Informe Especial de CPGNNews
Edición 2026
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APERTURA: CUANDO LA RELACIÓN ENTRE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS CAMBIÓ DE NATURALEZA
Hay momentos en que una relación internacional deja de estar definida por las costumbres que durante mucho tiempo la estructuraron y comienza a regirse por nuevas reglas. Para Canadá, los años 2025 y 2026 podrían constituir uno de esos momentos de inflexión. El impacto no nació de una sola decisión, ni siquiera de un único episodio arancelario. Surgió progresivamente, a medida que las decisiones de Washington pusieron en cuestión una convicción profundamente arraigada en la cultura estratégica canadiense: la de que la proximidad geográfica, la integración económica y la pertenencia a un mismo espacio de seguridad bastarían para preservar, independientemente de las alternancias políticas, una relación privilegiada entre ambos países. Esta convicción no ha desaparecido por completo, pero ya no constituye una garantía. Canadá está descubriendo ahora que la interdependencia, por profunda que sea, no neutraliza necesariamente las relaciones de poder; en determinadas circunstancias, por el contrario, puede hacerlas más visibles.
Durante décadas, Ottawa construyó su prosperidad en torno a un principio aparentemente sencillo: era posible mantener una identidad política diferenciada de Estados Unidos y, al mismo tiempo, estar profundamente integrado con este país desde el punto de vista económico y estratégico. Esta fórmula produjo uno de los acuerdos más singulares del sistema internacional. Canadá conservó sus instituciones, su soberanía, su política exterior y su identidad nacional, al tiempo que participaba en un espacio económico norteamericano extraordinariamente integrado. Las cadenas de producción atravesaban la frontera con una fluidez excepcional; la energía canadiense abastecía el mercado estadounidense; la electricidad producida en Canadá contribuía al suministro de varios estados estadounidenses; los productos agrícolas, los minerales, los fertilizantes, los componentes industriales y los servicios circulaban en ambas direcciones. En el sector automotriz, determinadas piezas pueden cruzar varias veces la frontera antes de que un vehículo sea finalmente ensamblado. La interdependencia, por tanto, no era una abstracción diplomática: constituía la arquitectura material de la prosperidad de ambas sociedades.
Es precisamente esta arquitectura la que se ha convertido en el centro de la nueva vulnerabilidad canadiense. Las tensiones comerciales surgidas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca no han enfrentado simplemente a dos gobiernos por el nivel de los aranceles. Han revelado una transformación más profunda en la manera en que Washington concibe ahora el poder económico, las alianzas y las relaciones con sus socios. El proteccionismo estadounidense, la prioridad concedida a la reindustrialización, la voluntad de reducir determinadas dependencias externas, el cuestionamiento de los desequilibrios comerciales y una concepción más transaccional de las alianzas han modificado progresivamente el marco en el que Ottawa estaba acostumbrado a negociar. Canadá no se ha convertido en un adversario de Estados Unidos, pero ya no puede dar por sentado que su condición de vecino, aliado y socio histórico le garantizará automáticamente un trato preferencial.
Esta evolución no significa que Estados Unidos haya dejado repentinamente de ser una potencia estructurante del orden internacional. Significa, más bien, que la naturaleza de ese poder está cambiando. La América que, después de 1945, contribuyó a construir un sistema internacional basado en instituciones, alianzas y una apertura comercial relativamente amplia sigue siendo una potencia militar, financiera, tecnológica y económica sin equivalente. Pero su relación con ese orden se ha vuelto más compleja. Washington se enfrenta ahora al ascenso de China, a la competencia tecnológica, a la reindustrialización, a la securitización de las cadenas de suministro y a una creciente contestación interna respecto de los costos asociados a determinadas formas de globalización. La política de Donald Trump debe, por tanto, entenderse tanto como una doctrina presidencial como el producto de transformaciones más profundas de la sociedad y de la estrategia estadounidenses. Reducir el fenómeno al temperamento de un solo dirigente conduciría a subestimar la transformación a la que se enfrenta Canadá.
Es en este contexto donde Mark Carney ha intentado redefinir la respuesta canadiense. Su enfoque no consiste simplemente en elegir entre la confrontación y la conciliación. Se basa en una intuición más compleja: Canadá debe seguir negociando con Washington mientras reduce progresivamente la vulnerabilidad que representa su concentración económica en el mercado estadounidense. La diversificación comercial hacia Europa, Asia y otros mercados, el desarrollo de nuevas infraestructuras nacionales, la mejora de los corredores este-oeste, el fortalecimiento de las capacidades industriales y energéticas, así como la consolidación de las asociaciones estratégicas, pasan así a formar parte de una misma política. El objetivo no es sustituir a Estados Unidos, lo que sería irrealista, sino lograr que la relación con Washington deje de constituir la única variable determinante de la prosperidad canadiense.
Esta estrategia se enfrenta, sin embargo, a una limitación fundamental: la geografía. Canadá puede diversificar sus mercados, pero no puede trasladar su territorio. Estados Unidos sigue siendo su vecino inmediato, su principal socio económico y un elemento central de su entorno de seguridad. Una parte considerable de las infraestructuras, las cadenas de producción, las redes energéticas y las inversiones canadienses se construyó precisamente en función de esta proximidad. El desafío de la diversificación no es, por tanto, simplemente comercial. Es industrial, logístico, financiero, energético y tecnológico. Requiere inversiones considerables y, sobre todo, una capacidad política para aceptar los costos de una transformación cuyos beneficios no serán necesariamente inmediatos.
Pierre Poilievre, por su parte, ha dado una expresión diferente a esta preocupación. Su crítica al gobierno de Carney se basa, entre otras cosas, en la idea de que Canadá no puede responder eficazmente a la presión estadounidense si aparece constantemente dispuesto a conceder más de lo que recibe. Detrás de esta crítica se encuentra una concepción diferente del poder: la soberanía no debe afirmarse únicamente en términos jurídicos o diplomáticos; debe poder apoyarse en instrumentos económicos capaces de modificar el cálculo del adversario o del socio. Desde esta perspectiva, los recursos energéticos, los minerales críticos, la agricultura, las infraestructuras y el acceso al mercado canadiense pueden convertirse en palancas de negociación. La oposición entre Carney y Poilievre trasciende así la rivalidad partidista. Pone de manifiesto dos concepciones diferentes de la manera en que una potencia media puede defender sus intereses frente a una potencia mucho mayor.
Sin embargo, el desafío va mucho más allá de ambos hombres. Concierne a la transformación de la propia cultura estratégica canadiense. Durante gran parte de su historia contemporánea, Canadá desarrolló una notable capacidad para conciliar dos realidades aparentemente contradictorias: una estrecha proximidad con Estados Unidos y una voluntad constante de preservar una identidad política diferenciada. Ottawa podía defender el multilateralismo, apoyar las instituciones internacionales, desarrollar una política exterior relativamente autónoma y mantener simultáneamente una integración económica excepcional con Washington. Esta contradicción no era necesariamente una debilidad. Constituía precisamente uno de los fundamentos del modelo canadiense. Pero cuando el propio socio dominante se vuelve menos previsible, la contradicción se hace más difícil de gestionar.
El problema canadiense no consiste, por tanto, en elegir entre América y el resto del mundo. Consiste en transformar la naturaleza de su dependencia. Esta distinción es esencial. La verdadera autonomía estratégica de un Estado contemporáneo no reside en la ausencia de dependencia, una situación prácticamente imposible en una economía mundial interdependiente, sino en su capacidad para disponer de varias opciones cuando sus intereses fundamentales se encuentran amenazados. Un país verdaderamente autónomo no es necesariamente aquel que puede producirlo todo por sí mismo. Es aquel que posee suficientes capacidades, socios, infraestructuras, recursos y margen de maniobra para no quedar completamente sometido a las decisiones de un único centro de poder.
Es desde esta perspectiva que se impone la noción de autonomía interdependiente. El concepto puede parecer contradictorio, pero describe con precisión la situación canadiense. Ottawa no puede razonablemente intentar eliminar su interdependencia con Washington. Sí puede, en cambio, impedir que esa interdependencia se transforme en una dependencia unilateral. Esto significa diversificar los mercados de exportación, desarrollar infraestructuras capaces de conectar mejor las provincias entre sí, reforzar los corredores hacia los puertos del Atlántico y del Pacífico, aumentar la capacidad de transformación de los recursos naturales dentro del territorio nacional, consolidar la soberanía tecnológica en determinados sectores críticos y fortalecer las capacidades de defensa. Se trata menos de construir una economía independiente que de construir una economía capaz de elegir.
Esta transformación ya ha comenzado. La proporción de las exportaciones canadienses destinadas a Estados Unidos disminuyó en 2025, mientras que el comercio con otras regiones aumentó. Esta evolución sigue siendo insuficiente para modificar fundamentalmente la estructura de la relación bilateral, pero demuestra que la diversificación ya no es únicamente un proyecto teórico. La cuestión estratégica consiste ahora en saber si esta diversificación puede alcanzar una profundidad suficiente para modificar la posición negociadora de Canadá frente a Washington. Una diversificación simbólica no es suficiente. Para convertirse en un instrumento de poder, debe generar alternativas reales, económicamente viables y logísticamente competitivas.
El mismo razonamiento se aplica a la energía. Canadá dispone de recursos considerables, pero el valor estratégico de un recurso depende de la capacidad para transportarlo, transformarlo y exportarlo hacia varios mercados. Un recurso que dispone de un único destino principal puede convertirse en una fuente de dependencia a pesar de su abundancia. Por el contrario, un recurso conectado a varios corredores y a varios mercados puede convertirse en un instrumento de soberanía económica. Esta distinción permite comprender por qué las infraestructuras ocupan ahora un lugar central en la reflexión estratégica canadiense. Los puertos, los oleoductos y gasoductos, las redes eléctricas, los ferrocarriles, los corredores viales, las infraestructuras digitales y las cadenas logísticas ya no son únicamente equipamientos económicos; se están convirtiendo en instrumentos del poder nacional.
El paradoja canadiense aparece entonces en toda su magnitud. La integración con Estados Unidos ha sido uno de los grandes motores de la prosperidad del país, pero esa misma integración ha creado una concentración cuyos efectos se hacen visibles cuando la relación política se deteriora. Cuanto más integradas han estado las cadenas de valor, mayores han sido las ganancias de eficiencia de ambas economías; pero también más sensibles se han vuelto a una decisión tomada al otro lado de la frontera. La interdependencia produce, por tanto, simultáneamente riqueza y vulnerabilidad. Genera beneficios mutuos, al tiempo que ofrece al socio más poderoso considerables capacidades de presión.
Canadá no está descubriendo únicamente un problema comercial. Está descubriendo un problema de poder. Una potencia media puede disponer de un territorio inmenso, recursos abundantes, una población altamente cualificada, instituciones sólidas, una economía diversificada y un peso diplomático significativo, y aun así seguir siendo vulnerable si no dispone de suficientes palancas para transformar sus activos en capacidad estratégica. El verdadero debate canadiense gira, por tanto, menos en torno a la cuestión de cómo responder al próximo arancel estadounidense que a una interrogante mucho más profunda: ¿qué tipo de potencia quiere convertirse Canadá en un sistema internacional en el que las grandes potencias utilizan cada vez más los instrumentos económicos como instrumentos geopolíticos?
La respuesta determinará también el lugar de Canadá en el mundo. Una diversificación exitosa podría fortalecer sus relaciones con la Unión Europea, las potencias asiáticas, las democracias del Pacífico y las economías emergentes. Una política industrial más ambiciosa podría reducir determinadas dependencias tecnológicas. Unas infraestructuras nacionales mejor integradas podrían reforzar la cohesión económica del país. Una mayor capacidad militar podría otorgar mayor credibilidad a su soberanía en el Ártico y en América del Norte. Pero cada una de estas ambiciones requiere recursos, decisiones presupuestarias y continuidad política, elementos que los gobiernos canadienses a menudo han tenido dificultades para mantener.
La crisis actual encierra así una paradoja histórica. Podría resultar destructiva si provocara una fragmentación duradera de las cadenas de valor, un aumento de los costos y un deterioro de la confianza entre ambos socios. Pero también podría convertirse en un acelerador de la transformación. Las presiones ejercidas por Washington podrían obligar a Ottawa a llevar a cabo determinadas reformas que habían sido postergadas durante décadas: mejorar la productividad, acelerar las infraestructuras, reducir las barreras comerciales interprovinciales, fortalecer la capacidad industrial, desarrollar nuevos mercados y replantear la seguridad económica. En esta segunda hipótesis, la crisis estadounidense no sería únicamente una amenaza para Canadá. Se convertiría en el catalizador de una nueva concepción del poder canadiense.
Por eso, el debate entre Mark Carney y Pierre Poilievre no debe reducirse a una oposición entre moderación y firmeza, ni entre liberalismo y conservadurismo. Revela una cuestión más fundamental sobre la doctrina que Canadá debe adoptar frente a su vecino dominante. ¿Debe privilegiar la negociación y la diversificación gradual, considerando que la proximidad económica obliga a preservar al máximo la relación? ¿Debe utilizar de manera más agresiva los recursos y las capacidades canadienses como instrumentos de presión? ¿Debe invertir masivamente en la resiliencia nacional, incluso cuando esas inversiones generen rendimientos económicos más lentos? ¿O debe combinar estos enfoques en una nueva estrategia que reconozca simultáneamente la necesidad de cooperar con Washington y la necesidad de poder resistirle?
La cuestión central de este informe es, por tanto, menos la ruptura que la capacidad de elegir. Canadá no puede abolir la geografía y no tiene ningún interés en destruir una relación que sigue siendo esencial para su seguridad y su prosperidad. Pero puede intentar modificar las condiciones en las que funciona esa relación. Puede pasar de una interdependencia concentrada a una interdependencia diversificada; de una dependencia sufrida a una dependencia negociada; de una economía esencialmente orientada hacia el sur a una economía capaz de multiplicar sus conexiones hacia el este, el oeste y el norte. Esta transformación no constituiría una ruptura con Estados Unidos. Sería, por el contrario, una manera de hacer que la relación fuera más equilibrada y potencialmente más sostenible.
Canadá se encuentra así ante una prueba histórica que supera ampliamente la presidencia de Donald Trump y la rivalidad entre Mark Carney y Pierre Poilievre. Debe determinar si su soberanía puede convertirse en una capacidad estratégica efectiva y si su prosperidad puede diversificarse lo suficiente como para resistir los shocks procedentes de su principal socio. La cuestión ya no es saber si Canadá debe elegir entre América y el resto del mundo. Es saber si puede seguir siendo profundamente norteamericano y, al mismo tiempo, adquirir una mayor capacidad para decidir por sí mismo. Desde esta perspectiva, la autonomía interdependiente no es ni un eslogan ni una utopía. Podría convertirse en la doctrina estratégica más realista para un Canadá enfrentado a la transformación del orden norteamericano.
El verdadero desafío de la próxima década será, por tanto, menos el fin de la alianza tranquila que el nacimiento de una relación diferente. Canadá no busca necesariamente salir de la sombra estadounidense. Busca aprender a vivir en ella sin quedar atrapado en ella. La cuestión que ahora abre el debate ya no es saber si Washington ha cambiado. Los hechos de los últimos años han demostrado que así es. La cuestión decisiva es saber si Canadá también sabrá cambiar lo suficiente para que esta transformación estadounidense no se convierta en una vulnerabilidad permanente, sino en el punto de partida de una nueva estrategia nacional.
PUESTA EN PERSPECTIVA: CANADÁ ANTE LA PRUEBA DE SU PROPIO PODER
Canadá entra en un período en el que las certezas que durante mucho tiempo han estructurado su posición internacional ya no pueden darse por sentadas. La proximidad con Estados Unidos sigue siendo una realidad geográfica, económica, de seguridad y humana que ni los cambios de gobierno ni las fluctuaciones de la coyuntura internacional pueden borrar. Sin embargo, la naturaleza de esta relación está evolucionando. Las transformaciones del comercio mundial, la creciente rivalidad entre las grandes potencias, la reorganización de las cadenas de suministro, la transición energética, la competencia tecnológica, el retorno de la política industrial y las nuevas exigencias de seguridad están redibujando progresivamente el entorno en el que Canadá debe ejercer su poder. El desafío ya no consiste simplemente en saber cómo Ottawa puede preservar una relación privilegiada con Washington, sino en determinar cómo Canadá puede mantener esa relación al tiempo que aumenta su capacidad para decidir, negociar, resistir las presiones y defender sus intereses cuando estos no coinciden plenamente con los de su vecino.
Es en esta nueva ecuación donde se sitúa la problemática central de este informe. Canadá posee las características de una potencia media dotada de considerables ventajas: uno de los territorios más extensos del planeta, una apertura hacia tres océanos, una posición excepcional en el Ártico, importantes recursos energéticos y mineros, una economía desarrollada, instituciones relativamente sólidas, una población altamente cualificada y una capacidad diplomática superior a lo que su peso demográfico podría hacer suponer. Sin embargo, una parte sustancial de su prosperidad y de su seguridad sigue estrechamente vinculada a su entorno continental. Esta asimetría no constituye, en sí misma, una anomalía. Se convierte, no obstante, en una vulnerabilidad cuando la interdependencia deja de percibirse como un equilibrio mutuamente beneficioso y pasa a ser susceptible de utilizarse como instrumento de presión.
El presente informe parte, por tanto, de una distinción esencial entre dependencia e interdependencia. La dependencia designa una relación en la que uno de los socios dispone de una capacidad de coerción sensiblemente superior a la del otro, hasta el punto de que la posibilidad de rechazar, diversificar o reorientar sus opciones queda limitada. Una verdadera interdependencia supone, por el contrario, que cada uno de los socios pueda beneficiarse de la relación conservando al mismo tiempo una capacidad suficiente de decisión y resistencia. Esta distinción permite superar una oposición excesivamente simplista entre integración y soberanía. Para Canadá, la cuestión no consiste en elegir entre América del Norte y el resto del mundo, sino en saber cómo transformar una integración que se ha vuelto estructural en una relación suficientemente equilibrada para que la apertura no se traduzca en una vulnerabilidad permanente.
A partir de esta reflexión, el presente informe propone la noción de autonomía interdependiente. Esta no designa ni una ruptura con Estados Unidos ni la búsqueda ilusoria de la autosuficiencia. Designa la capacidad de un Estado para permanecer profundamente integrado con una potencia vecina y, al mismo tiempo, desarrollar suficientes recursos económicos, industriales, energéticos, tecnológicos, militares, diplomáticos e institucionales como para disponer de alternativas creíbles. La autonomía no significa, por tanto, ausencia de dependencia; significa capacidad para gestionar esa dependencia, reducirla cuando se vuelve excesiva y construir las condiciones necesarias para negociar sin quedar privado de opciones reales.
Este enfoque conduce también a modificar la manera en que se contempla el poder canadiense. El poder de un Estado no se mide únicamente por su producto interno bruto, sus gastos militares o el tamaño de su población. También reside en su capacidad para movilizar su territorio, sus recursos, sus infraestructuras, sus conocimientos, sus instituciones, sus alianzas y su capital humano al servicio de objetivos coherentes. Desde esta perspectiva, la energía, los minerales críticos, el Ártico, las infraestructuras portuarias y ferroviarias, las tecnologías avanzadas, las capacidades industriales, la defensa continental y la diplomacia económica no constituyen ámbitos separados. Forman parte de una misma cuestión: ¿qué capacidad real posee Canadá para transformar sus ventajas en margen de maniobra estratégica?
Esta interrogante adquiere particular importancia en un entorno internacional marcado por el retorno de la competencia entre las grandes potencias. Estados Unidos sigue ocupando el centro del sistema norteamericano y constituye para Canadá un socio económico y de seguridad irremplazable a corto plazo. Pero el propio Washington está evolucionando, al igual que sus prioridades comerciales, industriales, energéticas y estratégicas. Paralelamente, Europa busca reforzar su capacidad de acción, el Indo-Pacífico se convierte en un espacio decisivo de la competencia económica y tecnológica, mientras que la transformación del Ártico confiere a Canadá una responsabilidad estratégica cuyas implicaciones van mucho más allá de sus fronteras septentrionales. Canadá ya no puede, por tanto, concebir su política exterior únicamente a partir de un eje norte-sur. Su realidad geográfica sigue siendo norteamericana, pero sus intereses estratégicos son ahora simultáneamente continentales, atlánticos, pacíficos, árticos y globales.
El análisis que aquí se propone tampoco pretende oponer mecánicamente a Ottawa y Washington. Una lectura de este tipo sería insuficiente para comprender la profundidad de sus relaciones y correría el riesgo de reducir una cuestión estructural a la personalidad de un dirigente o a las tensiones de un período determinado. Las disputas comerciales, los desacuerdos políticos y las relaciones de fuerza constituyen manifestaciones visibles de una relación mucho más antigua y compleja. El verdadero objeto de este informe es, por tanto, menos la coyuntura política estadounidense que la capacidad de Canadá para construir una estrategia nacional suficientemente sólida como para seguir siendo pertinente bajo diferentes administraciones estadounidenses y frente a distintas configuraciones internacionales.
El informe examina así varias dimensiones complementarias de esta transformación: la historia de la integración canadiense-estadounidense, la estructura del comercio y de las cadenas de valor, las vulnerabilidades energéticas e industriales, los recursos minerales, las infraestructuras, la tecnología, la defensa, el Ártico, la diplomacia, las relaciones con Europa y el Indo-Pacífico, así como las tensiones entre los intereses federales y las realidades provinciales. También confronta la experiencia canadiense con la de otras potencias medias, con el fin de identificar las estrategias mediante las cuales Estados dotados de recursos y capacidades diferentes han intentado gestionar su propia dependencia respecto de potencias más importantes.
La dimensión prospectiva ocupa un lugar particular en este enfoque. El Canadá de 2035 no estará determinado por una sola decisión ni por un solo gobierno. Será el resultado de la acumulación de decisiones adoptadas hoy en materia de infraestructuras, energía, comercio, defensa, tecnología, diplomacia y cohesión nacional. Por ello, este informe no pretende predecir un futuro único. Examina varias trayectorias posibles y busca determinar qué condiciones permitirían a Canadá pasar de una dependencia estructural a una interdependencia más eficazmente gestionada.
Por último, este estudio considera que la cuestión canadiense trasciende el mero interés nacional de Canadá. Concierne también al futuro de América del Norte, la estabilidad del sistema transatlántico, la evolución del comercio mundial, la seguridad energética, la transición medioambiental y la capacidad de las potencias medias para preservar su libertad de acción en un mundo dominado por actores mucho más poderosos. La relación entre Canadá y Estados Unidos constituye así un laboratorio particularmente revelador de una cuestión que se plantea a numerosos Estados: ¿cómo permanecer profundamente conectado con una gran potencia sin convertirse en prisionero de esa conexión?
En torno a esta cuestión se articula todo el presente informe. No para buscar una ruptura que sería contraria a la geografía y a la historia, ni para aceptar una dependencia que limitaría de manera duradera la libertad de decisión, sino para examinar las condiciones en las que Canadá podría transformar su excepcional integración continental en una fuente de fortaleza y no de vulnerabilidad, y hacer de su interdependencia con Estados Unidos no el límite de su soberanía, sino uno de los fundamentos de una nueva capacidad de acción en el mundo.
CANADÁ Y AMÉRICA: UNA RELACIÓN QUE ESTRUCTURÓ UN PAÍS
La relación entre Canadá y Estados Unidos suele presentarse como uno de los logros más notables de la diplomacia moderna: una frontera inmensa, en gran medida pacífica y desmilitarizada, que separa a dos Estados soberanos cuyas sociedades, economías e instituciones mantienen desde hace mucho tiempo vínculos de una profundidad excepcional. Esta representación no es falsa, pero sigue siendo incompleta. Tiende a ocultar una realidad mucho más fundamental: detrás de la aparente tranquilidad de la relación existe una asimetría de poder que nunca ha desaparecido. Canadá no eligió tener como vecino a la principal potencia económica, militar, financiera y tecnológica del continente. Construyó su historia a partir de esa realidad, buscando sucesivamente protegerse de ella, acercarse a ella, beneficiarse de ella y, cuando las circunstancias lo exigían, preservar una distancia política suficiente para mantener una identidad nacional diferenciada. La relación entre Canadá y Estados Unidos no puede, por tanto, entenderse simplemente como una historia de amistad entre dos vecinos. Es la historia de una potencia media que aprendió a transformar una restricción geográfica en una ventaja económica, al tiempo que intentaba impedir que esa misma proximidad redujera su soberanía a una mera ficción jurídica.
La geografía constituye el primer nivel de esta ecuación. No es un destino en sentido estricto, pero impone un conjunto de restricciones de las que ninguna política pública puede escapar por completo. Canadá posee uno de los territorios más extensos del planeta, pero gran parte de su población y de su actividad económica se concentra en una franja relativamente estrecha situada cerca de la frontera estadounidense. Esta configuración ha influido profundamente en el desarrollo de las infraestructuras, los mercados y los intercambios. Las redes ferroviarias, viales, energéticas e industriales fueron creando progresivamente corredores continentales que acercaron las economías de ambos países mucho más de lo que habría permitido suponer la mera existencia de una frontera. Las cuencas hidrográficas, los recursos naturales, las vías ferroviarias, las grandes carreteras y, posteriormente, los oleoductos y gasoductos y las redes eléctricas contribuyeron a construir un espacio económico en el que la frontera política nunca coincidió completamente con las fronteras funcionales de la actividad económica.
Esta realidad distingue profundamente a Canadá de numerosas potencias medias europeas. Un Estado europeo puede, según las circunstancias, multiplicar sus asociaciones con varios países vecinos, beneficiarse de una elevada densidad de mercados y aprovechar las rivalidades entre diferentes potencias. Canadá también dispone de importantes posibilidades de diversificación, pero se encuentra en una situación geográfica mucho más singular: un territorio inmenso, escasamente poblado en sus regiones septentrionales, cuyos principales centros demográficos y económicos se concentran en las inmediaciones del mercado estadounidense. Al oeste, al sur y en gran parte del este, las redes económicas han sido configuradas por la proximidad de Estados Unidos. La cuestión canadiense no es, por tanto, simplemente la de un país que decidió comerciar con su vecino. Es la de un país cuya organización económica se construyó progresivamente alrededor de la presencia de ese vecino.
La historia transformó esta restricción geográfica en una realidad política. La Guerra de 1812 ocupa, a este respecto, un lugar particular en la memoria histórica canadiense. Los enfrentamientos entre Estados Unidos y las fuerzas británicas y coloniales de América del Norte no crearon por sí solos la nación canadiense, pero contribuyeron a reforzar una conciencia política diferenciada y a alimentar la desconfianza hacia el expansionismo estadounidense. El Canadá que emergería progresivamente durante el siglo XIX se definía, en parte, por la voluntad de preservar su autonomía frente al poder estadounidense. Esta lógica se reforzó con la creación de la Confederación en 1867 y con la Política Nacional de desarrollo ferroviario, destinada a conectar las diferentes regiones del país mediante un eje este-oeste. El ferrocarril no era únicamente un instrumento económico. También constituía un proyecto geopolítico: mantener la cohesión de un territorio inmenso e impedir que su desarrollo fuera absorbido por completo hacia el sur.
La frontera occidental fue, asimismo, producto de sucesivas negociaciones entre el Imperio británico y Estados Unidos. El Tratado de Oregón de 1846 estableció una gran parte de la frontera en el noroeste del continente, mientras que otros acuerdos anteriores y posteriores contribuyeron progresivamente a estabilizar la línea que separaba ambos espacios políticos. Esta estabilización no eliminó la asimetría; por el contrario, permitió que esta quedara inscrita en un marco pacífico y duradero. Canadá ya no tenía que defender cotidianamente su territorio frente a una amenaza militar estadounidense, pero debía aprender a existir políticamente junto a una potencia cuyas capacidades económicas y demográficas crecían mucho más rápidamente que las suyas.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, la pertenencia de Canadá al Imperio británico desempeñó un papel esencial en esta estrategia. Londres representaba una garantía política y militar frente a una eventual absorción estadounidense y constituía simultáneamente un mercado privilegiado. La Política Nacional canadiense, los aranceles y el desarrollo ferroviario respondían a una misma lógica: crear un espacio económico suficientemente coherente para que las regiones canadienses no fueran atraídas sistemáticamente hacia los centros económicos estadounidenses. Canadá era entonces un país norteamericano cuyas instituciones y orientaciones estratégicas seguían profundamente vinculadas a Europa. Esta situación le ofrecía cierta protección, pero también implicaba un costo económico. Gran Bretaña seguía siendo un socio esencial, pero el peso económico relativo de Estados Unidos aumentaba rápidamente, mientras que el mercado continental ofrecía a los productores canadienses oportunidades cada vez más difíciles de ignorar.
El giro del siglo XX hizo que esta tensión se volviera progresivamente irreversible. El ascenso de Estados Unidos como primera potencia industrial mundial transformó las condiciones en las que Canadá podía organizar su desarrollo. El Tratado de Reciprocidad de 1911, rechazado en un contexto político marcado por el temor a una integración excesiva en el mercado estadounidense, ya revelaba el dilema que atravesaría la política económica canadiense durante todo el siglo: ¿cómo beneficiarse del poder económico estadounidense sin volverse dependiente de él? El problema todavía no se formulaba en los términos contemporáneos de resiliencia o autonomía estratégica, pero su estructura ya estaba presente.
Las dos guerras mundiales aceleraron considerablemente esta evolución. El poder británico disminuyó en términos relativos, mientras Estados Unidos se imponía progresivamente como el principal centro económico y militar del mundo occidental. El Acuerdo de Ogdensburg de 1940 constituyó un hito importante en la institucionalización de la cooperación militar entre Canadá y Estados Unidos. La creación de una junta permanente de defensa reflejaba una nueva realidad: la seguridad de Canadá ya no podía concebirse separadamente de la del continente norteamericano. Con la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la Guerra Fría, esta interdependencia en materia de seguridad se profundizó. La creación del NORAD en 1958 constituyó una de sus expresiones más importantes, al establecer una arquitectura común para la defensa aeroespacial de América del Norte.
La posguerra no fue, por tanto, únicamente un período de integración económica. Fue también el momento en que se consolidó una comunidad estratégica norteamericana. Canadá participó en la construcción del orden internacional posterior a 1945, especialmente a través de las Naciones Unidas, la OTAN y el sistema multilateral, al mismo tiempo que desarrollaba una relación de seguridad particularmente estrecha con Washington. Esta doble orientación resulta esencial para comprender la singularidad canadiense. Ottawa nunca eligió simplemente entre Europa y América. Aprendió progresivamente a pertenecer a ambos espacios, utilizando el multilateralismo y las instituciones internacionales para preservar un margen de maniobra diplomático, mientras aceptaba una creciente integración continental.
La liberalización comercial de finales del siglo XX transformó esta interdependencia en una arquitectura jurídica. El Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos de 1988 constituyó un importante punto de inflexión. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 amplió posteriormente el marco a la economía mexicana, dando lugar a un mercado continental profundamente integrado. El Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México, que entró en vigor en 2020, modernizó esta arquitectura tras sustituir al TLCAN. Estos acuerdos nunca eliminaron las disputas comerciales, pero establecieron un conjunto de reglas, procedimientos y mecanismos que hicieron más previsibles las relaciones económicas. Para Ottawa, esa previsibilidad tenía un valor estratégico casi tan importante como la reducción de los aranceles propiamente dicha.
La integración continental no fue, por tanto, una capitulación canadiense ante el poder estadounidense. Respondía a un cálculo racional. El mercado estadounidense ofrecía a las empresas canadienses una proximidad excepcional, infraestructuras complementarias, una gran capacidad de absorción y posibilidades de economías de escala que ningún otro mercado podía reproducir con la misma facilidad. Para una economía relativamente pequeña en términos demográficos, pero rica en recursos naturales y altamente desarrollada industrialmente, el acceso a ese mercado constituía una ventaja considerable. Las inversiones transfronterizas, las cadenas de valor compartidas y la circulación de bienes y servicios reforzaron esta dinámica. Canadá no renunciaba a su soberanía; intercambiaba una parte de su libertad económica teórica por las ganancias concretas de una integración profunda.
Sin embargo, esta decisión produjo una consecuencia fundamental: cuanto mayor era la integración, mayor era también el costo potencial de una ruptura. Esta es una de las grandes paradojas de la interdependencia. Cuando dos economías se vuelven complementarias, ambas pueden beneficiarse de la relación, pero la parte más dependiente también se vuelve más vulnerable a una decisión adoptada por la parte dominante. Canadá se beneficiaba del acceso al mercado estadounidense, de las inversiones, de las cadenas de producción y de la complementariedad energética; pero esta arquitectura también significaba que las modificaciones de la política comercial o regulatoria estadounidense podían producir efectos inmediatos sobre la economía canadiense.
Durante la Guerra Fría y durante gran parte de la posguerra fría, esta vulnerabilidad permaneció en gran medida contenida por otra realidad: la convergencia estratégica. Los gobiernos canadienses podían mantener serias diferencias con Washington, especialmente en materia de comercio, energía, medio ambiente, agricultura o política exterior, sin cuestionar fundamentalmente la relación bilateral. Los desacuerdos eran absorbidos por un sistema más amplio de intereses comunes. La defensa del continente, la cooperación dentro de la OTAN, el comercio, la seguridad energética y las instituciones occidentales constituían una base suficientemente sólida para impedir que las crisis puntuales se convirtieran en un cuestionamiento general de la asociación.
Es precisamente esta previsibilidad la que se ha ido erosionando progresivamente. El fenómeno no puede atribuirse únicamente a Donald Trump, aunque su regreso a la Casa Blanca haya acelerado y amplificado considerablemente la transformación. Estados Unidos está inmerso en una redefinición más amplia de su política económica y estratégica, marcada por la competencia con China, la securitización de las cadenas de suministro, la reindustrialización, la búsqueda de nuevas capacidades de producción nacional y un cuestionamiento de determinadas formas de globalización. En este nuevo entorno, las alianzas se evalúan cada vez más en función de su contribución directa a los intereses estadounidenses. Canadá sigue siendo un aliado y un socio importante, pero su condición histórica ya no basta necesariamente para garantizar la estabilidad de la relación comercial.
La asimetría se convierte entonces en la variable esencial. Para Canadá, Estados Unidos representa una concentración excepcional de sus intercambios internacionales. Para Washington, Canadá es un socio comercial importante, pero la economía estadounidense dispone de un mercado interno mucho mayor y de una capacidad mucho mayor para absorber perturbaciones. Esta diferencia de escala produce una relación de fuerzas que no desaparece cuando ambos países cooperan. Simplemente se vuelve menos visible. Una empresa canadiense puede depender de un mercado estadounidense al que puede acceder en cuestión de horas, mientras que una empresa estadounidense puede, en muchos sectores, encontrar otros proveedores u otros mercados con mayor facilidad. La relación puede ser mutuamente beneficiosa y, al mismo tiempo, seguir siendo estructuralmente asimétrica.
Esta asimetría también aparece en las cadenas de valor. El sector automotriz constituye uno de los ejemplos más reveladores. Los vehículos producidos en Canadá están integrados en un sistema industrial continental en el que componentes, inversiones, tecnologías y decisiones empresariales circulan a ambos lados de la frontera. La energía presenta una configuración comparable. Canadá posee recursos considerables, pero su valor estratégico depende en gran medida de la capacidad para disponer de múltiples corredores, capacidades de transformación y acceso a diferentes mercados. La cuestión no es, por tanto, simplemente saber si Canadá posee recursos. Es saber si dispone de las infraestructuras y de los instrumentos políticos necesarios para transformar esos recursos en capacidad de negociación.
La misma lógica se aplica a las tecnologías, las inversiones y las normas industriales. La proximidad del mercado estadounidense significa que las empresas canadienses tienen naturalmente interés en producir conforme a estándares compatibles con los de su principal mercado. Esta compatibilidad reduce los costos y facilita los intercambios, pero también puede crear una forma de dependencia regulatoria. Cuando evoluciona una norma estadounidense, las empresas canadienses a menudo deben adaptar sus procesos para seguir siendo competitivas. La integración económica produce así una armonización de facto que en ocasiones supera los acuerdos formales entre los gobiernos.
Sin embargo, esta dependencia no es irreversible. Es difícil reducirla, costoso transformarla y probablemente imposible eliminarla por completo, pero puede reequilibrarse progresivamente. Canadá posee varias ventajas estructurales: una considerable base de recursos naturales, una población altamente urbanizada y cualificada, instituciones relativamente sólidas, una importante capacidad científica, acceso a tres océanos y una posición geográfica que le confiere una importancia particular en el Ártico. El problema no reside tanto en la ausencia de activos como en la capacidad para organizarlos dentro de una estrategia coherente.
La diversificación hacia Europa y Asia constituye, por tanto, un componente esencial de esta estrategia, pero no debe presentarse como un sustituto del mercado estadounidense. Ningún otro mercado puede reproducir simultáneamente la proximidad geográfica, la profundidad industrial y la integración logística que Estados Unidos ofrece a Canadá. La diversificación debe entenderse, más bien, como un aumento del número de opciones disponibles. Un Canadá que exporte más hacia varias regiones del mundo no se vuelve independiente de Estados Unidos; simplemente se vuelve menos vulnerable a una interrupción o a una coerción procedente de un único mercado. Esta diferencia es fundamental para comprender la noción de autonomía interdependiente que estructura todo este informe.
La cuestión de las infraestructuras es igualmente determinante. Durante más de un siglo, Canadá construyó una parte importante de su sistema económico en un entorno en el que el mercado estadounidense constituía el destino natural de numerosas producciones. Modificar esta arquitectura exige, por tanto, mucho más que firmar nuevos acuerdos comerciales. Es necesario desarrollar puertos, reforzar los ferrocarriles, modernizar las redes viales, aumentar las capacidades energéticas, mejorar las conexiones entre las provincias y reducir los obstáculos que todavía limitan los intercambios internos. La diversificación exterior comienza, en realidad, por una integración económica interna más eficiente.
La autonomía interdependiente no puede, por tanto, obtenerse mediante una declaración política. Exige una transformación progresiva de las capacidades nacionales. Supone que Canadá pueda conservar los beneficios de su integración continental mientras aumenta el número de alternativas disponibles. También requiere una visión suficientemente a largo plazo como para aceptar que determinadas infraestructuras o capacidades industriales solo se vuelvan rentables después de varios años. Finalmente, necesita una continuidad política que trascienda las alternancias gubernamentales. Si cada gobierno redefine la estrategia nacional en función del ciclo electoral, la diversificación seguirá siendo fragmentaria y la dependencia continuará siendo estructural.
La relación entre Canadá y Estados Unidos entra así en una fase en la que la cuestión de la soberanía adquiere un nuevo significado. Durante mucho tiempo, la soberanía canadiense podía medirse principalmente a través de la capacidad del Estado para tomar sus propias decisiones políticas. En un entorno económico globalizado y fuertemente interdependiente, esta definición resulta insuficiente. La soberanía estratégica depende también de la capacidad para disponer de alternativas cuando las decisiones de un socio dominante amenazan los intereses nacionales. Una frontera puede ser perfectamente soberana desde el punto de vista jurídico y seguir siendo económicamente vulnerable. A la inversa, una economía fuertemente integrada puede conservar una verdadera autonomía si dispone de suficientes palancas para negociar las condiciones de esa integración.
Es en esta tensión donde se encuentra el verdadero problema canadiense. La geografía acercó a Canadá a Estados Unidos; la historia institucionalizó esa proximidad; la economía la transformó en interdependencia; y la asimetría de poder convirtió esa interdependencia en una posible fuente de vulnerabilidad. Pero ninguno de estos elementos determina por completo el futuro. Constituyen las restricciones dentro de las cuales debe elaborarse una estrategia nacional.
Canadá no tiene, por tanto, que elegir entre una ruptura irrealista con Estados Unidos y una dependencia pasiva respecto de este país. Debe construir una tercera vía: permanecer profundamente integrado en el espacio norteamericano mientras incrementa progresivamente sus capacidades de diversificación, resiliencia y negociación. Esta estrategia no eliminará la asimetría entre ambos países. Sin embargo, puede modificar sus consecuencias. La verdadera autonomía canadiense nunca consistirá en dejar de necesitar a Estados Unidos. Consistirá en garantizar que Canadá pueda, cuando sus intereses fundamentales lo exijan, disponer de otras opciones.
Aquí se encuentra el verdadero cambio histórico. Durante dos siglos, la cuestión canadiense consistió principalmente en saber cómo vivir junto a una potencia mucho más grande. En el siglo XXI, pasa a ser cómo convivir con esa potencia sin permitir que la proximidad se transforme en una dependencia estratégica permanente. La respuesta no se encontrará ni en el rechazo de América ni en la aceptación pasiva de su influencia. Se construirá mediante la capacidad de Canadá para transformar su territorio, sus recursos, sus infraestructuras, su economía, sus alianzas y su capital humano en verdaderos instrumentos de poder. La relación entre Canadá y Estados Unidos no desaparecerá. Pero las condiciones en las que funciona podrían cambiar profundamente.
La cuestión fundamental ya no es, por tanto, saber si la geografía condena a Canadá a depender de Estados Unidos. Es saber hasta qué punto un Estado puede transformar las restricciones de su geografía en capacidad estratégica. Esta es la interrogante que permite pasar de la historia de la relación al análisis de su crisis actual y que abre directamente la siguiente etapa del informe: medir, sector por sector, la magnitud real de la dependencia canadiense y las palancas de las que dispone Ottawa para reducirla sin destruir los beneficios de la interdependencia continental.
CUANDO AMÉRICA SE CONVIERTE EN UNA VARIABLE ESTRATÉGICA
La transformación de Estados Unidos en un factor estratégico menos previsible constituye uno de los cambios más importantes del entorno geopolítico canadiense desde el final de la Guerra Fría. Durante varias décadas, Ottawa podía considerar a Washington como un socio cuyos intereses fundamentales, pese a las frecuentes divergencias, seguían siendo suficientemente convergentes como para garantizar cierta continuidad en la relación bilateral. Las disputas comerciales, los desacuerdos sobre energía, agricultura, medio ambiente o política exterior podían ser serios, pero generalmente se inscribían en un marco más amplio de cooperación estratégica. La defensa del continente, la pertenencia a la OTAN, la seguridad energética y la integración económica constituían una base relativamente estable. Lo que cambia hoy, por tanto, no es la existencia de divergencias entre ambos países, que siempre han sido numerosas, sino la posibilidad de que esas divergencias se conviertan en instrumentos de presión dentro de una relación en la que el poder estadounidense dispone de una ventaja considerable.
La cuestión central no es, por tanto, saber si Estados Unidos se ha vuelto repentinamente hostil hacia Canadá. Una interpretación de ese tipo sería históricamente y estratégicamente demasiado simplista. El verdadero cambio reside en la manera en que Washington define ahora determinados intereses económicos y en el creciente peso concedido a la seguridad económica, la reindustrialización, las cadenas de suministro, la competencia tecnológica y la reducción de determinadas dependencias externas. Canadá debe, por tanto, aprender a considerar la política estadounidense como una variable estratégica susceptible de evolucionar rápidamente en función de las prioridades presidenciales, las relaciones de fuerza en el Congreso, los imperativos electorales, los intereses industriales y las transformaciones de la competencia internacional. Esta nueva incertidumbre no significa que la cooperación se haya vuelto imposible. Significa que la cooperación ya no puede darse por sentada.
El retorno del nacionalismo económico estadounidense, por otra parte, no nació con Donald Trump. Sus raíces se remontan a varias décadas de transformación de la economía de Estados Unidos. La desindustrialización de determinadas regiones del Medio Oeste, el traslado de la producción al extranjero, el aumento de las desigualdades, las tensiones comerciales con Japón y posteriormente con China y la percepción de un relativo declive de determinados sectores de trabajadores alimentaron progresivamente las críticas a la globalización. Los debates sobre el libre comercio de la década de 1990, particularmente en torno al TLCAN, ya habían demostrado que la apertura comercial no era considerada unánimemente beneficiosa. La candidatura de Ross Perot en 1992 dio una expresión política particularmente visible a esta preocupación. Trump no inventó, por tanto, el nacionalismo económico estadounidense. Lo transformó en una doctrina electoral central y en un instrumento mucho más sistemático de política exterior y comercial.
Es precisamente esta transformación la que merece especial atención. Bajo Donald Trump, los aranceles ya no se presentan únicamente como instrumentos destinados a proteger determinadas industrias. También se convierten en medios de presión política, herramientas de negociación e instrumentos destinados a modificar el comportamiento de los socios comerciales. La frontera entre política comercial y política exterior se vuelve así más difícil de establecer. Un arancel puede responder simultáneamente a un objetivo industrial, a una preocupación de seguridad nacional, a una estrategia de negociación y a una lógica política interna. Para un país como Canadá, esta evolución resulta particularmente importante porque significa que las condiciones de acceso al mercado estadounidense pueden verse afectadas por consideraciones que van mucho más allá de los simples indicadores comerciales.
El carácter transaccional de esta política no significa que Washington haya abandonado toda lógica institucional. Estados Unidos sigue ocupando un lugar central en numerosas instituciones internacionales y continúa participando en alianzas estructurantes. Pero la relación entre los intereses estadounidenses y los compromisos internacionales se ha vuelto más explícitamente condicional. Se pide cada vez más a los socios que demuestren su contribución a la seguridad, la prosperidad o los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Esta evolución obliga a Canadá a reconsiderar una hipótesis que durante mucho tiempo había sustentado su política exterior: la de que la estabilidad de las instituciones y la permanencia de las alianzas bastarían para garantizar cierta previsibilidad en el comportamiento estadounidense.
La vulnerabilidad canadiense se ve reforzada por la propia naturaleza de la integración continental. Canadá no constituye para Estados Unidos un proveedor extranjero comparable a un socio situado a varios miles de kilómetros. Forma parte de un sistema productivo integrado en el que las fronteras nacionales separan, en ocasiones, etapas sucesivas de una misma cadena de valor. En los sectores automotriz, aeroespacial, energético, minero, agrícola, forestal y en diversos sectores industriales, las decisiones de inversión tienen en cuenta la complementariedad de ambas economías. Esta proximidad genera importantes ventajas en tiempos de estabilidad. Sin embargo, se convierte en una fuente de vulnerabilidad cuando las políticas comerciales estadounidenses se vuelven inciertas, porque las empresas deben incorporar el riesgo político a sus decisiones de producción e inversión.
La propia incertidumbre se convierte así en un instrumento económico. Un arancel efectivamente aplicado puede aumentar los costos de una empresa; una amenaza arancelaria puede producir un efecto diferente, pero igualmente importante, al retrasar una decisión de inversión, impulsar a una empresa a modificar su ubicación industrial o inducirla a buscar un proveedor alternativo. El costo estratégico de la imprevisibilidad no se mide, por tanto, únicamente en miles de millones de dólares en derechos de aduana. También se mide en las decisiones que no se toman, las fábricas que no se construyen, las cadenas de suministro que se trasladan y las inversiones que se reorientan hacia territorios considerados más previsibles.
Esta realidad es especialmente importante para Canadá porque las decisiones de inversión no las toman únicamente los gobiernos. Las grandes empresas norteamericanas comparan constantemente diferentes emplazamientos productivos, regímenes regulatorios y cadenas logísticas. Cuando aumenta la incertidumbre respecto al acceso al mercado estadounidense desde territorio canadiense, la ventaja histórica de la proximidad puede verse progresivamente compensada por el costo del riesgo político. Canadá debe, por tanto, no solo defender sus exportaciones existentes, sino también impedir que las nuevas capacidades industriales destinadas al mercado norteamericano se localicen sistemáticamente al sur de la frontera.
Esta cuestión permite comprender por qué el nacionalismo económico estadounidense no puede considerarse simplemente un paréntesis presidencial. Existen, ciertamente, diferencias considerables entre administraciones, y las instituciones estadounidenses continúan limitando determinadas iniciativas presidenciales. Los tribunales, el Congreso, las agencias federales, los intereses empresariales y las restricciones económicas pueden modificar o ralentizar las orientaciones de una Casa Blanca. Pero varias tendencias trascienden ya la personalidad de un presidente. La competencia con China cuenta con un importante respaldo bipartidista, la seguridad de las cadenas de suministro se ha convertido en una prioridad estratégica, la reindustrialización cuenta con un amplio respaldo político y la dependencia de determinadas capacidades extranjeras se considera cada vez más una vulnerabilidad nacional. La cuestión pertinente para Ottawa no es, por tanto, saber si el trumpismo sobrevivirá exactamente bajo su forma actual. Es saber qué parte de esta transformación permanecerá presente en la política estadounidense después de Trump.
Para Canadá, esta distinción es decisiva. Si la política actual fuera únicamente un paréntesis, Ottawa podría verse tentado a esperar un retorno a una relación más convencional. Si, por el contrario, constituye la expresión de una transformación más profunda, esperar sería un error estratégico. Incluso una administración estadounidense más favorable al libre comercio podría seguir privilegiando la producción nacional, la seguridad de las cadenas de suministro y la reducción de dependencias consideradas peligrosas. Una administración demócrata o republicana podría modificar los instrumentos sin modificar necesariamente por completo la dirección general. Canadá debe, por tanto, construir una estrategia suficientemente sólida para funcionar bajo diferentes configuraciones políticas estadounidenses.
Esta conclusión no significa que Washington se haya convertido en un adversario de Canadá. Una lectura de este tipo sería contraproducente. Ambos países siguen compartiendo intereses fundamentales en la defensa del continente, la seguridad energética, el Ártico, la lucha contra determinadas formas de delincuencia transnacional, la protección de infraestructuras críticas y la estabilidad económica de América del Norte. Canadá continúa profundamente integrado en las instituciones de seguridad occidentales y participa directamente en la defensa de América del Norte. El problema estratégico reside precisamente en esta coexistencia entre una cooperación indispensable y una relación de poder asimétrica. Ottawa debe poder cooperar con Washington sin suponer que esa cooperación eliminará los conflictos de intereses.
El ámbito de la defensa ilustra esta nueva realidad. Durante décadas, la seguridad de Canadá estuvo estrechamente vinculada al poder militar estadounidense. Esta dependencia nunca fue total, ya que Canadá dispone de sus propias fuerzas armadas y participa activamente en la OTAN y en el NORAD. Pero la brecha de capacidades entre ambos países sigue siendo enorme. En un contexto en el que Washington exige a sus aliados asumir una parte mayor del costo de su seguridad, Ottawa debe reforzar sus propias capacidades. El desafío no consiste únicamente en aumentar el gasto militar. También implica desarrollar medios de vigilancia territorial, capacidades árticas, defensa aérea, seguridad marítima, ciberseguridad, infraestructuras militares y las capacidades industriales necesarias para sostener una política de defensa creíble.
El comercio multilateral experimenta una transformación paralela. El sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio ha perdido una parte importante de su eficacia desde la paralización de su Órgano de Apelación, especialmente como consecuencia de la negativa estadounidense a permitir la renovación de sus miembros. Esto no significa que la OMC haya dejado de existir ni que todas sus reglas hayan perdido utilidad. Significa, más bien, que los Estados disponen de menos garantías cuando desean obtener rápidamente una decisión vinculante en una disputa comercial importante. Para Canadá, esta evolución refuerza la importancia de los acuerdos regionales, los mecanismos bilaterales y la diversificación de las asociaciones.
