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Por la Redacción de CPGNNews | Mirada Global, lectura desde el Caribe

23 de agosto de 2026

Pensar el Caribe. Comprender el mundo.

UNA ISLA, DOS ESTADOS, UN DESTINO QUE SIGUE SIENDO COMÚN

La Española constituye una de las paradojas geopolíticas más sorprendentes del Caribe: una misma isla, dos Estados soberanos, dos construcciones nacionales distintas y, pese a esta separación política, una interdependencia geográfica, humana, ecológica y económica que la frontera no puede abolir por completo. La República Dominicana, enfrentada desde hace varios años al agravamiento de la crisis política, de seguridad, económica y humanitaria haitiana, ha colocado progresivamente este deterioro en el centro de su concepción de la seguridad nacional. Bajo la presidencia de Luis Abinader, reelegido en 2024, esta orientación se ha traducido en un espectacular fortalecimiento del control fronterizo y en una concepción de la frontera como instrumento esencial de protección de la soberanía, la seguridad y la estabilidad dominicanas. Sin embargo, sería igualmente reduccionista presentar esta política como expresión de un simple nacionalismo antihaitiano que negar la profundidad de las preocupaciones de seguridad y sociales que la alimentan dentro de la sociedad dominicana.

La verdadera cuestión planteada por la evolución actual no es, por tanto, saber si la República Dominicana posee el derecho de proteger su territorio, controlar sus fronteras o definir su política migratoria. Este derecho se deriva de su soberanía y no puede ser seriamente cuestionado. La cuestión estratégica es de otra naturaleza: ¿hasta dónde puede llevarse una política de separación en una isla cuyas realidades geográficas, económicas, ambientales y humanas siguen siendo estructuralmente interdependientes? La seguridad dominicana puede ser legítima sin que la construcción permanente de Haití como amenaza global sea necesariamente eficaz a largo plazo. Del mismo modo, la soberanía dominicana puede consolidarse sin que la identidad nacional tenga que definirse continuamente en oposición a la de su vecino.

Es en esta tensión donde se sitúa el núcleo central de este artículo. Una política destinada a proteger la estabilidad dominicana podría, si transforma de manera duradera la crisis haitiana en una amenaza identitaria permanente, producir una contradicción estratégica: buscar preservar la prosperidad de un Estado mientras se contribuye, directa o indirectamente, al deterioro del entorno humano, económico y geopolítico en el que esa prosperidad se inscribe. El objetivo de este análisis no es, por tanto, negar las diferencias históricas entre ambas sociedades, ni relativizar las responsabilidades de los Estados, ni sustituir un juicio moral por el análisis geopolítico. Es comprender cómo una frontera puede proteger a un Estado sin convertirse en el principio alrededor del cual se construya una hostilidad duradera, y cómo dos sociedades que comparten una misma geografía pueden organizar su coexistencia sin confundir soberanía, seguridad, identidad y antagonismo.

LA ESPAÑOLA ANTES DE SER UNA FRONTERA

Antes de ser una frontera internacional, La Española es, ante todo, una realidad geográfica. La isla forma un conjunto territorial continuo, recorrido por cadenas montañosas, cursos de agua, cuencas hidrográficas y ecosistemas cuyas dinámicas no se detienen en los límites políticos establecidos entre Haití y la República Dominicana. Esta continuidad física constituye un dato estratégico fundamental: el agua, los suelos, los ecosistemas, los fenómenos climáticos, los recursos naturales y una parte de las actividades económicas pertenecen a sistemas insulares que necesariamente superan las fronteras administrativas. La frontera puede regular los desplazamientos humanos y los intercambios comerciales; no puede impedir que una cuenca hidrográfica funcione como tal, que un ciclón atraviese la isla o que un ecosistema sufra las consecuencias de una degradación producida en la otra vertiente.

Esta continuidad es también mucho más antigua que los dos Estados contemporáneos. Mucho antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, La Española estaba integrada en un espacio caribeño recorrido por poblaciones amerindias, entre ellas grupos pertenecientes a los conjuntos culturales y lingüísticos actualmente asociados con los taínos. Las investigaciones arqueológicas y paleogenéticas han renovado profundamente la comprensión de esta historia. El estudio publicado en Nature a partir de datos genómicos procedentes, entre otros, de antiguos individuos de Cuba, La Española, Puerto Rico y otros espacios caribeños muestra que las poblaciones precontacto no eran grupos aislados, sino que pertenecían a un mundo marcado por las circulaciones, los intercambios y cierta continuidad genética regional. Los investigadores identificaron, en particular, una ascendencia vinculada a poblaciones cerámicas relacionadas con hablantes de lenguas arawak y demostraron que esta ascendencia sigue siendo detectable en determinadas poblaciones contemporáneas del Caribe.

