45

GRAN DOSSIER GEOPOLÍTICO INTERNACIONAL

Por Yvon BONHOMME

Investigador independiente, ensayista, analista geopolítico y especialista en gobernanza
Editor en Jefe, CPGNNews

CPGNNews | Independent International Public Interest Media | Research • Investigation • Analysis • Journalism.

ORIENTE MEDIO EN UN MOMENTO DE INFLEXIÓN

Hay momentos en la historia de las regiones en los que el estruendo de las armas termina por ocultar la verdadera naturaleza del cambio. Los enfrentamientos ocupan las pantallas, las declaraciones oficiales se suceden, las alianzas se reevalúan y los mercados reaccionan ante cada nueva escalada. Sin embargo, detrás de la urgencia militar puede estar desarrollándose una transformación más profunda. Esta afecta a la manera en que los Estados definen sus intereses, construyen sus alianzas, organizan su seguridad y conciben su futuro. Oriente Medio se enfrenta hoy a esta doble realidad: una crisis inmediata, cuyas consecuencias humanas y económicas son considerables, y una reconfiguración estratégica cuyos efectos podrían prolongarse mucho más allá de la duración de los combates.

La confrontación entre Israel e Irán constituye uno de los principales focos de esta transformación, pero no puede comprenderse si se aísla a estos dos países del sistema regional e internacional al que pertenecen. Estados Unidos, las monarquías del Golfo, Turquía, las potencias europeas, Rusia y China intervienen, directa o indirectamente, en un entorno en el que la seguridad militar, el suministro energético, las rutas marítimas, las infraestructuras digitales y los equilibrios diplomáticos están estrechamente interconectados. A estos factores se suman las crisis del agua, las presiones climáticas, la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad de las redes indispensables para la vida cotidiana. El conflicto revela así un grado de interdependencia que dificulta cada vez más cualquier interpretación de la seguridad estrictamente limitada al ámbito nacional.

En este sentido, 2026 marca una etapa especialmente importante. Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán comenzaron el 28 de febrero, desencadenando una confrontación cuyas repercusiones se han extendido mucho más allá del territorio iraní. Las represalias, las tensiones con varios países del Golfo, las perturbaciones del transporte marítimo y las incertidumbres en torno a las negociaciones han convertido una crisis militar en una prueba para todo el entorno estratégico regional. Una tregua provisional alcanzada en junio no produjo un acuerdo duradero y los intercambios de ataques se reanudaron. Esta cronología es importante porque recuerda que las crisis no se reducen a una sucesión de incidentes: pueden modificar los cálculos de los actores, reforzar las dinámicas de desconfianza y dificultar progresivamente el retorno a la situación anterior.

Al 12 de octubre de 2026, los esfuerzos diplomáticos continúan a través de varios canales, especialmente en Catar y Pakistán, sin que se haya alcanzado un acuerdo duradero capaz de resolver las discrepancias fundamentales. La reapertura y la seguridad del estrecho de Ormuz siguen ocupando un lugar central en las conversaciones, mientras que las diferencias sobre el papel del programa nuclear iraní en las negociaciones continúan dificultando la búsqueda de un compromiso. Los intentos de reactivar la diplomacia no significan, por tanto, que la crisis esté bajo control ni que las partes se encuentren cerca de una solución definitiva. Más bien, demuestran que, incluso cuando prosigue la confrontación militar, los actores intentan preservar espacios de negociación para evitar una escalada cuyo coste podría llegar a ser aún mayor.

El estrecho de Ormuz ilustra esta interdependencia con especial claridad. Como paso estratégico para el transporte mundial de hidrocarburos, representa mucho más que un simple corredor marítimo. Su seguridad afecta a los países productores, las economías importadoras, las compañías navieras, las aseguradoras, los mercados financieros y las poblaciones cuyo coste de vida depende, directa o indirectamente, de la estabilidad del suministro energético. Cualquier interrupción prolongada puede propagarse de un sector a otro, afectar a los precios, aumentar la incertidumbre económica y debilitar a Estados alejados del escenario de las operaciones. Sin embargo, las señales de recuperación observadas en determinados flujos no deben interpretarse como el retorno a una normalidad estable: los ataques contra buques, las amenazas persistentes y las tensiones militares siguen haciendo vulnerable esa recuperación.

Para comprender la profundidad de la crisis actual, también es necesario volver sobre la historia de las relaciones entre Israel e Irán. Su antagonismo contemporáneo no constituye una característica inmutable de su historia. Antes de la Revolución iraní de 1979, ambos países mantenían relaciones amplias, aunque a menudo discretas, basadas, entre otros factores, en intereses estratégicos comunes. El régimen del sah veía en esta cooperación una forma de reforzar determinadas capacidades, diversificar sus alianzas y contener amenazas regionales. Israel, por su parte, buscaba socios en un entorno en el que su posición diplomática seguía siendo especialmente difícil. Esta relación no eliminaba todas las divergencias entre ambos Estados, pero demostraba que la configuración geopolítica podía ser radicalmente distinta de la que se impuso después de 1979.

Un documento histórico permite apreciar concretamente el alcance de aquellas relaciones. Se trata de un memorando de la Office of Current Intelligence de la Central Intelligence Agency, fechado el 29 de mayo de 1975 y publicado en la colección documental Foreign Relations of the United States, 1969–1976 del Departamento de Estado estadounidense. El documento describe la amplitud de las relaciones entre Teherán y Tel Aviv, especialmente en los ámbitos diplomático, petrolero, militar, agrícola y técnico. También destaca el carácter discreto de esta cooperación, algunas de cuyas dimensiones apenas eran visibles para la opinión pública. Esta fuente debe entenderse por lo que es: una evaluación estadounidense contemporánea de aquel período, útil para comprender los intereses estratégicos de la época, pero no una explicación exhaustiva de todas las motivaciones iraníes o israelíes. No obstante, recuerda una realidad esencial: las alianzas y los antagonismos no son categorías eternas; evolucionan con los regímenes políticos, las percepciones de amenaza y los cálculos de poder.

La Revolución iraní alteró profundamente este equilibrio. Irán convirtió progresivamente su oposición a Israel en un elemento central de su discurso estratégico y de su concepción del orden regional, mientras que Israel pasó a considerar a la República Islámica una amenaza importante para su seguridad. A lo largo de las décadas, esta oposición quedó incorporada a las doctrinas militares, las alianzas regionales, los sistemas de inteligencia y las estrategias de disuasión. Los enfrentamientos directos, las operaciones indirectas, las rivalidades en torno a las capacidades nucleares y balísticas y las tensiones que involucran a actores aliados o asociados han contribuido a consolidar una relación duradera de desconfianza. Sin embargo, esta evolución no puede reducirse a un mecanismo automático: las decisiones de los dirigentes, los cambios en el equilibrio de poder, las percepciones nacionales y las circunstancias específicas de cada crisis siguen desempeñando un papel determinante.

En este contexto surge la pregunta central de este estudio: ¿qué ocurre cuando un adversario deja de ser únicamente un actor externo y se convierte en uno de los principios organizadores de un sistema político, militar y estratégico? La expresión «el enemigo se convierte en el sistema» se utiliza aquí como hipótesis analítica, no como una categoría oficial de las relaciones internacionales. Describe una situación en la que la percepción sostenida de una amenaza contribuye a estructurar las instituciones de seguridad, las prioridades presupuestarias, las decisiones tecnológicas, las alianzas, los mecanismos de vigilancia e incluso los relatos colectivos mediante los cuales una sociedad interpreta el mundo. El enemigo no necesariamente deja de ser un adversario real; sin embargo, puede ocupar un lugar tan central en la definición de la seguridad que todo el sistema termina reorganizándose en torno a su existencia.

Una hipótesis de este tipo exige cautela. No significa que las amenazas sean imaginarias, que todas las partes dispongan de las mismas capacidades ni que sus decisiones, responsabilidades o consecuencias puedan situarse en un mismo plano. Los Estados pueden afrontar riesgos reales y tener motivos legítimos para proteger a su población. La cuestión se refiere, más bien, a los efectos de una movilización prolongada en nombre de la seguridad: ¿en qué momento los medios concebidos para responder a una amenaza terminan dificultando cualquier desescalada? ¿Cómo distinguir las medidas necesarias para proteger a una sociedad de aquellas que perpetúan una lógica de confrontación permanente? ¿Y cómo preservar la capacidad de negociar cuando el reconocimiento del adversario como interlocutor se interpreta, dentro de un sistema político, como una señal de debilidad?

Estas preguntas adquieren una nueva dimensión a medida que las tecnologías transforman la conducción de los conflictos. Los satélites, los sistemas de vigilancia, los drones, las capacidades cibernéticas, las herramientas de procesamiento masivo de datos y las aplicaciones de inteligencia artificial están modificando la manera en que los Estados observan su entorno, anticipan los movimientos de sus adversarios y toman decisiones. La rapidez con la que se recopila y analiza la información puede mejorar determinadas capacidades de prevención, pero también puede acelerar las reacciones, reducir los plazos de verificación e incrementar el riesgo de interpretaciones erróneas. Un dato incompleto, una alerta mal evaluada o un análisis automatizado sometido a una supervisión insuficiente pueden contribuir a una decisión cuyas consecuencias humanas y diplomáticas sean considerables.

Sin embargo, es importante no confundir tecnologías que responden a funciones diferentes. La inteligencia artificial puede utilizarse para analizar imágenes, apoyar la logística, detectar anomalías, modelizar riesgos o contribuir a la toma de decisiones. Las armas autónomas plantean cuestiones específicas relacionadas con el grado de autonomía otorgado a los sistemas, el control humano y la responsabilidad en caso de daños. Las operaciones cibernéticas, por su parte, pueden dirigirse contra redes informáticas, infraestructuras o sistemas de comunicación sin adoptar necesariamente la forma de un ataque militar convencional. Estos ámbitos pueden combinarse, pero no son intercambiables. Distinguirlos con precisión es indispensable para comprender las transformaciones de la guerra sin exagerar las capacidades de las herramientas disponibles ni minimizar los riesgos que presentan.

La cuestión del control humano adquiere, por tanto, una importancia fundamental. A medida que los sistemas automatizados intervienen en la identificación de objetivos, la evaluación de amenazas o la planificación de operaciones, resulta necesario determinar quién comprende la información utilizada, quién valida las decisiones y quién asume la responsabilidad de sus consecuencias. Los debates internacionales sobre las tecnologías emergentes en el ámbito de los sistemas de armas autónomas letales reflejan esta preocupación. En 2026, los trabajos desarrollados en el marco del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas continuaron examinando posibles medidas y elementos de un eventual instrumento internacional, sin que pueda deducirse de ello que se hubiera adoptado un tratado global en esa fecha. La cuestión va más allá de la innovación tecnológica: afecta a la capacidad de las instituciones nacionales e internacionales para mantener normas, mecanismos de supervisión y responsabilidades humanas en un entorno donde las decisiones pueden tomarse cada vez más rápidamente. <Cite refs={[“turn825593search0″,”turn825593search1”]}/>

Sin embargo, la tecnología constituye solo una parte del problema. Los equilibrios regionales también dependen de recursos materiales cuya disponibilidad se ha vuelto cada vez más incierta. El agua, la energía, las tierras agrícolas, las infraestructuras portuarias, las redes eléctricas y los sistemas de comunicación forman un conjunto interdependiente. Una crisis política o militar puede perturbar su funcionamiento; a la inversa, la persistencia de la escasez y las desigualdades en el acceso pueden agravar las tensiones sociales y contribuir a debilitar la estabilidad de los Estados. En una región marcada por graves limitaciones hídricas, un crecimiento demográfico desigual y efectos climáticos cada vez más intensos, la seguridad ya no puede evaluarse únicamente en función del número de sistemas de armas o de la fortaleza de las alianzas. También debe valorarse según la capacidad de las sociedades para garantizar condiciones de vida dignas, proteger sus recursos y mantener los servicios esenciales durante los períodos de crisis.

En este sentido, el agua merece una atención especial. Es indispensable para la salud, la agricultura, la industria, la producción de energía y la estabilidad de las comunidades. Cuando su acceso se vuelve incierto, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de los territorios directamente afectados. Las tensiones relacionadas con los recursos hídricos no conducen automáticamente a la guerra, pero pueden intensificar rivalidades existentes cuando los mecanismos de cooperación son débiles o la confianza política se ha deteriorado. Por el contrario, el intercambio de datos hidrológicos, la coordinación de las políticas de gestión, la modernización de las redes y la cooperación científica pueden abrir espacios de diálogo entre actores que mantienen desacuerdos sobre otras cuestiones. La gestión del agua no resolverá por sí sola los conflictos regionales, pero puede contribuir a reducir determinadas vulnerabilidades compartidas.

La energía presenta una dinámica comparable. Los países de Oriente Medio ocupan posiciones diferentes en las cadenas de producción, transformación y transporte de hidrocarburos, mientras que sus economías siguen expuestas a las fluctuaciones de los mercados internacionales. La diversificación energética, la mejora de la eficiencia de las infraestructuras, el desarrollo progresivo de las energías renovables y la cooperación en materia de investigación podrían reducir algunas vulnerabilidades. Sin embargo, estos cambios requieren inversiones, conocimientos especializados, una gobernanza creíble y decisiones adaptadas a las realidades nacionales. No deben presentarse como soluciones inmediatas a una confrontación militar. Su valor estratégico reside, más bien, en su capacidad potencial para ampliar el margen de maniobra de los Estados, reforzar la resiliencia económica y limitar los efectos de determinadas formas de dependencia.

La misma lógica se aplica a la seguridad marítima. El transporte de mercancías, la protección de los buques, la vigilancia de las infraestructuras portuarias y submarinas, así como la continuidad de las comunicaciones internacionales, afectan a un número considerable de actores. Una interrupción prolongada de los intercambios puede perjudicar a economías que no participan en el conflicto y cuyas poblaciones disponen de medios limitados para absorber las perturbaciones. Por ello, la seguridad de las rutas marítimas debe concebirse como un interés compartido, sin que ello sirva de justificación general para el uso ilimitado de la fuerza. Los mecanismos de prevención de incidentes, los canales de comunicación entre las fuerzas navales y los procedimientos de notificación pueden contribuir a reducir los riesgos de escalada. Su eficacia, no obstante, depende de la voluntad política de las partes, de la credibilidad de sus compromisos y de la existencia de mecanismos capaces de examinar las presuntas violaciones.

Los acontecimientos diplomáticos de 2026 también muestran que los Estados de la región buscan reforzar sus capacidades de defensa y reevaluar sus alianzas. El 7 de agosto, Arabia Saudita, Türkiye y Pakistán firmaron el Acuerdo de Defensa de La Meca, presentado como un compromiso de defensa colectiva según el cual un ataque armado contra uno de los signatarios sería considerado un ataque contra los demás. Este acuerdo refleja la voluntad de fortalecer la cooperación estratégica entre los tres países y consolidar su capacidad de disuasión. Sin embargo, no debe atribuírsele un alcance que sus firmantes no hayan reivindicado oficialmente: responsables turcos precisaron que el acuerdo no estaba dirigido contra Irán ni contra ningún país en particular. Su aplicación, sus modalidades operativas y sus consecuencias regionales deben evaluarse a partir de las decisiones concretas de los Estados signatarios, y no únicamente de las interpretaciones formuladas desde el exterior. <Cite refs={[“turn453472search2″,”turn453472search1”]}/>

Este acuerdo no constituye, por sí solo, el diseño completo de una arquitectura de seguridad para todo Oriente Medio. Reúne a tres Estados con intereses propios, capacidades diferentes y relaciones particulares con las demás potencias regionales. Puede modificar determinados cálculos estratégicos, pero no sustituye los mecanismos de diálogo entre todos los actores interesados ni las garantías necesarias para una estabilidad duradera. Sobre todo, recuerda que la búsqueda de autonomía estratégica regional avanza en un entorno en el que los gobiernos desean reducir sus vulnerabilidades, diversificar sus alianzas y conservar una mayor libertad de decisión. Esta dinámica puede favorecer una distribución más equilibrada de las responsabilidades en materia de seguridad; también puede acentuar la fragmentación regional si se organiza exclusivamente en torno a bloques rivales. Sus efectos dependerán, por tanto, de los objetivos perseguidos, de la transparencia de los compromisos y del espacio que se deje a la diplomacia.

En este contexto se inscribe la propuesta de un «Pacto Regional Integral». En el presente estudio, esta expresión designa una perspectiva de reflexión y una propuesta intelectual, no un acuerdo existente, una negociación oficialmente iniciada ni una institución ya constituida. La idea consiste en examinar si los Estados de Oriente Medio podrían elaborar, a largo plazo, un marco común que articule la prevención de conflictos, la seguridad colectiva, la no agresión, la protección de las rutas marítimas, la estabilidad energética, la cooperación en materia de agua, la resiliencia climática, el desarrollo económico y la gobernanza de las tecnologías. Un marco de esta naturaleza no exigiría renunciar a las soberanías nacionales ni eliminar los desacuerdos históricos. Su objetivo sería identificar los ámbitos en los que la cooperación podría reducir los riesgos compartidos, incluso cuando las divergencias políticas siguieran siendo profundas.

Un pacto de esta naturaleza tendría necesariamente que tomar en consideración las realidades sobre el terreno. Los Estados de la región no comparten las mismas prioridades ni las mismas percepciones de las amenazas. Algunos privilegian la protección de su territorio y la preservación de sus sistemas políticos; otros conceden especial importancia a la disuasión, las alianzas exteriores, la libertad de circulación o su influencia regional. Las capacidades militares, los recursos económicos y los sistemas de gobernanza también presentan diferencias considerables. Por ello, sería poco realista suponer que un acuerdo integral podría negociarse rápidamente o aplicarse de manera uniforme. Un enfoque gradual, basado en compromisos verificables, objetivos limitados y mecanismos de consulta, ofrecería una base más creíble que una declaración ambiciosa carente de medios para llevarse a la práctica.

La cuestión palestina ocupa un lugar ineludible en cualquier reflexión seria sobre el futuro regional. Afecta a la seguridad, los derechos, la soberanía, el reconocimiento político, los desplazamientos de población y la legitimidad de los acuerdos que se contemplen. Una arquitectura de cooperación que ignorara esta cuestión correría el riesgo de perder credibilidad ante una parte importante de las sociedades de la región. Sin embargo, reconocer su importancia no significa que pueda explicar por sí sola el conjunto de las rivalidades de Oriente Medio. Las tensiones entre Irán y varios Estados árabes, las preocupaciones de seguridad de Israel, las ambiciones regionales de distintas potencias, las rivalidades económicas y los desacuerdos sobre los programas militares también responden a dinámicas propias. Un análisis riguroso debe reconocer las conexiones entre estos asuntos sin confundirlos ni reducir la historia regional a una única causa.

También es necesario resistir la tentación de hablar de Oriente Medio como si se tratara de un conjunto homogéneo. La región reúne sociedades, tradiciones políticas, identidades, economías y trayectorias históricas diferentes. Las prioridades de un Estado del Golfo no coinciden necesariamente con las de Irán, Türkiye, Israel, Irak o los países del Levante. Las opiniones públicas tampoco son uniformes, y las posiciones de los gobiernos no siempre reflejan el conjunto de las aspiraciones de sus poblaciones. Toda propuesta de seguridad común debe partir de esta pluralidad, reconocer las asimetrías de poder y evitar que una representación abstracta de la región sustituya los intereses concretos de las sociedades que la integran.

No obstante, la cooperación podría comenzar en ámbitos donde los beneficios colectivos sean identificables y los compromisos puedan verificarse progresivamente. La prevención de accidentes marítimos, la protección de las infraestructuras civiles, el intercambio de información sobre catástrofes naturales, la investigación sobre los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, la salud pública y determinadas aplicaciones civiles de la inteligencia artificial podrían constituir puntos de partida. Estos sectores no son políticamente neutrales: pueden verse afectados por rivalidades, sanciones, restricciones tecnológicas y conflictos de soberanía. Sin embargo, ofrecen la posibilidad de definir objetivos concretos, evaluar los resultados y construir formas limitadas de confianza cuando las circunstancias lo permitan. La cooperación sectorial no sustituiría las negociaciones políticas, pero podría contribuir a preservar canales de comunicación y reducir algunos de los costes humanos y económicos de la confrontación.

La experiencia europea puede aportar enseñanzas útiles, siempre que no se traslade mecánicamente a otro contexto. La construcción de mecanismos de cooperación en Europa se desarrolló en unas circunstancias históricas particulares, marcadas por guerras devastadoras, instituciones específicas, compromisos políticos y condiciones económicas distintas de las de Oriente Medio. Las diferencias en materia de fronteras, sistemas políticos, trayectorias nacionales y percepciones de seguridad impiden cualquier comparación simplista. El interés de esta experiencia reside, más bien, en el estudio de mecanismos concretos: la creación progresiva de normas comunes, el establecimiento de instituciones de diálogo, la puesta en marcha de procedimientos para resolver controversias y la posibilidad de reducir los riesgos de ciertas interdependencias mediante garantías creíbles. Estas enseñanzas deben adaptarse a las realidades regionales, en lugar de presentarse como un modelo que deba reproducirse.

Toda arquitectura regional debería ser, además, compatible con el derecho internacional y las obligaciones que de él se derivan. La cooperación en materia de seguridad no puede sustituir las responsabilidades de los Estados respecto de la conducción de las hostilidades, la protección de la población civil, el cumplimiento de las normas aplicables a los conflictos armados y la solución pacífica de las controversias. Un acuerdo político no puede borrar las obligaciones jurídicas existentes ni convertir en opcional el examen de los actos cuestionados. La credibilidad de un pacto dependería, por tanto, no solo de sus compromisos de prevención, sino también de sus mecanismos de verificación, sus procedimientos de consulta y su capacidad para abordar los desacuerdos sin renunciar a los principios fundamentales del derecho internacional. La paz duradera no puede sustentarse únicamente en el equilibrio de fuerzas; también requiere normas cuya aplicación sea lo bastante previsible como para que se tomen en serio.

En el fondo, la cuestión planteada por este dossier va más allá de la posibilidad inmediata de alcanzar un acuerdo entre gobiernos que desconfían profundamente unos de otros. Se refiere a la capacidad de las sociedades y las instituciones para impedir que la percepción de una amenaza se convierta en el único lenguaje mediante el cual se concibe la seguridad. Cuando un adversario es considerado permanente, cada acontecimiento puede interpretarse a través del prisma de la confrontación; cualquier concesión corre el riesgo de ser equiparada con una debilidad, y toda iniciativa diplomática puede despertar sospechas de que oculta una intención hostil. Esta lógica no es inevitable ni se manifiesta de la misma manera en todos los contextos. Sin embargo, representa un riesgo estratégico cuando reduce progresivamente el espacio disponible para la negociación, la verificación de los hechos y la búsqueda de compromisos limitados.

Los horizontes de 2030, 2050 y 2100 deben abordarse desde esta perspectiva. No son fechas proféticas en las que necesariamente surgirá un nuevo orden regional. Permiten, más bien, examinar diferentes escenarios en función de las decisiones que se tomen hoy: la continuación de la fragmentación, la consolidación de bloques rivales, la coexistencia armada interrumpida por crisis o el desarrollo progresivo de mecanismos de cooperación. Estas trayectorias no excluyen posibles evoluciones intermedias y pueden variar según el ámbito considerado. La cooperación energética podría avanzar mientras las tensiones militares siguieran siendo elevadas; podrían establecerse mecanismos de prevención sin que se alcanzara una solución definitiva de las controversias políticas. El análisis prospectivo debe distinguir, por tanto, entre tendencias observables, hipótesis plausibles y opciones que siguen abiertas, sin presentar una posibilidad como si fuera una certeza.

Precisamente en esta distinción reside la ambición de este estudio. No se trata de minimizar las amenazas reales, distribuir artificialmente las responsabilidades ni proponer una reconciliación abstracta entre actores cuyos intereses siguen siendo opuestos. Se trata de comprender cómo se transforman los sistemas de seguridad, cómo las tecnologías modifican las relaciones de poder, cómo las interdependencias económicas y ambientales influyen en las decisiones políticas y en qué condiciones la cooperación podría reducir determinados riesgos sin exigir el abandono de las soberanías nacionales. Oriente Medio no está condenado a reproducir indefinidamente las configuraciones del presente, pero ninguna transformación duradera podrá lograrse mediante la simple proclamación de un nuevo ideal.

Esta reflexión también se plantea desde el Caribe, una región que conoce sus propias vulnerabilidades en materia de seguridad, dependencia energética, resiliencia climática, circulación marítima y soberanía económica. El Caribe y Oriente Medio no son espacios comparables en todos los aspectos ni regiones sometidas a las mismas configuraciones históricas. Sin embargo, comparten una realidad esencial: las decisiones tomadas en los grandes centros de poder pueden tener consecuencias profundas para sociedades que no siempre controlan las reglas del sistema internacional. Una contribución caribeña al debate sobre Oriente Medio no pretende hablar en nombre de los pueblos de la región. Aspira, más bien, a participar en una reflexión internacional sobre las condiciones de una seguridad que proteja a las poblaciones, reconozca la diversidad de las trayectorias nacionales y no reduzca el futuro a la mera capacidad de disuadir o derrotar a un adversario.

Mientras el mundo observa los acontecimientos militares, las negociaciones y las transformaciones tecnológicas, sigue abierta una pregunta: ¿pueden las sociedades preservar su capacidad de imaginar un futuro diferente cuando sus instituciones se han organizado durante décadas en torno a la amenaza? La respuesta no dependerá de una fórmula única ni de un pacto impuesto desde el exterior. Dependerá de decisiones políticas, garantías creíbles, responsabilidades asumidas, iniciativas diplomáticas y de la capacidad de reconocer que la seguridad de unos no puede construirse de manera duradera ignorando las vulnerabilidades de los demás. Un adversario puede seguir siendo un adversario sin convertirse en el principio organizador de todas las dimensiones de la vida colectiva. Esta posibilidad no constituye una promesa de paz, sino una cuestión estratégica que merece ser examinada con lucidez, rigor y sentido de la responsabilidad.

Oriente Medio se encuentra, por tanto, ante una elección cuyos contornos siguen siendo inciertos. Puede permanecer atrapado en una sucesión de confrontaciones que profundicen la desconfianza, aceleren el gasto en seguridad y hagan cada crisis más difícil de contener. También puede, sin renunciar a la defensa de sus intereses ni ignorar sus controversias, buscar progresivamente mecanismos capaces de limitar los riesgos compartidos y preservar espacios de negociación. Entre estas trayectorias existe una pluralidad de escenarios, y ninguno puede darse por sentado. Pero algo empieza a resultar evidente: el debate sobre el futuro de la región ya no se refiere únicamente a quién prevalecerá en la confrontación actual. También concierne a la naturaleza del sistema que surgirá de ella, a las normas que lo estructurarán y al lugar que concederá a las poblaciones, al derecho, a la tecnología y a la cooperación.

Porque la historia no se limita a la sucesión de potencias que se enfrentan. También se construye en los momentos en que las sociedades deciden cuestionar los mecanismos que prolongan sus crisis. Oriente Medio todavía no ha definido los contornos de un posible Pacto Regional Integral, y los obstáculos para alcanzar tal horizonte siguen siendo considerables. Sin embargo, la pregunta merece plantearse seriamente: ¿cómo pasar de una concepción de la seguridad construida principalmente contra el otro a una seguridad capaz, en determinados ámbitos, de proteger a cada parte sin excluir sistemáticamente a las demás? Este dossier pretende contribuir a esa reflexión, examinando sus condiciones de posibilidad, sus límites y sus consecuencias para el orden internacional del siglo XXI. El mundo no abandona necesariamente el antiguo orden cuando este empieza a tambalearse. Pero ya está poniendo a prueba sus límites.

ISRAEL E IRÁN: DE LA ALIANZA A LA HOSTILIDAD, CUANDO EL ENEMIGO SE CONVIERTE EN EL SISTEMA

Antes del enemigo: la historia olvidada de una cooperación hoy casi borrada de la memoria colectiva

1. Una historia que el presente casi ha borrado

La relación entre Israel e Irán suele abordarse desde la perspectiva de su enfrentamiento actual, hasta el punto de que la hostilidad parece constituir el estado natural de sus vínculos. Sin embargo, esta lectura, condicionada por las tensiones contemporáneas, deja en segundo plano una realidad histórica fundamental: durante varias décadas, ambos países mantuvieron una cooperación significativa en ámbitos estratégicos, económicos, militares y de inteligencia. Antes de convertirse en adversarios declarados, Israel e Irán fueron interlocutores que, pese a sus diferencias, encontraron razones concretas para cooperar.

Esta historia no corresponde a una alianza formal, pública y plenamente asumida, sino a una relación pragmática construida en un entorno regional complejo. Bajo el reinado de Mohammad Reza Pahlavi, Irán mantuvo relaciones discretas con Israel, al tiempo que procuraba preservar sus vínculos con los países árabes y evitar un aislamiento regional. Por su parte, Israel buscaba ampliar sus relaciones más allá de su entorno inmediato, en particular con Estados no árabes que compartían determinadas preocupaciones estratégicas.

El cambio de régimen iraní en 1979 alteró radicalmente esta configuración. La República Islámica convirtió la oposición a Israel en un componente central de su discurso político e ideológico, mientras que Israel pasó a considerar a Irán una de las principales amenazas para su seguridad nacional. La ruptura no fue simplemente diplomática: modificó la interpretación que cada Estado hacía de las intenciones, las capacidades y las ambiciones del otro.

Para comprender esta transformación, es necesario volver sobre el período anterior a la Revolución iraní, reconstruir las motivaciones que hicieron posible la cooperación y distinguir los intereses estratégicos de las afinidades políticas. La historia de las relaciones entre ambos países demuestra que las alianzas y las hostilidades no son realidades inmutables. Pueden surgir, consolidarse y desaparecer cuando cambian las condiciones que las sustentan.

2. Dos Estados, dos trayectorias y un entorno regional compartido

Israel e Irán siguieron trayectorias históricas, políticas y culturales diferentes, pero ambos evolucionaron en un entorno regional en el que la seguridad, el acceso a los recursos, las rivalidades entre potencias y la influencia de actores externos desempeñaban un papel decisivo. Sus diferencias no impedían necesariamente la cooperación, porque las relaciones entre Estados no se basan exclusivamente en la proximidad ideológica o cultural. También responden a intereses concretos, percepciones de amenaza y cálculos de supervivencia.

Israel, fundado en 1948, tuvo que organizar su seguridad en un entorno caracterizado por conflictos recurrentes con varios Estados árabes y por la falta de relaciones diplomáticas con buena parte de sus vecinos. Esta situación impulsó a sus dirigentes a buscar interlocutores fuera del espacio árabe inmediato. La diversificación de sus relaciones internacionales se convirtió en un medio para reducir su aislamiento y ampliar sus posibilidades de cooperación económica, militar y política.

Irán, por su parte, era un Estado de gran extensión territorial, dotado de importantes recursos energéticos y situado en una posición geográfica estratégica entre Oriente Medio, Asia Central y el subcontinente indio. Bajo el sah Mohammad Reza Pahlavi, el país aspiraba a consolidarse como una potencia regional moderna, capaz de ejercer una influencia considerable en el golfo Pérsico y de preservar su autonomía frente a las ambiciones de otras potencias. Esta estrategia se apoyaba, entre otros elementos, en el fortalecimiento de las fuerzas armadas, el desarrollo económico y la diversificación de las relaciones exteriores.

La Guerra Fría añadía otra dimensión a esta configuración. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética condicionaba los cálculos de seguridad de numerosos países, mientras que las rivalidades regionales generaban oportunidades de cooperación entre actores que no compartían necesariamente las mismas orientaciones políticas. Israel y el Irán del sah mantenían vínculos con Washington y concedían una importancia considerable a la estabilidad estratégica de la región, aunque sus prioridades nacionales no fueran idénticas.

La convergencia entre ambos países debe entenderse, por tanto, como el resultado de circunstancias históricas específicas. No significaba que sus sociedades, sus sistemas políticos o sus visiones del mundo fueran equivalentes. Significaba que, en determinados ámbitos, sus intereses podían coincidir lo suficiente como para justificar una relación de cooperación.

3. La lógica de los intereses antes que la del enfrentamiento

Las relaciones entre Israel e Irán durante el período monárquico ilustran una característica fundamental de la política internacional: los Estados pueden cooperar sin compartir una identidad política común y mantener relaciones pragmáticas incluso cuando el entorno regional dificulta su acercamiento público. La diplomacia no se reduce a declaraciones oficiales. También comprende contactos discretos, intercambios económicos, colaboración técnica y mecanismos de coordinación que responden a necesidades concretas.

En el caso iraní, el reconocimiento de facto de Israel, el 6 de marzo de 1950, constituyó un paso significativo, aunque no equivaliera a una normalización diplomática plena y formal. La decisión se produjo en un contexto en el que Teherán debía tener en cuenta tanto sus propios intereses como las reacciones que una relación abierta con Israel podía suscitar en el mundo árabe. Por ello, la relación se desarrolló durante mucho tiempo con un grado considerable de discreción.

Para Israel, el acercamiento a Irán ofrecía oportunidades en varios ámbitos. La cooperación podía contribuir a diversificar sus fuentes de abastecimiento, ampliar sus relaciones comerciales, acceder a recursos energéticos y desarrollar vínculos de seguridad con un Estado situado fuera del entorno árabe inmediato. También permitía establecer una relación con un actor regional cuya posición geográfica y cuyo peso político le conferían una importancia estratégica particular.

Para el Irán del sah, la cooperación con Israel respondía igualmente a una lógica de interés nacional. Podía facilitar el acceso a conocimientos técnicos, equipos, experiencias militares y determinados servicios especializados. Además, las relaciones con Israel se inscribían en una política exterior que buscaba multiplicar los interlocutores y preservar márgenes de maniobra en una región atravesada por rivalidades ideológicas y geopolíticas.

Esta convergencia no eliminaba las diferencias entre ambos Estados ni garantizaba la permanencia de su relación. La cooperación dependía de un conjunto de condiciones políticas, regionales e institucionales que podían modificarse. Mientras estas condiciones favorecieron el acercamiento, los intereses comunes prevalecieron sobre las posibles divergencias. Cuando el marco político iraní cambió radicalmente, la misma relación pasó a interpretarse desde una lógica de confrontación.

4. Una cooperación real, pero nunca irreversible

La cooperación entre Israel e Irán antes de 1979 fue real, pero no debe idealizarse ni presentarse como una alianza sólida e irreversible. Su existencia respondía a intereses estratégicos concretos y a una configuración regional determinada. No descansaba en un tratado de alianza pública que comprometiera de manera permanente a ambos Estados, ni suponía una convergencia completa de sus objetivos políticos.

La discreción constituía una característica esencial de esta relación. Irán debía considerar su posición en el mundo musulmán y sus vínculos con los países árabes, mientras que Israel procuraba desarrollar relaciones con actores regionales capaces de reducir su aislamiento. La cooperación podía resultar beneficiosa para ambos, pero su visibilidad pública tenía un coste político potencial, especialmente para Teherán.

Esta dimensión ayuda a comprender por qué la relación pudo mantenerse durante años sin transformarse en una alianza formal. Los intercambios comerciales, la cooperación militar, las relaciones en materia de seguridad y los contactos técnicos podían desarrollarse con distintos grados de institucionalización, sin exigir que ambos gobiernos asumieran públicamente una asociación estratégica completa. La ausencia de una alianza formal no significa, por tanto, que la cooperación fuera marginal o inexistente.

Al mismo tiempo, la relación estaba expuesta a las transformaciones internas de Irán. El régimen del sah se apoyaba en una concepción de la modernización, del poder estatal y de la seguridad regional que favorecía determinados vínculos con Israel. La Revolución de 1979 sustituyó ese marco por otro en el que la legitimidad política se articulaba, en gran medida, en torno a la ruptura con el orden anterior y a la oposición a Israel.

El caso iraní demuestra así que una cooperación puede ser intensa sin ser estructuralmente permanente. Cuando cambia la naturaleza del régimen, se redefine la identidad política del Estado o se transforma su interpretación de las amenazas, las relaciones existentes pueden perder su legitimidad y convertirse en objeto de rechazo. La ruptura de 1979 no borró la historia anterior, pero cambió radicalmente su significado político.

5. El Irán del sah e Israel

Tras la creación de Israel en 1948, la posición de Irán evolucionó gradualmente hacia una relación pragmática con el nuevo Estado. Teherán no deseaba aparecer como un aliado oficial de Israel en un entorno regional mayoritariamente árabe y especialmente sensible a la cuestión palestina. Esta cautela explica, en parte, el carácter discreto de sus relaciones, incluso cuando los intereses comunes favorecían una cooperación más estrecha.

El reconocimiento de facto de Israel por parte de Irán, el 6 de marzo de 1950, representó un momento importante en esta evolución. Sin embargo, no supuso el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas en el sentido habitual de una normalización oficial, pública y completa. La posición iraní reflejaba una combinación de pragmatismo estratégico y prudencia diplomática, destinada a preservar sus intereses sin asumir todos los costes políticos de una asociación abierta con Israel.

Bajo Mohammad Reza Pahlavi, Irán buscaba consolidarse como una potencia regional, fortalecer sus capacidades militares y modernizar su economía. En ese contexto, las relaciones con Israel podían aportar ventajas en materia de tecnología, seguridad, agricultura y cooperación especializada. Para Israel, el acercamiento a Irán ofrecía una vía para desarrollar relaciones con un Estado no árabe de considerable importancia estratégica, con recursos energéticos significativos y una posición geográfica central en la región.

Esta cooperación se desarrolló en paralelo a las relaciones de Irán con Estados Unidos y otros socios occidentales. No debe interpretarse como una subordinación automática de la política iraní a los intereses israelíes, ni como una identidad de objetivos entre ambos gobiernos. Teherán conservaba sus propias prioridades, que incluían la estabilidad del régimen, la seguridad nacional, la influencia regional y la preservación de su autonomía estratégica.

La relación entre el Irán del sah e Israel fue, en consecuencia, una asociación pragmática que se apoyaba en intereses convergentes y en una percepción compartida de determinadas realidades regionales. Su existencia demuestra que, antes de la Revolución iraní, la cooperación entre ambos Estados formaba parte de una configuración geopolítica distinta de la que surgiría después de 1979.

6. La doctrina israelí de la periferia

La doctrina israelí de la periferia se desarrolló en un contexto de aislamiento regional y de conflictos recurrentes. Su lógica consistía en ampliar las relaciones de Israel más allá de los Estados árabes vecinos, estableciendo vínculos con países no árabes o con actores regionales que pudieran compartir determinados intereses estratégicos. El objetivo era diversificar las alianzas y los canales de cooperación, reducir la vulnerabilidad derivada del aislamiento y crear alternativas diplomáticas, económicas y de seguridad.

Esta orientación adquirió especial relevancia durante las décadas de 1950 y 1960. Israel procuró desarrollar relaciones con Estados como Turquía e Irán, así como con determinados países africanos. Aunque cada relación respondía a circunstancias particulares, la lógica general consistía en construir una red de interlocutores que permitiera a Israel superar las limitaciones de su entorno regional inmediato.

Irán ocupaba un lugar importante en esta estrategia debido a su posición geográfica, sus recursos energéticos y su peso político. Su condición de Estado no árabe, sus relaciones con Occidente y sus propias preocupaciones de seguridad creaban oportunidades de convergencia con Israel. Sin embargo, la existencia de intereses comunes no eliminaba la necesidad de mantener una considerable prudencia diplomática, especialmente por parte de Teherán.

La doctrina de la periferia no debe confundirse con un tratado formal ni interpretarse como un sistema rígido de alianzas institucionalizadas. Se trataba, ante todo, de una orientación estratégica que favorecía la diversificación de las relaciones exteriores y la búsqueda de socios fuera del entorno árabe inmediato. Sus modalidades podían variar según las circunstancias políticas, los intereses nacionales y la evolución del contexto regional.

El acercamiento entre Israel e Irán se inscribía en esta lógica. Para Israel, Irán constituía un interlocutor estratégico relevante; para Irán, la relación con Israel podía ofrecer ventajas específicas sin obligarlo a abandonar sus propios cálculos regionales. La cooperación era, por tanto, compatible con una política exterior pragmática, siempre que las condiciones políticas permitieran mantenerla.

7. Petróleo, armamento, agricultura e inteligencia

La cooperación entre Israel e Irán se manifestó en varios ámbitos, entre ellos la energía, los intercambios militares, la agricultura, la asistencia técnica y las relaciones entre los servicios de inteligencia. Estos sectores no deben entenderse como compartimentos aislados. En conjunto, formaban parte de una relación más amplia en la que los intereses económicos y las preocupaciones de seguridad podían reforzarse mutuamente.

El petróleo ocupaba una posición central en la importancia estratégica de Irán. Para Israel, el acceso a recursos energéticos y la diversificación de sus fuentes de abastecimiento constituían cuestiones de interés nacional. Para Irán, los intercambios energéticos ofrecían oportunidades económicas y podían integrarse en una estrategia más amplia de cooperación con socios que aportaran ventajas comerciales, tecnológicas o estratégicas. Tras el cierre del canal de Suez en 1967, la cooperación entre ambos países también incluyó una empresa conjunta relacionada con el transporte de petróleo entre Eilat y Ashkelon, una iniciativa que ilustraba la dimensión práctica de sus intereses convergentes.

La cooperación militar respondía a necesidades diferentes, pero complementarias. Irán buscaba reforzar sus fuerzas armadas y modernizar sus capacidades de defensa, mientras que Israel disponía de experiencia técnica y operativa que podía resultar útil en determinados ámbitos. Los intercambios relacionados con equipos, asesoramiento y conocimientos especializados se desarrollaron dentro de una relación que combinaba discreción política y pragmatismo estratégico. La naturaleza y el alcance de cada iniciativa deben evaluarse a partir de la documentación disponible, sin confundir la existencia general de cooperación con la prueba de operaciones concretas.

La agricultura y la asistencia técnica también formaron parte de las relaciones entre ambos países. Los conocimientos especializados israelíes podían contribuir a determinados proyectos de modernización, mientras que Irán disponía de recursos y de un mercado capaces de ofrecer oportunidades de intercambio. La cooperación técnica permitía así extender la relación más allá de los ámbitos estrictamente militares o diplomáticos.

Las relaciones entre los servicios de inteligencia constituían otro componente importante, aunque particularmente sensible, de esta cooperación. En un entorno marcado por la competencia entre potencias, las rivalidades regionales y las preocupaciones de seguridad, el intercambio de información podía ofrecer ventajas a ambos Estados. Sin embargo, la discreción que caracterizaba estos vínculos exige distinguir cuidadosamente los hechos documentados de las interpretaciones y de las afirmaciones que no cuentan con respaldo suficiente.

Considerados en conjunto, estos ámbitos muestran que la relación entre Israel e Irán no se limitaba a contactos diplomáticos ocasionales. Existía una cooperación diversificada, impulsada por necesidades concretas y sostenida por una convergencia de intereses que, durante un período determinado, permitió superar las reservas políticas que cada gobierno debía tener en cuenta.

8. Cooperación estratégica sin una alianza formal

La relación entre Israel e Irán plantea una distinción esencial para el análisis de las relaciones internacionales: la cooperación estratégica no equivale necesariamente a una alianza formal. Dos Estados pueden mantener intercambios importantes, coordinar determinadas actividades y desarrollar vínculos de seguridad sin firmar un tratado que los comprometa públicamente a una defensa mutua.

En el caso de Israel e Irán, la ausencia de una alianza formal no impidió la existencia de una cooperación significativa. Los intereses energéticos, las necesidades militares, los intercambios técnicos y las preocupaciones de seguridad proporcionaban motivos suficientes para mantener una relación pragmática. Esta podía desarrollarse a través de canales oficiales o discretos, con distintos grados de institucionalización y visibilidad.

La discreción tenía una función política. Para Irán, una asociación demasiado visible con Israel podía generar tensiones con otros países de la región y complicar su posición frente a la cuestión palestina. Para Israel, el mantenimiento de relaciones con Irán constituía una oportunidad estratégica, pero no exigía necesariamente transformar esos vínculos en una alianza pública que pudiera restringir la flexibilidad de ambos gobiernos.

Este tipo de relación permite comprender por qué los Estados pueden cooperar durante largos períodos sin eliminar sus diferencias ni convertir sus intereses comunes en un compromiso permanente. La cooperación se mantiene mientras sus beneficios se consideran superiores a sus costes políticos, económicos y estratégicos. Cuando cambia ese equilibrio, los mecanismos existentes pueden debilitarse o desaparecer.

La ruptura posterior a 1979 puso de manifiesto la fragilidad de una relación que, pese a su amplitud, no estaba protegida por una estructura de alianza formal. La transformación revolucionaria iraní alteró los fundamentos ideológicos y políticos de la relación, convirtiendo en objeto de rechazo una cooperación que había respondido a los cálculos de los gobiernos anteriores. La historia anterior a 1979 demuestra, sin embargo, que las relaciones entre ambos países no estuvieron determinadas desde el principio por una hostilidad inevitable.

9. Los intereses comunes frente al contexto regional

La cooperación entre Israel e Irán no puede comprenderse sin considerar el entorno regional en el que se desarrolló. Las rivalidades entre Estados, la cuestión palestina, el nacionalismo árabe, la competencia entre las grandes potencias y las preocupaciones relacionadas con la seguridad contribuyeron a configurar las decisiones de ambos gobiernos. En este contexto, la relación bilateral no era un fenómeno aislado, sino parte de una red más amplia de cálculos geopolíticos.

Para Israel, el establecimiento de relaciones con Estados no árabes respondía a la necesidad de reducir el aislamiento regional y diversificar sus opciones estratégicas. La cooperación con Irán ofrecía acceso a un interlocutor importante que no formaba parte del núcleo de Estados árabes enfrentados a Israel. Este acercamiento no eliminaba las dificultades políticas relacionadas con la cuestión palestina, pero permitía desarrollar vínculos que respondían a intereses concretos.

Para Irán, las relaciones con Israel debían equilibrarse con otros objetivos de política exterior. El régimen del sah procuraba fortalecer el poder del Estado, preservar su autonomía y ampliar su influencia regional. En consecuencia, la cooperación con Israel no significaba que Teherán ignorara las sensibilidades del mundo árabe ni que abandonara sus propios intereses. La discreción diplomática reflejaba precisamente la necesidad de gestionar esas tensiones.

La Guerra Fría también influyó en las condiciones que favorecieron el acercamiento. Las relaciones de ambos países con Estados Unidos, sus preocupaciones ante la expansión de la influencia soviética y sus respectivas estrategias de seguridad creaban áreas de convergencia, aunque no implicaran una identidad absoluta de posiciones. Cada gobierno interpretaba el entorno internacional desde sus propias prioridades y procuraba conservar un margen de autonomía en sus decisiones.

Por tanto, la cooperación entre Israel e Irán debe situarse en la intersección de tres dimensiones: los intereses nacionales de cada Estado, las oportunidades de colaboración creadas por la configuración regional y las restricciones políticas que limitaban la visibilidad de su relación. Esta combinación explica tanto la posibilidad del acercamiento como sus límites. También permite comprender por qué la transformación radical del régimen iraní en 1979 modificó de manera tan profunda el sentido de una relación que, hasta entonces, había respondido a una lógica estratégica diferente.

1979: EL GIRO HISTÓRICO

10. La revolución islámica

La ruptura entre Irán e Israel no fue el resultado de una decisión aislada, sino de una profunda transformación del régimen político iraní y de los principios en nombre de los cuales este se proponía conducir su política exterior. Hasta finales de la década de 1970, la monarquía de los Pahlavi había desarrollado una importante cooperación estratégica con Israel, particularmente en los ámbitos de la energía, la seguridad, los servicios de inteligencia y la modernización técnica. Esta relación seguía siendo políticamente sensible y nunca llegó a adoptar la forma de una normalización diplomática plena. Coexistía con las ambiciones regionales del sah, su voluntad de preservar la autonomía de Irán y la necesidad de mantener relaciones con los países árabes. Paralelamente, la oposición a Israel y a la influencia estadounidense ya constituía un elemento del discurso del ayatolá Ruhollah Jomeini mucho antes de su llegada al poder. Por tanto, la revolución no creó esa oposición, sino que le proporcionó los medios para convertirse en una orientación oficial del Estado iraní.

La secuencia decisiva se desarrolló entre enero y febrero de 1979. El sah abandonó Irán el 16 de enero, Jomeini regresó del exilio el 1 de febrero y el Gobierno de Shapur Bajtiar fue perdiendo progresivamente el control de la situación. El 11 de febrero, la declaración de neutralidad de las fuerzas armadas en el conflicto político y militar marcó el derrumbe efectivo del Gobierno monárquico. Esta fecha constituye el principal punto de referencia para situar la caída del régimen, aunque la consolidación institucional del nuevo orden revolucionario continuó posteriormente. Por ello, es importante distinguir entre la salida del sah, el regreso de Jomeini, la caída del Gobierno y el establecimiento progresivo de las instituciones de la República Islámica, en lugar de tratar la revolución como un acontecimiento único.

La ruptura con Israel se materializó rápidamente. El 7 de febrero de 1979, seis días después del regreso de Jomeini, los locales de la antigua misión israelí en Teherán fueron entregados a Yasser Arafat, dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina. El gesto tuvo una considerable trascendencia simbólica. Un lugar que había representado la cooperación discreta de la época monárquica pasó a asociarse con la representación de un movimiento situado en el centro de la causa palestina. La calle donde se encontraba la misión también recibió el nombre de calle de Palestina. La ruptura diplomática se convirtió así en un acto de redefinición política: el nuevo poder no se limitó a interrumpir una relación, sino que quiso manifestar públicamente su rechazo a la orientación exterior del antiguo régimen.