La vulnerabilidad canadiense tiene, sin embargo, una contrapartida esencial: Estados Unidos también depende de Canadá. La interdependencia nunca es perfectamente unilateral. Canadá es un importante proveedor de petróleo, gas, electricidad, minerales, fertilizantes, productos agrícolas y diversos insumos industriales necesarios para el funcionamiento de la economía estadounidense. Esta realidad limita la capacidad de Washington para utilizar indefinidamente la coerción económica sin asumir también costos propios. Un arancel impuesto a un producto canadiense puede aumentar el precio de un insumo para una empresa estadounidense; una restricción energética puede afectar a consumidores o industrias estadounidenses; una ruptura de una cadena de producción puede costar a la industria estadounidense más de lo previsto.
Esta interdependencia recíproca constituye uno de los principales instrumentos estratégicos de los que dispone Ottawa. Pero debe utilizarse con prudencia. Canadá no posee el mismo poder de mercado que Estados Unidos y, por tanto, no puede suponer que una política de represalias producirá automáticamente un resultado favorable. El objetivo de una estrategia canadiense no debería ser demostrar que ambas economías pueden hacerse daño mutuamente. Debería consistir en demostrar que determinadas formas de presión estadounidense también generan costos significativos para Estados Unidos y que Canadá dispone de suficientes opciones para hacer menos eficaz la coerción.
Esta distinción es fundamental. El poder canadiense no reside únicamente en aquello que el país puede negarse a suministrar a Estados Unidos. También reside en aquello que puede ofrecer simultáneamente a varios socios. Un recurso natural se convierte en un verdadero instrumento de poder cuando su propietario puede elegir entre varios mercados. Una infraestructura se vuelve estratégica cuando permite acceder a múltiples destinos. Una capacidad industrial se vuelve estratégica cuando puede responder a las necesidades nacionales y, al mismo tiempo, generar exportaciones. Una tecnología se vuelve estratégica cuando reduce una dependencia crítica. Diversificación y resiliencia no son, por tanto, políticas separadas de la política de poder. Constituyen ahora una de sus formas esenciales.
Canadá también debe reconocer que la diversificación tiene sus propios límites. Europa posee un mercado considerable, pero se encuentra a miles de kilómetros; Asia ofrece grandes oportunidades, pero requiere infraestructuras portuarias y logísticas competitivas; algunos mercados emergentes experimentan un rápido crecimiento, pero presentan riesgos regulatorios, financieros o políticos diferentes. Sería, por tanto, ilusorio pretender sustituir a corto plazo el mercado estadounidense por una combinación de mercados extranjeros. La estrategia racional consiste más bien en reducir progresivamente la concentración excesiva, aumentar el valor agregado de las exportaciones canadienses y desarrollar corredores comerciales capaces de hacer que esas alternativas sean económicamente viables.
Esta transformación debe ir acompañada también de una reflexión sobre la productividad canadiense. La diversificación no puede funcionar de manera sostenible si las empresas canadienses siguen enfrentándose a elevados costos logísticos, importantes retrasos regulatorios u obstáculos internos que reducen su competitividad. Una política eficaz de seguridad económica debe comenzar, por tanto, por la propia economía nacional. Reducir la dependencia exterior implica primero aumentar la capacidad del país para producir, transformar, transportar, financiar y exportar. La soberanía económica no puede construirse únicamente mediante barreras comerciales. Se basa en la competitividad de las capacidades nacionales.
La variable estadounidense debe, por tanto, integrarse en una concepción mucho más amplia de la resiliencia. Ottawa debe poder anticipar los cambios de política en Washington, pero, sobre todo, debe reducir el costo que esos cambios pueden imponer a la economía canadiense. Esto significa desarrollar escenarios, cartografiar las dependencias críticas, identificar los sectores en los que una interrupción estadounidense tendría consecuencias desproporcionadas y construir progresivamente alternativas. La seguridad económica se convierte así en una disciplina estratégica comparable a la defensa o a la seguridad energética. Requiere datos, instituciones, inversiones y una capacidad permanente de anticipación.
El problema central no es, por tanto, la existencia del nacionalismo económico estadounidense. Este podría adoptar formas diferentes según las futuras administraciones. El problema es que Canadá construyó una parte considerable de su prosperidad en un entorno en el que podía razonablemente suponer que las reglas fundamentales de la relación permanecerían relativamente estables. Esa hipótesis se ha vuelto menos segura. Ottawa debe ahora razonar no solo a partir del escenario central, sino también de los escenarios de ruptura. ¿Qué ocurriría si Estados Unidos impusiera de manera permanente elevadas barreras a determinados sectores? ¿Qué ocurriría si Washington exigiera una renegociación más agresiva de los acuerdos comerciales? ¿Qué ocurriría si las inversiones estadounidenses se desplazaran progresivamente hacia territorio estadounidense? ¿Qué ocurriría si la competencia entre China y Estados Unidos generara nuevas presiones sobre sus socios y aliados?
La respuesta a estas preguntas no puede ser una estrategia de confrontación permanente. Canadá no tiene ni el interés ni los medios para librar una guerra comercial duradera contra su principal socio. Pero tampoco puede adoptar una estrategia basada en la esperanza de un retorno automático al pasado. La vía realista se encuentra entre ambos extremos: mantener la cooperación con Washington mientras desarrolla los medios para resistir determinadas presiones; preservar la integración continental mientras reduce la concentración excesiva; utilizar los recursos canadienses como instrumentos de negociación sin convertir cada interdependencia en un arma; reforzar las alianzas exteriores sin presentar estas asociaciones como sustitutos inmediatos del mercado estadounidense.
La verdadera transformación estratégica consiste, por tanto, en hacer que Canadá pase de una lógica de confianza estructural a una lógica de confianza condicional. La confianza sigue siendo posible, pero debe estar respaldada por capacidades. La alianza sigue siendo esencial, pero debe ir acompañada de una autonomía suficiente para que Canadá pueda defender sus intereses cuando las posiciones diverjan. La integración sigue siendo beneficiosa, pero debe estar suficientemente diversificada para no convertirse en una dependencia irreversible. Esta nueva doctrina no cuestiona la relación con Estados Unidos. Busca hacerla más equilibrada, más resiliente y, paradójicamente, más duradera.
La pregunta que ahora se plantea Canadá no es, por tanto, cómo impedir que Estados Unidos cambie. Ottawa evidentemente no dispone de ese poder. Debe determinar, más bien, cómo adaptar su propio modelo económico, diplomático y estratégico a una América cuyas prioridades pueden evolucionar rápidamente. El nacionalismo económico estadounidense puede disminuir, transformarse o prolongarse. La competencia con China puede intensificarse o estabilizarse. Las futuras administraciones pueden volver a determinadas prácticas multilaterales o mantener una política más transaccional. En cada uno de estos escenarios, Canadá seguirá teniendo que convivir con la misma potencia.
Por eso la diversificación no debe concebirse como una estrategia de ruptura con Washington. Al contrario, constituye la condición para una relación más equilibrada. Un Canadá que disponga de varios mercados, múltiples corredores energéticos, una industria más productiva, capacidades tecnológicas reforzadas y una defensa más creíble estará mejor situado para cooperar con Estados Unidos porque negociará con más opciones. El objetivo último de la autonomía interdependiente no es hacer que Canadá sea independiente de América. Es hacer que América tenga menos capacidad para transformar la dependencia canadiense en una restricción estratégica.
La crisis actual debe entenderse, por tanto, no como el final de la relación entre Canadá y Estados Unidos, sino como el final de una determinada manera de concebirla. Durante mucho tiempo, Ottawa pudo tratar la estabilidad estadounidense como un dato de su entorno. Ahora esa estabilidad debe considerarse una variable que debe vigilarse, anticiparse e incorporarse a los cálculos nacionales. Canadá entra así en una nueva fase de su historia estratégica: aquella en la que el poder estadounidense sigue siendo indispensable, pero cuya previsibilidad ya no puede darse por sentada.
Esta evolución conduce directamente a la siguiente cuestión, más concreta y aún más difícil: ¿de qué dependencia hablamos realmente cuando afirmamos que Canadá depende de Estados Unidos? La dependencia comercial es solo una parte del problema. Se combina con la dependencia energética, industrial, tecnológica, financiera, logística, militar y regulatoria. Mientras estas diferentes dimensiones no sean medidas por separado, cualquier estrategia de autonomía seguirá siendo en gran medida teórica. La siguiente etapa del informe deberá, por tanto, entrar en el núcleo cuantitativo del problema: cartografiar las dependencias canadienses, sector por sector, para determinar cuáles constituyen verdaderas vulnerabilidades estratégicas y cuáles pueden, por el contrario, convertirse en palancas de poder.
EL CHOQUE DE 2026: CUANDO LA CRISIS COMERCIAL SE CONVIERTE EN UNA CRISIS ESTRATÉGICA
El año 2026 marca una nueva etapa en la transformación de la relación entre Canadá y Estados Unidos. Las tensiones comerciales acumuladas durante varios años alcanzan un umbral que les confiere una dimensión diferente: ya no se refieren únicamente al acceso a los mercados, al nivel de los aranceles o a las disputas sectoriales; afectan ahora a la capacidad de Canadá para preservar su autonomía económica, su seguridad industrial y su margen de decisión estratégica en un entorno continental dominado por Estados Unidos. La multiplicación de las medidas arancelarias, las amenazas comerciales y las incertidumbres regulatorias revela con particular crudeza las vulnerabilidades que la integración norteamericana había ocultado durante mucho tiempo detrás de los beneficios de la proximidad. Lo que ayer aparecía como un extraordinario éxito de integración económica se convierte hoy en un problema de resiliencia nacional. La cuestión ya no consiste únicamente en determinar cuánto costarán los aranceles a la economía canadiense, sino en comprender qué revela esta crisis sobre la propia estructura del modelo económico del país.
El sector automotriz constituye, a este respecto, el laboratorio más revelador de la crisis. Durante varias décadas, la industria automotriz norteamericana se ha organizado en torno a una fragmentación extremadamente avanzada de las cadenas de producción. Las piezas, los componentes y los vehículos pueden cruzar varias veces la frontera antes de alcanzar su forma final. Esta organización permitió a las empresas buscar simultáneamente especialización, economías de escala y eficiencia logística. Sin embargo, funcionaba sobre una premisa fundamental: la frontera entre Canadá y Estados Unidos debía permanecer suficientemente abierta y previsible para que la circulación repetida de componentes no constituyera un obstáculo importante. Cuando los aranceles y las reglas de origen se vuelven más restrictivos, la propia lógica de esta organización productiva queda cuestionada. Una cadena de valor diseñada para minimizar los costos de producción puede convertirse repentinamente en una cadena de vulnerabilidad cuando cada cruce adicional de la frontera aumenta la exposición al riesgo comercial.
El desafío automotriz va mucho más allá de las plantas de ensamblaje. Detrás de cada fabricante existe una compleja red de proveedores de componentes, productores de acero y aluminio, fabricantes de piezas, transportistas, centros logísticos, empresas de ingeniería y centros de investigación. Una perturbación en un eslabón puede transmitirse rápidamente al conjunto del sistema. Precisamente esta característica hace que la industria automotriz sea especialmente sensible a las medidas arancelarias: su competitividad depende menos de la localización de una planta aislada que de la eficiencia de una red continental. Cuando la frontera se vuelve económicamente más costosa, es toda esa red la que debe ser reevaluada.
Esta situación coloca a los fabricantes ante decisiones particularmente difíciles. Mantener la producción en Canadá permite preservar capacidades industriales existentes, una fuerza laboral cualificada e infraestructuras ya amortizadas, pero puede resultar más costoso si los productos destinados al mercado estadounidense están sujetos a aranceles adicionales. Trasladar determinadas actividades a Estados Unidos puede reducir la exposición arancelaria, pero implica inversiones considerables, costos de reorganización y, en algunos casos, la pérdida de ecosistemas industriales construidos durante varias décadas. Las empresas deben, por tanto, decidir no solo en función de los costos actuales, sino también de su percepción sobre la duración de la crisis. Es precisamente esta dimensión prospectiva la que transforma la política comercial en una variable de inversión.
El acero y el aluminio ilustran otra dimensión de la vulnerabilidad canadiense. Estos sectores ya han estado en el centro de varios enfrentamientos comerciales entre Ottawa y Washington y constituyen insumos esenciales para una parte significativa de la industria norteamericana. Canadá posee importantes capacidades en ambos ámbitos y mantiene con Estados Unidos una relación de interdependencia particularmente intensa. La dificultad, por tanto, no reside simplemente en que productores canadienses exporten hacia Estados Unidos. Reside en que estos productores están integrados en una economía industrial estadounidense que utiliza a su vez esos materiales en la industria automotriz, la construcción, los equipos, las infraestructuras y la defensa. Una política arancelaria dirigida contra los exportadores canadienses puede, por consiguiente, producir efectos de retorno sobre las empresas estadounidenses que utilizan esos insumos.
Esta realidad revela una característica fundamental del poder económico en una economía integrada: el país que impone una medida comercial no controla necesariamente la totalidad de sus consecuencias. Los aranceles pueden proteger a determinados productores estadounidenses mientras aumentan los costos de otras empresas estadounidenses. Pueden favorecer una industria situada aguas arriba y, al mismo tiempo, perjudicar a una industria situada aguas abajo. También pueden estimular determinadas inversiones en Estados Unidos mientras reducen la competitividad global de las cadenas de producción norteamericanas. El verdadero balance de una política arancelaria debe establecerse, por tanto, a escala de toda la cadena de valor y no únicamente a partir del sector oficialmente protegido.
La madera constituye otro ejemplo particularmente revelador. Las disputas comerciales entre Canadá y Estados Unidos en este ámbito no son nuevas y han atravesado varias administraciones estadounidenses. Demuestran que determinadas tensiones comerciales poseen una notable capacidad de persistencia institucional. Incluso cuando las relaciones políticas generales mejoran, los conflictos sectoriales pueden mantenerse porque están vinculados a estructuras de mercado, mecanismos regulatorios, intereses regionales e interpretaciones divergentes de las políticas forestales. Para los productores canadienses, esta situación crea una dificultad particular: una industria fuertemente dependiente del mercado estadounidense difícilmente puede reorientar rápidamente sus exportaciones hacia mercados lejanos cuando los costos logísticos se vuelven prohibitivos. La diversificación aparece, por tanto, como necesaria, pero su aplicación tropieza con la propia geografía del sector.
La agricultura añade una dimensión política a esta confrontación. El sistema canadiense de gestión de la oferta en los sectores lácteo y avícola constituye desde hace mucho tiempo un punto de fricción con Washington. Canadá considera este sistema un instrumento de estabilidad de los ingresos agrícolas y de protección de determinadas cadenas productivas; Estados Unidos lo considera una limitación del acceso de sus productores al mercado canadiense. Las sucesivas negociaciones han permitido determinadas aperturas sin eliminar el sistema. La cuestión sigue siendo políticamente sensible, porque afecta directamente al equilibrio entre soberanía alimentaria, protección de los productores y obligaciones comerciales internacionales. Cualquier presión estadounidense destinada a obtener nuevas concesiones enfrenta a Ottawa a un delicado dilema entre los intereses de sus agricultores y la necesidad de preservar una relación comercial estable con su principal socio.
La energía ocupa un lugar todavía más estratégico. Canadá posee importantes recursos petroleros, gasíferos e hidroeléctricos, pero la geografía de las infraestructuras ha orientado históricamente una gran parte de los flujos energéticos hacia Estados Unidos. Esta situación proporciona a Canadá un mercado considerable y relativamente estable, pero también limita su capacidad para diversificar rápidamente sus destinos de exportación. La existencia de nuevas capacidades de exportación, especialmente hacia la costa del Pacífico y los mercados asiáticos, está modificando progresivamente esta situación, pero no elimina la concentración histórica de los intercambios. La verdadera cuestión estratégica consiste, por tanto, menos en saber si Canadá posee recursos energéticos que en determinar cuántos mercados puede efectivamente alcanzar con esos recursos y a qué costo.
Esta distinción entre recursos y capacidad de acceso a los mercados resulta fundamental. Un recurso natural se convierte en un instrumento de poder únicamente si el Estado que lo posee dispone de las infraestructuras necesarias para transportarlo hacia múltiples destinos. Canadá puede poseer enormes reservas energéticas y, al mismo tiempo, seguir siendo vulnerable si la mayoría de sus infraestructuras de exportación conducen hacia un único mercado. La diversificación energética constituye, por consiguiente, simultáneamente una política económica, una política de infraestructuras y una política de seguridad nacional. Desde esta perspectiva, los puertos, los oleoductos, las redes ferroviarias, las terminales de gas natural licuado y las interconexiones eléctricas deben ser considerados activos estratégicos y no simples infraestructuras comerciales.
La crisis también revela una vulnerabilidad menos visible, pero potencialmente más profunda: la dependencia tecnológica. Canadá dispone de una notable capacidad de investigación e innovación en diversos ámbitos, pero su economía digital permanece fuertemente integrada en el ecosistema tecnológico estadounidense. Las grandes plataformas digitales estadounidenses ocupan una posición dominante en la publicidad en línea, los servicios de computación en la nube, los sistemas operativos, las redes sociales y diversas infraestructuras digitales críticas. Esta dependencia no adopta necesariamente la forma clásica de una importación de mercancías. Se manifiesta en la propiedad intelectual, las infraestructuras de datos, el software, los servicios en la nube, los estándares técnicos y el capital necesario para el desarrollo de las empresas tecnológicas.
La dimensión estratégica de esta dependencia merece particular atención. Una economía puede ser relativamente autónoma en su producción material y, al mismo tiempo, permanecer fuertemente dependiente de proveedores extranjeros para sus infraestructuras digitales. Ahora bien, a diferencia de un cargamento de petróleo o de un lote de acero, una infraestructura digital puede ser difícil de sustituir rápidamente. Los costos de migración, las cuestiones de compatibilidad, la protección de los datos, la propiedad intelectual y la continuidad de los servicios generan formas de dependencia mucho más difíciles de medir. La soberanía tecnológica canadiense no significa necesariamente producir nacionalmente cada componente digital. Significa disponer de un nivel suficiente de capacidades, competencias, datos, proveedores alternativos y control institucional para que la economía no quede paralizada por una decisión externa.
Las cadenas de valor transfronterizas constituyen, finalmente, el principal canal de transmisión del choque. Durante décadas, la industria norteamericana buscó la eficiencia distribuyendo las distintas etapas de producción entre varios territorios. Canadá suministraba determinados recursos o componentes, Estados Unidos asumía otras etapas industriales y México desempeñaba un papel creciente en los segmentos con mayor intensidad de mano de obra. Este modelo descansaba en una circulación relativamente fluida de las mercancías. Las nuevas tensiones comerciales introducen una variable que anteriormente no ocupaba un lugar central en los cálculos: el costo estratégico del cruce de la frontera.
Esta evolución puede provocar un cambio gradual en las decisiones empresariales. Una empresa que antes debía comparar únicamente el costo de la mano de obra, la energía, el transporte y la fiscalidad debe ahora incorporar el riesgo arancelario, el riesgo regulatorio y el riesgo político. Una implantación canadiense puede seguir siendo económicamente ventajosa hoy y, sin embargo, resultar menos atractiva si la empresa anticipa varios años de incertidumbre comercial. El efecto más importante de los aranceles puede aparecer, por tanto, con retraso. No se manifiesta únicamente en las exportaciones inmediatamente perdidas, sino también en las inversiones futuras que son reorientadas.
Esta es probablemente una de las dimensiones más importantes de la crisis de 2026. Las estadísticas comerciales pueden medir los flujos que ya se han visto afectados, pero miden con mucha mayor dificultad las inversiones que nunca llegarán a realizarse. Ahora bien, el crecimiento económico depende precisamente de esas decisiones futuras. Cuando una empresa aplaza la construcción de una nueva planta, reduce sus gastos de investigación, renuncia a desarrollar una nueva línea de producción o decide instalar su próxima capacidad industrial en Estados Unidos en lugar de Canadá, el efecto inmediato puede parecer limitado. A medio plazo, sin embargo, la acumulación de esas decisiones puede modificar profundamente la estructura productiva del país.
La incertidumbre se convierte así en un costo económico autónomo. Aumenta la prima de riesgo exigida por los inversores, complica las previsiones financieras, reduce la visibilidad de las empresas y fomenta estrategias defensivas. Una empresa puede continuar produciendo en Canadá y, al mismo tiempo, decidir no volver a invertir allí. Puede mantener sus instalaciones existentes mientras construye sus nuevas capacidades en otro lugar. Puede conservar a sus trabajadores mientras transfiere progresivamente sus actividades de investigación, diseño o desarrollo. Por eso, el análisis de la crisis comercial debe superar las estadísticas sobre aranceles y exportaciones para examinar sus efectos sobre el capital productivo, la productividad, la innovación y la futura localización de las actividades.
Esta dimensión resulta especialmente importante para Canadá porque su economía depende considerablemente de su capacidad para atraer y retener inversiones. La proximidad del mercado estadounidense constituye históricamente una de sus principales ventajas comparativas. Si esta proximidad deja de ser sinónimo de previsibilidad, el país deberá compensar esa pérdida relativa mediante otras ventajas: infraestructuras más eficientes, energía competitiva, mano de obra cualificada, acceso a múltiples mercados, estabilidad regulatoria, capacidad de innovación y un entorno favorable a la inversión. La crisis comercial se convierte así, indirectamente, en una competencia entre modelos económicos.
También plantea la cuestión de la política industrial. Durante mucho tiempo, Canadá privilegió una economía abierta en la que el Estado intervenía relativamente menos directamente en la localización de las capacidades productivas. La nueva situación internacional pone en cuestión esta doctrina. Las grandes potencias están desarrollando políticas industriales ambiciosas en sectores considerados estratégicos: semiconductores, baterías, inteligencia artificial, energía, minerales críticos, defensa, tecnologías limpias e infraestructuras digitales. Si Canadá desea reducir determinadas dependencias, probablemente tendrá que aceptar una intervención pública más estratégica, evitando al mismo tiempo convertir esta política industrial en un sistema permanente de subsidios ineficientes.
La cuestión ya no consiste, por tanto, simplemente en saber cómo responder a los aranceles estadounidenses. Se trata de determinar qué tipo de economía quiere construir Canadá en un entorno en el que la seguridad económica se convierte en un componente del poder nacional. Un país que depende casi exclusivamente de un único mercado puede ser próspero cuando ese mercado permanece abierto y previsible. Se vuelve vulnerable cuando el comportamiento del socio dominante cambia. La diversificación no constituye, por tanto, un cuestionamiento de la integración continental. Representa un seguro frente al riesgo de concentración.
Sin embargo, este seguro tiene un costo. Construir infraestructuras hacia el Atlántico y el Pacífico, desarrollar nuevos mercados en Europa y Asia, ampliar las capacidades portuarias, fortalecer las redes ferroviarias, desarrollar industrias de transformación e invertir en tecnologías nacionales exige capitales considerables y continuidad política durante varias décadas. Canadá no puede construir en pocos años un segundo sistema económico capaz de sustituir a Estados Unidos. Tal ambición sería económicamente irrealista. El objetivo debe ser diferente: reducir progresivamente el grado de vulnerabilidad para que cada nueva crisis produzca un costo inferior al de la anterior.
La crisis de 2026 puede, por tanto, interpretarse como una prueba de resiliencia más que como una simple confrontación arancelaria. Revela los sectores en los que Canadá posee capacidades considerables, pero también aquellos en los que su autonomía resulta insuficiente. Muestra que determinadas dependencias pueden convertirse en instrumentos de negociación, mientras que otras constituyen verdaderos puntos de vulnerabilidad. Sobre todo, recuerda que la interdependencia no elimina las relaciones de poder. Por el contrario, puede hacerlas más complejas al proporcionar a cada socio medios de influencia sobre el otro.
Canadá dispone, además, de ciertas ventajas en esta confrontación. Sus recursos energéticos y minerales, su potencial hidroeléctrico, su proximidad al mercado estadounidense, su estabilidad institucional, sus capacidades científicas y tecnológicas, su acceso al Atlántico y al Pacífico, así como sus relaciones comerciales con Europa y Asia constituyen los fundamentos de una estrategia de diversificación. El problema no es, por tanto, la ausencia de activos. El problema reside en transformarlos en capacidades estratégicas coordinadas.
Aquí es donde la noción de autonomía interdependiente adquiere toda su importancia. Canadá no puede eliminar su dependencia geográfica respecto de Estados Unidos. Tampoco puede abandonar los beneficios económicos de la integración continental sin asumir costos considerables. Puede, sin embargo, reducir su vulnerabilidad multiplicando sus opciones. Una industria capaz de vender a Estados Unidos, Europa y Asia posee mayor poder de negociación que una industria que dispone de un solo mercado. Un productor energético conectado a múltiples redes de exportación es más resiliente que un productor dependiente de una única infraestructura. Una economía digital que dispone de varios proveedores tecnológicos está menos expuesta que una economía dependiente de un ecosistema único.
La verdadera lección del choque de 2026 no es, por tanto, que Estados Unidos se haya convertido en un adversario de Canadá, sino que Canadá ya no puede considerar el acceso al mercado estadounidense como una constante estratégica. El acceso puede seguir siendo ampliamente abierto, restringirse temporalmente o volverse más condicional. En cada uno de estos escenarios, la capacidad canadiense para absorber el choque dependerá de la profundidad de sus alternativas.
La crisis comercial se convierte así en una crisis estratégica porque obliga a Canadá a responder a una pregunta que durante mucho tiempo había pospuesto: ¿qué parte de su prosperidad descansa sobre sus propias capacidades y qué parte depende de un entorno exterior cuyas reglas y evoluciones políticas no controla? Mientras esta cuestión permanezca sin respuesta, toda política de diversificación seguirá siendo fragmentaria. El verdadero desafío de la próxima década será transformar los recursos canadienses en poder económico, las infraestructuras en libertad de elección y las asociaciones internacionales en verdaderas alternativas.
MARK CARNEY: LA SOBRIEDAD COMO ESTRATEGIA DE PODER
Mark Carney encarna una concepción del poder que se distingue tanto por su método como por sus objetivos. Exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, economista formado en los mecanismos de las finanzas internacionales y familiarizado con la gestión de crisis, aborda la confrontación con Washington menos como una batalla retórica que como un problema de gestión del riesgo nacional. Su fortaleza política no reside, por tanto, principalmente en el registro tradicional del tribuno, sino en su capacidad para transformar la credibilidad económica, la confianza de los mercados, el conocimiento de los mecanismos financieros y el dominio de las interdependencias en instrumentos de poder. Este enfoque podría calificarse de sobriedad estratégica. Parte de una convicción esencial: en una confrontación entre una potencia media profundamente integrada con una superpotencia vecina y esa propia superpotencia, el poder no se mide únicamente por la capacidad de responder de inmediato, sino también por la capacidad de conservar las propias opciones cuando la crisis se prolonga.
Esta concepción adquiere todo su sentido en un entorno norteamericano profundamente transformado. Canadá ya no puede formular su política económica suponiendo que la relación con Washington seguirá siendo estable y previsible a largo plazo. La primera consecuencia de esta nueva realidad es que la política comercial deja de ser un ámbito relativamente especializado para convertirse en un componente de la seguridad nacional. Los aranceles, las normas, las inversiones, las infraestructuras, las cadenas de suministro, la energía y las tecnologías se convierten en instrumentos susceptibles de ser movilizados dentro de una relación de poder. Para Carney, el problema no consiste simplemente en responder a una medida estadounidense concreta, sino en reducir progresivamente la exposición canadiense a decisiones que Ottawa no controla. Esta distinción es fundamental. Una estrategia puramente defensiva buscaría obtener de Washington el retorno al statu quo anterior. Una estrategia de resiliencia buscaría garantizar que Canadá pueda soportar una relación estadounidense menos previsible. La primera depende principalmente de la voluntad del socio; la segunda depende en mayor medida de las capacidades nacionales. Es precisamente en este espacio donde se sitúa la lógica de Carney: preservar en la medida de lo posible el acceso al mercado estadounidense, al tiempo que se utiliza la crisis para acelerar la diversificación económica, reforzar las infraestructuras nacionales y aumentar el poder de negociación de Canadá.
La dificultad, sin embargo, reside en el carácter profundamente asimétrico de esta relación. Ottawa puede imponer medidas de represalia, recurrir a mecanismos jurídicos, movilizar a sus socios y utilizar determinados recursos canadienses como instrumentos de negociación. Pero una confrontación prolongada con Estados Unidos tendría costos económicos considerables para Canadá. La racionalidad de la estrategia de Carney consiste precisamente en no confundir firmeza con escalada. La firmeza consiste en demostrar que toda presión estadounidense tendrá un costo. La escalada consiste en aceptar ese costo incluso cuando no permite obtener un resultado estratégico superior. Para una potencia media, esta diferencia puede determinar el desenlace de una crisis. El método Carney se basa así en un principio de proporcionalidad: Canadá debe disponer de instrumentos de represalia suficientemente creíbles para impedir que Washington considere gratuitas las medidas coercitivas, pero suficientemente controlados para evitar una espiral de sanciones recíprocas que destruya precisamente las cadenas de valor que Canadá busca preservar. La lógica no es la de una capitulación económica, sino la de una disuasión económica adaptada a una relación asimétrica.
Esta estrategia se enfrenta inmediatamente a una importante dificultad política. En una democracia sometida a una presión externa, el Gobierno debe tranquilizar simultáneamente a los mercados, proteger a los trabajadores, defender los intereses provinciales, preservar las relaciones con Washington y demostrar a la opinión pública que no está cediendo. Estos objetivos no siempre coinciden. Una medida capaz de proteger temporalmente a una industria puede perjudicar a otro sector. Una concesión comercial que permita salvar una cadena de producción puede ser denunciada como una vulneración de la soberanía. Una respuesta arancelaria popular puede, por el contrario, elevar los costos para las empresas y los consumidores canadienses. La política económica se convierte entonces en un ejercicio permanente de equilibrio entre el tiempo político y el tiempo económico. Es precisamente aquí donde la sobriedad puede convertirse en una fortaleza, pero también en una debilidad. Una política basada en la competencia técnica y la prudencia permite considerar los efectos indirectos de las decisiones y evitar reacciones impulsivas. Pero también puede ser percibida como insuficientemente combativa en un entorno político en el que la soberanía económica se ha convertido en un tema movilizador. Carney debe, por tanto, resolver una ecuación particularmente delicada: hablar con suficiente firmeza para preservar la confianza política y negociar con suficiente flexibilidad para proteger los intereses económicos.
Su verdadera apuesta, sin embargo, consiste en ganar tiempo. En una relación en la que Canadá no puede modificar rápidamente su geografía, el tamaño relativo de los mercados o la profundidad de las cadenas de valor, el tiempo se convierte en un recurso estratégico. Cada mes ganado sin una ruptura importante permite invertir más en infraestructuras, concluir nuevos acuerdos comerciales, desarrollar capacidades industriales, buscar nuevos mercados y reforzar los sectores considerados estratégicos. La diplomacia económica se convierte así en una política de transición: no se trata de abandonar inmediatamente la dependencia estadounidense, sino de reducir progresivamente el costo de una posible ruptura. Esta concepción transforma también el significado de la diversificación. No debe entenderse como una búsqueda abstracta de nuevos socios comerciales. Exportar más hacia Europa o Asia no basta si los productos siguen siendo diseñados, financiados, transformados o transportados dentro de cadenas dominadas por Estados Unidos. La verdadera diversificación debe abarcar simultáneamente los mercados, las infraestructuras, los capitales, las tecnologías y las capacidades industriales. Debe permitir que Canadá disponga de varias opciones antes de que sobrevenga una crisis, y no que tenga que buscar alternativas una vez que la crisis ya haya comenzado.
La relación con Europa ocupa, desde esta perspectiva, un lugar particular. Canadá comparte con los europeos importantes afinidades institucionales y políticas, así como un marco comercial que ofrece una base para desarrollar los intercambios. Pero Europa no puede ser considerada simplemente como un sustituto geográfico del mercado estadounidense. Las estructuras industriales, las distancias, las normas, los costos logísticos y los perfiles de consumo difieren profundamente. La diversificación europea debe, por tanto, concebirse como una ampliación progresiva de las posibilidades canadienses, y no como una sustitución inmediata de la economía estadounidense. La misma lógica se aplica a Asia. Los mercados asiáticos ofrecen a Canadá importantes oportunidades en materia de energía, agricultura, minerales, tecnologías y determinados servicios. Pero la distancia geográfica y la competencia internacional hacen que esta reorientación sea mucho más compleja de lo que a veces sugiere el discurso político. Construir una presencia comercial duradera en Asia exige infraestructuras portuarias, ferroviarias y energéticas adecuadas, una diplomacia económica sostenida, inversiones privadas y un conocimiento profundo de los mercados involucrados. La diversificación no es, por tanto, únicamente una decisión gubernamental. Requiere una transformación del ecosistema económico canadiense.
Por eso, la estrategia de Carney no puede evaluarse únicamente a partir de los resultados inmediatos de las negociaciones con Washington. Su verdadera prueba se encuentra en otro lugar: en la capacidad del Gobierno para transformar la crisis externa en política industrial interna. Si las presiones estadounidenses conducen a una aceleración de las infraestructuras de este a oeste, al desarrollo de nuevas capacidades de transformación de los recursos, al fortalecimiento de las cadenas de valor nacionales, al aumento de las inversiones en investigación y desarrollo y a una diversificación duradera de las exportaciones, entonces la crisis habrá producido un efecto estratégico positivo a pesar de su costo inicial. Esta transformación exige, sin embargo, una continuidad política que trascienda la personalidad del primer ministro. Las infraestructuras necesarias para la diversificación se construyen durante décadas. Las capacidades industriales no pueden crearse en pocos años. Las competencias tecnológicas requieren inversiones constantes en educación e investigación. Los nuevos mercados comerciales necesitan tiempo antes de generar volúmenes significativos. Si cada alternancia política modifica profundamente las prioridades nacionales, Canadá corre el riesgo de permanecer atrapado en una sucesión de respuestas coyunturales.
La estrategia de Carney debe, por tanto, juzgarse en una temporalidad más larga que la del ciclo electoral. Su objetivo último no debería ser hacer que Canadá sea independiente de Estados Unidos, un objetivo irrealista dada la geografía y la integración continental, sino lograr que esta interdependencia sea más recíproca, diversificada y negociable. Un Canadá más diversificado no sería necesariamente menos cercano a Estados Unidos. Sería simplemente menos vulnerable a una decisión estadounidense determinada. Esta distinción conduce a una concepción más sofisticada de la soberanía. La soberanía económica no significa producir todo lo que se consume. Significa poder elegir sin encontrarse ante una ausencia total de alternativas. Para Canadá, la soberanía no reside, por tanto, en romper con Washington, sino en aumentar progresivamente el número de opciones de las que dispone Ottawa. Cuantos más mercados alternativos, corredores alternativos, proveedores alternativos, capacidades tecnológicas nacionales y socios estratégicos posea Canadá, más equilibrada podrá ser su relación con Estados Unidos.
La debilidad de esta estrategia reside precisamente en su horizonte temporal. Los beneficios de la diversificación son estructurales y progresivos, mientras que los costos de una crisis comercial son inmediatos. Una fábrica puede reducir su producción hoy, mientras que un nuevo corredor ferroviario puede necesitar varios años antes de estar plenamente operativo. Una empresa puede perder un mercado estadounidense en cuestión de semanas, mientras que un mercado asiático puede requerir varios años de presencia comercial antes de adquirir una dimensión significativa. La política gubernamental debe, por tanto, ser capaz de financiar la transición entre estas dos temporalidades. La segunda limitación es presupuestaria. Construir una verdadera autonomía dentro de la interdependencia exige inversiones considerables en infraestructuras de transporte, puertos, redes energéticas, defensa, tecnologías críticas, investigación científica y capacidades industriales. El Gobierno debe, por tanto, equilibrar la necesidad de invertir en resiliencia con la necesidad de preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. La tercera limitación es federal. La diversificación económica canadiense no depende exclusivamente de Ottawa. Las provincias poseen competencias esenciales en materia de energía, infraestructuras, recursos naturales, educación y varias políticas industriales. Una estrategia nacional de resiliencia deberá, por tanto, articular la soberanía federal con las realidades provinciales.
La estrategia de Carney aparece así menos como una doctrina de ruptura que como una doctrina de transformación gradual. No promete a Canadá una independencia imposible. Busca convertir una dependencia excesiva en una interdependencia mejor equilibrada. Su lógica se basa en la credibilidad, la diversificación, la resiliencia y el largo plazo. Su posible debilidad es exactamente la misma que constituye su fortaleza: exige resistir la tentación de obtener resultados inmediatos para invertir en capacidades cuyos beneficios aparecerán progresivamente. El verdadero desafío, por tanto, no consiste en determinar si Carney es suficientemente firme o suficientemente conciliador. Esta oposición es demasiado simplista para explicar la situación canadiense. La cuestión estratégica es saber si su prudencia puede producir poder. En otras palabras, ¿puede Canadá utilizar la sobriedad diplomática no como una forma de contención frente a Washington, sino como un método destinado a aumentar progresivamente su libertad de decisión?
Es precisamente en este punto donde se abre el debate con Pierre Poilievre. Allí donde Carney tiende a concebir el poder como una capacidad de resiliencia construida progresivamente mediante la diversificación y la credibilidad, el conservadurismo de Poilievre pone mayor énfasis en la reciprocidad, la firmeza, el aprovechamiento estratégico de los recursos canadienses y la capacidad de responder inmediatamente a las presiones estadounidenses. El debate entre ambos hombres va, por tanto, mucho más allá de una oposición partidista. Plantea una cuestión fundamental sobre la propia naturaleza del poder canadiense en el siglo XXI: ¿debe Canadá hacerse más poderoso reduciendo progresivamente su vulnerabilidad, o utilizando de manera más agresiva las dependencias estadounidenses en beneficio propio?
PIERRE POILIEVRE: LA SOBERANÍA COMO ARMA POLÍTICA
Pierre Poilievre representa otra concepción de la respuesta canadiense a la transformación de la relación con Washington. Mientras Mark Carney tiende a considerar el poder como una capacidad de resiliencia construida progresivamente, Poilievre pone mayor énfasis en la voluntad política, la reciprocidad y la capacidad de hacer comprender a Estados Unidos que Canadá también dispone de instrumentos de presión. La diferencia entre ambos enfoques, por tanto, no se reduce a una oposición de temperamentos. Remite a dos concepciones de la soberanía económica y, más ampliamente, a dos maneras de entender el poder de una potencia media enfrentada a un vecino mucho más poderoso.
El punto de partida del razonamiento poilievrista es relativamente sencillo: el tamaño de Estados Unidos no debe llevar a Canadá a considerar inevitable cualquier concesión. El problema canadiense no reside únicamente en la magnitud de su dependencia económica, sino también en la manera en que esa dependencia se convierte en una relación de poder político. Si Washington sabe que Canadá siempre dudará en utilizar sus propios instrumentos de presión por temor a provocar una reacción estadounidense, entonces la asimetría económica se transforma automáticamente en asimetría diplomática. La soberanía exige, según esta lógica, que Canadá demuestre que es capaz de imponer un costo a determinadas decisiones estadounidenses. La fórmula «no more caving», que literalmente significa dejar de ceder, resume esta filosofía política. Su fuerza reside menos en su precisión técnica que en su capacidad para transformar una cuestión extremadamente compleja en un mensaje político inmediatamente comprensible. El lema sugiere que el problema no sería solamente el poder estadounidense, sino también la disposición canadiense a aceptar con demasiada facilidad las exigencias de Washington. De este modo, desplaza el centro del debate: en lugar de preguntar qué puede obtener Canadá de Estados Unidos, pregunta qué está dispuesto a hacer Canadá para modificar el cálculo estratégico estadounidense.
Este enfoque posee una eficacia política evidente. En un período de tensión nacional, la población puede comprender el lenguaje de la reciprocidad con mayor facilidad que el de las interdependencias complejas. Afirmar que Canadá debe defender sus intereses, utilizar sus recursos y responder a las presiones externas produce un relato político más inmediatamente movilizador que una estrategia basada en inversiones cuyos resultados no aparecerán hasta dentro de diez o quince años. La política del poder posee, por tanto, una dimensión psicológica que los modelos puramente económicos tienden a subestimar. El problema, sin embargo, es que la firmeza política no basta necesariamente para producir una relación de fuerzas más favorable. Para ser eficaz, una amenaza debe ser creíble; para ser creíble, debe poder ejecutarse; y para poder ejecutarse, debe imponer al socio un costo suficientemente importante en relación con el costo que esa misma medida impone al propio Canadá. Aquí es donde la asimetría canadiense-estadounidense vuelve a ser determinante. Una medida capaz de costar varios miles de millones de dólares a Canadá puede resultar políticamente espectacular y, al mismo tiempo, relativamente soportable para una economía estadounidense mucho mayor. El poder de negociación, por tanto, no depende únicamente de la capacidad de tomar represalias, sino de la relación entre el costo impuesto al adversario y el costo que quien responde está dispuesto a asumir.
Esta realidad explica por qué la energía ocupa un lugar particular en el razonamiento soberanista. Canadá dispone de recursos considerables que Estados Unidos necesita y mantiene, en varios sectores, una posición especialmente importante como proveedor. Esta interdependencia constituye un posible instrumento de presión. Pero un instrumento potencial no es automáticamente un instrumento utilizable. Utilizar un recurso estratégico contra el principal cliente puede generar consecuencias económicas, industriales y políticas para el propio Canadá. La cuestión, por tanto, no consiste simplemente en saber si Ottawa dispone de un instrumento de presión, sino en determinar en qué circunstancias su utilización aumentaría realmente el poder de negociación canadiense. La misma prudencia debe aplicarse a las infraestructuras energéticas. El desarrollo de nuevos corredores hacia los mercados asiáticos o europeos podría aumentar la libertad de decisión de Canadá al reducir la concentración de sus destinos de exportación. Pero esta política presenta una paradoja estratégica: las infraestructuras destinadas a diversificar las exportaciones no solo sirven para reducir la dependencia de Estados Unidos; también pueden fortalecer la posición canadiense en sus negociaciones con Washington al proporcionar a los productores canadienses alternativas creíbles. La diversificación se convierte así, por sí misma, en un instrumento de poder.
Es precisamente en este terreno donde los enfoques de Poilievre y Carney podrían estar menos alejados de lo que parece. Carney pone el acento en la construcción progresiva de alternativas. Poilievre insiste más en la necesidad de construirlas para poder negociar con mayor firmeza. En ambos casos, la cuestión central sigue siendo la capacidad de Canadá para disponer de opciones. La diferencia reside principalmente en la jerarquía de prioridades y en la manera de comunicar esta estrategia a la opinión pública. Carney parte de la reducción de la vulnerabilidad para ampliar progresivamente el margen de maniobra. Poilievre parte de la afirmación de ese margen de maniobra para provocar una modificación del cálculo estadounidense. Uno privilegia la construcción del poder antes de la confrontación; el otro insiste más en su utilización política.
También sería reduccionista presentar a Poilievre como una simple versión canadiense del trumpismo. Pueden existir determinadas convergencias en el vocabulario político de la soberanía económica, la crítica de las élites o la voluntad de reducir ciertas restricciones regulatorias, pero los contextos institucionales, sociales y políticos de ambos países siguen siendo diferentes. Canadá posee su propia tradición conservadora, sus propias relaciones federales-provinciales, su propio sistema parlamentario y su propia cultura política. Por tanto, el análisis debe distinguir entre la eventual influencia de determinadas tendencias estadounidenses y una asimilación pura y simple de ambos fenómenos. El nacionalismo económico de Poilievre puede entenderse más bien como un intento de reinterpretar el conservadurismo canadiense frente a un nuevo entorno internacional. Durante mucho tiempo, una parte importante de la derecha canadiense asoció la prosperidad con la liberalización comercial, la reducción de los obstáculos regulatorios y la profundización de la integración económica norteamericana. La nueva situación obliga a esta tradición a responder a una pregunta que quizá no había situado en el centro de su agenda: ¿qué hacer cuando el principal socio del libre comercio se convierte a su vez en una fuente de incertidumbre comercial?
La respuesta poilievrista consiste en reintroducir la noción de poder en el vocabulario económico. Canadá no debe limitarse a buscar ser competitivo; también debe procurar ser difícil de someter a presiones. Esta distinción es fundamental. La competitividad se refiere a la capacidad de una economía para producir eficientemente. La resiliencia se refiere a su capacidad para absorber un impacto. El poder económico se refiere, finalmente, a su capacidad para transformar sus recursos en influencia. Una política nacional coherente debería idealmente buscar fortalecer las tres dimensiones simultáneamente. La visión de Poilievre presenta, sin embargo, una dificultad importante: el riesgo de confundir la afirmación de soberanía con la demostración efectiva de soberanía. Afirmar que Canadá posee recursos considerables no basta para crear poder. Afirmar que Ottawa puede imponer un costo a Estados Unidos no garantiza que ese costo sea suficientemente elevado como para modificar el comportamiento estadounidense. El poder real depende de infraestructuras, capacidades industriales, mercados alternativos, reservas financieras, tecnologías, fuerzas militares, diplomacia y cohesión política. No puede proclamarse; debe construirse.
Precisamente por ello, el debate entre Carney y Poilievre se vuelve más interesante cuando se lo libera de su dimensión estrictamente partidista. Carney plantea la siguiente pregunta: ¿cómo reducir progresivamente la vulnerabilidad canadiense sin destruir los beneficios de la integración norteamericana? Poilievre plantea otra: ¿cómo hacer comprender a Estados Unidos que esa integración no significa que Canadá aceptará indefinidamente todas las presiones? Son preguntas diferentes, pero no contradictorias. Una estrategia canadiense de largo plazo podría incluso requerir una combinación de ambos enfoques. La diversificación económica sin firmeza diplomática corre el riesgo de producir una estrategia demasiado lenta y vulnerable a las presiones inmediatas. La firmeza sin diversificación, por el contrario, podría generar una confrontación cuyo costo recaería de manera desproporcionada sobre Canadá. La verdadera autonomía interdependiente exige, por tanto, simultáneamente capacidades de resistencia a corto plazo y capacidades de diversificación a largo plazo.
Esta posible complementariedad revela también el límite del debate partidista. Reducir el futuro de Canadá a una elección entre Carney y Poilievre significaría personalizar una transformación que va mucho más allá de ambos individuos. El problema al que se enfrenta Ottawa deriva de factores estructurales: la geografía, la concentración comercial, la evolución de la política estadounidense, la competencia entre grandes potencias, la transformación tecnológica y la necesidad de proteger las cadenas de suministro. Ningún primer ministro puede modificar por sí solo estos parámetros. La verdadera cuestión política es, por tanto, la capacidad de transformar una toma de conciencia nacional en una estrategia de Estado. Si la soberanía se convierte únicamente en un eslogan electoral, corre el riesgo de generar expectativas que las restricciones económicas harán imposibles de satisfacer. Si, por el contrario, se convierte en una doctrina de inversión, puede conducir a una profunda transformación del modelo canadiense.
La soberanía dejaría entonces de ser únicamente la capacidad de decir no a Washington. Se convertiría en la capacidad de poder decir no cuando los intereses fundamentales del país lo exijan, precisamente porque Canadá habría construido suficientes alternativas para soportar las consecuencias de ese rechazo. Esta concepción permite reevaluar la posible contribución de Poilievre al debate nacional. Su principal fortaleza quizá no consista en haber encontrado una solución completa a la dependencia estadounidense, sino en haber contribuido a desplazar el debate político canadiense hacia la cuestión de la relación de fuerzas. Su principal debilidad reside en el riesgo de subestimar el tiempo necesario para transformar una voluntad política en capacidades materiales. Entre estas dos dimensiones se encuentra precisamente el problema central de la autonomía canadiense.
Carney y Poilievre representan así dos respuestas a una misma ruptura histórica. El primero privilegia la construcción progresiva de la resiliencia y la preservación de la relación; el segundo insiste en la necesidad de restablecer la reciprocidad y convertir la soberanía en un instrumento de negociación. Ninguno de estos dos modelos puede, por sí solo, resolver el problema estructural de Canadá. Uno corre el riesgo de carecer de suficiente poder político inmediato; el otro, de carecer del margen económico necesario para sostener una confrontación prolongada. La verdadera elección canadiense podría, por tanto, encontrarse en otro lugar: construir suficiente poder para que la prudencia ya no sea confundida con debilidad y suficiente prudencia para que la soberanía jamás sea confundida con aislamiento.
Es precisamente esta tensión la que conduce a la sección siguiente. Después de examinar las dos filosofías políticas que dominan el debate canadiense, debemos abandonar ahora el duelo entre personalidades para analizar las capacidades materiales de Canadá: energía, minerales críticos, infraestructuras, comercio, defensa, finanzas, tecnologías, cadenas de suministro y relaciones exteriores. En otras palabras, debemos plantear la pregunta fundamental: ¿con qué puede realmente negociar Canadá con Estados Unidos?
LOS INSTRUMENTOS DEL PODER CANADIENSE: ¿CON QUÉ PUEDE REALMENTE NEGOCIAR OTTAWA?
El debate entre Mark Carney y Pierre Poilievre solo puede adquirir todo su sentido si se confronta con la realidad material del poder canadiense. Una estrategia nacional no puede descansar únicamente en la prudencia diplomática o en la voluntad política. Debe apoyarse en capacidades concretas que permitan a un Estado resistir una presión, modificar el cálculo de un socio y, sobre todo, asumir el costo de sus propias decisiones. La pregunta central se vuelve entonces mucho más exigente: ¿cuáles son los instrumentos de los que realmente dispone Canadá para negociar con Estados Unidos y cuáles todavía deben construirse? La respuesta revela una situación paradójica. Canadá posee una cantidad excepcional de activos estratégicos, pero estos no siempre se transforman en poder movilizable. Su territorio, su energía, sus minerales, su agricultura, su agua, su acceso a los océanos, su capital humano, sus instituciones, sus infraestructuras y su integración industrial con Estados Unidos constituyen un potencial considerable. Sin embargo, una parte de este poder permanece fragmentada, infrautilizada o dependiente de infraestructuras que limitan precisamente la libertad de acción que el país quisiera adquirir.
El primer instrumento de poder es, evidentemente, la energía. Canadá pertenece al reducido grupo de Estados que poseen simultáneamente importantes recursos petroleros, gasíferos e hidroeléctricos, a los que se añaden posibilidades considerables en energías renovables y nuclear. Esta situación le confiere una importancia estratégica que supera ampliamente el simple valor comercial de sus exportaciones. La energía constituye un componente de la seguridad económica norteamericana y, más ampliamente, de la seguridad energética occidental. Sin embargo, poseer un recurso no basta para garantizar su poder geopolítico. Lo que importa es la capacidad de producirlo, transportarlo, transformarlo, almacenarlo y venderlo en varios mercados. Una energía que solo puede ser transportada a través de unos pocos corredores o que depende de un número limitado de clientes constituye un poder potencial, pero imperfectamente movilizable. Por el contrario, un sistema energético conectado con varios mercados crea una capacidad de negociación mucho mayor. La verdadera cuestión canadiense no es, por tanto, únicamente la cantidad de recursos disponibles, sino la libertad geográfica para comercializarlos.