Este descubrimiento posee una importancia considerable para la historia intelectual de la isla, pero debe ser interpretado con rigor. La genética antigua no permite transformar a las poblaciones actuales en prolongaciones biológicamente puras de las sociedades precolombinas, ni tampoco permite definir una identidad nacional. Muestra, más bien, que las rupturas políticas y coloniales nunca borraron completamente las continuidades humanas anteriores. La historia de La Española es, por tanto, la de una sucesión de transformaciones, desplazamientos, mezclas y recomposiciones demográficas en la que las categorías nacionales contemporáneas no pueden proyectarse retrospectivamente sobre poblaciones que vivían en un universo político radicalmente diferente.

La colonización europea alteró posteriormente este equilibrio. A partir de finales del siglo XV, la conquista española produjo transformaciones demográficas, económicas y sociales de una magnitud considerable. Las poblaciones autóctonas fueron diezmadas por las enfermedades, la violencia, la explotación y la desorganización de las estructuras sociales existentes. El colapso demográfico que siguió a la conquista contribuyó a la transformación radical del sistema económico de la isla y abrió el camino a la introducción masiva de poblaciones africanas reducidas a la esclavitud. La formación de las sociedades que más tarde se convertirían en haitiana y dominicana es, por tanto, inseparable del encuentro brutal entre poblaciones autóctonas, europeos y africanos, seguido de las sucesivas recomposiciones producidas por varios siglos de colonización.

Durante el siglo XVII, la presencia francesa se estableció progresivamente en la parte occidental de la isla. El Tratado de Ryswick de 1697 consagró diplomáticamente esta nueva realidad al reconocer la presencia francesa en el oeste, mientras la parte oriental permanecía bajo dominio español. Esta evolución no constituyó una separación instantánea entre dos sociedades perfectamente diferenciadas; institucionalizó progresivamente una diferenciación política e imperial que produciría, a lo largo de los siglos, dos trayectorias coloniales cada vez más divergentes. En el oeste, Saint-Domingue se convirtió en una de las economías de plantación más productivas y brutales del mundo atlántico, fundada sobre la esclavitud y la importación masiva de cautivos africanos. En el este, Santo Domingo conservó una economía colonial menos fuertemente estructurada alrededor del modelo azucarero intensivo de Saint-Domingue y desarrolló una trayectoria demográfica y social diferente. Estas divergencias contribuyeron a la formación de sociedades distintas, pero nunca eliminaron por completo los intercambios ni las influencias recíprocas.

La Revolución Haitiana transformó definitivamente el equilibrio de la isla y del mundo atlántico. Entre 1791 y 1804, la insurrección de los esclavos de Saint-Domingue se transformó en una revolución política, militar y social que condujo a la independencia de Haití en 1804. El acontecimiento fue excepcional en la historia moderna: una sociedad colonial surgida de la esclavitud logró derrocar el orden colonial y crear un Estado independiente nacido de una revolución de esclavos. Su alcance superó inmediatamente las fronteras de la isla, especialmente porque la existencia de Haití cuestionaba directamente los fundamentos políticos, económicos y raciales del orden esclavista atlántico. Esta ruptura histórica pesó posteriormente de manera profunda sobre las representaciones políticas e identitarias que se desarrollaron en la parte oriental de la isla, aunque esas representaciones nunca fueron homogéneas ni inmutables.

La trayectoria del este fue igualmente profundamente inestable. Después de varios cambios de soberanía, la parte oriental de la isla fue integrada a la República de Haití en 1822 bajo Jean-Pierre Boyer, en un proceso que condujo a veintidós años de dominación haitiana sobre Santo Domingo. Este período constituye uno de los principales fundamentos históricos de la memoria nacional dominicana. Sin embargo, no puede reducirse a una oposición eterna entre dos pueblos supuestamente incompatibles. Las relaciones entre las poblaciones del este y el poder haitiano estuvieron atravesadas por intereses sociales divergentes, resistencias, acomodaciones, conflictos políticos y transformaciones institucionales. En 1838, Juan Pablo Duarte y sus compañeros fundaron La Trinitaria, movimiento que desempeñó un papel central en la movilización independentista. La insurrección de 1844 condujo a la proclamación de la independencia dominicana y al nacimiento de la República Dominicana como Estado soberano.