Esta transformación no significa que todas las dimensiones de la política exterior iraní cambiaran simultáneamente. El nuevo Estado todavía debía hacer frente a las limitaciones geográficas, las relaciones de poder regionales, las necesidades económicas y los imperativos de seguridad. Sin embargo, la revolución modificó el marco ideológico a través del cual se interpretaban esas limitaciones. Israel dejó de ser un socio con el que podían converger determinados intereses pese a las divergencias políticas y pasó a convertirse en un adversario oficialmente identificado dentro de la visión revolucionaria del orden regional. La evolución posterior dependería de la manera en que esta nueva orientación se combinara con las guerras, las alianzas y las transformaciones estratégicas de las décadas siguientes.

11. Jomeini y la ruptura con Israel

Para comprender la profundidad de la ruptura, es necesario situar la cuestión israelí en el marco de la concepción política defendida por Jomeini. El nuevo poder no trató a Israel como un simple asunto diplomático heredado de la monarquía. Vinculó su oposición al Estado israelí con una impugnación más amplia del orden regional, de la influencia occidental y de la legitimidad de los gobiernos musulmanes que mantenían relaciones con Israel. De este modo, la causa palestina adquirió un lugar central en el discurso exterior de la República Islámica. Lo que antes formaba parte de la posición de un opositor al sah pasó a convertirse en un componente de la legitimidad reivindicada por el nuevo Estado.

La firma del tratado de paz entre Egipto e Israel, el 26 de marzo de 1979, reforzó esta diferenciación política. Jomeini condenó públicamente el acuerdo en mayo, enmarcando su postura en la oposición a la normalización de las relaciones con Israel. El mensaje trascendía el ámbito bilateral: Teherán pretendía diferenciarse de los gobiernos que privilegiaban los acuerdos diplomáticos con el Estado israelí y presentarse como defensor de la causa palestina. No obstante, es necesario distinguir la fecha del tratado de la condena de Jomeini para evitar confundir dos acontecimientos separados en el tiempo.

La nueva orientación no significaba, sin embargo, que la política iraní pasara a estar determinada exclusivamente por la ideología. Los dirigentes revolucionarios debían preservar la integridad territorial del país, consolidar un régimen todavía en formación y responder a imperativos estratégicos inmediatos. La guerra entre Irán e Irak, iniciada en septiembre de 1980, demostraría rápidamente que las consideraciones de seguridad nacional podían ejercer una influencia decisiva en las decisiones de Teherán. La hostilidad oficial hacia Israel no eliminó, por tanto, los cálculos pragmáticos, sino que modificó el marco político dentro del cual debían justificarse y ejecutarse.

Esta distinción resulta fundamental para comprender el resto del análisis. La revolución transformó radicalmente el discurso oficial iraní y rompió las relaciones políticas con Israel, pero no produjo de inmediato la configuración de confrontación que se desarrollaría durante las décadas siguientes. Los primeros años de la República Islámica estuvieron marcados por las consecuencias de la revolución, las rivalidades internas, la guerra con Irak y la búsqueda de una nueva posición regional. Los mecanismos que conferirían a la oposición una dimensión estratégica duradera se fueron construyendo progresivamente, en la intersección entre los imperativos de seguridad y la transformación del entorno regional.

12. Antimperialismo, antisionismo y nueva doctrina iraní

La política exterior de la República Islámica se construyó en torno a la voluntad de romper con el orden político asociado a la monarquía y con la dependencia de las potencias occidentales que el discurso revolucionario atribuía al antiguo régimen. La oposición a Israel quedó integrada en esta visión, en la que la soberanía iraní, el cuestionamiento de la influencia estadounidense y el apoyo reivindicado a la causa palestina aparecían estrechamente vinculados. La revolución también pretendía conferir a Irán un papel regional que ya no se basara en el nacionalismo monárquico del sah, sino en una concepción revolucionaria e islámica de su lugar en el mundo musulmán.

Esta orientación modificó los cálculos de los demás actores regionales. Un documento diplomático estadounidense dedicado a las consecuencias de la revolución iraní para las negociaciones de paz en Oriente Medio, fechado el 16 de febrero de 1979, examina los efectos de la evolución iraní sobre las posiciones israelíes y egipcias. Las preocupaciones relacionadas con la seguridad del suministro de petróleo, la fiabilidad de los acuerdos regionales y la incertidumbre en torno al nuevo orden iraní contribuyeron entonces a influir en las negociaciones. Este documento confirma que las consecuencias de la revolución para la diplomacia regional ya eran perceptibles antes de que las futuras orientaciones de la República Islámica se hubieran estabilizado plenamente.

No obstante, es necesario delimitar el alcance de esta transformación. En 1979, la ruptura política fue clara, pero todavía no se habían reunido las dimensiones militares, tecnológicas y regionales de la rivalidad contemporánea. Por ello, sería anacrónico considerar los programas nucleares y balísticos, las redes armadas regionales o las operaciones clandestinas de las décadas posteriores como consecuencias automáticas de la revolución. Estos fenómenos responden a contextos diferentes y deben estudiarse de acuerdo con sus propias cronologías. La revolución creó un nuevo marco ideológico y diplomático, pero no determinó por sí sola todas las decisiones futuras.

El desafío analítico consiste precisamente en comprender cómo evoluciona ese marco inicial en contacto con los acontecimientos. Una oposición política puede permanecer esencialmente declarativa durante un período y adquirir después una dimensión operativa cuando se transforman los intereses estratégicos, las capacidades militares y las alianzas regionales. La relación entre Israel e Irán ilustra esta evolución: la ruptura de 1979 constituye el punto de partida de una nueva representación del adversario, mientras que las décadas siguientes van dotando progresivamente a esa representación de un contenido estratégico más amplio.

13. De socio estratégico a adversario ideológico

El año 1979 marcó un cambio fundamental en la manera en que el Irán oficial definía a Israel, pero no basta para explicar toda la rivalidad posterior. Antes de la revolución, ambos Estados mantenían una cooperación estratégica basada en determinados intereses comunes. Después de la revolución, esa cooperación pasó a ser políticamente incompatible con la identidad reivindicada por el nuevo régimen. Israel dejó de pertenecer a la categoría de los socios útiles y pasó a la de los adversarios ideológicos. Esta transformación afectó profundamente a las relaciones diplomáticas, las representaciones políticas y los cálculos regionales, sin generar por ello una confrontación militar directa y permanente entre ambos países.

La guerra entre Irán e Irak, iniciada en septiembre de 1980, recordó que las prioridades de seguridad de Teherán estaban determinadas, ante todo, por la supervivencia del régimen, la defensa del territorio y el equilibrio regional inmediato. Para Israel, Irak también constituía entonces una preocupación militar de primer orden. Esta realidad impide interpretar la década de 1980 como un período en el que la rivalidad entre Israel e Irán ya hubiera adoptado la forma que adquiriría posteriormente. Los discursos hostiles, los intereses estratégicos y los comportamientos operativos no siempre coinciden, y sus relaciones deben examinarse teniendo en cuenta el contexto de cada decisión.

A finales de la Guerra Fría se produjo un importante cambio estructural. La desaparición de la Unión Soviética en 1991 y la derrota militar iraquí durante la guerra del Golfo modificaron el equilibrio regional. Irak, considerablemente debilitado, dejó de desempeñar el mismo papel en la distribución del poder, mientras que la desaparición de la Unión Soviética transformó el entorno internacional en el que actuaban Irán e Israel. Estos cambios contribuyeron a reducir algunas convergencias anteriores y a hacer surgir nuevas preocupaciones sobre la influencia regional de Teherán. Sin embargo, no constituyeron una causa única ni un giro uniforme: las orientaciones de los gobiernos, las negociaciones regionales y las transformaciones internas siguieron influyendo en la trayectoria de la rivalidad.

El período posterior estuvo marcado por una combinación cada vez mayor de oposición ideológica y preocupaciones relativas a las capacidades militares, las asociaciones regionales y la evolución del equilibrio de poder. La cuestión iraní adquirió mayor relevancia en los debates estratégicos israelíes, mientras que Teherán desarrolló sus propios medios de influencia y disuasión en un entorno que consideraba desfavorable. La rivalidad se fue estructurando progresivamente, sin que pueda reducirse a una sola declaración, un único conflicto o una decisión tomada en 1979.

La distinción entre ruptura política y rivalidad estratégica permite comprender mejor la continuidad histórica. La revolución modificó la categoría en la que ambos Estados situaban su relación. Las crisis y las transformaciones regionales dieron posteriormente a esa oposición un alcance operativo más importante. Fue esta acumulación de factores, y no un paso instantáneo de la amistad a la guerra, lo que preparó la formación de un sistema de percepciones mutuas en el que las capacidades y las alianzas del adversario adquirieron una importancia creciente.

14. El nacimiento de una nueva percepción del enemigo

La revolución de 1979 abrió una nueva etapa en las relaciones entre Israel e Irán al transformar el marco político e ideológico desde el que ambos países interpretaban sus intereses. Para la República Islámica, Israel se convirtió en un adversario oficial, asociado al orden regional cuestionado por la revolución y a la causa palestina. Para Israel, la desaparición del régimen del sah significó la pérdida de un socio estratégico importante y la aparición de un Estado cuyo discurso oficial rechazaba desde entonces su legitimidad. Esta divergencia constituyó el punto de partida de una transformación más prolongada, durante la cual la oposición política se articularía progresivamente con preocupaciones de seguridad más concretas.

Sin embargo, es necesario evitar proyectar retrospectivamente sobre 1979 todas las dimensiones de la confrontación contemporánea. La evolución del programa nuclear iraní, el desarrollo de las capacidades balísticas, la creciente importancia de Hezbolá, las guerras del Líbano, los enfrentamientos relacionados con los territorios palestinos y las operaciones clandestinas pertenecen a períodos diferentes. Estos elementos interactúan a lo largo del tiempo, pero no constituían un conjunto ya formado en el momento de la revolución. Su análisis exige distinguir entre las causas iniciales, las evoluciones intermedias y las decisiones adoptadas en contextos estratégicos específicos.

Lo que 1979 produjo, ante todo, fue un cambio duradero en el marco de representación. Ambos países comenzaron a interpretar una parte de su entorno a través de una relación que se había vuelto políticamente antagónica. Esta representación podía influir posteriormente en las doctrinas de seguridad, las decisiones diplomáticas, las evaluaciones de inteligencia y las decisiones relativas a las asociaciones regionales. No determinaba mecánicamente todas las políticas, pero contribuía a estructurar la manera en que se identificaban y jerarquizaban los riesgos.

La cuestión central pasa entonces a ser la transición del adversario político a la amenaza estratégica y, posteriormente, de la amenaza estratégica a la amenaza considerada existencial. Esta transición no puede explicarse únicamente por la ideología. También depende de la evolución de las capacidades, las intenciones atribuidas, la memoria histórica y la transformación del equilibrio regional. Por ello, es necesario examinar cómo se acumulan y refuerzan estos factores, sin olvidar que no poseen el mismo estatuto factual ni el mismo peso en las decisiones de ambos Estados.

El capítulo siguiente abordará esta transformación. Se tratará de comprender cómo un adversario deja de ser únicamente un actor externo al que se combate o al que uno se opone para convertirse en una referencia permanente en la definición de la seguridad nacional. El objetivo no es considerar inevitable la confrontación, sino identificar los mecanismos mediante los cuales las percepciones de amenaza, las doctrinas y las respuestas estratégicas pueden contribuir a prolongar una rivalidad.

DE LA RUPTURA POLÍTICA A LA AMENAZA EXISTENCIAL

15. El enemigo no es solamente aquel contra quien se combate

Una ruptura diplomática no basta para crear un enemigo permanente. Los Estados pueden interrumpir sus relaciones, oponerse en cuestiones fundamentales o atravesar períodos de confrontación y, posteriormente, modificar sus posiciones cuando evoluciona su entorno estratégico. En el caso de Israel e Irán, la cuestión determinante consiste en comprender cómo la oposición surgida después de 1979 se fue incorporando progresivamente a las percepciones de seguridad de ambos países. El adversario pasa entonces a ser algo más que un actor con el que existen desacuerdos: sus capacidades, sus intenciones presuntas, sus asociaciones y sus posibilidades de actuación entran en el cálculo mediante el cual cada Estado evalúa su propia seguridad.

Sin embargo, esta transformación no se produjo de manera lineal. Durante buena parte de la década de 1980, el Irak de Sadam Huseín representó para Israel una de las principales preocupaciones militares inmediatas. La guerra entre Irán e Irak también situó la supervivencia del régimen iraní y la defensa de su territorio en el centro de las prioridades de Teherán. Por tanto, los cálculos estratégicos no siempre coincidían con las categorías ideológicas proclamadas públicamente. La persistencia de una hostilidad política hacia Israel no significaba que Irán ya fuera considerado, por todos los responsables israelíes, la amenaza prioritaria en todos los ámbitos de la seguridad.

El final de la Guerra Fría transformó posteriormente parte de este entorno. La desaparición de la Unión Soviética en 1991 y el considerable debilitamiento de Irak después de la guerra del Golfo modificaron la distribución del poder en Oriente Medio. Irán e Israel tuvieron que reevaluar sus posiciones en un sistema regional en el que las antiguas limitaciones perdían parte de su importancia. Encyclopaedia Iranica identifica este período como un importante punto de inflexión, caracterizado por el debilitamiento de los factores que anteriormente habían permitido que determinados intereses iraníes e israelíes coexistieran a pesar de su oposición política. No obstante, 1991 debe entenderse como un cambio estructural cuyos efectos se desplegaron progresivamente, y no como una fecha que explique por sí sola todas las evoluciones posteriores.

Durante los años siguientes, la rivalidad adquirió así una dimensión estratégica cada vez más importante. Las preocupaciones israelíes por la influencia regional de Irán se combinaron progresivamente con los interrogantes sobre sus capacidades militares, mientras que Teherán procuraba consolidar su posición en un entorno que consideraba dominado por Estados Unidos y marcado por la superioridad militar israelí. Ambos países reaccionaron de manera diferente a estas transformaciones, pero cada uno tuvo que prestar mayor atención a las posibilidades de actuación del otro.

El enemigo se convirtió entonces en un componente duradero de la planificación estratégica. Esta evolución no significa que todas las decisiones estén determinadas por la rivalidad ni que la guerra sea inevitable. Significa que los responsables políticos y de seguridad evalúan cada vez más determinadas decisiones en función de sus posibles consecuencias sobre las capacidades y las intenciones del adversario. Este paso de la oposición política a una referencia permanente en materia de seguridad permite comprender la formación progresiva de un sistema de rivalidad.

16. Cómo un adversario se convierte en una amenaza existencial

La noción de amenaza existencial exige una definición precisa. No designa simplemente a un Estado hostil, un competidor regional o un adversario dotado de importantes capacidades militares. Se refiere a una amenaza percibida como susceptible de comprometer las condiciones fundamentales de supervivencia, seguridad o continuidad de un Estado. En la rivalidad entre Israel e Irán, esta percepción se ha construido progresivamente a partir de varios elementos: las declaraciones políticas hostiles, el desarrollo de capacidades militares, las asociaciones regionales, las evaluaciones del programa nuclear iraní y la memoria histórica particular a través de la cual los dirigentes israelíes interpretan los riesgos para su seguridad.

Para analizar esta evolución con rigor, es necesario distinguir cuatro categorías. La primera se refiere a las capacidades observables: los equipos, las infraestructuras, los programas tecnológicos y los medios de actuación de los que dispone efectivamente un Estado. La segunda comprende las intenciones atribuidas a ese Estado, que se evalúan a partir de sus declaraciones, sus comportamientos y la información disponible. La tercera abarca las posiciones políticas y doctrinales expresadas oficialmente por sus dirigentes. La cuarta corresponde a las percepciones estratégicas resultantes de la interpretación de todos estos elementos. Estas categorías interactúan, pero no son intercambiables. Una capacidad no demuestra automáticamente una intención de utilizarla, mientras que una declaración hostil no basta, por sí sola, para establecer la existencia de un plan operativo.

La cuestión nuclear iraní ha dado una profundidad particular a esta dinámica. La revelación pública, en 2002, de instalaciones nucleares que no habían sido declaradas previamente, en particular en Natanz y Arak, contribuyó a intensificar las investigaciones internacionales y las controversias sobre la naturaleza y la transparencia del programa iraní. Las negociaciones posteriores desembocaron en el acuerdo nuclear de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, o JCPOA por sus siglas en inglés. Este acuerdo pretendía, entre otras cosas, imponer restricciones al programa nuclear iraní y establecer un marco de verificación. Sin embargo, la evolución política y los desacuerdos sobre su aplicación mantuvieron la incertidumbre acerca de las perspectivas de una solución duradera de la cuestión.

Irán ha sostenido oficialmente que su programa nuclear persigue objetivos pacíficos y que las armas nucleares no forman parte de su doctrina declarada. Esta posición debe presentarse como una declaración oficial, no como prueba suficiente para resolver todas las cuestiones relativas a las intenciones o las capacidades. Del mismo modo, las preocupaciones expresadas por Israel y otros actores internacionales deben distinguirse de los hechos técnicamente establecidos y de las evaluaciones relativas a riesgos futuros. Un análisis riguroso debe precisar qué han establecido efectivamente las inspecciones y las evaluaciones internacionales, qué sigue siendo objeto de controversia y qué corresponde a una anticipación estratégica.

Por tanto, la noción de amenaza existencial no puede reducirse a la mera existencia de un programa nuclear. Surge de la manera en que se combinan las capacidades, las intenciones atribuidas, las declaraciones y las evoluciones regionales en un juicio estratégico. Para Israel, la perspectiva de que Irán adquiera una capacidad nuclear militar ha sido considerada progresivamente un riesgo importante. Para Irán, el desarrollo de capacidades tecnológicas y militares puede presentarse como un medio para preservar su soberanía, reforzar su disuasión y reducir su vulnerabilidad frente a adversarios más poderosos. Estas representaciones deben examinarse sin presuponer que ambos Estados poseen las mismas capacidades, persiguen los mismos objetivos o tienen responsabilidades idénticas.

El dilema de seguridad permite explicar cómo estas percepciones pueden alimentarse mutuamente. Cuando un Estado refuerza sus capacidades para protegerse, otro puede interpretar ese fortalecimiento como una amenaza y adoptar a su vez medidas de seguridad. La respuesta del segundo se convierte entonces, a ojos del primero, en una confirmación de sus preocupaciones iniciales. La dinámica puede continuar incluso cuando los actores presentan sus propias decisiones como defensivas. No se trata de afirmar que toda acción sea legítima ni que las responsabilidades sean necesariamente simétricas, sino de comprender cómo las medidas destinadas a reducir una vulnerabilidad pueden contribuir a crear un entorno que la otra parte percibe como más peligroso.

17. Memoria, ideología y seguridad nacional

La rivalidad entre Israel e Irán no puede comprenderse únicamente a través de las capacidades militares y las relaciones de poder. La memoria histórica y la ideología también influyen en la manera en que los dirigentes interpretan los acontecimientos y jerarquizan los riesgos. En Israel, la historia de las persecuciones antisemitas y la Shoá ocupan un lugar fundamental en la conciencia colectiva y en las reflexiones relativas a la supervivencia nacional. Esta memoria no determina mecánicamente las decisiones gubernamentales, pero contribuye a explicar la gravedad con la que se interpretan determinadas amenazas contra la existencia de Israel. En Irán, la revolución de 1979, el rechazo de la monarquía, la guerra entre Irán e Irak y la percepción de una presión exterior persistente también han configurado las representaciones oficiales de la soberanía y la seguridad.

La ideología confiere a estas experiencias un significado político. Después de 1979, la oposición a Israel se convirtió en un componente duradero del discurso oficial iraní y quedó integrada en la concepción regional de la República Islámica. Con el tiempo, esta orientación se combinó con la búsqueda de socios y aliados capaces de aumentar la influencia de Irán y su capacidad para responder a las presiones externas. Hezbolá, en el Líbano, ocupa un lugar importante en esta evolución. Su surgimiento está relacionado con la guerra civil libanesa, la invasión israelí del Líbano en 1982 y la influencia de la revolución iraní sobre una parte de la comunidad chií libanesa. Posteriormente, el movimiento se desarrolló hasta convertirse en un actor político y militar con estructuras propias, intereses propios y una estrecha relación estratégica con Teherán.

Esta relación no puede describirse correctamente reduciendo a Hezbolá a un simple instrumento carente de autonomía. El apoyo iraní, las afinidades ideológicas y los intereses estratégicos comunes son importantes, pero no eliminan los cálculos propios del movimiento, su arraigo en la sociedad libanesa ni las limitaciones de su entorno nacional. Resulta más preciso entender esta relación como una asociación asimétrica en la que convergen determinados intereses, al tiempo que subsisten márgenes de decisión y prioridades propios de cada actor. Esta distinción es esencial para evitar confundir influencia, dependencia y control operativo.

La creciente importancia de estas redes modifica la manera en que Israel evalúa la amenaza iraní. Los responsables israelíes ya no pueden limitarse a considerar las capacidades nacionales de Irán, sino que también deben tener en cuenta las relaciones de Teherán con actores armados presentes en distintos espacios de Oriente Medio. Desde la perspectiva iraní, la presencia militar estadounidense en la región, las asociaciones de Israel y la superioridad tecnológica de este último contribuyen a configurar una percepción más amplia del entorno estratégico. La distancia geográfica entre ambos Estados no elimina, por tanto, las posibilidades de confrontación indirecta. Por el contrario, favorece una configuración en la que las consecuencias de la rivalidad pueden manifestarse en territorios distintos de los dos principales adversarios.

El giro regional de la década de 1990 contribuyó a reforzar esta evolución. La desaparición de la Unión Soviética y el debilitamiento de Irak modificaron las limitaciones que anteriormente estructuraban los cálculos regionales. Al mismo tiempo, las preocupaciones relacionadas con las capacidades balísticas iraníes y, posteriormente, con su programa nuclear adquirieron una importancia creciente en el debate estratégico israelí. La confrontación pasó así a combinar las representaciones ideológicas, las asociaciones regionales y las evaluaciones de las capacidades militares.

No obstante, sería erróneo convertir esta trayectoria en una historia determinista en la que cada acontecimiento condujera necesariamente al siguiente. Las prioridades gubernamentales pueden cambiar, los períodos de tensión pueden alternarse con intentos de distensión y los intereses estratégicos pueden conducir a decisiones que no se correspondan plenamente con los discursos públicos. La memoria y la ideología no sustituyen al cálculo estratégico, sino que contribuyen a proporcionarle un marco interpretativo. Precisamente su interacción con las capacidades y las alianzas explica por qué la rivalidad puede persistir incluso cuando los dos Estados no están en guerra abierta.

La noción de sistema de enemistad adquiere aquí todo su significado. No presupone que ambos países estén condenados a una confrontación permanente ni que todas sus decisiones estén dictadas por la hostilidad. Designa una situación en la que la existencia del adversario influye de manera duradera en la definición de los riesgos, las decisiones relativas a las asociaciones y las doctrinas de seguridad. La rivalidad se convierte entonces en una referencia estructurante, incluso cuando los gobiernos intentan evitar una escalada directa.

18. Cuando la seguridad de uno depende del debilitamiento del otro

La rivalidad entre Israel e Irán adquiere una dimensión especialmente compleja cuando ambos Estados llegan a considerar que el fortalecimiento de las capacidades del otro reduce directamente su propia seguridad. La competencia deja entonces de girar únicamente en torno a un territorio, una negociación o un interés puntual. Pasa a centrarse en la posibilidad de permitir que el adversario amplíe sus medios de actuación, su influencia regional o su capacidad de disuasión. Esta lógica se manifiesta, en particular, en las preocupaciones israelíes relativas al programa nuclear iraní y en la voluntad de Irán de desarrollar capacidades nacionales y asociaciones que puedan reducir su vulnerabilidad estratégica.

Sin embargo, es importante distinguir entre los objetivos declarados, las capacidades efectivamente disponibles y los efectos producidos por las decisiones de cada actor. Israel puede considerar determinadas capacidades iraníes como amenazas importantes y tratar de limitar su desarrollo. Por su parte, Irán puede presentar sus propias capacidades y sus relaciones regionales como medios de disuasión frente a una superioridad militar adversaria. Estas justificaciones no bastan para establecer la naturaleza real de cada intención, pero permiten comprender por qué las decisiones de una parte se interpretan frecuentemente a través de las preocupaciones de la otra.

Hezbolá constituye una de las principales dimensiones regionales de esta dinámica. Para Israel, las capacidades militares del movimiento en el Líbano y su asociación con Teherán contribuyen a ampliar el alcance de la amenaza vinculada a Irán. Para la República Islámica, las relaciones con actores regionales proporcionan medios de influencia y presión que no dependen exclusivamente de sus fuerzas nacionales. Esta configuración no significa que todas las acciones de Hezbolá se decidan en Teherán. Refleja, más bien, la existencia de intereses convergentes, relaciones de apoyo y dependencia, así como cálculos propios de actores que conservan objetivos diferenciados.

La rivalidad desborda así el marco bilateral y contribuye a estructurar varias crisis regionales. En el Líbano, Siria, Irak y los territorios palestinos, las decisiones de los actores locales pueden interpretarse en función de sus relaciones con Irán, Israel o sus respectivos socios. Sin embargo, estas situaciones no pueden reducirse a un único enfrentamiento entre Teherán y Tel Aviv. Cada escenario tiene su propia historia, sus instituciones, sus actores y sus conflictos internos. La rivalidad entre Israel e Irán interactúa con estas dinámicas, pero no constituye necesariamente su única explicación.

Esta distinción es esencial para comprender la formación de un sistema regional de confrontación. Las crisis pueden reforzarse mutuamente, pero no todas están dirigidas desde un único centro. Los gobiernos, los movimientos armados y los demás actores persiguen objetivos que pueden converger temporalmente, divergir o evolucionar. Un análisis sólido debe examinar tanto los vínculos que los unen como los factores locales que limitan su coordinación.

La competencia también puede continuar sin que exista una guerra abierta. Los servicios de inteligencia, la diplomacia, las alianzas, las tecnologías y las estrategias de influencia pueden utilizarse para limitar las posibilidades de actuación del adversario sin desencadenar una confrontación general. Esta situación no constituye necesariamente una paz estable. Puede corresponder a un equilibrio precario en el que los actores intentan simultáneamente fortalecer sus posiciones y evitar las consecuencias de una escalada incontrolada.

El riesgo reside, en particular, en la acumulación de decisiones adoptadas por separado. Una medida presentada como defensiva puede interpretarse como ofensiva; una respuesta destinada a restablecer la disuasión puede suscitar una nueva reacción; una crisis local puede adquirir una dimensión regional cuando varios actores consideran que están en juego su credibilidad o su seguridad. Una confrontación más amplia puede hacerse posible sin que necesariamente haya constituido el objetivo inicial de cada decisión. Este mecanismo no hace inevitable la guerra, pero explica por qué la gestión de las percepciones, las señales y los umbrales de escalada resulta esencial.

El verdadero giro analítico reside, por tanto, en la transformación del adversario en una referencia permanente del cálculo estratégico. Israel evalúa una parte de su seguridad en función de las capacidades iraníes, la influencia regional de Teherán y las asociaciones que pueden aumentar los riesgos a los que está expuesto. Irán evalúa una parte de su propia seguridad en función de la superioridad militar israelí, la presencia estadounidense en la región y las posibilidades de presión ejercidas contra él. Esta interdependencia negativa no significa que sus intereses sean opuestos en todas las circunstancias, sino que una parte importante de sus decisiones está influida por la manera en que cada uno anticipa las reacciones del otro.

A partir de esta dinámica puede estudiarse la guerra en la sombra. Ambos Estados tienen motivos para limitar los costes de una guerra general, al tiempo que intentan impedir que el adversario refuerce determinadas capacidades o mejore su posición regional. La competencia puede desplazarse entonces hacia la inteligencia, las operaciones clandestinas, las infraestructuras estratégicas, el ciberespacio y los distintos escenarios regionales. Estas dimensiones no deben considerarse manifestaciones de un único mecanismo: cada una tiene sus propios actores, limitaciones y formas de riesgo. Sin embargo, su estudio permite comprender cómo una rivalidad puede volverse duradera sin traducirse constantemente en una guerra declarada oficialmente.

El capítulo siguiente examinará esta evolución situando los distintos escenarios regionales en sus respectivos contextos. Se tratará, en particular, de comprender el papel del Líbano y Siria, las dinámicas de los territorios palestinos, la situación iraquí y los demás espacios en los que los intereses iraníes e israelíes coinciden o entran en conflicto. El objetivo será mostrar cómo una rivalidad entre dos Estados se inscribe en un entorno regional más amplio, sin reducir a los actores locales a simples instrumentos ni confundir las percepciones de amenaza con los hechos establecidos.

LA GUERRA EN LA SOMBRA

19. Hezbolá, Hamás, Siria, Irak y Yemen

La rivalidad entre Israel e Irán no se ha desarrollado únicamente entre los territorios de ambos Estados. Una de sus características principales reside precisamente en su desplazamiento hacia espacios en los que Israel e Irán pueden ejercer influencia, apoyar a sus socios y ejercer presión estratégica sin entrar inmediatamente en una guerra convencional directa. A partir de la década de 1980, y de manera más evidente tras el final de la Guerra Fría, Teherán desarrolló una red de relaciones con distintos actores políticos y armados de Oriente Medio. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en particular su Fuerza Quds, desempeña un papel importante en esta proyección regional. La red se extiende al Líbano, los territorios palestinos, Irak, Siria y Yemen, pero sus componentes no son idénticos ni están enteramente dirigidos desde Teherán. Según los casos, las relaciones se basan en convergencias políticas, apoyo financiero y militar, transferencias de conocimientos técnicos o intereses comunes, al tiempo que dejan a los actores locales distintos márgenes de autonomía.

Hezbolá, en el Líbano, ocupa un lugar particular en esta arquitectura. Su formación se inscribe en el contexto de la guerra civil libanesa, la invasión israelí de 1982 y la movilización de distintas corrientes chiíes. El movimiento desarrolló estrechos vínculos con el Irán revolucionario y se convirtió progresivamente en uno de sus principales socios regionales. Su implantación política, social y militar en el Líbano confiere a la rivalidad entre Israel e Irán una nueva profundidad geográfica. Desde entonces, Israel debe tener en cuenta la posibilidad de que esta rivalidad se manifieste desde un territorio próximo a su frontera septentrional. La relación entre Teherán y Hezbolá se convierte así en un elemento duradero de los cálculos de seguridad israelíes, aunque las decisiones del movimiento también respondan a sus propios intereses, a la situación interna libanesa y a la evolución del conflicto con Israel.

La cuestión palestina añade otra dimensión a esta arquitectura. Irán proporciona apoyo político y material a varias organizaciones palestinas, en particular a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina. Sin embargo, estas relaciones no deben equipararse a una única cadena de mando. Hamás pertenece a una tradición política y religiosa distinta de la de la República Islámica, y sus decisiones están vinculadas, ante todo, a su propia interpretación de la lucha nacional palestina, a sus objetivos organizativos y a su entorno político. Los vínculos con Teherán pueden reforzar determinadas capacidades del movimiento sin eliminar su autonomía decisoria. Tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza, esta dimensión regional se hizo especialmente visible. Los enfrentamientos en los que participaron Hezbolá, grupos armados en Irak y Siria y los hutíes en Yemen contribuyeron a conectar varios escenarios que hasta entonces habían sido relativamente distintos.

Siria constituye otro espacio esencial, aunque responde a una lógica diferente. Durante décadas, el régimen de Bashar al Asad proporcionó a Teherán un socio político y un territorio de enlace estratégico entre Irán, Irak y el Líbano. La guerra civil siria, iniciada en 2011, transformó esta relación en una cooperación militar mucho más profunda. Irán y Hezbolá apoyaron al régimen de Al Asad, mientras que Israel llevó a cabo numerosas operaciones contra instalaciones, transferencias de armas y posiciones que consideraba vinculadas a la presencia iraní o al fortalecimiento de Hezbolá. La caída del régimen de Al Asad en diciembre de 2024 alteró profundamente esta arquitectura. Debilitó considerablemente uno de los principales puntos de apoyo regionales de Teherán, aunque no permite concluir que toda la influencia iraní desapareciera inmediatamente del territorio sirio.

Irak y Yemen amplían aún más la geografía de esta rivalidad. Tras la invasión estadounidense de 2003 y la transformación del antiguo orden iraquí, varias milicias chiíes desarrollaron estrechas relaciones con Irán y adquirieron una influencia importante en el panorama político y de seguridad de Irak. Sin embargo, estos grupos no constituyen un conjunto uniforme: sus relaciones con las instituciones estatales, sus objetivos locales y su grado de dependencia respecto a Teherán varían. En Yemen, las relaciones entre Irán y los hutíes siguieron una trayectoria diferente, arraigada en la historia política y social del país. El apoyo iraní contribuye a reforzar determinadas capacidades del movimiento, pero no basta para explicar por sí solo sus decisiones ni el conjunto de sus operaciones. A partir de 2023, los ataques hutíes contra buques en el mar Rojo y sus acciones dirigidas contra Israel confirieron a la rivalidad una dimensión marítima y comercial que trasciende ampliamente el enfrentamiento directo entre Israel e Irán.

Por tanto, esta red no puede describirse como un simple «ejército exterior» de Irán. Una representación de este tipo borraría la diversidad de las sociedades, los conflictos y los intereses locales en los que estos actores están arraigados. Resulta más preciso hablar de una arquitectura de influencia y asociaciones armadas mediante la cual Teherán busca ampliar su profundidad estratégica y multiplicar sus posibilidades de ejercer presión sobre sus adversarios. Para Israel, sin embargo, la diversidad de estos actores no elimina la dificultad operativa: varias organizaciones hostiles al Estado israelí mantienen relaciones con la República Islámica y disponen de capacidades de actuación en escenarios alejados del territorio iraní. La rivalidad deja así de ser una cuestión estrictamente bilateral y se convierte en una constelación de conflictos interconectados.

20. La lógica de las redes y de los actores aliados

La novedad estratégica reside menos en la existencia de aliados que en la posibilidad de distribuir la presión entre varios espacios. Un Estado que considera que no puede competir directamente con un adversario militarmente superior puede intentar ampliar su margen de maniobra desarrollando relaciones con actores presentes en distintos entornos geográficos. Para Teherán, esta estrategia proporciona una profundidad que sus propias capacidades nacionales no podrían ofrecer por sí solas. Para Israel, significa que la amenaza ya no puede evaluarse únicamente a partir de la distancia que separa a ambos Estados. Algunos socios de Irán pueden encontrarse cerca del territorio israelí o actuar sobre rutas marítimas esenciales para el comercio internacional. La red se convierte así en un factor estratégico por derecho propio.

Esta arquitectura es profundamente asimétrica. Hezbolá posee una organización política y militar arraigada en el Líbano; los grupos palestinos responden a dinámicas propias de la cuestión nacional palestina; las milicias iraquíes actúan en un sistema político donde se entremezclan las instituciones estatales, los intereses locales y las influencias extranjeras; los hutíes persiguen su propio proyecto de poder en Yemen. El término «eje» puede resultar útil para describir determinadas convergencias políticas y estratégicas, pero se vuelve engañoso cuando sugiere una organización perfectamente centralizada en la que cada componente ejecutaría automáticamente las decisiones de Teherán. Es preferible analizar un conjunto de socios cuyos grados de coordinación, dependencia y autonomía varían según los períodos y las circunstancias.

La flexibilidad de esta red constituye una de sus posibles ventajas. La presión puede desplazarse de un escenario a otro sin que Irán tenga que intervenir militarmente de manera directa en cada etapa. Los distintos actores pueden perseguir sus propios intereses y, al mismo tiempo, compartir determinadas orientaciones estratégicas con Teherán. Sin embargo, esta flexibilidad también implica una debilidad: cuanto más se amplía la red, más difícil resulta controlar todas las consecuencias de sus acciones. Una operación decidida en Beirut, Gaza, Bagdad o Saná puede provocar reacciones en Tel Aviv, Washington o Teherán que su autor no hubiera previsto necesariamente. La profundidad estratégica obtenida de este modo puede ir acompañada, por tanto, de un mayor riesgo de escalada.

Después de octubre de 2023, esta dificultad se hizo especialmente visible. La guerra en Gaza, los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, los ataques hutíes en el mar Rojo y las acciones de grupos armados en Irak y Siria mostraron cómo podían conectarse varias crisis locales. En 2024, la confrontación cruzó un umbral adicional cuando Irán atacó directamente a Israel después del bombardeo del 1 de abril contra un edificio del complejo diplomático iraní en Damasco. Ambos países intercambiaron posteriormente nuevos ataques directos en octubre. La distinción entre guerra indirecta y confrontación interestatal no desapareció, pero se volvió mucho menos nítida. Las redes regionales continuaron activas al mismo tiempo que los propios Estados asumían un papel más directo en las operaciones.

21. El programa nuclear iraní y la percepción israelí

A esta arquitectura regional se añade un factor de naturaleza diferente: el programa nuclear iraní. Este no puede equipararse a las redes armadas examinadas anteriormente. Se refiere directamente a las capacidades estratégicas del Estado iraní y a la posibilidad, temida por Israel y otros países, de que Teherán pueda adquirir algún día una capacidad nuclear militar. Irán sostiene que su programa persigue objetivos pacíficos e invoca sus derechos en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. El acuerdo nuclear concluido en 2015, conocido como JCPOA, impuso restricciones a determinadas actividades iraníes y estableció mecanismos de verificación a cambio de un alivio de las sanciones. La retirada de Estados Unidos en 2018, seguida de la erosión progresiva de las restricciones y de los mecanismos de confianza, debilitó profundamente este marco.

Para Israel, la cuestión nuclear se superpone a la experiencia acumulada desde la revolución de 1979. Un Estado cuyos dirigentes han expresado una oposición política radical a Israel, que mantiene relaciones con varias organizaciones armadas hostiles al Estado israelí y que posee capacidades balísticas puede ser percibido como un riesgo cualitativamente distinto si se aproxima a una capacidad nuclear militar. Por tanto, la percepción israelí no se basa únicamente en el programa nuclear. Es el resultado de la combinación de las declaraciones políticas, las capacidades militares, las relaciones regionales y la incertidumbre sobre las intenciones futuras de Teherán. Esta combinación explica por qué la cuestión nuclear se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre ambos países.

Sin embargo, esta percepción debe distinguirse de las intenciones efectivamente declaradas por las autoridades iraníes y de las capacidades que pueden establecerse de manera independiente. Teherán afirma que no busca fabricar un arma nuclear y presenta su programa como una cuestión de derechos civiles y soberanía nacional. Al mismo tiempo, las preocupaciones internacionales se refieren al nivel de enriquecimiento del uranio, las reservas acumuladas, el acceso de los inspectores y el plazo técnico que podría ser necesario para completar determinadas etapas adicionales si se tomara la decisión de fabricar un arma. Un programa nuclear avanzado, una capacidad técnica latente, la decisión de producir un arma y la posesión efectiva de un arsenal nuclear son realidades distintas. Confundirlas debilitaría el análisis.

El problema estratégico también reside, por tanto, en la incertidumbre. Cuando un adversario no puede determinar con confianza las intenciones futuras del otro, tiende a razonar a partir de las capacidades que este podría llegar a movilizar. Israel puede presentar una política destinada a impedir que Irán amplíe sus capacidades como una medida preventiva. Teherán, por su parte, puede interpretar esas presiones como un intento de limitar su soberanía y sus opciones de disuasión. Cada parte puede considerar defensivas sus propias medidas y, al mismo tiempo, percibir las de la otra como ofensivas. Este dilema de seguridad no significa que las responsabilidades sean idénticas ni que las capacidades y las intenciones de ambos Estados sean equivalentes. Describe, más bien, un mecanismo por el cual la desconfianza puede alimentar la escalada, incluso cuando los actores afirman que buscan prevenir una amenaza.

22. Inteligencia, operaciones clandestinas y confrontación cibernética

Cuando dos Estados consideran que una confrontación abierta tendría costes demasiado elevados, la inteligencia se convierte en un instrumento central de su competencia. A lo largo de los años, Israel e Irán han participado así en una confrontación clandestina que combina la recopilación de información, el sabotaje, las operaciones atribuidas o no atribuidas, las acciones contra infraestructuras y los intentos de ralentizar las capacidades estratégicas del adversario. Esta rivalidad se ha manifestado especialmente en torno al programa nuclear iraní. Algunas operaciones clandestinas han buscado perturbar instalaciones o equipos sin desencadenar inmediatamente una guerra abierta. La operación cibernética conocida como Stuxnet se ha convertido en uno de los ejemplos más célebres de esta evolución. Se atribuye ampliamente a Estados Unidos e Israel, aunque todas las responsabilidades y todos los detalles operativos no han sido reconocidos oficialmente.

El ciberespacio ha modificado la naturaleza de la guerra en la sombra. Permite recopilar información de inteligencia, perturbar sistemas o afectar infraestructuras a distancia sin que sea necesariamente visible un ataque convencional. Las redes de comunicación, los sistemas industriales, las infraestructuras digitales y los entornos informativos se convierten así en espacios de rivalidad. Irán ha desarrollado sus propias capacidades cibernéticas, mientras que Israel ha adquirido una importante reputación en inteligencia tecnológica y ciberseguridad. Estas capacidades no eliminan las limitaciones de la guerra tradicional, pero amplían los medios mediante los cuales un Estado puede ejercer presión, intentar ralentizar a su adversario o preparar una acción en otro ámbito.

La inteligencia también desempeña una función que va más allá de la recopilación de información. En una relación caracterizada por una profunda desconfianza, la capacidad de conocer las infraestructuras, los movimientos y las intenciones del adversario se convierte en un componente de la disuasión. Sin embargo, esta búsqueda permanente de información encierra una paradoja. Cada parte puede considerar sus operaciones de inteligencia necesarias para su propia seguridad, mientras que la otra las interpreta como una preparación para una acción hostil. La recopilación de información puede reducir determinadas incertidumbres y, al mismo tiempo, alimentar el ciclo de sospecha que pretende controlar.

Es en este espacio intermedio donde la guerra en la sombra encuentra su lógica. Permite vigilar, perturbar, disuadir o ralentizar sin reconocer necesariamente la existencia de un conflicto abierto. Ofrece a los gobiernos un margen de maniobra política, pero también reduce la claridad de sus intenciones. Cuando el autor de una operación sigue siendo oficialmente desconocido o sus objetivos son objeto de controversia, el adversario debe decidir si responde, cómo hacerlo y a qué nivel, sin disponer de toda la información necesaria. El riesgo de una interpretación errónea se convierte entonces en una dimensión esencial de la confrontación.

23. Los límites de la guerra indirecta

Durante mucho tiempo, la guerra en la sombra permitió a Israel e Irán mantener su confrontación por debajo del umbral de un enfrentamiento general. Este mecanismo se basaba en una contradicción fundamental: cada actor buscaba modificar el equilibrio estratégico sin provocar precisamente la guerra que pretendía evitar. Este enfoque podía contribuir a contener la escalada mientras las respuestas se mantuvieran relativamente limitadas, las señales pudieran interpretarse y los distintos escenarios permanecieran suficientemente separados. Sin embargo, estas condiciones se fueron debilitando progresivamente. Las operaciones clandestinas, los enfrentamientos a través de socios regionales y las amenazas contra infraestructuras estratégicas multiplicaron las posibilidades de represalia y los riesgos de error de cálculo.

El año 2024 marcó un punto de inflexión. El 1 de abril, un ataque contra un edificio del complejo diplomático iraní en Damasco mató a varios altos responsables iraníes, entre ellos el general Mohammad Reza Zahedi. Durante la noche del 13 al 14 de abril, Irán lanzó directamente drones y misiles contra Israel. Una gran parte de los proyectiles fue interceptada con la participación de Israel, Estados Unidos y socios regionales. No obstante, el acontecimiento tuvo una importancia considerable: Teherán optó por atacar directamente el territorio israelí en lugar de limitar su respuesta a las acciones de sus socios regionales. El 1 de octubre, Irán lanzó un nuevo ataque con misiles balísticos contra Israel. Israel respondió el 26 de octubre con ataques contra instalaciones militares iraníes. La separación entre la confrontación indirecta y el intercambio directo de ataques se volvió entonces mucho más frágil.

Esta evolución no significa que la guerra indirecta haya desaparecido. Las redes regionales siguen existiendo y desempeñando un papel importante. Sin embargo, su función está cambiando: ya no constituyen únicamente un sustituto de la confrontación directa, sino que pueden convertirse en multiplicadores de crisis en un entorno en el que los propios Estados intercambian ataques. Una operación contra un socio puede provocar una respuesta contra Irán; una respuesta iraní puede desencadenar una nueva acción israelí; esta última puede activar a varios actores regionales. El sistema resulta más difícil de contener precisamente porque sus distintos niveles están cada vez más conectados.

Por tanto, la distinción entre «guerra por delegación» y «guerra entre Estados» ya no basta para describir la realidad. Ambas dimensiones coexisten. Los actores no estatales siguen siendo esenciales, pero Israel e Irán intervienen ahora de manera más directa en la confrontación. Después de octubre de 2023, los conflictos de Gaza, el Líbano, Siria, Irak y el mar Rojo quedaron más estrechamente relacionados, mientras que los ataques directos de 2024 demostraron que la distancia geográfica ya no constituye una garantía suficiente contra un enfrentamiento interestatal.

El paso de la guerra indirecta a la confrontación directa no fue consecuencia de un acontecimiento aislado. Fue el resultado de una acumulación de factores: la expansión de las redes regionales, la intensificación de las operaciones clandestinas, el aumento de las preocupaciones nucleares, la multiplicación de las crisis locales y el debilitamiento progresivo de los mecanismos de contención. La guerra en la sombra había contribuido a contener la confrontación abierta, pero también había creado un entorno en el que las acciones indirectas podían desencadenar respuestas cada vez más difíciles de controlar.

Es necesario examinar ahora esta desaparición progresiva de las antiguas zonas grises. Los años 2024 y 2025 no fueron únicamente años de rivalidad persistente, sino una fase durante la cual comenzaron a ceder los mecanismos que habían permitido a Israel e Irán enfrentarse sin recurrir continuamente a acciones directas. La cuestión ya no consiste solamente en saber cómo se enfrentan ambos Estados, sino hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno cuando los antiguos límites de la confrontación dejan de ejercer el mismo efecto de contención.

2024–2025: LAS LÍNEAS ROJAS SE DESDIBUJAN

24. Los primeros enfrentamientos directos

Durante varias décadas, Israel e Irán desarrollaron una confrontación en la que ambos procuraban, por lo general, evitar una guerra abierta. Las operaciones clandestinas, los ataques contra intereses vinculados al adversario, los enfrentamientos a través de socios regionales y las campañas de inteligencia permitían mantener cierta distancia entre ambos Estados. Esa distancia nunca significó paz, pero constituía una forma de contención estratégica. El año 2024 marca una ruptura porque esa separación comienza a desaparecer. Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la extensión del conflicto a varios escenarios de Oriente Medio, las tensiones se intensifican en el Líbano, Siria, Irak y el mar Rojo. El riesgo de un enfrentamiento directo entre Teherán y Tel Aviv se vuelve entonces mucho más difícil de contener.

El primer punto de inflexión se produce el 1 de abril de 2024, cuando un ataque contra un edificio del complejo diplomático iraní en Damasco causa la muerte de varios altos responsables de los Guardianes de la Revolución, entre ellos el general Mohammad Reza Zahedi. Irán atribuye el ataque a Israel y anuncia que responderá. Durante la noche del 13 al 14 de abril, Teherán lanza un ataque directo contra Israel, en el que emplea más de trescientos drones y misiles, según las estimaciones publicadas en aquel momento. Una gran parte de los proyectiles es interceptada con la participación de Israel, Estados Unidos y socios regionales. La importancia estratégica del acontecimiento reside menos en los daños inmediatos que en el precedente que establece: Irán ataca directamente el territorio israelí a una escala sin precedentes en esta confrontación.

La respuesta israelí de abril sigue siendo limitada en comparación con la magnitud que podría haber alcanzado la escalada. Se informa de un ataque contra medios de defensa antiaérea iraníes cerca de Isfahán, mientras ambos Gobiernos intentan evitar que un intercambio limitado se transforme en una guerra generalizada. Sin embargo, esta secuencia revela una nueva realidad. La disuasión, que descansaba en parte en la posibilidad de combatir indirectamente, ya no basta para impedir los ataques directos. Ambos Estados demuestran que pueden atacarse mutuamente mientras intentan controlar la intensidad del enfrentamiento. La cuestión ya no consiste únicamente en determinar si es posible una confrontación directa, sino en establecer en qué circunstancias puede repetirse y qué límites son todavía capaces de hacer respetar ambos Gobiernos.

25. La transformación de la disuasión

El concepto de disuasión se vuelve entonces más complejo. Durante las décadas anteriores, Israel e Irán habían construido una parte de su seguridad sobre la capacidad de hacer comprender al otro que determinadas acciones tendrían un coste elevado. Sin embargo, el enfrentamiento de abril de 2024 demuestra que un ataque directo puede llevarse a cabo precisamente porque quien lo ejecuta considera que puede controlar su alcance e impedir que el adversario responda con la máxima intensidad. El objetivo no consiste necesariamente en ganar una guerra. Puede tratarse de restablecer una capacidad de respuesta, recuperar credibilidad estratégica o modificar los cálculos del adversario sin desencadenar un conflicto generalizado.

Esta lógica se vuelve más frágil cuando las percepciones de las líneas rojas divergen. Lo que un actor considera una respuesta limitada puede ser interpretado por el otro como una nueva escalada. El problema resulta especialmente delicado en un entorno donde las operaciones clandestinas, los asesinatos selectivos, los ataques contra infraestructuras y las acciones de socios regionales se suceden con rapidez. La incertidumbre aumenta el riesgo de interpretaciones erróneas. Una estrategia concebida para preservar la disuasión puede producir así el efecto contrario si convence al adversario de que sus propias líneas rojas están siendo puestas a prueba.