Esta problemática conduce directamente a las infraestructuras. Canadá posee uno de los territorios más extensos del planeta, pero su geografía puede ser tanto una ventaja como una limitación. La inmensidad territorial permite una abundancia de recursos y acceso a tres océanos, pero hace extremadamente costosas las redes ferroviarias, viales, portuarias y energéticas necesarias para conectar las regiones productoras con los mercados mundiales. Durante décadas, la integración económica con Estados Unidos redujo la urgencia política de construir determinados corredores alternativos. Cuando el principal mercado es inmediatamente accesible al sur, las inversiones destinadas a alcanzar otros mercados pueden parecer menos rentables a corto plazo. La nueva situación geopolítica cuestiona precisamente esta lógica. Una infraestructura que parece redundante en un entorno estable puede convertirse en estratégica en un entorno marcado por la incertidumbre. Los corredores este-oeste, los puertos de las costas del Pacífico y del Atlántico, las redes ferroviarias, los oleoductos y gasoductos y las infraestructuras energéticas deben ser considerados ahora no solo como equipamientos económicos, sino como instrumentos de soberanía nacional.
El segundo gran instrumento está constituido por los minerales críticos. La transición energética, la digitalización de la economía, las tecnologías militares y las cadenas industriales avanzadas incrementan el valor estratégico de numerosos recursos minerales. Canadá dispone de importantes ventajas en varios de estos sectores. Pero, una vez más, la extracción bruta constituye únicamente una primera etapa. El verdadero poder industrial reside en el dominio de la cadena de valor: extracción, refinado, transformación, fabricación de componentes e integración tecnológica. Un país que extrae un mineral estratégico pero debe exportarlo para su transformación y posteriormente importar los productos de alto valor añadido conserva solamente una parte del poder económico asociado a ese recurso. Canadá tendrá, por tanto, que determinar qué cadenas de valor deben desarrollarse en su territorio y con qué socios. Esta política podría convertirse en uno de los ámbitos en los que la relación con Washington sea simultáneamente competitiva y cooperativa. Estados Unidos tiene interés en asegurar sus cadenas de suministro frente a la competencia china; Canadá puede utilizar, por tanto, sus recursos críticos para aumentar su importancia estratégica evitando al mismo tiempo una lógica de confrontación innecesaria.
El tercer instrumento es la agricultura y la seguridad alimentaria. Canadá posee una considerable capacidad agrícola y ya constituye un actor importante de los mercados alimentarios mundiales. En un entorno internacional en el que las perturbaciones climáticas, los conflictos, las restricciones comerciales y las tensiones geopolíticas pueden afectar las cadenas de suministro, la seguridad alimentaria se convierte en un componente del poder. Una vez más, la cuestión no consiste simplemente en producir mucho, sino en disponer de una infraestructura logística capaz de transportar eficientemente los productos hacia múltiples mercados. La diversificación de los destinos agrícolas puede, por tanto, reforzar simultáneamente la resiliencia económica y la capacidad de negociación internacional.
El cuarto instrumento es el capital financiero. Se trata de un ámbito en el que el poder canadiense es a veces menos visible que su poder energético o mineral, pero que podría resultar decisivo. Un Estado capaz de movilizar rápidamente recursos financieros, apoyar a sus empresas estratégicas, garantizar determinadas inversiones y financiar infraestructuras de largo plazo posee un margen de maniobra superior al de un Estado obligado a reaccionar únicamente a partir de su presupuesto anual. La resiliencia económica exige, por tanto, una articulación entre las finanzas públicas, el capital privado, los bancos, los fondos de inversión y las instituciones financieras. Canadá tendrá probablemente que reflexionar sobre la manera en que su sistema financiero puede contribuir en mayor medida a objetivos nacionales de seguridad económica sin caer en un proteccionismo generalizado.
El quinto instrumento es la tecnología. En el mundo contemporáneo, el poder ya no depende únicamente de la cantidad de recursos naturales controlados por un Estado. También depende de su capacidad para dominar las tecnologías que permiten transformarlos y explotarlos. Inteligencia artificial, ciberseguridad, telecomunicaciones, semiconductores, tecnologías cuánticas, biotecnologías, sistemas energéticos avanzados y tecnologías militares se convierten en elementos de soberanía. Canadá dispone de un importante capital humano y universitario, pero la transición desde la excelencia científica hacia el poder industrial sigue siendo un desafío. Una estrategia nacional debería, por tanto, buscar reducir la distancia entre investigación, innovación, financiación y comercialización. Una invención desarrollada en Canadá pero comercializada en otro lugar puede generar riqueza internacional y, al mismo tiempo, dejar una parte importante de su valor estratégico fuera del país. La soberanía tecnológica no significa que Canadá deba producir internamente cada componente. Significa que debe identificar las tecnologías respecto de las cuales una dependencia excesiva generaría un riesgo estratégico.
El sexto instrumento es la defensa. La relación con Washington no puede entenderse únicamente como una relación comercial. También se apoya en una arquitectura de seguridad continental en la que Canadá y Estados Unidos mantienen una profunda interdependencia. La defensa aérea y marítima de América del Norte, la vigilancia del Ártico, las infraestructuras militares, los servicios de inteligencia, la ciberseguridad y la cooperación estratégica constituyen otras tantas dimensiones de esta relación. Canadá debe, por tanto, evitar una paradoja: querer aumentar su autonomía económica mientras continúa dependiendo de otros para una parte importante de su seguridad estratégica. Una autonomía creíble supone una mayor capacidad nacional en aquellos ámbitos en los que una dependencia excesiva podría limitar la libertad política. Esto no significa, evidentemente, buscar una independencia militar total respecto de Estados Unidos, objetivo irrealista y probablemente ineficiente. Se trata más bien de reforzar la capacidad canadiense para contribuir de manera significativa a la seguridad continental y defender sus propios intereses, especialmente en el Ártico.
El Ártico constituye, además, un ámbito en el que las dimensiones económica, militar, medioambiental y geopolítica convergen con una intensidad particular. El cambio climático transforma progresivamente la accesibilidad de determinadas zonas septentrionales, mientras la competencia estratégica mundial aumenta la importancia del Gran Norte. Para Canadá, la soberanía ártica no es, por tanto, una cuestión simbólica. Concierne a la vigilancia del territorio, las infraestructuras, las poblaciones septentrionales, los recursos naturales, las rutas marítimas y la presencia militar. Un país que pretende reforzar su soberanía debe ser capaz de ejercerla sobre la totalidad de su territorio. El Ártico podría convertirse así en una de las grandes pruebas de la capacidad canadiense para transformar su inmenso territorio en poder efectivo.
El séptimo instrumento es el propio comercio internacional. Canadá ya dispone de una red de acuerdos comerciales que le ofrece una base importante para diversificar sus relaciones económicas. Pero la existencia de acuerdos no garantiza automáticamente una diversificación real de los intercambios. Se necesitan empresas capaces de exportar, infraestructuras capaces de transportar, financiación capaz de respaldar la expansión internacional y una diplomacia económica capaz de abrir los mercados de manera duradera. La diversificación comercial debe, por tanto, considerarse un proyecto nacional de largo plazo. No consistirá en sustituir a Estados Unidos por otro socio único. Una sustitución de este tipo reproduciría la vulnerabilidad actual bajo otra forma. El verdadero objetivo es construir una cartera suficientemente amplia de mercados y socios para que ningún actor externo pueda ejercer una presión desproporcionada sobre la economía canadiense.
Esta lógica conduce a una noción esencial: la autonomía interdependiente. Canadá no puede ni probablemente deba buscar la autarquía. Una economía canadiense completamente separada de Estados Unidos sería económicamente ineficiente y geopolíticamente artificial. El objetivo realista es diferente: mantener las ventajas de la integración reduciendo al mismo tiempo los puntos de vulnerabilidad excesiva. No se trata, por tanto, de sustituir una dependencia por otra, sino de construir un sistema suficientemente diversificado para que la interdependencia se convierta en una elección y no en una restricción absoluta. Esta concepción permite conciliar las dos filosofías examinadas anteriormente. La sobriedad de Carney se convierte en el método de gestión de esta interdependencia; la firmeza de Poilievre se convierte en la expresión política de una mayor capacidad para negociar dentro de esa interdependencia.
Pero esta transformación enfrenta un obstáculo importante: la fragmentación interna de Canadá. El poder nacional no puede construirse únicamente desde Ottawa. Las provincias ejercen una influencia decisiva sobre los recursos naturales, la energía, la educación, las infraestructuras y numerosos aspectos de la política económica. Los intereses de Quebec no siempre son idénticos a los de Alberta; las prioridades de Columbia Británica no coinciden necesariamente con las de las provincias atlánticas. Una de las paradojas del federalismo canadiense es que el país puede poseer enormes recursos estratégicos y, al mismo tiempo, encontrar dificultades para movilizarlos dentro de una estrategia nacional coherente. El poder canadiense tendrá que ser federal sin ser uniformizador. Deberá articular los intereses provinciales en lugar de tratar de borrarlos.
Esta exigencia conduce a otra dimensión frecuentemente subestimada: la cohesión política. Una potencia media no puede sostener una estrategia de transformación durante varias décadas si cada impacto externo provoca una revisión completa de sus orientaciones. Los gobiernos pueden, naturalmente, diferir en cuanto a instrumentos y prioridades, pero determinados objetivos deberían poder trascender las alternancias: diversificación de mercados, seguridad energética, infraestructuras nacionales, minerales críticos, soberanía tecnológica, defensa del Ártico, resiliencia industrial y capacidad financiera. Sin esta continuidad, Canadá corre el riesgo de disponer de todos los recursos necesarios para convertirse en una potencia sin lograr transformarlos en una estrategia coherente.
La verdadera cuestión planteada por la confrontación con Washington supera, por tanto, ampliamente los aranceles o las declaraciones políticas. Concierne a la capacidad de Canadá para pasar de un poder potencial a un poder movilizable. El país ya posee la mayoría de los elementos necesarios: recursos energéticos, minerales, agricultura, capital humano, instituciones, finanzas, tecnología, acceso marítimo y proximidad al mayor mercado del mundo. Lo que más necesita es una arquitectura capaz de transformar estos elementos dispersos en capacidad estratégica. El poder canadiense no debe inventarse desde cero. Debe organizarse, conectarse, financiarse y orientarse.
Aquí es donde aparece el verdadero sentido del debate Carney-Poilievre. Carney insiste en la necesidad de reducir la vulnerabilidad antes de buscar la confrontación. Poilievre insiste en la necesidad de utilizar los recursos canadienses para impedir que la vulnerabilidad se convierta en una fatalidad política. Pero ambas perspectivas convergen en un punto esencial: un Canadá que no dispone de alternativas no puede negociar verdaderamente. La cuestión de la soberanía se convierte, por tanto, en última instancia, en una cuestión de capacidad. Cuantos más mercados, corredores, tecnologías, recursos transformados, socios, capacidades militares y márgenes financieros posea Canadá, más podrá negociar con Washington sin necesidad de romper con Washington.
La verdadera doctrina canadiense del poder podría situarse así en un espacio intermedio entre la prudencia de Carney y la firmeza de Poilievre. No sería ni una política de confrontación permanente ni una política de concesión sistemática. Buscaría construir una situación en la que Canadá pudiera elegir. Poder elegir se convierte entonces en la definición más realista de la soberanía para una potencia media integrada con una superpotencia vecina. Canadá no necesita hacerse más grande que Estados Unidos. Necesita volverse suficientemente robusto para que el tamaño estadounidense ya no transforme automáticamente cada desacuerdo en una restricción estratégica.
Esta evolución modificaría también la naturaleza misma de la relación canadiense-estadounidense. Una interdependencia mejor equilibrada no significaría el fin de la asociación norteamericana. Por el contrario, podría proporcionarle una base más duradera. Un socio menos vulnerable es también un socio más creíble. Un Canadá capaz de diversificar sus mercados, reforzar sus infraestructuras, desarrollar sus recursos y asumir una mayor parte de su seguridad no sería necesariamente un Canadá menos cercano a Estados Unidos. Podría convertirse en un socio más útil, más previsible y, sobre todo, más difícil de someter a presiones.
El verdadero desafío histórico está, por tanto, claro. Canadá no debe elegir entre América y el resto del mundo; debe construir suficiente poder para poder seguir eligiendo a América sin estar condenado a elegir únicamente a América. Esta transformación permitiría pasar de una relación de dependencia asimétrica a una relación de interdependencia estratégica. Y es precisamente a partir de esta nueva arquitectura de poder que resulta posible examinar, en la próxima parte, los escenarios de evolución de la relación con Washington: confrontación prolongada, negociación transaccional, reequilibrio continental o surgimiento de un nuevo modelo norteamericano.
LOS INSTRUMENTOS DE CANADÁ: ENERGÍA, MINERALES, COMERCIO, INFRAESTRUCTURAS Y DEFENSA
La cuestión fundamental ya no es saber si Canadá dispone de ventajas frente a Estados Unidos, sino determinar hasta qué punto esas ventajas pueden convertirse realmente en poder de negociación. Esta distinción es esencial para comprender la naturaleza exacta de la autonomía interdependiente. Un recurso natural no constituye automáticamente un instrumento geopolítico, del mismo modo que una ventaja comercial no se convierte espontáneamente en una palanca estratégica. El poder de un Estado depende de su capacidad para transformar los recursos disponibles en capacidades movilizables, las capacidades movilizables en opciones políticas y las opciones políticas en resultados diplomáticos. En el caso canadiense, esta transformación sigue siendo incompleta. El país posee una combinación excepcional de recursos energéticos, minerales, agrícolas, hídricos, tecnológicos y humanos, pero una parte importante de este poder potencial permanece encerrada en una arquitectura económica históricamente construida alrededor del mercado estadounidense. El problema canadiense, por tanto, no es la ausencia de poder. Reside en la dificultad de convertir un poder potencial considerable en una autonomía estratégica efectivamente utilizable.
La energía constituye la primera palanca y probablemente aquella cuyos efectos podrían movilizarse con mayor rapidez. Canadá dispone de importantes recursos petroleros y gasíferos, de una considerable capacidad hidroeléctrica y de un potencial creciente en varias fuentes de energía. Esta dotación le confiere una ventaja estructural en su relación con Estados Unidos, país profundamente integrado a su vez en el sistema energético canadiense. Pero esta interdependencia debe interpretarse con precisión. El hecho de que determinados recursos canadienses sean importantes para la economía estadounidense no significa que Washington sea incapaz de buscar alternativas. Significa, más bien, que una interrupción abrupta de los flujos energéticos generaría costos económicos, industriales y políticos susceptibles de afectar a ambas economías. El verdadero desafío estratégico consiste, por tanto, menos en amenazar a Estados Unidos con una interrupción de los suministros que en aumentar suficientemente la diversidad de los destinos canadienses para que las exportaciones energéticas dejen de estar cautivas de un único mercado dominante.
Esta cuestión resulta especialmente importante en el caso del petróleo. Durante décadas, el modelo energético canadiense se basó en una lógica económicamente racional: producir en Canadá y exportar principalmente hacia Estados Unidos, un mercado vecino dotado de una enorme capacidad industrial y accesible mediante redes de infraestructura ya desarrolladas. Este sistema generó ingresos considerables y contribuyó a la seguridad energética de América del Norte. Pero también creó una dependencia asimétrica. Cuanto más concentrada está una producción en un único destino, mayor es el poder de negociación del comprador. Canadá, por tanto, no tiene ningún interés en abandonar el mercado estadounidense, que seguirá siendo estructuralmente importante debido a la geografía y a la integración industrial. Su interés consiste en lograr que ese mercado deje de ser su única opción económicamente viable.
La expansión de Trans Mountain constituye, en este sentido, un cambio estratégico importante, no porque vaya a eliminar la dependencia canadiense de Estados Unidos, sino porque introduce una alternativa adicional al proporcionar al petróleo canadiense un acceso reforzado a la costa del Pacífico y a los mercados internacionales. Esta capacidad adicional debe comprenderse desde una perspectiva mucho más amplia. La soberanía económica no significa necesariamente producir más; también significa poder elegir más. Un país que dispone de un único destino puede ser extremadamente rico y, sin embargo, vulnerable. Un país que posee múltiples destinos puede disponer de un mayor poder de negociación incluso cuando su economía continúa profundamente integrada con su principal socio. La autonomía interdependiente se basa precisamente en esta capacidad de conservar la integración mientras se reduce su carácter obligatorio.
El gas natural ofrece una perspectiva comparable. El desarrollo de las capacidades canadienses de gas natural licuado en la costa del Pacífico abre progresivamente la posibilidad de acceder a mercados asiáticos e internacionales que anteriormente eran mucho menos accesibles. El potencial estratégico de esta evolución supera los ingresos derivados de las exportaciones. Reside en la creación de una pluralidad de socios. A largo plazo, un Canadá capaz de vender su energía a Estados Unidos, Europa y Asia no estaría menos integrado en el sistema norteamericano; simplemente estaría menos expuesto al riesgo de que una decisión adoptada en Washington pudiera determinar por sí sola el valor de sus recursos energéticos.
La segunda gran palanca corresponde a los minerales críticos. El siglo XXI energético, industrial, digital y militar depende de un conjunto de recursos cuya importancia estratégica aumenta rápidamente: litio, níquel, cobalto, cobre, grafito, uranio, tierras raras y otros minerales indispensables para las baterías, las redes eléctricas, las tecnologías digitales, los equipos militares y determinadas industrias de alta tecnología. Canadá posee recursos importantes en varios de estos ámbitos y cuenta además con una ventaja adicional: su estabilidad institucional, su proximidad a los mercados occidentales y su pertenencia a un conjunto de alianzas que le proporcionan una credibilidad particular ante las economías que buscan asegurar sus cadenas de suministro.
Pero poseer los recursos no es suficiente. El verdadero desafío reside en controlar la cadena de valor. Un país que extrae un mineral y luego lo exporta para que sea refinado y transformado en el extranjero conserva una parte de su poder potencial, pero abandona una porción considerable del valor económico y estratégico. Por el contrario, un país capaz de extraer, refinar, transformar e integrar sus recursos en cadenas industriales nacionales o aliadas adquiere una capacidad de influencia mucho mayor. Los minerales canadienses deben, por tanto, considerarse no solamente productos de exportación, sino también posibles fundamentos de una política industrial, tecnológica y geopolítica.
Esta cuestión adquiere una importancia particular en el contexto de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. Washington busca reducir sus dependencias respecto de determinadas cadenas de suministro chinas en sectores críticos. Canadá podría aprovechar esta reorganización para convertirse en uno de los proveedores estratégicos del mundo occidental. Pero esta oportunidad también implica un riesgo: sustituir una dependencia por otra. Una política canadiense verdaderamente soberana no consistiría, por tanto, en reemplazar mecánicamente la dependencia de Estados Unidos por una dependencia respecto de otro socio. Debería buscar una diversificación suficientemente amplia de los mercados, los inversores, las tecnologías y las capacidades de transformación para que los recursos canadienses se conviertan en un instrumento de elección y no simplemente en un activo exportable.
La tercera palanca es comercial. Canadá ya dispone de una red relativamente amplia de acuerdos de libre comercio y de relaciones económicas con varios grandes polos mundiales. Sin embargo, un acuerdo comercial no crea automáticamente un mercado. Proporciona un marco jurídico y regulatorio; no construye las infraestructuras, las redes logísticas, las empresas ni las cadenas de distribución necesarias para aprovecharlo. La diversificación comercial canadiense debe, por tanto, pasar de una lógica esencialmente diplomática a una lógica mucho más operativa. No basta con que Ottawa negocie acuerdos; es necesario que las empresas canadienses dispongan de los recursos financieros, industriales, logísticos y tecnológicos que les permitan utilizar efectivamente las oportunidades abiertas por esos acuerdos.
Europa constituye, en este sentido, una oportunidad importante, pero no puede considerarse un sustituto simple del mercado estadounidense. Las distancias son mayores, determinadas regulaciones son diferentes y las estructuras de demanda no son idénticas. Lo mismo ocurre con los mercados asiáticos, cuyo crecimiento ofrece importantes oportunidades, pero exige infraestructuras, alianzas y un conocimiento comercial profundo. El objetivo realista no consiste, por tanto, en reemplazar a Estados Unidos por Europa o Asia. Consiste en lograr que las exportaciones canadienses puedan distribuirse progresivamente entre varios grandes polos económicos. La verdadera diversificación no consiste en cambiar de dependencia; consiste en reducir la concentración del riesgo.
Esta transformación conduce directamente a la cuarta palanca: las infraestructuras. Durante más de un siglo, una parte importante de la arquitectura económica canadiense se desarrolló según una lógica norte-sur. Carreteras, ferrocarriles, oleoductos, redes energéticas y cadenas logísticas fueron diseñados en gran medida para conectar las zonas productoras canadienses con los mercados estadounidenses. Esta orientación era perfectamente racional en el contexto de la integración continental. Sin embargo, se convierte en una limitación cuando Canadá busca desarrollar una verdadera capacidad comercial este-oeste. La construcción de corredores nacionales que conecten de manera más eficiente las praderas, Ontario, Quebec y las provincias atlánticas con los puertos del Pacífico, el Atlántico y el San Lorenzo constituye, por tanto, mucho más que un programa de infraestructuras. Representa una posible transformación de la geografía económica canadiense.
Cada corredor adicional ofrece al país una nueva opción comercial. Cada puerto modernizado aumenta la capacidad exportadora. Cada conexión ferroviaria reforzada reduce los costos logísticos. Cada infraestructura energética adicional incrementa la flexibilidad del sistema. Cada conexión digital estratégica fortalece la capacidad del país para participar en las cadenas globales de valor. La soberanía económica se vuelve así inseparable de la planificación territorial. Pero esta transformación es difícil. Las distancias canadienses son inmensas, las condiciones climáticas complejas, los costos de infraestructura elevados y las competencias institucionales están distribuidas entre Ottawa y las provincias. Los grandes proyectos también pueden enfrentarse a controversias ambientales, sociales y políticas. El problema, por tanto, no es únicamente financiero: es institucional. Canadá deberá demostrar que posee la capacidad política para realizar proyectos de interés nacional durante varias décadas, independientemente de los ciclos electorales.
La quinta palanca es agrícola. Canadá posee una capacidad agroalimentaria considerable y, gracias a sus extensas tierras cultivables, su experiencia agrícola y sus infraestructuras productivas, dispone de un potencial estratégico que supera ampliamente la cuestión de las exportaciones. En un mundo marcado por el cambio climático, las perturbaciones logísticas y la competencia por los recursos, la seguridad alimentaria se convierte progresivamente en un elemento de poder internacional. Canadá puede, por tanto, transformar su ventaja agrícola en un instrumento de asociación económica con regiones que buscan asegurar sus suministros. Pero esta política no debería consistir únicamente en exportar más cereales, carne o productos agrícolas. Debería buscar aumentar el valor añadido producido en Canadá, desarrollar capacidades de transformación, mejorar las infraestructuras logísticas y diversificar los destinos. Una estrategia agroalimentaria nacional debería, de este modo, asociar producción, transformación, innovación, logística y diplomacia comercial.
La sexta palanca es tecnológica. Probablemente sea uno de los ámbitos en los que la vulnerabilidad canadiense resulta menos visible y, sin embargo, más profunda. La economía digital canadiense está estrechamente integrada en el ecosistema tecnológico estadounidense. Las grandes plataformas, una parte importante de las infraestructuras digitales, determinados servicios de computación en la nube, una parte del capital de riesgo y varias tecnologías esenciales están dominados por empresas estadounidenses. Esto no significa, evidentemente, que Canadá deba intentar construir una economía digital autárquica. Una ambición semejante sería incompatible con la realidad de una economía abierta e integrada. La cuestión es más bien el control de las funciones críticas. La inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, la biotecnología, los sistemas espaciales, los datos estratégicos, los semiconductores y las tecnologías de defensa son ámbitos en los que una dependencia excesiva puede convertirse en una vulnerabilidad nacional. La autonomía tecnológica no significa, por tanto, producirlo todo en Canadá; significa ser capaz de identificar las tecnologías cuya interrupción podría comprometer la seguridad económica o nacional y disponer, para ellas, de capacidades nacionales o de alianzas suficientemente fiables que garanticen la continuidad.
La defensa constituye finalmente la palanca que proporciona coherencia al conjunto de esta arquitectura. Durante décadas, la proximidad geográfica con Estados Unidos permitió a Canadá beneficiarse de un sistema de seguridad continental excepcionalmente integrado. NORAD sigue siendo la expresión más emblemática de esta interdependencia. Pero una alianza es tanto más sólida cuanto cada uno de sus miembros posee una capacidad creíble de contribuir a su seguridad. La defensa canadiense ya no puede reducirse, por tanto, a la cuestión del nivel del gasto militar. Comprende la vigilancia del territorio, la defensa aérea, la seguridad marítima, la ciberseguridad, los satélites, las infraestructuras árticas, las capacidades industriales y la facultad de mantener operaciones a largo plazo. Un aumento de los presupuestos militares que se tradujera principalmente en la compra de material extranjero no generaría necesariamente una mayor autonomía. El verdadero desafío consiste en desarrollar simultáneamente una capacidad militar y una base industrial y tecnológica capaz de sostenerla.
El Ártico constituye, desde esta perspectiva, un teatro estratégico de primer orden. Su importancia aumenta como resultado de la combinación del cambio climático, la apertura progresiva de nuevas rutas marítimas, el interés por sus recursos y la competencia entre grandes potencias. La soberanía canadiense en el Ártico ya no puede contemplarse únicamente como una cuestión jurídica o territorial. Requiere una presencia efectiva, infraestructuras, capacidades de vigilancia, medios científicos, comunidades respaldadas y una capacidad militar adaptada a las realidades del extremo norte. El Ártico se convierte así en el punto de encuentro entre soberanía territorial, seguridad nacional, política energética, desarrollo económico y competencia geopolítica.
Todas estas palancas conducen finalmente a una misma conclusión. Canadá posee un poder potencial considerable, pero este poder permanece fragmentado. La energía suele tratarse todavía como una política energética, los minerales como una política minera, las infraestructuras como una cuestión económica, la tecnología como una política de innovación y la defensa como una política militar. Sin embargo, estos ámbitos están ahora estrechamente vinculados. En conjunto, constituyen una arquitectura nacional de poder. El objetivo estratégico no debería ser construir un Canadá independiente de Estados Unidos. Una ambición semejante sería irrealista y, sobre todo, innecesariamente contraria a la realidad geográfica del continente. El verdadero objetivo debería ser construir un Canadá suficientemente diversificado y resiliente para que la interdependencia con Washington no se transforme automáticamente en dependencia. Cada nuevo mercado, cada nuevo puerto, cada nuevo corredor ferroviario, cada capacidad energética adicional, cada instalación de transformación de minerales, cada tecnología estratégica dominada y cada capacidad militar reforzada aumenta la libertad de acción del país. Considerados aisladamente, ninguno de estos elementos basta para modificar profundamente el equilibrio de poder con Estados Unidos. Pero su acumulación durante diez, quince o veinte años podría transformar sustancialmente la posición internacional de Canadá.
Esta parte del texto establece así el principio rector de la segunda mitad del dossier: Canadá no debe buscar salir de la interdependencia norteamericana, sino impedir que esa interdependencia se convierta en una dependencia sin alternativas. La cuestión siguiente pasa entonces a ser la de la conversión: ¿cómo transformar concretamente estos recursos dispersos en un verdadero poder geoeconómico?
LA GEOECONOMÍA DE CANADÁ: TRANSFORMAR LOS RECURSOS EN PODER
La geoeconomía canadiense constituye una de las paradojas más importantes del poder de las potencias medias contemporáneas. Pocos países disponen simultáneamente de un territorio tan vasto, una abundancia semejante de recursos energéticos y minerales, un potencial hidroeléctrico tan considerable, una agricultura exportadora tan competitiva y un acceso directo a tres océanos. Sin embargo, esta acumulación de ventajas no se ha transformado automáticamente en poder estratégico. El problema canadiense no es, por tanto, la ausencia de recursos, sino la capacidad de convertirlos en influencia, resiliencia y libertad de acción. Durante décadas, la proximidad del mercado estadounidense hizo que esta conversión fuera relativamente sencilla: producir en Canadá, transportar hacia el sur y vender a Estados Unidos. Este modelo generó una prosperidad considerable, pero también encerró una parte del poder económico canadiense en una arquitectura continental cuyo principal centro de gravedad se encuentra fuera del país.
La crisis actual revela así una distinción fundamental entre riqueza y poder. Un recurso se convierte en un instrumento de poder únicamente cuando un Estado posee la capacidad de extraerlo, transformarlo, transportarlo, protegerlo y elegir entre varios mercados de destino. El petróleo canadiense constituye, por tanto, potencialmente, un instrumento de soberanía energética; los minerales críticos pueden convertirse en los fundamentos de una política industrial y tecnológica; la hidroelectricidad puede respaldar una estrategia de electrificación y atraer inversiones; los puertos, los ferrocarriles, los oleoductos y las redes digitales pueden determinar la capacidad del país para elegir a sus socios. La geoeconomía comienza precisamente cuando los recursos dejan de ser considerados de manera aislada y pasan a convertirse en componentes de una arquitectura nacional de poder.
El primer desafío sigue siendo la energía. Canadá dispone de una combinación excepcional de recursos petroleros y gasíferos, hidroelectricidad y capacidades renovables. Sin embargo, su ventaja energética permanece parcialmente condicionada por la geografía continental. Durante décadas, la mayor parte de las infraestructuras de exportación se diseñó siguiendo una lógica norte-sur, con Estados Unidos como principal destino. Esta orientación era racional mientras el mercado estadounidense pareciera estable, previsible y permanentemente accesible. Se convierte en una vulnerabilidad cuando el acceso al mercado estadounidense puede utilizarse como instrumento de negociación política. La diversificación energética debe entenderse, por tanto, tanto como una política de seguridad nacional como una política comercial. El verdadero objetivo no consiste en reducir artificialmente las ventas a Estados Unidos, sino en aumentar el número de opciones disponibles para los productores canadienses.
El segundo pilar reside en los minerales críticos. La transición energética mundial, los vehículos eléctricos, las baterías, las redes eléctricas, las tecnologías digitales y los sistemas de defensa han transformado determinados recursos en importantes activos geopolíticos. Canadá posee ventajas considerables en varios de estos ámbitos, pero la extracción constituye únicamente el primer eslabón. El poder geoeconómico aparece cuando el país puede controlar una parte suficientemente importante de la cadena que va desde la exploración hasta la extracción, del refinado a la transformación y, posteriormente, de la transformación a la fabricación de componentes y productos de alto valor añadido.
Esta exigencia transforma profundamente la política minera. Exportar mineral en bruto para después importar productos transformados de alto valor añadido reproduciría una dependencia clásica de carácter extractivo. Por el contrario, desarrollar capacidades canadienses de refinado, transformación, investigación industrial y fabricación permitiría conservar una parte mucho mayor del valor creado. Canadá podría convertirse entonces no solamente en un proveedor de materias primas, sino en un eslabón estratégico de las cadenas industriales occidentales. Es precisamente esta diferencia la que permitiría transformar la riqueza geológica en influencia geopolítica.
El uranio ilustra particularmente bien esta posibilidad. Los recursos canadienses, especialmente los de Saskatchewan, junto con la experiencia acumulada en el sector nuclear, ofrecen al país la posibilidad de participar en el renacimiento mundial de la energía nuclear civil. El valor estratégico de este sector no reside únicamente en la exportación de una materia prima. Reside en la posibilidad de integrar a la industria canadiense en una cadena energética internacional suficientemente diversificada para que su experiencia se convierta en un componente duradero de la seguridad energética de socios extranjeros. El poder aparece entonces en las relaciones de largo plazo creadas alrededor del recurso.
Las infraestructuras constituyen el tercer pilar de esta conversión. Canadá posee uno de los territorios más extensos del planeta, pero su red económica continúa organizada históricamente alrededor de corredores que convergen hacia Estados Unidos. Esta arquitectura es coherente con el modelo comercial desarrollado durante varias generaciones. Sin embargo, resulta insuficiente cuando Canadá busca multiplicar sus socios. La diversificación comercial sin diversificación logística seguiría siendo, en gran medida, teórica. Los puertos de las fachadas atlántica y pacífica, las redes ferroviarias, las carreteras nacionales, los oleoductos, las terminales energéticas y los corredores digitales deben, por tanto, considerarse como elementos de una misma infraestructura de soberanía económica.
Un Canadá capaz de transportar eficientemente sus recursos hacia Vancouver, Prince Rupert, Montreal, Halifax y otras puertas de acceso internacionales dispone de una libertad de elección superior a la de un Canadá cuyos principales flujos continúan convergiendo casi exclusivamente hacia el sur. La infraestructura se convierte así en una forma de poder silencioso. No produce necesariamente un efecto político inmediato, pero amplía progresivamente el espacio de las decisiones posibles. Transforma la geografía en capacidad estratégica.
Esta transformación exige, sin embargo, resolver una importante dificultad institucional. Los recursos naturales dependen en gran medida de las provincias, mientras que el comercio internacional, una parte significativa de las infraestructuras estratégicas y la política exterior corresponden al gobierno federal. La estrategia geoeconómica canadiense solo podrá funcionar si los diferentes niveles de gobierno consiguen superar sus intereses inmediatos para construir una visión nacional del poder económico. Las tensiones entre las provincias productoras y el gobierno federal, particularmente visibles en los debates energéticos y ambientales, pueden convertirse en un obstáculo tan importante como las restricciones financieras o tecnológicas.
La diversificación hacia Europa y Asia también presenta límites que sería peligroso subestimar. El mercado estadounidense posee una profundidad, una proximidad y una capacidad de absorción que pocos otros mercados pueden igualar. Los costos logísticos hacia Asia o Europa son superiores, las normas pueden diferir, las relaciones comerciales requieren nuevas inversiones y las empresas deben, en algunos casos, adaptar sus productos. Por ello, sería ilusorio presentar la diversificación como una simple sustitución del mercado estadounidense por una serie de mercados extranjeros. Debe concebirse más bien como una estrategia de reducción progresiva del riesgo.
Esta distinción es fundamental. El objetivo no consiste en reducir artificialmente el comercio con Estados Unidos. El mercado estadounidense probablemente seguirá siendo durante mucho tiempo el principal destino de las exportaciones canadienses debido a la geografía, la complementariedad industrial y la integración histórica de las cadenas de valor. El objetivo consiste en garantizar que la prosperidad canadiense ya no pueda quedar suspendida de una decisión adoptada en Washington. Una economía verdaderamente resiliente no es una economía que no depende de nadie; es una economía en la que ninguna dependencia individual puede convertirse en un instrumento decisivo de coerción.
La geoeconomía canadiense debe, por tanto, evolucionar desde una lógica de explotación de los recursos hacia una lógica de conversión de la riqueza en poder. Esta conversión exige una mayor transformación industrial, una mayor inversión en investigación y desarrollo, más infraestructuras nacionales, un mayor control sobre las cadenas logísticas y una mayor diversificación comercial. También exige una política coherente de atracción de inversiones extranjeras, con el fin de garantizar que el capital internacional contribuya al fortalecimiento de las capacidades canadienses en lugar de limitarse a facilitar la adquisición de activos estratégicos.
El verdadero desafío aparece entonces con claridad: Canadá posee suficientes recursos para convertirse en un proveedor estratégico de varias grandes economías, instituciones suficientemente sólidas para ofrecer un entorno relativamente estable, capacidades científicas suficientes para desarrollar sectores de alto valor añadido y un territorio suficientemente extenso para respaldar una estrategia de diversificación. Lo que le falta no es necesariamente riqueza material, sino una doctrina coherente capaz de transformar esa riqueza en capacidad de acción. La geoeconomía canadiense debe convertirse así en una política de poder, y no seguir siendo simplemente una suma de políticas sectoriales.
¿PUEDE CANADÁ REALMENTE DIVERSIFICAR SU ECONOMÍA?
La diversificación de la economía canadiense se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos más frecuentemente invocados desde que la relación con Washington dejó de parecer una garantía automática de estabilidad. Pero invocar la diversificación es mucho más fácil que llevarla a cabo. Canadá puede firmar nuevos acuerdos comerciales, multiplicar las misiones económicas, abrir nuevos corredores logísticos y alentar a sus empresas a mirar hacia Europa o Asia. Nada de ello garantiza, sin embargo, una transformación real de la estructura económica nacional. La cuestión esencial no es, por tanto, si Canadá puede vender más a otros mercados, sino si puede construir las capacidades productivas que le permitan hacerlo de manera sostenible.
Una economía puede diversificar sus clientes sin diversificar sus vulnerabilidades. Puede continuar produciendo esencialmente dentro de cadenas de valor estadounidenses, utilizar tecnologías extranjeras, depender de capitales externos y luego exportar una parte de su producción hacia otros mercados. Tal evolución constituiría una diversificación comercial, pero no necesariamente una diversificación estratégica. Canadá debe, por tanto, perseguir simultáneamente varios niveles de transformación: diversificación de mercados, diversificación de las cadenas de valor, diversificación industrial, diversificación tecnológica y diversificación de las fuentes de capital.
Europa constituye naturalmente uno de los primeros espacios de esta estrategia. Canadá mantiene con la Unión Europea una relación institucional de larga data, un importante marco comercial y una proximidad política basada en instituciones democráticas y en intereses ampliamente convergentes. El mercado europeo ofrece oportunidades importantes para la energía, los minerales críticos, los productos agrícolas, las tecnologías limpias, los servicios y determinados sectores industriales. Pero la proximidad política no debe confundirse con la facilidad económica. Las normas europeas suelen ser exigentes, los procedimientos regulatorios son diferentes y la competencia es particularmente intensa. El mercado europeo puede, por tanto, convertirse en un pilar de la diversificación canadiense, pero solo si las empresas canadienses son capaces de adaptar su producción y sus cadenas logísticas a las exigencias de este mercado.
El Reino Unido constituye un caso complementario. La profundidad histórica de la relación entre Canadá y el Reino Unido, los vínculos institucionales y lingüísticos, así como la proximidad política, ofrecen ventajas evidentes. Sin embargo, el mercado británico no puede sustituir por sí solo al inmenso mercado estadounidense. Su interés reside en su capacidad para complementar una estrategia más amplia, particularmente en los servicios, las finanzas, las tecnologías, la energía y determinados sectores industriales. Una vez más, el objetivo realista no es la sustitución, sino la acumulación progresiva de alternativas.
Asia representa otro horizonte estratégico. Japón y Corea del Sur poseen economías avanzadas, una fuerte capacidad tecnológica y una demanda importante en varios sectores en los que Canadá dispone de ventajas comparativas. Los minerales críticos, la energía, la agricultura, las tecnologías limpias y determinados productos industriales ofrecen posibilidades considerables. Pero la distancia geográfica, las exigencias logísticas y la necesidad de construir relaciones comerciales e industriales suficientemente profundas hacen que esta diversificación sea mucho más compleja que la simple firma de acuerdos comerciales. Estos mercados deben, por tanto, construirse como asociaciones de largo plazo y no ser considerados simplemente como mercados de sustitución.
India y las economías del Sudeste Asiático representan, por su parte, una perspectiva de más largo plazo. Su crecimiento demográfico, su urbanización y la expansión de sus clases medias generan mercados potencialmente considerables. Pero estas economías presentan también entornos regulatorios diferentes, barreras comerciales que en ocasiones son importantes y estructuras productivas que no siempre corresponden a las necesidades inmediatas de los exportadores canadienses. Su integración en la estrategia canadiense deberá, por tanto, ser progresiva, selectiva y acompañada de inversiones institucionales y logísticas.
La diversificación comercial se enfrenta sobre todo a una limitación que los mapas económicos hacen inmediatamente visible: la geografía. Canadá es inmenso, pero su población y su actividad económica están fuertemente concentradas en una franja relativamente estrecha próxima a la frontera estadounidense. Sus infraestructuras han acompañado naturalmente esta concentración. Las carreteras, los ferrocarriles, los oleoductos, las redes eléctricas y una gran parte de las cadenas logísticas se han desarrollado siguiendo una lógica norte-sur. Esta arquitectura no es producto de un error histórico; es el resultado racional de la proximidad de un mercado gigantesco. La dificultad actual consiste en construir una segunda lógica geográfica sin destruir la primera.
Por eso, la diversificación exige una política de infraestructuras mucho más ambiciosa que la simple multiplicación de acuerdos comerciales. Un contrato comercial tiene escaso valor estratégico si las mercancías no pueden transportarse de manera competitiva hasta su destino. Canadá debe, por tanto, desarrollar sus puertos, fortalecer sus redes ferroviarias, mejorar sus corredores viales, aumentar sus capacidades energéticas y facilitar las conexiones entre las regiones productoras y las puertas de exportación. La diversificación comercial debe convertirse así en una política nacional de infraestructura.
La financiación constituye un segundo obstáculo. Una empresa que lleva varias décadas vendiendo en el mercado estadounidense conoce a sus clientes, sus normas, sus cadenas logísticas, sus mecanismos de pago y sus riesgos. Orientarse hacia un nuevo mercado significa asumir costes adicionales incluso antes de obtener un retorno comercial. Es necesario comprender las regulaciones locales, adaptar los productos, establecer redes de distribución, encontrar socios, asegurar las mercancías, capacitar a los equipos y, en ocasiones, invertir en infraestructuras específicas. Para numerosas empresas canadienses, particularmente las pequeñas y medianas empresas, estos costes pueden hacer que la diversificación resulte económicamente menos atractiva que la continuación del modelo existente.
Esta realidad explica por qué la diversificación no puede dejarse exclusivamente en manos de las fuerzas del mercado. Si el mercado estadounidense sigue siendo el más cercano, el más amplio y, con frecuencia, el más rentable, las empresas continuarán naturalmente privilegiándolo. Una política de diversificación creíble debe, por tanto, modificar gradualmente los incentivos económicos. Puede hacerlo mediante mecanismos de financiación de las exportaciones, garantías públicas, inversiones en infraestructura, asociaciones industriales, programas de apoyo a la innovación y políticas destinadas a reducir el riesgo asociado a la entrada en nuevos mercados.
Pero el problema más profundo es industrial. Canadá no puede diversificar de manera sostenible sus exportaciones sin diversificar una parte de su capacidad productiva. Una economía cuyas industrias estratégicas continúan integradas en las cadenas de valor estadounidenses seguirá expuesta a las decisiones tomadas en Estados Unidos, incluso si una parte de sus productos encuentra nuevos clientes en otros lugares. La verdadera autonomía exige, por tanto, desarrollar capacidades nacionales en sectores en los que la demanda mundial está llamada a crecer: minerales críticos, transformación industrial, energía, tecnologías limpias, inteligencia artificial, biotecnología, aeronáutica, defensa, infraestructuras digitales y determinadas industrias manufactureras avanzadas.
Es aquí donde la política industrial recupera una importancia que había perdido progresivamente en varias economías occidentales. Durante décadas, la globalización llevó a los Estados a privilegiar la eficiencia, la especialización y la integración de las cadenas de valor. El período actual recuerda que una cadena de valor extremadamente eficiente puede volverse extremadamente vulnerable cuando depende de un único espacio geopolítico. Canadá debe, por tanto, encontrar un nuevo equilibrio entre eficiencia económica y resiliencia estratégica. Producir más en Canadá puede resultar más costoso en determinados sectores, pero ese gasto adicional puede constituir una forma de seguro frente a futuras interrupciones.
La distinción entre diversificación de los mercados y diversificación de la producción se vuelve, por consiguiente, central. La primera consiste en vender los mismos productos a un mayor número de clientes. La segunda consiste en modificar gradualmente la estructura productiva del país para crear nuevas capacidades, nuevos sectores y nuevas cadenas de valor. La primera puede producir resultados relativamente rápidos; la segunda requiere años, y en algunos casos décadas. La primera reduce determinados riesgos comerciales; la segunda reduce las vulnerabilidades estructurales. Canadá necesita ambas, pero sobre todo no debe confundir sus efectos.
La dimensión tecnológica también debe integrarse en esta estrategia. La dependencia canadiense no se mide únicamente en dólares de exportaciones. También se mide en los programas informáticos utilizados por las empresas, las infraestructuras digitales, los datos, los equipos industriales, las capacidades de investigación y las tecnologías de defensa. Un país puede ser rico en recursos naturales y, sin embargo, seguir dependiendo tecnológicamente de otros. En una economía mundial en la que el poder depende cada vez más del control de los datos, la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales y las tecnologías energéticas, esta dependencia puede llegar a ser tan importante como la dependencia comercial.
La cuestión del capital extranjero debe finalmente integrarse en esta reflexión. Canadá necesita inversiones internacionales para desarrollar sus infraestructuras, sus industrias y sus recursos. Pero atraer capital no es suficiente. También es necesario determinar en qué condiciones ese capital contribuye realmente al fortalecimiento de las capacidades nacionales. Una política estratégica de inversión debe, por tanto, distinguir entre la inversión que aumenta la capacidad productiva canadiense y aquella que se limita a adquirir el control de activos existentes. La soberanía económica no significa autarquía financiera; significa capacidad para preservar los intereses estratégicos nacionales dentro de una economía abierta.
La diversificación se enfrenta finalmente a un obstáculo político que a menudo se subestima: el tiempo. Una infraestructura portuaria, una mina, una planta de transformación, un corredor ferroviario o un sector tecnológico requieren inversiones que superan ampliamente el calendario electoral. Una estrategia nacional que cambie con cada alternancia corre el riesgo de perder precisamente la ventaja que busca construir. La diversificación canadiense deberá, por tanto, alcanzar un grado suficiente de consenso para sobrevivir a los cambios de gobierno. No puede ser exclusivamente federal o provincial, ni quedar encerrada en una sola orientación partidista. Debe convertirse en una política nacional de poder.
La pregunta planteada al inicio de esta parte puede entonces recibir una respuesta precisa. Sí, Canadá posee los recursos, el capital humano, las instituciones, las infraestructuras básicas y las capacidades tecnológicas necesarias para reducir su dependencia de Estados Unidos. Pero todavía no posee todas las infraestructuras, todas las capacidades industriales y todos los incentivos necesarios para transformar rápidamente esa posibilidad en realidad. La diversificación no es, por tanto, ni una ilusión ni una solución milagrosa. Es un proyecto de transformación estructural cuyos resultados dependerán menos de la firma de nuevos acuerdos que de la capacidad de Canadá para producir de otra manera, transformar más, transportar de otra manera, financiar de otra manera y, finalmente, pensar de otra manera su lugar en la economía mundial.
Canadá no puede, por tanto, aspirar razonablemente a reemplazar a Estados Unidos. No tiene ni la capacidad ni el interés para hacerlo. La cuestión estratégica es mucho más sutil: ¿cuánto tiempo necesitaría Canadá para lograr que una crisis con Washington ya no pueda poner en peligro la totalidad de su modelo económico? Esta medida de la resiliencia, más que el simple crecimiento de las exportaciones hacia Europa o Asia, permitirá determinar si la autonomía interdependiente se ha convertido en una realidad o si sigue siendo una ambición política.
Las dos secciones anteriores han establecido así tres niveles sucesivos: Canadá posee palancas; esas palancas pueden convertirse en poder geoeconómico; pero dicha conversión exige una diversificación real y de largo plazo. El siguiente paso deberá abandonar el terreno del potencial para entrar en el del equilibrio de poder: medir cuánto valen realmente estas capacidades canadienses cuando se enfrentan al poder económico, financiero, militar y político de Estados Unidos.
EUROPA: ¿EL SOCIO NATURAL DE UNA NUEVA ESTRATEGIA CANADIENSE?
Si Canadá busca reducir su vulnerabilidad estratégica frente a Estados Unidos sin renunciar a su apertura internacional, Europa aparece como uno de los socios más creíbles de esta nueva estrategia. Esta proximidad no se basa únicamente en vínculos históricos o culturales. Se apoya en una convergencia institucional, valores democráticos ampliamente compartidos, intereses económicos complementarios y una percepción común de varias de las transformaciones del orden internacional. Pero esta convergencia no debe idealizarse. Europa no es un mercado de sustitución capaz de reemplazar a Estados Unidos, ni una potencia perfectamente unificada. Constituye más bien un conjunto de socios capaces de ofrecer a Canadá opciones adicionales en aquellos ámbitos en los que su dependencia continental se ha vuelto particularmente vulnerable.
La relación económica entre Canadá y la Unión Europea ya posee una importante arquitectura jurídica con el Acuerdo Económico y Comercial Global, conocido como CETA. Su aplicación provisional desde 2017 redujo considerablemente las barreras arancelarias y mejoró el acceso recíproco a los mercados. Su importancia, sin embargo, supera la cuestión de los derechos de aduana. El CETA constituye también una plataforma institucional que permite desarrollar la cooperación regulatoria, facilitar las inversiones y profundizar progresivamente los intercambios. Para Ottawa, el desafío estratégico no consiste solamente en utilizar más eficazmente el acuerdo existente, sino en examinar cómo puede aprovecharse plenamente su potencial dentro de una política nacional de diversificación.
Europa ofrece a Canadá una ventaja que algunos otros mercados no poseen: puede contribuir simultáneamente a varias dimensiones de la diversificación. Constituye un mercado importante para los recursos naturales, pero también un gran centro de tecnología, finanzas, industria e investigación. Esta complementariedad abre la posibilidad de una relación que no esté basada exclusivamente en la exportación de materias primas. El verdadero objetivo canadiense debería ser desarrollar cadenas de valor transatlánticas en las que las empresas canadienses participen en sectores de mayor valor añadido.
La energía constituye uno de los ámbitos más evidentes de esta complementariedad. La guerra en Ucrania y la transformación de la política energética europea modificaron profundamente las prioridades del continente. La reducción de la dependencia europea de los hidrocarburos rusos reforzó el interés por diversificar los proveedores y garantizar la seguridad del suministro. Canadá posee recursos considerables que pueden contribuir a esta diversificación, particularmente en gas natural, petróleo, electricidad y determinadas tecnologías energéticas. Pero la geografía impone una limitación fundamental. Europa no es el mercado estadounidense y no puede abastecerse mediante las mismas infraestructuras. Exportar energía hacia Europa requiere terminales, buques, infraestructuras portuarias e inversiones considerables.
El desarrollo del gas natural licuado en la costa del Pacífico canadiense abre, sin embargo, una nueva dimensión a esta estrategia. Incluso cuando el destino inmediato sea Asia, la creación de una capacidad canadiense de exportación marítima constituye un cambio estratégico importante: reduce la dependencia de las infraestructuras terrestres orientadas hacia Estados Unidos y crea la posibilidad de acceder a varios mercados internacionales. Europa puede así convertirse en uno de los destinos de una infraestructura energética canadiense diseñada ahora según una lógica mundial y no exclusivamente continental.
