos climáticos pueden provocar desplazamientos, pérdidas agrícolas y tensiones económicas. La vulnerabilidad funciona, por tanto, como un sistema.
Por eso, la seguridad del siglo XXI ya no puede pensarse exclusivamente a través de las fronteras y las capacidades militares. La seguridad alimentaria, energética, sanitaria, digital, ambiental y social pertenece ahora al mismo espacio estratégico. Proteger una sociedad significa también proteger sus infraestructuras críticas, sus recursos hídricos, sus sistemas de salud, sus escuelas, sus redes energéticas, sus datos, sus ecosistemas y los mecanismos institucionales que permiten a los ciudadanos atravesar las crisis.
Esta evolución no significa que el poder militar o estratégico haya dejado de ser necesario. Significa que la noción de poder debe situarse dentro de un marco más amplio. Un poder que no protege las condiciones fundamentales de la vida sigue siendo un poder incompleto. Una economía capaz de acumular capital pero incapaz de reducir de manera sostenible la exclusión social se enfrenta a un límite de desarrollo. Una tecnología capaz de automatizar tareas complejas pero incapaz de garantizar un acceso equitativo a los beneficios de la innovación puede ampliar las brechas que pretende reducir. Un crecimiento que destruye los recursos naturales de los que depende su propio funcionamiento termina comprometiendo su continuidad.
No se trata, sin embargo, de oponer poder y justicia, tecnología y medio ambiente, crecimiento y dignidad. El verdadero desafío consiste en articularlos. Las inversiones en educación, salud, agua, protección social y resiliencia climática no son simplemente gastos de solidaridad. También constituyen inversiones en estabilidad económica, productividad, cohesión social y seguridad colectiva. La protección del medio ambiente no es únicamente una obligación moral hacia las generaciones futuras. También protege las bases materiales de la agricultura, la industria, la salud y la prosperidad.
El problema contemporáneo podría describirse así como un déficit de conversión. Disponemos de recursos, pero no siempre los transformamos en oportunidades humanas. Disponemos de conocimientos, pero no siempre los convertimos en políticas eficaces. Disponemos de tecnologías, pero no siempre las hacemos accesibles a quienes más las necesitan. Disponemos de enormes riquezas, pero no las convertimos suficientemente en protección frente a vulnerabilidades evitables. Y disponemos de un conocimiento cada vez mayor sobre los límites ecológicos de nuestro planeta, pero todavía tenemos dificultades para transformar ese conocimiento en decisiones coherentes con las condiciones físicas de nuestro futuro.
El siglo XXI será juzgado, por tanto, no solo por la potencia de sus máquinas, sino por la calidad de sus instituciones. Será juzgado por la capacidad de las sociedades para utilizar la ciencia sin perder de vista al ser humano, desarrollar la inteligencia artificial sin olvidar la inteligencia social, reforzar la seguridad sin descuidar la seguridad humana, producir riqueza sin destruir las condiciones ecológicas que permiten reproducirla y organizar la globalización sin abandonar a quienes permanecen en sus márgenes.
El Caribe ofrece, en este sentido, un punto de observación particularmente relevante. Región nacida de grandes circulaciones humanas, comerciales y culturales, pero también expuesta a riesgos climáticos, desastres naturales, vulnerabilidades económicas, restricciones energéticas y fragilidades institucionales, el Caribe recuerda que el poder de una sociedad no se mide únicamente por su volumen económico o su peso geopolítico. También se mide por su capacidad para absorber los impactos, proteger a sus poblaciones, preservar sus recursos y transformar sus limitaciones en capacidades colectivas.
LA MIRADA DE CPGNNEWS
Observar el mundo desde el Caribe no significa observarlo desde la periferia. Significa contemplarlo desde un espacio en el que convergen varias de las grandes cuestiones del siglo XXI: clima, migraciones, seguridad alimentaria, energía, deuda, desarrollo, resiliencia, gobernanza, desigualdades y circulación de culturas. El Caribe recuerda, sobre todo, que las vulnerabilidades que parecen lejanas suelen estar conectadas entre sí. Una crisis climática se convierte en una crisis agrícola. Una crisis agrícola se convierte en una crisis alimentaria. Una crisis alimentaria puede convertirse en una crisis social. Una crisis social puede convertirse en una crisis política. Y una crisis política puede rápidamente superar las fronteras.
La gran cuestión de nuestro tiempo quizá ya no sea saber si la humanidad posee suficiente poder. Ya posee una cantidad sin precedentes. La cuestión es saber si será capaz de transformar ese poder en capacidades humanas sostenibles. Si los conocimientos se convierten en escuelas accesibles, si la tecnología se convierte en una herramienta de inclusión, si la riqueza se convierte también en protección frente a los impactos, si la energía se vuelve compatible con los límites ecológicos, si la seguridad protege también a las poblaciones, si el crecimiento preserva los recursos naturales y si las instituciones son capaces de reducir las vulnerabilidades evitables, entonces el poder deja de ser una simple acumulación de capacidades para convertirse en un verdadero instrumento de progreso.
La humanidad probablemente nunca podrá eliminar toda vulnerabilidad. La enfermedad, los desastres naturales, los accidentes, el duelo y la incertidumbre forman parte de la condición humana. Pero una parte considerable de la vulnerabilidad sí puede evitarse. Puede reducirse mediante mejores instituciones, una gobernanza más eficaz, una educación más accesible, sistemas sanitarios más sólidos, una protección social más efectiva, infraestructuras resilientes y una gestión más responsable de los recursos naturales.