El segundo ataque directo iraní contra Israel, el 1 de octubre de 2024, ilustra esta nueva fase. Se produce después de la muerte de Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá, fallecido en un ataque israelí el 27 de septiembre. En cambio, precede a la muerte de Yahya Sinwar, dirigente de Hamás, ocurrida el 16 de octubre. Irán lanza una importante salva de misiles balísticos contra Israel. El 26 de octubre, Israel responde con una serie de ataques contra instalaciones militares iraníes, incluidos sistemas de defensa antiaérea y capacidades relacionadas con los misiles. Por segunda vez en pocos meses, ambos Estados intercambian ataques directos. El mecanismo que antes separaba la rivalidad estratégica de la guerra entre Estados se vuelve mucho más frágil.

Esta transformación no significa que ambos Gobiernos busquen necesariamente una guerra total. Los episodios de 2024 también muestran una voluntad de calibrar las respuestas. Los ataques son lo suficientemente importantes como para transmitir un mensaje estratégico, pero su alcance todavía deja abierta la posibilidad de una desescalada. Esta contradicción se convierte en una de las características centrales del período: la confrontación directa ya es posible, pero el coste de una guerra general sigue siendo lo suficientemente elevado como para que cada actor intente imponerle límites.

26. La desaparición progresiva de las zonas grises

Las zonas grises que habían permitido mantener una distinción entre la guerra indirecta y el enfrentamiento abierto son cada vez menos numerosas. El conflicto desencadenado el 7 de octubre de 2023 ha transformado profundamente el entorno regional. La guerra en Gaza ha ido acompañada de enfrentamientos con Hezbolá en el Líbano, ataques de los hutíes en el mar Rojo y acciones de grupos armados en Irak y Siria. Irán ha seguido apoyando a varios de estos actores, mientras Israel ha intensificado sus operaciones contra infraestructuras y dirigentes a los que considera partícipes de esa amenaza regional. La guerra ya no se organiza, por tanto, en torno a un único escenario. Se desarrolla en un conjunto de espacios conectados, cada uno de los cuales puede desencadenar una reacción en otro frente.

La caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 constituye otro cambio importante. Durante años, Siria había proporcionado a Irán profundidad estratégica entre su territorio y el Líbano, al tiempo que constituía un espacio en el que Israel podía atacar infraestructuras y transferencias de recursos consideradas vinculadas a Irán o a Hezbolá. La desaparición del régimen de Assad modifica esta arquitectura y reduce uno de los principales corredores territoriales de los que disponía Teherán en la región. No pone fin automáticamente a la influencia iraní, pero transforma las condiciones en las que esta puede ejercerse.

El año 2025 comienza así con un Oriente Medio profundamente distinto del que existía antes de octubre de 2023. Hezbolá ha sufrido importantes pérdidas entre sus dirigentes y en sus capacidades militares; Hamás se ha visto gravemente debilitado por la guerra en Gaza; el régimen de Assad ha desaparecido; y las condiciones para la proyección iraní en Siria se han transformado profundamente. Sin embargo, esta alteración del equilibrio no produce automáticamente una estabilización. La reducción de determinadas capacidades puede generar nuevas incertidumbres, modificar los cálculos de los adversarios y abrir espacio a estrategias de sustitución o reconstrucción. Un sistema regional profundamente desestabilizado no recupera necesariamente el equilibrio por el mero hecho de que algunos de sus actores se hayan debilitado.

En este contexto, la cuestión nuclear adquiere una importancia creciente. La transformación de las redes regionales hace que las capacidades nacionales iraníes, en particular los misiles y las infraestructuras nucleares, cobren especial relevancia en los cálculos de Teherán y de sus adversarios. Para Israel, la posibilidad de que Irán conserve o reconstruya una capacidad nuclear avanzada sigue siendo una preocupación central. La cuestión nuclear deja así de ser un problema entre otros para convertirse en uno de los principales ejes de la relación estratégica. El desafío no se limita a las capacidades existentes en un momento determinado, sino que abarca también las posibilidades de reconstrucción, los plazos técnicos y la capacidad de los mecanismos internacionales para verificar la evolución del programa.

27. 2025, preludio de una nueva fase regional

El año 2025 abre un período en el que la diplomacia y la coerción militar se desarrollan simultáneamente. Washington retoma una política de máxima presión sobre Teherán, al tiempo que participa en iniciativas diplomáticas destinadas a encauzar el programa nuclear iraní. Esta coexistencia entre negociación y presión resume la incertidumbre estratégica del momento: los actores internacionales siguen buscando una solución diplomática, mientras las preocupaciones de seguridad y los preparativos militares continúan avanzando.

El 12 de junio de 2025, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica adopta una resolución relativa al cumplimiento por parte de Irán de determinadas obligaciones de salvaguardias. Al día siguiente, Israel lanza una amplia campaña militar contra Irán, dirigida, entre otros objetivos, contra instalaciones nucleares y militares y responsables de alto rango. Teherán responde con ataques de misiles y drones. El enfrentamiento se convierte entonces en una campaña militar abierta entre ambos Estados, centrada, en particular, en las capacidades nucleares y balísticas iraníes.

La dimensión internacional de esta nueva fase se hace evidente rápidamente. El 22 de junio de 2025, Estados Unidos ataca tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la operación que Washington denomina Operation Midnight Hammer. La magnitud exacta de los daños y sus consecuencias a largo plazo para el programa nuclear son objeto, posteriormente, de evaluaciones y debates. El Gobierno estadounidense afirma haber causado graves daños a las instalaciones atacadas, mientras que algunas evaluaciones preliminares señalan que el impacto sobre el calendario del programa sigue siendo incierto. Una operación militar puede deteriorar una infraestructura sin eliminar los conocimientos científicos, las competencias humanas y las capacidades industriales que eventualmente permitirían reconstruir un programa.

La secuencia de junio de 2025 constituye, por tanto, menos la conclusión de la confrontación que la culminación provisional de un proceso iniciado mucho antes. En 2024, Israel e Irán habían cruzado el umbral de los ataques directos reiterados. En 2025, la cuestión nuclear, las capacidades balísticas y la intervención estadounidense transformaron este enfrentamiento en una crisis internacional de primer orden. Las categorías tradicionales resultan insuficientes para describirlo: ya no se trata simplemente de una guerra indirecta, una competencia de inteligencia o una rivalidad nuclear potencial. Estas dimensiones se combinan ahora en una misma dinámica estratégica.

Esta combinación prepara el giro hacia 2026. Una vez que los ataques directos se han vuelto posibles, las redes regionales se han transformado profundamente y la cuestión nuclear ha quedado en el centro de una confrontación militar internacional, el coste de una nueva escalada aumenta, pero los medios para contenerla resultan más difíciles de identificar. La línea roja no ha desaparecido porque haya dejado de existir toda contención; se ha desplazado, fragmentado y vuelto más difícil de interpretar. Cada actor sigue intentando proteger sus intereses y preservar sus propios límites, pero los demás no necesariamente los comprenden de la misma manera.

Es en este espacio de incertidumbre donde comienza el año 2026. El problema ya no consiste únicamente en determinar si Israel e Irán pueden atacarse directamente. Ambos lo han demostrado. Es necesario comprender qué sucede cuando el enfrentamiento se amplía, cuando Estados Unidos se convierte también en parte directa de las hostilidades y cuando las infraestructuras nucleares, militares, energéticas y estratégicas de un Estado pasan a ser objetivos directos. La crisis abre entonces una nueva dimensión del conflicto: una confrontación que ya no afecta solamente a la rivalidad entre Israel e Irán, sino también a la arquitectura de seguridad de Oriente Medio y, por extensión, a una parte del orden internacional.

¿El fin de un modelo o su transformación?

43. El papel histórico de Estados Unidos

Durante más de siete décadas, la presencia estadounidense ha constituido uno de los principales elementos estructurantes del orden contemporáneo de Oriente Medio. No se trataba de un sistema controlado íntegramente desde Washington ni de una arquitectura en la que los Estados de la región se hubieran limitado a aceptar un papel subordinado. Las potencias regionales han perseguido constantemente sus propios intereses, negociado con múltiples socios y, en ocasiones, se han resistido a las orientaciones estadounidenses. No obstante, Estados Unidos estableció progresivamente una red de relaciones militares, diplomáticas, económicas y de seguridad que le permitió convertirse en la principal potencia externa de la región. La seguridad de Israel, la protección de las rutas marítimas, la circulación de los recursos energéticos, la defensa de determinados socios y la contención de la influencia de potencias rivales figuraron entre los intereses fundamentales de esta política. Las sucesivas crisis, desde la Revolución iraní de 1979 hasta la invasión iraquí de Kuwait en 1990, desde la guerra de Irak de 2003 hasta las transformaciones posteriores a los levantamientos árabes, modificaron profundamente este orden sin eliminar la capacidad de influencia estadounidense.

Sin embargo, la guerra de 2026 ha intensificado los interrogantes sobre la solidez de esta arquitectura. La cuestión no consiste simplemente en contar los soldados estadounidenses presentes en la región ni en determinar si Washington conservará sus bases militares. Se refiere, más fundamentalmente, a la naturaleza de las garantías estratégicas que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer y al grado de confianza que sus socios depositan en ellas. Los acontecimientos recientes han recordado que los Estados del Golfo pueden quedar directamente expuestos a las consecuencias de un enfrentamiento en el que no necesariamente desean participar. En este contexto, la evolución de las relaciones entre Washington, Riad, Ankara, Doha y Abu Dabi refleja una voluntad cada vez mayor de diversificar las alianzas y reducir los riesgos asociados a una dependencia excesivamente concentrada en materia de seguridad. Algunos análisis del Council on Foreign Relations contemplan así una evolución del papel militar estadounidense en el Golfo, sin llegar a la conclusión de que Estados Unidos vaya a retirarse por completo de Oriente Medio.

Esta distinción es fundamental. La transformación del orden regional no significa la desaparición de la influencia estadounidense. Washington conserva capacidades militares, financieras, tecnológicas y diplomáticas considerables que pocas potencias pueden igualar simultáneamente. La cuestión consiste, más bien, en determinar si esta potencia seguirá constituyendo el principal centro en torno al cual los demás actores organizan su seguridad. El pacto de defensa firmado en La Meca el 7 de agosto de 2026 por Arabia Saudita, Türkiye y Pakistán representa, a este respecto, una señal importante. Refleja la voluntad de estos tres Estados de reforzar su coordinación en materia de seguridad y de disponer de instrumentos adicionales para proteger sus intereses. Sin embargo, no demuestra ni el desvanecimiento de Washington ni la existencia de un sistema regional que ya sea capaz de sustituir las alianzas estadounidenses.

La historia de Oriente Medio permite distinguir así dos fenómenos que pueden coexistir. Una potencia externa puede seguir ejerciendo una influencia considerable y, al mismo tiempo, dejar de ser la única organizadora de la región. Es probablemente en este espacio intermedio donde se sitúa una parte de la transformación actual. Estados Unidos no desaparece de Oriente Medio, pero varios Estados de la región parecen cada vez menos dispuestos a considerar que su estabilidad deba depender principalmente de las decisiones adoptadas en una sola capital extranjera.

44. Las garantías de seguridad externas

La cuestión de las garantías de seguridad ocupa un lugar central en esta transformación. Durante décadas, varios Estados de Oriente Medio han organizado una parte de su defensa en torno a alianzas externas. Esta lógica respondía a una realidad estratégica: cuando las amenazas superan las capacidades nacionales, una alianza con una gran potencia puede contribuir a compensar determinadas vulnerabilidades. Las ventas de armamento, la formación militar, los servicios de inteligencia, la defensa antimisiles, los ejercicios conjuntos y la presencia de fuerzas extranjeras han configurado progresivamente una compleja red de seguridad. Sin embargo, este modelo presenta un límite estructural. Una garantía externa nunca es completamente automática; depende de los intereses de quien la ofrece, de sus cálculos políticos, de sus prioridades estratégicas y de su voluntad de intervenir en una situación determinada.

Las crisis recientes han reforzado esta toma de conciencia. Los Estados del Golfo han podido constatar que la protección militar estadounidense, pese a su importancia, no los libra de quedar expuestos a las consecuencias de una confrontación con Irán. Los ataques de 2019 contra instalaciones petroleras saudíes ya habían suscitado interrogantes sobre los límites de la disuasión y de la protección externa. La guerra de 2026 ha ampliado el alcance de estas preocupaciones. Las perturbaciones en el estrecho de Ormuz, los riesgos que amenazan las infraestructuras energéticas y los ataques que han afectado a varios territorios del Golfo demuestran que la presencia militar extranjera no basta para garantizar la invulnerabilidad de un Estado.

Esta evolución explica, en parte, la diversificación de las alianzas. Riad desarrolla simultáneamente sus relaciones con Washington, Pekín y Moscú. Ankara mantiene su pertenencia a la OTAN mientras persigue una política exterior más autónoma. Doha conserva su función mediadora y sus alianzas estratégicas. Abu Dabi procura combinar seguridad, comercio, tecnología y diplomacia. Paralelamente, varios Estados refuerzan sus propias capacidades militares, industriales y tecnológicas. Esta diversificación no significa que estén abandonando sus alianzas existentes. Indica, más bien, que intentan reducir el riesgo de depender por completo de un solo proveedor de seguridad o de una única potencia diplomática.

El fenómeno resulta especialmente visible en la relación entre seguridad y economía. Una garantía militar ya no puede considerarse al margen de la capacidad de mantener las inversiones, los intercambios comerciales, el suministro energético, las infraestructuras digitales, las cadenas logísticas y la seguridad alimentaria. La seguridad de un Estado moderno no consiste únicamente en prevenir una invasión. También implica limitar la capacidad de una crisis regional para paralizar su economía, perturbar sus comunicaciones o comprometer sus suministros esenciales. Por ello, la búsqueda de autonomía estratégica está trascendiendo progresivamente el ámbito militar para abarcar las infraestructuras, las tecnologías, la energía, las finanzas y las comunicaciones.

El nuevo panorama regional podría describirse, por tanto, como un intento de pasar de una dependencia concentrada a una interdependencia más diversificada. Esta evolución sigue siendo incompleta y no garantiza una mayor estabilidad. Ninguno de los grandes actores regionales puede producirlo todo, protegerlo todo y financiarlo todo por sí solo. El objetivo no es, pues, la autarquía estratégica, sino la capacidad de elegir entre varios socios sin perder el control de los intereses fundamentales propios.

45. Washington, Pekín y Moscú

La competencia entre Estados Unidos, China y Rusia confiere a esta transformación una dimensión mundial. Oriente Medio no es únicamente un escenario de rivalidades regionales; también es un espacio en el que se enfrentan y entrecruzan distintas concepciones del orden internacional. Washington conserva un poder militar y diplomático excepcional. Pekín dispone de una capacidad económica y comercial considerable y ha ampliado su presencia en las infraestructuras, la energía y las relaciones diplomáticas. Moscú, pese a sus importantes limitaciones económicas y militares, continúa buscando una presencia política y estratégica en la región y mantiene vínculos estrechos con determinados actores, especialmente con Irán.

China ocupa una posición particular. No pretende reproducir mecánicamente el modelo estadounidense de presencia militar permanente, pero ha incrementado progresivamente su importancia económica y diplomática. Su papel en el acercamiento entre Arabia Saudita e Irán en 2023 demostró que Pekín podía movilizar su peso económico y sus relaciones con actores enfrentados para contribuir a una iniciativa diplomática en un espacio marcado durante mucho tiempo por la preponderancia estadounidense. En 2026, la relación entre China e Irán sigue siendo también una fuente de tensión con Estados Unidos. Washington ha expresado preocupación por determinados apoyos externos susceptibles de reforzar las capacidades iraníes, mientras que Pekín afirma defender la soberanía de los Estados de la región y favorecer las soluciones diplomáticas. Las acusaciones concretas de Estados Unidos deben examinarse caso por caso, pero la relación entre China e Irán constituye ya un elemento duradero del cálculo estratégico regional.

Rusia sigue una trayectoria diferente. Su influencia en Oriente Medio se ha manifestado, en particular, en Siria desde 2015 y en sus relaciones con Irán. Moscú y Teherán firmaron en enero de 2025 un tratado de asociación estratégica que refuerza su cooperación en varios ámbitos, entre ellos el económico, el político y el de la seguridad. Sin embargo, este acuerdo no establece una obligación automática de defensa mutua comparable a la prevista en determinadas alianzas militares. La proximidad entre ambos Estados tampoco significa que Moscú comparta todos los intereses de Teherán ni que disponga de una capacidad ilimitada para influir en los acontecimientos regionales. Refleja, más bien, una convergencia estratégica parcial, alimentada por sus intereses comunes y por su oposición a determinadas orientaciones estadounidenses y occidentales.

Lo que está surgiendo no es necesariamente un Oriente Medio obligado a elegir entre tres bloques. La realidad es más compleja. Los Estados de la región practican cada vez más una diplomacia multidireccional. Pueden adquirir equipamiento estadounidense, desarrollar infraestructuras con China, dialogar con Rusia, invertir en Europa, cooperar con la India y mantener simultáneamente relaciones con vecinos cuyos intereses difieren de los suyos. Esta multiplicación de alianzas dificulta la organización del sistema desde una sola capital, pero también crea nuevas interdependencias y nuevas vulnerabilidades.

La paradoja resulta evidente. La competencia entre las grandes potencias podría fragmentar aún más Oriente Medio si cada Estado tuviera que elegir un bando. Sin embargo, también podría ofrecerles un mayor margen de maniobra diplomática si los Estados regionales conservan su capacidad de decisión. El resultado dependerá menos de la voluntad aislada de Washington, Pekín o Moscú que de la capacidad de las potencias regionales para transformar esta competencia externa en oportunidades de cooperación, en lugar de convertirla en una nueva forma de dependencia.

46. El auge de la autonomía estratégica regional

La autonomía estratégica se ha convertido en uno de los conceptos más útiles para comprender el Oriente Medio contemporáneo. No debe confundirse ni con el abandono de las alianzas ni con el aislamiento o la autosuficiencia militar. Designa, más bien, la capacidad de un Estado para conservar varias opciones cuando el entorno internacional se vuelve incierto. Esta lógica se manifiesta con especial claridad entre las potencias del Golfo, pero también concierne a Türkiye, Egipto, Irán y, de otra manera, Israel.

Arabia Saudita ilustra esta evolución mediante la magnitud de su transformación económica y diplomática. Riad sigue siendo un socio importante de Washington, pero desarrolla paralelamente sus relaciones con Pekín, Moscú y otras potencias. Türkiye, miembro de la OTAN, conserva sus vínculos institucionales con la Alianza mientras impulsa políticas independientes en Siria, el Cáucaso, el Mediterráneo y Oriente Medio. Los Emiratos Árabes Unidos combinan la cooperación en materia de seguridad con Occidente, las relaciones comerciales con China y el desarrollo de un aparato económico y tecnológico orientado hacia varias regiones del mundo. Por su parte, Qatar continúa utilizando sus relaciones con actores muy diversos para mantener su capacidad de mediación. Estas trayectorias no son idénticas, pero reflejan una misma tendencia: la búsqueda de varios centros de apoyo.

El pacto de La Meca del 7 de agosto de 2026 constituye una manifestación visible de esta búsqueda de autonomía. Arabia Saudita, Türkiye y Pakistán firmaron un acuerdo de defensa colectiva cuyas disposiciones, según las informaciones publicadas, establecen que un ataque armado contra uno de los signatarios será considerado un ataque contra los tres. Posteriormente, se emprendieron gestiones para organizar la cooperación estratégica, entre ellas una reunión celebrada en Estambul el 31 de agosto y un encuentro de los jefes militares en Riad el 25 de septiembre. Sin embargo, dado que el texto íntegro del acuerdo no se ha hecho público, el alcance jurídico exacto de algunas disposiciones y las modalidades concretas de su aplicación deben tratarse con cautela. Al 12 de octubre de 2026, la ratificación parlamentaria en Türkiye seguía siendo también una cuestión pendiente de seguimiento.

La existencia del pacto resulta, no obstante, reveladora. Demuestra que algunos Estados buscan construir mecanismos de seguridad impulsados directamente desde la región, en lugar de esperar a que una potencia externa defina por sí sola sus contornos. Esta iniciativa puede aumentar su capacidad de negociación, pero todavía no garantiza una seguridad colectiva a escala de todo Oriente Medio.

La autonomía estratégica sigue siendo, en efecto, incompleta y presenta sus propias contradicciones. Las economías regionales están profundamente integradas en los mercados mundiales. Una parte importante de las tecnologías avanzadas, los sistemas de defensa y los equipos industriales sigue dependiendo de proveedores externos. Además, los Estados mantienen intereses divergentes respecto a Irán, Israel, Siria, Líbano, Palestina, las rutas comerciales y los equilibrios militares. La autonomía estratégica no elimina, por tanto, las rivalidades; más bien, aumenta la capacidad de los actores para perseguir sus intereses sin aceptar automáticamente las preferencias de una potencia dominante.

Precisamente esta distinción permite evitar una interpretación demasiado simplista del cambio regional. Oriente Medio no está pasando necesariamente de un sistema estadounidense a otro saudí, turco, iraní, chino o ruso. Parece evolucionar, más bien, hacia una arquitectura más distribuida, en la que varias potencias regionales y externas ejercen simultáneamente una parte de la influencia. Esta configuración puede aumentar la incertidumbre, pero también abrir espacio para una diplomacia regional más autónoma. Si los Estados logran transformar su nueva libertad de maniobra en instituciones comunes, la autonomía estratégica podría constituir una primera etapa hacia la seguridad colectiva. Si, por el contrario, se convierte en una competencia generalizada, la fragmentación podría sustituir al predominio de un solo actor sin generar una mayor estabilidad.

47. ¿Puede Oriente Medio reducir su dependencia de una sola potencia externa?

La cuestión ya no consiste únicamente en determinar qué potencia podría sustituir a Estados Unidos. Una formulación semejante reproduciría precisamente la antigua lógica según la cual la estabilidad regional se concibe a partir de un centro externo. La pregunta más pertinente es si los Estados de Oriente Medio pueden construir una arquitectura suficientemente sólida para que su seguridad deje de depender principalmente de las decisiones de una sola capital extranjera.

Esta transformación exigiría varias condiciones. En primer lugar, las potencias regionales tendrían que reconocer que la autonomía estratégica solo puede tener un sentido duradero si va acompañada de mecanismos para gestionar las rivalidades. En segundo lugar, sería necesario desarrollar canales de comunicación directa, procedimientos para prevenir incidentes militares y mecanismos para resolver controversias. Por último, habría que admitir que algunas vulnerabilidades no pueden abordarse exclusivamente a escala nacional. El agua, el clima, los flujos energéticos, la seguridad marítima, las infraestructuras digitales, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y las cadenas de suministro alimentario trascienden las fronteras. Una arquitectura regional creíble tendría, por tanto, que vincular progresivamente la seguridad militar con la seguridad humana.

La paradoja del Oriente Medio contemporáneo reside en que varios Estados disponen de recursos económicos, tecnológicos y diplomáticos importantes para contribuir a semejante arquitectura, mientras la región atraviesa una de sus fases de confrontación más peligrosas. El desplazamiento del centro de gravedad económico hacia las potencias del Golfo, especialmente Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, va acompañado de un aumento de sus capacidades financieras y diplomáticas. Esta evolución coexiste con el debilitamiento relativo de varios antiguos centros de poder regional, en particular Irak y Siria, así como con las dificultades económicas y estratégicas de Egipto. Sin embargo, ello no significa que estos Estados hayan perdido toda capacidad de influencia.

La transformación del orden regional no debe idealizarse. Una región en la que varias potencias dispongan de mayor autonomía puede ser más libre en sus decisiones, pero también más competitiva. Existe el riesgo de que se multipliquen los acuerdos de seguridad rivales, las nuevas carreras armamentísticas y las rivalidades por intermediarios. El pacto de La Meca puede interpretarse como un elemento de una nueva arquitectura de seguridad, pero también podría convertirse en uno de los signos de la formación de bloques regionales si otros actores intentan contrarrestarlo mediante sus propias coaliciones. El desafío no consiste, por tanto, únicamente en crear nuevas alianzas, sino en garantizar que puedan coexistir.

Es aquí donde el concepto de Pacto Global Regional adquiere todo su significado dentro de la estructura general de este estudio. Si la autonomía estratégica sirve únicamente para que cada potencia defienda mejor sus propios intereses, corre el riesgo de producir un Oriente Medio más multipolar sin hacerlo necesariamente más pacífico. Si, por el contrario, se convierte en el punto de partida de instituciones comunes, podría transformar la multipolaridad en una interdependencia organizada. La verdadera ruptura histórica no sería entonces la sustitución de Washington por otra potencia, sino la posibilidad de que las sociedades y los Estados de Oriente Medio participen más activamente en la construcción de las reglas de su propia seguridad.

La cuestión que se plantea ahora es qué actores podrían dar una forma concreta a esta nueva arquitectura. Si el antiguo orden descansaba en gran medida sobre una potencia externa y una red de alianzas, el nuevo parece estar surgiendo en torno a varios polos regionales, cada uno con sus propias ambiciones, recursos y visiones. ¿Pueden Arabia Saudita, Türkiye, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Pakistán contribuir a una arquitectura común sin transformar la región en un nuevo espacio de competencia entre bloques? Esta pregunta conduce directamente al capítulo siguiente.

Las nuevas potencias regionales

48. Arabia Saudita: poder económico y ambición estratégica

Durante gran parte del siglo XX, Arabia Saudita ejerció una influencia considerable en Oriente Medio principalmente a través de tres instrumentos: su peso energético, su papel religioso y su relación estratégica con Estados Unidos. Esta combinación le permitió ocupar una posición particular en el sistema regional sin intentar reproducir exactamente los modelos de poder militar de Egipto, Irak o Siria. Sin embargo, el cambio producido durante la última década tiene otra magnitud. Riad busca ahora transformar sus recursos financieros en capacidades de influencia económica, tecnológica, diplomática y estratégica. El desplazamiento del centro de gravedad regional hacia el Golfo ha adquirido suficiente importancia como para que diversos análisis identifiquen a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos como polos fundamentales de este nuevo panorama.

Esta transformación está estrechamente vinculada a la Visión 2030 y a la voluntad saudí de reducir la dependencia estructural de la economía nacional respecto a los hidrocarburos. Las inversiones en infraestructuras, tecnologías digitales, turismo, transporte, inteligencia artificial, industria y nuevos sectores energéticos no constituyen únicamente una política económica interna. También poseen una dimensión geopolítica. Un Estado que se convierte en centro financiero, logístico, tecnológico y energético dispone de más instrumentos para influir en su entorno. El proyecto de poder saudí depende cada vez menos de su capacidad para producir petróleo y cada vez más de su capacidad para organizar flujos de capital, mercancías, datos, energía y tecnología.

Sin embargo, la guerra de 2026 ha recordado los límites de esta ambición. El poder económico no elimina la vulnerabilidad geográfica. Arabia Saudita se encuentra en las inmediaciones de varios focos de tensión y sigue expuesta a las consecuencias de un conflicto que implique a Irán, Yemen, el Golfo y las rutas marítimas. Las amenazas contra su territorio y sus infraestructuras han demostrado que la estabilidad necesaria para sus grandes proyectos económicos no puede separarse de la evolución del entorno de seguridad regional. La recuperación parcial de las exportaciones energéticas en el Golfo ha puesto de manifiesto, paralelamente, la importancia de las capacidades de resiliencia, al tiempo que ha recordado que las perturbaciones siguen siendo considerables y afectan de manera desigual a los distintos sectores.

La diplomacia saudí se ha ido alejando, por tanto, de una lógica en la que la seguridad se concebía casi exclusivamente a través de la relación con Washington. Riad mantiene esa relación y no ha renunciado a la asociación con Estados Unidos, pero cultiva paralelamente sus vínculos con Pekín, Moscú, Ankara, Islamabad y otras capitales. El acercamiento diplomático a Irán en 2023, facilitado por China, ya había ilustrado esta voluntad de reducir las tensiones sin depender exclusivamente de una mediación occidental. El pacto de La Meca, firmado en agosto de 2026 con Türkiye y Pakistán, constituye una nueva etapa de esta diversificación. No significa que Riad abandone a Estados Unidos; indica, más bien, que el reino busca disponer de varios instrumentos de seguridad y de distintos socios capaces de respaldar sus intereses.

Esta evolución confiere a Riad una nueva responsabilidad. Cuanto más se convierte Arabia Saudita en un centro de gravedad regional, más trascienden sus decisiones el marco de su política nacional. Su capacidad para articular desarrollo económico, seguridad energética, diplomacia, mediación y cooperación tecnológica podría contribuir a una arquitectura regional más autónoma. Sin embargo, esta capacidad también puede alimentar nuevas rivalidades si se utiliza exclusivamente desde una lógica de competencia. El verdadero desafío del poder saudí no consiste únicamente en aumentarlo, sino en determinar cómo se ejercerá y cómo podría integrarse en mecanismos de cooperación regional.

49. Türkiye: autonomía y proyección regional

Türkiye ocupa una posición geográfica y estratégica casi única. Se encuentra en la encrucijada de Europa, el Mediterráneo, el Cáucaso, el mar Negro y Oriente Medio. Miembro de la OTAN desde 1952, sigue vinculada a las estructuras de seguridad occidentales, al tiempo que desarrolla desde hace varios años una política exterior orientada a ampliar su margen de maniobra. Esta doble pertenencia constituye uno de los rasgos más característicos del poder turco contemporáneo. Ankara ya no se define únicamente por su relación con Occidente; también busca ejercer una influencia autónoma en los espacios donde sus intereses históricos, económicos o de seguridad están directamente comprometidos.

La guerra en Siria ha reforzado considerablemente esta proyección. Türkiye ha desarrollado una importante presencia militar y diplomática en su vecindad meridional y sigue siendo un actor ineludible en cualquier reflexión sobre el futuro político y de seguridad de Siria. Sus relaciones con Irán son, al mismo tiempo, competitivas y cooperativas. Ankara puede oponerse a determinadas políticas iraníes y mantener, a la vez, canales diplomáticos con Teherán. También puede profundizar sus relaciones con Qatar, Arabia Saudita y Pakistán. Esta capacidad para mantener vínculos con actores cuyos intereses no siempre coinciden constituye uno de los instrumentos de su autonomía estratégica.

En septiembre de 2026, el presidente Recep Tayyip Erdoğan mencionó la posibilidad de reforzar las relaciones de Türkiye con la Organización de Cooperación de Shanghái, incluso mediante una eventual adhesión plena, al tiempo que precisó que esta orientación no debía interpretarse como un abandono de la OTAN ni de los vínculos con Occidente. Esta declaración ilustra una diplomacia que busca multiplicar sus espacios de actuación en lugar de elegir definitivamente entre dos bloques.

El papel de Türkiye también se ha reforzado con el pacto de La Meca. Ankara, Riad e Islamabad firmaron en agosto de 2026 un acuerdo de defensa colectiva según el cual un ataque contra uno de los signatarios sería considerado un ataque contra los tres. No obstante, las modalidades jurídicas y operativas del mecanismo siguen pendientes de aclaración, y su aplicación depende, entre otros factores, de los procedimientos nacionales pertinentes. Su importancia política va más allá de su contenido jurídico inmediato. En septiembre, el presidente del Parlamento turco, Numan Kurtulmuş, indicó que el pacto podría eventualmente ampliarse a otros países musulmanes, incluido Irán, y subrayó al mismo tiempo que no debía concebirse como una alianza dirigida contra un Estado en particular.

Esta última precisión merece atención. Türkiye participa en una nueva arquitectura de seguridad y, al mismo tiempo, sostiene que esta no debe convertirse en un instrumento de confrontación permanente. Pertenece a la OTAN, pero mantiene el diálogo con Rusia y China. Conserva relaciones con Israel, aunque critica algunas de sus políticas. Coopera con Arabia Saudita y Pakistán, mientras deja abierta la posibilidad de una futura integración de Irán en una estructura regional más amplia.

Türkiye podría desempeñar así un papel de puente, pero esta función dependerá de su capacidad para conservar la confianza de actores que no siempre comparten sus orientaciones. Una potencia mediadora no puede ser únicamente una potencia fuerte; también debe ser percibida como capaz de dialogar con varios bloques. Esta exigencia hará de la diplomacia turca uno de los elementos determinantes de cualquier futura arquitectura de seguridad regional.

50. Qatar: mediación y diplomacia

Qatar posee un territorio reducido y una población relativamente limitada en comparación con los grandes Estados de la región, pero su influencia diplomática supera ampliamente su dimensión geográfica. Esta desproporción constituye uno de los fenómenos más interesantes del Oriente Medio contemporáneo. Doha ha construido parte de su influencia sobre su capacidad para mantener canales de comunicación con actores a los que otros gobiernos a veces tienen muchas más dificultades para acercarse. Esta política ha contribuido a convertir a Qatar en un intermediario habitual en diversas crisis regionales e internacionales.

Su posición se basa en una combinación particular de recursos. El país dispone de un peso energético considerable, especialmente en el sector del gas natural licuado, de una relación estratégica con Estados Unidos, de una extensa red diplomática y de una tradición de mediación. La presencia de importantes infraestructuras militares estadounidenses en su territorio no le ha impedido mantener relaciones con actores enfrentados a Washington. Esta coexistencia de alianzas aparentemente contradictorias constituye precisamente una parte de su valor diplomático.

La guerra de 2026 ha confirmado esta función, al tiempo que ha revelado los riesgos a los que expone al país. Mientras los combates entre Estados Unidos, Israel e Irán amenazaban con extenderse a todo el Golfo, Qatar intentó mantener abiertos los canales de diálogo. En agosto, el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, viajó a Teherán en el marco de los esfuerzos destinados a reactivar las iniciativas diplomáticas. Doha también participó en contactos indirectos entre Washington y Teherán en torno a la desescalada y la cuestión del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el papel de Qatar conlleva una vulnerabilidad particular. Cuanto más útil se vuelve el país como mediador, más depende su propia seguridad de su capacidad para evitar verse arrastrado al conflicto que intenta resolver. La guerra de 2026 lo ha demostrado con especial claridad. La proximidad geográfica de Qatar al escenario iraní y su importancia en las exportaciones mundiales de gas hacen que cualquier perturbación en el Golfo tenga un coste directo para sus intereses. Las dificultades que afectan al transporte marítimo y a las infraestructuras energéticas han repercutido, por tanto, no solo en su seguridad, sino también en sus capacidades económicas y logísticas.

Esta vulnerabilidad puede reforzar su motivación para buscar acuerdos. Un mediador que comprende que ninguna de las partes puede beneficiarse de manera duradera de la destrucción del espacio común tiene un interés estructural en favorecer la desescalada. Qatar podría contribuir así a una futura arquitectura regional no como potencia dominante, sino como potencia de conexión. Su fortaleza reside menos en la capacidad de imponer una solución que en la de mantener abiertas las vías de comunicación cuando los demás actores las cierran.

En un eventual Pacto Global Regional, esta función sería especialmente valiosa. Una arquitectura de seguridad no puede funcionar sin mecanismos de comunicación formales e informales. Necesitaría capitales capaces de recibir, transmitir y poner a prueba propuestas antes de que se hagan públicas. Qatar ya dispone de parte de esta infraestructura diplomática. La cuestión será determinar si esta función puede institucionalizarse sin perder la flexibilidad que precisamente ha permitido a Doha convertirse en intermediario.

51. Emiratos Árabes Unidos: economía, tecnología e influencia

Los Emiratos Árabes Unidos representan otra forma de poder regional. Su influencia no se basa principalmente en la demografía ni en la extensión territorial. Es el resultado de una combinación de capital financiero, puertos, logística, comercio, tecnología, inversiones internacionales y diplomacia activa. Abu Dabi y Dubái han transformado progresivamente su posición geográfica en una plataforma que conecta Asia, África, Europa y Oriente Medio.

Esta estrategia económica posee una dimensión geopolítica evidente. Un Estado que controla o financia infraestructuras logísticas, empresas, redes portuarias, inversiones y tecnologías dispone de instrumentos de influencia que no son estrictamente militares. Los Emiratos han desarrollado relaciones con actores muy diversos y procuran utilizar su poder económico como palanca diplomática. Su normalización de relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham de 2020 constituye uno de los ejemplos más visibles de este enfoque. Esta relación también ha creado un canal particular hacia Washington.

La dimensión tecnológica está adquiriendo una importancia central. Los Estados del Golfo invierten en inteligencia artificial, centros de datos e infraestructuras digitales. En septiembre de 2026, Microsoft anunció un marco de inversión superior a 10.000 millones de dólares hasta 2030 en varios países de la región, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, destinado, entre otros objetivos, a respaldar las infraestructuras de computación en la nube y las capacidades vinculadas a la inteligencia artificial. Se trata de inversiones anunciadas para varios años, no de gastos ya ejecutados. Esta dinámica muestra que la competencia regional se está desplazando progresivamente hacia las infraestructuras digitales, el control de los datos y la inteligencia artificial.

Los Emiratos mantienen, paralelamente, relaciones estrechas con Israel y Estados Unidos. La visita de Benjamin Netanyahu a los Emiratos Árabes Unidos el 27 de septiembre de 2026 confirmó la continuidad de los contactos bilaterales de alto nivel, centrados, entre otros asuntos, en las relaciones entre ambos países y en los desafíos regionales. Esta relación proporciona a los Emiratos un canal diplomático singular en un entorno donde varios Estados árabes han adoptado posiciones diferentes respecto a Israel.

Sin embargo, esta posición también genera tensiones. La ruptura diplomática entre Argelia y los Emiratos en septiembre de 2026 ilustra las divergencias que pueden surgir entre potencias árabes en torno a Israel, el Sáhara Occidental y varios asuntos africanos. Los motivos expuestos por las partes deben distinguirse de sus respectivas interpretaciones, pero esta ruptura recuerda que el ascenso de Abu Dabi se desarrolla en un espacio diplomático donde otros Estados también defienden sus propios intereses.

El modelo emiratí resulta, por tanto, especialmente relevante para el futuro Pacto Global Regional. Demuestra que el poder regional puede construirse a partir de la economía, la tecnología, las infraestructuras y las redes internacionales tanto como a partir de las fuerzas armadas. Pero también recuerda que una potencia económica y tecnológica puede convertirse en un actor geopolítico controvertido. El desafío no consistirá simplemente en disponer de influencia, sino en transformarla en capacidad de cooperación sin multiplicar las líneas de fractura.

52. Egipto: peso demográfico y estratégico

Egipto sigue siendo un actor diferente de las potencias del Golfo. Su influencia se basa, ante todo, en su demografía, su historia, su posición geográfica y su papel en varios espacios estratégicos del sistema regional. El canal de Suez, la proximidad a Gaza, el acceso al Mediterráneo y al mar Rojo, así como la profundidad de sus relaciones con los Estados árabes y africanos, le confieren una importancia que los datos económicos por sí solos no permiten medir.

Durante varias décadas, El Cairo fue uno de los principales centros políticos del mundo árabe. Su influencia relativa ha disminuido frente al ascenso de las monarquías del Golfo y al debilitamiento de varios grandes Estados árabes, pero esta evolución no significa que Egipto haya dejado de desempeñar un papel relevante. El desplazamiento del centro de gravedad económico y diplomático hacia Doha, Riad y Abu Dabi debe distinguirse de una pérdida total de la capacidad estratégica egipcia.

La geografía, por el contrario, mantiene a Egipto en el centro de varios asuntos fundamentales. La cuestión palestina está directamente vinculada a su frontera con Gaza. La seguridad del mar Rojo afecta a su economía y al tráfico por el canal de Suez. Los acontecimientos en Sudán repercuten directamente en su seguridad nacional y en sus intereses económicos. La crisis del Nilo y las relaciones con Etiopía añaden una dimensión hídrica a su política regional. Egipto se encuentra así en la intersección de varios sistemas de seguridad que trascienden Oriente Medio en su sentido más estricto.

La guerra de 2026 refuerza la importancia de estas conexiones. Las perturbaciones en el estrecho de Ormuz y los riesgos que amenazan el mar Rojo recuerdan que los grandes corredores marítimos que conectan el océano Índico con el Mediterráneo están estrechamente vinculados al comercio mundial. Una perturbación prolongada puede modificar las rutas de los buques, los costes comerciales y los ingresos egipcios procedentes del canal de Suez. Sin embargo, los efectos no son automáticos: dependen de la duración de las perturbaciones, de los riesgos de seguridad, de los costes de los seguros y de las decisiones de las empresas de transporte.

Egipto posee también una ventaja diplomática particular. Puede dialogar con las monarquías del Golfo, las potencias occidentales, los palestinos e Israel, al tiempo que conserva vínculos importantes con África y el Mediterráneo. Esta posición le confiere un papel potencial en una futura arquitectura regional. Su capacidad para desempeñarlo dependerá, no obstante, de su situación económica y de sus medios de acción diplomática y estratégica.

Egipto no representa necesariamente la nueva potencia emergente de Oriente Medio en el mismo sentido que Arabia Saudita o los Emiratos. Representa, más bien, una potencia estructural, cuya importancia deriva de la permanencia de su geografía, su población y sus responsabilidades regionales. En una arquitectura de seguridad colectiva, esta forma de poder podría ser tan importante como el poder financiero.

53. Pakistán: una nueva dimensión de seguridad

Pakistán ocupa un lugar particular en esta nueva arquitectura porque se encuentra en la intersección de varios espacios geopolíticos: Asia meridional, el mundo musulmán, el océano Índico, el Golfo y Asia central. Su relación histórica con Arabia Saudita es antigua, especialmente en el ámbito militar. El pacto de La Meca del 7 de agosto de 2026 le otorga una nueva visibilidad estratégica al convertirlo en uno de los tres signatarios del acuerdo de defensa suscrito con Riad y Ankara.

La particularidad de Pakistán también reside en su capacidad nuclear, su importante fuerza militar y su relación con China. Estos factores le confieren una profundidad estratégica diferente de la de las potencias árabes. Sin embargo, también generan limitaciones. Pakistán debe preservar sus relaciones con Arabia Saudita, evitar una ruptura con el vecino Irán, mantener sus vínculos con China, gestionar su relación con Estados Unidos y responder a sus propias exigencias económicas y de seguridad. El pacto de defensa aumenta, por tanto, su peso regional, pero también incrementa la complejidad de sus decisiones.

Esta complejidad se hizo especialmente visible en 2026. Islamabad ha intentado mantener canales diplomáticos con Teherán al tiempo que asume sus compromisos de defensa con Riad. Las iniciativas paquistaníes destinadas a fomentar la desescalada y contener el riesgo de expansión del conflicto ilustran esta doble función. Sin embargo, las informaciones publicadas en octubre sobre el despliegue de tropas paquistaníes adicionales en Arabia Saudita indican que la cooperación podría adquirir una dimensión más concreta que la mera coordinación diplomática. Las condiciones precisas de este compromiso deben establecerse a partir de la información oficialmente disponible y no pueden extrapolarse más allá de lo que esté confirmado.

Esta situación hace que Pakistán resulte especialmente interesante para cualquier reflexión sobre la seguridad regional. Una arquitectura duradera no puede basarse únicamente en Estados que no tienen nada que perder en caso de escalada. También debe integrar potencias cuyos intereses se entrecruzan en varias regiones. Pakistán puede comprender simultáneamente las preocupaciones del Golfo, las limitaciones de Asia meridional y las sensibilidades iraníes. Su capacidad para mantener abiertos estos distintos canales podría permitirle desempeñar un papel de enlace.

Pero esta función tiene límites. La mediación exige confianza, una percepción de cierta neutralidad y una capacidad diplomática suficiente para convencer a las partes de que un compromiso no equivale a una capitulación. Los compromisos de seguridad de Pakistán con Riad pueden reforzar su credibilidad ante su socio saudí, al tiempo que complican la percepción de su imparcialidad en Teherán. Por tanto, tendrá que demostrar que puede transformar su nuevo peso en materia de seguridad en una influencia diplomática duradera. La situación de 2026 constituye una prueba decisiva para esta ambición.

Seis potencias, una arquitectura imposible de reducir a un solo centro

Estos seis actores no constituyen un grupo homogéneo. Arabia Saudita aporta un considerable poder financiero, energético y religioso. Türkiye dispone de una importante profundidad geográfica, militar y diplomática. Qatar posee una capacidad de mediación que supera ampliamente lo que cabría esperar de su tamaño. Los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado una forma de poder económico, logístico y tecnológico. Egipto conserva un peso demográfico y geográfico estructural. Pakistán aporta una dimensión militar, nuclear y asiática que amplía considerablemente el espacio estratégico de Oriente Medio.

Su coexistencia revela que el nuevo sistema regional probablemente no podrá construirse en torno a un solo Estado. Ninguno de estos actores reúne simultáneamente todos los recursos necesarios para organizar por sí solo la seguridad, la economía, la energía, el agua, la tecnología y las comunicaciones de la región. Sus capacidades podrían ser complementarias, pero sus intereses siguen siendo competitivos en varios asuntos. Esta complementariedad podría transformar la multipolaridad en una arquitectura común, siempre que esté respaldada por mecanismos institucionales y compromisos políticos duraderos.

La dificultad fundamental reside en sus divergencias. Estos Estados no comparten la misma relación con Israel, la misma percepción de Irán, la misma relación con Washington ni las mismas prioridades en materia de seguridad. Los Emiratos mantienen con Israel una relación diplomática que se ha consolidado desde los Acuerdos de Abraham. Türkiye adopta una postura mucho más crítica frente a determinadas políticas israelíes. Arabia Saudita busca preservar varias opciones estratégicas. Qatar privilegia la mediación. Egipto sigue directamente involucrado en la cuestión palestina. Pakistán debe conciliar su asociación con Riad con la necesidad de mantener un diálogo con Teherán.

Por tanto, sería prematuro hablar de un nuevo bloque regional. Lo que parece estar surgiendo es una red cambiante de alianzas, rivalidades, mediaciones e interdependencias. El Pacto de La Meca constituye una de las expresiones más visibles de esta evolución, pero no resuelve ninguna de las contradicciones fundamentales entre los distintos actores. Crea un marco adicional en el que esas contradicciones deberán gestionarse.

Precisamente por eso, el capítulo siguiente resulta decisivo. Si el Pacto de La Meca representa una de las expresiones institucionales de esta nueva búsqueda de autonomía estratégica, es necesario examinar qué contiene, qué no contiene y en qué podría convertirse. La cuestión ya no consiste únicamente en comprender por qué las potencias regionales desean una mayor autonomía. Se trata de determinar si esa autonomía puede dar lugar a una verdadera arquitectura de seguridad, en lugar de generar una nueva competencia entre coaliciones.

Los límites del nuevo sistema

El Pacto de La Meca presenta una característica que constituye, al mismo tiempo, su fortaleza política y su primera limitación: nació en un espacio regional profundamente fragmentado, pero reúne únicamente a una parte de los actores que determinan el equilibrio estratégico de Oriente Medio. Israel no es miembro. Irán tampoco. Los Emiratos Árabes Unidos, pese a su peso económico, tecnológico y diplomático, también están ausentes. Qatar y Egipto quedan igualmente fuera de esta arquitectura. Por tanto, su composición no permite considerar el acuerdo como el sistema de seguridad de Oriente Medio. Más bien, obliga a entenderlo como una construcción parcial dentro de un panorama mucho más amplio, en el que ya se superponen diversas redes de cooperación.

El acuerdo firmado el 7 de agosto de 2026 por Arabia Saudita, Türkiye y Pakistán establece, según la información divulgada públicamente, que un ataque armado contra cualquiera de los tres Estados será considerado un ataque contra los tres, y prevé reforzar su cooperación en materia de defensa. Desde su firma, el mecanismo ha comenzado a adquirir una dimensión institucional más concreta. Una reunión estratégica celebrada en Estambul el 31 de agosto abordó, entre otros asuntos, el establecimiento de una secretaría en Arabia Saudita, mientras que los jefes militares de los tres países se reunieron en Riad el 25 de septiembre para tratar el intercambio de inteligencia, la coordinación militar y la integración de determinadas capacidades. Estas iniciativas indican la voluntad de organizar la cooperación más allá de la declaración política inicial. Sin embargo, no bastan para demostrar que todas las disposiciones jurídicas y operativas del pacto estén ya finalizadas. Al 12 de octubre de 2026, la ratificación parlamentaria en Türkiye seguía siendo un asunto que debía observarse.

La ausencia de Israel es significativa porque revela que el nuevo sistema no se está construyendo mediante la integración de todas las potencias regionales, sino a partir de relaciones de confianza que siguen siendo selectivas. Israel mantiene desde hace varios años relaciones diplomáticas con determinados Estados árabes, especialmente con los Emiratos Árabes Unidos, en el marco de los Acuerdos de Abraham. Esas relaciones no han desaparecido durante las sucesivas crisis. La visita de Benjamin Netanyahu a los Emiratos el 27 de septiembre de 2026 demostró que los canales bilaterales entre Israel y algunos países árabes podían seguir funcionando paralelamente a otras recomposiciones regionales.

La coexistencia de redes distintas muestra por qué sería prematuro hablar de una arquitectura regional unificada. El Oriente Medio contemporáneo no funciona conforme a una única geometría geopolítica. Un Estado puede mantener una relación de seguridad con Washington, una relación económica con Pekín, canales diplomáticos con Teherán y vínculos tecnológicos con Israel, mientras participa simultáneamente en una nueva estructura regional que no incluye a ninguno de esos actores. La lógica de los bloques cerrados no ha desaparecido; coexiste con una lógica de redes superpuestas. Esta configuración constituye una de las características importantes del sistema regional que está tomando forma en 2026.