El hidrógeno y las energías limpias ofrecen otra posibilidad, aunque deben abordarse con mayor prudencia. Canadá dispone de importantes capacidades hidroeléctricas, recursos renovables y una experiencia científica que puede respaldar el desarrollo de nuevas industrias energéticas. Sin embargo, estos sectores siguen sujetos a considerables restricciones tecnológicas, financieras y logísticas. Su interés estratégico reside, por tanto, menos en su capacidad para sustituir rápidamente las exportaciones tradicionales que en su potencial para crear las próximas generaciones de cadenas de valor energéticas entre Canadá y Europa.
Los minerales críticos constituyen probablemente el ámbito en el que la complementariedad estratégica entre ambos espacios resulta más evidente. La Unión Europea busca reducir sus dependencias excesivas en determinadas cadenas de suministro y fortalecer su seguridad económica. Canadá, por su parte, posee importantes recursos mineros, una estabilidad institucional relativamente elevada y capacidades científicas e industriales susceptibles de respaldar una cooperación a largo plazo. Una estrategia común podría asociar la extracción canadiense, la transformación industrial, la investigación europea y las inversiones transatlánticas. Este modelo sería mucho más estratégico que la simple exportación de minerales en bruto.
La cooperación tecnológica abre otra vía. Canadá posee capacidades reconocidas en varios sectores, particularmente en inteligencia artificial, tecnologías limpias, aeroespacial, biotecnología y determinadas industrias digitales. Europa busca paralelamente fortalecer su soberanía tecnológica y reducir determinadas dependencias respecto de los ecosistemas digitales estadounidenses y asiáticos. Existe, por tanto, un espacio potencial para una cooperación transatlántica basada en la investigación, las inversiones, la protección de datos, las infraestructuras digitales y el desarrollo de tecnologías estratégicas.
Esta convergencia no significa, sin embargo, que Canadá y Europa compartan automáticamente los mismos intereses. Las divergencias regulatorias pueden constituir un obstáculo importante. Las normas europeas suelen diferir de las que prevalecen en América del Norte y pueden imponer a las empresas canadienses costes de adaptación significativos. La regulación ambiental, las normas industriales, la protección de datos y las políticas de competencia también pueden generar dificultades. La diversificación hacia Europa exige, por tanto, una capacidad de adaptación industrial y regulatoria que no puede improvisarse.
La dimensión de seguridad también merece una atención particular. Canadá está profundamente integrado en la arquitectura de seguridad transatlántica a través de la OTAN y mantiene vínculos históricos con varios Estados europeos. El deterioro del entorno de seguridad europeo y la creciente incertidumbre en torno al futuro papel de Estados Unidos proporcionan a Canadá una razón adicional para profundizar sus relaciones con sus socios europeos. Pero esta evolución no debe interpretarse como una sustitución de la alianza estadounidense por una alianza europea. Canadá no tiene ni interés ni capacidad para reproducir en Europa el papel estratégico que Estados Unidos ha desempeñado históricamente en la seguridad occidental.
El interés de una cooperación reforzada reside más bien en la multiplicación de las asociaciones. Canadá podría fortalecer su participación en las iniciativas de seguridad europeas, aumentar sus capacidades de vigilancia e inteligencia, desarrollar sus contribuciones logísticas y profundizar la cooperación industrial en materia de defensa. Esta orientación tendría un doble efecto. Reforzaría la seguridad europea y, al mismo tiempo, permitiría a Canadá desarrollar sus propias capacidades militares e industriales. La diversificación estratégica se convertiría así en un proceso recíproco: Canadá reduciría su dependencia mientras aumentaría su contribución a la seguridad colectiva.
La idea de un eje Ottawa-Bruselas puede, por tanto, ser contemplada, pero únicamente como una expresión analítica y no como una alianza geopolítica formal. Canadá podría buscar construir con la Unión Europea una asociación estratégica que abarcase comercio, minerales críticos, energía, tecnologías, seguridad económica y resiliencia de las cadenas de suministro. Una asociación de este tipo proporcionaría a Ottawa una profundidad estratégica adicional y ofrecería a Bruselas un proveedor fiable de recursos y tecnologías en un entorno internacional cada vez más fragmentado.
La principal debilidad de esta perspectiva reside, sin embargo, en la propia naturaleza de la Unión Europea. Europa no es un Estado unitario. Los intereses de la Comisión Europea, de los gobiernos nacionales, de las grandes potencias industriales y de los Estados miembros más pequeños no siempre coinciden. Las prioridades francesas pueden diferir de las alemanas, los intereses energéticos de determinados Estados no necesariamente coinciden con los de otros, y las políticas comerciales europeas deben enfrentarse a realidades políticas internas complejas. Ottawa tendrá, por tanto, que aprender a distinguir entre su relación con las instituciones europeas y sus relaciones bilaterales con las principales capitales del continente.
La relación con el Reino Unido merece, en este sentido, un lugar particular. Londres sigue siendo un socio estratégico de Canadá en varios ámbitos, particularmente la defensa, las finanzas, la seguridad y las tecnologías. El Reino Unido no puede sustituir al mercado europeo en su conjunto, pero puede constituir un importante punto de apoyo dentro de una estrategia transatlántica ampliada. Canadá dispone así de la posibilidad de desarrollar simultáneamente sus relaciones con Bruselas y Londres sin considerar estas dos orientaciones como competidoras.
Sin embargo, es necesario evitar cualquier ilusión sobre la capacidad de Europa para absorber una parte considerable del comercio actualmente dirigido hacia Estados Unidos. Los volúmenes, las distancias, las estructuras industriales y los costes logísticos hacen irrealista una sustitución masiva. El mercado estadounidense seguirá siendo durante mucho tiempo el principal socio económico de Canadá. La estrategia europea debe, por tanto, concebirse como una estrategia de reducción del riesgo y aumento del margen de maniobra, no como un proyecto de desacoplamiento.
Es precisamente aquí donde la noción de autonomía interdependiente adquiere todo su valor. Canadá no necesita elegir entre Washington y Bruselas. Debe crear una situación en la que Washington ya no pueda utilizar la existencia de un único mercado de destino como un instrumento decisivo de presión. Cuantas más alternativas europeas, asiáticas y norteamericanas tengan las empresas canadienses, más podrá la relación con Estados Unidos recuperar su carácter de asociación en lugar de convertirse en una relación de dependencia.
Europa no debe, por tanto, considerarse el reemplazo de Estados Unidos, sino uno de los pilares de una arquitectura canadiense de diversificación. Su importancia reside menos en su capacidad para absorber inmediatamente las exportaciones canadienses que en su capacidad para ofrecer a Canadá socios industriales, mercados, capitales, tecnologías, normas y alianzas políticas adicionales. Una estrategia europea exitosa contribuiría así a transformar la geografía del poder canadiense.
EL INDO-PACÍFICO: EL SEGUNDO HORIZONTE ESTRATÉGICO DE CANADÁ
El Indo-Pacífico constituye el segundo horizonte de la estrategia canadiense de diversificación, una región donde se encuentran algunas de las perspectivas de crecimiento más importantes a largo plazo, pero también las restricciones logísticas, diplomáticas y de seguridad más complejas. La región, que concentra una parte considerable de la producción mundial, del comercio internacional y del crecimiento económico, se ha convertido en uno de los principales centros de gravedad del sistema internacional. Para Canadá, representa simultáneamente una oportunidad para reducir su concentración comercial en el mercado estadounidense, un espacio para proyectar sus recursos naturales y sus tecnologías, y un escenario estratégico en el que sus intereses económicos son cada vez más inseparables de las cuestiones de seguridad, soberanía y estabilidad internacional.
El ascenso del Indo-Pacífico responde, ante todo, a una transformación estructural de la economía mundial. La región representa actualmente más del 60 % del PIB mundial y concentra una parte importante de los flujos comerciales internacionales. Las economías de la ASEAN, la India, Japón y Corea del Sur presentan necesidades crecientes de energía, alimentos, infraestructuras, tecnologías y minerales críticos, precisamente en ámbitos en los que Canadá posee importantes ventajas comparativas. La cuestión, por tanto, no es saber si Canadá tiene algo que ofrecer al Indo-Pacífico, sino si dispone de la capacidad logística, industrial y diplomática necesaria para transformar sus ventajas potenciales en una influencia económica duradera. Esta distinción es esencial, porque un recurso disponible en territorio canadiense solo se convierte en un instrumento de poder cuando puede ser extraído, transformado, transportado y comercializado en condiciones competitivas y políticamente sostenibles.
Japón y Corea del Sur ocupan, desde esta perspectiva, una posición particularmente importante. Ambas economías avanzadas poseen considerables capacidades industriales y tecnológicas, mantienen estrechas relaciones con Estados Unidos y, al mismo tiempo, buscan garantizar sus suministros de energía, minerales críticos y productos agrícolas. Para Ottawa, constituyen por ello socios privilegiados dentro de una estrategia de diversificación que no se basa en romper con Washington, sino en multiplicar las asociaciones con economías cuyas capacidades financieras, industriales y tecnológicas son complementarias de las canadienses. El aumento de las exportaciones de gas natural licuado, el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos, tecnologías limpias, baterías e infraestructuras energéticas podrían contribuir así a insertar más firmemente a Canadá en las cadenas de valor asiáticas.
La India representa una perspectiva diferente. Su peso demográfico, su crecimiento económico y el aumento de sus necesidades energéticas e industriales hacen de ella un mercado cuya importancia podría crecer considerablemente durante las próximas décadas. Canadá dispone de varios activos capaces de responder a esta demanda, particularmente en los sectores de la energía, la agricultura, los minerales, la educación y las tecnologías. Sin embargo, el potencial comercial sigue siendo inferior a lo que podrían sugerir las complementariedades económicas entre ambos países. Las barreras arancelarias y regulatorias, las dificultades logísticas y las divergencias políticas han impedido hasta ahora establecer una relación económica acorde con el potencial de ambas economías. Una estrategia canadiense creíble hacia la India debería, por tanto, superar la lógica de las misiones comerciales puntuales y buscar la construcción progresiva de una relación institucional más previsible.
La ASEAN constituye otro espacio de crecimiento particularmente atractivo. Las diez economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático siguen trayectorias de desarrollo diferentes, pero comparten una dinámica general de integración económica, urbanización y ascenso en las cadenas industriales de valor. Para Canadá, la región ofrece oportunidades en recursos naturales, agroalimentación, tecnologías limpias, infraestructuras, servicios, educación y formación. El desafío será, sin embargo, construir una presencia económica suficientemente duradera para que las empresas canadienses no permanezcan confinadas a mercados de nicho. El verdadero objetivo debería ser la inserción progresiva de Canadá en las cadenas de valor regionales, especialmente en los sectores en los que su experiencia tecnológica y sus recursos puedan complementar las capacidades industriales asiáticas.
China constituye naturalmente el componente más delicado de esta estrategia. Su peso económico, su importancia en las cadenas mundiales de suministro y su considerable demanda de recursos canadienses hacen de ella un socio que Canadá no puede ignorar. Pero esta relación ya no puede ser concebida exclusivamente en términos comerciales. La competencia estratégica entre Washington y Pekín, las cuestiones relacionadas con las tecnologías sensibles, la seguridad económica, las infraestructuras críticas y la resiliencia de las cadenas de suministro exigen de Ottawa un enfoque mucho más prudente. Canadá debe poder comerciar con China cuando sus intereses económicos lo justifiquen, evitando al mismo tiempo sustituir una dependencia estratégica por otra. La diversificación no consiste precisamente en trasladar la vulnerabilidad canadiense de Estados Unidos a China, sino en multiplicar las opciones para reducir la capacidad de cualquier socio de ejercer una presión excesiva sobre la economía nacional.
Esta cuestión conduce directamente al problema de las cadenas de suministro. La pandemia de COVID-19, las tensiones comerciales entre las grandes potencias y las sucesivas perturbaciones de los flujos internacionales demostraron que una economía moderna puede ser vulnerable incluso cuando posee elevados niveles de riqueza y capacidades tecnológicas. Los semiconductores, los productos farmacéuticos, las baterías, los minerales críticos y determinados equipos industriales se han convertido en sectores en los que la seguridad económica y la seguridad nacional convergen cada vez más. Canadá posee aquí una considerable oportunidad estratégica: en lugar de limitarse a exportar más materias primas, podría utilizar sus recursos, su capital humano y su acceso a los mercados occidentales para atraer inversiones y desarrollar capacidades industriales situadas en el corazón de las cadenas de valor de nueva generación.
La dimensión marítima es igualmente determinante. Canadá posee tres fachadas oceánicas, y su costa del Pacífico constituye su principal puerta de acceso a Asia. Sin embargo, el acceso geográfico no garantiza automáticamente una capacidad comercial. Puertos, terminales, ferrocarriles, infraestructuras energéticas, capacidades de almacenamiento y conexiones con las redes industriales deben funcionar como un sistema integrado. El desarrollo del corredor canadiense del Pacífico se convierte así en una cuestión de poder económico tanto como de infraestructura. Cuanto más eficazmente pueda Ottawa transportar sus recursos y sus productos transformados hacia los mercados asiáticos, más su estrategia de diversificación dejará de ser una declaración de intenciones para convertirse en una realidad geoeconómica.
La seguridad marítima adquiere, en este contexto, una importancia creciente. Las grandes rutas comerciales del Pacífico y del océano Índico constituyen arterias esenciales del comercio mundial, mientras que varios puntos estratégicos de paso pueden convertirse en factores de vulnerabilidad durante períodos de crisis. Para Canadá, una presencia mayor en el Indo-Pacífico no significa que deba intentar convertirse en una potencia militar regional comparable con Estados Unidos, China o Japón. Significa, más bien, que debe ser capaz de proteger sus intereses, contribuir a la vigilancia marítima, participar en mecanismos de seguridad colectiva y preservar la libertad de navegación en las rutas de las que depende una parte creciente de su comercio exterior. La estrategia canadiense hacia el Indo-Pacífico debe, por tanto, concebirse como una combinación de diplomacia, comercio, infraestructuras y seguridad, y no simplemente como una política de apertura hacia nuevos mercados.
El potencial de los recursos canadienses constituye finalmente el vínculo entre la estrategia económica y la estrategia geopolítica. Los minerales críticos, el uranio, los productos agrícolas, el gas natural, la hidroelectricidad y determinadas tecnologías limpias pueden responder a necesidades estructurales de las economías asiáticas. Pero esta demanda solo se convertirá en una verdadera ventaja canadiense si Ottawa consigue controlar una mayor parte de la cadena de valor, desde la extracción hasta la transformación y la exportación. El verdadero poder no reside únicamente en poseer los recursos, sino en la capacidad de determinar dónde se transforman, qué empresas participan, bajo qué condiciones y para qué mercados. Precisamente en este terreno se decidirá la transición de Canadá desde una economía principalmente exportadora de recursos hacia una potencia geoeconómica capaz de utilizar sus recursos para construir influencia.
La cuestión de si Canadá puede convertirse en una potencia del Indo-Pacífico debe, por tanto, ser reformulada. Ottawa no necesita competir con las grandes potencias militares, demográficas o económicas de la región. Una ambición semejante sería desproporcionada respecto de sus capacidades. Se trata más bien de convertirse en una potencia media indispensable en determinados sectores estratégicos, capaz de suministrar recursos esenciales, participar en cadenas de valor tecnológicas, contribuir a la estabilidad marítima y disponer de suficientes asociaciones para no depender excesivamente de un solo mercado. Desde esta perspectiva, el Indo-Pacífico no constituye una alternativa a América del Norte, sino el segundo pilar de una arquitectura canadiense de poder más diversificada.
La conclusión de esta parte es, por tanto, menos espectacular que un proyecto de ruptura con Estados Unidos, pero mucho más estratégica. Canadá no alcanzará su autonomía abandonando una esfera de influencia para entrar en otra. La alcanzará aumentando progresivamente el número de socios con los que puede comerciar, invertir, innovar y cooperar. El Indo-Pacífico constituye, a este respecto, un horizonte esencial, pero su desarrollo exige una visión de varias décadas, infraestructuras adecuadas, una diplomacia económica permanente, una política industrial coherente y una mayor capacidad para proteger los intereses canadienses. La diversificación asiática no será rápida. Sin embargo, debe comenzar ahora si Ottawa quiere que, durante la década de 2030, la geografía económica de Canadá esté menos exclusivamente orientada hacia el sur.
EL ÁRTICO: EL GRAN ACTIVO GEOPOLÍTICO DE CANADÁ
El Ártico constituye uno de los principales activos geopolíticos de Canadá en el siglo XXI, no solo porque el país posee allí un territorio inmenso y una considerable fachada marítima, sino, sobre todo, porque las transformaciones climáticas, tecnológicas y estratégicas de la región están modificando progresivamente su valor dentro del orden internacional. Durante décadas, el Ártico fue considerado una periferia fría y remota, alejada de los principales centros económicos y políticos del planeta. Esa percepción pertenece ahora al pasado. El cambio climático está modificando las condiciones de acceso a la región, la competencia estratégica entre las grandes potencias se hace cada vez más visible, los recursos naturales despiertan un interés creciente y las rutas marítimas podrían, a largo plazo, modificar determinados equilibrios del comercio mundial. Para Canadá, el Ártico ya no es solamente una cuestión de soberanía territorial o de defensa del Gran Norte; se está convirtiendo en una cuestión de poder, seguridad económica, diplomacia e identidad nacional.
El despertar geopolítico del Ártico debe, sin embargo, analizarse con prudencia. La disminución de la cobertura de hielo no significa que la región vaya a convertirse rápidamente en una nueva autopista marítima mundial. Las condiciones climáticas siguen siendo extremadamente difíciles, las infraestructuras son limitadas, los costes de explotación continúan siendo elevados y los riesgos ambientales son considerables. El Paso del Noroeste, que atraviesa el archipiélago ártico canadiense, podría adquirir mayor importancia a medida que evolucionen las condiciones de navegación, pero todavía no constituye un sustituto inmediato de las principales rutas marítimas internacionales. Su valor estratégico reside menos en una apertura comercial automática que en las posibilidades futuras que representa. Canadá debe, por tanto, prepararse para una transformación progresiva del valor geopolítico de su territorio, en lugar de apostar por una reconfiguración instantánea de los flujos comerciales mundiales.
Esta evolución sitúa la relación entre Canadá y Estados Unidos en el centro de la cuestión ártica. Canadá considera el Paso del Noroeste como parte de sus aguas interiores y, por consiguiente, reivindica su soberanía sobre este espacio marítimo. Estados Unidos, al igual que otras potencias marítimas, mantiene una interpretación diferente del estatuto jurídico de determinadas rutas del archipiélago, al considerar que están sometidas al régimen internacional aplicable a los estrechos. Esta divergencia sigue siendo manejable mientras el tráfico sea limitado, pero podría adquirir una importancia renovada si aumentara la navegación comercial, científica o militar en el paso. La paradoja resulta especialmente reveladora de la relación canadiense con Washington: Estados Unidos es simultáneamente el principal socio de seguridad de Canadá en el Ártico y una de las potencias frente a las cuales Ottawa debe defender una concepción particular de su soberanía marítima.
NORAD ilustra perfectamente esta interdependencia. La defensa aérea y la vigilancia del espacio aéreo norteamericano se apoyan desde hace décadas en una estrecha cooperación entre Canadá y Estados Unidos. Esta arquitectura constituye una ventaja considerable para Ottawa, pues le permite beneficiarse de capacidades tecnológicas y militares que serían difíciles de mantener de manera independiente. Pero también revela una asimetría fundamental: la soberanía canadiense en el Ártico no puede ser plenamente creíble sin capacidades nacionales suficientes de vigilancia, movilidad, inteligencia e intervención. La autonomía estratégica no significa, por tanto, necesariamente poner fin a la cooperación con Washington. Significa que Canadá debe ser capaz de contribuir más sustancialmente a la defensa de su propio territorio para que la cooperación con Estados Unidos descanse cada vez más en capacidades canadienses reforzadas y no en una dependencia estructural.
Rusia representa otra dimensión de esta transformación. Posee la mayor fachada ártica del mundo y ha invertido considerablemente en infraestructuras militares, energéticas y marítimas en su extremo norte. Desde la invasión de Ucrania, el deterioro de las relaciones entre Moscú y los países occidentales ha transformado profundamente el contexto estratégico del Ártico. Una región que durante mucho tiempo fue presentada como un espacio privilegiado para la cooperación científica y medioambiental está ahora más marcada por la lógica de la competencia estratégica. Para Ottawa, esta evolución significa que la vigilancia del territorio, la protección de las infraestructuras, el conocimiento del dominio marítimo y la capacidad de mantener una presencia permanente en el Gran Norte se convierten en elementos esenciales de la política de defensa.
Groenlandia ocupa una posición particular dentro de esta nueva geografía. Territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, posee una posición estratégica excepcional entre América del Norte, el Atlántico Norte y el Ártico. Sus posibles recursos minerales, su proximidad a las rutas marítimas septentrionales y su posición geográfica explican el creciente interés que despierta entre las grandes potencias. Para Canadá, el fortalecimiento de las relaciones con Groenlandia y Dinamarca podría constituir un elemento importante de una estrategia ártica ampliada. La cooperación en investigación, vigilancia marítima, infraestructuras, medio ambiente y desarrollo sostenible podría contribuir a crear un espacio septentrional en el que los intereses de las potencias medias árticas estuvieran mejor coordinados.
Los recursos naturales constituyen, evidentemente, otra dimensión fundamental de la geoeconomía ártica. El Ártico canadiense posee importantes recursos energéticos y minerales, incluidos yacimientos de minerales esenciales para las tecnologías modernas. Pero la existencia de recursos no debe confundirse con su explotación económicamente viable. Las distancias, el clima, la falta de infraestructuras, los costes energéticos, las restricciones medioambientales y las dificultades logísticas hacen que su desarrollo sea mucho más complejo que en las regiones meridionales del país. El verdadero desafío estratégico consiste, por tanto, en determinar qué recursos pueden desarrollarse de manera económica, social y ambientalmente sostenible, y bajo qué condiciones su explotación podría fortalecer la seguridad económica canadiense en lugar de generar nuevas dependencias.
Los minerales críticos podrían ocupar un lugar particularmente importante en esta ecuación. La transición energética mundial y la competencia tecnológica están aumentando la demanda de diversos recursos esenciales para las baterías, las redes eléctricas, las tecnologías digitales y los equipos de defensa. Si Canadá logra desarrollar determinados recursos árticos al mismo tiempo que construye capacidades nacionales de transformación, podría convertir parte de su territorio septentrional en un eslabón estratégico de las cadenas de valor occidentales. Pero, una vez más, la exportación de minerales en bruto no sería suficiente. Una verdadera estrategia de poder debería buscar desarrollar simultáneamente la extracción, la transformación, la logística, la investigación y las asociaciones industriales, de manera que la mayor parte posible del valor generado por estos recursos permanezca dentro de la economía canadiense.
La cuestión de las infraestructuras es, por tanto, central. Un territorio tan vasto como el de Canadá no puede ser soberano en el sentido estratégico si el Estado no posee los medios materiales para mantener allí una presencia duradera. Puertos de aguas profundas, aeródromos, redes de comunicación, capacidades satelitales, sistemas de vigilancia, infraestructuras energéticas, rompehielos, instalaciones de investigación y medios de respuesta ante emergencias son elementos que determinan la capacidad real de Canadá para ejercer sus responsabilidades en el Gran Norte. El Ártico impone así una concepción particular de la soberanía: poseer jurídicamente un territorio no basta; es necesario poder desplazarse por él, comunicarse dentro de él, rescatar a sus poblaciones, vigilar las actividades e intervenir cuando las circunstancias lo exijan.
Esta soberanía no puede, sin embargo, concebirse independientemente de los pueblos indígenas. Las comunidades inuit, cree, dene y otros pueblos indígenas del Norte no son simplemente poblaciones que viven en una región sobre la cual Ottawa ejerce una autoridad administrativa. Son actores políticos, económicos y culturales esenciales del desarrollo ártico, titulares de derechos reconocidos por la Constitución y por diversos acuerdos territoriales. Una estrategia ártica verdaderamente sostenible deberá, por tanto, integrar sus conocimientos, prioridades y participación en las decisiones relativas a los recursos, las infraestructuras, la seguridad y la protección del medio ambiente. La soberanía canadiense en el Ártico será tanto más sólida cuanto mayor sea su legitimidad ante quienes viven allí permanentemente.
El medio ambiente constituye precisamente uno de los principales límites de cualquier estrategia basada en la explotación del potencial ártico. El cambio climático está creando nuevas oportunidades económicas al mismo tiempo que debilita los ecosistemas y las comunidades cuya subsistencia depende directamente de su estabilidad. La apertura progresiva de determinadas rutas marítimas aumenta los riesgos de contaminación, accidentes y alteración de los hábitats. La explotación de hidrocarburos y minerales plantea cuestiones particularmente sensibles en entornos donde las capacidades de respuesta ante catástrofes siguen siendo limitadas. Canadá deberá, por tanto, conciliar dos imperativos que pueden parecer contradictorios: transformar la evolución del Ártico en una ventaja estratégica evitando al mismo tiempo que dicha transformación destruya las condiciones ambientales de las que depende la viabilidad de la región.
El Ártico puede convertirse así en un instrumento de diversificación económica, pero únicamente si Ottawa lo integra en una estrategia geoeconómica más amplia. Los recursos septentrionales podrían contribuir al desarrollo de nuevas cadenas de suministro hacia Europa y el Indo-Pacífico. Las infraestructuras árticas podrían reforzar las capacidades canadienses de transporte y vigilancia. Las asociaciones con los países nórdicos podrían aumentar la capacidad diplomática de Canadá. Las inversiones militares y civiles podrían fortalecer la soberanía territorial y, al mismo tiempo, generar capacidades tecnológicas utilizables en otras áreas de la economía. El Ártico no debe, por tanto, considerarse un territorio aislado, sino una interfaz entre América del Norte, Europa y Asia.
Precisamente esto le confiere una importancia particular en el debate sobre la autonomía estratégica canadiense. Canadá nunca podrá modificar su geografía ni reducir fundamentalmente su proximidad a Estados Unidos. Sin embargo, sí puede aprovechar mejor las dimensiones de su geografía que durante mucho tiempo han sido infrautilizadas. Su acceso simultáneo al Atlántico, al Pacífico y al Ártico constituye una configuración excepcional entre las potencias medias. El Ártico puede contribuir a transformar esa configuración en una ventaja estratégica al proporcionar a Canadá una profundidad septentrional que conecta sus intereses continentales con los del Atlántico Norte y del sistema indo-pacífico.
El Ártico no se convertirá automáticamente en el multiplicador de poder de Canadá. Puede llegar a serlo si Ottawa acepta invertir durante varias décadas en infraestructuras, defensa, investigación científica, diplomacia nórdica, comunidades indígenas y cadenas de valor vinculadas a recursos estratégicos. También puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad si Canadá permite que otras potencias desarrollen las infraestructuras, tecnologías y capacidades que determinarán las reglas del Gran Norte.
El desafío fundamental va, por tanto, más allá de la cuestión de si el Ártico se convertirá en una nueva frontera económica. Consiste en determinar quién tendrá la capacidad de establecer las condiciones de circulación, explotación, seguridad y cooperación en la región durante las próximas décadas. Para Canadá, la respuesta no puede ser exclusivamente militar. Debe ser económica, diplomática, científica, medioambiental y humana. El Ártico podría convertirse en uno de los principales multiplicadores de poder del país en el siglo XXI, pero solo si Canadá deja de considerarlo una periferia nacional y comienza a tratarlo como uno de los centros de su estrategia de poder.
CANADA: ¿PUEDE CONVERTIRSE EN UNA POTENCIA ESTRATÉGICA DE ALCANCE GLOBAL?
La cuestión de la autonomía estratégica canadiense no puede separarse de una interrogante más fundamental: ¿qué poder puede ejercer realmente Canadá en el sistema internacional? Durante buena parte de su historia contemporánea, Canadá ha ocupado una posición singular. Es, al mismo tiempo, una economía avanzada, un territorio inmenso dotado de recursos considerables, un miembro fundador o central de numerosas instituciones occidentales y vecino inmediato de la primera potencia mundial. Sin embargo, nunca ha tratado de comportarse como una gran potencia en el sentido clásico del término. Su diplomacia ha privilegiado tradicionalmente el multilateralismo, la mediación, las instituciones internacionales y la cooperación con sus aliados. Esta identidad constituyó durante mucho tiempo una fortaleza. Pero la transformación del sistema internacional obliga ahora a Ottawa a reconsiderar la propia definición de su poder. Canadá no puede convertirse en una superpotencia y tampoco tiene razones para querer hacerlo. Sí puede, en cambio, aspirar a convertirse en una potencia media mucho más autónoma, más influyente y, sobre todo, mucho más capaz de transformar sus ventajas económicas, geográficas, tecnológicas y diplomáticas en instrumentos coherentes de poder nacional.
La noción de potencia media merece aquí ser liberada de cualquier connotación secundaria. Ser una potencia media no significa estar condenada a sufrir las decisiones de las grandes potencias. La historia internacional demuestra, por el contrario, que algunos Estados de dimensiones intermedias han ejercido una influencia superior a la que su población o su poder militar habrían permitido prever. Su influencia suele basarse en la combinación de varios factores: una economía sólida, instituciones creíbles, una diplomacia activa, capacidades militares suficientes, especialización tecnológica, recursos estratégicos y, sobre todo, la capacidad de construir coaliciones. Canadá ya posee varios de estos atributos. Lo que le falta, más que recursos, es una doctrina capaz de articularlos dentro de una estrategia nacional coherente.
El problema canadiense reside precisamente en esta fragmentación del poder. El país posee enormes recursos energéticos y mineros, pero una parte importante de su comercio sigue concentrada en Estados Unidos. Dispone de un capital humano elevado y de polos tecnológicos reconocidos, pero todavía tiene dificultades para convertir determinadas innovaciones en grandes capacidades industriales nacionales. Posee tres fachadas oceánicas, pero sus infraestructuras de transporte no siempre están a la altura de esta geografía excepcional. Reivindica una presencia ártica considerable, pero todavía debe reforzar los medios materiales necesarios para ejercer efectivamente esta soberanía. Pertenece a la OTAN y al NORAD, pero su capacidad militar nacional sigue siendo limitada en relación con la amplitud de sus responsabilidades. Finalmente, cuenta con una reputación diplomática favorable, pero esta reputación solo produce una influencia duradera cuando está respaldada por capacidades económicas y estratégicas creíbles.
La transformación de esta situación exige, por tanto, un cambio de concepción. Durante mucho tiempo, Canadá pudo considerar que su seguridad y su prosperidad se derivaban en gran medida de su inserción en un orden occidental dominado por Estados Unidos. Esta arquitectura le permitía beneficiarse de un entorno relativamente estable al tiempo que destinaba una parte limitada de sus recursos a determinadas funciones de poder. El contexto actual es diferente. La rivalidad entre China y Estados Unidos, las tensiones comerciales, la fragmentación de las cadenas de suministro, el retorno de la guerra interestatal en Europa, la progresiva militarización del Ártico, la competencia tecnológica y el ascenso de la seguridad económica están transformando las condiciones en las que los Estados ejercen su soberanía. El poder económico ya no puede separarse del poder industrial; el poder industrial ya no puede separarse de la seguridad; y la seguridad ya no puede separarse del dominio tecnológico.
En este nuevo entorno, el tamaño de Canadá constituye paradójicamente una fortaleza y una debilidad. Su población sigue siendo relativamente modesta frente a la de las grandes potencias mundiales, lo que limita mecánicamente sus capacidades militares y determinadas economías de escala industriales. Pero su territorio, su acceso simultáneo al Atlántico, al Pacífico y al Ártico, sus recursos naturales y su integración en las principales redes occidentales le proporcionan una profundidad estratégica excepcional. Canadá no necesita reproducir el modelo de poder de Estados Unidos, China o Rusia. Puede construir un modelo diferente, basado en la especialización estratégica.
Esta especialización podría convertirse en uno de los fundamentos de una nueva doctrina canadiense. Canadá no necesita ser indispensable en todas partes. Debe convertirse en indispensable en determinados sectores. Los minerales críticos, la energía, la agricultura, la inteligencia artificial, las tecnologías limpias, la industria aeroespacial, la ciberseguridad, la investigación científica, las infraestructuras árticas y determinadas capacidades de defensa constituyen otros tantos ámbitos en los que una política industrial coherente podría producir efectos desproporcionados respecto del tamaño demográfico del país. Una potencia media moderna no es necesariamente aquella que posee más recursos; es aquella que sabe identificar los sectores en los que sus recursos pueden generar una dependencia recíproca entre sus socios.
Esta lógica también permite replantear la relación con Estados Unidos. El objetivo de una autonomía canadiense reforzada no debería ser hacer que Canadá sea independiente de su vecino meridional, porque semejante ambición sería económicamente irrealista y estratégicamente contraproducente. Debería consistir, más bien, en lograr que la interdependencia sea suficientemente equilibrada para que Canadá pueda defender sus intereses sin temer que una ruptura comercial o una decisión política estadounidense provoque inmediatamente una crisis sistémica en Canadá. La autonomía no es, por tanto, la ausencia de dependencia. Es la capacidad de convivir con la dependencia sin perder la libertad de decisión.
Esta distinción constituye probablemente una de las ideas centrales de toda la estrategia analizada en este dossier. En el mundo contemporáneo, ninguna potencia media puede ser completamente autónoma. Las economías están demasiado integradas, las tecnologías son demasiado complejas, las cadenas de valor son demasiado internacionales y las amenazas demasiado transnacionales. La verdadera soberanía consiste, por tanto, menos en producirlo todo por sí misma que en disponer de suficientes opciones para no quedar nunca completamente atrapada por un único proveedor, un único mercado, una única tecnología o una única arquitectura de seguridad.
Canadá podría desarrollar así una doctrina que podríamos denominar autonomía interdependiente. Esta doctrina no sería ni aislacionista, ni antiestadounidense, ni proteccionista en el sentido clásico. Buscaría más bien organizar la interdependencia de manera estratégica. Estados Unidos seguiría siendo el principal socio económico y de seguridad de Canadá; Europa se convertiría en un pilar transatlántico reforzado; el Indo-Pacífico proporcionaría un segundo horizonte económico; el Ártico se convertiría en un espacio fundamental de soberanía y proyección; y las capacidades nacionales en materia de defensa, energía, tecnología e infraestructuras constituirían el fundamento interno de esta arquitectura.
Una estrategia de este tipo también modificaría la manera en que Ottawa debe concebir su diplomacia. La diplomacia canadiense ya no podría limitarse a defender los valores del país o a participar en las grandes instituciones internacionales. Tendría que estar mucho más estrechamente vinculada a la política industrial, la seguridad económica y la estrategia comercial. Un embajador canadiense en una capital estratégica ya no debería ser únicamente un representante político. También debería ser un actor de la estrategia energética, tecnológica, industrial y científica de Canadá. El comercio exterior se convertiría entonces en un componente de la política de poder, en lugar de permanecer como un ámbito relativamente separado de la política exterior.
Esta transformación exigiría, sin embargo, una considerable disciplina política. Una estrategia de potencia media no puede construirse únicamente a partir de declaraciones gubernamentales. Requiere inversiones durante varias décadas. Las infraestructuras, los puertos, los ferrocarriles, las redes energéticas, las capacidades militares, los laboratorios científicos y las cadenas industriales no pueden crearse en unos pocos años. La verdadera cuestión estratégica no consiste, por tanto, en determinar qué política canadiense podría producir resultados espectaculares en doce meses, sino qué arquitectura podría transformar la posición internacional del país de aquí a 2035, 2040 o 2050.
Canadá posee otra ventaja frecuentemente subestimada: su capacidad para construir coaliciones. Su identidad internacional, su experiencia multilateral y sus vínculos con Europa, Estados Unidos y las principales democracias del Indo-Pacífico le permiten desempeñar una función de puente. Esta función podría adquirir un valor particularmente importante en un mundo en el que las grandes potencias son cada vez más competitivas entre sí. Ottawa podría aspirar a convertirse en un socio capaz de conectar diferentes espacios estratégicos sin quedar completamente absorbido por ninguno de ellos.
El poder canadiense del siglo XXI no debería medirse únicamente por el producto interno bruto, el número de soldados o el volumen de las exportaciones. Debería evaluarse por la capacidad del país para transformar su territorio, sus recursos, sus infraestructuras, su capital humano, su tecnología y sus alianzas en libertad de decisión. Esta es la capacidad que permitiría a Canadá pasar de ser una potencia media dependiente a convertirse en una potencia media verdaderamente estratégica.
Pero esta transformación tiene una condición previa que la geografía internacional no puede resolver en lugar de Canadá. Una potencia exteriormente creíble debe ser primero internamente coherente. La diversificación comercial, la política industrial, la defensa, la tecnología y el Ártico no pueden producir plenamente sus efectos si el país permanece paralizado por sus propias divisiones económicas, regionales, lingüísticas y políticas. La siguiente cuestión se vuelve, por tanto, inevitablemente interna: ¿posee Canadá la cohesión necesaria para sostener una nueva ambición estratégica?
EL FRENTE INTERNO: LA ECONOMÍA, QUEBEC Y LA COHESIÓN DE LA FEDERACIÓN
Toda estrategia de poder comienza con una realidad que a menudo se descuida en los análisis geopolíticos: un Estado no puede proyectar de manera sostenible su poder hacia el exterior si no logra organizar eficazmente sus recursos en el interior. En el caso canadiense, esta cuestión es particularmente importante porque la federación reúne economías regionales muy diferentes, identidades políticas distintas y visiones a veces contrapuestas sobre el futuro nacional. Ontario y Quebec desempeñan papeles industriales y demográficos fundamentales; las provincias occidentales disponen de importantes recursos energéticos y mineros; las provincias atlánticas poseen una posición marítima estratégica; y los territorios septentrionales ocupan un lugar central en la soberanía ártica. El poder canadiense depende, por tanto, menos de una uniformidad nacional que de la capacidad de la federación para transformar esta diversidad en complementariedad estratégica.
La relación entre Ottawa y las provincias productoras de energía constituye, a este respecto, uno de los principales desafíos. Una estrategia de diversificación internacional probablemente requerirá un aumento de las infraestructuras energéticas, las capacidades portuarias y los corredores ferroviarios. Sin embargo, las políticas energéticas canadienses están atravesadas regularmente por tensiones entre objetivos ambientales, intereses industriales y prioridades regionales. Alberta y Saskatchewan pueden considerar sus recursos energéticos como instrumentos esenciales de prosperidad y poder nacional, mientras que otras regiones pueden conceder mayor prioridad a la transición energética y a la reducción de las emisiones. El problema no reside en que estas visiones sean diferentes. El problema aparece cuando la ausencia de un compromiso federal impide al país construir una estrategia coherente capaz de utilizar simultáneamente sus recursos tradicionales y sus nuevas capacidades energéticas.
Quebec ocupa en esta ecuación una posición particular. Su especificidad lingüística, cultural y política lo convierte en uno de los componentes esenciales de la identidad canadiense, pero su importancia estratégica va mucho más allá de esta dimensión. Quebec posee capacidades hidroeléctricas considerables, competencias industriales reconocidas, importantes instituciones de investigación y sectores de vanguardia en la industria aeroespacial, las tecnologías limpias, las baterías, la inteligencia artificial y varias industrias avanzadas. Puede, por tanto, convertirse en uno de los motores de la transformación económica canadiense. La cuestión no consiste en determinar cómo integrar más a Quebec en una estrategia diseñada en otro lugar, sino cómo construir una estrategia nacional en la que los intereses y las capacidades quebequenses se conviertan en un componente central del poder canadiense.
Este enfoque es aún más importante porque la cuestión nacional sigue siendo sensible. Toda estrategia de poder que diera la impresión de que la diversificación económica constituye un proyecto impuesto por Ottawa a las provincias podría encontrar una resistencia política considerable. A la inversa, una estrategia que reconociera explícitamente la diversidad de los modelos económicos regionales podría transformar esa diversidad en una ventaja. Canadá no necesita un modelo económico idéntico en todas sus provincias. Necesita un sistema federal capaz de conectar eficazmente especializaciones diferentes en torno a un interés nacional común.
La política industrial constituye probablemente el principal instrumento de esta coordinación. Durante varias décadas, Canadá se benefició de la apertura comercial y de la profunda integración de su economía en el mercado estadounidense. Esta integración generó importantes ventajas, pero también contribuyó a reforzar una estructura económica en la que determinadas cadenas de valor estratégicas pasaron a depender considerablemente de decisiones tomadas fuera del país. La nueva generación de política industrial debería, por tanto, buscar menos proteger indistintamente todas las actividades que identificar los sectores en los que una capacidad nacional mínima resulta indispensable para la seguridad económica.
Esta distinción es fundamental. No se trata de transformar Canadá en una economía cerrada. Tal orientación sería incompatible con su estructura económica y con sus intereses comerciales. Se trata de determinar qué sectores no pueden abandonarse por completo a las fuerzas del mercado cuando afectan directamente a la seguridad nacional, la soberanía tecnológica o la resiliencia económica. Los semiconductores, las baterías, los productos farmacéuticos, las infraestructuras digitales, los minerales críticos, las tecnologías energéticas y determinados equipos de defensa pertenecen a esta categoría estratégica.
La cohesión económica también debe pensarse en función de las infraestructuras. Una economía tan extensa como la canadiense no puede funcionar eficazmente si sus regiones permanecen insuficientemente conectadas entre sí. Los puertos del Pacífico deben poder comunicarse con los centros industriales de Ontario y Quebec. Los recursos del Oeste deben poder llegar a los mercados internacionales. Las infraestructuras del Atlántico deben integrarse en una estrategia transatlántica. El Norte debe estar conectado con el resto del país mediante medios de comunicación y transporte adaptados a sus condiciones. La infraestructura se convierte así en un instrumento de cohesión federal tanto como en un instrumento de comercio exterior.
Esta cuestión posee también una dimensión social. Una estrategia de poder no puede ser sostenible si una parte importante de la población considera que sus costes se concentran en determinadas regiones mientras que sus beneficios favorecen principalmente a otras. La transición industrial deberá, por tanto, ir acompañada de políticas que permitan a los trabajadores, las comunidades y las empresas participar en los beneficios de la diversificación. El debate sobre la soberanía económica no puede reducirse a los intereses de las grandes empresas. También afecta a la capacidad del país para mantener una clase media productiva, desarrollar las competencias necesarias para las industrias del futuro y evitar que las transformaciones económicas generen nuevas fracturas territoriales.
La cuestión demográfica adquiere aquí carácter estratégico. Canadá posee una población relativamente pequeña en relación con su territorio y sus ambiciones económicas. Su capacidad para atraer trabajadores cualificados, investigadores, empresarios y estudiantes internacionales constituye, por tanto, un elemento esencial de su poder futuro. La inmigración no debe considerarse únicamente desde una perspectiva demográfica. También representa un instrumento de competitividad, siempre que las políticas de integración, formación y reconocimiento de competencias permitan realmente a los recién llegados participar en la economía productiva.
La política científica debe integrarse en esta reflexión. Una potencia media no puede competir con los presupuestos de investigación de Estados Unidos o China en todos los ámbitos. Sí puede, sin embargo, concentrar sus recursos en determinados sectores en los que dispone de una ventaja real. La inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, las biotecnologías, la industria aeroespacial, las tecnologías limpias, los materiales avanzados y las tecnologías árticas podrían constituir ámbitos de especialización en los que Canadá busque crear ecosistemas completos que asocien universidades, empresas, capitales e instituciones públicas.
Esta ambición exige, sin embargo, resolver un problema estructural: Canadá produce a menudo investigadores e innovaciones sin conseguir siempre conservar en su territorio la totalidad del valor económico creado. El talento puede trasladarse a Estados Unidos, las empresas pueden ser adquiridas por grupos extranjeros y determinadas innovaciones pueden comercializarse en otros lugares. Una estrategia de poder tecnológico debe, por tanto, buscar no solo producir conocimiento, sino también transformar ese conocimiento en empresas, empleos, cadenas industriales y propiedad intelectual canadiense.
La cohesión nacional tampoco significa eliminar las diferencias políticas. El debate canadiense seguirá siendo necesariamente pluralista. Conservadores, liberales, socialdemócratas, independentistas quebequenses y las distintas fuerzas regionales continuarán proponiendo visiones divergentes del país. El objetivo de una estrategia de poder no debería ser crear un consenso ideológico. Debería consistir en construir una base estratégica suficientemente amplia para sobrevivir a las alternancias políticas. Una política ártica, una estrategia de diversificación comercial, un esfuerzo mínimo de defensa o una política de seguridad económica no deberían quedar completamente anulados cada vez que cambia el gobierno.
Aquí es donde la cuestión del liderazgo adquiere toda su importancia. Canadá necesita un debate nacional sobre la naturaleza de su poder y no simplemente un debate sobre la próxima medida presupuestaria o el próximo conflicto comercial con Washington. La cuestión fundamental es más profunda: ¿qué país quiere ser Canadá en un mundo en el que Estados Unidos se vuelve más transaccional, China más poderosa, Europa más estratégica, el Indo-Pacífico más central y el Ártico más disputado? La respuesta determinará no solo la política exterior del país, sino también su organización económica y federal.
Una federación capaz de transformar sus diferencias en complementariedades posee una ventaja considerable. Canadá puede combinar la energía del Oeste, la capacidad industrial de Ontario, las tecnologías y la hidroelectricidad de Quebec, la posición marítima del Atlántico y la profundidad geopolítica del Norte. Esta combinación es difícil de reproducir en otros lugares. Pero solo se convierte en una ventaja si Ottawa y las provincias consiguen considerarla como una arquitectura común en lugar de una suma de reivindicaciones contrapuestas.
El poder canadiense deberá, por tanto, ser federal en su organización, pero nacional en su finalidad. Quebec no debe ser considerado una periferia de la estrategia canadiense; las provincias occidentales no deben reducirse a sus hidrocarburos; las provincias atlánticas no deben quedar separadas de la estrategia marítima; y los territorios septentrionales no pueden ser tratados como simples espacios administrativos. Cada componente de la federación posee una parte de la respuesta al problema de la dependencia estratégica.
Esta conclusión conduce directamente a la dimensión más sensible de toda estrategia de autonomía: la capacidad de defensa y el dominio tecnológico. Porque una potencia media puede disponer de recursos considerables y de numerosos socios; si no posee los medios para proteger sus infraestructuras, vigilar su territorio, asegurar sus redes y defender sus intereses, su autonomía seguirá siendo esencialmente teórica.
EL VIAJE COMO NUEVO INDICADOR DE LA INTERDEPENDENCIA CANADIENSE-ESTADOUNIDENSE
La cuestión de la interdependencia canadiense-estadounidense no se mide únicamente a través de los intercambios comerciales, las cadenas industriales, las inversiones o las infraestructuras energéticas. También se manifiesta en los comportamientos cotidianos de las poblaciones, y la evolución reciente de los viajes entre ambos países constituye, a este respecto, un indicador particularmente revelador. El descenso de los desplazamientos de los canadienses hacia Estados Unidos, producido en el contexto de las tensiones comerciales y políticas, ha demostrado que una relación económica extremadamente integrada también puede verse afectada por consideraciones relacionadas con la confianza, la imagen nacional y la percepción política. Los viajeros canadienses han comenzado a modificar algunas de sus decisiones, favoreciendo en mayor medida los destinos nacionales u otros mercados internacionales, mientras que los destinos estadounidenses han tenido que afrontar la disminución de una clientela tradicionalmente esencial. Sin embargo, los datos disponibles para 2025 y comienzos de 2026 muestran que esta evolución no debe interpretarse como una ruptura definitiva. El fenómeno parece corresponder más bien a una reconfiguración parcial y evolutiva de los comportamientos que a un desacoplamiento duradero entre ambas sociedades.
Esta matización es precisamente lo que confiere al fenómeno su dimensión estratégica. El hecho de que el boicot pueda perder fuerza no significa que desaparezca la crisis que puso de manifiesto. Por el contrario, demuestra los límites de una estrategia basada exclusivamente en la reacción emocional o en la sustitución puntual de un mercado por otro. Un consumidor canadiense puede decidir no viajar a Estados Unidos durante un determinado período, pero esa decisión no basta para modificar las infraestructuras, las cadenas de valor, las redes de transporte, los hábitos comerciales o la estructura de las inversiones que han vinculado ambas economías durante varias décadas. La verdadera diversificación no puede depender únicamente de una modificación temporal de los comportamientos. Debe crear alternativas suficientemente sólidas para que las empresas, los consumidores y las instituciones canadienses puedan efectivamente cambiar de dirección cuando las circunstancias lo exijan. Es precisamente ahí donde el fenómeno turístico converge con la doctrina de la autonomía interdependiente: el problema no consiste en convencer permanentemente a los canadienses de que dejen de viajar a Estados Unidos, sino en garantizar que dispongan de un abanico suficientemente amplio de destinos, mercados, productos y servicios para que sus decisiones nunca estén determinadas por la ausencia de alternativas.
La evolución de los viajes también revela otra dimensión del poder económico: la capacidad de atracción. Durante décadas, la proximidad geográfica otorgó a Estados Unidos una ventaja excepcional en el mercado turístico canadiense. Florida, los estados fronterizos, las grandes metrópolis estadounidenses y los destinos de ocio se beneficiaban de una clientela canadiense considerable, regular y relativamente previsible. Cuando esta clientela comienza a alejarse temporalmente de determinados destinos, incluso sin que exista una ruptura definitiva, demuestra que los flujos turísticos constituyen también un componente de la interdependencia. Canadá puede entonces descubrir que una parte de su propia población representa un mercado interno susceptible de ser movilizado en mayor medida, mientras que sus propios destinos pueden beneficiarse de una reorientación de la demanda. El fenómeno deja así de ser únicamente una cuestión de boicot para convertirse en una cuestión de capacidad nacional para retener una proporción mayor del consumo canadiense y transformar esa demanda en actividad económica interna.
No obstante, es necesario evitar cualquier conclusión excesiva. El hecho de que los canadienses viajen menos a Estados Unidos no significa automáticamente que se estén dirigiendo masivamente hacia Canadá. Una parte de esta demanda puede desplazarse hacia Europa, el Caribe, México u otros destinos internacionales. Del mismo modo, el repunte observado en determinados flujos estadounidenses hacia Canadá todavía no constituye una prueba de una inversión estructural del mercado turístico continental. Los datos disponibles apuntan más bien a un desequilibrio de los movimientos: el descenso de los viajes canadienses hacia Estados Unidos ha sido suficientemente marcado como para convertirse en un fenómeno económico y político visible, mientras que la recuperación de los viajes estadounidenses hacia Canadá es más reciente y moderada. Esta distinción es esencial para un dossier dedicado al poder estratégico, porque evita transformar un fenómeno coyuntural en una prueba artificial de una nueva independencia canadiense.
El interés estratégico del fenómeno reside, por tanto, en otro aspecto. El viaje constituye un laboratorio a pequeña escala de lo que podría llegar a ser la economía canadiense si desarrollara progresivamente un mayor número de opciones. Cuando existen varios destinos, varios proveedores, varios corredores y varios socios disponibles, el consumidor o la empresa puede elegir entre alternativas. Cuando las alternativas son limitadas, la capacidad de elección se vuelve mucho más restringida. Esta lógica es idéntica a la que se aplica al comercio, la energía, las tecnologías críticas o las cadenas de suministro. La soberanía económica no consiste en eliminar las relaciones existentes, sino en disponer de opciones suficientemente creíbles para que la dependencia no pueda convertirse fácilmente en una forma de coerción.