Quizá sea aquí donde se encuentre la verdadera medida del progreso. No solamente en lo que somos capaces de construir, sino en lo que somos capaces de hacer posible para quienes disponen de menos poder. No solamente en la altura de nuestros rascacielos, la potencia de nuestros ordenadores, la sofisticación de nuestras armas o la velocidad de nuestras redes, sino en nuestra capacidad para garantizar que el poder colectivo sirva efectivamente a la vida humana y a las condiciones ecológicas que la hacen posible.
Nunca habíamos sido tan poderosos. Pero ese poder solo alcanzará todo su significado cuando deje de medirse principalmente por aquello que permite conquistar, acumular o acelerar, y empiece también a medirse por aquello que permite proteger, transmitir y hacer posible.
La cuestión, por tanto, no consiste solamente en saber hasta dónde puede llegar la humanidad, sino en qué humanidad desea convertirse. Esta transformación exige una responsabilidad compartida, pero cada actor dispone de una capacidad de acción diferente y, por ello, debe asumir responsabilidades acordes con sus medios.
A nivel individual: la primera responsabilidad consiste en rechazar la indiferencia: ayudar cuando alguien atraviesa una dificultad, respetar la dignidad de los demás, transmitir conocimientos, combatir la discriminación, preservar los recursos naturales, informarse con discernimiento y participar en la vida de la propia comunidad.
A nivel familiar: la prioridad consiste en proteger a las personas más vulnerables, garantizar a los niños un entorno propicio para el aprendizaje, acompañar a las personas mayores y a las personas con discapacidad, transmitir los valores del respeto, la solidaridad y la responsabilidad, y evitar que el aislamiento se convierta en una forma invisible de exclusión.
A nivel comunitario: se trata de organizar la solidaridad, identificar a las personas expuestas a riesgos, desarrollar redes de apoyo mutuo, proteger los recursos comunes, preparar respuestas ante los desastres y crear espacios en los que todos puedan participar en las decisiones que afectan a su entorno inmediato.
Para los docentes y los investigadores: la prioridad consiste en hacer el conocimiento más accesible, desarrollar conocimientos fiables, producir soluciones adaptadas a las necesidades reales y hacer circular la ciencia más allá de las fronteras sociales, económicas y geográficas.
Para los periodistas y los medios de comunicación: la responsabilidad fundamental consiste en buscar los hechos, verificar la información, dar voz a las realidades insuficientemente escuchadas, visibilizar las vulnerabilidades sin explotar el sufrimiento, combatir la desinformación y mantener el interés público en el centro de la misión periodística.
Para las empresas: la acción debe comenzar por la creación de empleos dignos, el respeto de los trabajadores, la inversión en innovación responsable, la reducción de los impactos ambientales, el uso responsable de los recursos y la contribución al desarrollo de las comunidades que hacen posible su actividad.
Para las organizaciones de la sociedad civil: la prioridad consiste en defender los derechos, acompañar a las poblaciones vulnerables, documentar las realidades sobre el terreno, supervisar la acción de las instituciones, desarrollar soluciones locales y transformar las necesidades de las comunidades en propuestas y acciones colectivas.
Para las instituciones públicas: la responsabilidad adquiere una dimensión estructural: garantizar efectivamente el acceso a la educación, la salud, el agua, la protección social y la justicia; fortalecer la transparencia; medir los resultados de las políticas públicas; prevenir las crisis; reducir las desigualdades de acceso y orientar los recursos hacia las vulnerabilidades más urgentes.
Para los Estados: el desafío consiste en transformar el poder público en capacidad de protección y desarrollo humano: invertir en infraestructuras esenciales, fortalecer los sistemas educativos y sanitarios, garantizar una protección social efectiva, preservar los recursos naturales, apoyar el empleo y la resiliencia, prevenir las crisis y cooperar con otros Estados frente a los desafíos que superan las fronteras nacionales.
Para la comunidad internacional: finalmente, la responsabilidad consiste en convertir la cooperación en un instrumento concreto: compartir conocimientos y tecnologías, movilizar financiación allí donde las necesidades sean mayores, apoyar a los países más expuestos a las crisis, fortalecer los mecanismos de respuesta colectiva y proteger los bienes comunes mundiales, entre ellos el clima, los océanos, la biodiversidad, la paz y el conocimiento.
Estas responsabilidades no se excluyen; se complementan. El individuo no puede sustituir al Estado, del mismo modo que el Estado no puede sustituir a la familia, la comunidad, la sociedad civil, la investigación o las empresas. Pero cada uno puede actuar dentro de su propio ámbito de responsabilidad, y cada uno puede contribuir a reducir una vulnerabilidad, abrir una posibilidad o proteger un bien común. El verdadero progreso no se mide únicamente por lo que somos capaces de crear, sino por nuestra capacidad para transformar nuestros conocimientos en decisiones, nuestros recursos en oportunidades, nuestro poder en protección y nuestra conciencia en acción. Nuestra época posee los medios para hacer mucho más; ahora debe encontrar la voluntad de ponerlos al servicio de la vida, de la dignidad humana, de la solidaridad y de un futuro común. El poder se vuelve verdaderamente humano cuando deja de servir únicamente para llegar más lejos, más rápido o más alto, y empieza a permitir que todos avancen, que nadie quede abandonado y que las generaciones futuras reciban un mundo que siga siendo habitable.
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Yvon Bonhomme
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