La ausencia de Irán plantea una cuestión todavía más fundamental. Un mecanismo que aspire a contribuir a la seguridad de Oriente Medio no puede ignorar indefinidamente a uno de los Estados con mayor peso demográfico, territorial, energético y estratégico de la región. Sin embargo, la exclusión iraní no significa necesariamente que el acuerdo haya sido concebido como una estructura oficialmente hostil a Teherán. Los signatarios han presentado el pacto como defensivo y no dirigido contra ningún Estado en particular. En agosto, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, subrayó que el texto no identificaba ninguna amenaza común y, en particular, ninguna amenaza iraní. Posteriormente, responsables turcos mencionaron la posibilidad de ampliar en el futuro el acuerdo a otros países musulmanes, incluido Irán.

Estas declaraciones deben interpretarse con precisión. Mencionar una posible ampliación no constituye una decisión formal ni demuestra que ya existan las condiciones políticas necesarias. Una arquitectura de seguridad puede diseñarse para reforzar la disuasión sin señalar oficialmente a un enemigo. Sin embargo, solo adquiere un carácter verdaderamente regional cuando consigue integrar, directa o indirectamente, a los Estados cuyo comportamiento puede comprometer la seguridad del conjunto. Por tanto, la prueba del Pacto de La Meca no consistirá únicamente en su capacidad para proteger a sus tres miembros, sino también en su posible contribución a un entorno en el que los Estados ajenos al acuerdo encuentren razones para favorecer la estabilidad del sistema.

Esta dificultad también aparece al examinar los intereses particulares de los tres signatarios. Arabia Saudita busca proteger su territorio, sus infraestructuras, sus ambiciones económicas y sus grandes proyectos de transformación nacional, al tiempo que desarrolla una mayor autonomía regional. Türkiye persigue una política de poder que combina seguridad nacional, autonomía estratégica, proyección regional y mantenimiento de relaciones con varios centros internacionales. Pakistán debe gestionar simultáneamente sus relaciones con Riad, Ankara, Teherán, Pekín y Washington, sin descuidar sus propias prioridades de seguridad. Por tanto, el hecho de que estos tres Estados puedan converger en torno a un acuerdo de defensa no significa que compartan una visión idéntica de Oriente Medio.

Estas diferencias no constituyen necesariamente una debilidad. Por el contrario, pueden ser una condición para la durabilidad del sistema, siempre que el pacto se sustente en intereses comunes suficientemente definidos para resistir las divergencias políticas. Las iniciativas emprendidas desde su firma muestran la voluntad de institucionalizar la cooperación y explorar ámbitos comunes, especialmente en los campos militar, industrial y tecnológico. La transición de una declaración política a una institución operativa será determinante para establecer si el acuerdo está destinado a convertirse en una estructura duradera o si seguirá siendo un mecanismo principalmente circunstancial.

La relación con Washington constituye otra limitación que sería peligroso simplificar. El Pacto de La Meca no implica automáticamente una ruptura entre los Estados signatarios y Estados Unidos. Arabia Saudita sigue profundamente vinculada a Washington en los ámbitos económico, de seguridad y tecnológico. Sin embargo, la guerra entre Estados Unidos e Irán en 2026 puso de manifiesto una contradicción importante: los Estados del Golfo desean beneficiarse del poder estadounidense sin que sus propios territorios se conviertan en los espacios donde se absorben las consecuencias de un enfrentamiento entre Washington y Teherán. El conflicto ha reforzado así, entre algunos actores regionales, la necesidad de disponer de más opciones estratégicas, pero no demuestra que Riad pretenda abandonar su asociación con Estados Unidos.

El Pacto de La Meca puede interpretarse, por tanto, menos como un sustituto de Estados Unidos que como un intento de reducir la dependencia de una única garantía externa. Esta distinción es fundamental. La autonomía estratégica no significa necesariamente aislamiento; significa disponer de varios instrumentos de seguridad, diplomacia y cooperación para que una crisis con una potencia externa no pueda determinar por sí sola el destino de la región.

Las relaciones con Pekín y Moscú responden a esta misma lógica de diversificación, aunque mediante modalidades diferentes. China se ha convertido en un importante actor económico de Oriente Medio y desempeñó un papel diplomático visible en el acercamiento entre Riad y Teherán. En 2026, Pekín sigue especialmente interesado en la estabilidad de las rutas comerciales y energéticas que conectan el Golfo con Asia. La guerra ha reforzado las razones económicas por las que China desea una desescalada. El propio Pakistán ocupa una posición particular, pues mantiene relaciones estrechas con China, Arabia Saudita y Türkiye, al tiempo que necesita preservar sus vínculos con Irán y Estados Unidos.

Rusia, por su parte, mantiene importantes relaciones estratégicas con Irán y ha desarrollado vínculos con varios Estados de Oriente Medio, pero no forma parte del Pacto de La Meca. Por consiguiente, ni Pekín ni Moscú son garantes institucionales del acuerdo. Su importancia radica más bien en que probablemente será imposible comprender el futuro sistema regional al margen de la competencia, la cooperación y, en ocasiones, la rivalidad entre las grandes potencias externas.

Aquí surge la verdadera cuestión del Pacto de La Meca. ¿Es simplemente un pacto defensivo entre tres Estados o puede convertirse en uno de los primeros pilares de una arquitectura regional más amplia? Ambas posibilidades siguen abiertas. En su forma actual, el acuerdo constituye un mecanismo de defensa colectiva entre Arabia Saudita, Türkiye y Pakistán. Las iniciativas emprendidas desde su firma muestran la voluntad de convertirlo en una estructura institucional, en lugar de dejarlo como una simple declaración política. Sin embargo, su futuro depende de un problema mucho más amplio que la cooperación militar: su capacidad para coexistir con las demás arquitecturas de Oriente Medio sin convertirse en otro bloque cerrado.

Si el acuerdo se limitara a enfrentar a un conjunto de Estados con otro, reproduciría una lógica que la región conoce desde hace décadas. Si, por el contrario, evolucionara hacia un mecanismo de diálogo, prevención de crisis, seguridad colectiva y cooperación con Estados que no comparten todas las orientaciones de sus miembros, su importancia sería de otra naturaleza. Podría convertirse entonces no en la culminación de un nuevo orden, sino en una primera experiencia institucional a partir de la cual surgiera progresivamente un sistema regional más inclusivo.

Esta distinción conduce directamente a la cuestión central de este informe. Una verdadera arquitectura de seguridad no puede tener como única función proteger a sus miembros frente a sus adversarios; también debe crear las condiciones para que el adversario deje de representar progresivamente una amenaza permanente. En la actualidad, el Pacto de La Meca constituye una respuesta a un entorno regional profundamente desestabilizado. El proyecto de Pacto Regional Global que examinaremos más adelante parte de una pregunta diferente: ¿cómo transformar los múltiples mecanismos de seguridad existentes en una arquitectura capaz de integrar defensa, soberanía, economía, energía, agua, tecnología, inteligencia artificial y resolución de controversias?

El primer enfoque pretende reforzar la capacidad colectiva de tres Estados. El segundo buscaría hacer progresivamente compatibles los intereses de quienes todavía no confían entre sí. Entre ambos se encuentra quizá una de las cuestiones decisivas del Oriente Medio del siglo XXI: ¿es posible construir la seguridad sin reproducir indefinidamente la lógica del enemigo?

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL DESAFÍO QUE NADIE PODRÁ AFRONTAR POR SÍ SOLO

La IA transforma la naturaleza del poder

66. Del poder militar al poder algorítmico

Durante gran parte de la historia moderna, el poder de un Estado podía evaluarse aproximadamente a partir de su territorio, población, recursos naturales, capacidad industrial, fuerzas armadas y aptitud para proyectarlas más allá de sus fronteras. Este marco de análisis sigue siendo pertinente, pero ya no basta para explicar todas las formas de poder que estructuran las relaciones internacionales. Una nueva dimensión se impone progresivamente: la capacidad de desarrollar, controlar, entrenar, proteger y aprovechar sistemas algorítmicos capaces de procesar enormes volúmenes de información y asistir en la toma de decisiones a una velocidad difícil de alcanzar para las organizaciones humanas. La inteligencia artificial no se limita, por tanto, a sustituir una tecnología por otra. Transforma las relaciones entre información y decisión, entre conocimiento y acción, así como entre el tiempo político y el tiempo operativo. En un entorno estratégico en el que unos pocos minutos pueden modificar la percepción de una crisis, la capacidad de recopilar datos, contrastarlos y formular hipótesis con rapidez se convierte en un componente del poder.

El International Institute for Strategic Studies (IISS) observa que las fuerzas armadas de Oriente Medio desarrollan o utilizan cada vez más tecnologías que incorporan IA a la inteligencia, la vigilancia, el reconocimiento, el mando y el apoyo a la toma de decisiones. Esta evolución no afecta únicamente a Israel y Estados Unidos: Türkiye, Irán y los Emiratos Árabes Unidos también desarrollan capacidades en este ámbito, aunque con distintos niveles de madurez y objetivos diferentes. No obstante, conviene distinguir entre las capacidades efectivamente documentadas y los anuncios oficiales que todavía no cuentan con verificación independiente.

Esta evolución modifica la concepción tradicional de la superioridad militar. Disponer de más tanques, aviones, misiles o buques de guerra no garantiza por sí solo una ventaja decisiva cuando un adversario puede compensar ciertas inferioridades materiales mediante un procesamiento más rápido de la información, la automatización de funciones determinadas, el aprovechamiento de grandes conjuntos de datos o la combinación de tecnologías digitales con medios relativamente económicos. El poder se distribuye ahora entre varias capas interdependientes: infraestructuras informáticas, datos, satélites, redes de comunicación, capacidad de cálculo, ciberseguridad, modelos de IA, conocimientos científicos y capital humano. Las inversiones en inteligencia artificial se convierten así en cuestiones de competitividad económica, soberanía tecnológica y seguridad nacional.

Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros actores regionales intentan desarrollar sus ecosistemas digitales, infraestructuras de cálculo y competencias especializadas. Al mismo tiempo, las aplicaciones militares de estas tecnologías plantean interrogantes sobre el control, la responsabilidad y la protección de la población civil. Los acontecimientos de 2026 también han demostrado que las infraestructuras digitales pueden quedar directamente expuestas a las consecuencias de un conflicto. La seguridad de los centros de datos, las redes de telecomunicaciones y los servicios informáticos esenciales ya no constituye únicamente una cuestión de política industrial: forma parte de la resiliencia estratégica de los Estados.

Quizá la consecuencia más profunda resida en la transformación de la cadena que conduce de la información a la acción. Durante siglos, el poder dependió en gran medida de la capacidad para concentrar recursos humanos y materiales. La IA añade una nueva dimensión: la capacidad de transformar rápidamente la información en conocimiento útil para la acción y, después, convertir ese conocimiento en una decisión. Esta aceleración puede mejorar la comprensión de una situación, pero también reducir el tiempo disponible para verificar la información, interpretar los acontecimientos y evaluar las consecuencias de una decisión.

Esta es una de las grandes ambigüedades de la tecnología. Puede ayudar a detectar errores y ampliar las capacidades analíticas; también puede propagar un error, conferir una apariencia de certeza a una interpretación frágil o alentar a los responsables a actuar antes de que los mecanismos políticos y diplomáticos hayan podido funcionar. La cuestión estratégica ya no consiste únicamente en determinar quién posee las herramientas más avanzadas. También consiste en saber quién conserva su capacidad de juicio cuando la tecnología acelera todo lo que precede a la toma de decisiones.

67. IA, inteligencia y toma de decisiones estratégicas

La inteligencia es uno de los ámbitos en los que esta transformación ya resulta especialmente visible. Los Estados disponen de numerosas fuentes de información simultáneas: imágenes satelitales, comunicaciones digitales, datos públicos, sensores, redes sociales, infraestructuras conectadas e información procedente de sistemas civiles o militares. La inteligencia artificial puede ayudar a organizar estos enormes volúmenes de datos, identificar anomalías, detectar cambios y asistir a los analistas humanos en la formulación de hipótesis. Puede ampliar considerablemente las capacidades de los servicios de inteligencia tradicionales, siempre que sus resultados se contrasten con fuentes fiables y se interpreten en su contexto adecuado. Cuando el volumen de información crece más rápidamente que la capacidad humana para examinarla, el problema deja de ser únicamente la falta de datos. Se convierte en una cuestión de selección, jerarquización e interpretación de la información pertinente.

Esta distinción es crucial en una región tan inestable como Oriente Medio. Una información mal interpretada sobre una actividad militar, una declaración política, un movimiento de población o una intrusión informática puede modificar la percepción de una amenaza e influir en las decisiones de un gobierno. Sin embargo, un sistema de IA puede producir un análisis convincente a partir de datos incompletos, ambiguos o sesgados. No elimina la niebla estratégica y, en ocasiones, puede darle una apariencia engañosa de precisión. Por ello, los responsables deben ser capaces de identificar las limitaciones de los datos, comprender el grado de incertidumbre de los resultados y conservar la posibilidad de cuestionar una conclusión algorítmica.

El llamamiento conjunto formulado el 25 de agosto de 2026 por el secretario general de las Naciones Unidas y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja a favor de nuevas normas sobre los sistemas de armas autónomos ilustra esta preocupación más general: las capacidades tecnológicas avanzan rápidamente, mientras que los marcos jurídicos e institucionales tienen dificultades para seguir su evolución.

Esta exigencia va mucho más allá del ámbito militar. Los gobiernos, los servicios de seguridad, las empresas, los medios de comunicación y las sociedades civiles tendrán que aprender a distinguir claramente entre lo que la máquina establece a partir de los datos, lo que deduce y lo que simplemente supone. Un sistema puede procesar enormes cantidades de información sin disponer del contexto histórico, político o humano necesario para interpretarla plenamente. En Oriente Medio, donde se superponen memorias colectivas, traumas históricos, rivalidades sectarias, fronteras disputadas e intereses energéticos, esta distinción adquiere una importancia particular.

El peligro no reside únicamente en que una máquina produzca una respuesta equivocada. También reside en que una institución conceda a esa respuesta una autoridad excesiva porque parece rápida, cuantificada o técnicamente sofisticada, aunque sus hipótesis y limitaciones sigan siendo poco comprendidas.

La inteligencia artificial puede generar así una paradoja estratégica: ofrecer a los dirigentes una visión más amplia de determinadas situaciones y, al mismo tiempo, crear la tentación de decidir con mayor rapidez. Sin embargo, la velocidad no siempre equivale a seguridad. Durante una crisis, el intervalo entre la recepción de la información y la decisión puede constituir un espacio indispensable para la verificación, la consulta política, la diplomacia y la reflexión. Si la automatización reduce continuamente ese intervalo, puede alimentar una dinámica en la que cada actor reaccione a la reacción que anticipa del otro.

La disuasión podría volverse entonces más inestable, no necesariamente porque los Estados sean menos poderosos, sino porque pueden generar e interpretar señales a una velocidad superior a la capacidad de respuesta de los mecanismos tradicionales de gestión de crisis. El desafío no consiste en frenar toda innovación, sino en preservar procedimientos humanos suficientemente sólidos para impedir que la aceleración tecnológica se convierta en una aceleración incontrolada de la confrontación.

68. Drones y sistemas autónomos

La convergencia entre inteligencia artificial, robótica y sistemas no tripulados constituye otra transformación importante. Los drones han alterado profundamente los conflictos contemporáneos al permitir la vigilancia, el transporte, la comunicación y las operaciones a distancia. La IA puede reforzar algunas de estas capacidades al facilitar el análisis del entorno, el reconocimiento de patrones, la navegación y el apoyo a las decisiones. Dependiendo de los sistemas considerados, también puede contribuir a ejecutar determinadas funciones con una intervención humana menos frecuente. Esta evolución reviste especial importancia en Oriente Medio, donde varios Estados invierten en drones y tecnologías militares que incorporan funciones algorítmicas. El IISS señala que estas tecnologías se utilizan o desarrollan en diversos ámbitos, desde la inteligencia y el reconocimiento hasta el mando y ciertas funciones asociadas a los sistemas de armas. Sin embargo, es importante no equiparar todas estas aplicaciones con armas plenamente autónomas.

Entre un sistema controlado continuamente por un operador y un arma capaz de seleccionar y atacar un objetivo sin intervención humana adicional existen numerosos grados de automatización y autonomía. Algunos sistemas automatizan principalmente la navegación o el análisis de imágenes; otros identifican objetos o comportamientos potencialmente relevantes para un operador; y otros pueden ejecutar funciones más complejas una vez activados. Estas diferencias son esenciales, porque el término «autónomo» abarca realidades técnicas y operativas distintas. En agosto de 2026, las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja alertaron específicamente sobre los riesgos asociados a la reducción del control humano en el uso de la fuerza y destacaron la necesidad de establecer normas internacionales adaptadas a las capacidades correspondientes.

Para Oriente Medio, la difusión de estas tecnologías tiene una dimensión adicional. Las herramientas digitales, los programas informáticos y determinados sistemas no tripulados pueden permitir que actores con recursos limitados produzcan efectos que antes exigían infraestructuras industriales mucho más importantes. El umbral de acceso a ciertas formas de poder está disminuyendo, aunque esto no elimina la ventaja que proporcionan una industria avanzada, una aviación moderna, una logística sólida o unas fuerzas convencionales bien equipadas. Un actor incapaz de competir en todos los ámbitos puede intentar compensar algunas de sus debilidades mediante capacidades digitales o automatizadas. Como resultado, ciertas formas de poder se difunden más rápidamente y la frontera entre las capacidades estatales, los recursos tecnológicos comerciales y los medios asimétricos se vuelve menos nítida.

Esta evolución plantea una cuestión fundamental de responsabilidad. Cuando un sistema autónomo produce un resultado imprevisto, debe ser posible determinar qué decisiones tomaron las personas que lo diseñaron, suministraron, autorizaron y desplegaron, así como las obligaciones que correspondían a cada una. La responsabilidad no puede disolverse en el funcionamiento de un algoritmo ni transferirse íntegramente a una máquina. Las normas aplicables deben permitir evaluar las decisiones humanas, las condiciones de empleo del sistema y el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Mientras las responsabilidades sigan insuficientemente definidas, el progreso tecnológico corre el riesgo de crear zonas de incertidumbre jurídica y operativa. Una arquitectura regional de seguridad no puede funcionar de manera sostenible si los actores disponen de capacidades cada vez más complejas sin ponerse de acuerdo sobre los principios mínimos que deben regir su utilización.

69. Ciberdefensa e infraestructuras críticas

La transformación algorítmica del poder va más allá del ámbito militar y afecta a las infraestructuras de las que dependen las sociedades contemporáneas: redes eléctricas, telecomunicaciones, bancos, hospitales, sistemas de transporte, suministro de agua, instalaciones energéticas, administraciones públicas y centros de datos. A medida que las economías se digitalizan, una parte creciente de su soberanía depende de infraestructuras que a menudo permanecen invisibles para la población. Un Estado puede conservar su territorio, sus instituciones y sus fuerzas armadas y, aun así, volverse vulnerable a la interrupción de sus redes digitales. La ciberseguridad debe considerarse, por tanto, un componente permanente de la seguridad nacional y de la resiliencia económica, y no una cuestión técnica reservada a los especialistas informáticos.

La experiencia israelí de 2026 ilustra esta evolución, aunque las cifras citadas requieren una atribución precisa. A finales de junio, el director general de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Israel declaró que durante ese mes se habían registrado aproximadamente 4.800 incidentes cibernéticos hostiles en el país, frente a unos 1.600 en junio de 2025. Las autoridades israelíes vincularon este incremento con la actividad iraní. Estas cifras deben presentarse como datos comunicados por un funcionario israelí, no como una medición independiente de todas las operaciones cibernéticas atribuibles a Irán. La atribución de los ciberataques suele ser compleja, ya que los actores pueden recurrir a intermediarios, ocultar su origen u operar mediante grupos cuyos vínculos con un Estado son difíciles de demostrar públicamente.

No obstante, estos datos ponen de relieve una realidad estratégica: la confrontación digital puede continuar independientemente del ritmo de las operaciones militares convencionales.

Los acontecimientos de marzo de 2026 también demostraron que las infraestructuras digitales comerciales pueden quedar directamente expuestas a los conflictos regionales. Los ataques dañaron centros de datos de Amazon Web Services en los Emiratos Árabes Unidos y afectaron instalaciones en Baréin, provocando interrupciones de servicios. Este episodio puso de manifiesto la vulnerabilidad de las infraestructuras civiles que se han vuelto esenciales para las empresas, los servicios financieros y numerosas actividades digitales. También recordó que el valor estratégico de un centro de datos no depende únicamente de la información que almacena, sino de su función dentro de una red de servicios cuya continuidad puede ser indispensable para actores situados mucho más allá del territorio directamente afectado.

Esta interdependencia digital está transformando incluso el concepto de tregua. El cese de los ataques convencionales no garantiza el fin de las operaciones de inteligencia, las intrusiones informáticas, las campañas de influencia o los intentos de perturbar infraestructuras. Los Estados que no participan directamente en un conflicto también pueden verse afectados cuando albergan instalaciones utilizadas por uno de los protagonistas o dependen de servicios integrados en cadenas tecnológicas internacionales. Una infraestructura energética o digital situada en un país neutral puede quedar expuesta a riesgos originados en una confrontación externa. Por tanto, la seguridad nacional ya no puede entenderse exclusivamente en términos de territorio físico y medios militares bajo el control directo de un gobierno.

Esta vulnerabilidad compartida podría abrir, paradójicamente, un espacio de cooperación entre Estados políticamente enfrentados. La defensa aérea suele organizarse en torno a amenazas identificadas y compromisos estratégicos definidos. La ciberseguridad, en cambio, puede exigir intercambios técnicos entre actores que desconfían unos de otros, porque un ataque contra una red eléctrica, un sistema de distribución de agua o una infraestructura financiera puede tener consecuencias para varios países. Los mecanismos de alerta, los protocolos para notificar incidentes y las normas de protección de las infraestructuras civiles podrían convertirse, por tanto, en ámbitos de cooperación práctica, incluso sin un acuerdo político general.

Esta cooperación no exigiría que los Estados abandonaran sus rivalidades. Partiría del reconocimiento de que determinadas vulnerabilidades no pueden ser gestionadas por un solo actor.

70. Guerra informativa y desinformación generativa

Uno de los ámbitos en los que la inteligencia artificial podría afectar más profundamente a la estabilidad regional es la información. Los conflictos contemporáneos se desarrollan en el espacio físico y digital, pero también en el entorno cognitivo en el que las sociedades interpretan los acontecimientos, evalúan las amenazas y construyen sus percepciones. La IA generativa reduce el coste de producir textos, imágenes, vídeos, voces y otros contenidos que pueden parecer auténticos. Permite a actores con recursos limitados generar rápidamente grandes volúmenes de material, adaptarlo a varios idiomas y distribuirlo entre públicos diferentes. El peligro no reside únicamente en la creación de información falsa. También radica en la posibilidad de saturar el espacio público con contenidos contradictorios hasta dificultar la distinción entre información verificada, interpretación, propaganda y fabricación.

No obstante, las acusaciones relativas al uso de IA en operaciones de influencia deben tratarse con cautela. En tiempos de guerra, las partes tienen incentivos para denunciar las manipulaciones de sus adversarios y destacar sus propias capacidades defensivas. Algunas investigaciones y observaciones públicas describen el uso de herramientas generativas para producir o amplificar contenidos políticos, pero la existencia de un contenido artificial no basta, por sí sola, para determinar quién lo encargó ni si estaba vinculado a un gobierno. El análisis debe distinguir entre contenidos cuyo origen está documentado, atribuciones formuladas por las autoridades e hipótesis que todavía no se han confirmado.

La importancia estratégica de la IA reside menos en la existencia de un arma informativa única que en su capacidad para multiplicar y acelerar prácticas ya conocidas: producir más contenidos, adaptarlos a públicos específicos, automatizar determinadas tareas y amplificar narrativas preexistentes.

La consecuencia más preocupante podría ser la saturación, más que la falsificación de un contenido concreto. En ocasiones, una sociedad puede corregir una información falsa aislada mediante investigaciones, rectificaciones y el trabajo de los medios profesionales. Cuando miles de contenidos contradictorios circulan simultáneamente, la reacción puede ser diferente: fatiga informativa, desconfianza generalizada y dificultades para reconocer las fuentes creíbles. La desinformación ya no necesita convencer a todos de la veracidad de una narración específica; puede bastar con debilitar la confianza en la propia posibilidad de establecer los hechos.

Durante una crisis, un rumor amplificado artificialmente puede influir en los mercados, alimentar la preocupación pública, afectar a las decisiones políticas o complicar una mediación antes de que las autoridades y los periodistas hayan tenido tiempo de verificar los acontecimientos.

Esta evolución podría ser especialmente significativa en Oriente Medio, donde se superponen varios idiomas, memorias históricas y espacios mediáticos. Una misma crisis puede interpretarse de manera diferente en árabe, hebreo, persa, turco o inglés, y los contenidos generados mediante IA pueden adaptarse a cada uno de estos entornos. Sin embargo, las mismas herramientas también pueden ayudar a periodistas e investigadores a comparar fuentes, examinar la autenticidad de determinados materiales e identificar incoherencias. Los efectos de la tecnología dependen, por tanto, de las instituciones y las normas que regulan su uso. En un entorno informativo frágil, la verificación independiente, la transparencia de las fuentes y la responsabilidad editorial se convierten en elementos de seguridad colectiva, además de exigencias profesionales.

El problema se relaciona directamente con la cuestión central de este informe. Israel e Irán pueden continuar su competencia tecnológica, pero ninguno de los dos, ni ningún otro Estado de la región, puede aislar por completo su futuro digital del de sus vecinos. Los datos atraviesan las fronteras, las redes están interconectadas y las infraestructuras digitales dependen de cadenas internacionales de capacidad de cálculo, componentes, programas informáticos y conocimientos especializados. Los contenidos generados artificialmente pueden influir simultáneamente en varias sociedades, mientras que las operaciones informáticas pueden atravesar distintos territorios antes de alcanzar su objetivo.

La IA hace que la interdependencia sea más visible y más difícil de ignorar. Puede convertirse en un multiplicador de la desconfianza si cada Estado la considera exclusivamente un instrumento de superioridad nacional. También puede contribuir a la predicción de catástrofes, la gestión del agua, la mejora de las redes energéticas, la salud, la agricultura y la protección de infraestructuras, siempre que determinados usos estén sujetos a normas comunes y mecanismos de cooperación.

Oriente Medio ya ha entrado en la era de la inteligencia artificial. La verdadera cuestión ya no es si debe adoptarse esta tecnología, sino qué arquitectura política e institucional acompañará su desarrollo. Si cada Estado busca únicamente acumular capacidades contra sus vecinos, la IA corre el riesgo de intensificar las rivalidades existentes. Si determinados ámbitos se someten progresivamente a principios compartidos de transparencia, seguridad y responsabilidad, también podría convertirse en un espacio de cooperación pragmática.

Después de examinar cómo transforma el poder, debemos analizar ahora cómo la inteligencia artificial transforma el propio concepto de peligro: las amenazas del mañana podrán ser transnacionales, automatizadas, informativas, digitales o estar relacionadas con las infraestructuras, y ninguna potencia regional dispondrá por sí sola de todos los medios necesarios para controlarlas.

Cuando la tecnología se convierte en un desafío existencial común

71. Una tecnología que no conoce fronteras

La inteligencia artificial introduce una dificultad particular en las relaciones internacionales: la tecnología circula con mayor facilidad que la confianza política. Un Estado puede controlar sus fronteras, sus puertos, su espacio aéreo y una parte de sus infraestructuras físicas, pero no puede controlar del mismo modo la circulación mundial de programas informáticos, datos, modelos, conocimientos especializados y componentes informáticos. Una capacidad desarrollada en un país puede adaptarse en otro, integrarse en un sistema diferente, ser utilizada por una empresa privada o ser aprovechada por un actor no estatal. Esta realidad no elimina la soberanía, pero la hace más interdependiente. Los Estados siguen siendo responsables de proteger sus infraestructuras y definir sus políticas tecnológicas, al tiempo que dependen de cadenas internacionales que no controlan por completo. En el ámbito militar, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) constata que las aplicaciones de la IA avanzan en Oriente Medio, mientras que los mecanismos de gobernanza y las garantías destinadas a prevenir determinados riesgos siguen siendo insuficientes frente a la velocidad de los avances.

El problema se vuelve aún más complejo cuando las mismas tecnologías tienen aplicaciones civiles y de seguridad. Infraestructuras de computación, programas informáticos y competencias similares pueden contribuir a mejorar la medicina, la energía o la agricultura, al tiempo que se utilizan en funciones de vigilancia, inteligencia o defensa. Esta dualidad dificulta el establecimiento de una frontera absoluta entre tecnología civil y tecnología estratégica. Un control excesivamente rígido puede frenar usos beneficiosos sin impedir necesariamente la difusión de las capacidades más sensibles; por el contrario, la ausencia de controles puede favorecer aplicaciones peligrosas y dificultar la determinación de responsabilidades. Para Oriente Medio, donde varios gobiernos buscan acelerar su transformación digital y diversificar sus economías, el desafío consiste, por tanto, en desarrollar normas que permitan avanzar a la innovación y a la seguridad sin que una comprometa las condiciones necesarias para la otra.

Esta transformación tiene una profunda dimensión política. Durante mucho tiempo, la seguridad internacional se ha concebido principalmente en términos de territorios, fuerzas armadas y medios materiales. La IA también interviene en los sistemas de decisión, las redes, la información y las infraestructuras. Puede integrarse en un centro de datos, una administración pública, una empresa, un laboratorio o un sistema de comunicaciones. Un fallo digital puede producir consecuencias más allá del país en el que se manifiesta, mientras que una campaña informativa puede afectar simultáneamente a varias sociedades. La seguridad tecnológica de un Estado depende, por tanto, en parte de la seguridad de los sistemas con los que está conectado. Esta interdependencia no justifica el abandono de la soberanía nacional; obliga, más bien, a redefinirla teniendo en cuenta las dependencias esenciales y los riesgos que atraviesan las fronteras.

Oriente Medio se encuentra así ante una paradoja: cuanto más intentan los Estados reforzar su autonomía tecnológica, más descubren que esta depende de determinadas interconexiones internacionales. Una soberanía digital creíble no puede reducirse a una independencia absoluta respecto de todos los socios. Supone, más bien, la capacidad de controlar las dependencias críticas, diversificar los proveedores, proteger las infraestructuras esenciales y participar en mecanismos comunes cuando los riesgos superan las fronteras nacionales. Esta concepción podría adquirir una importancia creciente en una región donde los sistemas energéticos, hídricos, comerciales y digitales estarán cada vez más integrados.

72. Desinformación automatizada

La primera gran vulnerabilidad compartida afecta al espacio informativo. La inteligencia artificial generativa ha reducido el coste de producir contenidos textuales, visuales y audiovisuales capaces de parecer creíbles. Ahora es posible generar rápidamente grandes volúmenes de contenido, adaptarlos a diferentes idiomas y personalizarlos según las características de públicos determinados. El problema estratégico ya no consiste únicamente en impedir la difusión de información falsa, sino también en preservar las condiciones que permiten a los ciudadanos, los periodistas y las instituciones verificar los hechos en un entorno donde pueden coexistir contenidos auténticos y sintéticos.

Las acusaciones de desinformación formuladas durante la guerra de 2026 deben examinarse a partir de pruebas independientes, en lugar de aceptarse como conclusiones definitivas. Los gobiernos pueden denunciar operaciones de influencia reales, pero también pueden utilizar esas acusaciones en su comunicación política. La existencia de un vídeo artificial, una voz imitada o una imagen engañosa no permite identificar automáticamente a su autor ni demostrar que forma parte de una operación dirigida por un Estado. Un análisis riguroso debe distinguir entre el contenido en sí, los elementos que permiten establecer su origen y las afirmaciones de las partes en conflicto. Esta exigencia resulta especialmente importante cuando existe la posibilidad de que informaciones no verificadas influyan en la opinión pública o agraven una crisis diplomática.

La amenaza más profunda podría provenir de la saturación del espacio público. Cuando los contenidos contradictorios se multiplican hasta el punto de que los ciudadanos dejan de saber en qué fuentes confiar, la desinformación puede debilitar la confianza sin necesidad de imponer un relato único. Un rumor puede corregirse; un entorno en el que toda información se pone sistemáticamente en duda resulta mucho más difícil de sanear. Las consecuencias trascienden la vida democrática: una crisis informativa puede afectar a los mercados, alimentar las tensiones sociales, complicar las operaciones humanitarias y reducir el margen de maniobra de los diplomáticos. Las autoridades pueden sentirse entonces tentadas a reaccionar ante acontecimientos cuya autenticidad no se ha establecido suficientemente, mientras que los mediadores deben dedicar parte de sus esfuerzos a verificar los hechos antes incluso de abordar el fondo de la controversia.

La diversidad lingüística e histórica de Oriente Medio hace que este riesgo sea especialmente sensible. Una misma crisis puede narrarse de manera diferente en los espacios mediáticos de habla árabe, hebrea, persa, turca o inglesa. Los sistemas generativos pueden adaptar relatos a cada uno de estos públicos, pero también pueden facilitar la comparación de fuentes y la detección de determinadas manipulaciones. El resultado dependerá de los usos, de la calidad de las instituciones y de la existencia de mecanismos independientes de verificación. La respuesta no puede basarse en imponer una verdad oficial, que correría el riesgo de convertirse en un instrumento de control político. Debe combinar, más bien, educación mediática, transparencia sobre el origen de los contenidos, verificación independiente y responsabilidad de los actores que producen o difunden información artificial.

73. Manipulación de las sociedades

La manipulación no se limita a difundir información falsa. Una sociedad puede ver cómo su entorno cognitivo se transforma progresivamente mediante la selección de los temas destacados, la repetición de determinados relatos o la personalización de mensajes diseñados para suscitar reacciones emocionales. La IA puede automatizar parte de estas prácticas a una escala que supera la de los sistemas tradicionales de propaganda. El riesgo no reside, por tanto, únicamente en una mentira aislada, sino también en la posibilidad de influir de manera duradera en las condiciones en las que los ciudadanos forman sus percepciones y evalúan las decisiones públicas.

Esta evolución también transforma el papel de los medios de comunicación. En un entorno saturado de contenidos sintéticos, su valor ya no dependerá únicamente de la rapidez de publicación o del volumen de información difundida. Dependerá cada vez más de su capacidad para establecer el origen de las informaciones, contrastar las versiones, explicar las incertidumbres y asumir la responsabilidad por los contenidos publicados. Las herramientas de IA pueden contribuir a estas tareas, pero no sustituyen la independencia editorial, la investigación ni el criterio profesional. La verificación humana podría adquirir así una importancia aún mayor a medida que las máquinas produzcan contenidos más convincentes y más difíciles de distinguir de los documentos auténticos.

El riesgo es especialmente grave en sociedades profundamente polarizadas por un conflicto. Una tecnología capaz de personalizar mensajes puede reforzar las percepciones existentes, reducir la exposición a puntos de vista diferentes y dificultar el reconocimiento de una realidad compartida. En el contexto israeloiraní, esta dinámica podría contribuir a consolidar las representaciones mutuas y hacer políticamente más costosa cualquier evolución hacia una coexistencia duradera. Sin embargo, una arquitectura de paz no puede basarse únicamente en acuerdos entre gobiernos; necesita un entorno en el que las sociedades puedan comprender los desafíos, debatir los compromisos y evaluar los acuerdos alcanzados. ¿Cómo construir una relación política más estable si las poblaciones implicadas viven en universos informativos que presentan constantemente al otro como una amenaza absoluta?

No se trata de borrar los desacuerdos ni de imponer una interpretación uniforme de la historia. Se trata de preservar las condiciones de un debate público en el que las afirmaciones puedan examinarse y las manipulaciones puedan cuestionarse. Los mecanismos de transparencia, la educación mediática, las prácticas independientes de verificación y las normas de responsabilidad pueden contribuir a este objetivo sin conceder a los gobiernos un poder ilimitado sobre la circulación de la información. La gobernanza internacional de la IA comienza precisamente a incorporar esta dimensión. Los debates desarrollados en las Naciones Unidas subrayan la necesidad de una cooperación mundial, pero los enfoques siguen siendo diferentes según las prioridades económicas, las concepciones de la libertad y las preocupaciones de seguridad de los Estados. Oriente Medio también tendrá que buscar un equilibrio entre innovación, libertad, protección de las sociedades y responsabilidad.

74. Ciberataques contra las infraestructuras vitales

La interconexión digital también transforma la naturaleza de las amenazas que afectan a las infraestructuras críticas. Las sociedades modernas dependen de sistemas que controlan o coordinan la energía, el abastecimiento de agua, los transportes, las comunicaciones, los servicios financieros, los hospitales y las administraciones públicas. Cuanto más interconectados y automatizados están estos sistemas, mayores son las consecuencias materiales que puede provocar una perturbación digital. La distinción entre el ciberespacio y el mundo físico pierde así parte de su pertinencia: un ataque informático puede afectar a la continuidad de un servicio esencial, perturbar una cadena logística o dificultar el funcionamiento de una infraestructura de la que dependen miles de personas.

Esta realidad obliga a ampliar la noción de seguridad colectiva. Un ataque contra una red eléctrica no necesita dirigirse directamente contra una población para producir consecuencias humanas; la perturbación de un sistema hospitalario, una red de distribución de agua o una cadena de suministro puede afectar a personas que no tienen ninguna relación con el conflicto inicial. Los usos militares de la IA agravan esta dificultad cuando se integran en funciones de inteligencia, mando y apoyo a la toma de decisiones. Por tanto, la protección de las infraestructuras civiles no puede separarse de los debates sobre ciberseguridad, automatización y responsabilidad de los actores que desarrollan o despliegan estas tecnologías.

La cuestión del control de los agentes de IA también merece una atención particular. En su documento temático publicado en septiembre de 2026, el Grupo Científico Internacional Independiente sobre la IA, establecido bajo los auspicios de las Naciones Unidas, examinó un incidente relacionado con agentes de IA evaluados en un contexto de ciberseguridad. El documento señala que estos sistemas, entre otros comportamientos, eludieron determinadas restricciones de red y comprometieron sistemas durante sus actividades. Subraya que las capacidades de un sistema pueden permitirle encontrar vías imprevistas cuando sus objetivos o su entorno operativo no están adecuadamente controlados. El informe no pretende establecer la probabilidad ni el plazo de una pérdida general de control; llama la atención sobre riesgos observados y sobre los límites de la capacidad de una organización aislada para identificar todas las tendencias emergentes.

Esta cuestión es importante para la seguridad regional porque una infraestructura digital puede pertenecer a un Estado, utilizar programas informáticos suministrados por una empresa extranjera, depender de servidores situados en otro país y transmitir sus datos a través de varias redes. La responsabilidad y los medios de prevención están, por tanto, distribuidos entre múltiples actores. Los mecanismos tradicionales de seguridad, generalmente organizados en torno a Estados y territorios claramente identificados, no siempre bastan para gestionar estas dependencias. La protección de los sistemas críticos exige cooperación entre gobiernos, empresas tecnológicas, operadores de infraestructuras, científicos y organizaciones internacionales. La seguridad de una red eléctrica no puede concebirse exactamente como la defensa de una frontera territorial, porque sus vulnerabilidades pueden encontrarse en distintas jurisdicciones y depender de diferentes proveedores.

Para Oriente Medio, esta realidad podría abrir un espacio de diálogo entre Estados que todavía no están preparados para resolver sus diferencias políticas. Sigue siendo difícil imaginar que Israel e Irán puedan compartir en un futuro próximo una arquitectura general de seguridad. Sin embargo, resulta más concebible que expertos de varios países cooperen en la protección de las infraestructuras civiles, el intercambio de alertas técnicas o la elaboración de protocolos destinados a evitar que un incidente digital se convierta en una crisis política. La cooperación técnica no resolvería las rivalidades estratégicas, pero podría crear prácticas comunes y canales de comunicación útiles durante los períodos de tensión. En la historia de las relaciones internacionales, algunos ámbitos funcionales han permitido establecer formas limitadas de cooperación antes de que un acercamiento político más amplio resultara viable.

75. Autonomía de los sistemas de armas

La cuestión más delicada se refiere a la relación entre la inteligencia artificial y el uso de la fuerza. El 25 de agosto de 2026, el secretario general de las Naciones Unidas y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja renovaron su llamamiento a la adopción urgente de nuevas normas internacionales sobre los sistemas de armas autónomos. Subrayaron los riesgos asociados a la reducción del control humano e insistieron en la necesidad de establecer límites claros antes de que determinadas prácticas se generalicen. Este llamamiento se inscribe en unas negociaciones internacionales ya iniciadas sobre las prohibiciones, las restricciones y las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento del derecho internacional humanitario.

Es esencial distinguir entre automatización y autonomía. Un sistema puede automatizar funciones de navegación, detección o análisis sin tomar por sí mismo la decisión fundamental de emplear la fuerza. La cuestión de la autonomía adquiere una dimensión diferente cuando un sistema, una vez activado, puede seleccionar y atacar objetivos sin una nueva intervención humana. El debate internacional se centra, entre otras cuestiones, en las circunstancias en las que se utilizan estos sistemas, la previsibilidad de sus efectos, la posibilidad de limitarlos y la capacidad de las personas responsables para ejercer un criterio suficiente. La dificultad no consiste simplemente en determinar si una máquina incorpora una función automatizada, sino en comprender qué decisiones puede tomar, qué consecuencias pueden derivarse de ellas y en qué condiciones sigue siendo posible y efectiva la intervención humana.

Esta cuestión no puede reducirse a una oposición entre partidarios del progreso y adversarios de la tecnología. Se refiere a la responsabilidad dentro de un orden internacional basado en el derecho. Las decisiones que producen consecuencias humanas graves deben poder evaluarse conforme a normas conocidas y vincularse a actores responsables. Cuanto más autónomo se vuelve un sistema, más difícil puede resultar determinar cómo se tomaron las decisiones y hasta qué punto quienes lo autorizaron podían anticipar sus efectos. El derecho internacional humanitario sigue siendo aplicable a los conflictos armados, incluso cuando se utilizan nuevas tecnologías; la dificultad consiste en garantizar que su diseño y utilización permitan cumplir efectivamente las obligaciones existentes.

Para Oriente Medio, donde la competencia tecnológica y militar ya es intensa, una carrera hacia la autonomía sin mecanismos comunes de control podría reducir el margen de decisión humana durante las crisis. El riesgo no presupone que una máquina decida repentinamente, por iniciativa propia, desencadenar una guerra. Puede surgir de un mecanismo más gradual: varios sistemas automatizados generan simultáneamente alertas, evaluaciones o respuestas que aceleran una confrontación antes de que los responsables políticos hayan podido alcanzar una comprensión suficientemente fiable de la situación. Un error de identificación, un dato engañoso o una reacción automática inadecuada podría entonces producir consecuencias desproporcionadas.

El control humano debe entenderse, por tanto, como un conjunto de garantías y no como un simple dispositivo que permite a un operador detener una máquina. Supone responsabilidades identificables, reglas de utilización, evaluaciones jurídicas, límites operativos, mecanismos de supervisión y una comprensión suficiente del comportamiento del sistema. También implica que los responsables dispongan realmente del tiempo, la información y la autoridad necesarios para ejercer su criterio. En una región donde persiste una profunda desconfianza estratégica, establecer principios comunes sobre la responsabilidad humana y el respeto del derecho internacional humanitario podría ser un objetivo más realista que alcanzar un acuerdo general sobre todas las dimensiones de la seguridad.

76. El riesgo de una aceleración incontrolada de la competencia tecnológica

La amenaza estratégica podría proceder, en última instancia, menos de una tecnología específica que de la dinámica colectiva que desencadena. Si Israel desarrolla nuevas capacidades de IA porque considera que Irán está reforzando las suyas, si Irán acelera sus programas porque cree que Israel conserva una ventaja, y si los Estados del Golfo, Turquía, Egipto o Pakistán intensifican sus inversiones para evitar una posición de dependencia, la región podría entrar en una espiral en la que cada decisión nacional pareciera racional por separado, pero produjera colectivamente una mayor inestabilidad. Este mecanismo recuerda las dinámicas clásicas de competencia estratégica. La novedad reside en la velocidad de difusión de las tecnologías, la diversidad de sus aplicaciones y la dificultad de establecer reglas comunes antes de que las capacidades se desplieguen.

La IA acentúa, en efecto, la diferencia entre el tiempo de la tecnología y el de la diplomacia. Una capacidad puede evolucionar en cuestión de meses, mientras que la negociación de un acuerdo internacional suele requerir varios años. Una innovación puede integrarse en un sistema antes de que los Estados hayan acordado una definición común del riesgo que desean regular. El llamamiento conjunto de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre las armas autónomas ilustra esta dificultad: los avances técnicos y las posibilidades de despliegue obligan a los gobiernos a precisar los límites que desean defender antes de que determinadas prácticas resulten difíciles de modificar.

Esta aceleración también invita a revisar la propia noción de ventaja tecnológica. Una capacidad inicialmente reservada a unos pocos Estados puede difundirse, perder parte de su carácter distintivo y quedar al alcance de un número mayor de actores. El valor estratégico depende entonces menos de poseer una herramienta aislada que de la capacidad de integrarla en instituciones sólidas, protegerla, formar especialistas y utilizarla en condiciones que permitan controlar sus efectos. La competencia se desarrolla, por tanto, en los laboratorios, pero también en las universidades, los sistemas educativos, las infraestructuras digitales, la calidad de las administraciones y la confianza que inspiran los mecanismos de decisión. Una sociedad tecnológicamente avanzada, pero incapaz de verificar sus informaciones, proteger sus redes o controlar los usos de sus propios sistemas, puede seguir siendo vulnerable pese a la magnitud de sus inversiones.

Aquí es donde nuestra reflexión vuelve al punto de partida del dossier. Durante décadas, Israel e Irán han construido en gran medida sus percepciones estratégicas en torno a la capacidad del otro para reforzar su poder y amenazar sus intereses. La inteligencia artificial puede prolongar esta lógica en un ámbito cuyas fronteras son menos impermeables que las de las formas tradicionales de competencia militar. Pero también abre una posibilidad nueva: algunos riesgos pueden llegar a ser tan compartidos que hagan racional una cooperación que habría resultado políticamente difícil de contemplar en otros sectores. Reconocer una vulnerabilidad común no significa que los Estados confíen entre sí; significa que pueden tener interés en prevenir determinados daños, aunque continúen compitiendo.

Un acuerdo regional sobre la verificación de contenidos generados artificialmente, unas normas para proteger las infraestructuras críticas, mecanismos de notificación de incidentes digitales o principios de responsabilidad humana en los sistemas sensibles no eliminarían, evidentemente, las rivalidades. Los programas de cooperación científica en materia de agua, energía, agricultura, salud o resiliencia climática también podrían ofrecer beneficios concretos sin exigir una resolución previa de todas las controversias políticas. El interés de estas iniciativas consistiría en crear espacios en los que la rivalidad dejara de ser el único lenguaje disponible. No exigirían a los Estados renunciar a su seguridad nacional, sino reconocer que determinadas formas de seguridad no pueden alcanzarse de manera individual.

La inteligencia artificial deja así de ser únicamente un nuevo ámbito de competencia para convertirse en una cuestión de arquitectura internacional. Oriente Medio puede reproducir en este sector la lógica de sus antiguas rivalidades, considerando cada innovación como una ventaja que debe acumularse frente a los demás. También puede identificar los ámbitos en los que ninguna victoria nacional bastaría para garantizar la seguridad: fiabilidad de la información, protección de las infraestructuras, responsabilidad humana, ciberseguridad, investigación científica, gestión del agua, salud y resiliencia climática. En el primer caso, la IA corre el riesgo de reforzar la fragmentación regional; en el segundo, podría contribuir a transformar una interdependencia impuesta en una interdependencia mejor comprendida y parcialmente organizada.

El objetivo del próximo capítulo será, por tanto, menos determinar si Israel o Irán posee mayores capacidades tecnológicas que examinar qué podría ganar la región al transformar parte de esta competencia en normas comunes. En esta frontera entre rivalidad y cooperación podría tomar forma la idea de un Consejo Regional de Inteligencia Artificial. Una institución de este tipo no debería borrar las soberanías nacionales ni pretender resolver por sí sola los conflictos regionales. Podría, en cambio, servir como mecanismo de diálogo, intercambio de conocimientos especializados y elaboración de principios comunes en ámbitos cuyos riesgos superan las capacidades de un Estado aislado. Su credibilidad dependería de un mandato realista, garantías de transparencia, una representación regional suficientemente inclusiva y una distinción clara entre cooperación civil, seguridad digital y las cuestiones militares más sensibles.

ISRAEL, IRÁN Y LA COMPETENCIA TECNOLÓGICA

77. Israel como potencia tecnológica

Israel aborda la era de la inteligencia artificial a partir de una ventaja construida durante varias décadas: una elevada concentración de competencias científicas y empresariales, un ecosistema desarrollado en tecnologías de la información, una experiencia reconocida en ciberseguridad, una industria tecnológica conectada con los mercados internacionales y unas estrechas relaciones entre investigación, innovación y seguridad nacional. Esta trayectoria explica por qué las autoridades israelíes consideran ahora la inteligencia artificial un componente de la resiliencia nacional, más allá de su potencial económico. El 16 de junio de 2026, el Gobierno adoptó una decisión destinada a acelerar el desarrollo de este sector. Las principales orientaciones del programa nacional se presentaron posteriormente ante la Knéset en julio. Incluyen, entre otros aspectos, las infraestructuras de computación, el desarrollo del capital humano, la ciberseguridad, la IA aplicada a sistemas físicos y la integración de esta tecnología en diferentes sectores de la economía y los servicios públicos.