El debate en torno al boicot turístico permite así regresar al núcleo de la doctrina propuesta en este dossier. Canadá no tiene ningún interés en construir su política nacional sobre el rechazo a Estados Unidos. Una orientación de ese tipo sería contraria a la profundidad de los vínculos humanos, económicos y geográficos que unen a ambas sociedades. El verdadero objetivo debe ser mucho más racional: garantizar que la proximidad estadounidense siga siendo una ventaja sin convertirse en una obligación. Si un canadiense desea viajar a Estados Unidos, debe poder hacerlo en el marco de una relación normal y mutuamente beneficiosa. Si prefiere viajar dentro de Canadá, a Europa, a Asia o a cualquier otro lugar, esa decisión debe poder apoyarse en infraestructuras, conexiones aéreas, ofertas turísticas y capacidades económicas suficientemente competitivas. La libertad de elección es aquí más importante que el boicot en sí mismo.
Este fenómeno proporciona, por tanto, una ilustración concreta de la diferencia entre dependencia e interdependencia. Una dependencia excesiva reduce las opciones cuando cambian las circunstancias. Una interdependencia equilibrada permite, por el contrario, que los actores modifiquen sus comportamientos sin provocar el colapso del sistema. El verdadero éxito de la autonomía interdependiente no consistiría, por tanto, en que los canadienses dejen de viajar a Estados Unidos. Consistiría en que, para 2035, ningún cambio político en Washington pueda determinar por sí solo el destino, el proveedor, el corredor o el socio económico elegido por una proporción desproporcionada de la población y de las empresas canadienses.
DEFENSA, TECNOLOGÍA Y SOBERANÍA: EL PRECIO REAL DE LA AUTONOMÍA
Una de las contradicciones fundamentales de la posición canadiense aparece en el ámbito de la defensa. El país posee uno de los territorios más extensos del planeta, una inmensa fachada ártica, tres océanos, infraestructuras energéticas críticas y una economía profundamente integrada en las redes occidentales. Sin embargo, su capacidad militar sigue siendo proporcionalmente limitada en relación con la amplitud de sus responsabilidades. Esta situación fue compensada durante mucho tiempo por la proximidad de Estados Unidos y por la arquitectura de seguridad transatlántica. Pero la evolución del entorno internacional hace cada vez más difícil mantener un modelo en el que Canadá pueda depender principalmente de las capacidades de sus aliados para garantizar su propia seguridad.
No se trata de sostener que Canadá deba buscar una independencia militar completa. Tal orientación sería desproporcionada y probablemente ineficaz. Canadá seguirá necesariamente integrado en la OTAN, el NORAD y varias arquitecturas multilaterales de seguridad. Su interés reside más bien en construir una capacidad nacional suficiente para contribuir realmente a estas alianzas y proteger sus intereses esenciales. La autonomía militar canadiense debe, por tanto, concebirse como una capacidad creíble de contribución y no como una estrategia de aislamiento.
Esta distinción es particularmente importante en el Ártico. La soberanía territorial no puede garantizarse únicamente mediante declaraciones jurídicas. Requiere medios de vigilancia, capacidades aéreas, navales y terrestres adaptadas, comunicaciones seguras, infraestructuras de apoyo y capacidad de respuesta en entornos extremadamente difíciles. La transformación del Ártico en un espacio estratégico obliga, por tanto, a Canadá a considerar sus fuerzas armadas no solo como un instrumento de participación en operaciones internacionales, sino como un componente directo de su soberanía nacional.
La vigilancia constituye probablemente uno de los ámbitos en los que la inversión canadiense podría producir el mayor efecto estratégico. Satélites, radares, sistemas de detección marítima, aeronaves de vigilancia, drones y redes de comunicación permiten hoy conocer con mucha mayor precisión lo que ocurre en un territorio o en sus aproximaciones marítimas. Para un país como Canadá, el dominio del ámbito informacional puede compensar parcialmente las dificultades derivadas de su inmensidad geográfica. Es imposible mantener una presencia humana permanente en cada parte del territorio ártico. En cambio, es posible desarrollar sistemas capaces de detectar rápidamente una actividad inusual y orientar posteriormente los medios de intervención.
La ciberseguridad se convierte, en este contexto, en una dimensión central de la soberanía. Las infraestructuras energéticas, las redes financieras, los hospitales, las administraciones públicas, las telecomunicaciones y los sistemas industriales son ahora componentes esenciales de la seguridad nacional. Un ataque contra estas redes puede producir consecuencias económicas considerables sin que un solo soldado cruce una frontera. La defensa de Canadá debe, por tanto, integrar una concepción mucho más amplia de la seguridad, en la que la protección digital sea tan importante como la protección territorial tradicional.
Esta transformación refuerza la necesidad de una industria tecnológica nacional. Sería difícil hablar de autonomía estratégica si los sistemas esenciales para la seguridad canadiense dependieran por completo de proveedores extranjeros. Esto no significa que Canadá deba producir todos sus equipos militares o tecnológicos. Una ambición semejante sería irrealista. Pero debe identificar las tecnologías respecto de las cuales una dependencia excesiva podría generar un riesgo estratégico. Las comunicaciones seguras, los sistemas de vigilancia, los programas informáticos críticos, la inteligencia artificial, la criptografía, las tecnologías cuánticas, los sensores y determinadas capacidades espaciales deberían recibir una atención particular.
La inteligencia artificial merece un lugar específico en esta reflexión. Canadá posee competencias científicas reconocidas en este ámbito y cuenta con un importante ecosistema universitario. Sin embargo, la posesión de conocimientos científicos no basta. La inteligencia artificial se convierte en una capacidad de poder cuando se integra en empresas, infraestructuras de cálculo, sistemas de defensa, redes industriales y aplicaciones civiles a gran escala. Ottawa deberá, por tanto, evitar considerar la inteligencia artificial únicamente como un sector tecnológico prometedor. Debe ser concebida como una infraestructura estratégica comparable a la electricidad, las telecomunicaciones o las redes financieras.
La cuestión de los datos es inseparable de la inteligencia artificial. Los sistemas de aprendizaje automático dependen de la disponibilidad, calidad y seguridad de los datos. Un país que controla sus datos estratégicos posee una ventaja considerable. Por el contrario, un país cuyas infraestructuras digitales dependan completamente de plataformas extranjeras puede perder parte de su capacidad de decisión sin siquiera percibirlo de inmediato. La soberanía digital canadiense debería, por tanto, buscar garantizar la seguridad de los datos públicos, las infraestructuras críticas y la información sensible, manteniendo al mismo tiempo la apertura necesaria para la innovación.
La industria de defensa representa también un desafío económico. El gasto militar no debería considerarse únicamente un coste presupuestario. Cuando se orienta correctamente, puede apoyar la investigación, las tecnologías avanzadas, la producción industrial y la creación de competencias especializadas. La industria aeroespacial, los sistemas electrónicos, los materiales avanzados, los programas informáticos, los satélites y las tecnologías marítimas pueden beneficiarse de esta relación entre política de defensa y política industrial. Pero este efecto solo se produce cuando las inversiones públicas están acompañadas de una estrategia que permita a las empresas canadienses desarrollar capacidades sostenibles.
El problema resulta particularmente visible en las adquisiciones militares. Comprar rápidamente equipos extranjeros puede ser, en ocasiones, la solución más eficaz a corto plazo. Pero una dependencia sistemática de proveedores extranjeros puede debilitar progresivamente la base industrial nacional. Canadá debe, por tanto, encontrar un equilibrio entre eficacia operativa, coste, interoperabilidad con sus aliados y mantenimiento de capacidades industriales nacionales. La cuestión no consiste en producir sistemáticamente en Canadá aquello que podría comprarse en otro lugar. Consiste en determinar qué capacidades deben seguir siendo accesibles al país en caso de una crisis internacional.
Esta lógica se aplica también al espacio. Para un país tan vasto como Canadá, los satélites desempeñan un papel determinante en las comunicaciones, la navegación, la vigilancia climática, la observación terrestre y la seguridad. El Ártico, los océanos y las infraestructuras alejadas hacen que esta dependencia sea particularmente fuerte. El desarrollo de capacidades espaciales nacionales o de asociaciones que permitan a Canadá garantizar un acceso fiable a determinadas funciones críticas debería considerarse, por tanto, una inversión en soberanía y no simplemente una política científica.
La cooperación con Estados Unidos sigue siendo, sin embargo, indispensable. Las economías de escala estadounidenses en defensa y tecnología son difíciles de igualar. Canadá puede, por tanto, tener interés en integrarse en determinadas cadenas industriales norteamericanas mientras conserva capacidades nacionales en los sectores críticos. La verdadera cuestión no consiste en elegir entre industria canadiense y cooperación estadounidense. Consiste en construir una interdependencia en la que Canadá posea suficientes competencias y activos para no quedar completamente dependiente de decisiones industriales tomadas en Washington.
Esta estrategia también puede extenderse a los socios europeos y del Indo-Pacífico. Canadá podría desarrollar asociaciones tecnológicas con Francia, Alemania, Reino Unido, Japón y Corea del Sur en ámbitos como los sistemas marítimos, las tecnologías espaciales, la inteligencia artificial, las baterías, las tecnologías limpias y la ciberseguridad. La diversificación de proveedores dejaría entonces de ser únicamente una política comercial. Se convertiría en una política de resiliencia estratégica.
Pero esta transformación tiene un precio. Una verdadera autonomía interdependiente exige inversiones públicas y privadas considerables. Será necesario financiar infraestructuras, modernizar las fuerzas armadas, desarrollar capacidades científicas, reforzar las redes digitales, construir cadenas industriales y apoyar la investigación. Canadá tendrá que aceptar, por tanto, una realidad a veces incómoda: la soberanía tiene un coste. Durante mucho tiempo, la proximidad geográfica con Estados Unidos permitió reducir algunos de estos costes. El nuevo entorno internacional hace que esta economía estratégica sea cada vez menos sostenible.
La cuestión presupuestaria se vuelve entonces central. Cada dólar destinado a la defensa o a la seguridad económica no puede destinarse a otra prioridad. Canadá deberá definir con precisión qué busca proteger y qué capacidades producen el mayor rendimiento estratégico. No puede financiarlo todo. Debe establecer prioridades. El poder de una potencia media se basa precisamente en esta capacidad de selección: elegir los ámbitos en los que la inversión nacional genera una diferencia real en lugar de intentar reproducir las capacidades de todas las grandes potencias.
Esta jerarquización debería conducir a una doctrina sencilla: Canadá debe ser capaz de vigilar su territorio, proteger sus infraestructuras críticas, defender sus aproximaciones marítimas y aéreas, asegurar sus redes digitales, contribuir eficazmente a sus alianzas y mantener una base industrial suficiente para sostener su esfuerzo de defensa en tiempos de crisis. Más allá de estas funciones esenciales, las asociaciones internacionales pueden proporcionar parte de las capacidades complementarias.
La cuestión tecnológica se conecta así directamente con la cuestión geopolítica. Un Canadá capaz de producir energía, transformar sus minerales, dominar determinadas tecnologías críticas, asegurar sus infraestructuras y contribuir militarmente a sus alianzas posee un margen de maniobra que no posee un Canadá simplemente rico pero dependiente. El poder no proviene únicamente de lo que el país posee. Proviene de aquello que es capaz de controlar, proteger y transformar.
La conclusión de esta parte es, por tanto, fundamental para todo el dossier. La autonomía canadiense nunca será absoluta. No puede serlo. Pero puede llegar a ser suficientemente sólida como para modificar la relación de poder con Estados Unidos y ampliar considerablemente la libertad de decisión de Ottawa. La cuestión ya no es saber si Canadá puede prescindir de Washington. Se trata ahora de determinar si Canadá puede llegar a ser lo suficientemente fuerte como para que su asociación con Washington descanse cada vez más en una elección estratégica y cada vez menos en una necesidad estructural.
EL INDO-PACÍFICO: EL SEGUNDO HORIZONTE CANADIENSE
El Indo-Pacífico constituye el segundo horizonte de la estrategia canadiense de diversificación, aquel en el que se encuentran algunas de las perspectivas de crecimiento más importantes a largo plazo, pero también las restricciones logísticas, diplomáticas y de seguridad más complejas. La región, que concentra una parte considerable de la producción mundial, del comercio internacional y del crecimiento económico, se ha convertido en uno de los principales centros de gravedad del sistema internacional. Para Canadá, representa simultáneamente una posibilidad de reducir su concentración comercial en el mercado estadounidense, un espacio de proyección para sus recursos naturales y sus tecnologías, y un escenario estratégico en el que sus intereses económicos están cada vez más vinculados con las cuestiones de seguridad, soberanía y estabilidad internacional.
El ascenso del Indo-Pacífico responde, ante todo, a una transformación estructural de la economía mundial. La región representa actualmente más del 60 % del PIB mundial y concentra una parte importante de los flujos comerciales internacionales. Las economías de la ASEAN, la India, Japón y Corea del Sur presentan necesidades crecientes de energía, alimentos, infraestructuras, tecnologías y minerales críticos, precisamente en ámbitos en los que Canadá posee ventajas comparativas significativas. La cuestión, por tanto, no consiste en saber si Canadá tiene algo que ofrecer al Indo-Pacífico, sino si posee la capacidad logística, industrial y diplomática necesaria para convertir sus ventajas potenciales en una influencia económica duradera. Esta distinción es esencial, porque un recurso disponible en territorio canadiense solo se convierte en un instrumento de poder cuando puede ser extraído, transformado, transportado y comercializado en condiciones competitivas y políticamente sostenibles.
Japón y Corea del Sur ocupan, desde esta perspectiva, una posición particularmente importante. Ambas economías avanzadas poseen capacidades industriales y tecnológicas considerables, mantienen estrechas relaciones con Estados Unidos y buscan simultáneamente asegurar sus suministros de energía, minerales críticos y productos agrícolas. Para Ottawa, constituyen por tanto socios privilegiados dentro de una estrategia de diversificación que no se basa en una ruptura con Washington, sino en la multiplicación de asociaciones con economías que poseen capacidades financieras, industriales y tecnológicas complementarias a las de Canadá. El aumento de las exportaciones de gas natural licuado, el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos, las tecnologías limpias, las baterías y las infraestructuras energéticas podrían contribuir así a insertar de manera más duradera a Canadá en las cadenas de valor asiáticas.
La India representa una perspectiva diferente. Su peso demográfico, su crecimiento económico y el aumento de sus necesidades energéticas e industriales hacen de ella un mercado cuya importancia podría crecer considerablemente durante las próximas décadas. Canadá dispone de varios activos susceptibles de responder a esta demanda, especialmente en los sectores de la energía, la agricultura, los minerales, la educación y las tecnologías. Sin embargo, el potencial comercial sigue siendo inferior a lo que podrían sugerir las complementariedades económicas entre ambos países. Los obstáculos arancelarios y regulatorios, las dificultades logísticas y las divergencias políticas han impedido hasta ahora el establecimiento de una relación económica acorde con el potencial de ambas economías. Una estrategia canadiense creíble hacia la India debería, por tanto, superar la lógica de las misiones comerciales puntuales y buscar la construcción progresiva de una relación institucional más previsible.
La ASEAN constituye otro espacio de crecimiento particularmente atractivo. Las diez economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático presentan trayectorias de desarrollo diferentes, pero comparten una dinámica general de integración económica, urbanización y ascenso industrial. Para Canadá, esta región ofrece oportunidades en los recursos naturales, la agroindustria, las tecnologías limpias, las infraestructuras, los servicios, la educación y la formación. El desafío será, sin embargo, construir una presencia económica suficientemente duradera para que las empresas canadienses no permanezcan confinadas a mercados de nicho. El verdadero objetivo debería ser la inserción progresiva de Canadá en las cadenas de valor regionales, especialmente en aquellos sectores en los que su experiencia tecnológica y sus recursos puedan complementar las capacidades industriales asiáticas.
China constituye naturalmente el expediente más delicado de esta estrategia. Su peso económico, su importancia en las cadenas de suministro mundiales y su considerable demanda de recursos canadienses hacen de ella un socio que Canadá no puede ignorar. Pero esta relación ya no puede concebirse únicamente en términos comerciales. La competencia estratégica entre Washington y Pekín, las cuestiones relacionadas con las tecnologías sensibles, la seguridad económica, las infraestructuras críticas y la resiliencia de las cadenas de suministro imponen a Ottawa un enfoque mucho más prudente. Canadá debe poder comerciar con China cuando sus intereses económicos lo justifiquen, evitando al mismo tiempo sustituir una dependencia estratégica por otra. La diversificación no consiste precisamente en trasladar la vulnerabilidad canadiense de Estados Unidos a China, sino en multiplicar las opciones de manera que ningún socio pueda ejercer una presión excesiva sobre la economía nacional.
Esta cuestión conduce directamente al problema de las cadenas de suministro. La pandemia de COVID-19, las tensiones comerciales entre las grandes potencias y las sucesivas perturbaciones de los flujos internacionales demostraron que una economía moderna puede ser vulnerable incluso cuando dispone de un elevado nivel de riqueza y capacidades tecnológicas. Los semiconductores, los productos farmacéuticos, las baterías, los minerales críticos y determinados equipos industriales se han convertido en sectores en los que la seguridad económica y la seguridad nacional se confunden cada vez más. Canadá posee aquí una posibilidad estratégica considerable: en lugar de buscar únicamente aumentar sus exportaciones de materias primas, podría utilizar sus recursos, su capital humano y su acceso a los mercados occidentales para atraer inversiones y desarrollar capacidades industriales situadas en el corazón de las cadenas de valor de nueva generación.
La dimensión marítima es igualmente determinante. Canadá posee tres fachadas oceánicas y una fachada pacífica que constituye su principal puerta de acceso a Asia. Sin embargo, la existencia de un acceso geográfico no garantiza automáticamente una capacidad comercial. Puertos, terminales, ferrocarriles, infraestructuras energéticas, capacidades de almacenamiento y conexiones con las redes industriales deben funcionar como un sistema integrado. El desarrollo del corredor pacífico canadiense se convierte así en una cuestión de poder económico tanto como en una cuestión de infraestructura. Cuanto más capaz sea Ottawa de transportar eficazmente sus recursos y productos transformados hacia los mercados asiáticos, más dejará su estrategia de diversificación de ser una declaración de intenciones para convertirse en una realidad geoeconómica.
La seguridad marítima adquiere en este contexto una importancia creciente. Las grandes rutas comerciales del Pacífico y del océano Índico constituyen arterias esenciales del comercio mundial, mientras que varios puntos de paso estratégicos pueden convertirse en factores de vulnerabilidad durante una crisis. Para Canadá, una presencia más intensa en el Indo-Pacífico no significa que deba aspirar a convertirse en una potencia militar regional comparable con Estados Unidos, China o Japón. Significa, más bien, que debe ser capaz de proteger sus intereses, contribuir a la vigilancia marítima, participar en mecanismos de seguridad colectiva y mantener la libertad de navegación en las rutas de las que depende una parte creciente de su comercio exterior. La estrategia indo-pacífica canadiense debe, por tanto, concebirse como una combinación de diplomacia, comercio, infraestructuras y seguridad, y no como una simple política de apertura hacia nuevos mercados.
El potencial de los recursos canadienses constituye, finalmente, el vínculo entre la estrategia económica y la estrategia geopolítica. Los minerales críticos, el uranio, los productos agrícolas, el gas natural, la hidroelectricidad y determinadas tecnologías limpias pueden responder a necesidades estructurales de las economías asiáticas. Pero esta demanda solo se convertirá en una verdadera ventaja canadiense si Ottawa consigue controlar en mayor medida la cadena de valor, desde la extracción hasta la transformación y la exportación. El verdadero poder no reside únicamente en la posesión de los recursos, sino en la capacidad de determinar dónde se transforman, qué empresas participan, bajo qué condiciones y para qué mercados. Precisamente en este terreno se juega la transición de Canadá desde una economía principalmente exportadora de recursos hacia una potencia geoeconómica capaz de utilizar sus recursos para construir influencia.
La cuestión de si Canadá puede convertirse en una potencia indo-pacífica debe, por tanto, ser reformulada. No se trata de que Ottawa compita con las grandes potencias militares, demográficas o económicas de la región. Una ambición semejante sería desproporcionada con respecto a sus capacidades. Se trata más bien de convertirse en una potencia media indispensable en determinados sectores estratégicos, capaz de proporcionar recursos esenciales, participar en las cadenas de valor tecnológicas, contribuir a la estabilidad marítima y disponer de suficientes asociaciones para dejar de depender excesivamente de un solo mercado. Desde esta perspectiva, el Indo-Pacífico no constituye una alternativa a América del Norte, sino el segundo pilar de una arquitectura canadiense de poder más diversificada.
La conclusión de esta parte es, por tanto, menos espectacular que un proyecto de ruptura con Estados Unidos, pero mucho más estratégica. Canadá no conquistará su autonomía abandonando una esfera de influencia para entrar en otra. La conquistará aumentando progresivamente el número de socios con los que puede comerciar, invertir, innovar y cooperar. El Indo-Pacífico representa, en este sentido, un horizonte esencial, pero su desarrollo exige una visión de varias décadas, infraestructuras adecuadas, una diplomacia económica permanente, una política industrial coherente y una mayor capacidad para proteger los intereses canadienses. La diversificación asiática no será rápida. Sin embargo, debe comenzar ahora si Ottawa quiere que, durante la década de 2030, la geografía económica de Canadá esté menos exclusivamente orientada hacia el sur.
EL ÁRTICO: EL GRAN ACTIVO GEOPOLÍTICO CANADIENSE
El Ártico constituye uno de los principales activos geopolíticos de Canadá en el siglo XXI, no solo porque el país posee allí un territorio inmenso y una considerable fachada marítima, sino sobre todo porque las transformaciones climáticas, tecnológicas y estratégicas de la región están modificando progresivamente su valor dentro del orden internacional. Durante décadas, el Ártico fue considerado una periferia fría, alejada de los principales centros económicos y políticos del planeta. Esa percepción pertenece ahora al pasado. El calentamiento climático está transformando las condiciones de acceso a la región, las rivalidades entre las potencias se hacen más visibles, los recursos naturales suscitan un interés creciente y las rutas marítimas podrían, con el tiempo, modificar algunos equilibrios del comercio mundial. Para Canadá, el Ártico ya no constituye únicamente una cuestión de soberanía territorial o de defensa del Gran Norte; se convierte en una cuestión de poder, seguridad económica, diplomacia e identidad nacional.
El despertar geopolítico del Ártico debe, sin embargo, analizarse con prudencia. La disminución de la cobertura de hielo no significa que la región vaya a convertirse rápidamente en una nueva autopista marítima mundial. Las condiciones climáticas siguen siendo extremadamente difíciles, las infraestructuras son limitadas, los costes operativos continúan siendo elevados y los riesgos ambientales son considerables. El Paso del Noroeste, que atraviesa el archipiélago ártico canadiense, podría adquirir mayor importancia a medida que evolucionen las condiciones de navegación, pero todavía no constituye un sustituto inmediato de las principales rutas marítimas internacionales. Su valor estratégico reside menos en una apertura comercial automática que en la posibilidad que representa para el futuro. Canadá debe, por tanto, prepararse para un cambio progresivo en el valor geopolítico de su territorio, en lugar de apostar por una transformación instantánea de los flujos mundiales.
Esta evolución coloca la relación canadiense-estadounidense en el centro de la cuestión ártica. Canadá considera el Paso del Noroeste parte de sus aguas interiores y afirma así su soberanía sobre este espacio marítimo. Estados Unidos, así como otras potencias marítimas, mantienen una interpretación diferente del estatuto jurídico de determinadas rutas del archipiélago, que consideran sometidas al régimen internacional de los estrechos. Esta divergencia sigue siendo gestionable mientras el tráfico permanezca limitado, pero podría adquirir una nueva importancia si el aumento de la navegación comercial, científica o militar incrementara la utilización del paso. La paradoja resulta especialmente reveladora de la relación canadiense con Washington: Estados Unidos constituye simultáneamente el principal socio de seguridad de Canadá en el Ártico y una de las potencias con las que Ottawa debe defender una concepción particular de su soberanía marítima.
El NORAD ilustra perfectamente esta interdependencia. La defensa aérea y la vigilancia del espacio norteamericano se apoyan desde hace décadas en una estrecha cooperación entre Canadá y Estados Unidos. Esta arquitectura constituye una ventaja considerable para Ottawa, porque le permite beneficiarse de capacidades tecnológicas y militares que serían difíciles de mantener por sí solo. Pero también revela una asimetría fundamental: la soberanía canadiense en el Ártico no puede ser plenamente creíble sin capacidades nacionales suficientes de vigilancia, movilidad, inteligencia e intervención. La autonomía estratégica no significa necesariamente el fin de la cooperación con Washington. Significa que Canadá debe ser capaz de contribuir más a la defensa de su propio territorio para que la cooperación con Estados Unidos se base cada vez más en una capacidad canadiense reforzada y no en una dependencia estructural.
Rusia representa otra dimensión de esta transformación. Posee la mayor fachada ártica del mundo y ha invertido considerablemente en infraestructuras militares, energéticas y marítimas de su extremo norte. Desde la invasión de Ucrania, el deterioro de las relaciones entre Moscú y los países occidentales ha modificado profundamente el contexto estratégico del Ártico. La región, durante mucho tiempo presentada como un espacio privilegiado de cooperación científica y medioambiental, está ahora más marcada por una lógica de competencia estratégica. Para Ottawa, esta evolución significa que la vigilancia del territorio, la protección de las infraestructuras, el conocimiento del dominio marítimo y la capacidad de mantener una presencia permanente en el Gran Norte se convierten en elementos esenciales de la política de defensa.
Groenlandia ocupa en esta nueva geografía un lugar particular. Territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, posee una posición estratégica excepcional entre América del Norte, el Atlántico Norte y el Ártico. Sus posibles recursos minerales, su proximidad a las rutas marítimas septentrionales y su posición geográfica explican el creciente interés que despierta entre las grandes potencias. Para Canadá, el fortalecimiento de las relaciones con Groenlandia y Dinamarca podría constituir un elemento importante de una estrategia ártica ampliada. La cooperación en investigación, vigilancia marítima, infraestructuras, medio ambiente y desarrollo sostenible podría contribuir a crear un espacio nórdico en el que los intereses de las potencias medias árticas estuvieran mejor coordinados.
Los recursos naturales constituyen, evidentemente, otra dimensión fundamental de la geoeconomía ártica. El Ártico canadiense posee considerables recursos energéticos y minerales, incluidos yacimientos de minerales esenciales para las tecnologías modernas. Pero la presencia de recursos no debe confundirse con su explotación económicamente viable. Las distancias, el clima, la ausencia de infraestructuras, los costes energéticos, las restricciones medioambientales y las dificultades logísticas hacen que la explotación sea mucho más compleja que en las regiones meridionales del país. El verdadero desafío estratégico consiste, por tanto, en determinar qué recursos pueden desarrollarse de manera económica, social y ambientalmente sostenible, y bajo qué condiciones su explotación podría fortalecer la seguridad económica canadiense en lugar de crear nuevas dependencias.
Los minerales críticos podrían ocupar un lugar particularmente importante en esta ecuación. La transición energética mundial y la competencia tecnológica están aumentando la demanda de diversos recursos indispensables para las baterías, las redes eléctricas, las tecnologías digitales y los equipos de defensa. Si Canadá consigue desarrollar determinados recursos árticos al tiempo que construye capacidades nacionales de transformación, podría convertir una parte de su territorio septentrional en un eslabón estratégico de las cadenas de valor occidentales. Pero, una vez más, la exportación de minerales en bruto no sería suficiente. Una verdadera estrategia de poder debería buscar desarrollar simultáneamente la extracción, la transformación, la logística, la investigación y las asociaciones industriales para que el valor creado por estos recursos permanezca, en la medida de lo posible, dentro de la economía canadiense.
La cuestión de las infraestructuras es, por tanto, central. Un territorio tan vasto no puede ser soberano en el sentido estratégico del término si el Estado no dispone de los medios materiales para mantener una presencia duradera en él. Puertos de aguas profundas, aeródromos, redes de comunicación, capacidades satelitales, sistemas de vigilancia, infraestructuras energéticas, rompehielos, medios de investigación y equipos de emergencia son elementos que determinan la capacidad real de Canadá para ejercer sus responsabilidades en el Gran Norte. El Ártico impone así una concepción particular de la soberanía: poseer jurídicamente un territorio no basta; es necesario poder desplazarse por él, comunicarse, prestar asistencia a sus poblaciones, vigilar las actividades e intervenir cuando las circunstancias lo exijan.
Esta soberanía no puede, sin embargo, concebirse al margen de los pueblos indígenas. Las comunidades inuit, cree, dene y otros pueblos indígenas del Norte no son simples poblaciones que viven en una región sobre la cual Ottawa ejercería una autoridad administrativa. Son actores políticos, económicos y culturales esenciales del desarrollo ártico, titulares de derechos reconocidos por la Constitución y por diversos acuerdos territoriales. Una estrategia ártica verdaderamente sostenible deberá, por tanto, integrar sus conocimientos, prioridades y participación en las decisiones relativas a los recursos, las infraestructuras, la seguridad y la protección del medio ambiente. La soberanía canadiense en el Ártico será tanto más sólida cuanto más legítima sea percibida por quienes viven allí de manera permanente.
El medio ambiente constituye precisamente uno de los principales límites de cualquier estrategia basada en la explotación del potencial ártico. El cambio climático crea nuevas posibilidades económicas al tiempo que debilita los ecosistemas y las comunidades que dependen directamente de su estabilidad. La apertura progresiva de determinadas rutas marítimas aumenta los riesgos de contaminación, accidentes y perturbación de los hábitats. La explotación de hidrocarburos y minerales plantea cuestiones especialmente sensibles en entornos donde las capacidades de respuesta ante catástrofes siguen siendo limitadas. Canadá tendrá, por tanto, que equilibrar dos imperativos que pueden parecer contradictorios: convertir la evolución del Ártico en una ventaja estratégica evitando al mismo tiempo que dicha transformación destruya las condiciones ambientales de las que depende la viabilidad de la región.
El Ártico puede convertirse así en un instrumento de diversificación económica, pero solo si Ottawa lo integra en una estrategia geoeconómica más amplia. Los recursos septentrionales podrían contribuir a alimentar nuevas cadenas de suministro hacia Europa y el Indo-Pacífico. Las infraestructuras árticas podrían fortalecer las capacidades canadienses de transporte y vigilancia. Las asociaciones con los países nórdicos podrían aumentar la capacidad diplomática de Canadá. Las inversiones militares y civiles podrían reforzar la soberanía territorial y, al mismo tiempo, crear capacidades tecnológicas utilizables en otros ámbitos de la economía. El Ártico no debe, por tanto, considerarse un territorio aislado, sino una interfaz entre América del Norte, Europa y Asia.
Precisamente esto le confiere una importancia particular en el debate sobre la autonomía estratégica canadiense. Canadá nunca podrá modificar su geografía ni reducir fundamentalmente la proximidad de Estados Unidos. Pero sí puede explotar mejor las dimensiones de su geografía que durante mucho tiempo han sido infravaloradas. Su apertura simultánea al Atlántico, al Pacífico y al Ártico constituye una configuración excepcional entre las potencias medias. El Ártico puede contribuir a transformar esta configuración en una ventaja estratégica al proporcionar a Canadá una profundidad septentrional que conecta sus intereses continentales con los del Atlántico Norte y el sistema indo-pacífico.
El Ártico, sin embargo, no será automáticamente el multiplicador de poder de Canadá. Puede llegar a serlo si Ottawa acepta invertir durante varias décadas en infraestructuras, defensa, investigación científica, diplomacia nórdica, comunidades indígenas y cadenas de valor vinculadas a los recursos estratégicos. También puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad si Canadá permite que otras potencias desarrollen las infraestructuras, tecnologías y capacidades que determinarán las reglas del Gran Norte.
El desafío fundamental va, por tanto, más allá de la cuestión de si el Ártico se convertirá en una nueva frontera económica. Consiste en determinar quién tendrá la capacidad de establecer las condiciones de circulación, explotación, seguridad y cooperación durante las próximas décadas. Para Canadá, la respuesta no puede ser únicamente militar. Debe ser económica, diplomática, científica, ambiental y humana. El Ártico podría convertirse en uno de los principales multiplicadores de poder del país en el siglo XXI, pero solo si Canadá deja de considerarlo una periferia nacional y comienza a tratarlo como uno de los centros de su estrategia de poder.
LA ARQUITECTURA OPERATIVA: TRANSFORMAR LA DOCTRINA EN PODER
La doctrina de la autonomía interdependiente solo puede adquirir una verdadera dimensión histórica si deja de ser una construcción intelectual para convertirse en una arquitectura operativa. Canadá ya posee los principales elementos que podrían sustentar una transformación de esta naturaleza: un territorio inmenso, considerables recursos energéticos y minerales, una economía desarrollada, instituciones relativamente sólidas, una población altamente cualificada, una capacidad científica reconocida, una posición geográfica excepcional y una red de alianzas entre las más importantes del mundo occidental. El problema, por tanto, no es la ausencia de ventajas. Reside en su dispersión, en la coordinación insuficiente entre los distintos niveles de gobierno y en la falta de una jerarquía suficientemente clara entre los sectores ordinarios de la economía y aquellos que deben considerarse estratégicos. La verdadera ambición de una política canadiense de poder debería consistir precisamente en transformar esta acumulación de ventajas en un sistema coherente de capacidades nacionales.
La primera exigencia de una transformación semejante sería la creación de un marco nacional permanente de resiliencia estratégica. Canadá ya no puede abordar por separado el comercio, la energía, la defensa, las infraestructuras, las tecnologías, los recursos naturales y la diplomacia económica. Estos ámbitos son ahora interdependientes. Una decisión adoptada en un sector puede producir consecuencias importantes en muchos otros. Un nuevo corredor energético puede modificar la política comercial; una capacidad industrial puede reforzar la defensa; una infraestructura portuaria puede transformar la diplomacia energética; una política científica puede reducir una dependencia tecnológica; una mayor presencia en el Ártico puede modificar simultáneamente los equilibrios militares, económicos y diplomáticos. Ottawa debería, por tanto, disponer de una capacidad permanente que permita evaluar las vulnerabilidades del país desde un enfoque integral y no sectorial.
Esta estructura no tendría necesariamente que adoptar la forma de una nueva administración pesada. Podría funcionar como un mecanismo de coordinación estratégica que reuniera al Gobierno federal, las provincias, los territorios, las comunidades indígenas, las empresas estratégicas, las instituciones financieras, las universidades y los centros de investigación. Su función sería definir las dependencias críticas de Canadá, identificar las capacidades que deben protegerse o desarrollarse y evaluar periódicamente los progresos realizados. El país necesitaría así un verdadero panel nacional de poder, que midiera no solo el crecimiento económico o las exportaciones, sino también la diversificación de los mercados, la capacidad industrial, la seguridad energética, la resiliencia logística, la soberanía digital, las capacidades militares, la presencia ártica y la profundidad diplomática.
Esta lógica implica asimismo superar una cultura política dominada por los ciclos electorales. Una infraestructura estratégica no se construye en cuatro años. Una capacidad militar no se desarrolla durante una sola legislatura. Una industria tecnológica no se vuelve competitiva en unos pocos presupuestos. Una cadena de valor minera requiere a menudo años antes de producir sus primeros efectos. Una política de poder debe, por tanto, concebirse a lo largo de varias décadas, aunque debe ser suficientemente concreta para producir resultados mensurables a corto y medio plazo. Canadá debería establecer así una primera secuencia de transformación para el período 2026–2030, destinada a reducir las vulnerabilidades más urgentes; una segunda fase, aproximadamente entre 2030 y 2035, dedicada a la consolidación industrial y tecnológica; y posteriormente una fase de madurez estratégica durante la década siguiente.
La primera prioridad operativa debería ser la diversificación de las infraestructuras comerciales. Canadá nunca podrá reducir su vulnerabilidad frente a Estados Unidos si su red física continúa favoreciendo masivamente los flujos norte-sur. Los puertos del Pacífico, las infraestructuras atlánticas, el San Lorenzo, los corredores ferroviarios, las terminales energéticas, las interconexiones eléctricas y las infraestructuras árticas deben considerarse elementos de un mismo sistema nacional. La diversificación de los mercados no puede ser únicamente diplomática. Debe ser logística. Las empresas canadienses deben disponer realmente de varias puertas de entrada y salida hacia el mundo.
Esta política de corredores debería convertirse también en un instrumento de cohesión federal. Alberta y Saskatchewan disponen de importantes recursos energéticos y minerales; Ontario concentra una parte esencial de la capacidad industrial; Quebec posee importantes ventajas en hidroelectricidad, industria aeroespacial, tecnologías avanzadas y diversos sectores estratégicos; Columbia Británica constituye una puerta natural hacia el Pacífico; las provincias atlánticas pueden desempeñar un papel creciente en las relaciones transatlánticas; y los territorios representan la profundidad estratégica del Ártico. El verdadero desafío, por tanto, no consiste en elegir qué región debe beneficiarse de una estrategia nacional, sino en construir una arquitectura en la que las ventajas de cada una refuercen las de las demás.
La segunda prioridad sería la soberanía de las cadenas de valor. Canadá posee los recursos necesarios para varias industrias estratégicas, pero la posesión de un recurso constituye únicamente un primer nivel de poder. El valor estratégico aumenta considerablemente cuando el país controla también una parte de su extracción, transformación, refinado, fabricación e integración industrial. Esta lógica debe aplicarse al litio, el níquel, el cobalto, el uranio, el cobre y otros minerales críticos, pero también a la energía, los materiales avanzados y determinadas tecnologías. Canadá debe avanzar progresivamente desde una lógica de exportación de recursos hacia una lógica de construcción de cadenas de valor.
Esta transformación no significa que todos los recursos deban transformarse íntegramente en Canadá. Una ambición semejante sería económicamente ineficiente en determinados sectores. Se trata más bien de identificar las etapas de la cadena que poseen un valor estratégico particular y para las cuales una dependencia exterior excesiva podría resultar peligrosa. Canadá debe determinar dónde se encuentran los puntos de vulnerabilidad y concentrar sus inversiones en ellos. La política industrial debe ser, por tanto, selectiva, estratégica y evaluada en función de la resiliencia que aporta al país.
La tercera prioridad se refiere a la energía como instrumento de poder. Canadá posee una característica extraordinaria: puede seguir siendo un importante productor de hidrocarburos, desarrollar masivamente la electricidad descarbonizada, reforzar su producción de uranio, invertir en hidrógeno y apoyar nuevas tecnologías energéticas. Esta diversidad debería considerarse una fortaleza y no una contradicción. Ottawa debería procurar construir una cartera energética suficientemente diversificada para que el país pueda seguir siendo competitivo bajo diferentes escenarios internacionales. Los ingresos generados por los sectores energéticos actuales podrían contribuir a financiar las infraestructuras y tecnologías del futuro, mientras que las nuevas capacidades podrían incrementar progresivamente la resiliencia y la competitividad del país.
Esta estrategia energética tendría también una dimensión diplomática. Canadá podría convertirse en un proveedor estratégico de varias regiones sin reducir su papel central en el abastecimiento norteamericano. Europa podría constituir un importante mercado energético; el Indo-Pacífico podría convertirse en un espacio de crecimiento a más largo plazo; y Estados Unidos seguiría siendo el principal socio regional. Esta diversificación fortalecería paradójicamente la relación con Washington, porque un Canadá dotado de múltiples destinos de exportación sería un socio más sólido y menos vulnerable a las presiones comerciales.
La cuarta prioridad debería ser la defensa de la soberanía territorial y digital. Canadá no puede pretender una autonomía estratégica creíble si no dispone de los medios necesarios para conocer y proteger su propio territorio. El Ártico constituye aquí el principal desafío. La vigilancia marítima y aérea, los satélites, los radares, las comunicaciones seguras, las infraestructuras de transporte, las capacidades de reacción rápida y la presencia permanente en el Norte deben desarrollarse como elementos de un mismo sistema. La soberanía ártica debe ser simultáneamente militar, científica, económica, demográfica y humana.
La ciberseguridad debe integrarse en esta misma arquitectura. Las infraestructuras energéticas, las redes financieras, las telecomunicaciones, las administraciones públicas, los hospitales y los sistemas industriales se han convertido en elementos fundamentales de la soberanía nacional. Un ataque digital de gran magnitud podría producir efectos económicos y sociales considerables sin que un solo soldado cruzara la frontera. Canadá debe, por tanto, considerar la protección de sus infraestructuras digitales como una función de defensa nacional de pleno derecho.
La quinta prioridad es la soberanía tecnológica selectiva. Canadá no podrá competir con Estados Unidos o China en todos los sectores. Debe elegir. La inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas, la industria aeroespacial, las biotecnologías, las tecnologías limpias, los materiales avanzados, la ciberseguridad, las tecnologías espaciales y determinadas aplicaciones de defensa podrían constituir los ámbitos en los que el país procure construir capacidades particularmente sólidas. El objetivo no sería cerrar el mercado canadiense a las tecnologías extranjeras, sino garantizar que determinadas funciones esenciales permanezcan disponibles en Canadá incluso durante una crisis.
La cuestión de los datos se vuelve aquí fundamental. La inteligencia artificial, los sistemas financieros, los servicios públicos y las infraestructuras críticas dependen cada vez más de los datos. La soberanía digital no significa que todos los datos deban aislarse del resto del mundo. Significa que Canadá debe ser capaz de proteger sus datos estratégicos, controlar sus infraestructuras críticas y conservar una capacidad nacional suficiente en las tecnologías esenciales. Una potencia media que no controle ninguna parte de su infraestructura digital corre el riesgo de volverse dependiente incluso cuando siga siendo económicamente próspera.
La sexta prioridad se refiere a la productividad y al capital humano. Una estrategia de poder no puede financiarse de manera sostenible mediante el endeudamiento o la explotación de los recursos naturales por sí solos. Requiere una economía capaz de generar más valor con los mismos recursos. La educación, la formación profesional, la investigación, la automatización, la digitalización, la inversión privada y la capacidad de las empresas para alcanzar una escala internacional se convierten, por tanto, en instrumentos geopolíticos. La productividad debe considerarse un componente de la seguridad nacional porque determina directamente la capacidad del país para financiar su defensa, sus infraestructuras y sus políticas sociales.
La inmigración puede contribuir a esta dinámica, pero solo si va acompañada de una política mucho más ambiciosa de integración económica. Una población más numerosa puede crear un mercado interno más amplio, reforzar la base de competencias y multiplicar las redes económicas internacionales. Pero también puede generar tensiones si las infraestructuras, la vivienda, el transporte, los servicios públicos y las capacidades de formación no evolucionan al mismo ritmo. El poder demográfico no es, por tanto, una simple cuestión de volumen. Depende de la capacidad del país para transformar el crecimiento demográfico en productividad, innovación y cohesión social.
La séptima prioridad es, finalmente, la diplomacia de potencia media. Canadá debe aprovechar su capacidad particular para estar presente simultáneamente en varios espacios. Nunca será el centro del sistema internacional, pero puede convertirse en un actor de conexión entre distintos centros de poder. América del Norte, Europa, el Indo-Pacífico y el Ártico deberían considerarse los cuatro grandes espacios de su estrategia exterior. Esta diplomacia debe estar respaldada por instrumentos económicos, energéticos, científicos y militares. Canadá ya no debe limitarse a buscar respeto; debe procurar convertirse en un socio útil en suficientes ámbitos como para que su influencia resulte difícil de eludir.
Esta arquitectura operativa conduce necesariamente a una conclusión: el poder canadiense deberá construirse como un sistema. Las infraestructuras sostienen el comercio; el comercio financia la industria; la industria sostiene la defensa; la defensa protege las infraestructuras; la investigación alimenta la tecnología; la tecnología refuerza la productividad; la productividad financia al Estado; la diplomacia abre mercados; los mercados otorgan valor geopolítico a los recursos; y la cohesión federal permite que todo el conjunto funcione. Ninguno de estos elementos puede mantenerse de forma sostenible aislado de los demás.
Canadá no debe buscar una sucesión de victorias sectoriales. Debe buscar un efecto sistémico. Un nuevo puerto no basta. Una nueva mina no basta. Unos cuantos miles de millones adicionales para la defensa no bastan. Un nuevo tratado comercial no basta. Una estrategia de poder aparece cuando estas inversiones se refuerzan mutuamente y crean progresivamente algo más importante que la suma de sus partes: una capacidad nacional de elección.
Es precisamente en esta etapa cuando la cuestión financiera y política se vuelve ineludible. La estrategia propuesta representa inversiones considerables, exige continuidad a través de varios gobiernos y supone una cooperación entre Ottawa y las provincias que nunca podrá darse por garantizada. Canadá debe responder ahora a una pregunta mucho más difícil: ¿cuánto costará esta transformación, quién la financiará, durante qué período, con qué prioridades y con qué mayoría política podrá sobrevivir?
LA DEFENSA CANADIENSE: ¿SE PUEDE SER SOBERANO SIN PODER MILITAR?
La defensa constituye probablemente el punto en el que la contradicción entre la ambición de autonomía de Canadá y su dependencia de Estados Unidos aparece con mayor claridad. Un Estado puede disponer de una economía importante, recursos naturales excepcionales, una diplomacia reconocida y una influencia considerable en las organizaciones internacionales; sin embargo, seguirá limitado en su autonomía estratégica si no posee los medios militares necesarios para proteger su territorio, vigilar sus espacios marítimos y aéreos, defender sus infraestructuras críticas e intervenir cuando sus intereses fundamentales estén amenazados. Canadá se encuentra precisamente en esta situación. Su poder económico le permite desempeñar un papel significativo en el sistema internacional, pero sus capacidades militares siguen siendo insuficientes en relación con la extensión de su territorio, sus tres fachadas oceánicas, su entorno ártico y la evolución de las amenazas contemporáneas. La cuestión, por tanto, no consiste en determinar si Canadá debe convertirse en una potencia militar comparable a Estados Unidos, China o Rusia, una ambición irrealista e innecesaria, sino si puede llegar a ser militarmente lo bastante fuerte como para que su autonomía económica y diplomática descanse sobre una capacidad real de protección y disuasión. La respuesta aparece cada vez con mayor claridad: una estrategia canadiense de soberanía económica que no vaya acompañada de un fortalecimiento sustancial de la defensa seguiría siendo incompleta.
La pertenencia a la OTAN y al NORAD permitió durante mucho tiempo a Canadá resolver esta contradicción a un coste relativamente bajo. La Alianza Atlántica le proporciona un marco de seguridad colectiva que multiplica su capacidad militar, mientras que el NORAD constituye el núcleo de la defensa continental junto con Estados Unidos. Esta arquitectura ha sido extraordinariamente eficaz durante décadas, pero descansaba sobre una hipótesis que se ha vuelto menos confortable: la de una convergencia duradera de los intereses estratégicos entre Ottawa y Washington. Si Estados Unidos se convierte progresivamente en un socio más transaccional, Canadá ya no puede considerar su protección como una infraestructura estratégica automática. La cuestión del gasto militar deja, por tanto, de ser únicamente presupuestaria o una respuesta a las exigencias de la OTAN; se convierte en una cuestión de soberanía. Un Canadá que desea diversificar sus intercambios, proteger sus recursos y afirmar en mayor medida su autonomía debe ser también capaz de vigilar su territorio, defender sus infraestructuras y respaldar sus posiciones diplomáticas mediante capacidades creíbles. El objetivo de la OTAN en materia de gasto de defensa debe situarse así dentro de una reflexión más amplia: no se trata simplemente de satisfacer a Washington o Bruselas, sino de reconstruir los instrumentos materiales del poder canadiense.
La dependencia respecto de Estados Unidos resulta particularmente visible en la defensa del espacio aéreo y continental. El NORAD sigue siendo indispensable para la vigilancia de América del Norte, la alerta temprana y la coordinación de la defensa aeroespacial. La modernización de esta arquitectura representa, por tanto, tanto una necesidad como una oportunidad para Canadá. Debe permitir a Ottawa aumentar su contribución, sus capacidades de vigilancia y su capacidad de decisión, en lugar de limitarse a prolongar una asimetría en la que Estados Unidos dispone de medios incomparablemente superiores. La cuestión es especialmente importante en el Ártico, donde la inmensidad del territorio, la evolución de las rutas marítimas, la creciente presencia de potencias militares y las nuevas tecnologías de vigilancia hacen indispensable una capacidad canadiense permanente. La soberanía ártica no puede descansar únicamente en una reivindicación jurídica o en la presencia ocasional de las fuerzas armadas; debe estar respaldada por radares, satélites, aeronaves, buques, infraestructuras, comunicaciones seguras y una presencia humana duradera. Desde esta perspectiva, el Ártico se convierte en el laboratorio en el que Canadá podría transformar una vulnerabilidad histórica en una capacidad estratégica.
La misma lógica se aplica al poder marítimo. Canadá posee una de las fachadas marítimas más extensas del mundo y controla espacios que proporcionan acceso al Atlántico, al Pacífico y al Ártico. Sin embargo, sus capacidades navales siguen siendo desproporcionadas respecto de esta geografía. La modernización de la flota, la renovación de las capacidades de vigilancia y patrulla y el desarrollo de medios capaces de operar en entornos árticos difíciles constituyen inversiones tanto de soberanía como de defensa. No se trata necesariamente de construir una marina de proyección mundial, sino de disponer de una capacidad suficiente para controlar los accesos marítimos canadienses, proteger las infraestructuras energéticas y portuarias, apoyar las operaciones aliadas y demostrar que los espacios reivindicados por Canadá no son simplemente territorios proclamados jurídicamente, sino espacios efectivamente vigilados y defendidos. El poder marítimo queda así directamente vinculado a la geoeconomía estudiada en las partes anteriores: los puertos, los corredores energéticos, las rutas comerciales y los recursos offshore no pueden convertirse en instrumentos de diversificación si el Estado carece de los medios para protegerlos.
La dependencia canadiense no se limita, sin embargo, a las plataformas militares. También afecta a la inteligencia, las comunicaciones, la logística, las capacidades espaciales, la ciberdefensa y las tecnologías avanzadas. La pertenencia a la red Five Eyes proporciona a Canadá una ventaja considerable en materia de inteligencia, pero también genera simultáneamente una forma de dependencia respecto de las capacidades estadounidenses. En el ámbito cibernético, esta cuestión adquiere una importancia todavía mayor: las infraestructuras críticas, las redes energéticas, las instituciones financieras, las administraciones públicas y los sistemas de comunicación constituyen actualmente objetivos potenciales en los conflictos contemporáneos. La soberanía del siglo XXI ya no se mide únicamente por el número de soldados o buques. También depende de la capacidad para producir y controlar las tecnologías, los datos, los satélites, los sistemas de comunicación y las infraestructuras digitales necesarias para la defensa nacional. El desarrollo de una verdadera base industrial y tecnológica de defensa debería considerarse, por tanto, un componente de la política industrial canadiense y no simplemente un gasto militar.
Esta dimensión industrial es fundamental porque la autonomía militar absoluta es imposible para un país de la dimensión de Canadá, pero una dependencia excesiva tampoco resulta aceptable. El verdadero objetivo debería ser una autonomía estratégica selectiva: producir o dominar en Canadá las capacidades cuya interrupción podría comprometer la soberanía nacional, mientras se continúa adquiriendo de los aliados aquellos equipos para los cuales una producción doméstica sería económicamente ineficiente. La industria aeroespacial, los drones, los satélites, los sistemas de comunicación segura, la ciberseguridad, las tecnologías navales, los sensores, las municiones y determinados componentes de las cadenas de valor militares podrían convertirse así en sectores prioritarios. Una política de este tipo tendría además una dimensión económica: las inversiones en defensa pueden impulsar la innovación, desarrollar competencias altamente cualificadas y crear cadenas industriales capaces de atender simultáneamente los mercados militares y civiles. La defensa dejaría entonces de ser únicamente una partida presupuestaria para convertirse también en un instrumento de política industrial y tecnológica.
El problema sigue siendo político. Un aumento sustancial del gasto militar entra inevitablemente en competencia con las prioridades sociales, sanitarias, educativas y medioambientales de un país que dispone de recursos presupuestarios limitados. El debate no puede reducirse, por tanto, a la oposición simplista entre «gastar más» y «preservar el gasto social». La verdadera cuestión consiste en determinar cuál es el nivel de poder militar necesario para proteger el propio modelo económico y social canadiense. Si la ausencia de capacidades suficientes expone al país a presiones externas, a la pérdida de control sobre sus infraestructuras o a una dependencia creciente de un socio extranjero, el ahorro a corto plazo puede generar un coste estratégico mucho mayor a largo plazo. La defensa debe concebirse, por tanto, como un seguro nacional, pero también como una inversión en la capacidad de decisión del Estado.
El paradoja canadiense aparece entonces en toda su magnitud: el país desea disponer de mayor libertad de maniobra frente a Washington y, al mismo tiempo, sigue dependiendo profundamente de Washington para una parte esencial de su seguridad. Esta contradicción no podrá resolverse mediante una ruptura con Estados Unidos, que sería irrealista y contraria a los intereses fundamentales de Canadá. Deberá resolverse mediante una transformación progresiva de la relación: pasar de una dependencia asimétrica a una interdependencia mejor equilibrada. Canadá debe seguir trabajando con Estados Unidos en el marco del NORAD, la OTAN y Five Eyes, pero debe ser capaz de contribuir más, decidir más y, en determinados ámbitos críticos, actuar sin esperar las capacidades estadounidenses. Esta capacidad de acción autónoma es la que otorgará un contenido real al concepto de autonomía interdependiente desarrollado en este dossier.
Canadá no puede convertirse en una potencia económica más autónoma sin convertirse también en una potencia militar más creíble. No necesita ni tiene interés en convertirse en una superpotencia militar. Debe, más bien, convertirse en una potencia media capaz de defender su territorio, sus espacios marítimos y árticos, sus infraestructuras críticas, sus recursos y sus intereses exteriores con un grado suficiente de autonomía para que sus decisiones económicas y diplomáticas no estén constantemente condicionadas por el poder militar estadounidense. La soberanía canadiense no significa independencia respecto de Estados Unidos; significa la capacidad de elegir cuándo cooperar, cuándo negociar y, cuando sea necesario, cuándo resistir. Pero esta libertad de elección solo existe realmente cuando está respaldada por instrumentos de poder. La autonomía económica, la soberanía energética, la diversificación comercial y el poder militar no son, por tanto, cuatro estrategias distintas: constituyen las cuatro dimensiones de una misma arquitectura del poder canadiense.
EL CANADÁ TECNOLÓGICO: LA SOBERANÍA EN LA ERA DE LOS DATOS, LA IA Y LAS TECNOLOGÍAS CRÍTICAS
La tecnología se ha convertido en uno de los principales ámbitos de la soberanía nacional. Para Canadá, esta cuestión reviste una importancia particular porque el país posee simultáneamente un considerable capital científico y una fuerte dependencia de ecosistemas tecnológicos extranjeros, principalmente estadounidenses. La inteligencia artificial, los semiconductores, las infraestructuras digitales, las telecomunicaciones, los datos, la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas y las biotecnologías ya no son simples sectores económicos entre otros: se han convertido en infraestructuras de poder. Quien controla las tecnologías críticas controla una parte creciente de la productividad, la innovación, la seguridad, la información y, en última instancia, de la capacidad de acción estratégica de un Estado. La cuestión canadiense ya no consiste únicamente en saber si el país puede convertirse en una economía tecnológica de alto rendimiento, sino en determinar si puede evitar que su excelencia científica se transforme en dependencia industrial y estratégica.
La inteligencia artificial constituye probablemente el mejor ejemplo de esta contradicción. Durante las últimas décadas, Canadá ha construido un ecosistema científico de primer nivel, especialmente en torno a Montreal, Toronto y Edmonton, con instituciones de investigación reconocidas internacionalmente y una importante reserva de investigadores e ingenieros. Esta ventaja constituye un verdadero activo de soberanía. Pero la excelencia científica por sí sola no basta para crear una potencia tecnológica completa. Canadá sigue enfrentándose a dificultades relacionadas con la comercialización, la financiación a gran escala, el acceso a infraestructuras de computación y la capacidad de hacer surgir empresas capaces de competir a nivel mundial. Una parte importante del valor creado por los investigadores canadienses puede ser captada por empresas extranjeras o por plataformas tecnológicas extranjeras. La paradoja es profunda: Canadá puede producir algunas de las mejores mentes del mundo y, al mismo tiempo, permitir que una parte del valor económico, de los datos y de la propiedad intelectual asociados a esas capacidades sea captada fuera del país. La verdadera soberanía tecnológica no consiste, por tanto, únicamente en inventar; consiste en inventar, financiar, industrializar, proteger y comercializar.
Los semiconductores representan una vulnerabilidad aún más fundamental. Se encuentran en el centro de la industria automotriz, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, los equipos militares, los sistemas energéticos y prácticamente todas las infraestructuras digitales modernas. Canadá, sin embargo, no posee una capacidad industrial comparable a la de los principales polos mundiales de producción. Las perturbaciones de las cadenas de suministro observadas desde la pandemia demostraron que el acceso a los componentes electrónicos podía convertirse rápidamente en una cuestión de seguridad económica. Para Ottawa, el desafío no consiste necesariamente en reproducir las capacidades industriales de Taiwán, Corea del Sur o Estados Unidos, lo que sería económicamente irrealista, sino en identificar los segmentos críticos en los que una capacidad nacional o norteamericana reforzada resultaría indispensable. Canadá podría concentrar sus esfuerzos particularmente en la investigación, los materiales avanzados, determinados componentes especializados, las tecnologías cuánticas, los sistemas de defensa y las aplicaciones industriales, en lugar de intentar construir una autonomía absoluta en toda la cadena mundial de los semiconductores.
La cuestión de los datos está aún más directamente vinculada a la soberanía. Una economía moderna produce permanentemente enormes volúmenes de datos personales, comerciales, financieros, científicos y gubernamentales. Cuando estos datos son almacenados, procesados o analizados mediante infraestructuras extranjeras, su protección depende no solo del derecho canadiense, sino también de la jurisdicción y de las capacidades técnicas de los países donde se encuentran dichas infraestructuras. El predominio de las grandes plataformas estadounidenses en la computación en la nube, los motores de búsqueda, las redes sociales, la publicidad digital y el software profesional crea así una forma de dependencia que no se parece a la dependencia comercial tradicional. Un país puede conservar su soberanía jurídica y, al mismo tiempo, convertirse materialmente dependiente de tecnologías que no controla. Es precisamente esta distinción entre soberanía jurídica y soberanía funcional la que debe situarse en el centro de la reflexión estratégica canadiense.
La ciberseguridad transforma esta dependencia en un problema de seguridad nacional. Las infraestructuras energéticas, las redes de transporte, los hospitales, los bancos, las administraciones públicas y los sistemas industriales están ahora expuestos a ataques capaces de producir consecuencias económicas y políticas considerables. Canadá posee capacidades importantes en materia de ciberseguridad y se beneficia de su pertenencia a la red Five Eyes, pero esta cooperación constituye al mismo tiempo una ventaja y una dependencia. El intercambio de inteligencia refuerza considerablemente la seguridad canadiense, pero también significa que determinadas capacidades críticas dependen de socios que disponen de recursos superiores. El objetivo realista no debería ser la autarquía cibernética, sino la capacidad de funcionar y resistir incluso cuando el acceso a determinados recursos extranjeros se vea perturbado. Una verdadera resiliencia digital exige infraestructuras redundantes, capacidades nacionales de cifrado y almacenamiento, competencias humanas, instituciones de seguridad sólidas y una industria canadiense suficientemente desarrollada para responder a las crisis.
Las telecomunicaciones constituyen otro ámbito en el que la soberanía canadiense debe abordarse con prudencia. Las redes 5G y las infraestructuras de comunicación no son simples equipos comerciales: constituyen el sistema nervioso de la economía digital. Las decisiones canadienses relativas a los proveedores extranjeros han demostrado hasta qué punto las cuestiones tecnológicas pueden convertirse rápidamente en cuestiones geopolíticas. La rivalidad entre Estados Unidos y China ha transformado la elección de un proveedor de telecomunicaciones en una decisión estratégica. Canadá debe evitar, por tanto, dos errores opuestos: creer que una autonomía tecnológica total es posible en un mundo interdependiente, o considerar que la dependencia de un único proveedor o de una sola potencia carece de consecuencias. La estrategia más sólida consiste en diversificar los proveedores, reforzar las capacidades nacionales en los segmentos críticos y conservar suficiente control sobre las infraestructuras esenciales para evitar que una decisión extranjera pueda paralizar una parte de la economía canadiense.
Las tecnologías cuánticas representan, por el contrario, una posibilidad de poder futuro. Canadá dispone en este ámbito de un ecosistema científico reconocido y podría aprovechar su experiencia académica e industrial para posicionarse en determinados nichos estratégicos. La computación cuántica, los sensores cuánticos, las comunicaciones seguras y los materiales avanzados podrían transformar tanto los sectores civiles como los militares. Pero esta oportunidad ilustra una regla fundamental de la política tecnológica: la ventaja científica solo se convierte en una ventaja geopolítica cuando se transforma en capacidad industrial. Canadá debe evitar, por tanto, reproducir un modelo en el que la investigación sea financiada y reconocida internacionalmente mientras las empresas capaces de transformar esa investigación en productos mundiales surgen en otros lugares.
Las biotecnologías, las tecnologías médicas, los materiales avanzados y las tecnologías limpias ofrecen posibilidades comparables. Canadá posee universidades de alto nivel, una fuerza laboral altamente cualificada, abundantes recursos naturales y un sistema financiero capaz de apoyar determinadas industrias innovadoras. Sin embargo, la dificultad recurrente sigue siendo el paso de la investigación a la escala industrial. Canadá ha logrado a menudo crear innovaciones, pero con menor frecuencia ha conseguido conservar en su territorio las empresas que las comercializan a gran escala. Esta debilidad remite a una cuestión más amplia relacionada con la financiación y la propiedad del capital. Una estrategia de soberanía tecnológica debería integrar, por tanto, no solo la investigación pública, sino también el capital de riesgo, las adquisiciones públicas, los incentivos fiscales, la protección de la propiedad intelectual, las infraestructuras de computación y los mecanismos que permitan a las empresas canadienses crecer sin ser sistemáticamente absorbidas por competidores extranjeros.
Esta cuestión conduce directamente al problema de la dependencia tecnológica estadounidense. Canadá no puede separarse del ecosistema tecnológico estadounidense sin asumir costes considerables. La proximidad geográfica, la integración de los mercados de capitales, la movilidad de los talentos y el poder de las empresas estadounidenses hacen que una separación semejante sea irrealista. Pero aceptar esta interdependencia no significa aceptar una dependencia ilimitada. El verdadero objetivo debería ser pasar de una dependencia asimétrica a una interdependencia estratégica. Esto significa conservar las ventajas de la integración norteamericana y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades propias suficientes para que Canadá pueda negociar, resistir o reorientar sus asociaciones cuando sus intereses fundamentales estén en juego.
Esta distinción es esencial para comprender la doctrina de la autonomía interdependiente que atraviesa todo este dossier. La autonomía no significa aislamiento. Significa capacidad de elección. Un Canadá verdaderamente soberano en el ámbito tecnológico no necesitaría producir por sí mismo cada procesador, cada programa informático o cada infraestructura digital. Debería disponer de capacidades nacionales críticas en determinados sectores, de socios diversificados en otros y de una capacidad financiera, científica y regulatoria suficiente para impedir que una perturbación externa se transforme en una parálisis nacional. La soberanía tecnológica canadiense sería, por tanto, menos una fortaleza que una red de capacidades, asociaciones y redundancias.
La cuestión fundamental no es, por tanto, saber si Canadá puede convertirse en un nuevo Silicon Valley o competir industrialmente con Estados Unidos y China. Probablemente no puede, y tampoco sería necesariamente necesario. La verdadera cuestión consiste en determinar si puede identificar las tecnologías de las que dependerán su seguridad, su prosperidad y su libertad de decisión durante las próximas décadas, y posteriormente invertir lo suficiente para no perder jamás por completo el control de esos ámbitos. Esto exige una política industrial mucho más estratégica, una mejor articulación entre universidades, empresas y Estado, una movilización del capital canadiense, una política migratoria capaz de atraer y retener talento, así como un uso mucho más ambicioso de las compras públicas como instrumento de desarrollo tecnológico.
Canadá no debe buscar una autonomía tecnológica absoluta, sino una autonomía tecnológica crítica. En un mundo en el que los datos, los algoritmos, los semiconductores, las redes, los sistemas cuánticos y las biotecnologías se convierten en instrumentos de poder, un Estado que no controla ningún eslabón esencial de estas cadenas se vuelve progresivamente dependiente de quienes las controlan. El desafío canadiense no consiste, por tanto, en salir de la interdependencia mundial, sino en participar en ella con suficientes capacidades propias para que la interdependencia siga siendo una elección y nunca se convierta en subordinación. Es precisamente en este nivel donde la tecnología deja de ser una simple cuestión de innovación y se convierte en una cuestión de soberanía nacional, seguridad y poder.
LA BATALLA POR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA
La energía constituye probablemente el ámbito en el que la cuestión de la soberanía canadiense aparece con mayor claridad. La paradoja es notable: Canadá figura entre los grandes productores mundiales de energía, posee importantes reservas de petróleo y gas natural, cuenta con una reconocida experiencia nuclear, genera una cantidad excepcional de energía hidroeléctrica y desarrolla rápidamente sus capacidades en energías renovables, pero sigue dependiendo estructuralmente de un sistema de infraestructuras y mercados organizado históricamente en torno a Estados Unidos. La cuestión energética no puede, por tanto, reducirse a la producción. Concierne a la capacidad de Canadá para controlar las rutas de sus recursos, elegir sus mercados, transformar una mayor parte de su producción en territorio nacional y utilizar su potencial energético como instrumento de poder económico y diplomático. En el contexto actual, la soberanía energética no significa autarquía. Significa disponer de varias opciones, varios corredores y varios socios, de modo que ningún mercado extranjero pueda transformar una relación de interdependencia en una relación de dependencia.
El petróleo sigue estando en el centro de esta ecuación. Los recursos canadienses son considerables, particularmente los de las arenas bituminosas de Alberta, que representan una parte importante de las reservas mundiales de petróleo técnicamente recuperables. Sin embargo, la abundancia del recurso no ha ido acompañada de una diversificación equivalente de los mercados. Durante décadas, la arquitectura energética canadiense se construyó principalmente sobre un eje norte-sur que conectaba a los productores del oeste con las refinerías y los mercados estadounidenses. Esta orientación proporcionó a Canadá un acceso excepcionalmente estable a su principal cliente, pero también creó una vulnerabilidad estratégica: cuando un país vende la mayor parte de un recurso estratégico a un único mercado, su poder teórico puede ser considerablemente superior a su poder real. Canadá produce, pero su capacidad para elegir dónde vender sigue siendo más limitada de lo que parece. El desarrollo del oleoducto Trans Mountain ha modificado precisamente esta ecuación al proporcionar a los productores del oeste un mayor acceso a la costa del Pacífico y, por tanto, a los mercados asiáticos. La cuestión supera así la rentabilidad de un oleoducto; se refiere a la posibilidad de que Canadá transforme un recurso nacional en un verdadero instrumento de soberanía económica.
El gas natural revela una situación comparable, pero con una dimensión geopolítica aún más visible. Durante mucho tiempo, la orientación casi exclusiva de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos limitó la capacidad del país para participar directamente en los grandes mercados mundiales del gas. La entrada progresiva en producción de LNG Canada en la costa de Columbia Británica representa, a este respecto, una evolución importante, ya que permite a Canadá acceder directamente a los mercados asiáticos. Esta apertura no debe interpretarse, sin embargo, como un simple desplazamiento geográfico de las exportaciones. Puede constituir el inicio de una transformación estructural del papel energético de Canadá, siempre que el país continúe invirtiendo en infraestructuras portuarias, ferroviarias, gasísticas y energéticas y desarrolle una política coherente a largo plazo. El contexto internacional refuerza esta necesidad. Europa busca diversificar sus suministros energéticos, mientras varias economías asiáticas buscan garantizar sus importaciones de gas natural. Canadá dispone, por tanto, de una ventana estratégica, pero esta ventana solo permanecerá abierta si el país es capaz de transformar rápidamente sus ventajas geológicas en capacidades logísticas e industriales.
La energía hidroeléctrica constituye probablemente uno de los activos más subestimados del poder canadiense. Quebec, Columbia Británica y Manitoba poseen una considerable capacidad hidroeléctrica y ya exportan electricidad a Estados Unidos. Esta situación crea una paradoja adicional: un recurso que refuerza la posición energética de Canadá puede simultáneamente aumentar su dependencia cuando se vende principalmente al mercado estadounidense. La verdadera cuestión estratégica no es, por tanto, saber si Canadá debe exportar más electricidad, sino cómo puede utilizar su ventaja hidroeléctrica para desarrollar una base industrial más competitiva, apoyar la electrificación, atraer inversiones y crear mayor valor en su territorio. La energía limpia puede convertirse en mucho más que un producto de exportación. Puede constituir la base de una política industrial capaz de atraer industrias intensivas en energía, apoyar las tecnologías limpias y reforzar la competitividad canadiense en un mundo donde el acceso a una electricidad abundante, fiable y relativamente descarbonizada se está convirtiendo en una ventaja geoeconómica por derecho propio.
La energía nuclear representa otro instrumento de poder. Canadá posee una larga experiencia en el ámbito nuclear civil, particularmente gracias a la tecnología CANDU, y sigue siendo un actor importante de la producción mundial de uranio. Saskatchewan alberga algunas de las minas de uranio más grandes y productivas del mundo. Esta posición proporciona a Canadá una capacidad de influencia que supera ampliamente el valor comercial de la materia prima. En un contexto marcado por la búsqueda de fuentes energéticas estables, el esfuerzo por reducir las emisiones de carbono y el renovado interés por la energía nuclear, el uranio canadiense puede convertirse en un importante activo diplomático. El verdadero desafío será, sin embargo, no limitarse a exportar recursos brutos. Cuanto más capaz sea Canadá de conservar en su territorio una parte significativa de la investigación, la transformación, las tecnologías nucleares y los servicios asociados, más podrá convertir su ventaja energética en poder industrial.
El hidrógeno y las energías renovables abren otra dimensión de esta transformación. Canadá dispone de importantes recursos hídricos, un considerable potencial eólico, una extraordinaria capacidad hidroeléctrica y una experiencia científica capaz de apoyar el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. El hidrógeno podría crear, en particular, nuevos vínculos con Europa y determinados mercados asiáticos. Pero aquí también se impone la prudencia estratégica. Una tecnología prometedora no se convierte automáticamente en una industria competitiva. Se necesitan infraestructuras, capital, mercados, normas compatibles y una capacidad industrial suficiente para pasar de la investigación a la producción a gran escala. La transición energética no debe, por tanto, concebirse únicamente como una política climática. Debe entenderse como una política industrial y geopolítica capaz de transformar las mutaciones del sistema energético mundial en una ventaja canadiense.
La cuestión de las infraestructuras sigue siendo, sin embargo, el núcleo del problema. Canadá posee los recursos, pero los recursos sin corredores siguen siendo un poder teórico. Los oleoductos y gasoductos, las terminales de GNL, los puertos, las redes eléctricas, los ferrocarriles y las infraestructuras de almacenamiento constituyen el sistema circulatorio de la geoeconomía energética. Sin embargo, durante varias décadas este sistema estuvo organizado principalmente hacia el mercado estadounidense. Reorientar una parte de estos flujos hacia Europa y Asia exige inversiones considerables, decisiones regulatorias difíciles y una estrecha cooperación entre el Gobierno federal, las provincias, las comunidades indígenas y los actores privados. El desafío no es, por tanto, únicamente financiero. Es institucional. Canadá debe ser capaz de determinar colectivamente qué proyectos responden al interés nacional y cuáles no, respetando al mismo tiempo los imperativos ambientales y los derechos constitucionales.
Esta cuestión revela también la profundidad del dilema canadiense. Una parte del país considera los hidrocarburos activos estratégicos indispensables para la prosperidad nacional; otra considera que un desarrollo excesivo de estos recursos puede ralentizar la transición climática y exponer a Canadá a riesgos económicos futuros. Sin embargo, estas dos posiciones no son necesariamente incompatibles. Una estrategia realista podría consistir en utilizar los ingresos y las capacidades generados por los sectores energéticos tradicionales para financiar una transformación progresiva hacia una economía energética más diversificada. La verdadera elección no se encuentra, por tanto, entre petróleo y transición, sino entre una gestión pasiva de la transición y una estrategia nacional capaz de utilizar el poder energético actual para preparar el poder energético del futuro.
La energía se convierte así en un instrumento de diplomacia. Un Canadá capaz de suministrar petróleo, gas, electricidad, uranio, hidrógeno y tecnologías energéticas a varios socios dispondría de un margen de maniobra considerablemente mayor en sus relaciones internacionales. Europa podría convertirse en un socio energético más importante; el Indo-Pacífico podría absorber una parte creciente de las exportaciones canadienses; y Estados Unidos seguiría siendo un mercado esencial sin ser el único destino posible. Esta diversificación no implicaría en absoluto una ruptura con Washington. Simplemente modificaría la relación de dependencia al proporcionar a Canadá más opciones.
Canadá nunca podrá eliminar su proximidad económica con Estados Unidos, ni sería racional intentar hacerlo. Sin embargo, puede reducir la vulnerabilidad creada por una concentración excesiva de sus infraestructuras y exportaciones. El verdadero poder energético no consiste únicamente en poseer recursos; consiste en poder decidir dónde se transforman, cómo se transportan, hacia qué mercados se venden y qué valor industrial generan. Desde esta perspectiva, la energía deja de ser únicamente una mercancía. Se convierte en un instrumento de soberanía, diplomacia, seguridad nacional y poder económico.
CANADÁ Y LA CUESTIÓN ALIMENTARIA
La soberanía alimentaria constituye uno de los aspectos más subestimados del poder canadiense. En un mundo marcado por las perturbaciones climáticas, las guerras, las crisis logísticas, las tensiones comerciales y la creciente fragmentación de las cadenas de suministro, la capacidad de un Estado para alimentar a su población y controlar los sectores esenciales de su sistema alimentario se está convirtiendo en un elemento de seguridad nacional. Canadá posee, a este respecto, ventajas excepcionales. Su inmenso territorio agrícola, sus recursos hídricos, la productividad de sus Praderas, su desarrollado sector agroalimentario y su capacidad exportadora lo convierten en una de las grandes potencias agrícolas mundiales. Sin embargo, al igual que en el ámbito energético, este poder está parcialmente condicionado por una elevada concentración geográfica de sus mercados y por determinadas dependencias respecto de Estados Unidos.
Las Praderas constituyen el corazón de esta potencia agrícola. Manitoba, Saskatchewan y Alberta poseen vastos territorios dedicados a la producción de trigo, canola, cebada, legumbres y otros grandes cultivos que abastecen no solo al mercado canadiense, sino también a numerosos mercados extranjeros. Canadá se ha convertido así en un proveedor importante de las cadenas alimentarias mundiales. Ontario y Quebec poseen, por su parte, una agricultura más diversificada, que incluye productos lácteos, avícolas, frutas, verduras y productos derivados del arce, mientras que Columbia Británica cuenta con una importante producción hortícola. Esta diversidad constituye una fortaleza porque reduce el riesgo de que un solo sector determine la seguridad alimentaria nacional. También revela otra dimensión de la geografía canadiense: la inmensidad del territorio permite al país disponer de una combinación de recursos agrícolas que muchos Estados no pueden reproducir.
El poder agrícola canadiense no debe confundirse, sin embargo, con una autonomía alimentaria absoluta. Canadá permanece integrado en un sistema mundial de intercambios del que depende para determinados productos, insumos, tecnologías y períodos del año. Las frutas y verduras importadas, particularmente durante el invierno, constituyen un ejemplo evidente. A ello se suman los fertilizantes, los equipos agrícolas, los productos fitosanitarios, las tecnologías de producción y las capacidades de transformación. La soberanía alimentaria no consiste, por tanto, en producir absolutamente todo dentro del territorio nacional. Consiste en disponer de un nivel suficiente de capacidades nacionales y de socios suficientemente diversificados para que las perturbaciones externas no puedan comprometer de manera duradera el abastecimiento de la población.
La gestión de la oferta ocupa en esta arquitectura un lugar especialmente sensible. El sistema canadiense de cuotas y control de la producción en los sectores lácteo, avícola y de los huevos busca proteger a los productores frente a una competencia extranjera susceptible de desestabilizar los mercados nacionales. Constituye, en particular, una cuestión importante para Quebec y Ontario. Washington critica periódicamente determinadas dimensiones de este sistema y exige un mayor acceso al mercado canadiense. Para Ottawa, el problema supera la simple negociación comercial. Toda concesión adicional afecta directamente al equilibrio económico de miles de explotaciones agrícolas y se convierte, por tanto, en una cuestión política interna. La gestión de la oferta ilustra así perfectamente la dificultad de la soberanía en un Estado federal: una decisión adoptada en el marco de una negociación internacional puede producir consecuencias económicas muy diferentes según las provincias y los sectores afectados.
La dependencia del mercado estadounidense constituye, no obstante, la principal vulnerabilidad del sector agrícola canadiense. Estados Unidos representa un destino esencial para numerosos productores y empresas agroalimentarias canadienses. Esta proximidad ofrece ventajas considerables en materia de transporte, costes logísticos e integración de las cadenas de valor. Pero también genera riesgos cuando las relaciones comerciales se deterioran. Los agricultores canadienses pueden convertirse entonces en los primeros afectados por medidas arancelarias, restricciones sanitarias o decisiones políticas adoptadas en Washington. El poder agrícola de Canadá es, por tanto, paradójico: es suficientemente fuerte para ser un gran exportador mundial, pero suficientemente dependiente de determinados mercados como para seguir siendo vulnerable a su evolución política.
La diversificación de los mercados de destino se convierte, por consiguiente, en una prioridad estratégica. Europa representa un mercado importante, especialmente gracias al CETA, mientras que Japón, Corea del Sur y varias economías del Indo-Pacífico ofrecen oportunidades considerables para los cereales, las proteínas animales, los productos del mar, los productos de arce y determinadas producciones de alto valor añadido. Pero la diversificación comercial exige más que la firma de acuerdos. Requiere infraestructuras portuarias adecuadas, redes ferroviarias eficientes, cadenas de frío, capacidades de transformación y un conocimiento profundo de las normas y preferencias de los consumidores extranjeros. Canadá debe, por tanto, pasar de una lógica de exportación basada principalmente en la proximidad geográfica a una verdadera estrategia agroalimentaria mundial.
La transformación constituye precisamente uno de los desafíos más importantes. Exportar una materia prima agrícola genera determinado valor; transformar esa materia prima en territorio canadiense permite conservar una parte mucho mayor de ese valor. La transformación de cereales, proteínas, productos lácteos, madera, productos del mar y producciones agrícolas especializadas podría contribuir a reforzar la base industrial canadiense, al tiempo que crearía empleos y empresas capaces de competir internacionalmente. Esta lógica coincide con la que aparece en los sectores energético y minero: la soberanía no depende únicamente de poseer un recurso, sino de la capacidad de controlar una parte significativa de su cadena de valor.
El cambio climático añade una nueva dimensión a esta cuestión. Canadá podría beneficiarse de determinadas transformaciones de las condiciones agrícolas en las regiones septentrionales, pero también está expuesto a sequías, incendios forestales, inundaciones, olas de calor y perturbaciones de los ciclos productivos. La seguridad alimentaria canadiense dependerá, por tanto, cada vez más de la capacidad de adaptar la agricultura, desarrollar la investigación agronómica, proteger los suelos, mejorar la eficiencia hídrica y reforzar las infraestructuras de almacenamiento y transporte. La agricultura del siglo XXI no será únicamente una industria de producción; será también una industria de resiliencia.
La soberanía alimentaria posee, finalmente, una dimensión diplomática. Un país capaz de producir muy por encima de sus propias necesidades dispone de un instrumento de influencia que los Estados importadores no pueden ignorar. Canadá puede ser un importante proveedor de cereales, proteínas, productos de arce, fertilizantes y tecnologías agrícolas. En un mundo donde las crisis alimentarias pueden desestabilizar regiones enteras, esta capacidad constituye una forma de poder blando, pero sumamente concreta. La agricultura canadiense puede, por tanto, contribuir a la seguridad alimentaria internacional y, al mismo tiempo, reforzar la posición diplomática del país.
Canadá no necesita buscar una autarquía alimentaria imposible y económicamente ineficiente. Debe, más bien, construir una resiliencia alimentaria suficientemente sólida para que las crisis internacionales, las tensiones comerciales o las perturbaciones logísticas no puedan comprometer su seguridad interna. Esto exige proteger determinadas capacidades estratégicas, diversificar los mercados, invertir en transformación, reforzar las infraestructuras y apoyar la innovación agrícola. Desde esta perspectiva, la agricultura deja de ser simplemente un sector económico entre otros. Se convierte en un elemento de la seguridad nacional, un instrumento de poder comercial y un componente esencial de esa autonomía interdependiente que constituye ahora uno de los hilos conductores de la estrategia canadiense.
HACIA UNA DOCTRINA CANADIENSE DE LA AUTONOMÍA INTERDEPENDIENTE
El conjunto de análisis desarrollados desde el inicio de este dossier conduce progresivamente a una conclusión que va mucho más allá de la relación entre Canadá y Estados Unidos. El problema fundamental de Canadá no es que sea insuficientemente soberano en el sentido jurídico del término. Por el contrario, es plenamente soberano dentro del orden internacional. El problema reside en que el ejercicio concreto de esa soberanía sigue estando fuertemente condicionado por determinadas dependencias estructurales, de las cuales la más importante es, evidentemente, la extraordinaria integración con Estados Unidos. Esta dependencia no es accidental ni enteramente negativa. Ha contribuido a la prosperidad canadiense, a la seguridad del continente y a la integración de un inmenso espacio económico norteamericano. Pero se convierte en una vulnerabilidad cuando la interdependencia deja de ser equilibrada y uno de los socios posee la capacidad de transformar su superioridad económica, tecnológica, financiera o militar en un instrumento de presión política. El verdadero desafío estratégico de Canadá consiste, por tanto, en preservar los beneficios de la interdependencia reduciendo al mismo tiempo las situaciones en las que dicha interdependencia podría convertirse en una restricción. Es en este espacio donde puede formularse una doctrina canadiense de la autonomía interdependiente.
Esta doctrina no constituye ni un intento de ruptura con Washington ni una nueva forma de aislacionismo. Parte, por el contrario, de un reconocimiento realista de la geografía. Canadá y Estados Unidos seguirán siendo vecinos, sus economías continuarán profundamente entrelazadas, sus infraestructuras seguirán atravesando la frontera y su seguridad seguirá siendo ampliamente compartida. Ningún gobierno canadiense responsable podría razonablemente pretender eliminar esta realidad. Pero reconocer la interdependencia no significa aceptar la dependencia como una fatalidad. La distinción es fundamental. Una relación de interdependencia se vuelve estratégica cuando ofrece beneficios recíprocos a ambos socios; se convierte en una relación de dependencia cuando uno de ellos posee suficientes alternativas para imponer sus condiciones al otro. Por ello, el objetivo canadiense debería ser conservar una relación extremadamente estrecha con Estados Unidos mientras aumenta progresivamente el número de alternativas de las que dispone Ottawa. En otras palabras, Canadá no necesita independizarse de Washington para ser más autónomo frente a Washington.
1. Primera regla: diversificar sin desintegrar
La diversificación debe constituir el primer pilar de esta doctrina. No significa que Canadá deba tratar de reducir artificialmente sus intercambios con Estados Unidos. Dada la geografía, la proximidad de las infraestructuras, la complementariedad de las economías y la profundidad de las cadenas de valor norteamericanas, una política semejante sería costosa y probablemente contraproducente. La verdadera diversificación consiste en garantizar que la economía canadiense pueda seguir funcionando y prosperando incluso cuando un determinado mercado, proveedor o infraestructura quede temporalmente inaccesible. Esta lógica se aplica a las exportaciones, pero también a las importaciones, el capital, las tecnologías, las cadenas logísticas, la energía, las infraestructuras digitales y las asociaciones industriales. Un país resiliente no es aquel que no depende de nadie; es aquel en el que ninguna dependencia individual es suficiente para comprometer el funcionamiento general de su economía.
Esta diversificación debe ser, por tanto, tanto geográfica como sectorial. Europa, el Indo-Pacífico, América Latina, África y determinadas economías de Oriente Medio deben ser consideradas no como sustitutos de Estados Unidos, sino como componentes adicionales de una cartera estratégica canadiense. Canadá ya dispone de acuerdos comerciales, vínculos diplomáticos y redes institucionales que pueden servir de base para esta estrategia. Pero la diversificación solo podrá convertirse en una realidad si va acompañada de inversiones en puertos, ferrocarriles, corredores energéticos, infraestructuras digitales, capacidades de transformación y servicios financieros necesarios para acceder a estos mercados. Un acuerdo comercial sin capacidad logística no es más que una posibilidad jurídica; una infraestructura sin mercado no es más que una inversión inactiva. La autonomía interdependiente exige, por tanto, que comercio, infraestructura y diplomacia sean concebidos como componentes de una misma estrategia.
2. Segunda regla: transformar más para depender menos
El segundo pilar es la transformación productiva. Una de las contradicciones más persistentes de la economía canadiense reside en la abundancia de sus recursos y en la dificultad para convertir sistemáticamente esa abundancia en cadenas de valor completas. Canadá posee petróleo, gas, uranio, níquel, cobre, litio, madera, productos agrícolas, energía hidroeléctrica y un considerable potencial en materia de energías renovables. Pero poseer un recurso no basta para garantizar poder. Quien extrae sin transformar conserva solamente una parte limitada del valor creado y permanece dependiente de los actores que controlan las tecnologías, el capital, las infraestructuras y los mercados de transformación.
La doctrina de la autonomía interdependiente debería promover, por tanto, una regla sencilla: cada vez que un sector estratégico presente una posibilidad económicamente creíble de transformación en Canadá, dicha posibilidad debe considerarse una cuestión de soberanía económica. Evidentemente, esto no significa fabricar todo lo que puede producirse en otros lugares. Ese objetivo sería económicamente absurdo. Se trata más bien de identificar las etapas de producción cuya pérdida generaría una vulnerabilidad estratégica. En los minerales críticos, esto puede significar desarrollar capacidades de transformación y refinación; en la agricultura, reforzar las capacidades agroalimentarias; en la energía, desarrollar infraestructuras y determinadas industrias intensivas en energía; en la tecnología, conservar la propiedad intelectual y las capacidades de comercialización; y en la defensa, desarrollar una base industrial capaz de sostener a las fuerzas canadienses. La cuestión central pasa así a ser el control de las cadenas de valor críticas.
3. Tercera regla: construir una autonomía tecnológica crítica
Las tecnologías constituyen ahora una infraestructura de soberanía, al mismo nivel que los puertos, las redes eléctricas o las infraestructuras militares. Canadá dispone de una excelente base científica, pero su desafío consiste en impedir que su excelencia académica sea capturada sistemáticamente por ecosistemas industriales extranjeros. La autonomía tecnológica no debe concebirse, por tanto, como la producción nacional de cada componente digital. Debe definirse a partir de aquellas tecnologías cuya falta de control podría comprometer la seguridad, la productividad o la capacidad de decisión del Estado.
La inteligencia artificial, las infraestructuras de computación, los datos estratégicos, la ciberseguridad, las telecomunicaciones, las tecnologías cuánticas, los semiconductores especializados, las biotecnologías y determinadas tecnologías de defensa deberían considerarse ámbitos prioritarios. Canadá debería procurar disponer en estos sectores de una combinación de investigación pública, capital nacional, empresas nacionales, capacidades industriales y competencias humanas suficientes para evitar una dependencia total de un único ecosistema extranjero. El principio es idéntico al que debe orientar la política energética o militar: el objetivo no es la autosuficiencia, sino la capacidad de funcionar cuando la interdependencia se vea perturbada.
Esta política tecnológica debería conducir igualmente a una reflexión mucho más ambiciosa sobre el capital canadiense. Una innovación que nace en Canadá pero cuya empresa es rápidamente adquirida por un actor extranjero puede constituir un éxito comercial y, al mismo tiempo, representar una pérdida parcial de capacidad estratégica. El problema no es la inversión extranjera en sí misma, que la economía canadiense seguirá necesitando, sino la eventual ausencia de un capital nacional suficientemente profundo que permita a las empresas canadienses crecer sin verse sistemáticamente obligadas a vender. La autonomía tecnológica es, por tanto, inseparable de una política financiera, industrial y fiscal.
4. Cuarta regla: transformar la energía en poder geoeconómico
La energía constituye uno de los ámbitos en los que Canadá posee potencialmente una de sus mayores ventajas estratégicas. Pocas potencias medias disponen simultáneamente de importantes recursos de petróleo y gas, una producción hidroeléctrica excepcional, un potencial nuclear significativo, un considerable potencial eólico y recursos minerales indispensables para la transición energética. Sin embargo, esta ventaja solo genera un poder real si Canadá dispone de suficientes corredores y mercados para poder decidir cómo valorizar sus recursos.
La autonomía interdependiente debe hacer, por tanto, de la diversificación energética una prioridad nacional. El mercado estadounidense seguirá siendo esencial, pero no debería ser el único destino estratégico. Las fachadas atlántica y pacífica deben permitir a Canadá desarrollar relaciones energéticas más profundas con Europa y el Indo-Pacífico. Esta diversificación también debe abarcar las propias formas de energía. El petróleo y el gas seguirán siendo importantes durante un período considerable, pero la hidroelectricidad, la energía nuclear, la electricidad renovable, el hidrógeno, las tecnologías de almacenamiento y las redes eléctricas deberán complementar progresivamente esta base.
El objetivo último sería transformar a Canadá en una potencia energética multivectorial: un país capaz de producir múltiples formas de energía, transformarlas, exportarlas hacia diversos mercados y utilizar esta capacidad como instrumento industrial y diplomático. La transición energética no debería, por tanto, concebirse únicamente como una política de reducción de emisiones. También debería entenderse como una competencia internacional por las infraestructuras, las tecnologías, los capitales y los mercados energéticos del siglo XXI.
5. Quinta regla: convertir la seguridad alimentaria en una capacidad estratégica
La soberanía alimentaria debe integrarse en la misma arquitectura. Canadá posee una capacidad agrícola excepcional, pero debe evitar que su papel como gran exportador oculte determinadas vulnerabilidades internas. Una estrategia de resiliencia alimentaria debería identificar los insumos, infraestructuras, tecnologías y capacidades de transformación cuya interrupción podría afectar seriamente al abastecimiento nacional.
La diversificación de los mercados agrícolas constituye igualmente un imperativo. Canadá debe poder vender más a Europa y al Indo-Pacífico, al tiempo que conserva el acceso al mercado estadounidense. Pero la cuestión no consiste únicamente en vender más. Se trata de transformar una mayor parte de la producción agrícola dentro del país, desarrollar cadenas de frío, capacidades de almacenamiento e infraestructuras portuarias, y fortalecer la investigación agronómica para hacer que el sistema alimentario canadiense sea más resiliente frente al cambio climático.
La agricultura podría convertirse así en un instrumento de poder comparable a la energía. En un mundo marcado por las sequías, los conflictos, las perturbaciones logísticas y el crecimiento demográfico, los grandes exportadores de alimentos dispondrán de un capital estratégico cada vez mayor. Canadá posee ese capital. Ahora debe aprender a utilizarlo como instrumento de poder económico y diplomático.
6. Sexta regla: hacer de la defensa un seguro de soberanía
Ninguna doctrina de autonomía puede ser creíble sin capacidad militar. Canadá no tiene ni interés ni posibilidad de convertirse en una superpotencia militar. Pero debe disponer de fuerzas suficientemente robustas para defender su territorio, vigilar su espacio aéreo y marítimo, proteger el Ártico, asegurar sus infraestructuras y contribuir eficazmente a la defensa colectiva.
La modernización militar debe evaluarse, por tanto, no solo en función de las cantidades gastadas, sino sobre todo de las capacidades realmente disponibles. Los grandes presupuestos no producen automáticamente poder militar. Se necesitan personal capacitado, equipos operativos, infraestructuras, reservas, capacidades de inteligencia, sistemas espaciales, medios cibernéticos y una industria capaz de garantizar el mantenimiento y la renovación de los equipos.
La doctrina debería orientarse, por tanto, hacia una autonomía militar selectiva. Canadá seguirá dependiendo de sus aliados para determinadas capacidades extremadamente costosas o especializadas, pero debe ser capaz de asumir por sí mismo un número creciente de funciones esenciales. El Ártico, la vigilancia marítima, la ciberdefensa, la inteligencia, las comunicaciones seguras, las infraestructuras militares y determinadas capacidades aéreas y navales deberían figurar entre las prioridades.
7. Séptima regla: considerar el Ártico como un centro y no como una periferia
El Ártico podría convertirse en el principal escenario en el que se pondrá a prueba la credibilidad de la nueva estrategia canadiense. La región concentra simultáneamente cuestiones territoriales, energéticas, medioambientales, militares, comerciales y diplomáticas. La reducción de la capa de hielo está transformando progresivamente las condiciones de acceso a los espacios septentrionales, mientras que las tecnologías de vigilancia y las ambiciones de las grandes potencias aumentan el valor estratégico de la región.
Canadá debe desarrollar, por tanto, una presencia ártica permanente que combine infraestructuras civiles y militares, comunicaciones, investigación científica, vigilancia, transporte, capacidades aéreas y navales, y una estrecha cooperación con los pueblos indígenas del Norte. La soberanía ártica no puede ser simplemente declaratoria. Debe ser vivida, administrada, vigilada y defendida.
Esta política debe incorporar también el desarrollo económico del Norte. Una región que carece de infraestructuras, viviendas, servicios, conectividad y actividades económicas sostenibles no puede constituir una base sólida de soberanía. El desarrollo del Norte debe ser, por tanto, simultáneamente una política social, económica, medioambiental y estratégica.
8. Octava regla: utilizar la diplomacia como multiplicador de poder
La diplomacia canadiense debe concebirse como un multiplicador de capacidades y no como un sustituto de ellas. Canadá posee una importante tradición diplomática, una reputación internacional y un acceso privilegiado a numerosos foros multilaterales. También posee una identidad particular en los espacios anglófono, francófono, norteamericano e indo-pacífico. Esta pluralidad constituye una ventaja.
Quebec puede desempeñar aquí un papel particular gracias a sus redes francófonas y europeas; las provincias occidentales pueden contribuir a la diplomacia energética y agrícola; Ontario puede reforzar los vínculos industriales y tecnológicos; y Columbia Británica puede desempeñar un papel mayor en el Indo-Pacífico. Una política exterior canadiense verdaderamente estratégica debería ser capaz de movilizar la diversidad del país sin crear una competencia permanente entre Ottawa y las provincias.
El poder diplomático de Canadá podría apoyarse así en una arquitectura multinivel: poder federal, diplomacia provincial coordinada, redes universitarias, diáspora, empresas, instituciones culturales y sociedad civil. La diversidad interna de Canadá podría convertirse en un recurso diplomático en lugar de ser una fuente de fragmentación.
9. Novena regla: reconstruir un pacto federal estratégico
La autonomía interdependiente solo podrá funcionar si se convierte también en un proyecto de cohesión nacional. Los recursos energéticos se encuentran principalmente en determinadas provincias; las capacidades hidroeléctricas, en otras; las industrias manufactureras, en el centro del país; las infraestructuras portuarias, en varias fachadas; los recursos minerales, en numerosas regiones; las capacidades tecnológicas, en los grandes centros urbanos; y la agricultura, en las Praderas y determinadas regiones del Este. Ningún gobierno provincial puede construir por sí solo una estrategia completa de soberanía.
El federalismo canadiense debe evolucionar, por tanto, hacia una lógica de coordinación estratégica. Ottawa debe ser capaz de definir los intereses nacionales esenciales, mientras que las provincias deben disponer de una capacidad real para contribuir a su realización. Los desacuerdos continuarán existiendo, especialmente en materia de energía, medio ambiente, inmigración o infraestructuras. Pero estos desacuerdos deben integrarse en una arquitectura de negociación capaz de distinguir las divergencias normales de política pública de las cuestiones que afectan realmente a la seguridad nacional y a la soberanía económica.
Desde esta perspectiva, Quebec no constituye una excepción al proyecto canadiense, sino uno de sus elementos constitutivos. Su identidad nacional, su peso económico, su energía hidroeléctrica, sus capacidades tecnológicas y su presencia en la Francofonía pueden contribuir directamente a una estrategia nacional de diversificación. Alberta y Saskatchewan pueden desempeñar un papel fundamental en energía y minerales; Ontario, en industria y tecnología; Columbia Británica, en las relaciones con el Indo-Pacífico; y las provincias atlánticas, en los corredores marítimos y energéticos. La soberanía canadiense debe concebirse, por tanto, como la suma de capacidades territoriales coordinadas.
10. Hacia una arquitectura canadiense de resiliencia
Estas diferentes dimensiones permiten finalmente formular una arquitectura estratégica coherente. Canadá debería buscar construir simultáneamente varias formas de resiliencia: comercial, energética, alimentaria, tecnológica, militar, financiera, industrial, digital e institucional. Ninguna de estas dimensiones es suficiente por sí sola. Juntas crean una capacidad de resistencia que transforma la propia naturaleza de la interdependencia.
Un país se vuelve difícil de coaccionar cuando posee múltiples proveedores, múltiples mercados, múltiples corredores, múltiples fuentes de energía, múltiples socios diplomáticos y múltiples capacidades nacionales de producción. No se vuelve invulnerable. Ningún Estado lo es. Pero el coste de la coerción aumenta para quien intenta ejercer presión. Precisamente este aumento del coste de la coerción constituye uno de los objetivos esenciales de la autonomía estratégica.
La doctrina canadiense debería basarse, por tanto, en un principio de redundancia estratégica. Cada dependencia crítica debería, cuando sea económicamente posible, disponer de una alternativa. Cada corredor esencial debería complementarse con otra ruta. Cada sector estratégico debería contar con varios proveedores. Cada tecnología crítica debería disponer al menos de una capacidad nacional o aliada fiable. Cada mercado esencial debería complementarse con otros destinos. Esta lógica es costosa, pero representa el precio de la resiliencia.
11. El verdadero objetivo: aumentar la libertad de decisión
La autonomía interdependiente puede resumirse finalmente mediante una fórmula sencilla: la soberanía es la capacidad de elegir. Un Estado no se vuelve soberano porque rechace toda dependencia. Se vuelve soberano cuando ninguna dependencia particular le priva de la posibilidad de elegir.
Canadá no podrá elegir vivir sin Estados Unidos. Tampoco podrá ignorar a China, Europa, el Indo-Pacífico, los mercados mundiales o las alianzas militares que estructuran su entorno. Pero sí puede elegir la manera en que entra en estas relaciones. Puede decidir desarrollar más sus infraestructuras. Puede diversificar sus mercados. Puede fortalecer su industria. Puede conservar una mayor parte de su propiedad intelectual. Puede producir determinadas tecnologías críticas. Puede aumentar sus capacidades militares. Puede transformar sus recursos naturales. Puede fortalecer sus asociaciones con Europa y el Indo-Pacífico. Puede utilizar su energía y su agricultura como instrumentos de poder. Finalmente, puede transformar su federalismo en una red de capacidades complementarias.
La doctrina de la autonomía interdependiente no es, por tanto, una doctrina de separación. Es una doctrina de capacidad. No pretende hacer a Canadá independiente del mundo, sino impedir que su apertura al mundo se convierta en una vulnerabilidad permanente. No busca sustituir a Estados Unidos, sino garantizar que Estados Unidos deje de ser el único socio capaz de proporcionar a Canadá los medios esenciales para su prosperidad y su seguridad.
Esta distinción constituye probablemente una de las enseñanzas más importantes de todo este dossier. Durante gran parte de su historia contemporánea, Canadá se benefició de un entorno en el que la proximidad estadounidense podía considerarse casi exclusivamente una ventaja. El nuevo entorno internacional exige un enfoque más matizado. Washington seguirá siendo indispensable en numerosos ámbitos, pero su potencial imprevisibilidad obliga a Canadá a construir márgenes de seguridad adicionales. Europa se convierte en un socio estratégico; el Indo-Pacífico, en un espacio de diversificación; el Ártico, en un escenario central; la tecnología, en una infraestructura de soberanía; la energía y los minerales, en instrumentos de poder; la agricultura, en un activo geopolítico; y la defensa, nuevamente, en un componente esencial de la autonomía nacional.
Canadá entra así en una nueva fase de su historia estratégica. Ya no se trata de elegir entre América y el resto del mundo. Se trata de construir un Canadá suficientemente poderoso, resiliente y diversificado para pertenecer plenamente a América del Norte y, al mismo tiempo, desarrollar una capacidad de acción mucho más amplia a escala mundial.
La autonomía interdependiente podría convertirse así en la doctrina que permita a Canadá resolver su contradicción fundamental: permanecer profundamente integrado con Estados Unidos sin quedar estratégicamente cautivo de esa integración. Su finalidad última no es ni la ruptura, ni la autarquía, ni la confrontación. Es la libertad de decisión.
Y esa libertad no le será concedida a Canadá por su estatus, su historia o su reputación. Tendrá que construirse mediante la producción, la innovación, la energía, la defensa, la tecnología, la diplomacia, las infraestructuras, la cohesión federal y la capacidad de transformar sus recursos en poder. Canadá no debe, por tanto, buscar independizarse del mundo. Debe hacerse lo suficientemente fuerte para que su interdependencia con el mundo siga siendo una elección.