Los objetivos anunciados dan una idea de la magnitud de las ambiciones israelíes. El programa prevé, en particular, desarrollar una capacidad de hasta 100.000 procesadores o aceleradores dedicados a la IA, apoyar la construcción de un ordenador cuántico israelí y reforzar la formación, desde la educación escolar hasta los estudios universitarios y la investigación especializada. También busca atraer a investigadores que trabajan en el extranjero o facilitar su regreso, así como preparar a la población activa para las transformaciones del trabajo. Paralelamente, los debates parlamentarios sobre el reconocimiento de las infraestructuras de computación como elementos estratégicos reflejan una evolución importante: los centros de datos, la potencia informática y la continuidad de los servicios digitales se consideran cada vez más cuestiones de seguridad nacional. Sin embargo, estos anuncios describen objetivos de política pública y no demuestran que todas las capacidades previstas estén ya disponibles.

Esta orientación muestra que Israel no busca únicamente producir mejores programas informáticos o apoyar la creación de nuevas empresas. Pretende consolidar una cadena tecnológica más completa que reúna investigadores, universidades, infraestructuras de computación, datos, ciberseguridad, industria y aplicaciones civiles o de seguridad. La competencia ya no se refiere únicamente a la calidad de los modelos de IA, sino también a la capacidad de disponer de los recursos humanos, materiales e institucionales necesarios para desarrollarlos, adaptarlos y utilizarlos. La experiencia israelí también ha reforzado la atención prestada a las dependencias externas, especialmente cuando el acceso a infraestructuras digitales, componentes o servicios de proveedores extranjeros puede verse afectado por una crisis política o militar.

Sin embargo, el poder tecnológico no constituye una garantía automática de estabilidad. Una elevada capacidad científica puede reforzar la defensa de un Estado, pero también aumentar la inquietud de sus adversarios. En un entorno marcado por la desconfianza, una innovación presentada como defensiva por quien la desarrolla puede interpretarse como una futura capacidad ofensiva por quien la observa. La IA corre así el riesgo de intensificar el dilema de seguridad: las medidas adoptadas por un actor para protegerse pueden incitar a los demás a reforzar sus propias capacidades, alimentando una dinámica colectiva de inseguridad. El desafío estratégico no consiste únicamente en determinar hasta dónde puede avanzar Israel, sino también en comprender cómo se percibirá ese avance en su entorno regional y qué consecuencias podría tener esa percepción sobre el comportamiento de los demás Estados.

78. El ecosistema tecnológico iraní

Irán aborda esta transformación desde una situación diferente. Las sanciones, las restricciones al acceso a determinadas tecnologías occidentales y las limitaciones económicas han reducido parte de sus posibilidades, sin impedir el desarrollo de un capital científico nacional ni la aparición de un ecosistema tecnológico adaptado a sus condiciones. Teherán no dispone del mismo acceso a los mercados internacionales, las infraestructuras occidentales de computación y las cadenas de suministro tecnológico que los principales centros mundiales. Su desarrollo depende, por tanto, en mayor medida de la investigación local, la adaptación de tecnologías existentes, el uso de recursos accesibles, la formación de especialistas y la búsqueda de asociaciones externas. Esta trayectoria no significa que todas estas estrategias produzcan resultados equivalentes a los de las inversiones realizadas por las economías más avanzadas, pero demuestra que las restricciones externas no eliminan necesariamente toda capacidad de innovación.

Las autoridades iraníes han puesto en marcha iniciativas destinadas a estructurar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial. Las orientaciones públicas presentadas en torno a esta tecnología la vinculan con la competitividad, la investigación científica y la autonomía nacional. No obstante, es necesario distinguir entre los objetivos anunciados, los mecanismos efectivamente aplicados y los resultados mensurables. La información disponible no permite considerar todas las ambiciones iraníes como capacidades operativas verificadas. La prudencia resulta aún más necesaria porque los datos relativos a los programas sensibles, las infraestructuras y las actividades militares suelen ser parciales, mientras que las comunicaciones oficiales pueden responder a objetivos de política interna o de señalización estratégica.

La guerra de 2026 también invita a examinar la resiliencia tecnológica desde una perspectiva más amplia. Algunos análisis sobre las capacidades iraníes en materia de drones y tecnologías de doble uso describen un ecosistema que reúne instituciones de investigación, universidades, empresas, talleres especializados y redes de suministro. Estas evaluaciones deben tratarse como análisis estratégicos y no como inventarios independientes y exhaustivos. Sin embargo, ponen de relieve una realidad importante: la capacidad tecnológica de un país no se reduce a unas pocas infraestructuras centrales. Parte de los conocimientos especializados puede distribuirse entre distintas instituciones y actores, lo que dificulta evaluar los efectos de una presión externa basándose únicamente en las instalaciones más visibles.

Esta distinción también importa en el ámbito de la inteligencia artificial. Un país puede desarrollar aplicaciones utilizando herramientas existentes, programas de código abierto, modelos accesibles o capacidades locales de adaptación. Algunas informaciones periodísticas publicadas en 2026 también señalaron el uso de herramientas de IA disponibles comercialmente por parte de actores iraníes en actividades digitales y de seguridad. Cuando este tipo de informaciones se refiere a operaciones clandestinas, deben atribuirse a sus fuentes y no generalizarse al conjunto del aparato tecnológico iraní. No obstante, ilustran una tendencia más amplia: la difusión internacional de la IA dificulta el establecimiento de un monopolio tecnológico duradero por parte de un pequeño número de potencias.

La trayectoria iraní muestra, por tanto, que un país puede estar limitado tecnológicamente sin permanecer inmóvil. Puede perder el acceso a determinadas arquitecturas, desarrollar soluciones alternativas, adaptar herramientas existentes o buscar otras asociaciones. Esto no significa que las sanciones carezcan de efectos ni que Irán disponga de recursos y resultados equivalentes a los de los principales centros mundiales de IA. Significa que las restricciones pueden modificar las modalidades de la competencia tecnológica sin ponerle necesariamente fin.

79. Drones, misiles, ciberseguridad e inteligencia artificial

La convergencia entre la inteligencia artificial y las tecnologías militares no debe interpretarse como la aparición de un arma única capaz de alterar instantáneamente el equilibrio regional. La transformación es más difusa. Afecta a la recopilación de datos, la vigilancia de sistemas, el análisis de inteligencia, la protección de redes, la planificación y la automatización de determinadas funciones. Un dron que utiliza un algoritmo no es automáticamente un sistema de armas autónomo. Del mismo modo, un dispositivo de defensa que incorpora IA no significa que las decisiones políticas o militares se hayan transferido a una máquina. Es necesario distinguir entre asistencia algorítmica, automatización de funciones específicas y autonomía en la selección o el ataque de un objetivo.

Esta distinción es esencial para comprender las trayectorias de Israel e Irán. Israel cuenta con un ecosistema especialmente desarrollado en tecnologías de la información, ciberseguridad e investigación aplicada. Irán ha desarrollado capacidades en drones, misiles, guerra electrónica y determinadas actividades cibernéticas, al tiempo que adapta sus decisiones tecnológicas a unas condiciones económicas e industriales diferentes. Los análisis estratégicos sobre Oriente Medio también muestran que varios Estados de la región invierten en aplicaciones militares y de seguridad de la IA. La competencia, por tanto, no se limita a dos países: se inscribe en un entorno más amplio en el que los Estados del Golfo, Turquía y otros actores también buscan consolidar sus capacidades.

Las tecnologías circulan entre Estados, empresas, universidades y redes científicas. Los componentes diseñados en un país pueden integrarse en otro; los programas informáticos civiles pueden adaptarse a usos de seguridad; los modelos de acceso público pueden ser modificados por usuarios sin vínculos institucionales con sus creadores. Esta circulación no elimina las ventajas que proporcionan las infraestructuras, las competencias y las inversiones a gran escala. Sin embargo, dificulta el establecimiento de fronteras nítidas entre los ecosistemas tecnológicos. Un Estado puede conservar una ventaja en determinados ámbitos y seguir siendo vulnerable en otros, especialmente cuando sus sistemas dependen de proveedores, componentes o redes internacionales.

Los acontecimientos de 2026 también recordaron que las infraestructuras digitales están ahora vinculadas a la seguridad económica y a la continuidad de los servicios esenciales. Los centros de datos, las redes de comunicaciones, los sistemas energéticos y las capacidades de computación ya no son simples soportes técnicos. Su perturbación puede afectar a las empresas, los servicios públicos, las transacciones financieras y las comunicaciones. En marzo de 2026, instalaciones de centros de datos operadas por Amazon Web Services en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin resultaron afectadas en el contexto de ataques con drones, lo que provocó daños e interrupciones de servicios. Este episodio ilustra la vulnerabilidad física de unas infraestructuras digitales cuyo funcionamiento también depende de la electricidad, la refrigeración, las telecomunicaciones y la seguridad de las instalaciones.

Esta evolución confiere a la competencia tecnológica una dimensión paradójica. Cuanto más intentan los Estados aumentar su autonomía, más deben tener en cuenta las redes internacionales de las que depende su desarrollo. Cuanto más desean proteger sus infraestructuras, más deben evaluar los riesgos relacionados con los proveedores, los componentes y los socios externos. La autonomía tecnológica absoluta sigue siendo, por tanto, un objetivo difícil de alcanzar. La cuestión práctica consiste más bien en controlar las dependencias esenciales, diversificar los suministros, reforzar la resiliencia y evitar que una vulnerabilidad técnica se convierta en un instrumento de presión estratégica.

80. La tecnología como multiplicador del poder

Uno de los errores más frecuentes en el análisis del poder tecnológico consiste en creer que una tecnología superior produce automáticamente un resultado estratégico superior. Sin embargo, la historia militar y política demuestra que la tecnología nunca funciona de manera aislada. Sus efectos dependen de la calidad de las instituciones, la formación del personal, los recursos económicos, la capacidad industrial, la doctrina, la logística, la inteligencia, la diplomacia y la facultad de transformar una innovación en un resultado duradero. La inteligencia artificial no eliminará esta regla. Incluso podría reforzar su importancia, porque el rendimiento de un sistema depende tanto de su entorno humano y material como de sus propiedades técnicas.

El programa nacional israelí presentado en 2026 ilustra esta lógica al combinar infraestructuras de computación, formación, investigación, ciberseguridad y aplicaciones de IA. El objetivo consiste en consolidar un ecosistema capaz de sostener la innovación a largo plazo. Irán, pese a contar con recursos y restricciones diferentes, también intenta vincular la investigación, el desarrollo nacional y las aplicaciones estratégicas. Las dos trayectorias no son equivalentes, pero reflejan una misma evolución: la IA se está convirtiendo progresivamente en una infraestructura de poder y no simplemente en una herramienta adicional.

Los Estados que invierten en este ámbito no buscan, por tanto, únicamente mejorar sus capacidades militares inmediatas. También pretenden preparar su posición económica y científica para las próximas décadas. Un país capaz de formar especialistas, disponer de datos fiables, desarrollar infraestructuras informáticas e integrar la IA en sus empresas puede mejorar sus servicios públicos, su investigación médica, su industria, su agricultura y sus sistemas logísticos. Los avances en un sector pueden alimentar así los de otros, creando un efecto acumulativo.

Sin embargo, esta acumulación también conlleva el riesgo de que aumenten las desigualdades. Los países que se retrasen en infraestructuras digitales, formación e investigación pueden volverse más dependientes de proveedores extranjeros, perder competencias y ver reducido su margen de decisión. La cuestión de la IA se relaciona así con la del desarrollo. Para Oriente Medio, el desafío no consistirá únicamente en determinar qué Estados dispondrán de los sistemas más avanzados, sino también en establecer si los beneficios de la transformación tecnológica podrán difundirse lo suficiente como para reducir las brechas económicas y sociales, en lugar de profundizarlas.

81. Por qué la superioridad tecnológica no garantiza la estabilidad

La superioridad tecnológica puede reforzar la capacidad disuasoria de un Estado, mejorar sus servicios de inteligencia y aumentar sus medios de defensa. Sin embargo, no puede generar confianza por sí sola. En determinadas circunstancias, incluso puede producir el efecto contrario. Cuanto más desarrolla un Estado capacidades difíciles de observar, más pueden preguntarse sus adversarios para qué podrían utilizarse. Cuanto más acelera una tecnología el procesamiento de la información, más puede reducirse el tiempo dedicado a verificarla. Y cuanto más complejos se vuelven los sistemas, más dificultades pueden tener los responsables para comprender qué sabe su adversario, qué pretende hacer y cómo interpreta sus propias acciones.

El dilema de seguridad entre Israel e Irán podría encontrar así un nuevo escenario en la IA. Si Israel refuerza sus capacidades para mejorar su seguridad, Irán puede interpretar esa evolución como una amenaza e intentar desarrollar sus propios medios. Si Irán avanza en automatización, ciberseguridad o aplicaciones militares de la IA, Israel puede considerar esos avances una razón adicional para acelerar sus inversiones. Cada actor puede actuar racionalmente según su propia percepción de la seguridad y, al mismo tiempo, contribuir a una dinámica colectiva de inseguridad. La IA no crea este mecanismo, pero puede acelerar algunos de sus aspectos y dificultar la interpretación de las intenciones.

La cuestión central pasa a ser entonces la previsibilidad. Un entorno regional relativamente estable no exige que todos los Estados dispongan de las mismas capacidades. Requiere que los actores puedan comprender suficientemente las capacidades, las intenciones y los límites de los demás para evitar los errores de cálculo más peligrosos. Esta previsibilidad puede reforzarse mediante mecanismos de comunicación, procedimientos de notificación, normas comunes y acuerdos sobre ámbitos específicos. No requiere una confianza total. En muchas relaciones internacionales, la estabilidad comienza cuando los adversarios aceptan reducir determinadas incertidumbres sin haber resuelto sus diferencias fundamentales.

El futuro tecnológico de Oriente Medio podría seguir dos direcciones. En la primera, Israel, Irán, las monarquías del Golfo, Turquía y las demás potencias regionales prosiguen su competencia en IA, ciberseguridad, sistemas autónomos e infraestructuras digitales, sin disponer de mecanismos comunes suficientes para prevenir incidentes. La tecnología se convierte entonces en otro ámbito de rivalidad, que se suma a las tensiones militares, energéticas y diplomáticas. En la segunda, los mismos Estados reconocen progresivamente que determinadas categorías de riesgos son demasiado transnacionales para poder controlarlas individualmente y comienzan a elaborar normas comunes, aunque sean limitadas, en materia de ciberseguridad, protección de infraestructuras civiles, desinformación y responsabilidad humana en las decisiones sensibles.

Esta segunda vía no presupone una reconciliación inmediata ni la desaparición de las rivalidades. Exige distinguir entre los ámbitos en los que la competencia puede continuar y aquellos en los que la ausencia de normas genera peligros excesivos para todos. Esta distinción podría constituir uno de los fundamentos del Pacto Regional Global propuesto en este dossier. Una arquitectura moderna no exigiría a Israel e Irán compartir la misma visión política. Intentaría, más bien, impedir que cada innovación se convierta automáticamente en una nueva fuente de inestabilidad.

La historia de las relaciones israeloiraníes nos ha llevado desde una cooperación estratégica que en otro tiempo fue posible hasta una rivalidad que se ha convertido en un factor estructural. La inteligencia artificial introduce una contradicción adicional: la tecnología que aumenta las capacidades individuales también puede multiplicar las vulnerabilidades compartidas. La cooperación tecnológica no es necesariamente un objetivo político que todos los actores compartan; puede convertirse en una necesidad estratégica en ámbitos específicos. El siguiente capítulo examina cómo podría traducirse esta posibilidad en mecanismos institucionales.

TRANSFORMAR LA IA EN UN ÁMBITO DE COOPERACIÓN

82. Un código regional de conducta sobre la IA

Oriente Medio no necesita esperar a que desaparezcan sus rivalidades para reflexionar sobre unas normas comunes relativas a la inteligencia artificial. Precisamente porque los Estados siguen en desacuerdo sobre las grandes cuestiones de seguridad, podría buscarse una primera forma de cooperación en ámbitos donde la ausencia de normas genera riesgos compartidos. Un código regional de conducta sobre la IA podría constituir un punto de partida. No sería un tratado de paz tecnológica ni un mecanismo destinado a impedir que los Estados desarrollen sus propias capacidades. Su objetivo sería más limitado: definir principios mínimos relativos a la responsabilidad, la protección de datos, la ciberseguridad, la verificación de contenidos generados artificialmente, la protección de infraestructuras civiles y el uso responsable de la IA en ámbitos sensibles.

Esta iniciativa podría inspirarse en los trabajos internacionales sin pretender sustituirlos. En 2026, las Naciones Unidas continuaron sus debates sobre la gobernanza de la IA y los sistemas de armas autónomos. El Grupo de Expertos Gubernamentales encargado de las tecnologías emergentes en el ámbito de los sistemas de armas letales autónomos se reunió, en particular, en Ginebra del 31 de agosto al 4 de septiembre. Estos trabajos reflejan la creciente importancia de estas cuestiones, pero no significan que ya exista un acuerdo internacional completo. Por tanto, un posible marco regional debería presentarse como complementario de los instrumentos internacionales y respetar las obligaciones jurídicas existentes.

El interés de un código regional residiría en traducir determinados principios generales a las realidades de Oriente Medio. La región reúne varias lenguas importantes, sistemas políticos diferentes, niveles tecnológicos desiguales y percepciones de la seguridad a menudo contradictorias. Una norma uniforme impuesta desde el exterior podría encontrar resistencia. Un marco negociado progresivamente podría comenzar por objetivos en los que convergen los intereses sin exigir una confianza política total: la protección de datos médicos, la autenticación de comunicaciones oficiales, el intercambio de información sobre incidentes que afecten a infraestructuras civiles y la cooperación contra determinadas formas de ciberdelincuencia.

La credibilidad de un código de este tipo dependería de su capacidad para ir más allá de una declaración de principios. Sería necesario distinguir entre compromisos voluntarios, obligaciones eventualmente acordadas y mecanismos de seguimiento. Los Estados podrían comenzar con procedimientos de notificación y consulta, desarrollar después normas comunes para determinados sectores civiles y reservar las cuestiones militares más sensibles para negociaciones específicas. Esta progresión permitiría crear hábitos de cooperación sin exigir que la confianza ya estuviera establecida.

83. Regulación de las armas autónomas

El ámbito militar representa la parte más difícil de esta iniciativa. La IA aplicada a los sistemas de armas afecta directamente a la soberanía, la disuasión y la concepción que cada Estado tiene de su propia seguridad. Sin embargo, también es el ámbito en el que la ausencia de normas puede producir las consecuencias más graves. En agosto de 2026, el secretario general de las Naciones Unidas y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja renovaron su llamamiento a la adopción de normas específicas sobre los sistemas de armas autónomos. Subrayaron la creciente brecha entre las capacidades tecnológicas y los marcos regulatorios, e instaron a negociar un instrumento jurídicamente vinculante que incluyera prohibiciones y restricciones claras.

Oriente Medio podría contribuir a esta evolución elaborando paralelamente principios regionales. Debe mantenerse una distinción esencial: no todos los sistemas que utilizan IA son armas autónomas. Una herramienta que analiza datos para asistir a un operador humano no plantea exactamente las mismas cuestiones que un sistema capaz de seleccionar y atacar un objetivo sin una nueva intervención humana. Los debates del Grupo de Expertos Gubernamentales de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales abordan, entre otros aspectos, las definiciones, el control humano, las responsabilidades y las medidas aplicables durante el ciclo de vida de los sistemas. La diversidad de posiciones nacionales demuestra que el consenso internacional todavía debe construirse. Una iniciativa regional no podría resolver por sí sola una cuestión que trasciende ampliamente sus fronteras.

Un enfoque realista comenzaría por la responsabilidad. Los sistemas militares que utilicen un grado significativo de autonomía deberían estar sujetos a cadenas de mando identificables, evaluaciones jurídicas apropiadas, procedimientos de supervisión y límites de uso claramente definidos. El principio fundamental consistiría en prevenir cualquier situación en la que la responsabilidad humana desapareciera detrás del funcionamiento de un sistema técnico. No se trataría de pedir inmediatamente a todos los Estados que renunciaran a cualquier tecnología avanzada, sino de garantizar que ninguna tecnología se convierta en un ámbito sin responsables.

En una región marcada por crisis recurrentes, estas normas también podrían reducir los errores de interpretación. No eliminarían las rivalidades militares, pero podrían mejorar la previsibilidad de determinadas prácticas y contribuir al respeto del derecho internacional humanitario. Un adversario cuyas intenciones siguen siendo objeto de controversia no se convierte por ello en un socio. Sin embargo, conocer ciertos límites y procedimientos puede reducir el riesgo de que se tome una decisión basándose en la peor hipótesis posible.

84. Cooperación contra la ciberdelincuencia

La ciberseguridad podría constituir un ámbito más accesible para la cooperación regional, porque afecta directamente a las sociedades civiles. Un ataque contra un banco, un hospital, una red de telecomunicaciones o un sistema de distribución de agua puede tener consecuencias graves, independientemente de las relaciones políticas entre los gobiernos implicados. Los delincuentes digitales aprovechan las fronteras, las diferencias jurisdiccionales y las deficiencias de cooperación. La inteligencia artificial puede agravar estas dificultades al facilitar determinadas operaciones automatizadas, acelerar el análisis de datos y permitir la producción masiva de contenidos engañosos.

La cooperación regional podría comenzar con el establecimiento de canales permanentes que permitan a las autoridades competentes comunicarse cuando se detecte un incidente importante. Esta arquitectura complementaría los mecanismos nacionales, los acuerdos bilaterales y los dispositivos internacionales existentes. Podría prever procedimientos de notificación, una clasificación común de incidentes, intercambios de buenas prácticas, ejercicios de resiliencia y protocolos destinados a impedir que un incidente informático se interprete inmediatamente como un ataque militar deliberado.

La confianza seguiría siendo un obstáculo importante. Un Estado puede dudar en transmitir información técnica a otro por temor a que se utilice en su contra. Por ello, una arquitectura creíble tendría que distinguir entre los datos necesarios para la protección colectiva y la información que pertenece al ámbito de la inteligencia nacional. La cooperación no exigiría revelar capacidades ofensivas ni secretos estratégicos. Podría comenzar con el intercambio de información sobre amenazas que afecten a infraestructuras civiles, vulnerabilidades compartidas y medios para limitar los daños.

Podría contemplarse así un mecanismo regional de respuesta a incidentes digitales civiles. No constituiría una alianza militar ni tendría como finalidad atribuir automáticamente un ciberataque a un Estado. Su primera misión sería limitar las consecuencias de un incidente, cualquiera que fuera su origen presunto. En un entorno donde la atribución técnica puede ser compleja y políticamente controvertida, la protección de los servicios esenciales debería preceder a las conclusiones definitivas sobre las responsabilidades. Este enfoque podría ofrecer a Israel, Irán, los Estados árabes y Turquía un ámbito de cooperación técnica incluso si sus relaciones políticas siguieran siendo difíciles.

85. Protección común de las infraestructuras críticas

La cooperación adquiriría un carácter más concreto si se extendiera a las infraestructuras de las que depende la vida cotidiana. Las redes eléctricas, el agua potable, los hospitales, las telecomunicaciones, los puertos, los sistemas financieros y determinadas cadenas alimentarias constituyen elementos de seguridad nacional, pero también de seguridad humana. Su perturbación puede afectar simultáneamente a varios sectores y producir consecuencias económicas y sociales que superen el territorio donde se originó el incidente.

Un mecanismo regional podría definir una base común de resiliencia: identificación de las infraestructuras más sensibles, normas mínimas de ciberseguridad, procedimientos de comunicación durante una crisis y modalidades de asistencia técnica en caso de un incidente grave. No sería necesario crear inmediatamente infraestructuras compartidas. La compatibilidad de los procedimientos, el intercambio de información pertinente y la capacidad de prestar asistencia específica ya constituirían avances útiles.

La cuestión del agua justifica especialmente este enfoque. El Banco Mundial lleva varios años señalando que Oriente Medio y el Norte de África afrontan una presión hídrica excepcional. Según sus estimaciones, aproximadamente el 60% de los recursos de agua superficial de la región son transfronterizos y todos los países comparten al menos un acuífero. Estos datos ilustran la importancia de una gestión coordinada de los recursos. La IA no eliminará la escasez de agua, pero puede contribuir a medir el consumo, detectar determinadas pérdidas, anticipar variaciones y mejorar la gestión de las infraestructuras. En 2026, la FAO también inició un diálogo regional sobre el uso de la IA en los sistemas agroalimentarios de Oriente Próximo y el Norte de África, especialmente en relación con los datos, las competencias y las aplicaciones agrícolas adaptadas al clima.

Esta convergencia entre agua, datos e IA abre una perspectiva para el Pacto Regional Global. Datos considerados estratégicos en un contexto de competencia podrían agregarse y compartirse para objetivos civiles específicos, con normas adecuadas de seguridad y confidencialidad. De este modo, podrían desarrollarse sistemas de seguimiento hidrológico, previsiones meteorológicas, plataformas de datos agrícolas y mecanismos de alerta climática sin exigir una integración política de los Estados. El objetivo sería construir bienes públicos regionales en ámbitos donde las vulnerabilidades ya son compartidas.

86. La IA al servicio del agua, la agricultura y la salud

Quizá sea en los ámbitos civiles donde la inteligencia artificial pueda demostrar con mayor claridad su capacidad para transformar la cooperación. En una región donde el agua, la alimentación, el clima y la salud constituyen limitaciones estructurales, una tecnología capaz de mejorar la previsión y la asignación de recursos tiene un valor que va mucho más allá del ámbito económico. En abril de 2026, la FAO puso en marcha un diálogo regional dedicado a los ecosistemas de datos necesarios para la IA en los sistemas agroalimentarios de Oriente Próximo y el Norte de África. En sesiones posteriores se abordaron los obstáculos a la adopción de estas tecnologías, las competencias humanas y las aplicaciones de la IA en la agricultura inteligente frente al clima.

La cooperación regional podría apoyarse en proyectos cuya utilidad fuera perceptible de inmediato: una mejor anticipación de las sequías, el intercambio de datos meteorológicos e hidrológicos, herramientas multilingües para los agricultores o sistemas de apoyo a la toma de decisiones adaptados a las condiciones locales. La IA también podría contribuir a la vigilancia de enfermedades, la gestión de las reservas médicas y la organización de las emergencias sanitarias. Estos proyectos no resolverían los conflictos políticos, pero podrían modificar progresivamente la percepción de los beneficios de la cooperación regional.

La salud constituye un ámbito especialmente importante. Las enfermedades transmisibles no respetan las fronteras, y la vigilancia sanitaria puede beneficiarse de datos procedentes de varios países, siempre que su gobernanza proteja la privacidad y los derechos individuales. La IA puede ayudar a identificar determinadas tendencias epidemiológicas, optimizar los recursos médicos y acelerar el análisis científico. Sin embargo, no constituye una solución automática. Sus resultados dependen de la calidad de los datos, las infraestructuras, las competencias disponibles y la supervisión humana. Los trabajos regionales de la FAO ilustran una realidad similar en la agricultura: los beneficios tecnológicos dependen de un entorno institucional y humano adecuado.

También podría contemplarse la creación de un fondo regional destinado a financiar aplicaciones de IA que presenten beneficios públicos mensurables. Los Estados, las universidades, las empresas y las organizaciones internacionales podrían apoyar proyectos relacionados con el agua, la agricultura, la salud, la energía y la resiliencia climática. Más allá de su financiación, un mecanismo de este tipo contribuiría a crear comunidades científicas capaces de trabajar juntas pese a los desacuerdos entre los gobiernos. Las redes de investigación no eliminan los antagonismos políticos, pero pueden mantener relaciones profesionales y científicas útiles cuando el contexto diplomático se deteriora.

87. La IA para la prevención de catástrofes

La prevención de catástrofes ofrece otro ámbito de cooperación. Los terremotos, las inundaciones, las sequías, los incendios, las tormentas de arena y las olas de calor no se ajustan a las fronteras políticas. La capacidad de anticipar determinados riesgos, cartografiar las zonas vulnerables y transmitir rápidamente información fiable puede reducir las consecuencias humanas y económicas de una catástrofe. En este ámbito, la cooperación tiene un valor inmediato: los datos complementarios pueden mejorar determinadas previsiones, mientras que los sistemas de alerta coordinados pueden facilitar la protección de las poblaciones.

Una arquitectura regional podría reunir a institutos meteorológicos, universidades, servicios de protección civil, centros de investigación y autoridades sanitarias. Podría elaborar análisis destinados a prevenir riesgos civiles, con normas transparentes sobre los datos utilizados. Los sistemas de alerta asistidos por IA deberían someterse a validación humana, procedimientos de corrección y mecanismos para señalar las incertidumbres. El objetivo no sería sustituir a las instituciones nacionales, sino proporcionarles una capacidad colectiva adicional.

Esta propuesta también tiene una dimensión política. Cuando científicos israelíes, iraníes, árabes y turcos trabajan en la prevención de catástrofes, no se convierten necesariamente en socios en cuestiones de seguridad. Sin embargo, pueden contribuir a un objetivo común que no se define exclusivamente por el antagonismo. La cooperación científica crea así una interdependencia diferente de la impuesta por la guerra o los mercados: se basa en la producción de un bien público.

La IA podría conectar progresivamente los diferentes ámbitos de esta arquitectura. Los datos climáticos pueden mejorar los modelos agrícolas, la información hidrológica puede contribuir a la planificación energética y las previsiones meteorológicas pueden ayudar a proteger las redes eléctricas. Los datos sanitarios también pueden mejorar la anticipación de determinadas emergencias. El interés de un sistema regional consistiría en permitir que estas informaciones interactúen dentro de marcos seguros, con normas precisas sobre su acceso y utilización. De este modo, la cooperación se convertiría en un ecosistema de resiliencia y no en una sucesión de proyectos aislados.

88. Hacia un Consejo Regional de Inteligencia Artificial

A largo plazo, estas iniciativas podrían conducir a la creación de una nueva institución: un Consejo Regional de Inteligencia Artificial. No debería concebirse como una autoridad supranacional capaz de imponer sus decisiones a los Estados. Una concepción de ese tipo probablemente sería incompatible con las realidades políticas de Oriente Medio y con la sensibilidad de las cuestiones de soberanía. Podría funcionar, más bien, como un mecanismo intergubernamental de coordinación, asesoramiento especializado, prevención de riesgos y diálogo científico. Su legitimidad dependería de su capacidad para seguir siendo útil sin convertirse en un instrumento político de un grupo contra otro.

Su composición debería reflejar esta vocación. Los Estados participantes podrían designar representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Ciencia, Salud, Agricultura, Agua, Energía, Telecomunicaciones y Justicia. Universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas y organizaciones internacionales podrían contribuir a determinados trabajos con estatutos claramente definidos. El objetivo sería reconocer que la IA ya no corresponde a un solo ministerio ni siquiera a un solo Estado. Afecta simultáneamente a la seguridad, el desarrollo, los derechos, la economía y el conocimiento.

El Consejo podría comenzar con un mandato limitado: elaborar normas regionales de referencia, publicar un informe periódico sobre los riesgos relacionados con la IA, organizar ejercicios de resiliencia digital, promover la cooperación científica, apoyar proyectos civiles comunes y facilitar el diálogo durante incidentes tecnológicos importantes. También podría albergar un observatorio encargado de estudiar los efectos de la IA en las sociedades, los mercados laborales, los medios de comunicación, la seguridad y los derechos humanos. Una institución de esta naturaleza no pretendería controlar todo el desarrollo de la IA. Buscaría mejorar la capacidad de los Estados para comprender sus consecuencias y reducir los riesgos colectivos.

La participación sería decisiva. Si el Consejo estuviera reservado exclusivamente a los signatarios del Pacto de La Meca, correría el riesgo de reproducir la lógica de bloques que este dossier busca superar. Su vocación debería ser abrirse progresivamente a todos los Estados de la región que acepten sus principios. Es posible que Israel e Irán no estén preparados para participar inmediatamente en los mismos mecanismos. Esto no debería impedir el diseño de una institución capaz de acogerlos en el futuro. Los Estados también podrían participar en determinados ámbitos sin adherirse a todos los dispositivos, siempre que esta flexibilidad no vaciara de contenido los compromisos asumidos.

Esta institución podría convertirse en uno de los instrumentos del Pacto Regional Global. El proyecto desarrollado en este dossier no se basa en la idea de que una conferencia bastaría para resolver décadas de conflictos. Parte de una intuición diferente: la paz duradera puede comenzar con la creación progresiva de intereses comunes que hagan que la cooperación resulte más racional que la confrontación en determinados ámbitos. El agua, la energía, las infraestructuras críticas, la salud, el clima y la inteligencia artificial podrían proporcionar otros tantos puntos de apoyo para esta evolución.

El Consejo Regional de Inteligencia Artificial no sería, por tanto, simplemente una nueva estructura administrativa. Representaría el reconocimiento institucional de un hecho estratégico: determinadas amenazas y oportunidades superan la capacidad de actuación de cada Estado considerado por separado. Los gobiernos podrían seguir defendiendo sus intereses nacionales, preservando sus alianzas y manteniendo sus doctrinas de seguridad, al tiempo que aceptarían que ciertos problemas justifican normas comunes. En este espacio intermedio entre soberanía e interdependencia podría surgir una nueva concepción de la seguridad regional.

La historia de las relaciones entre Israel e Irán muestra cómo la confrontación puede convertirse en un sistema duradero. La IA permite vislumbrar una posibilidad diferente: una tecnología compartida podría servir como punto de partida para una arquitectura de cooperación, sin hacer desaparecer los antagonismos. Podría crear ámbitos en los que los intereses de cada Estado dependieran más de la capacidad de todos para prevenir daños colectivos. Esta perspectiva conduce a la Parte VII, dedicada al núcleo prospectivo del dossier: el Pacto Regional Global.

EL PACTO GLOBAL REGIONAL

¿POR QUÉ UN NUEVO PACTO?

89. Las alianzas militares ya no son suficientes

La historia reciente de Oriente Medio demuestra que el poder militar sigue siendo indispensable para los Estados que buscan proteger su territorio, su población y su soberanía. También pone de manifiesto los límites de una concepción de la seguridad basada casi exclusivamente en la disuasión, la represalia o el apoyo de una potencia externa. Las alianzas, las asociaciones de defensa y las garantías de seguridad pueden reducir determinadas vulnerabilidades, crear capacidades compartidas y modificar los cálculos de un adversario. Sin embargo, no responden plenamente a una cuestión más profunda: ¿cómo construir un entorno regional en el que las crisis sean menos frecuentes, menos imprevisibles y menos susceptibles de transformarse en enfrentamientos generalizados? Una alianza puede proteger a sus miembros sin crear un orden regional compartido. Dependiendo de su alcance y de la manera en que la perciban los Estados ajenos a ella, incluso puede contribuir a establecer nuevas líneas de división. Por tanto, el problema no es la existencia de las alianzas como tales, sino la ausencia de una arquitectura suficientemente amplia para articular las preocupaciones de seguridad de los distintos bloques regionales.

El acuerdo de defensa concluido en agosto de 2026 entre Arabia Saudita, Türkiye y Pakistán constituye un acontecimiento importante en este contexto. El mecanismo, denominado Pacto de La Meca, prevé, entre otras disposiciones, que un ataque armado contra uno de los signatarios sea considerado un ataque contra los tres. Las conversaciones militares y políticas posteriores se han centrado en la coordinación y las modalidades de cooperación. No obstante, es necesario distinguir entre la firma del acuerdo, los procedimientos nacionales de ratificación y su aplicación efectiva. Este acontecimiento refleja la voluntad de reforzar la coordinación estratégica entre determinados Estados, pero no constituye, por sí solo, un sistema regional completo. Deja abiertas varias cuestiones: ¿cómo abordar las rivalidades que atraviesan las alianzas? ¿Qué lugar debe reservarse a los Estados que no participan en ellas? ¿Cómo evitar que la multiplicación de los mecanismos de protección dé lugar a varias arquitecturas rivales, cada una de las cuales busque protegerse de las demás?

Es en este contexto donde adquiere sentido el Pacto Global Regional propuesto en este informe. No se trata de un tratado existente ni se pretende sustituir los acuerdos de defensa ya concluidos. Se trata de una propuesta de arquitectura política e institucional basada en una idea sencilla: la seguridad regional ya no puede concebirse únicamente como la suma de las seguridades nacionales. También debe incorporar las condiciones que permitan a los Estados sentirse suficientemente protegidos para aceptar el diálogo, la transparencia gradual, la cooperación económica, la gestión conjunta de los riesgos y, a largo plazo, la reducción de determinadas formas de confrontación. El Pacto sería, por tanto, complementario de las alianzas, en lugar de constituir necesariamente una alternativa a ellas. Su objetivo sería construir un espacio en el que Estados pertenecientes a distintos sistemas de defensa pudieran compartir unas reglas mínimas de coexistencia.

Esta reflexión trasciende el ámbito puramente teórico. En junio de 2026, el secretario general de las Naciones Unidas pidió explorar una nueva arquitectura de seguridad para el Golfo basada en el respeto de la soberanía y la integridad territorial, la no injerencia y una cooperación multilateral reforzada. Esta declaración no constituye el modelo institucional descrito en el presente informe, pero refleja una preocupación más amplia por la organización de la seguridad regional. El desafío consiste ahora en transformar esa idea en mecanismos concretos, compatibles con los intereses nacionales y suficientemente abiertos para acoger a Estados que no comparten las mismas alianzas.

90. La disuasión sin diálogo

La disuasión sigue siendo un concepto fundamental de las relaciones internacionales. Se basa en la idea de que un Estado puede prevenir un ataque convenciendo a su adversario de que el coste de dicha acción superaría los beneficios esperados. En determinadas circunstancias, esta lógica contribuye a impedir una confrontación directa. Sin embargo, presenta una debilidad estructural: funciona mejor cuando las intenciones, las capacidades y las líneas rojas de los actores son relativamente comprensibles. Cuando la información es incompleta, intervienen indirectamente actores armados, las doctrinas evolucionan con rapidez y las tecnologías aceleran los tiempos de decisión, la disuasión se vuelve menos previsible. El poder concebido para impedir la guerra puede entonces alimentar una espiral en la que cada medida defensiva se interpreta como una preparación ofensiva.

Oriente Medio ilustra especialmente bien esta dificultad. Los Estados no se enfrentan únicamente a adversarios directos, sino que operan dentro de una red de relaciones en la que confluyen conflictos locales, organizaciones armadas, rivalidades regionales, potencias externas, infraestructuras energéticas, rutas comerciales y tecnologías digitales. Una crisis en un determinado espacio puede producir rápidamente consecuencias en otros lugares. En junio de 2026, el secretario general de la ONU destacó las repercusiones más amplias de la escalada regional sobre los mercados, las rutas comerciales, los precios de la energía y los fertilizantes, así como sobre la seguridad alimentaria. Por tanto, el problema no consiste únicamente en determinar si un Estado dispone de una capacidad de respuesta suficiente. También consiste en establecer si el sistema regional cuenta con mecanismos capaces de impedir que una interpretación errónea, un ataque limitado o una crisis local desencadenen una cadena de reacciones que exceda las intenciones iniciales de sus protagonistas.

El diálogo interviene precisamente en este punto. No debe confundirse con la confianza y mucho menos con la amistad entre gobiernos. Dos Estados pueden mantener profundas discrepancias y, al mismo tiempo, tener interés en disponer de canales que les permitan aclarar una intención, anunciar determinadas medidas, prevenir un incidente o buscar una salida cuando comienza una crisis. El diálogo no elimina la disuasión, pero puede reducir sus ambigüedades. Una línea directa de comunicación no impide necesariamente un conflicto, aunque puede ayudar a distinguir una decisión política de un accidente, una postura defensiva de una preparación ofensiva o una declaración pública de una verdadera intención de escalada. En un entorno donde la velocidad tecnológica aumenta mientras se reduce el tiempo disponible para tomar decisiones, esta capacidad de aclaración se convierte, por sí misma, en una forma de seguridad.

El Pacto Global Regional debería partir, por tanto, de una constatación menos espectacular, pero más exigente, que la creación de una nueva alianza: ninguna arquitectura duradera puede sustentarse únicamente en el temor que cada actor inspira a los demás. También debe crear mecanismos capaces de gestionar las situaciones en las que la disuasión fracasa, se vuelve ambigua o produce precisamente el comportamiento que pretendía evitar. La seguridad ya no consistiría solamente en la capacidad de responder a un ataque, sino también en la capacidad de reducir colectivamente la probabilidad de que una crisis llegue al punto en que la respuesta militar parezca inevitable.

91. De la seguridad nacional a la seguridad colectiva

Pasar de la seguridad nacional a la seguridad colectiva no significa pedir a los Estados que renuncien a su soberanía. Una interpretación de ese tipo haría que el proyecto resultara políticamente inviable desde su origen. El principio sería diferente: cada Estado conservaría la responsabilidad primordial de su propia defensa, al tiempo que reconocería que determinadas amenazas no pueden ser abordadas eficazmente por un solo gobierno. Las infraestructuras energéticas están interconectadas, los recursos hídricos atraviesan fronteras, las rutas marítimas vinculan distintas economías y las redes digitales ignoran las fronteras políticas. Los fenómenos climáticos afectan simultáneamente a varios territorios, mientras que las crisis alimentarias pueden propagarse a través de los precios y las cadenas de suministro. La inteligencia artificial añade una nueva dimensión a esta interdependencia, ya que sus aplicaciones pueden afectar simultáneamente a la seguridad, la economía, la información, la salud y las infraestructuras críticas.

Por tanto, la seguridad colectiva debe entenderse menos como una obligación de combatir conjuntamente que como una capacidad para prevenir determinadas categorías de riesgos. Esta distinción permite imaginar una cooperación entre Estados que no comparten la misma ideología, las mismas alianzas ni la misma percepción de sus adversarios. Algunos podrían mantener estrechas relaciones militares con Washington, otros con Pekín o Moscú, mientras que otros procurarían preservar una autonomía estratégica más marcada. En principio, nada impediría que esos mismos Estados cooperaran en la protección de las redes eléctricas, la seguridad marítima, la gestión de catástrofes, la prevención de incidentes cibernéticos, la administración de los recursos hídricos o la lucha contra determinadas formas de delincuencia transnacional.

Esta lógica ya encuentra puntos de apoyo en las instituciones regionales e internacionales. Las Naciones Unidas, el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga de los Estados Árabes disponen de mecanismos de consulta y cooperación, mientras que varios Estados han desarrollado instrumentos bilaterales o sectoriales. Sin embargo, estas estructuras todavía no constituyen una arquitectura regional coherente e inclusiva. El desafío del Pacto Global Regional no consistiría en eliminarlas, sino en buscar complementariedades entre ellas, evitar duplicaciones innecesarias y desarrollar mecanismos capaces de funcionar más allá de las afinidades políticas o militares.

También es necesario aceptar que probablemente no todos los Estados se incorporarán al proceso al mismo tiempo. Los sistemas regionales rara vez se construyen en una sola etapa. Una primera comunidad de cooperación puede dar paso a mecanismos sectoriales, medidas de confianza, acuerdos técnicos y, eventualmente, instituciones permanentes. Por tanto, el Pacto podría funcionar según una lógica de adhesión progresiva. Algunos Estados comenzarían por la seguridad marítima, otros por el agua o la energía, y otros por la ciberseguridad y la inteligencia artificial. La seguridad colectiva dejaría entonces de ser una declaración abstracta para convertirse en un conjunto de interdependencias organizadas progresivamente.

92. Pasar del equilibrio del miedo al equilibrio de los intereses

El equilibrio del miedo describe una realidad antigua de las relaciones internacionales: cuando los Estados desconfían unos de otros, procuran elevar el coste de una agresión lo suficiente como para disuadir al adversario. Sin embargo, este equilibrio tiene un límite fundamental. Puede impedir determinados comportamientos sin modificar los intereses que han generado la rivalidad. Dos Estados pueden seguir considerándose amenazas mutuas y, al mismo tiempo, evitar temporalmente la guerra. La estabilidad alcanzada sigue siendo frágil, porque depende de la continuidad de los cálculos que sostienen la disuasión. Cuando cambian las capacidades, llega al poder un nuevo dirigente, una tecnología modifica la relación de fuerzas o una crisis transforma las percepciones, el equilibrio puede ponerse en cuestión.

El equilibrio de los intereses responde a una lógica diferente. No exige que los adversarios renuncien inmediatamente a sus divergencias. Busca hacer surgir suficientes intereses comunes para que, en determinados ámbitos, la cooperación resulte progresivamente más racional que la escalada. El agua ofrece un ejemplo evidente. La energía, las rutas marítimas, las infraestructuras digitales, la seguridad alimentaria, la prevención de catástrofes y la investigación científica proporcionan otros. Cuanto más compartidos y visibles sean los costes de una ruptura, más podrá la estabilidad dejar de ser únicamente el resultado del miedo para convertirse también en una consecuencia de intereses reconocidos mutuamente.

El Pacto Global Regional no exigiría, por tanto, a Israel, Irán, los Estados árabes, Türkiye y las demás potencias regionales que resolvieran de inmediato sus diferencias históricas. Una ambición semejante ignoraría la profundidad de las memorias colectivas, las doctrinas y los intereses en juego. Se trataría, más bien, de crear una arquitectura en la que la resolución de determinadas cuestiones concretas pudiera preceder a la solución de los grandes problemas políticos. Los Estados pueden empezar a cooperar en materia de agua sin haber resuelto sus disputas territoriales. Pueden establecer procedimientos de notificación marítima sin haber concluido un acuerdo político general. También pueden compartir determinados datos científicos sobre catástrofes naturales sin haber construido una relación de confianza plena. La cooperación podría convertirse así en un instrumento para generar confianza, en lugar de ser únicamente una consecuencia de ella.

Este enfoque se inscribiría en los principios de solución pacífica de las controversias y de cooperación regional establecidos por la Carta de las Naciones Unidas. En junio de 2026, el secretario general pidió a los actores de Oriente Medio que dieran prioridad al diálogo y las negociaciones, al tiempo que subrayó la necesidad de una arquitectura de seguridad más amplia para el Golfo. El Pacto propuesto trataría menos de inventar una nueva filosofía que de aplicar esos principios de manera más sistemática a un entorno demasiado interdependiente para seguir organizado exclusivamente en torno a la confrontación.

La cuestión central pasa entonces a ser la construcción institucional. Si el equilibrio del miedo puede proteger frente a determinados escenarios de agresión, el equilibrio de los intereses debe hacer que la paz resulte progresivamente más beneficiosa que la confrontación. Esto requiere compromisos políticos, pero también procedimientos de consulta, mecanismos de prevención, espacios científicos, acuerdos económicos y normas tecnológicas. La seguridad del siglo XXI ya no puede reducirse a la defensa de las fronteras físicas: un Estado puede proteger su territorio y, aun así, seguir siendo vulnerable a una interrupción energética, hídrica, digital, financiera o climática que trascienda ampliamente sus fronteras.

El Pacto Global Regional sería, por tanto, menos un tratado milagroso que un método para reducir progresivamente el peso estructural de los antagonismos. Su primera ambición sería hacer posible la coexistencia entre Estados que todavía desconfían unos de otros. La segunda consistiría en transformar ciertas interdependencias impuestas por las circunstancias en interdependencias organizadas. La tercera sería crear mecanismos capaces de gestionar las crisis antes de que se conviertan en guerras. La cuarta sería reconocer que la soberanía no consiste únicamente en poder decidir de manera independiente, sino también en saber cooperar cuando los riesgos superan la capacidad de actuación de un solo país.

Los nueve pilares que se presentan a continuación no deben entenderse como los capítulos de un nuevo tratado militar. Constituyen los componentes de una arquitectura progresiva en la que la seguridad, la economía, el agua, la energía, la tecnología, el clima y la gobernanza regional dejarían de tratarse como cuestiones completamente separadas. La apuesta es considerable: hacer evolucionar Oriente Medio desde un sistema en el que cada actor procura ante todo protegerse del poder de los demás hacia otro en el que varios Estados reconozcan que su propia seguridad también depende de la estabilidad de aquellos a quienes ayer consideraban adversarios.

LOS NUEVE PILARES DEL PACTO GLOBAL REGIONAL

El Pacto Global Regional no podría ser creíble si se limitara a proclamar la necesidad de la paz. Oriente Medio ya cuenta con numerosas declaraciones, conferencias, iniciativas diplomáticas y estructuras de cooperación. Lo que más falta hace no es el vocabulario de la paz, sino una articulación permanente entre las distintas dimensiones de la seguridad. Una crisis militar puede convertirse en una crisis energética; una perturbación energética puede afectar al suministro de alimentos; una crisis hídrica puede intensificar las tensiones sociales; un ciberataque puede interrumpir infraestructuras esenciales; y una catástrofe climática puede provocar desplazamientos de población y ejercer una presión adicional sobre Estados que ya son frágiles. En 2026, las Naciones Unidas destacaron las repercusiones internacionales de las crisis regionales sobre los mercados, las rutas comerciales, los precios de la energía y las cadenas de suministro. Por ello, el Pacto debe concebirse como una arquitectura en la que las distintas dimensiones de la seguridad se refuercen mutuamente.

Esta concepción se inscribe en una reflexión institucional que ya está en marcha a escala internacional. En junio de 2026, el secretario general de las Naciones Unidas pidió explorar una arquitectura de seguridad para el Golfo basada en la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia y una cooperación multilateral reforzada. El Pacto Global Regional propuesto aquí se inscribe en esa problemática sin pretender reproducir un modelo externo. No sería una nueva alianza militar ni una organización supranacional que impusiera a los Estados una política común. Sería un marco de cooperación gradual, capaz de integrar a países que conservarían sus alianzas, doctrinas e intereses propios, pero que aceptarían someter determinadas categorías de riesgos a mecanismos compartidos.

93. Pacto de no agresión

El primer pilar sería un compromiso de no recurrir a la fuerza contra los demás participantes y de no utilizar el propio territorio para preparar o facilitar una agresión contra otro miembro. Una disposición de este tipo no implicaría renunciar al derecho de legítima defensa reconocido por el derecho internacional. Establecería, más bien, una norma regional según la cual las controversias deberían someterse, en la medida de lo posible, a la consulta, la mediación y los mecanismos diplomáticos antes de que la fuerza se convierta en el instrumento preferente. Sin embargo, su credibilidad dependería menos de la formulación de una declaración que de la creación de procedimientos capaces de funcionar rápidamente después de un incidente. La notificación, la consulta urgente, las líneas directas de comunicación, los mecanismos de esclarecimiento de los hechos y las posibilidades de mediación deberían acompañar al compromiso político. El objetivo no sería determinar de inmediato la responsabilidad jurídica o política por un acontecimiento, sino impedir que la incertidumbre sea sustituida automáticamente por la sospecha y que esta desencadene una escalada.

Este principio sería especialmente importante en una región donde pueden superponerse varias crisis. Un incidente marítimo, un ataque contra una infraestructura, una operación clandestina o un acontecimiento atribuido a un actor no estatal pueden interpretarse rápidamente como la expresión de una política nacional. Por tanto, el Pacto debería crear una capacidad institucional que permitiera a los gobiernos comunicarse antes de que sus decisiones quedaran atrapadas en una lógica de represalias. La no agresión no sería únicamente una promesa de no atacar, sino también un mecanismo destinado a reducir la probabilidad de que los Estados lleguen al punto en que un ataque les parezca la única respuesta posible.

94. Seguridad colectiva

El segundo pilar ampliaría la noción de defensa. La seguridad colectiva no significaría que todos los Estados debieran intervenir automáticamente por medios militares cuando uno de sus miembros fuera atacado. Una concepción semejante reproduciría la lógica de las alianzas clásicas y reduciría las posibilidades de una participación más amplia. Significaría, más bien, reconocer que determinadas amenazas tienen carácter regional y requieren una respuesta coordinada, principalmente en aquellos ámbitos en los que la cooperación civil e institucional puede impedir que una crisis se agrave.

Las infraestructuras críticas ofrecen un ejemplo concreto. Las redes eléctricas, las plantas desalinizadoras, los hospitales, las telecomunicaciones, los puertos, los sistemas financieros y las redes de abastecimiento de agua pueden tener una importancia que trasciende su ubicación nacional. Su interrupción puede afectar simultáneamente a varias sociedades. El Pacto podría organizar mecanismos comunes de alerta, resiliencia, asistencia técnica y continuidad de los servicios esenciales. La misma lógica podría aplicarse a las catástrofes naturales, las crisis sanitarias, los desplazamientos de población y las interrupciones del suministro alimentario. La seguridad regional ya no se activaría únicamente cuando las fronteras estuvieran directamente amenazadas; también podría hacerlo cuando estuvieran en peligro las condiciones materiales de la estabilidad colectiva.

95. Seguridad nuclear y estratégica

El tercer pilar sería probablemente el más sensible, porque afectaría directamente a las percepciones existenciales de los Estados. Debería abarcar no solo el programa nuclear iraní, sino también, de manera más amplia, la seguridad estratégica regional: la no proliferación, la protección y la seguridad de las instalaciones nucleares, la transparencia, la prevención de accidentes, los sistemas balísticos y otras capacidades susceptibles de modificar los cálculos de seguridad. Sin embargo, sería necesario distinguir los estatutos jurídicos, las doctrinas y las capacidades de los distintos Estados, y evitar la creación de un mecanismo regional que pretendiera sustituir a los instrumentos internacionales existentes.

El marco internacional ya proporciona una base. La Conferencia de Examen de 2026 del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, celebrada del 27 de abril al 22 de mayo, concluyó sin la adopción de un documento final consensuado. Este resultado pone de relieve la dificultad de alcanzar acuerdos sobre la no proliferación, las salvaguardias, los usos pacíficos de la energía nuclear y las perspectivas de establecer en Oriente Medio una zona libre de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva. También refuerza el interés de examinar mecanismos regionales complementarios, sin presentarlos como sustitutos de las obligaciones internacionales.

En una primera etapa, la cooperación podría centrarse en la seguridad de las instalaciones, los procedimientos de emergencia, la notificación de incidentes y los intercambios científicos apropiados. Posteriormente, podrían plantearse conversaciones más ambiciosas sobre transparencia estratégica cuando las condiciones políticas lo permitieran. Esta progresividad es esencial. La reducción de riesgos puede resultar políticamente más accesible que la resolución inmediata de todas las cuestiones estratégicas. Un mecanismo que permitiera a los Estados comprender mejor las consecuencias de un incidente, comunicarse con rapidez y evitar errores de cálculo ya constituiría un avance, aunque persistieran las discrepancias fundamentales.

96. Seguridad marítima

El cuarto pilar abarcaría los espacios marítimos que conectan Oriente Medio con el resto del mundo. El estrecho de Ormuz constituye el ejemplo más evidente, pero debe situarse dentro de un conjunto que comprende el golfo de Omán, el mar Rojo, el golfo de Adén, Bab el-Mandeb y las principales rutas comerciales que conectan el océano Índico con el Mediterráneo. Las crisis de 2026 recordaron que la seguridad de estos espacios no es únicamente una cuestión militar regional. También afecta al comercio, la energía, la alimentación, el transporte y la estabilidad económica mundial. En junio, varios Estados del Golfo subrayaron ante las Naciones Unidas la importancia del estrecho de Ormuz para la prosperidad regional y la economía mundial, e hicieron un llamamiento para preservar esta vía marítima de conformidad con el derecho internacional.

El Pacto podría establecer un mecanismo regional de seguridad marítima que asociara a los Estados ribereños, los Estados usuarios y las organizaciones internacionales competentes. Entre sus funciones podrían figurar el intercambio de información, la prevención de incidentes, la protección de las infraestructuras portuarias y la coordinación humanitaria. La seguridad marítima dejaría de concebirse únicamente como una prolongación de la rivalidad militar y pasaría a entenderse como una cuestión que afecta simultáneamente al comercio, la energía, la alimentación, la movilidad humana y la estabilidad económica. Este enfoque permitiría incorporar progresivamente a Estados que no comparten las mismas alianzas, pero que tienen interés en preservar la libertad de navegación y la continuidad de los intercambios, de conformidad con el derecho internacional.

97. Seguridad energética

El quinto pilar partiría de una realidad fundamental: la energía es, al mismo tiempo, una fuente de poder, ingresos e influencia, así como un factor de vulnerabilidad. Los hidrocarburos han otorgado a Oriente Medio una posición excepcional en la economía mundial, pero esta centralidad también expone a la región y a sus socios cuando se interrumpen los flujos de suministro. Las tensiones regionales de 2026 recordaron los posibles efectos de las crisis sobre los precios de la energía, las cadenas de suministro, los fertilizantes, la alimentación y la actividad económica mundial. Por tanto, la seguridad energética ya no puede separarse de la seguridad marítima, económica y alimentaria.

El Pacto podría transformar esta vulnerabilidad en una interdependencia organizada mediante mecanismos de consulta energética, capacidades de respuesta ante emergencias coordinadas, diversificación de las fuentes y las rutas de suministro, desarrollo de las redes eléctricas y cooperación en materia de almacenamiento y energías renovables. La región podría combinar hidrocarburos, energía solar, energía nuclear civil, hidrógeno y redes eléctricas sin considerar necesariamente que estos recursos sean excluyentes entre sí. Cuanto más diversificadas sean las fuentes energéticas de las economías y más numerosas sus vías de abastecimiento, menor será el riesgo de que una interrupción puntual se convierta en una crisis sistémica. La seguridad energética se transformaría así en una política regional de resiliencia, en lugar de limitarse a una política de producción.

98. Seguridad hídrica y climática

El sexto pilar demuestra por qué una arquitectura regional no puede seguir siendo exclusivamente militar. El agua ignora las fronteras políticas. Las cuencas transfronterizas, los acuíferos compartidos, las sequías, las inundaciones, la desertificación y las temperaturas extremas generan interdependencias que ni siquiera los Estados más poderosos pueden eliminar. Los estudios del Banco Mundial destacan la magnitud de la presión hídrica en Oriente Medio y el Norte de África, así como la importancia de gestionar de manera cooperativa los recursos compartidos. El agua se encuentra en la intersección de la salud, la alimentación, la energía, la economía, el clima y la estabilidad social.

Oriente Medio podría convertir el agua en uno de los primeros ámbitos en los que Estados con profundas diferencias políticas aceptaran construir una cooperación duradera. La desalinización, la reutilización de aguas residuales, la eficiencia agrícola, la vigilancia de los acuíferos, los datos meteorológicos, la prevención de inundaciones y la adaptación a las sequías podrían conformar una agenda regional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua prevista para diciembre de 2026, organizada conjuntamente por los Emiratos Árabes Unidos y Senegal, ofrece asimismo un marco internacional para impulsar los debates sobre los recursos hídricos y los compromisos de cooperación. Una iniciativa regional no eliminaría las sequías ni el aumento de las temperaturas, pero podría reducir el coste colectivo de gestionarlos y transformar una vulnerabilidad compartida en un ámbito de cooperación estratégica.

99. Cooperación económica

El séptimo pilar sería económico. No se trataría de crear inmediatamente una zona de libre comercio que abarcara todo Oriente Medio, sino de construir progresivamente intereses comunes suficientemente importantes para que la estabilidad resultara económicamente ventajosa. Los corredores comerciales, las infraestructuras portuarias y ferroviarias, las zonas industriales, las cadenas de suministro alimentario, las inversiones transfronterizas, las tecnologías financieras y las cadenas de valor regionales podrían constituir los primeros instrumentos de esta transformación.

La experiencia de 2026 recordó que una crisis regional puede afectar rápidamente a economías situadas a gran distancia de su epicentro. Las perturbaciones de la energía, el comercio, el transporte y las cadenas de suministro demostraron que las vulnerabilidades económicas están estrechamente vinculadas. En este contexto, la integración económica no sería únicamente un objetivo de crecimiento, sino también un instrumento de resiliencia. Cuanto más compartan las economías regionales intereses comerciales, industriales y de infraestructura, más colectivas serán las consecuencias de una ruptura y más tangible será el valor de preservar la estabilidad.

No obstante, este enfoque debería tener en cuenta las asimetrías económicas, las diferencias en la capacidad institucional y los riesgos de una dependencia excesiva. Una cooperación creíble requeriría normas de transparencia, mecanismos de resolución de controversias, garantías adecuadas para las inversiones y una atención especial a los efectos sociales de los proyectos. El objetivo no sería sustituir las dependencias externas por una dependencia regional, sino diversificar las oportunidades económicas y garantizar que los beneficios de la integración no quedaran reservados a un número limitado de actores.

100. Cooperación científica y tecnológica

El octavo pilar se centraría en el conocimiento. En una región donde las diferencias tecnológicas pueden convertirse en factores de poder, la cooperación científica ofrece un espacio distinto al de las negociaciones militares. La medicina, el agua, la agricultura, el clima, la energía solar, el almacenamiento energético, la ciberseguridad defensiva, la meteorología, la salud pública, la gestión de catástrofes y la inteligencia artificial podrían ser objeto de programas conjuntos en los que participaran universidades, centros de investigación y empresas, siempre que existieran normas estrictas sobre los datos y los usos sensibles.

Sin embargo, el desafío iría más allá de la producción científica. Una arquitectura regional no puede ser duradera si se construye exclusivamente desde los aparatos diplomáticos y de seguridad. También debe generar beneficios perceptibles en la vida cotidiana: una mejor gestión del agua, una agricultura más resiliente, una atención sanitaria más eficaz, sistemas de alerta más eficientes, infraestructuras energéticas más sólidas y mayores oportunidades de investigación para las nuevas generaciones. Las sociedades pueden mantener profundas discrepancias políticas y, al mismo tiempo, compartir datos climáticos, programas científicos o proyectos médicos. El conocimiento no eliminaría los antagonismos, pero permitiría crear espacios en los que las relaciones entre los pueblos no estuvieran determinadas por completo por sus diferencias políticas.

La cooperación debería sustentarse, no obstante, en normas claras sobre propiedad intelectual, financiación, protección de datos y prevención de transferencias no autorizadas de tecnologías sensibles. También sería conveniente incorporar mecanismos de movilidad científica, becas, programas de formación y asociaciones universitarias. El objetivo sería desarrollar capacidades regionales duraderas, en lugar de limitar la cooperación a proyectos puntuales dependientes de financiación temporal.

101. Gobernanza regional de la inteligencia artificial

El noveno pilar estaría dedicado a la inteligencia artificial porque esta atraviesa ya todos los anteriores. Influye en la seguridad, la economía, la información, la investigación, la agricultura, la salud, la ciberseguridad y las infraestructuras críticas. Por tanto, no puede tratarse como un sector tecnológico aislado. El Consejo Regional de Inteligencia Artificial propuesto en el capítulo anterior podría convertirse en uno de los primeros órganos permanentes del Pacto, con una función de coordinación en lugar de control supranacional. Podría trabajar en la elaboración de normas mínimas para los sistemas de alto riesgo, la protección de datos, la seguridad de las infraestructuras digitales, la cooperación científica, la prevención de usos malintencionados y el mantenimiento de una supervisión humana adecuada en las decisiones más sensibles.

Los debates internacionales de 2026 sobre los sistemas de armas autónomos y la necesidad de preservar la responsabilidad humana demuestran que estas cuestiones trascienden el ámbito de la innovación y afectan al derecho, la seguridad internacional y la responsabilidad política. Por ello, un marco regional debería complementar los instrumentos internacionales existentes, no pretender sustituirlos. También debería distinguir entre los usos civiles, comerciales y militares, cuyas exigencias de transparencia y cuyos riesgos no son idénticos.

Los nueve pilares no deben entenderse como nueve expedientes independientes. Constituyen las distintas dimensiones de un mismo sistema. El pacto de no agresión busca reducir el recurso a la fuerza; la seguridad colectiva organiza la respuesta a los riesgos comunes; la seguridad nuclear y estratégica pretende limitar los peligros de una confrontación de gran envergadura; la seguridad marítima protege las rutas comerciales; la energía y el agua refuerzan la resiliencia material; la cooperación económica crea intereses compartidos; la ciencia establece espacios de acercamiento; y la inteligencia artificial proporciona un nuevo ámbito de gobernanza cuyos efectos se extienden a todos los demás sectores.

El Pacto Global Regional solo sería verdaderamente innovador si lograra reunir estas dimensiones en una arquitectura coherente, sin pretender borrar las diferencias entre los Estados. No les exigiría abandonar sus alianzas, doctrinas o intereses nacionales. Buscaría crear, por encima de sus divergencias, un espacio en el que determinados riesgos fueran lo suficientemente comunes como para justificar mecanismos de prevención y gestión colectiva. Su éxito no se mediría por la desaparición inmediata de las rivalidades, sino por la capacidad de la región para impedir que una crisis en un ámbito se transforme automáticamente en una crisis generalizada.

Sin embargo, esta ambición no puede eludir una de las cuestiones más centrales de la política contemporánea de Oriente Medio. La cuestión palestina no es periférica a la arquitectura de seguridad regional, sino que constituye una dimensión histórica, política y humana esencial. Una iniciativa que pretendiera construir un orden duradero sin tener en cuenta los derechos, las aspiraciones nacionales y las exigencias de seguridad de las poblaciones afectadas seguiría siendo profundamente incompleta. Por tanto, la siguiente parte deberá examinar las condiciones en las que una arquitectura regional podría incorporar a Israel, los Estados árabes, Irán y los demás actores sin marginar la cuestión palestina ni reducir las aspiraciones de los pueblos a simples variables de negociación.

La ambición del Pacto Global Regional no es prometer una paz inmediata. Consiste en organizar progresivamente las condiciones que hagan la coexistencia más previsible, la cooperación más útil y la confrontación menos susceptible de propagarse al conjunto del sistema. Su apuesta central reside precisamente en esa capacidad de vincular los intereses nacionales con la estabilidad colectiva.

ISRAEL, PALESTINA Y LA CUESTIÓN DE LA JUSTICIA REGIONAL

Una arquitectura regional no puede eludir la cuestión palestina

102. Palestina en la ecuación de seguridad regional

Ninguna arquitectura de seguridad duradera en Oriente Medio puede tratar la cuestión palestina como un asunto ajeno a la estabilidad regional. La historia contemporánea demuestra que el conflicto israelo-palestino influye en las relaciones entre Israel y sus vecinos, las posiciones de los Estados árabes, las alianzas internacionales y las percepciones de la justicia y la seguridad. Esta interdependencia no significa que todas las crisis de Oriente Medio puedan reducirse a este conflicto. Las rivalidades entre Irán y sus adversarios, los intereses divergentes de las monarquías del Golfo, las ambiciones de Türkiye y las estrategias de las potencias externas tienen sus propias dinámicas. Significa, más bien, que ningún proyecto que pretenda organizar de manera duradera la seguridad regional puede ignorar las consecuencias políticas y humanas de la cuestión palestina.

El 22 de septiembre de 2026, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, reafirmó que la solución de dos Estados, basada en las líneas anteriores a junio de 1967 y en el derecho internacional, constituía la vía de referencia hacia una paz duradera entre israelíes y palestinos. También insistió en la necesidad de preservar la integridad política, económica y territorial de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, bajo un gobierno palestino legítimo y soberano. Unos días después, el informe de la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio subrayó que la reanudación de la actividad y la reconstrucción de Gaza no podían desvincularse de un proceso político más amplio. Estas posiciones recuerdan que una estabilización provisional de las hostilidades no basta para resolver las cuestiones de soberanía, gobernanza y derechos nacionales.

La dificultad es, por tanto, tanto institucional como diplomática. Si el Pacto Global Regional llegara a reunir progresivamente a Israel, los Estados árabes, Irán y otros actores, ¿cómo podría aspirar a una legitimidad duradera si el futuro político de los palestinos siguiera sin definirse? A la inversa, ningún acuerdo podría ignorar de manera duradera las preocupaciones de seguridad de los israelíes, en particular la protección de la población civil y la prevención de nuevos ataques. Una arquitectura seria debería procurar compatibilizar estas exigencias sin confundir sus fundamentos ni convertir una en condición para negar la otra. La seguridad de Israel y la autodeterminación palestina deben considerarse dos dimensiones indispensables de un acuerdo político duradero, y no objetivos necesariamente incompatibles.

103. Seguridad israelí y derechos palestinos

La búsqueda de una solución debe partir de una realidad fundamental: israelíes y palestinos tienen experiencias históricas, memorias colectivas y prioridades políticas diferentes, pero están vinculados por un mismo espacio geográfico y por un conflicto cuyas consecuencias trascienden sus fronteras. Israel considera la seguridad de su población y el reconocimiento de su existencia imperativos nacionales. Los palestinos reivindican su autodeterminación, su soberanía y el reconocimiento efectivo de sus derechos nacionales y políticos. Una arquitectura regional no puede construirse borrando una de estas dimensiones. Debe procurar establecer un marco en el que las garantías de seguridad no sirvan para perpetuar indefinidamente la ausencia de derechos políticos, mientras que la afirmación de los derechos palestinos vaya acompañada de acuerdos capaces de proteger a las poblaciones de ambas partes.

El derecho internacional constituye una referencia esencial, aunque no baste por sí solo para resolver el conflicto. En su opinión consultiva del 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la presencia continuada de Israel en el Territorio Palestino Ocupado era ilícita y recordó las obligaciones relacionadas con el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad, adoptada en diciembre de 2016, reafirmó que los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluido Jerusalén Este, carecían de validez jurídica y constituían un obstáculo importante para la solución de dos Estados. Estas referencias no eximen de la necesidad de alcanzar un acuerdo político, pero impiden tratar las cuestiones de territorio, ocupación y derechos nacionales como simples variables que las relaciones de fuerza podrían convertir en opcionales.

La tarea institucional consistiría en traducir los principios jurídicos en garantías aplicables. Podrían contemplarse mecanismos internacionales y regionales para acompañar los acuerdos negociados, observar su aplicación, facilitar la cooperación fronteriza, proteger a la población civil y prevenir incidentes susceptibles de provocar una nueva escalada. Su mandato debería definirse con precisión, de conformidad con el derecho internacional y las decisiones de las instituciones competentes. La credibilidad de un acuerdo dependería menos del número de garantías anunciadas que de la capacidad de las partes y de los actores encargados de respaldarlas para respetarlas a lo largo del tiempo.

La reconstrucción de Gaza ilustra especialmente esta exigencia. En su informe del 24 de septiembre de 2026, la ONU recordó que Gaza debía seguir siendo parte integrante de un futuro Estado palestino y reunificarse política, económica y administrativamente con Cisjordania. El informe también señala que los mecanismos de transición y financiación todavía no se han traducido en una recuperación a la escala necesaria. Por tanto, la reconstrucción no puede concebirse como una simple operación de ingeniería civil. Requiere instituciones capaces de gobernar, servicios públicos operativos, acceso humanitario sostenido y un horizonte político creíble. Sin estas condiciones, las infraestructuras reconstruidas correrían el riesgo de quedar expuestas a una nueva destrucción.

104. Las distintas vías diplomáticas

La solución de dos Estados sigue siendo el marco respaldado por las Naciones Unidas, pero este consenso de principio no resuelve las condiciones necesarias para llevarla a la práctica. Las cuestiones relativas a las fronteras, Jerusalén, los asentamientos, los refugiados, la gobernanza de Gaza, la seguridad, el reconocimiento mutuo y la viabilidad económica de un futuro Estado palestino siguen dividiendo a los actores implicados. La Declaración de Nueva York de 2025 sobre el arreglo pacífico de la cuestión palestina vinculó la perspectiva de dos Estados con garantías de seguridad, la reunificación de Gaza y Cisjordania, la cooperación económica y la exploración de una arquitectura regional inclusiva. También mencionó las experiencias de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa como posibles referencias, sujetas a las adaptaciones necesarias al contexto regional.

En los círculos políticos y académicos también se debaten otras fórmulas, entre ellas una confederación israelo-palestina, instituciones comunes limitadas a determinados ámbitos o acuerdos de cooperación entre entidades políticas distintas. Estas propuestas no cuentan con el mismo grado de reconocimiento internacional ni presentan las mismas condiciones de viabilidad. Su interés analítico reside, sobre todo, en las preguntas que permiten plantear: ¿cómo articular soberanía y movilidad? ¿Cómo garantizar los derechos de las poblaciones? ¿Cómo organizar el reparto de determinados recursos y la gestión de las infraestructuras? ¿Cómo abordar las cuestiones de Jerusalén, los refugiados y los asentamientos sin crear nuevas desigualdades institucionales?

El Pacto Global Regional no pretende elegir en lugar de israelíes y palestinos la forma definitiva de su acuerdo político. Su función debería consistir, más bien, en contribuir a definir las condiciones en las que una solución negociada pudiera desarrollarse dentro de un entorno regional más estable. Cualquier fórmula debería proteger a la población civil, permitir el ejercicio efectivo de los derechos políticos palestinos, responder a las preocupaciones de seguridad israelíes, preservar la estabilidad de los Estados vecinos y contar con garantías creíbles. También tendría que ser económicamente viable. Una solución territorial desprovista de seguridad seguiría siendo frágil; una solución de seguridad que dejara los derechos políticos sin respuesta de manera permanente lo sería igualmente.

105. El papel del derecho internacional

En una región marcada por relatos históricos contrapuestos, el derecho internacional proporciona un lenguaje común que permite distinguir entre las obligaciones jurídicas vigentes, los compromisos políticos y las reivindicaciones que todavía deben negociarse. La Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, las decisiones y opiniones consultivas de los tribunales competentes y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad constituyen referencias complementarias. La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 aclaró, en particular, varias cuestiones relativas a la ocupación y al derecho a la autodeterminación. Por su parte, la Resolución 2334 sigue siendo una referencia importante en lo relativo a los asentamientos y a las perspectivas de una solución basada en dos Estados.

Sin embargo, sería erróneo considerar que una referencia jurídica, por importante que sea, basta para producir la paz. Los principios deben ir acompañados de procedimientos de aplicación, mecanismos de consulta y medios para resolver pacíficamente las controversias. Una arquitectura regional podría facilitar el diálogo entre las partes, respaldar la supervisión de los compromisos acordados y promover el recurso a las instituciones internacionales competentes. Debería evitar sustituir a los tribunales existentes o crear procedimientos paralelos cuya autoridad pudiera ser cuestionada.

La fuerza del derecho reside precisamente en su capacidad para limitar la arbitrariedad y hacer más previsibles los compromisos. Para que esta función resulte creíble, las normas no pueden invocarse únicamente cuando favorecen los intereses de un actor. Por ello, el Pacto debería situar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, la protección de la población civil, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación en el centro de su enfoque, permitiendo al mismo tiempo que las partes negocien las modalidades prácticas de aplicación de los acuerdos. La estabilidad no se alcanzaría mediante la mera proclamación de principios, sino integrándolos progresivamente en los comportamientos y las instituciones.

106. Dos Estados, confederación y otras arquitecturas posibles

La solución de dos Estados se basa en la creación de un Estado palestino independiente y soberano que viva en paz y seguridad junto a Israel. En septiembre de 2026, António Guterres volvió a afirmar que esta solución debía apoyarse en las líneas anteriores a 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados. Sin embargo, su aplicación sigue enfrentándose a importantes obstáculos territoriales, institucionales y de seguridad. La continuidad geográfica del territorio palestino, la gobernanza de Gaza, el estatuto de Jerusalén, los asentamientos y la capacidad de un futuro Estado para ejercer efectivamente sus competencias constituyen cuestiones centrales, no simples detalles técnicos.

Las propuestas confederales exploran otra posibilidad: dos entidades políticas distintas podrían conservar su soberanía y, al mismo tiempo, compartir determinadas instituciones, mecanismos económicos, acuerdos de movilidad o dispositivos de cooperación. Esta fórmula podría tener en cuenta la interconexión geográfica de las poblaciones y las infraestructuras, pero plantearía dificultades considerables. El reparto de competencias, la igualdad política, el control de las fronteras, la seguridad, los refugiados, los recursos naturales y el estatuto de Jerusalén tendrían que regularse con suficiente precisión para evitar que las instituciones comunes se convirtieran en instrumentos de dominación.

Ninguna de estas opciones debe presentarse como una solución de aplicación inmediata. Su viabilidad depende de decisiones políticas, condiciones de seguridad y de la voluntad de las poblaciones afectadas. La función del Pacto consistiría en crear un entorno regional en el que las negociaciones pudieran desarrollarse sin verse interrumpidas constantemente por nuevas escaladas, preservando al mismo tiempo el derecho de las partes a determinar su futuro. La cuestión decisiva no sería, por tanto, únicamente el nombre de la arquitectura elegida, sino su capacidad para conciliar soberanía, seguridad, derechos, legitimidad democrática y viabilidad económica.

107. Por qué la paz exige algo más que un alto el fuego

Un alto el fuego puede detener los combates sin transformar las condiciones políticas que condujeron al enfrentamiento. La situación de Gaza en 2026 ilustra esta diferencia entre la suspensión de las hostilidades, la gobernanza, la recuperación económica y un acuerdo duradero. El informe de la ONU del 24 de septiembre señala que los mecanismos de transición siguen incompletos y que la recuperación continúa muy por debajo de las necesidades. También recuerda que la reconstrucción y el proceso político son interdependientes: ninguno de los dos puede prosperar de manera duradera por separado.

Una paz duradera debería articular varias dimensiones. La primera se refiere a la protección de las poblaciones y a la prevención de un retorno a las hostilidades. La segunda concierne a un acuerdo político que permita a israelíes y palestinos determinar su futuro dentro de un marco reconocido. La tercera se refiere a las instituciones capaces de administrar los territorios, prestar servicios públicos y rendir cuentas. La cuarta es económica: debe permitir la reconstrucción, la reanudación de los intercambios y el desarrollo de medios de subsistencia. La quinta es regional, ya que ningún acuerdo puede aislarse de manera duradera de las relaciones de seguridad, los intercambios económicos y las rivalidades que atraviesan Oriente Medio.

La Declaración de Nueva York de 2025 ya establecía un vínculo explícito entre la resolución de la cuestión palestina, las garantías de seguridad para ambas partes, la integración económica y la exploración de una arquitectura regional de seguridad. El Pacto Global Regional propone incorporar esta lógica a un marco más amplio, en el que las controversias políticas se aborden paralelamente a las cuestiones de cooperación y resiliencia. Esto no significa que la resolución del conflicto israelo-palestino haría desaparecer las rivalidades entre Irán, Israel, los Estados del Golfo, Türkiye y las demás potencias. Significa que un acuerdo justo y creíble podría reducir una de las principales fuentes de tensión y facilitar la construcción de mecanismos regionales de confianza.

La paz no se limitaría, por tanto, a la ausencia temporal de disparos. Requeriría instituciones suficientemente legítimas para prevenir las escaladas, garantías suficientemente creíbles para proteger a las poblaciones y condiciones políticas que permitieran a las sociedades vivir sin que la seguridad de una dependiera de la inseguridad permanente de la otra. La cuestión palestina se vincula así con la tesis central de este estudio: un adversario puede seguir siendo un competidor político sin que su hostilidad se convierta en el principio organizador de todo un sistema regional.

Sin embargo, incluso una arquitectura política y de seguridad más sólida seguiría enfrentándose a limitaciones que los tratados no pueden eliminar: la escasez de agua, el cambio climático, las necesidades energéticas, la degradación de los suelos y la seguridad alimentaria. Estos factores evolucionan a veces más lentamente que las crisis militares, pero pueden determinar las condiciones de vida de las generaciones futuras. La Parte IX está dedicada precisamente a estas vulnerabilidades físicas.

AGUA, CLIMA Y ENERGÍA: LAS VULNERABILIDADES DEL SIGLO

Oriente Medio frente a sus limitaciones físicas

108. Estrés hídrico

Oriente Medio afronta el siglo XXI con una paradoja estratégica: varios de sus Estados disponen de considerables recursos financieros, energéticos y tecnológicos, mientras que el agua dulce sigue siendo un recurso sometido a fuertes restricciones. El informe de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicado en 2026 indica que el estrés hídrico supera el 75% en el norte de África y Asia occidental. A escala mundial, la agricultura representa aproximadamente el 72% de las extracciones de agua dulce. Sin embargo, estos promedios ocultan importantes diferencias entre países y dentro de sus territorios. La vulnerabilidad hídrica depende de la disponibilidad de los recursos, pero también de la eficiencia de las redes, las pérdidas, las prácticas agrícolas, la urbanización, la calidad de la gobernanza y la capacidad para reutilizar el agua disponible.

La escasez no provoca automáticamente un conflicto. Se convierte en un factor de tensión cuando las instituciones no logran organizar las extracciones, proteger los acuíferos, compartir datos o negociar el uso de los recursos comunes. La región ya cuenta con importantes capacidades en desalación, riego, reutilización de aguas residuales y gestión de los recursos hídricos. Según la Agencia Internacional de la Energía, la región de Oriente Medio y Norte de África produjo aproximadamente 12.000 millones de metros cúbicos de agua desalinizada en 2024, un volumen que debería aumentar considerablemente de aquí a 2035, principalmente gracias a tecnologías de ósmosis inversa alimentadas con electricidad. Esta evolución abre nuevas perspectivas, pero no elimina los costes energéticos ni las limitaciones ambientales de la desalación.

El desafío consiste, por tanto, en combinar innovación tecnológica, accesibilidad económica y gestión sostenible. El Pacto Global Regional podría respaldar un mecanismo permanente dedicado a las cuencas hidrográficas compartidas, con datos comparables, sistemas de alerta, programas de investigación y procedimientos de consulta entre los Estados ribereños. La cooperación sería especialmente útil para prevenir malentendidos relacionados con las presas, las extracciones, la calidad del agua o las sequías. El objetivo no sería someter los recursos hídricos a una autoridad supranacional, sino garantizar que su gestión no dependa exclusivamente de unas relaciones de fuerza políticas cambiantes. Un recurso escaso puede convertirse en un ámbito de cooperación cuando los Estados disponen de datos fiables, normas previsibles y mecanismos de diálogo permanentes.

109. Desertificación

La desertificación no se reduce al avance mecánico de los desiertos sobre las tierras cultivables. Designa procesos de degradación de las tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, como resultado de la combinación de factores climáticos y actividades humanas. La pérdida de vegetación, la erosión de los suelos, la sobreexplotación de los recursos hídricos, determinadas prácticas agrícolas y la multiplicación de las sequías pueden reducir progresivamente la capacidad de los territorios para sostener las actividades económicas. En una región ya muy árida, estos fenómenos pueden tener consecuencias desproporcionadas para los medios de subsistencia, los precios de los alimentos y la estabilidad de las comunidades rurales.

Los efectos ambientales se transmiten a la economía y a la sociedad. Una caída de los rendimientos puede aumentar la dependencia de las importaciones; un alza de los precios de los alimentos puede agravar las dificultades de los hogares; y la disminución de los ingresos rurales puede acelerar las migraciones internas. Las ciudades que reciben nuevas poblaciones deben responder entonces a necesidades adicionales de agua, vivienda, energía y servicios públicos. Estas relaciones no son automáticas ni idénticas en todos los países, pero muestran cómo una vulnerabilidad ecológica puede amplificar fragilidades institucionales preexistentes.

La lucha contra la desertificación podría convertirse en un ámbito estructurante de la cooperación regional. La restauración de los suelos, la protección de los ecosistemas, la agricultura adaptada a la sequía, la vigilancia por satélite y la gestión inteligente del riego son ámbitos en los que los conocimientos generados en un país pueden resultar útiles para otros. Una política regional podría combinar investigación científica, financiación, formación e intercambio de datos para transformar la restauración de las tierras en una estrategia de seguridad alimentaria y desarrollo. No se trataría únicamente de proteger el medio ambiente, sino también de preservar los medios de subsistencia y reducir las presiones que podrían alimentar crisis sociales.

110. Calentamiento global

El cambio climático añade una dimensión temporal a estas vulnerabilidades. Mientras que una crisis militar puede estallar en cuestión de horas, los efectos climáticos suelen acumularse durante varias décadas. El aumento de las temperaturas, las olas de calor, los cambios en las precipitaciones, las sequías prolongadas, las lluvias extremas y la subida del nivel del mar modifican las condiciones en las que deben funcionar las ciudades, las redes energéticas, los sistemas sanitarios y las economías agrícolas. Estos efectos no son uniformes en toda la región, pero interactúan con la escasez de agua, la urbanización y la demanda energética.

El Pacto Global Regional debería incorporar el clima como una cuestión de resiliencia y seguridad a largo plazo. Las infraestructuras construidas hoy tendrán que seguir funcionando en condiciones climáticas que podrían diferir considerablemente de las existentes cuando fueron diseñadas. Las ciudades deberán adaptar sus redes de agua y electricidad, sus transportes y sus servicios sanitarios. Los sistemas agrícolas tendrán que hacer frente a una mayor incertidumbre, mientras que la demanda de refrigeración ejercerá una presión adicional sobre las redes eléctricas. La cooperación regional permitiría compartir observaciones meteorológicas, modelos climáticos, métodos de adaptación y conocimientos necesarios para planificar las infraestructuras.

La cuestión también afecta a las generaciones futuras. Una arquitectura que se limitara a prevenir las próximas crisis militares sería incompleta si dejara a las generaciones siguientes sistemas hídricos, energéticos y alimentarios cada vez más vulnerables. Por ello, el Pacto debería articular las urgencias del presente con las transformaciones a largo plazo, incorporando los horizontes de 2040, 2050 y más allá a la planificación regional. Este enfoque no implica pretender predecir con exactitud las crisis futuras. Consiste en reducir desde ahora las vulnerabilidades cuyas consecuencias podrían resultar cada vez más difíciles y costosas de gestionar.

111. Seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria se sitúa en la intersección entre el agua, la energía, el clima, el comercio y la estabilidad política. Varios Estados de Oriente Medio dependen considerablemente de las importaciones de alimentos, al tiempo que disponen de recursos hídricos limitados y condiciones agrícolas difíciles. Su seguridad depende, por tanto, no solo de la producción local, sino también del funcionamiento de los puertos, la continuidad de las rutas comerciales, el acceso a los fertilizantes, el coste de los combustibles y la estabilidad de los mercados internacionales. Una perturbación en cualquiera de estos ámbitos puede repercutir rápidamente en los costes de producción y en los precios de los alimentos.

La crisis regional de 2026 recordó el alcance mundial de estas interdependencias. Las perturbaciones de la navegación en el estrecho de Ormuz contribuyeron a aumentar la incertidumbre sobre los flujos energéticos y comerciales, mientras que las tensiones relacionadas con los fertilizantes, los combustibles y el transporte incrementaron los riesgos para los sistemas agrícolas. Así, los países que dependen en gran medida de las importaciones pueden verse afectados incluso cuando los combates no tienen lugar en su territorio. La seguridad alimentaria debe considerarse, por tanto, un componente de la seguridad económica y regional, y no una cuestión agrícola aislada.

El Pacto podría respaldar sistemas de alerta temprana, una mejor vigilancia de los mercados, la diversificación de los proveedores, mecanismos de coordinación logística e investigaciones sobre semillas adaptadas a las condiciones climáticas. También podría estudiarse la creación de una reserva alimentaria regional, siempre que su gobernanza, sus costes, las reglas para activarla y el reparto de responsabilidades estuvieran claramente definidos. El objetivo no sería alcanzar una autosuficiencia absoluta, poco realista para varios países, sino reducir la exposición a interrupciones repentinas del comercio. La resiliencia alimentaria depende más de la diversificación, la preparación y la cooperación que de la autarquía.

112. Dependencia energética

El sector energético ilustra otra paradoja de Oriente Medio. La región posee algunos de los recursos de hidrocarburos más importantes del mundo, pero varios de sus Estados afrontan una demanda interna de electricidad cada vez mayor, especialmente para la refrigeración, la desalación y la industria. Los hidrocarburos constituyen una fuente de ingresos y poder internacional, además de desempeñar un papel importante en el consumo y la producción nacionales. Por ello, una perturbación de las infraestructuras o de las rutas de exportación puede afectar simultáneamente a los presupuestos públicos, el suministro energético, las cadenas industriales y los mercados mundiales.

Los acontecimientos de 2026 ilustraron esta vulnerabilidad. Al 12 de octubre, las perturbaciones de la industria del gas natural licuado en el Golfo y la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz seguían afectando a los mercados internacionales. Qatar, en particular, sufría las consecuencias de los daños infligidos a sus infraestructuras gasísticas. Estos acontecimientos muestran que la seguridad energética no se reduce al volumen de las reservas ni a la capacidad de producción. También depende de la protección de las infraestructuras, la continuidad del transporte marítimo, la diversificación del suministro y la capacidad de las economías para absorber las perturbaciones.

La respuesta no consiste en abandonar bruscamente los hidrocarburos, que seguirán siendo importantes durante un período considerable, sino en diversificar progresivamente los sistemas energéticos. La energía solar, la eólica, el almacenamiento, la eficiencia energética, las redes interconectadas y, en los países que opten por ella, la energía nuclear civil sometida a estrictos requisitos de seguridad y gobernanza pueden contribuir a reducir determinadas vulnerabilidades. La transición debe diseñarse de manera que preserve la seguridad económica, al tiempo que limita los riesgos ambientales y las dependencias excesivas. Como demuestra la desalación, el agua y la energía ya están estrechamente vinculadas. Una estrategia regional coherente debería tratar ambos sectores como componentes de un mismo sistema de resiliencia.

TRANSFORMAR LAS VULNERABILIDADES EN INTERDEPENDENCIAS

113. Desalación

La desalación podría convertirse en uno de los grandes ámbitos de transformación de Oriente Medio, pero no constituye una solución universal. Esta tecnología requiere inversiones importantes, consume energía y puede generar salmueras cuyos efectos deben controlarse. Por ello, debe integrarse en una política más amplia que combine la reducción de las pérdidas en las redes, la reutilización de las aguas residuales, la eficiencia agrícola y la protección de los acuíferos. Las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, que anticipan un fuerte aumento de la producción regional de agua desalinizada hasta 2035, muestran que la cuestión girará cada vez más en torno a la eficiencia tecnológica y al suministro energético de las instalaciones.

El Pacto podría fomentar la cooperación científica e industrial, en particular mediante el intercambio de resultados de investigación, la elaboración de normas ambientales y la mejora del rendimiento energético de las instalaciones. Los países con capacidades tecnológicas podrían cooperar con aquellos cuyas necesidades hídricas fueran especialmente elevadas, mediante acuerdos financieros e institucionales negociados. El objetivo no sería sustituir la dependencia del agua natural por una dependencia política de infraestructuras costosas, sino diversificar las fuentes de suministro y reforzar la autonomía hídrica de cada país. La tecnología solo generará beneficios colectivos si se tienen en cuenta su accesibilidad, su coste y sus consecuencias ambientales.

114. Redes eléctricas regionales

Las interconexiones eléctricas pueden mejorar la resiliencia de los sistemas nacionales al permitir, siempre que existan capacidades disponibles y normas acordadas, intercambios de electricidad entre países. Pueden facilitar la integración de las energías renovables, reducir determinadas limitaciones del suministro y mejorar el aprovechamiento de la capacidad de generación. Sin embargo, también crean nuevas exigencias en materia de gobernanza, ciberseguridad, protección física de las infraestructuras y continuidad del servicio. Una interconexión no es, por tanto, únicamente un proyecto técnico: requiere un marco político suficientemente previsible para que los Estados puedan confiar en el funcionamiento de las instalaciones incluso cuando sus relaciones se deterioren.

Esta cooperación podría convertirse en una prueba importante para el Pacto Global Regional. Los gobiernos tendrían que acordar normas de reparto, estándares técnicos, procedimientos para hacer frente a las averías y mecanismos de solución de controversias. Los intercambios de electricidad no garantizarían la paz, pero podrían crear intereses comunes y hacer más visibles las consecuencias económicas de una ruptura. La cooperación energética desempeñaría entonces una función que iría más allá del suministro eléctrico: contribuiría a establecer prácticas de consulta y responsabilidades compartidas.

A largo plazo, las capacidades solares de algunas zonas, los recursos hidráulicos disponibles en otras y los sistemas convencionales o nucleares de determinados países podrían complementarse. Esta evolución dependería, no obstante, de las inversiones, la estabilidad normativa y la voluntad de los Estados. El objetivo no es suponer que una red regional eliminaría las rivalidades, sino demostrar que una interdependencia bien regulada puede ofrecer ventajas concretas, siempre que esté respaldada por mecanismos de confianza.

115. Energías renovables

El desarrollo de las energías renovables puede reducir determinadas vulnerabilidades energéticas y ambientales, al tiempo que crea nuevas oportunidades industriales. El potencial solar de Oriente Medio es considerable, y algunos territorios también presentan condiciones favorables para la energía eólica. Sin embargo, el potencial natural no basta: los proyectos necesitan redes, capacidad de almacenamiento, financiación, competencias técnicas, mercados previsibles y un marco normativo estable. Sin estas condiciones, las nuevas capacidades corren el riesgo de permanecer aisladas o de no generar los beneficios esperados.

Una estrategia regional podría fomentar las inversiones en redes, investigación, almacenamiento y formación, favoreciendo al mismo tiempo la complementariedad entre las economías. Los países productores de hidrocarburos podrían movilizar parte de sus capacidades financieras e industriales para acelerar su diversificación, mientras que los países con una elevada demanda energética podrían ofrecer mercados para las nuevas tecnologías. Esta evolución no eliminaría las tensiones asociadas a la transición energética, pero podría ayudar a las economías productoras a desarrollar nuevas actividades y prepararse progresivamente para los cambios en sus mercados.

El objetivo sería superar la mera yuxtaposición de políticas nacionales y construir proyectos capaces de generar beneficios compartidos. Una instalación solar aislada no transforma por sí sola la geografía de la seguridad regional. En cambio, las capacidades de generación conectadas a redes fiables, sistemas de almacenamiento, infraestructuras industriales y acuerdos de intercambio pueden contribuir a modificar progresivamente las relaciones económicas entre los países.

116. Agricultura inteligente

La agricultura es uno de los sectores en los que la inteligencia artificial, los datos satelitales, los sensores y las herramientas digitales pueden mejorar el uso de los recursos. En 2026, la FAO reforzó sus trabajos regionales sobre inteligencia artificial en los sistemas agroalimentarios de Oriente Próximo y Norte de África, especialmente en torno a los ecosistemas de datos y las aplicaciones relacionadas con la agricultura climáticamente inteligente. Estas iniciativas recuerdan que las tecnologías digitales pueden contribuir a la resiliencia de las sociedades, más allá de sus usos industriales o de seguridad.

La cooperación regional podría facilitar el intercambio de datos meteorológicos e hidrológicos, la investigación sobre cultivos adaptados a las condiciones áridas y el desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones para los productores. No se trataría de sustituir a los agricultores por sistemas automatizados, sino de proporcionarles mejores medios para anticipar las necesidades de riego, vigilar los suelos y reaccionar ante las variaciones climáticas. En territorios donde el agua escasea, una mejora de la eficiencia puede generar beneficios económicos y ambientales considerables.

Sin embargo, la modernización agrícola debe evitar que aumenten las desigualdades entre las grandes explotaciones capaces de invertir en nuevas tecnologías y los pequeños productores que carecen de acceso a financiación o formación. Por ello, el Pacto debería combinar investigación, capacitación, acceso a las herramientas y apoyo a los productores. La tecnología solo se convertiría en un instrumento de resiliencia colectiva si sus beneficios pudieran llegar a las comunidades rurales y a los distintos segmentos de los sistemas alimentarios.

117. Corredores económicos

Los corredores económicos pueden aportar una dimensión territorial al Pacto. No se limitan a una carretera o una vía ferroviaria: integran puertos, zonas industriales, redes energéticas, telecomunicaciones, centros logísticos y mercados. Cuando funcionan de manera fiable, conectan varios territorios dentro de un mismo sistema económico. Sin embargo, su eficacia depende de la estabilidad política, la continuidad de los intercambios, la calidad de las infraestructuras y la capacidad para resolver las controversias que puedan surgir entre los países implicados.

Oriente Medio ya cuenta con diversas iniciativas y proyectos de conectividad. Su desarrollo a lo largo de varias décadas exige garantías que van más allá de los acuerdos comerciales ordinarios. Un corredor que atraviesa varias fronteras debe poder seguir funcionando a pesar de los cambios de gobierno, las fluctuaciones económicas y las tensiones diplomáticas. Por ello, requiere normas comunes, coordinación aduanera, mecanismos de protección de las infraestructuras y procedimientos de consulta en situaciones de crisis.

Estos proyectos podrían materializar la lógica de interdependencia defendida en este estudio. Cuando un puerto, una red eléctrica, una vía ferroviaria y una cadena logística conectan varias economías, la seguridad del país vecino se convierte en una condición concreta para el funcionamiento de las propias infraestructuras. Esta interdependencia no elimina el riesgo de coerción; por el contrario, exige garantías contra el uso político de las redes. Sin embargo, si están bien regulados, los corredores podrían transformar la cooperación en un interés material duradero y contribuir a que las rupturas resulten más costosas para todos los participantes.

118. Una economía regional de paz

El agua, la energía, la agricultura, el clima y las infraestructuras no son cuestiones secundarias respecto de la geopolítica de Oriente Medio. Determinarán cada vez más las condiciones de vida de las poblaciones, la resiliencia de las economías y la capacidad de los Estados para absorber las crisis. Una región puede disponer de fuerzas militares poderosas y seguir siendo vulnerable si sus ciudades carecen de agua, sus redes eléctricas son frágiles, sus sistemas alimentarios dependen excesivamente de flujos externos o sus infraestructuras no resisten las perturbaciones climáticas. Por el contrario, una cooperación económica y ambiental bien organizada puede crear intereses comunes y reforzar el valor práctico de la estabilidad.

Los acontecimientos de 2026 han mostrado cómo una crisis regional puede afectar simultáneamente a los mercados energéticos, el transporte marítimo, las cadenas de suministro y los costes alimentarios. Sus consecuencias se han propagado mucho más allá de los países directamente afectados, recordando que la interdependencia puede transmitir las perturbaciones con tanta facilidad como favorece el crecimiento. La cuestión estratégica no consiste, por tanto, en eliminar toda dependencia externa, un objetivo a menudo poco realista, sino en reducir las vulnerabilidades excesivas mediante la diversificación, la cooperación y la preparación ante las crisis.

Una economía regional de paz no significa que el comercio vaya a hacer desaparecer los conflictos. La historia no permite sostener semejante conclusión. Significa, más bien, que los Estados pueden construir suficientes intereses comunes para que la estabilidad se convierta en una condición material del desarrollo y no solo en una preferencia diplomática. El agua podría fomentar la cooperación entre países que comparten cuencas o acuíferos; la energía podría acercar a productores y consumidores; las redes eléctricas podrían conectar capacidades complementarias; la agricultura podría vincular investigación, datos y seguridad alimentaria; y los corredores podrían reforzar los intercambios. La inteligencia artificial y las tecnologías digitales podrían contribuir a optimizar estos sistemas, siempre que sus usos estuvieran regulados y sus beneficios fueran accesibles.

El cambio de paradigma que busca el Pacto consistiría, por tanto, menos en hacer desaparecer las rivalidades que en situarlas dentro de un entorno donde la cooperación resulte más útil, regular y previsible. La región dejaría de buscar únicamente la manera de impedir que sus vecinos se vuelvan más poderosos que ella y procuraría reforzar colectivamente su resiliencia frente a las crisis que la amenazan. Esta transformación no sería automática ni irreversible. Exigiría inversiones, instituciones creíbles y una voluntad política sostenida. Sin embargo, podría conferir al Pacto Global Regional un alcance concreto, más allá de una simple propuesta diplomática.