DE LA DOCTRINA A LA ACCIÓN: LA ARQUITECTURA OPERATIVA DE UNA NUEVA ESTRATEGIA CANADIENSE
Una doctrina estratégica solo se convierte en una política de poder cuando puede traducirse en decisiones, instituciones, inversiones, calendarios e indicadores de resultados. Canadá posee hoy suficientes recursos, competencias y alianzas para construir una estrategia de autonomía interdependiente, pero ninguna transformación de esta magnitud puede llevarse a cabo mediante una sucesión de medidas aisladas. El verdadero desafío consiste en crear una arquitectura operativa capaz de conectar los diferentes instrumentos estudiados en este dossier: comercio, infraestructuras, energía, recursos naturales, defensa, tecnología, finanzas, diplomacia, inmigración, mercado interno y cohesión federal. La cuestión ya no consiste solamente en saber qué debería hacer Canadá, sino cómo podría organizar su acción para que las decisiones adoptadas hoy produzcan una transformación acumulativa durante diez, quince o veinte años.
La primera exigencia sería establecer una estrategia nacional de poder y resiliencia que gozara de una continuidad superior a los ciclos electorales ordinarios. Una estrategia de este tipo no debería ser un documento simbólico elaborado por un gobierno y posteriormente sustituido por su sucesor. Debería definir un número limitado de objetivos nacionales, acompañados de indicadores públicos y calendarios precisos. La reducción de determinadas dependencias críticas, la diversificación de los mercados de exportación, el aumento de la capacidad portuaria y energética, el fortalecimiento de las capacidades árticas, la expansión de la base industrial de defensa, el crecimiento de las empresas tecnológicas canadienses y la mejora de la productividad podrían constituir objetivos mensurables. Una estrategia seria debe poder evaluarse no a partir de los discursos pronunciados por los dirigentes, sino a partir de los resultados obtenidos.
Esta arquitectura debería comenzar con un mapa nacional de las dependencias estratégicas. Canadá no puede reducir aquello que no mide. Sería necesario identificar los sectores en los que una interrupción de los suministros extranjeros podría provocar una paralización económica, tecnológica o militar significativa. Esto incluiría componentes electrónicos, determinados medicamentos y productos médicos, tecnologías digitales críticas, equipos militares, ciertas materias primas transformadas en el extranjero, infraestructuras de comunicación, equipos energéticos y cadenas logísticas esenciales. Este mapa permitiría distinguir las dependencias aceptables de las dependencias peligrosas. El objetivo no sería eliminar toda dependencia exterior, algo imposible, sino impedir que una dependencia determinada se convierta en un punto único de vulnerabilidad nacional.
El segundo instrumento sería un programa nacional de diversificación de corredores. El objetivo no debería ser simplemente construir más infraestructuras, sino crear una arquitectura logística que ofrezca a Canadá múltiples puertas de entrada y salida. Las costas del Pacífico y del Atlántico, el corredor del San Lorenzo, las infraestructuras energéticas occidentales, los puertos árticos y las redes ferroviarias deberían concebirse como componentes de un único sistema. Una arquitectura de este tipo reduciría la vulnerabilidad del país ante una perturbación en un corredor determinado y permitiría conectar con mayor eficacia a los productores canadienses con los mercados europeos e indo-pacíficos. La diversificación comercial dejaría así de ser una ambición diplomática abstracta para convertirse en una realidad física.
El tercer eje sería la creación de un pacto industrial canadiense que reuniera a Ottawa, las provincias, los territorios, las comunidades indígenas, las empresas, las universidades y los inversores institucionales. Este pacto debería definir los sectores en los que Canadá desea conservar o desarrollar una capacidad industrial significativa. Podría abarcar los minerales críticos, la energía, las baterías, la industria aeroespacial, las tecnologías cuánticas, la inteligencia artificial, las infraestructuras digitales, la ciberseguridad, las tecnologías limpias y determinadas capacidades de defensa. El objetivo no sería proteger a cada empresa canadiense, sino crear ecosistemas suficientemente sólidos para que el país pueda conservar una parte significativa del valor añadido asociado a sus recursos y a su capital científico.
La cuarta prioridad sería la seguridad energética nacional. Canadá debería disponer de una cartera energética suficientemente diversificada para responder simultáneamente a varios objetivos: seguridad interna, competitividad industrial, transición climática, exportación e influencia diplomática. Esto significa mantener y modernizar las capacidades existentes al mismo tiempo que se desarrollan nuevas tecnologías energéticas. La política energética debería concebirse no como una sucesión de decisiones sectoriales, sino como una estrategia integrada que asocie petróleo, gas, hidroelectricidad, energía nuclear, uranio, electricidad, hidrógeno y tecnologías limpias. El objetivo sería convertir a Canadá en una de las economías del mundo desarrollado con la cartera energética más diversificada y resiliente.
La quinta prioridad sería la soberanía tecnológica crítica. Canadá debería definir una lista limitada de tecnologías para las cuales una capacidad nacional mínima resulte indispensable. Esta lista podría evolucionar con el tiempo, pero probablemente debería incluir la inteligencia artificial, la ciberseguridad, determinadas infraestructuras de datos, las tecnologías cuánticas, los satélites, ciertos componentes electrónicos, las tecnologías de defensa y determinadas aplicaciones biotecnológicas. Para cada categoría, el Gobierno debería determinar qué debe producirse en Canadá, qué puede compartirse con los aliados y qué puede razonablemente importarse. Este método permitiría evitar tanto la ilusión de la autarquía como la pasividad frente a las dependencias tecnológicas.
La sexta prioridad sería la reconstrucción de las capacidades de defensa en torno a una lógica de soberanía funcional. Canadá debería ser capaz de vigilar su territorio, defender sus aproximaciones marítimas, reforzar su presencia ártica, proteger sus infraestructuras críticas y contribuir de manera creíble a la defensa continental. Esta transformación debería ir acompañada de una base industrial capaz de producir o mantener determinadas capacidades esenciales. El objetivo nunca sería reproducir el poder militar estadounidense, sino garantizar que ninguna función crítica de la soberanía canadiense dependa por completo de una decisión extranjera.
El Ártico debería constituir un programa nacional transversal. Debería reunir defensa, infraestructuras, energía, investigación científica, conectividad, desarrollo económico, transporte y desarrollo de las comunidades. La soberanía ártica no puede ser únicamente una cuestión militar. También depende de la presencia humana, de la capacidad de comunicación, del conocimiento científico del territorio y de la posibilidad de que las poblaciones del Norte participen directamente en su prosperidad. El desarrollo del Norte podría convertirse así en uno de los grandes proyectos estructurales de Canadá en el siglo XXI.
La séptima prioridad sería la culminación del mercado interno canadiense. Una estrategia de poder internacional no puede funcionar con una economía interna fragmentada. La reducción de las barreras interprovinciales, la mejora de la movilidad profesional, el reconocimiento de las cualificaciones, la circulación de mercancías y la armonización de determinadas normas deberían considerarse medidas de soberanía económica. Un mercado interno más integrado aumentaría el tamaño efectivo de las empresas canadienses y les permitiría alcanzar más fácilmente la escala necesaria para competir a nivel mundial.
La octava prioridad sería una política demográfica concebida como instrumento de poder. La inmigración debería articularse más estrechamente con las necesidades industriales, tecnológicas, científicas y regionales del país, sin reducir a las personas a una simple variable económica. Canadá debe ser capaz de atraer a los investigadores, ingenieros, empresarios, profesionales y trabajadores que necesitará su economía, al mismo tiempo que invierte suficientemente en vivienda, transporte, educación e infraestructuras para que el crecimiento demográfico refuerce realmente la capacidad productiva nacional. El poder demográfico no es solamente una cuestión de volumen; es una cuestión de productividad, integración y capital humano.
La novena prioridad sería diplomática. Canadá debería estructurar su presencia internacional en torno a varios círculos complementarios: América del Norte, Europa, Indo-Pacífico y Ártico. Estados Unidos seguiría siendo el primer círculo, no solo por razones económicas, sino también geográficas y de seguridad. Europa se convertiría en un segundo pilar económico y estratégico. El Indo-Pacífico constituiría un espacio de crecimiento, diversificación y asociaciones tecnológicas. El Ártico se convertiría en el territorio donde el poder canadiense está llamado a manifestarse con mayor visibilidad. Esta arquitectura permitiría a Canadá convertirse en una potencia de redes, en lugar de una potencia de dominación.
Dentro de esta estrategia, Quebec debería ocupar un lugar particular. Sus capacidades culturales, diplomáticas, energéticas, tecnológicas e industriales podrían convertirse en un multiplicador del poder nacional. El objetivo no sería reducir su autonomía política o cultural, sino integrar mejor sus capacidades en la estrategia internacional del país. Quebec podría desempeñar, en particular, el papel de puente entre Canadá, Europa y el espacio francófono, al tiempo que participa en las cadenas de valor energéticas y tecnológicas nacionales. El reconocimiento de esta función también podría contribuir a reducir determinadas tensiones federales al otorgar a la especificidad quebequense un valor estratégico explícito.
La cuestión financiera seguiría siendo naturalmente determinante. Una estrategia tan ambiciosa no podría financiarse únicamente mediante créditos presupuestarios anuales. Debería movilizar el ahorro institucional, los fondos de pensiones, el capital privado, las asociaciones público-privadas y las inversiones extranjeras cuando estas respondan a los intereses estratégicos del país. El Estado debería, sobre todo, crear un entorno en el que los proyectos prioritarios resulten suficientemente previsibles y rentables para atraer capital a largo plazo. La estabilidad regulatoria y la rapidez de los procedimientos se convertirían así en instrumentos de poder por derecho propio.
Finalmente, la estrategia debería incorporar un sistema nacional de escenarios y pruebas de estrés. Cada año, Ottawa debería poder responder a una serie de preguntas fundamentales: ¿qué ocurriría si Estados Unidos impusiera aranceles elevados de manera permanente? ¿Qué sucedería si una crisis geopolítica interrumpiera determinadas cadenas asiáticas? ¿Qué ocurriría si un ciberataque paralizara parte de las infraestructuras? ¿Qué sucedería si los mercados energéticos cambiaran rápidamente? ¿Qué ocurriría si una crisis ártica obligara a Canadá a aumentar bruscamente su presencia militar? ¿Qué pasaría si una tecnología crítica se volviera repentinamente inaccesible? La madurez estratégica de un Estado se mide por su capacidad para preparar las respuestas antes de que sobrevenga la crisis.
Esta arquitectura operativa, sin embargo, solo sería creíble si gozara de continuidad política. Es aquí donde la relación entre Mark Carney y Pierre Poilievre adquiere una dimensión que va mucho más allá de sus diferencias partidistas. Canadá podría necesitar combinar varias cualidades que a menudo aparecen separadas en el debate político: disciplina financiera, credibilidad internacional, capacidad de negociación, firmeza estratégica, voluntad de invertir en defensa, reducción de las dependencias críticas y una afirmación más clara de los intereses nacionales. La verdadera cuestión no es, por tanto, qué personalidad encarna por sí sola la totalidad de la estrategia, sino si el sistema político canadiense es capaz de producir un consenso suficientemente amplio para que las grandes orientaciones sobrevivan a las alternancias.
La estrategia debería evaluarse también según tres horizontes. El corto plazo debería dedicarse a reducir las vulnerabilidades más urgentes: comercio, cadenas de suministro, defensa, infraestructuras críticas y energía. El mediano plazo debería orientarse hacia la diversificación industrial, la integración del mercado interno, el desarrollo de los corredores este-oeste y la expansión de las asociaciones europeas e indo-pacíficas. El largo plazo debería buscar transformar estructuralmente la posición de Canadá: una potencia energética diversificada, una base tecnológica más autónoma, una defensa creíble, un Ártico mejor integrado, empresas nacionales de dimensión mundial y una economía menos vulnerable a una decisión tomada en Washington.
El éxito de una estrategia semejante no se mediría, por tanto, por la desaparición de la dependencia estadounidense. Esta dependencia seguirá siendo un componente permanente de la geografía canadiense. Se mediría mediante una evolución diferente: la capacidad de Canadá para disponer de alternativas suficientemente creíbles para que la dependencia deje de constituir una vulnerabilidad absoluta. El país seguiría comerciando masivamente con Estados Unidos, cooperando con él en materia de defensa y compartiendo cadenas de valor profundamente integradas. Pero, paralelamente, dispondría de capacidades energéticas, industriales, tecnológicas, financieras, militares y diplomáticas suficientes para no verse obligado a aceptar cualquier condición simplemente por carecer de alternativas.
Aquí es donde converge todo el dossier. Los recursos naturales sin infraestructuras no son suficientes. Las infraestructuras sin mercados diversificados no son suficientes. Los mercados sin capacidad industrial no son suficientes. La industria sin tecnología no es suficiente. La tecnología sin capital no es suficiente. El capital sin seguridad no es suficiente. La seguridad sin cohesión política no es suficiente. Y ninguna de estas dimensiones puede producir poder de manera duradera si no está articulada dentro de una estrategia nacional coherente.
La autonomía interdependiente aparece así menos como una política particular que como una nueva arquitectura del poder canadiense. No pide a Canadá que se independice de Estados Unidos; le pide que sea menos vulnerable al poder estadounidense. No le pide que elija entre América, Europa y el Indo-Pacífico; le pide que construya una presencia creíble en cada uno de estos espacios. No le pide que se convierta en una superpotencia; le pide que se convierta en una potencia media completa, capaz de transformar sus recursos, su territorio, su población, su capital científico, sus instituciones y sus alianzas en instrumentos coherentes de soberanía.
La verdadera ruptura estratégica sería, por tanto, menos espectacular que una declaración de independencia o una transformación constitucional. Sería mucho más profunda: el paso de un Canadá que sufre pasivamente su geografía a un Canadá que la explota estratégicamente. Su proximidad con Estados Unidos se convertiría en una ventaja y no en una vulnerabilidad absoluta; su apertura al Atlántico y al Pacífico se convertiría en un instrumento de diversificación; su Ártico se convertiría en un multiplicador de poder; Quebec se convertiría en un puente francófono y europeo; sus recursos se convertirían en instrumentos de negociación; sus tecnologías se convertirían en capacidades industriales; sus fuerzas armadas se convertirían en auténticos instrumentos de soberanía; y su sistema financiero se convertiría en una palanca de transformación nacional.
Canadá habría adquirido la capacidad de elegir los términos de su interdependencia.
Y es precisamente esta capacidad de elección la que constituye, en el mundo del siglo XXI, la definición más realista de la soberanía.
CANADÁ EN 2035: TRES ESCENARIOS PARA UNA POTENCIA ESTRATÉGICA DE ALCANCE MUNDIAL
A estas alturas del dossier, Canadá dispone ya de un diagnóstico suficientemente completo de sus vulnerabilidades, sus dependencias, sus capacidades y sus márgenes de maniobra como para que el análisis pueda avanzar hacia una etapa adicional. Después de identificar las asimetrías que estructuran su relación con Estados Unidos, examinar sus vulnerabilidades comerciales, energéticas, tecnológicas, militares, diplomáticas y territoriales, comparar su experiencia con la de otras potencias medias y definir una doctrina de «autonomía interdependiente», resulta posible plantear la pregunta más exigente: ¿en qué puede convertirse realmente Canadá durante la próxima década? La prospectiva no consiste aquí en pretender predecir el futuro. Consiste en identificar las trayectorias plausibles, medir sus consecuencias y, sobre todo, determinar qué decisiones adoptadas hoy hacen que determinados futuros sean más probables que otros. El objetivo no es, por tanto, escoger arbitrariamente entre varias imágenes del Canadá de 2035, sino comprender los mecanismos que podrían conducir al país hacia una mayor vulnerabilidad, hacia una resiliencia reforzada o hacia una verdadera transformación de su posición internacional.
El horizonte de 2035 resulta particularmente pertinente porque se encuentra exactamente a la distancia en la que las decisiones presentes comienzan a producir efectos estructurales. Las infraestructuras energéticas que funcionarán en 2035 deberán ser planificadas y financiadas durante la década actual; las capacidades militares que protegerán el Ártico deberán ser encargadas, producidas y desplegadas mucho antes de esa fecha; las cadenas de valor industriales que permitirán a Canadá transformar en mayor medida sus minerales deberán construirse progresivamente; las empresas tecnológicas susceptibles de convertirse en campeones nacionales deben ser financiadas antes de alcanzar su madurez; los corredores comerciales alternativos requieren inversiones que se miden en años y no en meses; finalmente, la demografía, las competencias, las políticas migratorias y las infraestructuras de acogida que determinarán una parte de la futura potencia económica ya están comenzando a configurarse. El Canadá de 2035 será, por tanto, en gran medida, el resultado acumulado de las decisiones adoptadas entre 2026 y 2035 y, sobre todo, de la capacidad del país para mantenerlas durante el tiempo suficiente para que produzcan sus efectos.
Tres trayectorias permiten iluminar esta evolución. No constituyen tres predicciones excluyentes, sino tres escenarios de referencia correspondientes a tres grados diferentes de transformación: la dependencia prolongada, que representa principalmente la continuación de las tendencias estructurales existentes; la autonomía interdependiente, que corresponde a la estrategia recomendada en este dossier; y la potencia estratégica, que representa una trayectoria de mayor ambición, en la cual Canadá transformaría más profundamente sus recursos en capacidades económicas, tecnológicas, militares y diplomáticas.
1. ESCENARIO I: EL CANADÁ DE LA DEPENDENCIA PROLONGADA
El primer escenario es el de la continuidad sin una transformación estratégica suficiente. Canadá conservaría esencialmente su modelo económico actual, permanecería profundamente integrado con Estados Unidos, continuaría desarrollando algunas iniciativas de diversificación sin otorgarles una prioridad suficiente, aumentaría gradualmente sus capacidades militares y seguiría explotando sus ventajas energéticas, mineras, agrícolas y científicas sin conseguir transformar suficientemente estos recursos en cadenas de valor nacionales. Este escenario no debe caricaturizarse como uno de declive abrupto. Sería, por el contrario, perfectamente compatible con el mantenimiento de un elevado nivel de vida, instituciones democráticas sólidas, universidades de alto rendimiento, una economía diversificada y un acceso privilegiado al mercado estadounidense. Precisamente esa aparente estabilidad lo convertiría en el escenario más difícil de detectar políticamente.
En una primera fase, el modelo probablemente seguiría produciendo resultados satisfactorios. La proximidad geográfica con Estados Unidos continuaría siendo una ventaja considerable, las cadenas de valor norteamericanas seguirían funcionando, los recursos canadienses conservarían su valor estratégico y las empresas continuarían beneficiándose de un acceso privilegiado al mayor mercado de América del Norte. Las tensiones comerciales o diplomáticas podrían ser absorbidas mediante mecanismos institucionales, negociaciones bilaterales o compromisos puntuales. Canadá podría, por tanto, llegar a considerar que las adaptaciones estructurales propuestas en este dossier son costosas, políticamente difíciles y quizá prematuras.
Pero esta estabilidad aparente ocultaría una erosión progresiva del margen de maniobra. Si la concentración comercial permanece elevada, si los corredores alternativos siguen siendo insuficientes, si una parte importante de las tecnologías críticas continúa siendo importada, si las empresas canadienses más prometedoras son absorbidas regularmente por capital extranjero y si la transformación de los recursos permanece limitada, Canadá conservaría una economía rica pero una capacidad de elección relativamente reducida. Una interrupción comercial importante, una crisis política con Washington, una perturbación de las cadenas de suministro o una crisis tecnológica podrían revelar entonces brutalmente la diferencia entre riqueza nacional y autonomía estratégica.
La vulnerabilidad energética también podría mantenerse en términos paradójicos. Canadá continuaría siendo uno de los grandes productores mundiales de energía y, al mismo tiempo, seguiría expuesto a la concentración de sus mercados de destino, a la insuficiencia de determinadas infraestructuras y a las limitaciones de las interconexiones nacionales. Del mismo modo, la excelencia científica canadiense podría continuar generando innovaciones de primer nivel sin que el país consiguiera conservar una proporción suficiente de su valor industrial y comercial. Canadá podría así ser un excelente productor de conocimiento mientras continuaría dependiendo de ecosistemas extranjeros para la financiación del crecimiento, la fabricación a gran escala o la comercialización mundial.
La defensa experimentaría probablemente un aumento presupuestario, pero dicho aumento no garantizaría una transformación equivalente de la capacidad operacional. El incremento de los créditos podría ser absorbido por los costes de funcionamiento, los retrasos industriales, las dificultades de reclutamiento, las cadenas de suministro extranjeras y los plazos de producción. El Ártico seguiría siendo oficialmente prioritario, pero la presencia permanente, las infraestructuras, la vigilancia y la capacidad de reacción podrían mantenerse por debajo de las ambiciones anunciadas.
El resultado sería, por tanto, menos un colapso que una erosión silenciosa de la libertad estratégica. Canadá seguiría siendo rico, estable y respetado, pero tendría una capacidad limitada para decir no a una decisión estadounidense, absorber rápidamente una ruptura comercial o reorientar sus cadenas de suministro. Su potencia real seguiría siendo inferior a su potencia potencial.
2. ESCENARIO II: EL CANADÁ DE LA AUTONOMÍA INTERDEPENDIENTE
El segundo escenario constituye el núcleo de la doctrina desarrollada a lo largo de este dossier. No presupone ni una ruptura con Estados Unidos, ni la búsqueda de una independencia absoluta, ni un intento irrealista de autarquía. Se basa en una transformación gradual de la estructura de las dependencias canadienses, de modo que aquellas que hoy son críticas se vuelvan progresivamente diversificables, sustituibles o negociables.
En esta trayectoria, Canadá conservaría plenamente la integración norteamericana como uno de los fundamentos de su prosperidad, pero construiría paralelamente capacidades alternativas. La relación con Washington no se debilitaría por principio; se volvería más equilibrada porque Canadá dispondría de un mayor número de opciones. La diversificación comercial constituiría el primer pilar de esta transformación. Los puertos del Atlántico y del Pacífico serían modernizados, las redes ferroviarias y los corredores energéticos desarrollados, las relaciones con Europa y el Indo-Pacífico profundizadas y las empresas canadienses acompañadas en su internacionalización. Estados Unidos seguiría siendo probablemente el principal socio comercial de Canadá, pero su peso relativo en los intercambios disminuiría lo suficiente como para que una perturbación importante pudiera ser absorbida sin provocar inmediatamente una crisis sistémica.
La política energética experimentaría paralelamente una transformación importante. Canadá continuaría explotando sus recursos petroleros y gasíferos, pero reforzaría simultáneamente la hidroelectricidad, la energía nuclear, las redes eléctricas, las tecnologías limpias, el almacenamiento energético y las nuevas formas de producción. El objetivo no sería oponer los hidrocarburos a las energías descarbonizadas, sino considerar el conjunto del sistema energético como un instrumento de poder nacional. Un Canadá capaz de producir abundantemente, transformar una mayor parte de esa energía en su territorio y transportarla hacia varios mercados dispondría de una capacidad de negociación muy superior a la de un Canadá cuyos recursos estuvieran concentrados en unos pocos corredores.
La misma lógica se aplicaría a los minerales críticos. En lugar de considerar los recursos naturales como una simple fuente de exportación, Canadá buscaría desarrollar progresivamente cadenas de valor que conectaran exploración, extracción, transformación, refinado, fabricación avanzada, baterías, tecnologías limpias y defensa. No se trataría de producirlo todo dentro del territorio nacional, lo cual sería económicamente ineficiente, sino de controlar los segmentos cuya interrupción pudiera afectar gravemente la seguridad económica o industrial.
La tecnología se convertiría también en un instrumento de soberanía crítica. Canadá ya dispone de capacidades científicas notables en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biotecnología, tecnologías limpias, industria aeroespacial y otros ámbitos. El desafío sería ahora transformar con mayor eficacia esa excelencia científica en empresas, propiedad intelectual, capacidades industriales y exportaciones de alto valor añadido. La contratación pública podría desempeñar un papel más importante en esta transformación, mientras que las políticas de financiación buscarían reducir el fenómeno por el cual empresas canadienses innovadoras pierden progresivamente el control nacional cuando alcanzan su fase de crecimiento.
La defensa seguiría una lógica similar. El objetivo no sería competir con Estados Unidos, lo cual sería irrealista, sino permitir que Canadá asumiera una parte mucho mayor de la defensa de su propio territorio y de sus accesos. Esto implicaría mejorar simultáneamente la vigilancia del Ártico, las capacidades aéreas y navales, las infraestructuras del Norte, las reservas estratégicas, las comunicaciones seguras, la base industrial de defensa y las capacidades de inteligencia. La potencia militar canadiense se evaluaría entonces menos a partir del volumen de los créditos anunciados que a partir de la disponibilidad real de los medios.
La diplomacia experimentaría finalmente una evolución comparable. Ottawa reforzaría su presencia económica y estratégica en Europa, el Indo-Pacífico, América Latina y África, al tiempo que consolidaría las relaciones con varios socios prioritarios. El principio sería sencillo: más socios no significa menos alianza; significa que la propia alianza se vuelve menos vulnerable a la asimetría. En esta trayectoria, Canadá no busca reemplazar a Washington por Bruselas, Tokio, Nueva Delhi o Seúl. Busca disponer de una red suficientemente diversificada para que la relación con cada uno de estos actores se base más en la reciprocidad que en la necesidad absoluta.
Quebec se convertiría dentro de esta arquitectura en un multiplicador de poder, especialmente en energía, industria aeroespacial, inteligencia artificial, tecnologías limpias y relaciones con Europa y el espacio francófono. Ontario seguiría siendo el núcleo industrial, financiero y manufacturero del país, mientras que el Oeste conservaría su papel central en energía y minerales, reforzando al mismo tiempo su transformación nacional. Las provincias atlánticas podrían convertirse en plataformas esenciales de diversificación comercial y energética, mientras que el Norte pasaría progresivamente de ser una periferia distante a convertirse en un teatro estratégico central.
En este escenario, Canadá no se convertiría en una superpotencia. Se convertiría en algo más realista y, para sus intereses, probablemente más útil: una potencia media altamente resiliente, capaz de transformar sus recursos, diversificar sus socios, defender sus intereses y negociar con las grandes potencias desde una posición menos asimétrica.
3. ESCENARIO III: EL CANADÁ DE LA POTENCIA ESTRATÉGICA
El tercer escenario representa una trayectoria más ambiciosa. No se limita a reducir las vulnerabilidades canadienses; busca transformar a Canadá en una de las potencias medias más influyentes del sistema internacional. Esta trayectoria supondría que las reformas emprendidas durante la década actual produjeran una verdadera transformación de la relación entre territorio, recursos, industria, tecnología, defensa y diplomacia.
Canadá desarrollaría entonces una política industrial mucho más integrada. Sus recursos naturales estarían progresivamente conectados con cadenas de valor completas, desde la extracción hasta la transformación y posteriormente la fabricación avanzada. La abundancia energética sostendría no solamente las exportaciones, sino también las industrias electrointensivas, los centros de datos, la inteligencia artificial, determinadas actividades manufactureras y las tecnologías limpias. Las redes eléctricas serían reforzadas, las capacidades nucleares modernizadas y las infraestructuras de transporte concebidas cada vez más como un sistema nacional de poder y no como una suma de proyectos regionales.
La tecnología se convertiría en un auténtico sector estratégico. Canadá buscaría no solamente conservar a sus investigadores, sino también retener a las empresas más prometedoras, desarrollar infraestructuras nacionales de computación, reforzar sus capacidades espaciales y construir varios polos tecnológicos de dimensión mundial. En esta trayectoria, la inteligencia artificial, la tecnología cuántica, la biotecnología, la ciberseguridad, las tecnologías espaciales y determinadas tecnologías de defensa dejarían de considerarse principalmente sectores de innovación para convertirse en instrumentos del poder nacional.
La defensa experimentaría asimismo un cambio de naturaleza. Canadá seguiría sin buscar una competencia cuantitativa con Estados Unidos, pero desarrollaría capacidades especializadas suficientemente importantes como para convertirse en un socio estratégico indispensable en determinados ámbitos: vigilancia y defensa del Ártico, inteligencia, espacio, ciberseguridad, sistemas submarinos, defensa aérea, guerra electrónica, drones, movilidad septentrional y control marítimo. El país pasaría así progresivamente de ser beneficiario de la seguridad continental a convertirse en un productor significativo de seguridad.
El Ártico se convertiría en el principal escenario de esta transformación. Infraestructuras permanentes conectarían a las comunidades septentrionales, las capacidades científicas, las Fuerzas Armadas, los puertos, las redes energéticas y los sistemas de comunicación. La soberanía canadiense ya no sería únicamente afirmada jurídicamente o políticamente; sería ejercida cotidianamente mediante la presencia humana, económica, científica y militar. Los pueblos indígenas no serían simplemente asociados a esta política: sus conocimientos, sus derechos y su presencia permanente se convertirían en componentes estructurales de la estrategia ártica.
En el plano diplomático, Ottawa buscaría transformar el tamaño limitado de su población en una ventaja de especialización. Canadá podría convertirse en un Estado-pivote entre varios espacios geopolíticos: América del Norte, Atlántico Norte, Ártico, Europa e Indo-Pacífico. Su influencia descansaría entonces menos en su soft power por sí solo y más en la combinación de sus recursos energéticos, mineros, alimentarios, tecnológicos, financieros, científicos y militares.
Esta trayectoria tendría, sin embargo, un coste considerable. Requeriría una movilización nacional sostenida, inversiones públicas y privadas masivas, una fuerte disciplina institucional, una mejor coordinación federal-provincial, una capacidad reforzada para arbitrar los conflictos entre objetivos ambientales, industriales y territoriales, así como una continuidad política raramente garantizada durante varios ciclos electorales. El escenario III representa, por tanto, menos una política inmediatamente aplicable que un horizonte superior de poder, hacia el cual el escenario II podría evolucionar progresivamente si los resultados obtenidos durante la próxima década superan las expectativas.
REFLEXIÓN ESTRATÉGICA: LOS TRES CANADÁS POSIBLES EN 2035
ESCENARIO I: DEPENDENCIA PROLONGADA
Canadá sigue siendo rico, estable y profundamente integrado en América del Norte, pero conserva una concentración excesiva de sus intercambios, de determinadas cadenas de suministro y de varias capacidades críticas. Su potencia potencial sigue siendo superior a su potencia efectivamente movilizable. La principal vulnerabilidad no es el colapso económico, sino la disminución progresiva de la libertad estratégica.
ESCENARIO II: AUTONOMÍA INTERDEPENDIENTE
Canadá conserva su alianza y su integración con Estados Unidos mientras diversifica sus mercados, sus corredores, sus proveedores, sus tecnologías y sus asociaciones. Transforma más intensamente sus recursos, refuerza su base industrial, incrementa sus capacidades árticas y militares y convierte una proporción mayor de su excelencia científica en poder económico. Se convierte en una potencia media altamente resiliente.
ESCENARIO III: POTENCIA ESTRATÉGICA
Canadá supera la lógica de la simple reducción de vulnerabilidades y transforma sus ventajas comparativas en instrumentos de poder. Energía, minerales, tecnología, finanzas, alimentación, Ártico, industria y defensa quedan integrados en una estrategia nacional coherente. El país se convierte en un Estado-pivote capaz no solo de proteger sus intereses, sino también de contribuir a la estabilidad de varios espacios geopolíticos.
EL CRITERIO DECISIVO
La diferencia entre los tres escenarios no reside en la desaparición o persistencia de la interdependencia. Reside en la capacidad de Canadá para disponer de alternativas cuando esa interdependencia se vuelve conflictiva. El objetivo realista para 2035 no es, por tanto, la independencia absoluta, sino la reducción de las dependencias críticas no sustituibles.
4. COMPARAR LAS TRES TRAYECTORIAS: DE LA RIQUEZA A LA CAPACIDAD
Los tres escenarios deben entenderse como tres niveles de transformación y no como tres modelos completamente separados. El primero conserva esencialmente la estructura existente; el segundo la corrige y la hace más resiliente; el tercero busca reconfigurarla profundamente.
| Dimensión | Dependencia prolongada | Autonomía interdependiente | Potencia estratégica |
|---|---|---|---|
| Relación con Washington | Fuerte asimetría | Interdependencia negociada | Alianza estratégica más equilibrada |
| Comercio | Alta concentración | Diversificación progresiva | Red mundial diversificada |
| Energía | Producción fuerte, mercados concentrados | Corredores y mercados diversificados | Potencia energética integrada |
| Recursos | Predominio de la extracción | Mayor transformación | Cadenas de valor integradas |
| Tecnología | Excelencia científica pero dependencia comercial | Soberanía crítica | Polos tecnológicos mundiales |
| Defensa | Importante dependencia de capacidades externas | Capacidad nacional reforzada | Grandes capacidades especializadas |
| Ártico | Presencia insuficiente | Presencia reforzada | Teatro estratégico prioritario |
| Diplomacia | Predominio del soft power | Diplomacia de potencia media | Estado-pivote |
| Quebec | Contribución parcialmente integrada | Multiplicador de poder | Pilar estratégico |
| Cohesión federal | Coordinación desigual | Pacto estratégico reforzado | Federación de poder |
| Resiliencia | Media | Alta | Muy alta |
| Coste de transformación | Bajo | Elevado pero sostenible | Muy elevado |
| Margen de maniobra | Limitado | Importante | Muy importante |
Esta comparación permite comprender que la verdadera elección canadiense no se sitúa entre dependencia e independencia absoluta. Se sitúa entre diferentes grados de capacidad nacional. Un país puede seguir siendo profundamente interdependiente y, al mismo tiempo, disponer de un margen de maniobra considerable si sus dependencias están diversificadas, sus recursos son transformados, sus infraestructuras son robustas y sus alianzas son múltiples. A la inversa, un país puede presentar un elevado nivel de riqueza y continuar siendo estratégicamente vulnerable cuando unas pocas relaciones concentran una proporción desproporcionada de sus intercambios, sus tecnologías o sus capacidades de defensa.
5. EL ESCENARIO MÁS REALISTA: LA AUTONOMÍA INTERDEPENDIENTE
El escenario II aparece como el más realista y el más coherente con las características estructurales de Canadá. El escenario I resulta insuficiente porque se basa implícitamente en la hipótesis de que el entorno internacional permanecerá suficientemente estable como para que las dependencias actuales sigan siendo aceptables. Ahora bien, esta hipótesis resulta cada vez menos defendible. La rivalidad entre grandes potencias, las tensiones comerciales, la fragmentación tecnológica, las crisis energéticas, la transformación del Ártico, las amenazas cibernéticas y las perturbaciones de las cadenas de suministro hacen que la resiliencia sea mucho más importante que durante las décadas anteriores.
El escenario III es posible, pero exigiría una movilización nacional excepcional. Requeriría no solo mayores recursos financieros, sino también una profunda transformación institucional y política. Podría convertirse en el objetivo superior de una estrategia de largo plazo, pero no debería constituir una condición previa para la acción. Exigir inmediatamente una transformación total de Canadá podría, de hecho, producir el inmovilismo que la doctrina pretende precisamente evitar.
El escenario II ofrece, por tanto, el mejor equilibrio entre ambición y realismo. Permite a Canadá conservar aquello que funciona mientras corrige aquello que lo hace vulnerable. No pide a Ottawa renunciar al mercado estadounidense, sino construir alternativas; no pide a Canadá producir todas sus tecnologías, sino controlar aquellas que son críticas; no exige convertirse en una potencia militar mundial, sino poder defender más eficazmente su territorio y contribuir en mayor medida a la seguridad de sus aliados; no exige cerrar los mercados, sino multiplicar los corredores; no exige autarquía, sino resiliencia; no exige aislamiento, sino capacidad de elección.
6. EL RIESGO CENTRAL: LA BRECHA ENTRE LA AMBICIÓN Y LA EJECUCIÓN
El principal peligro para Canadá no reside, en última instancia, en la ausencia de ideas. El país posee una combinación excepcional de recursos humanos, financieros, energéticos, científicos, territoriales y naturales. Dispone asimismo de instituciones sólidas, un sistema financiero robusto, un acceso privilegiado al mercado estadounidense y una reputación internacional que todavía le proporciona una importante capacidad diplomática. El verdadero riesgo reside en la brecha entre las ambiciones anunciadas y la capacidad de ejecución.
Canadá ya ha demostrado que puede diseñar estrategias ambiciosas sin lograr siempre mantenerlas durante varias décadas. Los grandes proyectos pueden verse ralentizados por divisiones políticas, conflictos de competencias, cambios de gobierno, obstáculos regulatorios, restricciones financieras, disputas territoriales o ausencia de consenso sobre las prioridades nacionales. El problema estratégico canadiense no es, por tanto, únicamente el de escoger las políticas adecuadas; es también el de garantizar su continuidad, su coordinación y su capacidad para sobrevivir a los ciclos políticos.
La cuestión central de 2035 será así menos saber si Canadá disponía de los medios para volverse más autónomo que determinar si habrá sido capaz de mantener durante el tiempo suficiente la disciplina estratégica necesaria para transformar esos medios en capacidades. Esta distinción es fundamental. El poder no depende únicamente de los recursos disponibles; depende de la capacidad institucional para movilizar esos recursos a lo largo del tiempo. Un país puede poseer petróleo sin disponer de una potencia energética plenamente movilizable, minerales sin disponer de una potencia industrial correspondiente, investigadores sin disponer de una potencia tecnológica, un ejército sin disponer de una capacidad militar realmente disponible y embajadas sin disponer de una influencia diplomática proporcional. La transformación de los recursos en capacidades constituye, por tanto, el verdadero desafío de la década 2026-2035.
7. LOS INDICADORES DE UN CANADÁ EN TRANSFORMACIÓN
El éxito de la estrategia no debería evaluarse únicamente mediante el PIB, el volumen de las exportaciones o el aumento del gasto público. Estos indicadores siguen siendo importantes, pero no miden directamente la resiliencia estratégica. Un Canadá más autónomo en 2035 sería, ante todo, un Canadá capaz de absorber un shock externo sin perder su libertad fundamental de decisión.
Esta capacidad podría evaluarse mediante varias familias de indicadores: concentración de los mercados de exportación e importación; diversidad de proveedores en sectores críticos; capacidad nacional o aliada de sustitución de las tecnologías esenciales; proporción de los recursos estratégicos transformados en Canadá; capacidad energética disponible en caso de una interrupción externa; disponibilidad operacional de las Fuerzas Armadas; densidad de las infraestructuras árticas; capacidad de las empresas canadienses para pasar de la investigación a la escala mundial; volumen de inversiones privadas movilizadas en sectores estratégicos; grado de coordinación federal-provincial; participación efectiva de los pueblos indígenas en los proyectos septentrionales; capacidad diplomática en los mercados prioritarios; y, finalmente, capacidad del país para reorientar rápidamente sus intercambios cuando un socio importante se vuelve temporalmente inaccesible.
El criterio último podría formularse así de manera mucho más rigurosa que mediante la simple búsqueda de una reducción de la dependencia: el éxito estratégico consiste en eliminar progresivamente las dependencias críticas no sustituibles. Una dependencia sigue siendo aceptable cuando puede ser reemplazada, compensada o negociada. Se convierte en una vulnerabilidad cuando no existe ninguna alternativa creíble dentro de un plazo compatible con las exigencias de la seguridad nacional.
8. LA PRUEBA DEFINITIVA: UNA CRISIS MAYOR
Toda doctrina estratégica seria debe ser sometida a prueba en las condiciones más difíciles. Es relativamente fácil demostrar la pertinencia de una estrategia cuando los mercados funcionan normalmente, las cadenas de suministro están abiertas, las relaciones diplomáticas son estables y las infraestructuras no están sometidas a una presión excepcional. La verdadera cuestión es saber qué ocurre cuando varios shocks aparecen simultáneamente.
Imaginemos que durante la década de 2030 se produjeran simultáneamente una crisis comercial norteamericana, una perturbación importante de las cadenas de suministro asiáticas, un ciberataque dirigido contra varias infraestructuras occidentales y una crisis energética internacional. En el escenario de dependencia prolongada, Canadá conservaría recursos considerables, pero su capacidad para movilizarlos rápidamente estaría limitada por la concentración de los mercados, la insuficiencia de determinados corredores, la dependencia tecnológica y la ausencia de proveedores alternativos. El país podría entonces verse obligado a pedir a sus socios que restablecieran los flujos esenciales precisamente cuando esos mismos socios estuvieran enfrentándose a la crisis.
En el escenario de autonomía interdependiente, el shock sería grave pero gestionable. Canadá podría reorientar una parte de sus intercambios, movilizar sus capacidades energéticas nacionales, utilizar reservas estratégicas, apoyarse en varios socios y mantener las funciones esenciales del Estado. La crisis generaría costes importantes, pero no convertiría automáticamente una perturbación externa en una parálisis nacional.
En el escenario de potencia estratégica, Canadá podría ir todavía más lejos y contribuir a estabilizar a algunos de sus socios, especialmente gracias a sus recursos energéticos, alimentarios, minerales, tecnológicos y financieros. Ya no sería solamente capaz de absorber el shock; dispondría de determinadas capacidades que le permitirían ayudar también a su entorno estratégico a absorberlo. Esta diferencia resume, en última instancia, toda la lógica del dossier. La soberanía estratégica no se mide cuando todo funciona normalmente; se mide cuando el sistema deja de funcionar normalmente.
9. LA ELECCIÓN QUE SE PRESENTA A CANADÁ
En el horizonte de 2035, Canadá probablemente no será ni una superpotencia ni un Estado aislado. Seguirá siendo una potencia media situada junto a la primera potencia mundial y profundamente integrada en su economía. Esta realidad geográfica no desaparecerá, y ninguna estrategia seria debe pretender que podría desaparecer. Pero esa realidad tampoco determina por completo el destino canadiense.
Canadá puede continuar considerando su proximidad con Estados Unidos como una fatalidad estratégica y organizar principalmente su política exterior en torno a la gestión de esa dependencia. También puede considerar esa proximidad como una gran ventaja que debe complementarse mediante capacidades propias, mercados adicionales, corredores alternativos, una base industrial más sólida, una defensa más creíble y una diplomacia más diversificada. La diferencia entre ambos enfoques es fundamental.
En el primer caso, la política canadiense consiste esencialmente en gestionar la dependencia. En el segundo, consiste en organizar la interdependencia. La primera busca principalmente preservar el statu quo; la segunda pretende transformar la estructura del riesgo.
Por ello, la autonomía interdependiente no debe entenderse como una doctrina defensiva ni como una reacción coyuntural frente a una administración estadounidense determinada. Constituye una doctrina de poder adaptada a la realidad estructural de un Estado que posee un territorio inmenso, recursos considerables, una población relativamente reducida, una economía avanzada, instituciones sólidas y una proximidad excepcional con una superpotencia. Su objetivo no es hacer que Canadá sea independiente del mundo, sino garantizar que su interdependencia con el mundo siga siendo una relación de elección, negociación y reciprocidad. Canadá no necesita convertirse en algo distinto de lo que es. Necesita convertirse en una versión mucho más capaz de sí mismo.
10. CONCLUSIÓN DE LA PARTE: EL FUTURO NO ESTÁ PREDETERMINADO
Los tres escenarios demuestran, en última instancia, que el futuro estratégico de Canadá no está escrito. El escenario de dependencia prolongada sigue siendo plausible porque corresponde a la inercia del sistema actual. El escenario de autonomía interdependiente es plausible porque Canadá ya posee una gran parte de los recursos necesarios para su transformación. El escenario de potencia estratégica es plausible porque la combinación de sus recursos energéticos, mineros, alimentarios, científicos, tecnológicos, financieros, territoriales y humanos podría producir una influencia superior a la que el país ejerce actualmente.
Pero ninguno de estos escenarios se realizará automáticamente. El primero será principalmente el resultado de la inercia y de la dificultad para superar las estructuras existentes. El segundo requerirá una estrategia coherente, inversiones sostenidas y continuidad institucional. El tercero exigirá una ambición histórica y una capacidad política excepcional.
Por ello, 2035 no debe considerarse una fecha arbitraria. Constituye un horizonte de responsabilidad estratégica. Las infraestructuras construidas o no construidas, las empresas financiadas o perdidas, las tecnologías dominadas o importadas, los corredores abiertos o inexistentes, las capacidades militares desarrolladas o retrasadas y las asociaciones establecidas o descuidadas durante la década actual determinarán una parte importante del margen de maniobra del que dispondrá Canadá durante las décadas siguientes. La verdadera cuestión no es, por tanto, saber qué escenario ya está escrito en el futuro. Es saber qué escenario decidirá Canadá hacer posible.
Y esta cuestión conduce directamente al último gran desafío del dossier. Después de identificar las vulnerabilidades, analizar las relaciones de poder, comparar las experiencias internacionales, definir la doctrina de autonomía interdependiente, establecer los instrumentos operativos necesarios y poner a prueba las trayectorias posibles hacia 2035, queda por responder la cuestión fundamental que atraviesa ahora todo este estudio: ¿qué elección histórica debe asumir Canadá para transformar su potencia potencial en potencia efectivamente movilizable, sin romper con sus alianzas, sin negar su geografía y sin renunciar a la libertad de determinar por sí mismo su futuro?
La conclusión general deberá responder ahora a esta pregunta ya no desde un simple diagnóstico, sino desde el conjunto de la arquitectura construida por el dossier: Canadá no debe elegir entre América y el resto del mundo; debe construir una capacidad nacional suficientemente fuerte para que su pertenencia a América del Norte siga siendo una elección estratégica y no una necesidad sin alternativa.
CANADÁ EN 2035: CINCO ESCENARIOS
El futuro de Canadá no dependerá de una sola elección, de un solo presidente estadounidense ni de un único acuerdo comercial. Dependerá de la manera en que Ottawa, las provincias, las empresas y la sociedad canadiense respondan a una transformación estructural de las relaciones internacionales. De aquí a 2035, por tanto, son posibles varias trayectorias. No constituyen predicciones, sino marcos destinados a medir las posibles consecuencias de las decisiones actuales.
El primer escenario sería el del retorno al statu quo. En esta hipótesis, las tensiones comerciales con Washington terminarían por apaciguarse y las relaciones entre Canadá y Estados Unidos recuperarían una relativa previsibilidad. Canadá seguiría beneficiándose de su integración en el mercado estadounidense, pero la presión a favor de la diversificación se ralentizaría. Este escenario sería económicamente cómodo a corto plazo, pero estratégicamente frágil. Una mejora de la relación con Washington no eliminaría la asimetría estructural entre ambas economías. Incluso podría volver a posponer las decisiones difíciles necesarias para construir alternativas.
El segundo escenario sería el de una paz comercial bajo presión. Ambos países seguirían profundamente integrados, pero las sucesivas negociaciones impondrían a Canadá concesiones sectoriales periódicas. Esta posibilidad no es teórica. A mediados de agosto de 2026, Ottawa y Washington siguen negociando bajo la amenaza de nuevos aranceles estadounidenses, con una fecha límite anunciada para el 19 de agosto y conversaciones centradas, entre otras cuestiones, en el acceso al mercado y determinadas medidas canadienses consideradas discriminatorias por Washington. En tal escenario, Canadá conservaría su acceso al mercado estadounidense, pero al precio de una incertidumbre permanente. No sería verdaderamente autónomo; simplemente aprendería a gestionar su dependencia.
El tercer escenario sería el de una diversificación exitosa. Canadá invertiría masivamente en sus puertos, ferrocarriles, redes energéticas, capacidades industriales e infraestructuras digitales. Las empresas canadienses aumentarían sus exportaciones hacia Europa y el Indo Pacífico, mientras que las inversiones en minerales críticos, inteligencia artificial, energía y defensa crearían nuevas cadenas de valor nacionales. Estados Unidos seguiría siendo el principal socio económico, pero su peso relativo disminuiría progresivamente. Este escenario proporcionaría a Canadá un margen de maniobra mucho mayor, pero exigiría una continuidad política difícil de mantener en una democracia federal.
El cuarto escenario sería el de una confrontación permanente. Las tensiones con Washington se volverían estructurales, los aranceles se multiplicarían, las inversiones se verían perturbadas y la confianza entre ambos gobiernos se erosionaría de manera duradera. Una situación semejante sería costosa para ambas economías, pero mucho más difícil de absorber para Canadá debido a la asimetría de sus respectivos tamaños. No obstante, podría acelerar la transformación del país al obligar a Ottawa y a las provincias a invertir rápidamente en capacidades nacionales. La paradoja sería entonces que una crisis impuesta desde el exterior podría producir, pese a su coste, una aceleración de la soberanía económica canadiense.
El quinto escenario sería el de la autonomía interdependiente. En esta trayectoria, Canadá no buscaría ni romper con Estados Unidos ni regresar al statu quo. Mantendría la integración continental mientras construiría metódicamente alternativas. Europa se convertiría en un socio estratégico más importante, el Indo Pacífico en un espacio de crecimiento, el Ártico en un pilar de soberanía, la energía en un instrumento diplomático, los minerales críticos en una palanca industrial, la tecnología en un ámbito de soberanía crítica y la defensa en un instrumento de credibilidad. Este escenario no eliminaría las dependencias canadienses. Modificaría su naturaleza mediante la multiplicación de las opciones disponibles.
Es este quinto escenario el que parece más coherente con los intereses estructurales de Canadá. No promete una independencia ilusoria. Busca algo más realista y, paradójicamente, más exigente: la capacidad de elegir. Un Canadá verdaderamente soberano no sería aquel que no necesita a nadie. Sería aquel que puede necesitar a varios socios sin quedar cautivo de uno solo. La diferencia es fundamental. Transforma la soberanía de un principio jurídico en una capacidad estratégica.
¿CANADÁ DESPUÉS DE TRUMP?
Donald Trump no es el origen de la vulnerabilidad canadiense. Es su revelador. Esta distinción es esencial para comprender lo que está ocurriendo actualmente entre Ottawa y Washington. Las políticas comerciales de la administración Trump han hecho visible una asimetría que ya existía: Canadá depende mucho más del mercado estadounidense de lo que Estados Unidos depende del mercado canadiense. Trump ha utilizado esta asimetría con una intensidad particular, pero ninguna garantía institucional permite suponer que otra administración estadounidense no podría volver a hacerlo. El verdadero problema estratégico de Canadá trasciende, por tanto, la personalidad del presidente estadounidense.
La experiencia actual confirma esta realidad. A mediados de agosto de 2026, las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos continúan bajo presión, mientras Washington amenaza con nuevos aranceles y Ottawa busca preservar el acceso al mercado estadounidense al tiempo que defiende sus intereses. Esta situación demuestra que, incluso cuando el diálogo permanece abierto y ambos gobiernos tienen interés en evitar una escalada, la relación de poder sigue siendo asimétrica. Canadá puede negociar, protestar, responder y diversificar, pero no puede eliminar la realidad geográfica que sitúa su economía junto al mayor mercado de América del Norte.
Por ello, la etapa posterior a Trump debe concebirse no como un retorno a una época anterior, sino como una nueva fase de la relación continental. Incluso si Washington adoptara mañana una política más previsible, varias transformaciones estadounidenses permanecerían. La competencia estratégica con China, el deseo de reforzar las cadenas de producción nacionales, la presión política sobre los déficits comerciales, el aumento del proteccionismo y la fragmentación geopolítica no desaparecerían necesariamente con un cambio de presidente. Canadá cometería, por tanto, un error si construyera una estrategia basada en la esperanza de que una personalidad más conciliadora en la Casa Blanca resolverá las vulnerabilidades reveladas durante los últimos años.