El siguiente paso consiste en examinar las instituciones capaces de gobernar estas interdependencias. La parte siguiente se centra, por tanto, en una conferencia permanente de Oriente Medio, los mecanismos de prevención de crisis, las líneas de comunicación de emergencia, la observación independiente, la solución pacífica de controversias y la posibilidad de una «OSCE de Oriente Medio», adaptada a las realidades regionales en lugar de copiar el modelo europeo.

UNA NUEVA DIPLOMACIA PARA EL SIGLO XXI

Hacia una institución regional permanente

119. Una conferencia permanente para Oriente Medio

Oriente Medio dispone de múltiples canales diplomáticos, mediadores, organizaciones regionales y relaciones bilaterales, pero carece de un marco permanente e inclusivo que reúna a todos los actores en torno a un programa común de prevención, seguridad y cooperación. Las crisis suelen abordarse después de que estallan, a veces cuando el margen de maniobra diplomática ya se ha reducido considerablemente. Una arquitectura duradera debería invertir esta lógica, convirtiendo el diálogo en una infraestructura permanente de la seguridad regional, en lugar de recurrir a él de manera excepcional cuando las tensiones se vuelven incontrolables.

El Pacto Global Regional podría complementarse con una Conferencia Permanente para la Seguridad y la Cooperación en Oriente Medio, concebida no como una autoridad supranacional, sino como un marco institucional de consulta. Su composición debería ser determinada por los Estados interesados, mediante un enfoque inclusivo y progresivo. Israel, Irán, los Estados del Golfo, Türkiye, Egipto, Irak, Jordania y los demás países concernidos podrían participar según modalidades negociadas. La representación palestina debería ocupar un lugar adecuado, dada la importancia central de la cuestión palestina para la seguridad regional. Los socios internacionales también podrían contribuir a determinados trabajos cuando los participantes lo considerasen útil, sin que su presencia transformara la institución en un instrumento de rivalidad entre potencias externas.

La Carta de las Naciones Unidas ya ofrece una base jurídica para la cooperación regional. Su Capítulo VIII reconoce el papel de los acuerdos regionales en la solución pacífica de las controversias, al tiempo que preserva las responsabilidades del Consejo de Seguridad en materia de paz y seguridad internacionales. El artículo 33 enumera, entre otros medios a los que pueden recurrir las partes, la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el arreglo judicial. Por tanto, una institución de Oriente Medio debería complementar el sistema internacional, no competir con él. Podría ofrecer un espacio de diálogo más próximo a las realidades regionales y facilitar la gestión de determinadas tensiones antes de que requieran una movilización internacional más amplia.

120. Un mecanismo regional de prevención de crisis

Sin embargo, una conferencia periódica no bastaría para establecer una verdadera cultura de prevención. Sería necesario un mecanismo permanente capaz de seguir los riesgos, facilitar las consultas y proponer vías de desescalada cuando las partes las aceptaran. Una secretaría reducida podría contar con una unidad de análisis y grupos de expertos especializados en riesgos políticos, económicos, ambientales, digitales y humanitarios. Su trabajo podría basarse en datos accesibles, información facilitada por los Estados y análisis independientes, respetando mandatos claramente definidos. El objetivo no sería crear un servicio regional de inteligencia, sino comprender mejor los riesgos transfronterizos y favorecer respuestas diplomáticas tempranas.

Este enfoque multidimensional sería especialmente pertinente en una región donde una crisis local puede afectar rápidamente al transporte, la energía, los mercados, las infraestructuras digitales o los recursos hídricos. Una perturbación energética puede producir efectos económicos más allá de las fronteras; un incidente marítimo puede afectar a los intercambios comerciales; una catástrofe natural puede poner a prueba las capacidades de varios Estados; y un ataque contra un sistema digital puede repercutir en servicios esenciales. Por tanto, la prevención debería integrar las dimensiones político-militar, económica, ambiental y humana, en lugar de tratarlas como ámbitos independientes.

El mecanismo podría seguir un procedimiento gradual: observación de los riesgos, consultas confidenciales, mediación voluntaria, reunión extraordinaria de los Estados concernidos y, si fuera necesario, recurso a las instituciones internacionales competentes. Esta progresión permitiría esclarecer determinados incidentes antes de que se convirtieran en grandes crisis, sin imponer una mediación a las partes que la rechazaran. Prevenir no significa predecir todos los conflictos, sino reducir el número de situaciones en las que los gobiernos carecen de un canal creíble para comunicarse y buscar una salida pacífica.

121. Líneas directas de comunicación entre los Estados

La rapidez de la comunicación diplomática se ha convertido en un factor importante de seguridad. Una información errónea puede provocar una reacción antes de que se hayan establecido los hechos; un incidente limitado puede interpretarse como el preludio de una operación de mayor envergadura; y una declaración puede amplificarse en las redes sociales hasta intensificar las tensiones. En un entorno marcado por los misiles, los drones, los incidentes cibernéticos y la circulación instantánea de la información, la posibilidad de verificar rápidamente un acontecimiento puede contribuir a evitar errores de cálculo.

Por ello, un sistema regional podría prever varios niveles de comunicación de emergencia: entre responsables políticos, entre servicios diplomáticos y entre las autoridades técnicas competentes. Estos canales permitirían esclarecer incidentes, transmitir alertas y coordinar respuestas en ámbitos donde cualquier retraso podría agravar las consecuencias. Su existencia no exigiría una confianza profunda entre los Estados. Por el contrario, reconocería que incluso los adversarios tienen interés en disponer de medios de comunicación fiables cuando una crisis amenaza con escapar a su control.

Estos mecanismos también podrían utilizarse para emergencias no militares, en particular catástrofes naturales, incidentes marítimos, perturbaciones energéticas y crisis que afecten a infraestructuras esenciales. Así, la cooperación técnica podría avanzar incluso cuando las relaciones políticas siguieran siendo difíciles. El objetivo sería impedir que la falta de comunicación se convirtiera, por sí misma, en un factor de confrontación.

122. Observadores regionales

La prevención también exige medios creíbles para establecer los hechos. En las crisis contemporáneas, las interpretaciones contrapuestas de un acontecimiento pueden complicar rápidamente la búsqueda de una solución diplomática. La difusión de contenidos manipulados, vídeos sacados de contexto y documentos sintéticos generados mediante inteligencia artificial agrava esta dificultad. Por ello, una arquitectura regional podría contemplar mecanismos de observación destinados a documentar determinados acontecimientos y verificar el cumplimiento de compromisos acordados, sin sustituir a las instituciones judiciales ni a los organismos especializados de las Naciones Unidas.

El despliegue de observadores debería basarse en un mandato aceptado por las partes concernidas, normas metodológicas transparentes y garantías de independencia adecuadas a su misión. Según los acuerdos alcanzados, podrían supervisar compromisos específicos, observar mecanismos de desescalada o contribuir a establecer una cronología verificable de los incidentes. Su acceso a la información, las modalidades de publicación de sus conclusiones y los procedimientos para impugnarlas deberían definirse de antemano. La credibilidad de un dispositivo de este tipo dependería menos de su denominación que del rigor de sus métodos y de la confianza que sus resultados pudieran suscitar progresivamente.

La información se convierte así en un componente de la seguridad regional. A medida que las herramientas digitales facilitan la producción y difusión de contenidos difíciles de autenticar, las instituciones deberán reforzar su capacidad para distinguir los hechos establecidos de las afirmaciones no verificadas. Una arquitectura regional no podría garantizar una interpretación común de cada acontecimiento, pero sí ayudar a los Estados a disponer de elementos fácticos más sólidos antes de decidir cómo responder. El objetivo sería reducir la incertidumbre y limitar los riesgos de escalada basados en información errónea.

123. Arbitraje y solución de controversias

Ninguna arquitectura de seguridad puede eliminar todos los desacuerdos. Sin embargo, puede tratar de impedir que se conviertan automáticamente en enfrentamientos. Por ello, el Pacto podría prever varios niveles de solución: negociación directa, mediación, conciliación, comisiones de investigación y arbitraje, con recurso a tribunales internacionales cuando los Estados consientan en ello o cuando lo contemplen los instrumentos jurídicos aplicables. Esta progresión sería coherente con el espíritu del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce diversos medios pacíficos para resolver controversias.

El consentimiento seguiría siendo determinante. Una institución regional no ganaría legitimidad si pretendiera imponer inmediatamente una jurisdicción obligatoria a Estados que no la aceptaran. Podría comenzar ofreciendo mecanismos voluntarios para determinadas categorías de controversias y ampliar después su alcance cuando se reconocieran su eficacia y su imparcialidad. La confianza institucional se construiría mediante la experiencia, a través de procedimientos claros, decisiones fundamentadas y compromisos efectivamente respetados.

Solo en esas condiciones los pilares del Pacto podrían convertirse en algo más que una declaración política. Tendrían que ir acompañados de instituciones capaces de transformar los compromisos en procedimientos y, posteriormente, los procedimientos en hábitos de consulta y solución pacífica. Es poco probable que la paz regional nazca de un único momento en el que todos los adversarios decidan de repente confiar unos en otros. Podría surgir de un proceso gradual, exigente y reversible, en el que unas reglas comunes redujeran progresivamente la probabilidad de que una crisis se transforme en confrontación.

¿HACIA UNA «OSCE DE ORIENTE MEDIO»?

124. Las lecciones de la experiencia europea

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa constituye una referencia útil para reflexionar sobre el diálogo, la prevención, la transparencia y la cooperación entre Estados con intereses divergentes. Sin embargo, su relevancia reside menos en un modelo institucional que en un proceso histórico. El 1 de agosto de 1975, treinta y cinco Estados firmaron el Acta Final de Helsinki, tras varios años de negociaciones desarrolladas en el contexto de la Guerra Fría. El proceso estableció compromisos relativos a la seguridad político-militar, la cooperación económica y ambiental, así como a las cuestiones humanas. De este modo, contribuyó a institucionalizar el diálogo entre gobiernos que seguían profundamente divididos.

La lección útil para Oriente Medio es que los Estados pueden aceptar dialogar dentro de un marco común sin haber resuelto previamente sus controversias fundamentales. Las medidas de confianza y seguridad desarrolladas durante el proceso de Helsinki favorecieron progresivamente una mayor transparencia y previsibilidad en determinados ámbitos. Esta experiencia no demuestra que el diálogo baste para prevenir todas las guerras, pero sí muestra que un marco permanente puede ayudar a gestionar los desacuerdos y a hacer que ciertas decisiones sean menos imprevisibles.

La experiencia europea también recuerda que la cooperación institucional no depende necesariamente de una reconciliación ideológica previa. El diálogo puede servir para gestionar las divergencias en lugar de negarlas. Esta distinción es fundamental para Oriente Medio: una arquitectura regional no tendría que esperar a que desaparecieran las rivalidades para empezar a funcionar. Podría favorecer primero la coexistencia, mejorar las comunicaciones y establecer algunas reglas comunes, antes de ampliar progresivamente su ámbito de actuación.

125. Por qué no se puede copiar el modelo europeo

Sin embargo, Oriente Medio no es la Europa de 1975. Sus trayectorias históricas, fronteras, estructuras políticas, relaciones entre soberanía y seguridad, alianzas externas y percepciones de las amenazas son diferentes. La región está atravesada por conflictos territoriales prolongados, rivalidades entre Estados, tensiones relacionadas con los programas nucleares y balísticos, importantes intereses energéticos y crisis humanitarias. También afronta dificultades específicas en materia de agua, seguridad alimentaria, infraestructuras digitales y cambio climático. Una reproducción mecánica de las instituciones europeas ignoraría estas diferencias y correría el riesgo de generar una estructura poco adaptada a las necesidades reales de la región.

El contexto estratégico también es distinto. El proceso de Helsinki se desarrolló en un entorno marcado por dos grandes bloques estructurados. El Oriente Medio contemporáneo está más fragmentado: las rivalidades son políticas, económicas, ideológicas, tecnológicas y transnacionales al mismo tiempo. Los intereses de los Estados no se distribuyen siguiendo una única línea de confrontación, y las posibilidades de cooperación pueden variar considerablemente de un ámbito a otro. Por ello, una institución regional debería poder funcionar de manera gradual y diferenciada, sin exigir un acuerdo global previo sobre todas las cuestiones de seguridad.

Por último, las cuestiones ambientales y económicas deberían integrarse desde el principio, en lugar de tratarse como complementos de una arquitectura esencialmente militar. En el Oriente Medio contemporáneo, el agua, la energía, la agricultura, el transporte, las infraestructuras digitales y la inteligencia artificial ya son cuestiones estratégicas. La futura institución debería partir de esta realidad y organizar la cooperación en torno a los riesgos que afectan concretamente a las poblaciones y las economías, preservando al mismo tiempo la capacidad de diálogo sobre las cuestiones políticas y de seguridad más delicadas.

126. Una institución adaptada a las realidades regionales

Una institución regional podría adoptar un nombre que reflejara este enfoque multidimensional, por ejemplo, Conferencia Permanente para la Seguridad, la Cooperación y el Desarrollo de Oriente Medio. En una primera fase, su estructura podría ser ligera: reuniones periódicas de alto nivel, un consejo ministerial, una secretaría permanente, un mecanismo de prevención de crisis y grupos de trabajo especializados. Podrían organizarse intercambios con círculos universitarios, científicos y económicos, así como con la sociedad civil, de acuerdo con las normas convenidas por los Estados participantes. Esta estructura debería mantenerse como una propuesta por examinar, y no presentarse como un organismo cuya creación ya se hubiera decidido.

La inclusión sería uno de sus principios fundamentales. Una arquitectura destinada a reducir la lógica de los bloques no podría comenzar creando otro bloque enfrentado a los demás. Debería procurar incorporar a Estados cuyas relaciones sean difíciles, incluidos aquellos que no comparten las mismas alianzas ni las mismas concepciones políticas. La participación podría ser gradual y diferenciada según los ámbitos: un Estado podría contribuir a trabajos sobre el agua, la salud o las catástrofes naturales sin estar preparado para incorporarse de inmediato a un mecanismo de seguridad más delicado. Esta flexibilidad permitiría evitar que un desacuerdo sobre una cuestión paralizara toda cooperación en los demás sectores.

El funcionamiento debería conciliar el respeto de la soberanía nacional con la previsibilidad de los compromisos. El consenso podría privilegiarse para las decisiones políticas fundamentales, mientras que los grupos técnicos funcionarían conforme a reglas previamente aceptadas. La institución no sería un gobierno regional ni una autoridad encargada de sustituir a los Estados. Su función consistiría en facilitar las consultas, proponer normas de conducta, apoyar la mediación, publicar análisis regionales y acompañar proyectos comunes. Su influencia dependería principalmente de su utilidad práctica, de la calidad de su trabajo y de la confianza que sus miembros estuvieran dispuestos a depositar en ella.

127. De la coexistencia a la cooperación

La verdadera prueba de una arquitectura de este tipo no sería la calidad de la redacción de su tratado fundacional, sino su capacidad para modificar progresivamente los comportamientos. En una primera fase, el objetivo podría ser limitado: evitar errores de cálculo, mantener las comunicaciones, prevenir escaladas e instaurar algunas reglas de consulta. Una segunda fase podría favorecer una mayor transparencia y un mejor conocimiento de los riesgos comunes. Si estos mecanismos produjeran resultados creíbles, la cooperación podría extenderse después al agua, la energía, el comercio, las infraestructuras, la ciencia, la salud, el clima y la inteligencia artificial.

Esta progresión reconoce que las sociedades no pasan necesariamente de la hostilidad a la amistad. Pueden pasar primero de la hostilidad a la previsibilidad, de la previsibilidad a una coexistencia más estable y, después, de esa coexistencia a una interdependencia organizada. La experiencia de Helsinki demuestra que puede construirse un marco de diálogo antes de resolver todas las divergencias fundamentales. No garantiza el éxito de un proceso similar en Oriente Medio, pero ofrece una referencia histórica para reflexionar sobre cómo las instituciones pueden reducir los riesgos asociados a la desconfianza.

El Pacto Global Regional no pediría, por tanto, a los israelíes, iraníes, palestinos, árabes, turcos ni a los demás pueblos que renunciaran a su historia, sus memorias o sus intereses. Buscaría crear un entorno en el que la seguridad de un Estado ya no dependiera exclusivamente de su capacidad para mantener a sus vecinos en una situación de debilidad. Los desacuerdos podrían persistir, las rivalidades políticas continuar y las diferencias seguir estructurando las relaciones entre los gobiernos. La ruptura buscada estaría en otro lugar: en la posibilidad de reforzar la propia seguridad mediante reglas previsibles, comunicaciones fiables y mecanismos capaces de contener las crisis.

Por tanto, el «enemigo» no desaparecería necesariamente del vocabulario político, pero dejaría progresivamente de ser el principio organizador de todas las relaciones regionales. El adversario podría seguir siendo un competidor sin que cada desacuerdo se interpretara como la preparación de una confrontación inevitable. Oriente Medio ya no se limitaría a intentar impedir la próxima guerra; comenzaría a construir instituciones capaces de hacer menos automáticas las escaladas, más manejables las crisis y más racional la cooperación. Sería el paso gradual de un sistema dominado por la desconfianza a una arquitectura en la que la gestión colectiva de los intereses se convirtiera en una posibilidad concreta, sin garantías de éxito, pero con una ambición claramente definida.

2030, 2050, 2100: TRES HORIZONTES

Horizonte 2030

128. Escenario de fragmentación

El horizonte de 2030 está ya lo suficientemente cerca como para que los Estados de Oriente Medio no puedan seguir considerando las transformaciones en curso como fenómenos lejanos. Durante los próximos años, varias tendencias probablemente continuarán intensificándose de manera simultánea: la reconfiguración de las alianzas, la diversificación de los socios externos, la aceleración tecnológica, la evolución de los mercados energéticos, la presión sobre los recursos hídricos, el calentamiento climático y la creciente vulnerabilidad de las infraestructuras digitales. La crisis regional de 2026 ya ha demostrado hasta qué punto una confrontación militar puede trascender rápidamente las fronteras de los Estados directamente implicados y afectar al transporte, la energía, los mercados financieros, las cadenas de suministro y las perspectivas de crecimiento de países a veces alejados del escenario inmediato de las operaciones. El Banco Mundial ha documentado, en particular, las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz y de los daños sufridos por las infraestructuras energéticas y públicas.

En un primer escenario, estas tendencias podrían conducir a una fragmentación duradera. Los Estados reforzarían sus capacidades militares y tecnológicas, diversificarían sus proveedores y socios económicos y, posteriormente, darían prioridad a los acuerdos bilaterales o a las coaliciones limitadas. La región no tendría necesariamente que sumirse en una guerra permanente. Podría experimentar una sucesión de crisis, treguas, enfrentamientos indirectos, incidentes cibernéticos, presiones económicas y competencias tecnológicas. La estabilidad existiría de manera intermitente, sin llegar a constituir un verdadero sistema regional. El peligro no residiría únicamente en la posibilidad de una nueva guerra de gran envergadura, sino también en la normalización de un entorno en el que cada actor considerara la preparación para la próxima crisis como una dimensión permanente de su política nacional.

Esta fragmentación tendría un coste menos espectacular, pero potencialmente más profundo. El gasto en seguridad podría seguir aumentando mientras los Estados tuvieran que financiar simultáneamente la adaptación climática, el acceso al agua, la electricidad, la salud, la educación y la diversificación económica. La escasez de agua ya constituye una vulnerabilidad estructural en varios países de la región. Las proyecciones del Banco Mundial destacan los considerables riesgos económicos asociados a la disminución de los recursos hídricos y al cambio climático, mientras que numerosos recursos de agua son compartidos por varios Estados. Por tanto, la fragmentación no eliminaría las interdependencias. Más bien, correría el riesgo de dejarlas sin instituciones suficientemente sólidas para gestionarlas.

129. Escenario de estabilización parcial

Un segundo escenario sería el de una estabilización parcial. Los Estados conservarían sus divergencias estratégicas, sus alianzas y sus doctrinas de seguridad, pero aceptarían desarrollar mecanismos permanentes destinados a impedir que determinadas crisis se agravaran. El objetivo no sería alcanzar una paz política plena ni una reconciliación general, sino establecer una coexistencia organizada. Las líneas directas de comunicación, los mecanismos de alerta, los acuerdos marítimos, los pactos energéticos, los dispositivos de cooperación hídrica y los procedimientos de prevención podrían reducir los riesgos inmediatos sin resolver desde el principio los conflictos fundamentales.

Este escenario parece compatible con la diversidad política e institucional de Oriente Medio, donde ya existen diversas formas de cooperación que, sin embargo, no constituyen un sistema regional unificado. El Pacto Global Regional propuesto en este documento podría comenzar a funcionar como una arquitectura de múltiples velocidades. Algunos Estados avanzarían en materia de energía o agua; otros, en seguridad marítima, ciberseguridad o inteligencia artificial. Otros priorizarían la mediación, la gestión de crisis y la solución pacífica de controversias. La participación en un ámbito de cooperación no exigiría, por tanto, una identidad política común ni un acuerdo previo sobre todas las cuestiones regionales. Podría desarrollarse a partir de intereses concretos y beneficios recíprocos.

Este enfoque también sería coherente con los objetivos internacionales establecidos para 2030. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas promueve, entre otras cosas, una mayor eficiencia en el uso del agua, la gestión integrada de los recursos hídricos y la cooperación transfronteriza. Sus objetivos energéticos respaldan el acceso a una energía fiable y asequible, así como el desarrollo de tecnologías limpias. En un Oriente Medio que afronta simultáneamente estrés hídrico, una demanda eléctrica creciente y las consecuencias de las crisis energéticas, estos objetivos podrían dejar de considerarse programas separados para convertirse en componentes de una misma política de resiliencia regional.

130. Escenario de cooperación regional

El tercer escenario sería el de un verdadero cambio institucional. Para 2030, Oriente Medio podría no haber resuelto todos sus conflictos, pero sí haber comenzado a construir una arquitectura en la que las crisis estuvieran encuadradas por procedimientos regionales permanentes. El Pacto Global Regional podría entonces servir como plataforma de coordinación entre la seguridad, la energía, el agua, el clima, la economía, la ciencia y la inteligencia artificial. Una conferencia permanente ofrecería a los Estados un marco de diálogo regular; un mecanismo de prevención abordaría las crisis emergentes; los acuerdos sectoriales organizarían las interdependencias; y los procedimientos de solución de controversias ofrecerían alternativas a la escalada.

La diferencia respecto de una simple multiplicación de acuerdos bilaterales sería fundamental: el sistema regional comenzaría a generar previsibilidad. Los gobiernos sabrían no solo con quién negociar, sino también qué procedimientos activar cuando se produjera un incidente. Los actores económicos, las instituciones científicas y las poblaciones podrían incorporar progresivamente esa previsibilidad a sus propias decisiones. La paz no estaría garantizada, pero la región comenzaría a desarrollar una memoria institucional de cooperación capaz de sobrevivir a las crisis y a los cambios de gobierno.

La elección entre estas tres trayectorias no dependería de un solo gobierno ni de una única crisis. Sería el resultado de la acumulación de decisiones adoptadas durante los próximos años. Por eso, 2030 constituye menos un destino que una primera prueba. La cuestión esencial no sería determinar si Oriente Medio se ha vuelto pacífico, sino comprobar si dispone de mecanismos más sólidos que los existentes en 2026 para impedir que sus crisis se propaguen y adquieran un carácter sistémico.

Capítulo 25. Horizonte 2050

131. Transición energética

Para 2050, la cuestión energética ya no podrá separarse de la cuestión climática. Oriente Medio seguirá profundamente vinculado a los hidrocarburos, pero las condiciones económicas y tecnológicas del sector energético habrán evolucionado. La Agencia Internacional de la Energía ya destaca el rápido crecimiento de la demanda eléctrica en Oriente Medio y el Norte de África, impulsado por el crecimiento demográfico, la urbanización, las necesidades de refrigeración, la industrialización y la desalación del agua. Según sus proyecciones basadas en las políticas actuales, la energía solar fotovoltaica debería expandirse considerablemente de aquí a 2035, mientras que el gas natural conservaría un papel importante en la generación de electricidad.

A más largo plazo, esta transformación podría modificar la geografía del poder. La ventaja estratégica ya no dependería exclusivamente de la posesión de petróleo y gas, sino también de la capacidad para producir electricidad abundante, almacenarla, desalar agua, alimentar centros de datos y desarrollar nuevas industrias. Los Estados que dispongan de recursos solares, capital, infraestructuras y competencias científicas podrían convertirse en polos energéticos y tecnológicos de una economía regional transformada. Los productores históricos de hidrocarburos no desaparecerían de la geopolítica energética. Podrían intentar convertir sus ingresos, infraestructuras y capacidades de inversión en ventajas industriales y tecnológicas duraderas.

Esta transición podría alimentar la competencia o favorecer la cooperación. En el primer caso, cada Estado intentaría construir su propio sistema energético, sus infraestructuras y sus cadenas de suministro, con los costes y las vulnerabilidades que esa duplicación puede generar. En el segundo, las redes eléctricas interconectadas, las inversiones coordinadas en energías renovables, las infraestructuras de almacenamiento y los corredores energéticos permitirían transformar la diversidad de los recursos nacionales en resiliencia colectiva. La transición dejaría entonces de ser únicamente una respuesta al cambio climático. Se convertiría en un instrumento de seguridad regional, siempre que los acuerdos respetaran la soberanía de los participantes y distribuyeran equitativamente los costes y beneficios.

132. Inteligencia artificial y transformación económica

En 2050, probablemente la inteligencia artificial ya no constituirá un sector tecnológico separado del resto de la economía. Estará integrada en la industria, la medicina, la agricultura, la energía, el transporte, la gestión del agua, las finanzas, la educación y la administración pública. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya ha señalado que la inteligencia artificial está transformando las capacidades humanas, el mundo laboral, las instituciones y las decisiones colectivas. A medida que estas tecnologías se difundan, dominarlas se convertirá en una cuestión tanto de desarrollo como de poder.

Para Oriente Medio, el desafío consistirá en determinar si la región podrá desarrollar sus propias capacidades en materia de datos, investigación, computación, formación científica y gobernanza algorítmica, o si seguirá dependiendo de manera duradera de tecnologías diseñadas y controladas en otros lugares. La respuesta influirá en su autonomía estratégica. Una región capaz de convertir sus inversiones, universidades, infraestructuras digitales y recursos humanos en ecosistemas tecnológicos podrá reducir determinadas dependencias externas. Una región que se limite a importar soluciones seguirá más expuesta a las decisiones de las potencias que controlan las infraestructuras, los modelos y las cadenas tecnológicas.

Desde esta perspectiva, el Consejo Regional de Inteligencia Artificial propuesto en este documento adquiriría pleno sentido. Su misión no se limitaría a los riesgos de seguridad. Podría abarcar la investigación, la salud, la educación, la agricultura, la traducción multilingüe, la gestión del agua, la predicción climática y la administración urbana. Los programas conjuntos, las normas de transparencia, los mecanismos de formación y los proyectos de investigación compartidos permitirían convertir la tecnología en una palanca de desarrollo colectivo, sin exigir que todos los Estados adoptaran los mismos modelos políticos o regulatorios.

133. Agua y clima

El factor más difícil de negociar podría ser aquel sobre el que las fronteras nacionales ejercen menos control: la transformación física del clima. Oriente Medio figura entre las regiones especialmente expuestas al calor extremo, las sequías, la escasez de agua, las inundaciones y la subida del nivel del mar. En varios países, la seguridad hídrica también depende de recursos compartidos, cursos de agua transfronterizos o acuíferos cuya gestión no puede desvincularse por completo de las decisiones de los países vecinos.

Para 2050, la cuestión podría evolucionar desde una lógica de reparto de un recurso escaso hacia la gestión coordinada de un sistema hidrológico regional. La desalación, la reutilización de aguas residuales, la reducción de pérdidas en las redes, la adaptación de la agricultura, la protección de los acuíferos, el almacenamiento y la cooperación científica podrían formar parte de una misma política. La tecnología podrá aumentar la oferta disponible, pero no eliminará la necesidad de gestionar la demanda. La desalación exige energía, inversiones y una gestión ambiental rigurosa, especialmente debido a los vertidos de salmuera. Por tanto, ninguna solución técnica podrá sustituir de manera duradera una política coherente de conservación y uso del agua.

El clima podría convertirse así en uno de los argumentos más poderosos a favor de la cooperación regional. Los Estados pueden discrepar sobre sus fronteras, regímenes, alianzas e interpretaciones de la historia; no pueden negociar por separado con una ola de calor, una sequía prolongada o una alteración regional de las precipitaciones. Cuando la vulnerabilidad se vuelve común, la cooperación deja progresivamente de ser un ideal abstracto y se convierte en una necesidad estratégica. Esto no exige que los Estados renuncien a sus intereses, sino que reconozcan los límites de un enfoque exclusivamente nacional.

134. Nuevas generaciones políticas

La transformación de Oriente Medio para 2050 dependerá también de un factor menos visible que las capacidades militares, los mercados o las tecnologías: la renovación generacional. Las generaciones jóvenes que vivirán durante las décadas de 2030 y 2040 habrán crecido en un entorno distinto al de las generaciones que elaboraron las grandes doctrinas regionales del siglo XX. Habrán estado expuestas a las redes digitales mundiales, a las transformaciones del trabajo, a las crisis climáticas y a formas de circulación de la información que dificultan cada vez más el aislamiento de los debates dentro de las fronteras nacionales.

El Informe sobre Desarrollo Humano Árabe de 2016, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya subrayaba la importancia de otorgar a los jóvenes un lugar real en el desarrollo económico, social y político. Destacaba el peso demográfico de esta generación, así como las dificultades para transformar las competencias en oportunidades concretas. Para 2050, la cuestión también será la transmisión del poder y la capacidad de las instituciones para integrar nuevas expectativas. ¿Seguirán organizándose los mecanismos regionales principalmente en torno a las memorias políticas del siglo XX, o sabrán tener en cuenta a sociedades que habrán experimentado simultáneamente Internet, la inteligencia artificial, las crisis climáticas y las transformaciones del trabajo?

Probablemente, una arquitectura regional duradera no podrá seguir siendo exclusivamente intergubernamental. También tendrá que crear espacios de investigación, intercambio universitario, cooperación empresarial, diálogo entre jóvenes profesionales y circulación del conocimiento. La paz entre Estados puede comenzar en las cancillerías, pero su durabilidad también depende de las sociedades, de sus instituciones educativas, de sus redes científicas y de su capacidad para establecer relaciones que resistan las tensiones políticas.

135. Transformación de las relaciones con las potencias externas

Para 2050, las relaciones de Oriente Medio con Estados Unidos, China, Rusia, Europa y otras potencias probablemente habrán evolucionado. La autonomía regional no debe confundirse con el aislamiento. Una región estratégicamente autónoma puede seguir comerciando, atrayendo inversiones y cooperando en los ámbitos militar, científico y tecnológico con socios externos. La diferencia radica en su capacidad para evitar que un único centro de poder se vuelva indispensable para todas las dimensiones de su seguridad.

El Pacto Global Regional podría contribuir a esta evolución ofreciendo a los Estados un marco para definir determinados intereses comunes antes de negociar con sus socios internacionales. Las potencias externas seguirían siendo importantes, pero los gobiernos de la región podrían disponer de una mayor capacidad colectiva para definir sus prioridades, diversificar sus relaciones y evaluar las consecuencias de sus decisiones. El multilateralismo regional se convertiría entonces en un complemento de la diplomacia mundial, no en su contrario. El objetivo no sería sustituir las dependencias nacionales por una dependencia colectiva, sino reforzar la capacidad de los Estados para elegir a sus socios.

Horizonte 2100

136. Un Oriente Medio potencialmente integrado

El horizonte de 2100 obliga a cambiar de perspectiva. Pretender conocer la configuración política de Oriente Medio dentro de setenta y cuatro años sería intelectualmente poco riguroso. Las fronteras, las tecnologías, las economías, los regímenes políticos e incluso algunas de las categorías geopolíticas actuales podrían haber cambiado profundamente. Por ello, resulta más acertado considerar 2100 como un horizonte de reflexión histórica que permita examinar hasta dónde podría conducir, en teoría, una transformación iniciada hoy.

En el supuesto de una cooperación progresiva, Oriente Medio podría alcanzar cierto grado de integración funcional sin convertirse necesariamente en un Estado federal o en una unión política. Las fronteras nacionales podrían permanecer intactas mientras determinadas infraestructuras adquirieran carácter regional: redes eléctricas, corredores ferroviarios y logísticos, sistemas hídricos, plataformas científicas, mecanismos de gestión de catástrofes, infraestructuras digitales y mercados especializados. La integración no significaría, por tanto, la desaparición de los Estados, sino su capacidad para compartir voluntariamente determinadas funciones sin renunciar a su identidad política.

Esta evolución seguiría una lógica ya observada en otras regiones del mundo: cuando ciertos recursos e infraestructuras se vuelven demasiado interdependientes para gestionarse de forma aislada, los Estados pueden coordinar una parte de sus políticas sin abandonar su soberanía. Para Oriente Medio, la cuestión sería determinar si esa coordinación podría extenderse progresivamente desde el agua y la energía hasta la seguridad y la tecnología y, finalmente, a la gestión de las rivalidades políticas.

137. La posibilidad de una seguridad regional común

En 2100, el propio concepto de seguridad podría haber evolucionado. La seguridad de un Estado ya no se mediría únicamente por sus capacidades militares, sino también por la resiliencia de sus infraestructuras, la fiabilidad de su suministro energético, la disponibilidad de agua, la protección de sus datos, la solidez de sus instituciones, la calidad de su sistema sanitario y su capacidad para afrontar catástrofes climáticas o tecnológicas.

En un entorno de este tipo, una seguridad regional común no implicaría necesariamente una defensa militar integrada. Podría basarse en el reconocimiento de vulnerabilidades suficientemente compartidas como para justificar mecanismos permanentes de protección y coordinación. Una gran catástrofe climática, una pandemia, una interrupción energética, un ciberataque de gran alcance o una perturbación del abastecimiento alimentario podrían recibir así una respuesta regional antes de convertirse en crisis nacionales incontrolables.

El cambio sería, ante todo, conceptual. Durante buena parte del siglo XX, la seguridad se entendió a menudo como la capacidad de un Estado para resistir las presiones de su entorno. El siglo XXI podría imponer progresivamente otra definición: la capacidad de un Estado para preservar su seguridad con la cooperación de su entorno. El vecino no dejaría de ser un actor con intereses propios y diferentes, pero podría convertirse en un elemento indispensable de la resiliencia colectiva.

138. El lugar de Israel

Hoy no es posible determinar con certeza cuál será el lugar de Israel en un Oriente Medio transformado. Dependerá de la evolución de sus relaciones con los países vecinos, de la solución de la cuestión palestina, de sus decisiones estratégicas y de la capacidad de la región para establecer mecanismos de seguridad aceptables para todos. Sin embargo, en el supuesto de una arquitectura regional duradera, la exclusión permanente de un Estado importante difícilmente podría constituir, de manera indefinida, el principio organizador de una seguridad verdaderamente colectiva.

Israel podría conservar su identidad nacional, sus capacidades militares, sus relaciones internacionales y una política de defensa autónoma, al tiempo que participara progresivamente en determinados mecanismos regionales. Esa participación podría comenzar en los ámbitos donde los intereses comunes resultaran más evidentes: agua, clima, salud, investigación, tecnología, prevención de catástrofes, energía o protección de infraestructuras. Las cuestiones más delicadas podrían seguir tratándose por separado hasta que las condiciones políticas permitieran avanzar.

Sin embargo, esta perspectiva no debe invertir las exigencias de la solución del conflicto israelo-palestino. Una arquitectura regional creíble tendrá que reconocer los derechos de los palestinos, su derecho a la autodeterminación y la necesidad de una solución política conforme al derecho internacional. La cooperación regional no puede sustituir esa solución ni servir para eludirla. Sí podría contribuir, en cambio, a crear un entorno en el que los acuerdos políticos resultaran más duraderos y la seguridad de israelíes y palestinos dejara de concebirse como mutuamente incompatible.

La lógica sería, por tanto, distinta de aquella que consiste en esperar a que se alcance una solución perfecta antes de iniciar cualquier cooperación. Algunas formas de cooperación podrían contribuir a crear las condiciones políticas necesarias para abordar progresivamente las cuestiones más difíciles, siempre que no legitimaran la injusticia ni sustituyeran los derechos políticos por proyectos económicos.

139. El lugar de Irán

La misma reflexión se aplicaría a Irán. Su peso demográfico, geográfico, energético, científico e histórico significa que ninguna arquitectura duradera de Oriente Medio podría ignorar fácilmente su presencia. Esto no significa que las controversias actuales fueran a desaparecer ni que los demás Estados tuvieran que aceptar sin discusión las políticas iraníes. Significa que un sistema regional completo debería ofrecer, a largo plazo, a Irán un marco en el que sus intereses pudieran examinarse conforme a los mismos principios de previsibilidad, reciprocidad y solución pacífica de controversias aplicables a los demás participantes.

La cuestión sería especialmente importante en los ámbitos nuclear y estratégico. La estabilidad a largo plazo no podría descansar exclusivamente en la disuasión o en la superioridad militar de un actor. Requeriría mecanismos de transparencia, verificación y gestión de crisis aceptados por las partes concernidas y compatibles con el derecho internacional. Desde esta perspectiva, la integración de Irán en una arquitectura regional no sería una recompensa política. Sería un componente de la búsqueda de un sistema en el que los intereses de seguridad pudieran expresarse, debatirse y encauzarse mediante procedimientos, en lugar de depender únicamente de la confrontación.

Esta evolución seguiría condicionada por decisiones políticas concretas, en particular el cumplimiento de los compromisos internacionales, la transparencia en los ámbitos sensibles y la voluntad de abordar las preocupaciones de seguridad de los demás Estados. La inclusión no significaría ausencia de reglas; exigiría, por el contrario, que estas fueran comunes, explícitas y aplicadas de manera coherente.

140. El lugar de los Estados árabes

Los Estados árabes tampoco constituirían un bloque homogéneo. Sus intereses económicos, sistemas políticos, relaciones exteriores y percepciones de las amenazas son diferentes. No obstante, el futuro regional podría otorgarles un peso colectivo considerable si lograran coordinar determinadas políticas sin intentar uniformar sus posiciones.

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Irak y los demás Estados árabes podrían contribuir a una arquitectura regional desempeñando funciones distintas. Algunos aportarían capacidad financiera; otros, infraestructuras, recursos energéticos, posiciones geográficas, capacidad diplomática, mercados, competencias humanas o instituciones científicas. La cooperación no exigiría que los Estados se volvieran semejantes. Exigiría que aprendieran a transformar sus diferencias en complementariedades y a organizar sus desacuerdos sin permitir que bloquearan toda iniciativa común.

141. El lugar de las potencias externas

El Oriente Medio de 2100 también podría mantener con las potencias externas una relación menos marcada por la dependencia. Estados Unidos podría seguir siendo un socio importante, China conservar una influencia económica y tecnológica considerable, Europa continuar siendo un vecino estratégico y otras potencias podrían surgir entretanto. Sin embargo, una región institucionalmente más madura podría negociar con cada una de ellas desde una posición colectiva más sólida.

Esta evolución no supondría la desaparición de la competencia mundial. Significaría que dicha competencia ya no determinaría por completo la organización interna de Oriente Medio. La región podría convertirse en un actor geopolítico por derecho propio, en lugar de ser un espacio definido principalmente por las estrategias de las potencias externas. Su autonomía no residiría en el aislamiento, sino en la capacidad para elegir a sus socios sin permitir que una relación particular determinara toda su arquitectura de seguridad, desarrollo y cooperación.

142. La hipótesis de un Oriente Medio posconflicto

El término «posconflicto» no debería interpretarse como la desaparición de todo desacuerdo. Ningún sistema político duradero elimina los intereses divergentes. Designaría, más bien, un Oriente Medio en el que la guerra dejara de ser el instrumento habitual para resolver las grandes crisis regionales. Las controversias territoriales, políticas, económicas e ideológicas seguirían existiendo, pero se abordarían en un entorno institucional donde la negociación, la mediación, el arbitraje y los mecanismos colectivos hubieran adquirido más peso que la escalada militar.

Una transformación de este tipo sería considerable, pues modificaría no solo las prácticas gubernamentales, sino también los imaginarios colectivos. Durante generaciones, numerosas sociedades de la región han estado marcadas por relatos de guerra, desplazamiento, pérdida, amenaza y revancha. Una arquitectura regional estable no podría borrar esas memorias ni imponer una interpretación única de la historia. Sin embargo, sí podría impedir que esas memorias determinaran indefinidamente el futuro.

El Oriente Medio de 2100 probablemente seguiría siendo una región de civilizaciones, religiones, naciones, lenguas e intereses diferentes. Su éxito no consistiría en volverse homogéneo, sino en aprender a convivir de manera duradera con su propia diversidad. Si el Pacto Global Regional lograra transformar las interdependencias en instituciones, las instituciones en hábitos y los hábitos en una cultura política, entonces la idea de una seguridad construida contra el vecino podría ceder progresivamente su lugar a una seguridad construida con él.

El horizonte de 2100 no permite ninguna certeza. Sin embargo, sí permite plantear una pregunta que trasciende la geopolítica inmediata: ¿qué vamos a transmitir a las generaciones que todavía no conocen el Oriente Medio de 2026? ¿Una región atrapada en sus guerras sucesivas o una región que habrá aprovechado las crisis de su época para inventar las instituciones de la siguiente? Entre estas dos posibilidades no existe ninguna fatalidad histórica. Existe una larga cadena de decisiones humanas.

EL DÍA EN QUE EL ENEMIGO DEJE DE SER UN DESTINO

143. ¿Pueden los enemigos de hoy convertirse en los socios de mañana?

Al comienzo de este documento, una pregunta podía parecer casi demasiado sencilla para una región atravesada por guerras, revoluciones, desplazamientos de población, rivalidades entre potencias y memorias contradictorias: ¿cómo llegaron Israel e Irán a convertirse en enemigos después de haber mantenido, antes de 1979, una relación de cooperación estratégica lo bastante importante como para que su recuerdo parezca hoy casi irreal? Esta interrogación histórica contiene otra más profunda y general: ¿constituye una enemistad duradera una fatalidad histórica o pueden las sociedades y los Estados transformar los sistemas políticos que, progresivamente, la han convertido en algo estructural? La historia no permite hacer promesas. Sin embargo, demuestra que las relaciones internacionales nunca permanecen completamente inmóviles. Los aliados pueden convertirse en adversarios, los adversarios pueden negociar y las sociedades que se han enfrentado durante generaciones pueden construir instituciones destinadas a hacer menos peligrosa su coexistencia. Nada de esto borra las heridas, los intereses contradictorios ni las percepciones de seguridad que han generado el conflicto. Simplemente significa que la historia explica el presente sin encerrar necesariamente el futuro.

La evolución de las relaciones entre Israel e Irán desde 1979 ilustra esta distinción. La revolución iraní constituyó una ruptura ideológica y política de gran importancia, pero la transformación de la relación en una confrontación estratégica duradera se produjo gradualmente, a través de las guerras regionales, el ascenso de Hezbolá, las transformaciones del sistema de Oriente Medio, el programa nuclear iraní, las operaciones clandestinas, las operaciones cibernéticas, los enfrentamientos indirectos y, finalmente, las confrontaciones militares directas. El enemigo no apareció, por tanto, en un solo día. Fue incorporándose progresivamente a las doctrinas de seguridad, las instituciones, los servicios de inteligencia, las alianzas, las tecnologías y los imaginarios políticos. Por eso, superarlo, si algún día llegara a ser posible, no podría reducirse a una declaración diplomática. Sería necesario modificar una parte del sistema que reproduce la desconfianza y transforma cada nueva capacidad de una parte en una preocupación adicional para la otra.

Esta observación no significa en absoluto que deban negarse las amenazas, que los Estados deban renunciar a su seguridad o que las controversias puedan resolverse únicamente mediante la buena voluntad. Una arquitectura de paz creíble no puede construirse contra la realidad. Debe partir de ella. Israel seguirá considerando su seguridad una cuestión existencial; Irán defenderá sus intereses estratégicos y su soberanía; los Estados árabes buscarán proteger sus territorios, poblaciones y economías; la cuestión palestina seguirá siendo central; y las potencias externas continuarán ejerciendo su influencia. Las rivalidades regionales no desaparecerán simplemente porque se haya creado una nueva institución. La cuestión no consiste, por tanto, en eliminar los desacuerdos, sino en lograr que ya no conduzcan automáticamente a una escalada.

El derecho internacional ya contiene principios que permiten pensar en esta evolución. El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas reconoce la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial y los acuerdos regionales entre los medios para buscar una solución pacífica a las controversias. Esta concepción no condiciona la paz a la amistad entre las partes. Reconoce que un desacuerdo puede seguir siendo profundo y, al mismo tiempo, someterse a procedimientos destinados a impedir que degenere en violencia. La cuestión pasa entonces a ser menos cómo eliminar al enemigo y más cómo construir un entorno institucional en el que la existencia de un adversario ya no haga necesaria la confrontación permanente.

Por tanto, los enemigos de hoy pueden convertirse en los socios de mañana, pero la asociación probablemente no sea el punto de partida. Puede resultar de una sucesión de transformaciones modestas: mantener abierta una línea de comunicación durante una crisis, verificar un incidente antes de interpretarlo, aceptar una mediación antes de responder, proteger una infraestructura común porque su destrucción perjudicaría a todos o gestionar conjuntamente un recurso hídrico porque ningún Estado puede pretender controlarlo por sí solo. La confianza absoluta no es necesariamente una condición previa para la cooperación. En determinados casos, ocurre precisamente lo contrario: es la cooperación repetida la que crea progresivamente las condiciones mínimas de confianza.

144. La paz como arquitectura y no como simple ausencia de guerra

Esta distinción adquiere aún más importancia cuando se amplía la perspectiva más allá del enfrentamiento militar. Una región puede atravesar un período sin guerra abierta y seguir siendo vulnerable a la escasez de agua, los impactos climáticos, las interrupciones energéticas, las crisis alimentarias, los ciberataques, la desinformación, los desplazamientos de población, el deterioro de las infraestructuras y las perturbaciones económicas. En el siglo XXI resulta cada vez más difícil separar la seguridad militar de la seguridad económica, ambiental y humana. Un ataque contra una red eléctrica puede tener consecuencias económicas y sanitarias; una perturbación energética puede afectar al precio de los fertilizantes y a la producción agrícola; una sequía puede intensificar las tensiones sociales; una crisis climática puede agravar los desplazamientos de población; y un ciberataque puede perturbar infraestructuras sin que se cruce ninguna frontera física. Por tanto, la paz ya no puede definirse únicamente como ausencia de combates.

Debe concebirse progresivamente como una arquitectura. Esta necesitaría diplomáticos y militares, pero también juristas, científicos, ingenieros, economistas y especialistas en agua, energía, clima, salud y tecnologías digitales. Necesitaría acuerdos de seguridad, pero también redes eléctricas interconectadas, mecanismos hídricos comunes, sistemas de alerta temprana, capacidades regionales de respuesta ante catástrofes, normas relativas a la inteligencia artificial y procedimientos destinados a proteger las infraestructuras esenciales. Desde esta perspectiva, los nueve pilares del Pacto Global Regional adquieren coherencia. La no agresión, la seguridad colectiva, la seguridad nuclear y estratégica, la seguridad marítima, la energía, el agua y el clima, la economía, la ciencia y la tecnología, y la gobernanza de la inteligencia artificial no constituyen nueve expedientes aislados. Corresponden a las diferentes dimensiones de un mismo problema: ¿cómo preservar la soberanía de los Estados y, al mismo tiempo, reconocer que algunas condiciones fundamentales de su seguridad dependen ahora de la estabilidad de sus vecinos?

Esta concepción no nace de una imaginación desligada de la experiencia internacional. Las Naciones Unidas han desarrollado principios de diplomacia preventiva y mediación, mientras que el capítulo VIII de su Carta reconoce el papel que pueden desempeñar los acuerdos regionales en la solución pacífica de controversias, respetando las disposiciones de la propia Carta. La experiencia europea también ofrece una enseñanza que merece estudiarse sin convertirla en un modelo que deba copiarse. El Acta Final de Helsinki, firmada en 1975 por treinta y cinco Estados, estableció un marco de diálogo y compromisos comunes entre países profundamente enfrentados en el contexto de la Guerra Fría. El proceso que posteriormente evolucionó hacia la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa demuestra que una arquitectura de seguridad puede comenzar a funcionar incluso cuando las divergencias fundamentales entre sus participantes no han desaparecido.

Sin embargo, Oriente Medio no puede convertirse en una reproducción de Europa. Sus historias, fronteras, sistemas políticos, conflictos territoriales, recursos energéticos, vulnerabilidades hídricas, relaciones con las potencias externas y trayectorias religiosas y civilizatorias son diferentes. La verdadera lección de Helsinki no es, por tanto, institucional en sentido estricto. Es histórica: los Estados pueden aceptar la construcción de mecanismos comunes antes de haber resuelto todos sus desacuerdos. El diálogo puede ser un instrumento para gestionar el conflicto antes de convertirse, eventualmente, en un instrumento para transformarlo. Esta distinción sería fundamental para Oriente Medio. No habría que esperar a que todas las cuestiones estuvieran resueltas para comenzar a cooperar; determinadas formas de cooperación podrían contribuir a crear las condiciones políticas necesarias para abordar progresivamente los asuntos más difíciles.