La verdadera lección de la era Trump se encuentra en otra parte. Canadá debe construir instituciones, infraestructuras y capacidades que sigan siendo válidas independientemente de la administración estadounidense de turno. Una política energética que dependa de una sola dirección de exportación seguirá siendo vulnerable. Una industria tecnológica dependiente del capital extranjero seguirá siendo vulnerable. Una defensa insuficientemente financiada seguirá siendo vulnerable. Una economía incapaz de comerciar eficazmente con Europa y Asia seguirá siendo vulnerable. Una federación incapaz de coordinar sus políticas seguirá siendo vulnerable. Trump, por tanto, no creó estas debilidades; las hizo políticamente imposibles de ignorar.
La paradoja es que la confrontación con Washington podría convertirse así en uno de los grandes aceleradores históricos de la transformación canadiense. Canadá ya ha comenzado a modificar su doctrina de defensa, con el cumplimiento del umbral del 2 % del PIB en 2026 y una trayectoria hacia niveles de inversión mucho más elevados de aquí a 2035. La cuestión será ahora determinar si esta nueva voluntad se extenderá a la industria, la energía, las infraestructuras, la tecnología, el comercio y la cohesión federal.
La etapa posterior a Trump no significa, por tanto, el final del problema estadounidense. Debe significar el final de una determinada concepción canadiense de la seguridad económica, según la cual la proximidad con Estados Unidos podía sustituir a una estrategia. Canadá entra en un período en el que la relación estadounidense deberá seguir siendo gestionada con realismo, pero ya no podrá constituir por sí sola la base de la estrategia nacional. La mejor respuesta a la incertidumbre estadounidense no es ni el miedo ni la confrontación permanente. Es la capacidad.
CARNEY, POILIEVRE Y LA ELECCIÓN HISTÓRICA DE CANADÁ
El debate entre Mark Carney y Pierre Poilievre no debe reducirse a una oposición entre moderación y confrontación. Afecta a una cuestión mucho más profunda: ¿qué forma de poder quiere construir Canadá frente a un entorno internacional cada vez menos previsible? Ambos representan culturas políticas y métodos diferentes, pero la pregunta que se les plantea es la misma: ¿cómo defender los intereses canadienses en una relación con Estados Unidos cuyo carácter asimétrico no puede eliminarse?
Mark Carney ha situado progresivamente a su gobierno dentro de una lógica de diversificación, fortalecimiento de la soberanía económica y rápido aumento de las capacidades de defensa. Su enfoque se basa en gran medida en la idea de que Canadá debe reducir sus vulnerabilidades sin romper con sus principales socios. La transformación de la política de defensa resulta particularmente reveladora de esta filosofía. Ottawa ha acelerado el gasto militar, alcanzado el umbral del 2% del PIB y puesto en marcha una política destinada a reforzar simultáneamente las fuerzas armadas, la industria de defensa y las capacidades tecnológicas canadienses. Carney presenta explícitamente esta evolución no como una ruptura con las alianzas, sino como la construcción de una capacidad canadiense que permita al país convertirse en un socio más fuerte.
Esta transformación de la relación entre Ottawa y Washington ya no se limita a los aranceles, a las negociaciones comerciales o a las decisiones de los gobiernos. También comienza a modificar determinados comportamientos económicos y sociales de los canadienses. El descenso de los viajes hacia Estados Unidos constituye, a este respecto, un indicador particularmente revelador. Los desplazamientos, que durante décadas representaron una de las expresiones más habituales de la integración continental, se han convertido también en un espacio en el que las tensiones políticas producen consecuencias económicas. La disminución de la afluencia canadiense a determinados destinos estadounidenses, paralelamente al creciente interés por destinos nacionales e internacionales, demuestra que los efectos de la crisis comienzan a superar los círculos exclusivamente diplomáticos y comerciales. Algunas empresas estadounidenses fuertemente dependientes de la clientela canadiense se ven igualmente obligadas a buscar nuevas formas de conservarla, revelando así que la interdependencia funciona en ambas direcciones, aunque siga siendo profundamente asimétrica.
Sin embargo, conviene no interpretar mecánicamente cada descenso de los desplazamientos como consecuencia directa de un boicot político. Los tipos de cambio, el coste de los viajes, las condiciones económicas, las consideraciones relacionadas con las fronteras y la evolución general del turismo también pueden influir en los comportamientos. Pero, situado en el contexto más amplio del deterioro de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, este fenómeno posee una importancia estratégica que supera las simples estadísticas turísticas. Cuando los ciudadanos comienzan a modificar sus destinos, cuando los consumidores muestran una mayor preferencia por determinadas alternativas nacionales y cuando las empresas y los gobiernos reflexionan simultáneamente sobre la diversificación de sus relaciones económicas, la integración continental deja progresivamente de parecer una realidad inmutable. Se convierte en una relación cuyos costes, beneficios y riesgos pueden ser reevaluados.
Es precisamente este desplazamiento el que confiere una nueva profundidad a la confrontación entre Donald Trump y Mark Carney. Trump no es el origen de la vulnerabilidad estructural de Canadá, pero su política comercial y la presión ejercida por Washington han hecho que esa vulnerabilidad sea mucho más visible dentro de la sociedad canadiense. Carney, por su parte, busca transformar este período de tensión en un argumento a favor del fortalecimiento de las capacidades nacionales y de la diversificación de las asociaciones económicas. La lógica es importante: si el acceso al mercado estadounidense sigue siendo esencial, Canadá debe, no obstante, reducir las situaciones en las que una decisión adoptada en Washington pueda producir consecuencias inmediatamente desproporcionadas sobre su economía, sus empresas o sus opciones políticas. La diversificación se convierte así no solo en una estrategia gubernamental, sino progresivamente en una cuestión de resiliencia nacional.
La paradoja estratégica aparece entonces con claridad. Cuanto más utiliza Washington su peso económico para ejercer presión sobre Ottawa, mayor es el incentivo de Canadá para reducir las dependencias que hacen posible esa presión. Cuanto más conflictiva se vuelve la relación, mayor es el impulso del Gobierno canadiense para desarrollar alternativas comerciales, industriales, energéticas y tecnológicas. Y cuanto más creíbles se vuelven esas alternativas, menos puede la interdependencia continental descansar exclusivamente sobre la asimetría existente. La confrontación entre Trump y Carney podría, por tanto, producir un efecto que vaya mucho más allá del conflicto comercial inmediato: acelerar la transformación de la concepción canadiense de su propia soberanía económica y estratégica.
Esta evolución debe considerarse, por consiguiente, una de las pruebas más concretas de la doctrina de la autonomía interdependiente desarrollada a lo largo de este dossier. Si Canadá responde a la presión estadounidense únicamente mediante medidas defensivas temporales, la crisis seguirá siendo principalmente comercial y la estructura de dependencia permanecerá en gran medida intacta. Si, por el contrario, este período conduce al fortalecimiento duradero de las infraestructuras, a la diversificación de los mercados, a la consolidación de la base industrial, al incremento de la capacidad energética, al desarrollo de tecnologías críticas y a la ampliación de las opciones disponibles para las empresas y los ciudadanos canadienses, entonces la crisis actual podría convertirse en un verdadero punto de inflexión estratégico. El verdadero desafío, por tanto, no será determinar si Canadá habrá dejado de depender de Estados Unidos, sino si habrá conseguido transformar una dependencia difícilmente evitable en una interdependencia suficientemente diversificada como para preservar su libertad de decisión.
Pierre Poilievre, por su parte, articula su discurso en torno a una concepción más explícitamente soberanista del poder económico. Su enfoque pone mayor énfasis en la reducción de los obstáculos internos a la producción, la explotación de los recursos naturales, la competitividad, la construcción de infraestructuras y la capacidad de Canadá para resistir las presiones externas. Esta orientación posee coherencia estratégica cuando recuerda que un país no puede defender su autonomía si no produce lo suficiente, no construye lo suficiente y no controla suficientemente sus infraestructuras esenciales. Pero una estrategia de soberanía económica también debe tener en cuenta la relación de poder real con Washington. La firmeza solo constituye una fuente de poder cuando está respaldada por alternativas creíbles.
El debate entre Carney y Poilievre revela así dos concepciones diferentes sobre cómo ampliar el margen de maniobra canadiense. Una privilegia más la construcción gradual de capacidades, la diversificación de las alianzas y la negociación. La otra insiste más en la movilización de los recursos nacionales, la reducción de las dependencias y la afirmación de la soberanía. Sin embargo, una lectura estratégica más profunda muestra que no son necesariamente incompatibles. Canadá necesitaría tanto la capacidad de negociación y diversificación asociada con el primer enfoque como la capacidad productiva, energética e industrial destacada por el segundo.
La verdadera cuestión no es, por tanto, si Canadá debe elegir a Carney contra Poilievre o a Poilievre contra Carney. Es si el país es capaz de superar esta oposición para construir una doctrina nacional suficientemente duradera como para sobrevivir a las alternancias políticas. Una estrategia de autonomía interdependiente no puede ser propiedad de un solo partido. Debe convertirse en una política de Estado. La defensa, las infraestructuras árticas, los corredores energéticos, los minerales críticos, la investigación tecnológica, la seguridad alimentaria, la diversificación comercial y el fortalecimiento del mercado interno exigen inversiones que superan ampliamente la duración de un mandato parlamentario.
Por la misma razón, la cuestión estadounidense no debería convertirse en un simple instrumento de polarización electoral. La relación con Washington es demasiado importante para reducirla a una oposición entre debilidad y firmeza. Canadá debe poder negociar cuando la negociación sirva a sus intereses, responder cuando la coerción lo exija, diversificar cuando la dependencia resulte excesiva y cooperar cuando converjan los intereses de ambos países. Una gran estrategia no consiste en elegir una única actitud. Consiste en disponer de suficientes instrumentos para poder elegir la actitud apropiada según las circunstancias.
La elección histórica de Canadá es, por tanto, mucho más amplia que la rivalidad entre dos dirigentes. Concierne a la propia definición de la soberanía en un mundo de interdependencias. Durante décadas, Canadá pudo considerar que su integración con Estados Unidos constituía principalmente una fuente de prosperidad y seguridad. La nueva realidad obliga a añadir una segunda proposición: esta integración seguirá siendo un activo únicamente si está acompañada por capacidades nacionales suficientemente fuertes para impedir que se convierta en una vulnerabilidad.
Aquí se encuentra la verdadera síntesis del dossier. Canadá no necesita una independencia absoluta, que sería incompatible con su geografía, su economía y sus intereses estratégicos. Tampoco necesita una dependencia asumida, que limitaría progresivamente su libertad de decisión. Necesita una tercera vía: la autonomía interdependiente. Esta se basa en una idea simple, pero exigente: conservar las alianzas que fortalecen a Canadá, diversificar las relaciones que reducen sus vulnerabilidades, desarrollar las capacidades que le proporcionan poder de negociación y transformar sus recursos naturales, humanos, tecnológicos y territoriales en instrumentos de poder.
El Canadá de 2035 podría ser, entonces, muy diferente del país que entró en la crisis actual. Podría seguir siendo profundamente norteamericano y, al mismo tiempo, más europeo en determinadas cadenas de valor, más indo pacífico en sus intercambios, más ártico en su concepción de la soberanía y más autónomo en sus tecnologías críticas. Podría seguir siendo un aliado importante de Estados Unidos mientras dispusiera de una capacidad superior para defender sus propios intereses. Podría continuar beneficiándose de la interdependencia mundial sin quedar prisionero de una sola relación.
La cuestión última no es, por tanto, saber si Canadá puede escapar de Estados Unidos. No puede hacerlo y no tiene ninguna razón racional para querer hacerlo. La verdadera cuestión es mucho más exigente: ¿puede llegar a ser suficientemente poderoso para que su interdependencia con Estados Unidos siga siendo una elección estratégica y no una necesidad impuesta? Si la respuesta es afirmativa, la crisis actual podría no constituir el comienzo del declive canadiense. Podría, por el contrario, convertirse en el momento fundacional de una nueva concepción del poder canadiense.
Canadá no necesita convertirse en una superpotencia. Necesita convertirse en una potencia que conozca sus intereses, controle sus dependencias, proteja sus capacidades esenciales y sepa transformar sus vulnerabilidades en palancas de negociación. Eso es, en el fondo, la autonomía interdependiente: no vivir sin los demás, sino ser suficientemente fuerte para poder elegir con quién, por qué y hasta dónde depende de los demás.
LA AUTONOMÍA INTERDEPENDIENTE: LA ELECCIÓN ESTRATÉGICA DE CANADÁ
Canadá se encuentra ahora ante una cuestión que trasciende ampliamente el debate comercial provocado por las tensiones con Washington. El verdadero desafío no consiste en saber si el país puede desvincularse de Estados Unidos, porque una ruptura semejante sería económica, geográfica y estratégicamente irrealista. La verdadera cuestión es mucho más exigente: ¿puede Canadá permanecer profundamente integrado con su vecino estadounidense y, al mismo tiempo, adquirir capacidad suficiente para determinar sus propios intereses, defender sus propias prioridades y disponer de alternativas creíbles cuando sus intereses diverjan de los de Washington? Es precisamente en este espacio donde adquiere pleno sentido la doctrina de la autonomía interdependiente.
Esta doctrina parte de una constatación sencilla, pero determinante: la interdependencia no es necesariamente sinónimo de dependencia. Dos economías pueden estar estrechamente vinculadas y, al mismo tiempo, conservar capacidades diferentes de negociación y resistencia. La vulnerabilidad aparece cuando una de las partes dispone de suficientes alternativas para imponer sus preferencias a la otra, mientras esta última carece de mercados de sustitución, infraestructuras independientes, capacidades industriales suficientes, poder militar creíble o márgenes diplomáticos que permitan modificar la relación de fuerzas. El problema canadiense no es, por tanto, la existencia de una interdependencia con Estados Unidos. Reside en su carácter profundamente asimétrico.
Esta asimetría es producto tanto de la historia como de la geografía. Canadá comparte con Estados Unidos una frontera continental excepcional, infraestructuras transfronterizas extremadamente integradas, cadenas de valor comunes y una arquitectura de seguridad construida en torno a la cooperación norteamericana. Esta proximidad ha producido enormes beneficios. Ha permitido a Canadá acceder al mayor mercado mundial, desarrollar industrias altamente integradas y beneficiarse de un entorno de seguridad relativamente estable. Pero este éxito también ha creado una forma de comodidad estratégica. Durante varias décadas, la proximidad estadounidense permitió a Canadá aplazar determinadas decisiones difíciles relativas a sus infraestructuras, su defensa, su política industrial y la diversificación de sus mercados.
La transformación del contexto internacional hace que este modelo sea mucho más frágil. La globalización no desaparece, pero se vuelve más conflictiva. Las grandes potencias utilizan ahora con mayor intensidad el comercio, la energía, las tecnologías, las inversiones, las cadenas de suministro y las sanciones como instrumentos de poder. La seguridad económica se convierte progresivamente en un componente de la seguridad nacional. En este entorno, un país que depende excesivamente de un solo mercado, un solo proveedor, una sola infraestructura o un solo socio estratégico se expone a riesgos que van mucho más allá de la simple volatilidad comercial.
La experiencia reciente de Canadá debe, por tanto, interpretarse como una advertencia estratégica. La cuestión no es saber si Washington será siempre hostil hacia Canadá. También sería erróneo considerar a Estados Unidos un adversario permanente. La relación canadiense estadounidense seguirá siendo probablemente una de las relaciones internacionales más importantes del siglo XXI. Pero precisamente porque resulta indispensable, Canadá debe ser suficientemente sólido para que una divergencia política no pueda transformarse inmediatamente en una crisis económica nacional. La mejor manera de preservar la relación con Estados Unidos puede ser reducir progresivamente la vulnerabilidad canadiense respecto de ella.
Aquí es donde la diversificación se convierte en mucho más que una política comercial. Se convierte en una política de poder. Diversificar las exportaciones hacia Europa, fortalecer las relaciones con Japón y Corea del Sur, profundizar los vínculos con India y la ASEAN, desarrollar los mercados energéticos asiáticos y europeos, reforzar las asociaciones tecnológicas y construir cadenas de suministro alternativas no significa sustituir a Estados Unidos. Significa crear suficientes opciones para que Canadá pueda negociar con Washington desde una posición menos asimétrica.
Sin embargo, la diversificación debe entenderse en toda su profundidad. Exportar más petróleo, gas, minerales o productos agrícolas hacia nuevos mercados no será suficiente si Canadá sigue siendo esencialmente un proveedor de materias primas. Una verdadera autonomía interdependiente exige que el país transforme más recursos en su propio territorio, desarrolle cadenas de valor nacionales y aumente la proporción de valor añadido incorporada a sus exportaciones. Canadá no debe preguntarse solamente: ¿hacia qué mercados podemos vender? También debe preguntarse: ¿qué debemos ser capaces de producir nosotros mismos?
Esta distinción resulta fundamental para el futuro económico del país. Una economía puede estar geográficamente diversificada y seguir siendo estructuralmente dependiente. Si Canadá vende sus recursos a varios socios, pero depende de proveedores extranjeros para las tecnologías, los equipos, las infraestructuras y el capital necesarios para producirlos, su vulnerabilidad permanece. La autonomía estratégica exige, por tanto, una combinación de diversificación exterior y capacidad interna. Supone fortalecer aquellos sectores en los que una interrupción de los suministros extranjeros podría comprometer la seguridad nacional o la competitividad económica.
La tecnología constituye, en este sentido, uno de los ámbitos más decisivos. Canadá posee capacidades excepcionales en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biotecnologías y numerosos campos de investigación avanzada. Pero la excelencia científica no garantiza la soberanía tecnológica. Un país puede producir investigadores de nivel mundial y seguir dependiendo de plataformas extranjeras para financiar, comercializar, alojar o distribuir sus innovaciones. El verdadero objetivo canadiense debe ser, por tanto, una autonomía tecnológica crítica, es decir, la capacidad de dominar las tecnologías indispensables para su seguridad, su economía y su competitividad, sin pretender reproducir íntegramente los ecosistemas tecnológicos de las grandes potencias.
La misma lógica se aplica a la energía. Canadá dispone de una ventaja energética excepcional, pero esta ventaja solo se convierte en verdadero poder si existen las infraestructuras capaces de transformar los recursos disponibles en influencia internacional. Durante mucho tiempo, la orientación meridional de las redes energéticas limitó las posibilidades canadienses. El desarrollo de corredores hacia las fachadas atlántica y pacífica, la expansión de las capacidades portuarias, el desarrollo del gas natural licuado, la valorización de la hidroelectricidad, el uranio, la energía nuclear, el hidrógeno y las tecnologías limpias pueden transformar la geografía energética canadiense. El objetivo no debe ser elegir entre las energías tradicionales y la transición energética, sino construir un sistema capaz de utilizar las ventajas actuales para financiar y acelerar las capacidades energéticas del mañana.
El Ártico representa otra dimensión esencial de esta estrategia. El territorio canadiense ya no debe considerarse una simple inmensidad geográfica difícil de administrar. Constituye una frontera estratégica, un espacio de soberanía, un corredor potencial, un reservorio de recursos y un escenario de competencia entre grandes potencias. Pero la soberanía no se proclama únicamente en términos jurídicos. Se materializa mediante la presencia, las infraestructuras, la vigilancia, las capacidades de investigación, los servicios públicos, la cooperación con los pueblos indígenas y la capacidad militar necesaria para defender el territorio. Un Canadá que pretenda ejercer influencia en el Ártico sin disponer de los medios que permitan mantener allí una presencia duradera seguiría dependiendo de una soberanía esencialmente declarativa.
La defensa constituye precisamente el ámbito donde la brecha entre las ambiciones canadienses y los medios disponibles aparece con mayor claridad. Canadá no puede razonablemente intentar reproducir las capacidades militares estadounidenses. Sí puede, en cambio, determinar los ámbitos en los que debe ser capaz de actuar sin depender enteramente de un socio externo. La vigilancia de su territorio, la defensa de su espacio aéreo, la protección de sus aproximaciones marítimas, la ciberseguridad, la inteligencia, la capacidad ártica y la resiliencia de las infraestructuras críticas deberían considerarse componentes fundamentales de la autonomía nacional.
El objetivo no es transformar a Canadá en una potencia militar mundial. Es garantizar que el país pueda contribuir de manera creíble a su propia seguridad y a la seguridad colectiva de sus aliados. Una potencia media que carece de capacidades militares significativas corre el riesgo de ver limitada su diplomacia por la ausencia de medios. En cambio, una potencia media dotada de capacidades especializadas, modernas y creíbles puede adquirir una influencia superior a la que sugeriría su peso demográfico.
La diplomacia debe completar esta arquitectura de poder. Canadá dispone de un considerable capital diplomático, basado en su pertenencia al G7, al G20, a la OTAN, a la Commonwealth, a la Francofonía y a numerosas instituciones multilaterales. Pero este capital debe convertirse en mayor medida en estrategia. La diplomacia canadiense ya no puede consistir únicamente en mantener buenas relaciones con un gran número de socios. Debe organizar esas relaciones en torno a intereses claramente definidos. Europa, el Indo Pacífico, el Ártico, África, América Latina y las demás potencias medias deben integrarse en una arquitectura diplomática coherente.
Esta arquitectura también exige una nueva concepción de la relación con Washington. La autonomía interdependiente no se basa ni en el antiamericanismo ni en una lógica de confrontación permanente. Parte de una idea mucho más realista: Canadá debe ser un aliado capaz de negociar, no un socio condenado a aceptar. Una relación duradera entre dos vecinos exige intereses comunes, pero también capacidad para gestionar las divergencias. Cuantas más alternativas comerciales, energéticas, tecnológicas y diplomáticas posea Canadá, más podrá preservar una relación constructiva con Washington sin que esta se convierta en una relación de dependencia política.
Esta transformación exige, sin embargo, una condición que los análisis puramente económicos suelen subestimar: la cohesión nacional. Canadá no podrá construir una estrategia de poder si Ottawa y las provincias persiguen sistemáticamente objetivos contradictorios. Alberta no puede ser concebida únicamente como una provincia energética, Quebec únicamente como una sociedad distinta, Ontario únicamente como un centro manufacturero y Columbia Británica únicamente como una puerta hacia Asia. Estas realidades existen, pero deben integrarse en una concepción nacional más amplia. El poder canadiense será federal o no será.
La cohesión no significa uniformidad. Significa capacidad para transformar intereses regionales diferentes en ventajas complementarias. La energía del Oeste puede alimentar una estrategia industrial nacional. La hidroelectricidad de Quebec y Manitoba puede respaldar la transición energética. Las infraestructuras de Ontario pueden fortalecer las cadenas industriales. Los puertos de Columbia Británica pueden abrir aún más Canadá al Indo Pacífico. Los territorios árticos pueden convertirse en espacios de soberanía, investigación y desarrollo. La diversidad provincial, a menudo presentada como una debilidad, podría convertirse así en uno de los fundamentos del poder canadiense.
La autonomía interdependiente es, por tanto, menos un estado final que una disciplina estratégica. Exige que cada dependencia crítica sea identificada, evaluada y, cuando sea posible, reducida. También exige que Canadá acepte pagar el precio de su resiliencia. La diversificación cuesta más que la especialización. Mantener varias cadenas de suministro cuesta más que depender de un proveedor dominante. Construir infraestructuras alternativas requiere décadas. Desarrollar una industria tecnológica nacional exige inversiones pacientes. Reforzar las capacidades militares moviliza recursos que no pueden utilizarse simultáneamente en otros ámbitos. La autonomía, por tanto, nunca es gratuita.
Pero la dependencia excesiva también tiene un coste. Este coste rara vez aparece durante los períodos de estabilidad, porque las cadenas de suministro funcionan, los mercados permanecen abiertos y las relaciones políticas son previsibles. Aparece de forma abrupta cuando estas condiciones desaparecen. La verdadera cuestión estratégica no es únicamente: ¿cuánto cuesta la autonomía? También es: ¿cuánto cuesta la vulnerabilidad cuando cambian las circunstancias?
Canadá dispone hoy de una ventana histórica para responder a esta pregunta. Su territorio, sus recursos energéticos, sus minerales críticos, su agricultura, sus infraestructuras científicas, su población cualificada, su posición entre tres océanos y su pertenencia simultánea al espacio norteamericano, europeo e indo pacífico le proporcionan posibilidades que pocas potencias medias pueden reunir. Pero estas ventajas no producen poder por sí mismas. Deben organizarse en torno a una estrategia nacional duradera.
La elección histórica de Canadá no es, por tanto, entre América y el resto del mundo. Se encuentra entre dos concepciones de su propio lugar en el mundo. La primera consiste en considerar la proximidad estadounidense como un dato suficiente de la estrategia nacional y continuar construyendo alrededor de ella. La segunda consiste en reconocer que esta proximidad seguirá siendo esencial, al tiempo que se construyen las capacidades necesarias para que Canadá pueda elegir más, negociar más y resistir más.
En esta segunda vía reside la autonomía interdependiente. No promete a Canadá una independencia absoluta, que sería incompatible con su geografía y su economía. Le propone algo más realista y, quizá, más poderoso: la capacidad de permanecer profundamente conectado sin quedar cautivo, cooperar sin someterse, comerciar sin depender de un único mercado, aliarse sin renunciar a su libertad de decisión y transformar sus vulnerabilidades en instrumentos de poder.
Canadá no necesita, por tanto, elegir entre integración y soberanía. Su verdadero desafío consiste en construir una forma superior de integración, en la que la soberanía no desaparezca bajo el peso de la interdependencia, sino que se convierta precisamente en aquello que permite dominarla. Esta transformación podría definir el lugar de Canadá en el mundo de aquí a 2035.
LA MIRADA DE CPGNNews
Al término de esta larga reflexión sobre Canadá, Estados Unidos y la profunda transformación del equilibrio de poder en América del Norte, CPGNNews desea apartarse por un instante del lenguaje de las potencias, de los mercados y de las estrategias para regresar a algo más sencillo y profundamente humano: la responsabilidad. Porque detrás de los aranceles, las negociaciones comerciales, las cadenas de suministro, los recursos energéticos, las fronteras, las alianzas militares, las decisiones gubernamentales y los debates sobre la soberanía existe una realidad que las cifras y los análisis de poder nunca deberían permitir que olvidemos: hay dos pueblos, dos sociedades democráticas, dos historias nacionales y dos imaginarios políticos que han construido, a lo largo de generaciones, un grado extraordinario de proximidad. Hay familias que viven a ambos lados de la frontera. Hay trabajadores que la cruzan, estudiantes que viajan de un país al otro, empresas que organizan su actividad cotidiana alrededor de ella y comunidades enteras que han aprendido a considerar esa inmensa línea política más como una realidad administrativa que como una separación humana. Durante décadas, canadienses y estadounidenses han crecido con la idea de que su vecino es, al mismo tiempo, diferente y familiar, extranjero en términos de soberanía, pero cercano por la cultura, los vínculos económicos, los hábitos cotidianos y las experiencias compartidas. Estas dos naciones están arraigadas en una misma historia norteamericana y están llamadas, quieran o no, a seguir siendo vecinas para siempre, porque ninguna política, ningún gobierno y ninguna crisis podrá permitirles cambiar de dirección. Esta proximidad no impide los desacuerdos ni la defensa legítima de los intereses nacionales; sí impone, sin embargo, una responsabilidad particular a quienes ejercen el poder a ambos lados de la frontera.
Canadá no tiene ninguna razón para avergonzarse de buscar una mayor autonomía, del mismo modo que Estados Unidos no tiene ninguna razón para renunciar a la defensa legítima de sus intereses. Una nación que busca fortalecer su resiliencia, diversificar sus socios, proteger sus recursos, consolidar sus capacidades industriales y ampliar su libertad de decisión no está necesariamente amenazando a su vecino; está buscando, ante todo, ejercer un mayor control sobre su propio destino. De la misma manera, una gran potencia puede defender sus intereses económicos, comerciales y estratégicos sin considerar el deseo de autonomía de su socio como un acto de hostilidad. Precisamente aquí se encuentra una de las enseñanzas esenciales de la actual transformación norteamericana: la interdependencia solo puede seguir siendo saludable a largo plazo si se fundamenta en el consentimiento mutuo. Cuando la proximidad se da por sentada, puede confundirse con un derecho adquirido; cuando el poder se convierte en algo habitual, puede llevar a una de las partes a considerar secundarias las decisiones de la otra. Sin embargo, la madurez de una relación entre dos naciones no se mide por la ausencia de desacuerdos, sino por su capacidad para atravesarlos sin convertir el poder en dominación, la negociación en una lucha permanente por la ventaja o la interdependencia en una dependencia impuesta. El verdadero desafío, por tanto, no consiste en determinar cuál de los dos países saldrá victorioso de cada enfrentamiento, sino en preservar una relación en la que ninguno de los dos pueblos se vea obligado a considerar la prosperidad del otro como una amenaza para la suya.
Por eso CPGNNews desea ver a Canadá y Estados Unidos recuperar, más allá de las tensiones del presente, el sentido de una relación basada en la confianza, la reciprocidad y el respeto. Deseamos que sus diferencias puedan superarse en interés de ambos pueblos, de su continente y, más ampliamente, de un mundo que ya ha aprendido cuán imprevisibles pueden llegar a ser las consecuencias de las fracturas entre socios. Queremos ver a la potencia estadounidense continuar desempeñando su papel histórico sin que ese poder se convierta en una razón para olvidar la dignidad de sus socios, y queremos ver a Canadá fortalecer su soberanía sin confundir jamás autonomía con aislamiento. Canadá no necesita ser menos norteamericano para convertirse en una nación más capaz de determinar su propio destino. Estados Unidos no necesita ser menos poderoso para ser más respetuoso de la autonomía de sus vecinos. Entre Ottawa y Washington, la verdadera fuerza quizá no resida, por tanto, en la capacidad de uno de imponer su voluntad al otro, sino en su capacidad conjunta para construir una relación suficientemente equilibrada en la que cada uno pueda defender sus intereses mientras reconoce la legitimidad de los intereses del otro.
Esta transformación no concierne únicamente a los gobiernos. También comienza a afectar la vida cotidiana, las percepciones y, en ocasiones, incluso los hábitos de la gente común. Cuando los canadienses reconsideran determinados viajes a Estados Unidos, cuando una empresa estudia la posibilidad de diversificar sus mercados, cuando los consumidores modifican sus hábitos de compra o cuando una comunidad fronteriza comienza a percibir de manera diferente una relación que antes parecía completamente natural, no estamos ante simples indicadores económicos que están cambiando. Son comportamientos humanos que revelan una transformación más profunda. Durante mucho tiempo, la integración norteamericana se vivió como una certeza casi invisible. Formaba parte del paisaje. Hoy comienza a convertirse en algo más consciente, más debatido y, en ocasiones, abiertamente cuestionado. Esta evolución merece ser observada sin caricaturas y sin un nacionalismo excesivo. No significa necesariamente que los canadienses estén dando la espalda a Estados Unidos, del mismo modo que tampoco significa que los estadounidenses quieran romper con Canadá. Revela, más bien, que una relación que durante mucho tiempo fue considerada evidente debe ahora ser comprendida, explicada y quizá reconstruida sobre bases más explícitas. Es precisamente en momentos como este cuando los dirigentes tienen el deber de comprender las consecuencias humanas de sus decisiones.
El mundo al que aspiramos es un mundo en el que la soberanía no signifique rechazar la cooperación, sino poseer la libertad de cooperar; un mundo en el que la interdependencia no se convierta en subordinación, sino en responsabilidad compartida; un mundo en el que el desarrollo económico no se produzca a costa del medio ambiente; un mundo en el que el poder siga siendo compatible con la dignidad humana; y, finalmente, un mundo en el que las diferencias entre las naciones puedan resolverse mediante la razón, el diálogo y el derecho, en lugar de mediante amenazas, coerción o confrontación. Canadá y Estados Unidos, precisamente porque poseen una influencia considerable en su continente y más allá de él, tienen una responsabilidad particular en esta búsqueda de equilibrio. Su relación trasciende sus intereses bilaterales. También constituye una prueba de lo que podría llegar a ser, en un mundo cada vez más fragmentado, una relación entre una gran potencia y un socio soberano que se niega a elegir entre proximidad y libertad. Su capacidad para reinventar esta relación sin destruir lo que ya ha sido construido podría convertirse, por tanto, en un precedente mucho más importante de lo que ambos países pueden imaginar hoy.
Corresponde ahora a los dirigentes de estos dos países comprender que la historia no les pide renunciar a sus intereses, sino aprender a defenderlos con suficiente sabiduría para preservar aquello que los une. El tiempo político suele ser corto; las consecuencias de las decisiones tomadas en las más altas esferas del Estado pueden durar generaciones. Una frontera puede separar dos territorios, pero nunca debería convertirse en una frontera entre dos pueblos que han construido juntos una parte esencial del espacio norteamericano. Debemos pensar aquí en las generaciones que crecieron dentro de esta proximidad, en quienes cruzaron la frontera sin imaginar jamás que pudiera convertirse en un símbolo de desconfianza y en quienes algún día tendrán que vivir con las consecuencias de las decisiones que hoy se están tomando. La prudencia, en circunstancias como estas, no es una debilidad; es una forma de valentía. El diálogo no es una capitulación; con frecuencia es la expresión más elevada del poder cuando permite impedir que una disputa limitada se convierta en una ruptura histórica. Los Estados pueden cambiar de políticas. Los gobiernos pueden cambiar su retórica. Las relaciones económicas pueden evolucionar. Pero los pueblos permanecen durante mucho tiempo como herederos de las decisiones tomadas en su nombre.
CPGNNews concluye, por tanto, esta reflexión con una convicción sencilla, pero que merece ser defendida con firmeza: Canadá no necesita elegir entre América y la autonomía, del mismo modo que Estados Unidos no necesita elegir entre su poder y su capacidad para respetar el poder y la soberanía de sus vecinos. Existe un camino más exigente: el de una soberanía asumida con confianza, una interdependencia equilibrada y una cooperación basada en la dignidad. Ese camino exige más madurez política que la confrontación, más paciencia que la presión y más visión que la búsqueda de una victoria inmediata. Es ese camino el que deseamos ver surgir entre Ottawa y Washington, en beneficio de sus pueblos, de su continente y de un mundo que todavía aspira, a pesar de sus fracturas, a una mayor justicia, paz, respeto de las soberanías y protección del planeta. Porque al final de toda reflexión sobre el poder permanece una verdad que los estadistas y los pueblos nunca deberían olvidar: la grandeza de una nación no se mide solamente por aquello que es capaz de imponer, sino también por aquello que es capaz de preservar.
Y quizá ese sea, en última instancia, el verdadero desafío de esta nueva era norteamericana: no determinar si Canadá será más autónomo o si Estados Unidos seguirá siendo la potencia dominante del continente, sino saber si dos naciones suficientemente fuertes para defender sus intereses serán también suficientemente sabias para no destruir la confianza de la que depende su futuro compartido. La historia todavía les ofrece esa posibilidad. No les garantiza que la oportunidad permanezca abierta para siempre. Tanto en Ottawa como en Washington, la responsabilidad consiste ahora en comprender que preservar una relación no significa preservar el pasado. Significa ofrecer a las generaciones futuras la posibilidad de escribir uno mejor.
EPÍLOGO: ¿DEBE CANADÁ ELEGIR ENTRE AMÉRICA Y LA AUTONOMÍA?
La pregunta que cierra este dossier es también la pregunta con la que comenzó. ¿Debe Canadá elegir entre América y la autonomía? La respuesta es no. Canadá no puede abandonar geográficamente América del Norte y, por tanto, no tiene ninguna razón para romper con Estados Unidos. Lo que Canadá debe poder hacer, en cambio, es elegir: elegir sus mercados, sus socios, sus infraestructuras, sus proveedores, sus alianzas, su estrategia energética, su política industrial, sus capacidades tecnológicas y el grado de autonomía militar que desea desarrollar. Y, sobre todo, debe poder decir no a Washington cuando sus intereses fundamentales así lo exijan, sin que esa decisión ponga en peligro su estabilidad económica, su seguridad o su capacidad para decidir libremente su propio futuro.
Eso es, en última instancia, lo que llamamos autonomía interdependiente. No es una independencia absoluta, que sería difícilmente compatible con la geografía, la historia y el grado de integración económica del continente, ni una dependencia absoluta, que expondría a una nación a las decisiones de un socio considerablemente más poderoso. Es una vía estratégica que busca combinar la integración continental con la diversificación, la resiliencia y la capacidad de acción. Reconoce que Canadá es profundamente norteamericano, al tiempo que afirma que también es una potencia ártica, una nación atlántica y pacífica, un actor del espacio transatlántico y una economía cuyos intereses comerciales, diplomáticos, tecnológicos, energéticos y medioambientales se extienden mucho más allá de las fronteras del continente.
La autonomía interdependiente no es una condición definitiva que un país alcanza una vez y para siempre. Es un proceso permanente, basado en la capacidad de un Estado para reducir sus vulnerabilidades sin renunciar a los beneficios de la interdependencia. Requiere inversiones sostenidas en infraestructuras, energía, tecnologías estratégicas, minerales críticos, defensa, capacidades árticas y diplomacia. Requiere también una política industrial coherente, una verdadera diversificación de los mercados, cadenas de suministro resilientes y un diálogo político capaz de reunir a los diferentes componentes de la federación canadiense en torno a una visión estratégica de largo plazo. Esa autonomía no puede proclamarse mediante discursos; debe construirse en los puertos, las redes eléctricas, los corredores ferroviarios, las infraestructuras digitales, los laboratorios, las industrias, las universidades, las capacidades militares y las decisiones de inversión que determinan la verdadera libertad de acción de un Estado.
La prueba histórica a la que se enfrenta Canadá constituye, por tanto, tanto una limitación como una oportunidad. Las tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos han puesto al descubierto vulnerabilidades que en algunos casos existen desde hace décadas, pero también pueden provocar una toma de conciencia saludable. Una crisis no es necesariamente una condena; puede convertirse en el momento en que una nación mide con mayor claridad sus dependencias, redefine sus prioridades y transforma progresivamente sus vulnerabilidades en capacidades. Canadá dispone para ello de activos considerables: un territorio inmenso, recursos energéticos y minerales estratégicos, una población altamente cualificada, instituciones sólidas, capacidades científicas reconocidas, una posición geográfica excepcional y una presencia en varias de las grandes arquitecturas políticas, económicas y de seguridad del mundo contemporáneo. La cuestión, por tanto, no es si Canadá posee los medios para fortalecer su autonomía, sino si posee la voluntad política, la continuidad institucional y la capacidad de inversión necesarias para transformar esos activos en un poder estratégico duradero.
La verdadera pregunta ya no es, por tanto, si Canadá puede convertirse en completamente independiente de Estados Unidos. Es si puede llegar a ser lo suficientemente poderoso, resiliente, diversificado y tecnológicamente capaz como para que su interdependencia con Washington nunca se convierta en una pérdida de libertad estratégica. Si Canadá logra alcanzar ese equilibrio, no dejará de ser un socio privilegiado de Estados Unidos; simplemente se convertirá en un socio más capaz de elegir, negociar, contribuir y, cuando sea necesario, discrepar. Tal evolución no debilitaría necesariamente la relación norteamericana. Por el contrario, podría proporcionarle bases más sólidas, porque una relación duradera entre dos naciones no depende únicamente de la proximidad geográfica o de la integración económica, sino también de la capacidad de cada una para existir plenamente por derecho propio y participar en la cooperación por elección y no por necesidad.
Esta transformación también debe comprenderse desde la perspectiva de los ciudadanos. Detrás de las estadísticas comerciales, las decisiones industriales y los debates diplomáticos hay millones de personas cuyas vidas cotidianas han sido moldeadas por la proximidad entre ambos países. Familias, trabajadores, estudiantes, empresarios, agricultores, comunidades fronterizas y generaciones enteras han vivido esta relación como algo casi evidente. Cuando esa certeza comienza a ser cuestionada, no es solamente una arquitectura económica la que está cambiando; también está cambiando una percepción colectiva. Cuando los canadienses reconsideran determinados viajes a Estados Unidos, cuando las empresas exploran nuevos mercados o proveedores y cuando crece el deseo de diversificar las asociaciones, estos acontecimientos no deberían interpretarse únicamente como reacciones temporales. También pueden reflejar una conciencia más profunda: la proximidad no exige dependencia, y la amistad entre dos pueblos no exige que uno de ellos renuncie a su capacidad de elegir.
El proyecto al que este dossier ha querido servir es, por tanto, el de un renacimiento estratégico canadiense en el siglo XXI: no una ruptura con América del Norte, sino una nueva manera de habitar América del Norte; no un repliegue del mundo, sino una presencia canadiense más diversificada; no una soberanía proclamada en los discursos, sino una soberanía construida mediante infraestructuras, tecnología, energía, defensa, diplomacia, economía y capacidad colectiva de decisión. El objetivo no es construir un Canadá contra Estados Unidos, sino un Canadá suficientemente sólido para que su relación con Estados Unidos pueda basarse cada vez más en la elección, la reciprocidad y el respeto mutuo. Probablemente ahí se encuentre la forma más realista y duradera de la autonomía canadiense.
NOTA METODOLÓGICA Y DOCUMENTAL
Este informe se basa en un análisis cruzado de datos cuantitativos, estudios económicos y sociales, documentos institucionales, investigaciones históricas, indicadores energéticos y medioambientales, datos demográficos, información comercial, evaluaciones relativas a la defensa y la seguridad, así como análisis geopolíticos y geoeconómicos relacionados con Canadá, Estados Unidos y, cuando resulta pertinente, América del Norte y el sistema internacional. La base documental incluye publicaciones y conjuntos de datos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización Mundial del Comercio y otras instituciones internacionales, así como datos y documentos producidos por Statistics Canada, el Gobierno de Canadá, el Banco de Canadá, las instituciones parlamentarias canadienses, los organismos pertinentes de Estados Unidos y diversos centros de investigación especializados en economía, comercio, defensa, energía, tecnología, relaciones internacionales y estudios estratégicos.
Para el análisis de las relaciones comerciales y económicas entre Canadá y Estados Unidos, el informe toma en consideración los datos relativos al comercio bilateral, las cadenas de suministro norteamericanas, las inversiones, los flujos energéticos, los minerales críticos, la industria automotriz, la agricultura, las tecnologías estratégicas y las infraestructuras transfronterizas. Cuando resulta pertinente, el análisis también considera los efectos del Acuerdo Canadá–Estados Unidos–México, de los acuerdos comerciales celebrados con la Unión Europea y los países del Indo-Pacífico, así como la evolución de las políticas comerciales y regulatorias susceptibles de modificar la posición estratégica de Canadá dentro de América del Norte y de la economía mundial.
Para el análisis de las dimensiones políticas, diplomáticas y estratégicas, el informe considera la evolución de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, la participación canadiense en la OTAN, el papel del NORAD, la cooperación dentro de Five Eyes, la política canadiense en el Ártico, las relaciones con la Unión Europea y los países del Indo-Pacífico, así como las transformaciones del sistema internacional y la competencia entre grandes potencias. Las diferentes fuentes han sido comparadas y contextualizadas cuando ha sido posible, con el fin de que ninguna cifra aislada, ningún indicador particular ni ninguna interpretación estrictamente coyuntural se presenten como una representación definitiva de una realidad nacional y geopolítica en constante transformación.
La metodología de CPGNNews establece así una distinción fundamental entre los datos observados, su interpretación y las proyecciones estratégicas. Los datos describen una situación determinada en un momento concreto; el análisis busca comprender las relaciones entre los diferentes fenómenos económicos, políticos, tecnológicos, energéticos, militares y diplomáticos; y las proyecciones contemplan posibles trayectorias sin pretender transformar la incertidumbre en certeza. Esta distinción resulta particularmente importante en un estudio dedicado a las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, puesto que las políticas comerciales, las decisiones gubernamentales, las condiciones económicas, los equilibrios electorales y las dinámicas internacionales pueden modificar rápidamente determinados escenarios.
El presente informe debe, por tanto, leerse como un estudio estratégico y editorial de largo plazo y no como una fotografía definitiva de Canadá, Estados Unidos o de sus relaciones bilaterales. Los indicadores económicos, comerciales, demográficos, energéticos, militares y tecnológicos evolucionan; determinados datos pueden ser posteriormente revisados por las instituciones que los producen; y los equilibrios políticos y geopolíticos también pueden transformarse rápidamente. CPGNNews considera que reconocer esta incertidumbre no disminuye el valor del análisis. Por el contrario, constituye una condición esencial de rigor intelectual y honestidad prospectiva. La función de un estudio estratégico no consiste en pretender conocer el futuro, sino en identificar las fuerzas capaces de contribuir a su construcción, las vulnerabilidades capaces de condicionar su trayectoria y las decisiones capaces de modificarla.
AGRADECIMIENTOS EDITORIALES
La redacción de CPGNNews, CaribPulse Global News Network, expresa su sincero agradecimiento a los expertos, investigadores, analistas, periodistas, corresponsales, colaboradores editoriales, traductores y contribuyentes que, en Canadá, Estados Unidos, el Caribe y las diferentes regiones del mundo donde CPGNNews desarrolla su red, contribuyen a la construcción de esta plataforma editorial internacional. Expresamos igualmente nuestro reconocimiento a las instituciones canadienses, estadounidenses e internacionales cuyos datos, investigaciones, documentos y análisis contribuyeron a la elaboración de este estudio, así como a las sociedades canadiense y estadounidense, cuya historia compartida, diversidad, vitalidad democrática y capacidad de transformación constituyen una dimensión esencial de la reflexión desarrollada en estas páginas.
Este trabajo se basa en una convicción sencilla pero exigente: comprender una relación internacional de semejante importancia exige observar simultáneamente su historia, sus intereses, sus desequilibrios, sus interdependencias, sus tensiones y, sobre todo, las responsabilidades que el poder impone a quienes lo ejercen. En el caso de Canadá y Estados Unidos, comprender la profundidad de esta relación significa también reconocer que ninguna frontera política puede borrar una geografía compartida, décadas de integración económica, profundos vínculos humanos y una historia continental que seguirá configurando el futuro de ambos países.
PROPIEDAD INTELECTUAL
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Toda reproducción, adaptación, traducción, distribución o utilización, total o parcial, de este dossier deberá respetar las normas aplicables en materia de derechos de autor e incluir la correspondiente atribución a CPGNNews. Las referencias, datos, documentos y trabajos citados o utilizados en este estudio permanecen sujetos a los derechos de propiedad intelectual y a las condiciones de uso aplicables de sus respectivos autores, instituciones y organismos de origen.
APERTURA EDITORIAL
CPGNNews permanece abierta a observaciones documentadas, comentarios constructivos, contribuciones intelectuales y perspectivas diferentes capaces de enriquecer la comprensión de las transformaciones que atraviesan Canadá, Estados Unidos y el orden norteamericano. El debate basado en hechos no constituye una debilidad del análisis; por el contrario, puede reforzar su valor cuando se fundamenta en el rigor, la calidad de la argumentación, el respeto por las perspectivas divergentes y la voluntad de comprender antes de juzgar.
En este espíritu, el presente dossier no pretende cerrar el debate sobre el futuro de la relación entre Canadá y Estados Unidos, sino contribuir a elevar su nivel intelectual y estratégico, ofreciendo a lectores, investigadores, diplomáticos, responsables públicos, actores económicos y ciudadanos un marco de reflexión que permita examinar las diferentes trayectorias posibles con mayor profundidad, lucidez y responsabilidad.
REFERENCIAS Y FUENTES DOCUMENTALES
La elaboración de este estudio se basa en un cruce de fuentes institucionales, estadísticas oficiales, documentos jurídicos, investigaciones económicas, estudios estratégicos y trabajos académicos dedicados a Canadá, Estados Unidos y la evolución de América del Norte. Entre las principales referencias documentales figuran Statistics Canada, el Banco de Canadá, las instituciones oficiales del Gobierno de Canadá, los organismos estadounidenses responsables de las estadísticas económicas y comerciales, las organizaciones multilaterales, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, así como los documentos relativos al Acuerdo Canadá–Estados Unidos–México, al Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea, al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, a la OTAN y al NORAD.
Los datos relativos al comercio, las inversiones, los recursos naturales, la energía, las infraestructuras, la defensa, el Ártico y las relaciones económicas entre Canadá y Estados Unidos deben considerarse información evolutiva. Las estadísticas nacionales e internacionales pueden ser revisadas, mientras que los equilibrios económicos y geopolíticos pueden cambiar rápidamente. Las cifras utilizadas en este dossier corresponden, por tanto, al estado de los conocimientos y de los datos disponibles en el momento de su preparación y deben interpretarse dentro de su contexto temporal.
Cuando es posible, CPGNNews prioriza el uso de fuentes primarias para que los lectores puedan examinar por sí mismos los datos y análisis utilizados en el dossier. Las referencias documentales no están concebidas, por tanto, como una simple bibliografía destinada a acompañar el texto, sino como una puerta abierta hacia las instituciones que producen, verifican y actualizan gran parte de la información sobre la que se sustenta nuestro análisis. Este enfoque responde a un principio fundamental de nuestra concepción del periodismo estratégico: un lector debe poder no solo comprender un análisis, sino también remontarse a las fuentes que permiten examinarlo, debatirlo y, cuando sea necesario, cuestionarlo.
PRINCIPALES FUENTES INSTITUCIONALES
- Statistics Canada: datos demográficos, económicos, comerciales, industriales y sociales de Canadá.
- Banco de Canadá: política monetaria, estabilidad financiera, coyuntura económica y análisis de la economía canadiense.
- Gobierno de Canadá: comercio internacional, política exterior, defensa, energía, recursos naturales, Ártico y relaciones entre Canadá y Estados Unidos.
- Gobierno de Estados Unidos: datos económicos y comerciales, política comercial, energía, defensa y relaciones con Canadá.
- Fondo Monetario Internacional: datos macroeconómicos, perspectivas económicas y análisis comparativos internacionales.
- Banco Mundial: indicadores económicos, sociales, demográficos y de desarrollo internacional.
- Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos: datos comparativos, productividad, comercio, inversión, gobernanza y políticas públicas.
- Organización Mundial del Comercio: datos y documentos relativos al comercio internacional y a las normas comerciales multilaterales.
- Unión Europea: relaciones comerciales y económicas entre la Unión Europea y Canadá.
- OTAN: datos y documentos relativos a la seguridad colectiva y a las relaciones transatlánticas.
- NORAD: información institucional relativa a la defensa aeroespacial y marítima de América del Norte.
INFORMACIÓN EDITORIAL DE CPGNNEWS
Inteligencia geopolítica al servicio de la toma de decisiones.
CaribPulse Globl News Network — CPGNNews
Plataforma editorial internacional multilingüe nacida en el Caribe.
Pensar el Caribe. Comprender el mundo.
París – Ottawa – Washington | Agosto de 2026
Fin del dossier estratégico de CPGNNews dedicado a Canadá, Estados Unidos y la autonomía interdependiente.