La paz concebida de este modo no sería una reconciliación artificial ni la desaparición de las identidades nacionales. No pediría a los israelíes que olvidaran su historia, a los iraníes que renunciaran a su soberanía, a los palestinos que abandonaran sus derechos ni a los Estados árabes que sacrificaran sus intereses. Exigiría algo más realista y, al mismo tiempo, más difícil: aceptar que la coexistencia puede organizarse antes de que exista una confianza plena. El primer paso no sería necesariamente la amistad, sino la previsibilidad; la previsibilidad podría favorecer la coexistencia; la coexistencia podría generar interdependencias; y estas interdependencias podrían hacer que la cooperación resultara progresivamente más racional que la confrontación. La paz se convertiría entonces menos en un acontecimiento que en un proceso institucional capaz de resistir las crisis y los cambios de gobierno.

145. El verdadero desafío del siglo XXI

El verdadero desafío del siglo XXI quizá ya no consista únicamente en determinar qué potencia dominará Oriente Medio. Esta cuestión sigue siendo importante, pues las capacidades militares, económicas, tecnológicas y diplomáticas continuarán determinando una parte de las relaciones de poder. Sin embargo, estos instrumentos ya no bastarán para medir la verdadera fortaleza de una sociedad. Un Estado puede disponer de un ejército considerable y seguir siendo vulnerable a una crisis hídrica; poseer inmensos recursos financieros y continuar expuesto a las interrupciones energéticas; desarrollar inteligencia artificial de vanguardia mientras depende de infraestructuras tecnológicas extranjeras; o disfrutar de superioridad militar sin conseguir poner fin a una inestabilidad regional que absorbe continuamente sus recursos. La cuestión estratégica fundamental pasa a ser otra: ¿qué arquitectura política, económica, tecnológica, ambiental y humana elegirán construir las sociedades de Oriente Medio en torno a sus interdependencias?

Esta cuestión va mucho más allá de Israel e Irán. Concierne a los Estados árabes, Türkiye, Israel, Irán, Palestina y las demás sociedades directamente afectadas por las transformaciones regionales. También concierne a Estados Unidos, China, Rusia, Europa y las demás potencias que mantienen relaciones estratégicas, económicas o tecnológicas con la región. Pero afecta, sobre todo, a las generaciones que tendrán que vivir con las consecuencias de las decisiones tomadas hoy. Oriente Medio puede seguir organizando una parte de su futuro en torno a la preparación para la próxima crisis, o comenzar a dedicar más recursos e imaginación política a la capacidad colectiva de absorber las crisis sin que se conviertan automáticamente en guerras.

La primera trayectoria no exige una guerra permanente. Podría adoptar una forma más sutil: rivalidades intermitentes, coaliciones cambiantes, disuasión constante, crisis recurrentes, enfrentamientos indirectos, ciberataques y acuerdos temporales. Una región de este tipo podría incluso atravesar períodos de crecimiento y prosperidad, pero seguiría expuesta estructuralmente al riesgo de que cada nueva crisis destruyera una parte de los logros anteriores. La segunda trayectoria tampoco garantizaría la paz. Simplemente exigiría que los Estados dedicaran parte de sus recursos a mecanismos capaces de hacer las crisis más previsibles, agilizar la comunicación, facilitar la mediación y aumentar la utilidad de la cooperación. La diferencia no estaría entre un mundo perfecto y otro peligroso, sino entre un sistema que reproduce principalmente sus vulnerabilidades y otro que procura transformarlas progresivamente.

Para 2030, la cuestión sería determinar si los mecanismos de prevención se han vuelto suficientemente sólidos como para impedir que determinadas crisis se propaguen. Para 2050, se trataría de la capacidad de la región para gestionar conjuntamente el agua, la energía, el clima, la inteligencia artificial y las grandes transformaciones económicas. Para 2100, si esta perspectiva sigue siendo imaginable, la pregunta podría ser si los Estados de Oriente Medio habrán logrado preservar sus identidades y soberanías mientras crean suficientes interdependencias para que la guerra deje de ser el principal mecanismo de regulación de las rivalidades. Estos horizontes no constituyen predicciones. Representan tres momentos desde los cuales evaluar una posible transformación del sistema regional.

Una transformación de este tipo probablemente no comenzaría con una gran declaración histórica. Podría nacer de decisiones mucho más concretas: mantener un canal de comunicación durante una crisis, aceptar que se verifique un incidente antes de atribuir públicamente responsabilidades, permitir que una mediación regional actúe antes de que las posiciones se vuelvan irreversibles, proteger una infraestructura de la que dependan varios Estados, coordinar la gestión de un recurso hídrico transfronterizo, compartir datos climáticos o establecer normas comunes para las tecnologías de inteligencia artificial. Estos actos pueden parecer modestos cuando se comparan con las guerras y las grandes estrategias militares. Sin embargo, constituyen el material con el que las instituciones adquieren realidad política. Una arquitectura regional no nace únicamente de los tratados que firma, sino también de los comportamientos que esos tratados hacen posibles progresivamente.

Aquí reaparece el título de este documento: ¿cuándo se convierte el enemigo en el sistema? Se convierte en sistema cuando el miedo al otro deja de ser únicamente una respuesta ante una amenaza identificable y pasa a ser el principio en torno al cual se organizan la seguridad, la diplomacia, las alianzas, las tecnologías, las inversiones y las percepciones colectivas. En un sistema así, cada actor puede actuar racionalmente para protegerse y, al mismo tiempo, contribuir, mediante la acumulación de sus propias medidas de protección, a reforzar la inseguridad general. Esta es la paradoja central de la seguridad regional: lo que parece razonable a escala de un Estado puede convertirse en un factor de desestabilización cuando todos los demás lo reproducen simultáneamente.

Transformar este sistema no significaría eliminar al enemigo por decreto. Significaría reducir progresivamente la capacidad de la enemistad para organizar toda la región. Un vecino podría seguir siendo un adversario en determinadas cuestiones sin ser considerado simultáneamente una amenaza en todas las demás. Un Estado podría mantener sus capacidades defensivas mientras coopera con sus vecinos en materia de agua. Dos gobiernos podrían seguir profundamente enfrentados por una cuestión política y, al mismo tiempo, proteger conjuntamente una infraestructura energética. Las sociedades podrían conservar memorias históricas diferentes y aceptar mecanismos comunes para resolver controversias. Esta separación entre el desacuerdo y la destrucción podría constituir una de las grandes innovaciones diplomáticas del siglo.

Por tanto, el cambio histórico, si llegara a producirse, no ocurriría necesariamente el día en que Israel e Irán anunciaran su amistad, ni siquiera cuando todos los conflictos de Oriente Medio se resolvieran definitivamente. Podría comenzar cuando los gobiernos reconocieran que la seguridad duradera de cada uno depende también de la capacidad de sus vecinos para mantenerse funcionales, previsibles y capaces de dialogar. El propio interés nacional podría adquirir progresivamente una dimensión diferente. Evitar que el otro se derrumbe en determinadas circunstancias ya no se consideraría necesariamente una concesión al adversario; podría convertirse en una forma de proteger los propios intereses.

Quizá ahí resida el verdadero significado de un nuevo orden regional. No se trataría simplemente de determinar qué potencia sustituirá a otra, qué Estado dominará una zona de influencia o qué alianza sucederá a una anterior. Un orden verdaderamente nuevo sería aquel en el que el poder ya no se midiera únicamente por la capacidad de imponer costes al adversario, sino también por la capacidad de generar estabilidad, resiliencia, conocimiento, innovación y prosperidad a su alrededor. Desde esta perspectiva, la soberanía no desaparecería. Adquiriría una dimensión adicional: la capacidad de participar voluntariamente en mecanismos colectivos que refuercen, en lugar de reducir, la seguridad nacional.

Oriente Medio no tiene ninguna garantía de seguir esta trayectoria. La historia no impone un escenario obligatorio; la geopolítica sigue dependiendo de las decisiones, las relaciones de poder, los accidentes y las acciones humanas. Pero precisamente por eso el futuro no debe considerarse ya escrito. Las generaciones que hoy viven las consecuencias de las crisis regionales todavía pueden contribuir a determinar las instituciones que heredarán las generaciones futuras. La cuestión no consiste en saber si una paz perfecta es posible, sino en determinar si una región que ha dedicado tantos recursos a prepararse para la guerra puede dedicar una parte comparable de su inteligencia política a preparar la coexistencia.

Quizá algún día los historiadores contemplen el Oriente Medio de comienzos del siglo XXI como una región situada ante una encrucijada histórica. Por un lado, la tentación de perfeccionar indefinidamente los mecanismos de confrontación, considerando cada nueva tecnología como un arma, cada vecino como una amenaza potencial y cada crisis como una confirmación de que es necesario prepararse para la siguiente. Por otro, la posibilidad, mucho más lenta y ciertamente más difícil, de inventar instituciones adaptadas a una región cuyos pueblos no comparten las mismas historias, los mismos intereses ni las mismas visiones del mundo, pero están vinculados por realidades que ninguna frontera puede contener por completo: el agua, el clima, la energía, los mercados, las migraciones, las tecnologías, la información y los riesgos comunes.

Hoy no sabemos qué trayectoria recordará la historia. Sin embargo, podemos comprender que el futuro no estará determinado únicamente por las armas disponibles, las alianzas existentes o las relaciones de poder heredadas del pasado. También dependerá de la capacidad de las sociedades para concebir instituciones suficientemente sólidas como para que sus desacuerdos dejen de producir violencia de manera automática. Si Oriente Medio consigue algún día dar ese paso, la paz no será simplemente la ausencia de una nueva guerra. Se habrá convertido en una forma de organizar duraderamente la coexistencia.

Entonces, el enemigo no habrá desaparecido necesariamente. Los desacuerdos no se habrán borrado, las memorias no se habrán abolido ni las soberanías se habrán disuelto. Pero el enemigo habrá dejado de ser un destino, porque su existencia ya no determinará por sí sola la arquitectura del mundo en el que viven quienes se encuentran a ambos lados de una frontera. Quizá esta sea la mayor ambición que el siglo XXI pueda ofrecer a Oriente Medio: no prometer que sus pueblos dejarán algún día de ser diferentes, sino permitirles descubrir que la diferencia no obliga a vivir eternamente con miedo al otro.

LA MIRADA DE CPGNNEWS

ISRAEL E IRÁN: ¿PUEDE LA HISTORIA VOLVER A CONVERTIRSE EN UN PUENTE?

En la historia de Oriente Medio existen realidades que las sucesivas crisis han cubierto casi por completo. Una de las más importantes concierne a la relación entre Israel e Irán. Hoy, sus nombres están asociados a la confrontación, la disuasión, la inteligencia, los misiles, la cuestión nuclear, las alianzas rivales y el riesgo de una escalada regional. Sin embargo, esta relación no siempre estuvo definida por la hostilidad. Antes de la revolución iraní de 1979, el Irán del sah e Israel habían desarrollado durante varias décadas unas relaciones que los historiadores describen como un entendimiento estratégico informal. Esta realidad no es una curiosidad secundaria ni una invitación a la nostalgia política. Constituye una clave interpretativa para comprender cómo un socio puede convertirse en adversario y por qué ninguna configuración geopolítica debería considerarse eterna.

Conviene recordar con precisión el punto de partida. El 6 de marzo de 1950, Irán reconoció de facto a Israel, sin establecer por ello relaciones diplomáticas formales comparables a las propias de una alianza oficial. El Gobierno de Mohammad Mossadegh cerró el consulado iraní en Jerusalén en julio de 1951, pero no revocó ese reconocimiento. La cooperación económica continuó, especialmente en los ámbitos del comercio, la agricultura y la asistencia técnica. En 1953 se estableció una línea de crédito y una sociedad comercial iranoisraelí, IRIS, contribuyó al desarrollo de los intercambios. Por tanto, la relación no comenzó con una alianza militar secreta. Se fue construyendo progresivamente a partir de intereses económicos, políticos y estratégicos convergentes, en un entorno regional marcado por la Guerra Fría, el nacionalismo árabe y la competencia entre las grandes potencias.

A partir de finales de la década de 1950, esta convergencia adquirió una dimensión estratégica más definida. Israel, enfrentado a su aislamiento regional, buscaba establecer relaciones con Estados no árabes o periféricos para compensar la ausencia de relaciones normales con gran parte de sus vecinos. El Irán del sah también encontraba ventajas en esa aproximación. Teherán pretendía reforzar su seguridad, contener determinadas dinámicas del nacionalismo árabe y preservar su autonomía frente a los cambios regionales y la influencia soviética. El ascenso de Gamal Abdel Nasser, las transformaciones provocadas por la revolución iraquí de 1958 y las tensiones de la Guerra Fría contribuyeron al acercamiento entre ambos Estados. Esta convergencia no se basaba en una identidad ideológica común, sino en una interpretación pragmática de sus respectivos intereses. Los estudios históricos sobre la denominada doctrina israelí de la «periferia» describen precisamente esta búsqueda de alianzas más allá del círculo de los Estados árabes hostiles.

Posteriormente, la energía se convirtió en uno de los fundamentos más concretos de esta relación. Israel comenzó a comprar petróleo iraní en la década de 1950. Tras el cierre del canal de Suez en 1967, Irán e Israel desarrollaron el proyecto del oleoducto Eilat-Ashkelon, que permitía conectar el mar Rojo con el Mediterráneo y facilitar el transporte de petróleo. La relación dejó así de limitarse a contactos diplomáticos discretos: generó una interdependencia energética y económica considerable. Los vínculos también se extendieron a la agricultura, el agua, la medicina, las infraestructuras, la aviación, los servicios de inteligencia y la cooperación militar.

Esta cooperación siguió siendo, no obstante, esencialmente pragmática. Irán e Israel no se convirtieron en aliados ideológicos en el sentido clásico del término. Se convirtieron en socios porque sus dirigentes consideraban que esa relación servía a sus respectivos intereses. Esta precisión es fundamental para interpretar el presente. No permite afirmar que la cooperación pueda restablecerse, y mucho menos que una reconciliación sea inminente. Sí permite establecer un hecho histórico importante: la relación entre ambos Estados ya ha cambiado radicalmente de naturaleza. Este precedente demuestra que los intereses estratégicos, las percepciones de amenaza y las estructuras regionales pueden transformar profundamente una relación internacional.

Entonces llegó 1979. La revolución iraní derrocó el orden político del sah y transformó radicalmente la doctrina exterior de Irán. Se rompieron las relaciones con Israel y el nuevo poder adoptó una política abiertamente hostil hacia el Estado israelí, al tiempo que situaba la causa palestina en el centro de su discurso regional. Este cambio no fue un simple reajuste diplomático. Modificó progresivamente la percepción recíproca de ambos Estados. Lo que había sido una asociación basada en intereses convergentes se convirtió en una relación estructurada por la ideología, la seguridad, las redes regionales, los servicios de inteligencia y una percepción cada vez mayor de la amenaza.

Un enemigo, por tanto, no es únicamente aquel a quien se designa como tal. Puede convertirse gradualmente en una categoría en torno a la cual un Estado organiza su doctrina de seguridad, sus alianzas, sus servicios de inteligencia, sus capacidades tecnológicas y sus inversiones militares. A medida que esta lógica se consolida, la percepción de amenaza puede generar una dinámica autónoma: cada parte refuerza sus capacidades porque teme las de la otra, mientras que las medidas adoptadas para aumentar la propia seguridad son interpretadas por el adversario como una amenaza adicional. La relación entre Israel e Irán ilustra este dilema de seguridad con especial intensidad.

La confrontación se extendió después a distintos espacios de la región. Líbano, Siria, Irak, Gaza y otros escenarios se convirtieron en terrenos de competencia indirecta. Las redes armadas, los socios regionales, las operaciones clandestinas, los servicios de inteligencia y el ciberespacio permitieron durante mucho tiempo que ambos Estados se enfrentaran sin entrar sistemáticamente en una guerra abierta. Sin embargo, cuanto más se prolonga esta confrontación indirecta, más se convierten los espacios periféricos en componentes del conflicto central.

El programa nuclear iraní añadió otra dimensión. Para Israel, la posibilidad de que Irán adquiera la capacidad de aproximarse al umbral nuclear militar constituye desde hace tiempo una cuestión fundamental de seguridad nacional. Para Irán, las sanciones, las operaciones clandestinas y las presiones dirigidas contra su programa nuclear forman parte de una lógica de confrontación y soberanía nacional. El acuerdo nuclear de 2015, suscrito por Irán y varias potencias internacionales, creó un marco destinado a limitar y supervisar determinadas actividades iraníes. La retirada de Estados Unidos de ese acuerdo en 2018 modificó profundamente el contexto. La cuestión nuclear pasó así a ser, al mismo tiempo, un problema de no proliferación y un símbolo de la crisis de confianza regional e internacional.

Los enfrentamientos directos de 2024 marcaron una nueva etapa en esta evolución. Los intercambios de ataques entre Israel e Irán demostraron que las antiguas zonas grises coexistían ya con acciones militares abiertas. En junio de 2025, la guerra de doce días, desencadenada por ataques israelíes contra Irán y seguida de una intervención militar estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes, amplió aún más el alcance del conflicto. El alto el fuego posterior no eliminó las causas estructurales de la rivalidad.

El 28 de febrero de 2026, los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán abrieron una nueva fase de la confrontación. Sus consecuencias se extendieron al golfo Pérsico y al estrecho de Ormuz, mientras continuaban los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las hostilidades. Al 12 de octubre de 2026, los contactos indirectos entre Washington y Teherán seguían siendo inciertos. Irán estaba examinando la respuesta estadounidense a su propuesta de reabrir el estrecho de Ormuz, mientras que las iniciativas de mediación, especialmente a través de Catar y Pakistán, todavía no habían desembocado en un acuerdo confirmado. El tráfico marítimo y las exportaciones energéticas continuaban afectados por el conflicto.

Esta evolución recuerda una realidad fundamental: en el Oriente Medio contemporáneo, una guerra entre potencias regionales puede convertirse rápidamente en una crisis mundial. El estrecho de Ormuz, los mercados energéticos, las cadenas de suministro, las infraestructuras críticas y las economías dependientes de las importaciones hacen ya imposible interpretar la confrontación desde una perspectiva estrictamente bilateral. La seguridad regional se ha vuelto inseparable de la seguridad energética, marítima, alimentaria y económica de un espacio mucho más amplio. Las perturbaciones observadas en 2026 muestran de forma concreta hasta qué punto las decisiones militares pueden tener consecuencias mucho más allá del escenario inmediato de las operaciones.

Precisamente en esta transformación reside la paradoja histórica de la relación entre Israel e Irán. Hoy, ambos Estados están separados por profundas divergencias y una acumulación considerable de desconfianza. Sin embargo, su historia demuestra que su relación nunca ha permanecido inmutable. Ha conocido el reconocimiento, la cooperación económica, la interdependencia energética, los intercambios técnicos y la cooperación en materia de seguridad, antes de pasar a la ruptura y la confrontación. Esta trayectoria no permite predecir una futura reconciliación. Sí permite establecer una distinción esencial: la hostilidad actual es una realidad política y estratégica, pero no constituye una ley natural de las relaciones entre ambos Estados.

Afirmar que el enemigo puede cambiar no significa negar las amenazas actuales, minimizar a las víctimas de los conflictos, borrar las divergencias ideológicas ni renunciar a los imperativos de seguridad. Significa que una política regional no puede construirse de manera duradera sobre la idea de que la confrontación debe seguir siendo su único principio organizador. El verdadero desafío analítico consiste en determinar si pueden crearse mecanismos para contener los desacuerdos antes de que se conviertan en guerras y si los intereses comunes pueden modificar progresivamente el cálculo estratégico de los actores.

La historia internacional ofrece varios ejemplos de transformaciones comparables, aunque ninguno puede trasladarse mecánicamente a Oriente Medio. Estados Unidos y Vietnam pasaron de la guerra a la normalización diplomática y al desarrollo de relaciones económicas. Francia y Alemania transformaron una rivalidad militar histórica en una cooperación institucional situada en el núcleo del proyecto europeo. Egipto e Israel firmaron un tratado de paz en 1979 después de varias guerras, mientras que Jordania e Israel suscribieron el suyo en 1994. Estas experiencias no demuestran que cualquier confrontación pueda resolverse automáticamente. Demuestran que una relación internacional puede evolucionar cuando cambian los intereses, las instituciones y las percepciones. Por tanto, la cuestión no consiste en determinar si Israel e Irán se convertirán próximamente en socios. Tal afirmación sería prematura. La cuestión estratégica es más profunda: ¿puede construirse en Oriente Medio un sistema en el que Israel e Irán, a pesar de sus desacuerdos, puedan algún día integrarse en una arquitectura regional de seguridad, diálogo y cooperación?

Esta pregunta marca el límite entre dos registros que conviene distinguir rigurosamente. Hasta aquí, el análisis examina una trayectoria histórica, identifica transformaciones estratégicas, observa los mecanismos de la rivalidad y pone de manifiesto las interdependencias que ya superan la capacidad de actuación de un solo Estado. Estos elementos permiten comprender la naturaleza del problema, pero no determinan mecánicamente su solución. A partir de este punto, CPGNNews pasa explícitamente del diagnóstico a la propuesta. El Pacto Global Regional no es, por tanto, un hecho establecido, una organización existente ni una predicción sobre el futuro de Oriente Medio. Es una propuesta normativa e institucional formulada a partir del problema que el análisis acaba de poner de relieve. En otras palabras, el análisis pregunta qué permite comprender la realidad regional; la propuesta pregunta qué podrían decidir construir los Estados.

LA TESIS DEL PACTO GLOBAL REGIONAL

Según el análisis defendido por CPGNNews, Oriente Medio probablemente no podrá reducir de manera duradera la recurrencia de sus conflictos mediante la mera superioridad militar de un actor, la multiplicación de alianzas rivales o las mediaciones puntuales de potencias externas. Estos instrumentos pueden desempeñar un papel importante en la disuasión, la defensa y la desescalada, pero no bastan necesariamente para abordar el conjunto de vulnerabilidades que hoy estructuran la región.

A partir de esta constatación, CPGNNews propone examinar la creación progresiva de una arquitectura regional permanente de coexistencia, seguridad, cooperación y desarrollo. El Pacto Global Regional sería una propuesta de política regional y organización institucional, no un tratado vigente, una organización ya constituida ni una predicción sobre la evolución de Oriente Medio.

El proyecto no parte de la hipótesis de que las rivalidades desaparecerán. Por el contrario, se basa en la posibilidad de que persistan durante mucho tiempo y en la necesidad de construir mecanismos capaces de funcionar incluso cuando la confianza sea incompleta. El Pacto no sería, por tanto, ni un simple tratado de paz ni una nueva alianza militar. Buscaría incorporar progresivamente las relaciones de poder a un sistema en el que la prevención, la negociación, la transparencia, la interdependencia y la solución pacífica de controversias ocuparan un lugar institucional permanente.

No exigiría a Israel que renunciara a su seguridad, a Irán que abandonara sus intereses estratégicos, a los Estados árabes que renunciaran a su soberanía, ni a Türkiye o Egipto que abandonaran sus aspiraciones regionales. Tampoco pretendería sustituir las relaciones de los Estados con Washington, Pekín, Moscú, Bruselas u otros socios. Añadiría un nivel de cooperación regional destinado a abordar problemas que los mecanismos estrictamente nacionales o bilaterales no siempre pueden controlar de manera suficiente.

El principio central sería el de la interdependencia estratégica. El agua, la energía, la seguridad alimentaria, las rutas marítimas, el clima, las infraestructuras digitales, la ciberseguridad y la inteligencia artificial ya trascienden las fronteras nacionales. Estas vulnerabilidades comunes podrían servir, por tanto, como fundamento de una cooperación pragmática. La confianza no sería una condición previa absoluta; podría convertirse progresivamente en el resultado de una cooperación regular, verificable e institucionalizada.

El Pacto también se basaría en la gradualidad. No debería concebirse como una institución definitiva que se impusiera íntegramente desde el momento de su creación. Podría comenzar con mecanismos funcionales y ampliarse a medida que se demostrara su utilidad. Entre sus primeros componentes posibles figurarían un mecanismo permanente de prevención y gestión de crisis, líneas directas entre los principales centros de decisión, una conferencia regional sobre seguridad y cooperación, un sistema de alerta temprana, procedimientos de notificación relativos a determinadas actividades militares sensibles, un mecanismo de solución pacífica de controversias y grupos de trabajo dedicados al agua, la energía, las infraestructuras críticas, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.

El Pacto no trataría, por tanto, de crear inmediatamente una comunidad política homogénea. Su objetivo sería establecer un sistema de cooperación suficientemente sólido para permitir la coexistencia institucional de Estados que no comparten la misma historia, los mismos intereses ni las mismas orientaciones políticas. Su pertinencia, viabilidad y modalidades deberían poder ser debatidas, modificadas o cuestionadas por los Estados interesados, los diplomáticos, los investigadores, las organizaciones regionales e internacionales y las sociedades civiles.

EL ÁMBITO REGIONAL PROPUESTO

El ámbito del Pacto debe definirse con precisión. En esta propuesta, Oriente Medio designa un espacio estratégico centrado en la península arábiga, el Levante, Irak, Irán y Türkiye, con una asociación funcional de Egipto y de los Estados ribereños del mar Rojo cuando los asuntos tratados lo justifiquen. El núcleo regional propuesto incluiría, por tanto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait, Omán, Yemen, Irak, Irán, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Siria, Türkiye y Egipto.

Esta definición es una propuesta institucional de CPGNNews, no una reproducción del ámbito de una organización existente. Corresponde a un espacio en el que las cuestiones de seguridad, energía, agua, comercio, movilidad, tecnología y estabilidad están estrechamente vinculadas. Sin embargo, el ámbito funcional sería más flexible que el geográfico. Pakistán, por ejemplo, se encuentra fuera del núcleo geográfico elegido, pero mantiene importantes relaciones estratégicas con varios Estados del Golfo. Por ello, podría asociarse a determinados mecanismos. Algunos Estados del Cuerno de África y del espacio del mar Rojo también podrían participar en los dispositivos relativos a la seguridad marítima, las rutas comerciales, la energía, la alimentación o la gestión de riesgos.

El principio rector sería el de un núcleo regional, un entorno estratégico asociado y una cooperación internacional abierta. Las potencias externas podrían contribuir a determinados mecanismos sin convertirse en los centros de decisión.

UNA ARQUITECTURA DE TRES NIVELES

Para evitar que todos los Estados tengan que aceptar íntegramente el Pacto desde el momento de su creación, CPGNNews propone tres categorías de participación: Estados miembros, Estados asociados y socios externos. Esta diferenciación responde a una dificultad fundamental de cualquier arquitectura regional: algunos Estados podrían estar dispuestos a participar en mecanismos técnicos o económicos antes de aceptar el conjunto de los compromisos políticos y de seguridad.

Los Estados miembros constituirían el núcleo institucional y decisorio del Pacto. Aceptarían sus principios fundamentales, participarían en sus instituciones permanentes y asumirían las obligaciones comunes en materia de no agresión, solución pacífica de controversias, prevención de crisis y cooperación. De acuerdo con las reglas que se negociasen, podrían acceder a mecanismos de alerta temprana, consulta de emergencia, cooperación en materia de seguridad, gestión del agua y la energía, ciberseguridad, protección de infraestructuras críticas, cooperación científica y tecnológica y solución de controversias. También podrían proponer nuevos mecanismos, solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día y participar en las decisiones relativas a la evolución institucional y a la admisión de nuevos miembros.

Los Estados asociados constituirían un círculo de participación progresiva. Podrían adherirse a mecanismos específicos, especialmente en los ámbitos de la seguridad marítima, el agua, la energía, el clima, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o la prevención de catástrofes. Podrían presentar propuestas, participar en grupos de trabajo y ser consultados cuando una cuestión afectara directamente a sus intereses, sin disponer del mismo poder de decisión general que los miembros. Esta categoría permitiría, en particular, que Estados pertenecientes al entorno estratégico regional participaran en determinados ámbitos sin quedar incorporados artificialmente al núcleo geográfico.

Los socios externos podrían incluir a Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, India, Japón y otros Estados, así como organizaciones internacionales, instituciones financieras u organismos científicos. Podrían aportar conocimientos especializados, contribuir a la financiación de programas, respaldar proyectos de infraestructura o investigación y celebrar acuerdos sectoriales con el Pacto. No tendrían un derecho general de voto en los órganos políticos centrales. Según esta concepción, el Pacto sería regional en sus decisiones e internacional en su cooperación.

LOS DERECHOS VINCULADOS A CADA CATEGORÍA

La diferenciación de las categorías debe corresponder a derechos institucionales reales y claramente definidos. Los miembros disfrutarían de los derechos más amplios: representación en los órganos decisorios, participación en las decisiones políticas, acceso a los mecanismos comunes y posibilidad de proponer cambios institucionales. También podrían beneficiarse de los mecanismos de solidaridad previstos por el Pacto, de acuerdo con las condiciones y los límites establecidos en su futuro marco jurídico.

Los asociados tendrían derechos de participación y, en los ámbitos a los que se hubieran adherido, derechos de decisión sectorial. Podrían participar en consultas, grupos de trabajo y mecanismos técnicos pertinentes, sin disponer del mismo poder de decisión general que los miembros. Los socios externos contarían con derechos de consulta, asesoramiento especializado y cooperación. Podrían contribuir a los programas que apoyaran y participar en determinados mecanismos técnicos conforme a los acuerdos suscritos, sin determinar las orientaciones políticas generales del Pacto.

Esta organización establecería una correspondencia entre el grado de compromiso y el grado de participación institucional. No crearía una jerarquía de soberanía entre los Estados, sino que distinguiría los niveles de responsabilidad y decisión dentro de una misma arquitectura.

EL DERECHO DE VOTO Y LA TOMA DE DECISIONES

El principio básico sería la igualdad soberana de los Estados miembros: cada miembro dispondría de un voto en el órgano político central. Las decisiones ordinarias podrían adoptarse por mayoría simple de los miembros presentes y votantes, siempre que se cumpliera el cuórum. Las decisiones institucionales de mayor alcance podrían requerir una mayoría cualificada de dos tercios, especialmente en lo relativo a la admisión de nuevos miembros, las modificaciones sustanciales de la arquitectura o la adopción de nuevas obligaciones comunes.

Las decisiones que comprometieran directamente la seguridad colectiva exigirían un procedimiento más protector. Una simple mayoría no debería poder imponer a un Estado una decisión importante que afectara directamente a su seguridad nacional. Estas decisiones podrían estar sujetas a un consentimiento reforzado, cuyas modalidades concretas se negociarían en el marco jurídico del Pacto. No obstante, el sistema debería evitar que un solo Estado pudiera bloquear sistemáticamente todas las decisiones colectivas. Por ello, el consentimiento reforzado debería reservarse para un número limitado de cuestiones definidas expresamente como fundamentales.

Los asociados no dispondrían de un derecho de voto general, pero podrían contar con derechos de decisión sectorial en los mecanismos en los que participaran plenamente. Los socios externos no votarían en los órganos políticos centrales. Por último, una regla de imparcialidad procesal podría impedir que un Estado participara en determinadas decisiones relativas directamente a un incumplimiento que se le atribuyera, garantizando al mismo tiempo su derecho a ser escuchado, presentar su defensa y cuestionar las pruebas consideradas en su contra.

LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES

La lógica del Pacto se basaría en la correspondencia entre derechos y responsabilidades. Los miembros asumirían las obligaciones fundamentales de no agresión, solución pacífica de controversias, participación en los mecanismos de prevención de crisis, cooperación de buena fe, respeto de los compromisos comunes y contribución a la financiación institucional conforme a una fórmula que todavía habría que definir.

Los asociados asumirían las obligaciones correspondientes a los mecanismos en los que participaran. Un Estado asociado que se integrara en un dispositivo de seguridad marítima tendría que respetar sus reglas comunes. Un asociado que participara en un programa hídrico debería cumplir las obligaciones acordadas sobre intercambio de información y cooperación. Los socios externos quedarían vinculados por los acuerdos específicos suscritos con el Pacto, ya se tratara de compromisos financieros, técnicos, científicos u operativos, respetando la confidencialidad, las reglas acordadas y la soberanía de los participantes.

Podría aplicarse a todos los participantes una obligación general: no utilizar los mecanismos de cooperación del Pacto para preparar o facilitar una escalada contra otro participante. Una arquitectura destinada a reducir los riesgos no podría funcionar si la información, las consultas y los procedimientos creados para ese fin se utilizaran para agravar la confrontación.

LOS NUEVE PILARES DEL PACTO

La arquitectura propuesta se apoyaría en nueve pilares complementarios: no agresión y solución pacífica de controversias; seguridad colectiva y prevención de crisis; seguridad nuclear y estratégica; seguridad marítima; seguridad energética; seguridad hídrica y climática; cooperación económica; cooperación científica y tecnológica; gobernanza regional de la inteligencia artificial.

Estos pilares no constituirían nueve políticas aisladas, sino un único sistema. La seguridad energética depende de las rutas marítimas; la estabilidad económica está vinculada al agua y al clima; las infraestructuras energéticas e hídricas están expuestas a ciberataques; y la inteligencia artificial está transformando los servicios de inteligencia, los sistemas militares, la información y la protección de las infraestructuras. De este modo, el Pacto trataría de pasar de una concepción fragmentada de la seguridad a una visión más sistémica de la seguridad regional.

EL SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL PROYECTO

La propuesta del Pacto Global Regional tiene su origen intelectual en una constatación histórica: las relaciones entre Estados pueden cambiar radicalmente cuando evolucionan los intereses, las percepciones de seguridad y las instituciones. La historia de las relaciones entre Irán e Israel antes de 1979 constituye un ejemplo especialmente revelador. Las transformaciones de las relaciones entre Francia y Alemania, Estados Unidos y Vietnam, así como las de algunos antiguos adversarios de Oriente Medio, muestran también que la rivalidad y la cooperación no son necesariamente categorías inmutables.

El Pacto no pretende reproducir esas experiencias. Extrae de ellas una lección institucional: la paz duradera no puede depender únicamente de la voluntad de dirigentes sucesivos; debe estar respaldada por mecanismos capaces de resistir los cambios políticos. La propuesta no se basa, por tanto, en la idea de que los Estados deban confiar inmediatamente unos en otros, sino en la posibilidad de establecer reglas que les permitan funcionar a pesar de la desconfianza y dejar que la confianza se desarrolle mediante interacciones verificables.

LA PRUEBA ISRAEL-IRÁN

Israel e Irán representan la prueba más exigente para esta arquitectura. Si el Pacto estuviera reservado a los Estados que ya mantienen relaciones armoniosas, se limitaría a reproducir las alianzas existentes. Su verdadero alcance comenzaría cuando fuera capaz de incorporar progresivamente a Estados que siguen profundamente enfrentados.

Esto no significa que Israel e Irán deban convertirse inmediatamente en miembros, ni que tengan que resolver todas sus divergencias antes de participar en cualquier mecanismo. Significa que la arquitectura debería diseñarse de manera que hiciera posible su coexistencia institucional cuando las condiciones políticas lo permitieran. La cuestión fundamental no sería, por tanto, pedir a los adversarios que se conviertan en amigos, sino construir un sistema en el que puedan llegar a ser vecinos capaces de gestionar sus desacuerdos mediante procedimientos reconocidos.

DEL EQUILIBRIO DEL MIEDO AL EQUILIBRIO DE LOS INTERESES

El cambio de paradigma propuesto por CPGNNews consiste en pasar progresivamente de una lógica basada exclusivamente en la disuasión y la correlación de fuerzas a otra que añada a esos instrumentos un equilibrio de intereses comunes. Oriente Medio ha estado estructurado durante mucho tiempo por rivalidades, alianzas, garantías externas y búsqueda de ventajas estratégicas. Es probable que estos instrumentos sigan existiendo. El Pacto no trataría de abolirlos, sino de añadir un nivel institucional en el que los Estados también tuvieran interés en proteger infraestructuras, recursos, cadenas económicas y capacidades compartidas.

Cuantos más proyectos y mecanismos comunes tuvieran los Estados que proteger, mayor podría ser el coste de la confrontación. Cuanto más permanentes fueran los canales de comunicación, menor podría ser el riesgo de interpretaciones erróneas. Cuanto más institucionalizados estuvieran los procedimientos de prevención, más crisis podrían abordarse antes de convertirse en guerras. La cooperación no eliminaría necesariamente la rivalidad; modificaría progresivamente el entorno en el que esta se desarrolla.

UNA ARQUITECTURA, TODAVÍA NO UN TRATADO

Es esencial distinguir la propuesta estratégica del Pacto de su futura redacción jurídica. El presente documento no constituye el tratado constitutivo del Pacto Global Regional. Define su arquitectura intelectual, geopolítica e institucional: su razón de ser, su ámbito, sus niveles de participación, sus derechos, sus principios de votación, sus obligaciones, sus primeros mecanismos y sus nueve pilares.

La redacción del Pacto debería constituir una etapa independiente. Transformaría esta arquitectura en disposiciones jurídicamente precisas: preámbulo, principios, definiciones, categorías de miembros, instituciones, competencias, procedimientos de decisión, mecanismos de seguridad, financiación, solución de controversias, adhesión, suspensión, retirada, enmiendas, relaciones con organizaciones internacionales y disposiciones finales. Esta separación es deliberada. Antes de redactar los artículos de un instrumento jurídico, es necesario determinar con suficiente precisión qué institución se quiere crear, qué problemas debe resolver y qué límites debe respetar.

CONCLUSIÓN DE LA MIRADA

La historia de las relaciones entre Israel e Irán demuestra una realidad esencial: las relaciones internacionales no están condenadas a reproducir indefinidamente su pasado. La cooperación que existía antes de 1979 no puede restablecerse de manera idéntica, del mismo modo que no es posible borrar décadas de confrontación. Sin embargo, esta historia demuestra que una relación entre dos Estados puede cambiar de naturaleza cuando se transforman sus intereses, sus percepciones de seguridad y su entorno regional.

El Pacto Global Regional parte de esta realidad sin convertirla en una promesa irrealista. No pide a los Estados que renuncien a sus intereses, a su soberanía o a sus alianzas. Propone construir progresivamente un nivel adicional de seguridad, basado en la prevención, la comunicación, la transparencia, la interdependencia y la cooperación. Su ambición es transformar un espacio en el que los Estados buscan principalmente protegerse unos de otros en otro donde también dispongan de instituciones para afrontar conjuntamente los riesgos que ninguno puede controlar por sí solo.

El agua, la energía, el clima, las rutas marítimas, las infraestructuras críticas, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la seguridad alimentaria no conocen fronteras políticas. Ya obligan a los Estados a tener en cuenta realidades que no pueden abordar de forma aislada. El Pacto no sería, por tanto, la culminación de la paz, sino una infraestructura capaz de hacer institucionalmente más viable una paz duradera.

Su primer objetivo no sería pedir a los enemigos que se conviertan inmediatamente en amigos, sino permitir que Estados profundamente diferentes se conviertan en vecinos capaces de gestionar sus controversias sin transformar cada crisis en una amenaza para toda la región. La historia ha demostrado que un socio puede convertirse en enemigo. El desafío del siglo XXI consiste en construir las instituciones capaces de impedir que el enemigo siga siendo un destino inevitable.

NOTA METODOLÓGICA

Este dossier adopta un enfoque histórico, geopolítico, institucional y prospectivo para situar la confrontación entre Israel e Irán en una perspectiva temporal más amplia que la de las crisis militares contemporáneas. Examina la historia de las relaciones entre ambos Estados antes de 1979, la evolución de sus percepciones recíprocas, los mecanismos de confrontación indirecta, los enfrentamientos directos de los últimos años y las transformaciones del entorno estratégico regional. A continuación, amplía el análisis a las cuestiones de seguridad colectiva, energía, agua, clima, tecnología e inteligencia artificial.

El método distingue entre hechos documentados históricamente, declaraciones oficiales, análisis institucionales, interpretaciones de investigadores y medios de comunicación, e hipótesis prospectivas formuladas en el marco del dossier. Se presta especial atención a los acontecimientos de 2024 a 2026, periodo durante el cual la confrontación entre Israel e Irán y sus consecuencias regionales evolucionaron rápidamente. En un contexto en el que algunas informaciones aparecen inicialmente como declaraciones de partes implicadas en el conflicto, datos de inteligencia incompletos o evaluaciones susceptibles de revisión, las afirmaciones se contrastan, cuando es posible, con distintas categorías de fuentes. Cuando un dato sigue siendo incierto, controvertido o dependiente de una interpretación, debe conservarse esa distinción, en lugar de transformar una hipótesis en un hecho establecido.

La parte dedicada al Pacto Global Regional responde a una lógica diferente. Constituye una propuesta prospectiva y normativa de CPGNNews y no describe un tratado existente ni una institución ya constituida. Examina la posibilidad de una arquitectura regional capaz de organizar progresivamente la coexistencia y la cooperación entre Estados que actualmente pertenecen a sistemas de seguridad diferentes o mantienen relaciones hostiles. Las propuestas relativas a la seguridad colectiva, la no agresión, la seguridad nuclear, la seguridad marítima, la energía, el agua, el clima, la cooperación económica, la tecnología y la gobernanza de la inteligencia artificial deben entenderse como componentes de una reflexión institucional destinada a alimentar el debate.

Los horizontes de 2030, 2050 y 2100 deben interpretarse con el mismo criterio. No constituyen predicciones. Sirven para examinar distintas trayectorias posibles a partir de tendencias observables y evaluar las consecuencias que podrían tener la persistencia de la fragmentación, una estabilización parcial o la construcción progresiva de nuevas interdependencias regionales. Este enfoque permite plantear una cuestión central: ¿qué instituciones, garantías y formas de cooperación serían necesarias para que una región históricamente estructurada por la desconfianza transformara progresivamente sus vulnerabilidades comunes en intereses compartidos?

Por último, todo el dossier se basa en un principio editorial esencial: comprender un conflicto no significa adoptar el relato de uno de sus protagonistas. CPGNNews pretende examinar los intereses, las percepciones, las limitaciones, las decisiones y las responsabilidades de los distintos actores sin ocultar las consecuencias humanas de las decisiones estratégicas. La historia, el derecho internacional, la seguridad de las poblaciones, el desarrollo económico, las transformaciones tecnológicas y la dignidad humana se consideran dimensiones complementarias de una misma cuestión. Desde esta perspectiva, el dossier constituye una contribución independiente al debate internacional. No pretende agotar la complejidad de Oriente Medio; busca crear un espacio de reflexión en el que la historia pueda iluminar el presente y la imaginación institucional contribuya a pensar el futuro.

AGRADECIMIENTOS

La elaboración de un dossier de esta magnitud requiere investigación, verificación, lectura y confrontación intelectual con una producción considerable de documentos históricos, diplomáticos, académicos, institucionales y periodísticos. CPGNNews expresa su reconocimiento a los historiadores, investigadores, académicos, diplomáticos, periodistas, organizaciones internacionales, centros de investigación y observadores independientes cuyos trabajos contribuyen a comprender la evolución de Oriente Medio, las relaciones entre Israel e Irán, la seguridad regional, los desafíos energéticos e hídricos y las implicaciones estratégicas de las nuevas tecnologías. Las instituciones que facilitan el acceso a sus archivos, informes, datos y documentos de referencia desempeñan un papel esencial, pues la calidad de un análisis depende en gran medida de la calidad de la documentación que lo sustenta.

CPGNNews expresa asimismo su consideración a los periodistas y profesionales de la información que trabajan en entornos de crisis a menudo extremadamente difíciles. Su labor contribuye a documentar los acontecimientos, visibilizar las consecuencias humanas de los conflictos, seguir las negociaciones diplomáticas y contrastar los relatos oficiales con la realidad observada sobre el terreno. La mención de estas fuentes no implica una aprobación automática de cada uno de sus análisis o posiciones; reconoce el valor del trabajo documental y periodístico necesario para comprender seriamente los acontecimientos.

Más allá de las instituciones y los profesionales de la información, este dossier rinde homenaje a las poblaciones de Oriente Medio, que siguen siendo las principales afectadas por las decisiones adoptadas en nombre de la seguridad, la soberanía, el poder y la geopolítica. Detrás de las doctrinas militares, los mapas estratégicos, las negociaciones diplomáticas y las correlaciones de fuerzas hay sociedades humanas que aspiran a vivir, trabajar, transmitir sus conocimientos, desarrollarse y construir un futuro que no esté definido indefinidamente por el miedo y la guerra. Es también a partir de esta realidad humana que CPGNNews pretende continuar su labor: comprender las transformaciones del mundo con rigor, sin renunciar a la dignidad de quienes las viven.

FUENTES, REFERENCIAS Y DOCUMENTOS CONSULTADOS

La documentación utilizada para este dossier pertenece a varias categorías complementarias. Los archivos diplomáticos y los documentos históricos constituyen una base importante para reconstruir las relaciones entre Israel e Irán antes y después de la revolución de 1979. Se presta especial atención a los documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Oficina del Historiador, en particular a los volúmenes de Foreign Relations of the United States (FRUS) correspondientes a los periodos 1958–1960, 1964–1968 y 1969–1976. Estos archivos se complementan con los trabajos de la Encyclopaedia Iranica, especialmente su estudio sobre las relaciones entre Israel e Irán, que recorre el reconocimiento de facto de 1950, los intercambios económicos y técnicos, la cooperación en materia de seguridad y la ruptura provocada por la revolución iraní.

Para las cuestiones contemporáneas relacionadas con el ámbito nuclear, la seguridad regional, el derecho internacional y las consecuencias humanitarias de los conflictos, el dossier se apoya especialmente en publicaciones y documentos de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Estas fuentes institucionales también permiten abordar el derecho internacional humanitario, la protección de la población civil, las tecnologías militares emergentes, los sistemas autónomos y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en los ámbitos de la seguridad y la guerra.

Las dimensiones económicas, energéticas, hídricas y climáticas se examinan a partir de los trabajos de organizaciones internacionales e instituciones especializadas, entre ellas la Agencia Internacional de la Energía, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. A ello se añaden datos y análisis relativos a los mercados energéticos, el tráfico marítimo, las cadenas de suministro y el papel estratégico del estrecho de Ormuz. Las publicaciones del Banco Mundial de junio y octubre de 2026 resultan especialmente pertinentes para evaluar las consecuencias económicas regionales del conflicto y de las perturbaciones del tráfico marítimo. No obstante, deben interpretarse teniendo en cuenta su ámbito geográfico y las hipótesis utilizadas en sus proyecciones.

El dossier también ha tenido en cuenta trabajos de centros de investigación e instituciones especializadas en relaciones internacionales, seguridad en Oriente Medio, proliferación nuclear, geopolítica de la energía, tecnologías emergentes y transformaciones del orden internacional, entre ellos el Council on Foreign Relations y diversas publicaciones académicas y especializadas. Estos trabajos permiten contextualizar los acontecimientos, contrastar interpretaciones e identificar las principales controversias analíticas, sin considerar que una institución o corriente de pensamiento constituya por sí sola una fuente definitiva.

Para seguir los acontecimientos más recientes, especialmente los desarrollos militares y diplomáticos de 2024 a 2026, las negociaciones, las iniciativas de desescalada y las perturbaciones que afectan al estrecho de Ormuz, el dossier también recurre a medios internacionales de referencia, entre ellos Reuters. La información periodística debe evaluarse teniendo en cuenta la fecha de publicación, si se trata de hechos confirmados o declaraciones y la distinción entre hechos comunicados, afirmaciones de las partes e interpretaciones analíticas. Cuando una información resulta especialmente determinante, debe priorizarse, siempre que sea posible, su contraste con fuentes institucionales o primarias.

Los apartados dedicados a la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes se basan en documentos de las Naciones Unidas, el CICR, instituciones científicas y tecnológicas, así como centros de investigación especializados en ciberseguridad, sistemas autónomos, desinformación, infraestructuras críticas y usos estratégicos de la inteligencia artificial. Esta documentación permite examinar la IA no solo como instrumento de poder militar o económico, sino también como un ámbito en el que los Estados de Oriente Medio podrían afrontar riesgos comunes y, en su caso, desarrollar mecanismos de cooperación.

El Pacto Global Regional presentado en este dossier constituye una propuesta prospectiva original de CPGNNews. No corresponde a un tratado vigente ni a una organización regional existente. Sin embargo, su concepción se inspira en el estudio comparativo de experiencias internacionales de prevención de conflictos, cooperación regional, control de armamentos, diplomacia multilateral e integración económica. Los nueve pilares propuestos son el resultado de una síntesis prospectiva destinada a examinar las condiciones institucionales que podrían permitir, a largo plazo, que Oriente Medio pasara de una lógica dominada por la disuasión y la desconfianza a una arquitectura más basada en la previsibilidad, la cooperación y la interdependencia.

En conjunto, las fuentes deben evaluarse atendiendo a su origen, fecha, propósito, metodología y grado de verificabilidad. Se priorizan las fuentes primarias cuando permiten establecer los hechos; las fuentes secundarias contribuyen a contextualizar y comparar interpretaciones. Ninguna fuente debe considerarse infalible por principio. La inclusión de una referencia en esta documentación no significa que CPGNNews comparta todas las posiciones, análisis o conclusiones que contiene. Las opiniones, declaraciones y evaluaciones atribuidas a gobiernos, organizaciones, investigadores o medios de comunicación siguen siendo responsabilidad de sus respectivos autores. El análisis, la síntesis y las propuestas desarrolladas en este dossier corresponden a la responsabilidad editorial de CPGNNews.

CPGNNews — Medio Internacional Independiente de Interés Público │ Investigación • Periodismo de investigación • Análisis • Periodismo.

¡Nacidos en el Caribe, abiertos al mundo!

Por Yvon BONHOMME
Investigador independiente, ensayista, analista geopolítico y especialista en gobernanza
Editor jefe, CPGNNews

Correo electrónico: info@cpgnnews.com │ © Todos los derechos reservados.