El nacimiento de la República Dominicana instituyó, por tanto, una separación política duradera, pero no creó una separación geográfica, ecológica o humana. Los dos Estados se constituyeron progresivamente como naciones distintas, con sus propias instituciones, sus lenguas dominantes, sus memorias históricas y sus relatos nacionales. Sin embargo, las poblaciones continuaron circulando, comerciando, trabajando, estableciendo relaciones familiares y viviendo en espacios fronterizos donde la realidad cotidiana no siempre correspondía a las categorías impuestas por los Estados. La frontera fue así simultáneamente una línea de soberanía y un espacio de contacto.

Esta distinción es esencial para comprender la crisis contemporánea. Haití y la República Dominicana son dos Estados soberanos; no constituyen una sola nación y no deben confundirse. Pero siguen siendo dos sociedades asentadas en una misma isla, vinculadas por sistemas ecológicos, económicos y humanos que la soberanía no puede eliminar. Todo análisis serio de la política dominicana hacia Haití debe, por tanto, mantener juntas estas dos realidades aparentemente contradictorias: el derecho absoluto de cada Estado a su existencia política y la permanencia de una interdependencia insular que hace imposible cualquier estrategia basada en la idea de una separación total.

Es precisamente en este espacio de tensión entre soberanía e interdependencia donde comienza el análisis del proyecto político de Luis Abinader. La frontera dominicana ya no es solamente un límite territorial que debe controlarse; se ha convertido en un instrumento de política nacional, un símbolo de seguridad y, cada vez más, un elemento de definición de la identidad política. Comprender esta evolución exige ahora abandonar la geografía para entrar en la historia reciente del poder dominicano, allí donde la crisis haitiana, la política migratoria y la construcción del relato nacional comienzan a converger.

LUIS ABINADER Y LA NUEVA DOCTRINA DOMINICANA DE LA FRONTERA

Bajo Luis Abinader, la frontera haitiano-dominicana se ha convertido en mucho más que una línea de demarcación territorial: se ha impuesto como un instrumento central de la política de seguridad nacional y como uno de los principales símbolos de la acción del Estado dominicano. Esta evolución, sin embargo, no puede comprenderse únicamente como una construcción electoral o como una estrategia de movilización nacionalista. También responde a realidades concretas que todo análisis serio debe reconocer: el progresivo colapso de las instituciones haitianas, la expansión de la criminalidad organizada, los tráficos transfronterizos, el aumento de los movimientos migratorios irregulares y el temor, ampliamente expresado en la sociedad dominicana, de que la crisis haitiana produzca efectos directos sobre la seguridad, los servicios públicos y la estabilidad del país. En abril de 2025, Abinader anunció así quince medidas adicionales destinadas a reforzar la vigilancia de la frontera, aumentar los efectivos militares e intensificar la lucha contra la migración irregular, presentando explícitamente esta política como una respuesta a la crisis haitiana y como una cuestión de soberanía nacional.

Esta doctrina se basa en una lógica relativamente clara: impedir que el deterioro de la situación haitiana se transforme en un problema interno dominicano. La construcción de la valla fronteriza constituye su expresión física más visible, pero solo representa uno de sus componentes. La República Dominicana ha asociado progresivamente infraestructuras de separación, una presencia militar reforzada y dispositivos tecnológicos de vigilancia. En septiembre de 2025, la Presidencia dominicana anunció así una nueva etapa de la valla, acompañada de un sistema que integra fibra óptica, cámaras térmicas, drones y sensores de movimiento. La frontera tiende desde entonces a convertirse en un espacio de vigilancia tecnológicamente denso, en el que el control de los flujos humanos, comerciales y de seguridad constituye un objetivo permanente.

Esta evolución debe analizarse con una doble exigencia. Por un lado, ningún Estado puede ser privado del derecho a controlar su territorio, combatir la criminalidad organizada o decidir las condiciones de entrada y permanencia en su territorio. La República Dominicana posee, a este respecto, las mismas prerrogativas soberanas que cualquier otro Estado. Por otro lado, la transformación de la frontera en un dispositivo de separación cada vez más hermético no garantiza por sí sola la desaparición de los factores que producen inseguridad. Una frontera puede ralentizar determinados flujos, dificultar ciertas actividades criminales y reforzar la capacidad de vigilancia del Estado; sin embargo, no puede reconstruir las instituciones del país vecino, eliminar las causas económicas de las migraciones ni impedir las consecuencias ambientales, sanitarias y económicas de una crisis prolongada en un espacio insular compartido.

Aquí es donde la política de Abinader presenta su primera contradicción estratégica. Cuanto más se agrava la crisis haitiana, mayor es el interés de la República Dominicana en proteger su territorio; pero cuanto más se agrava esa crisis, más expuesta queda la prosperidad dominicana a las consecuencias indirectas de ese deterioro. La frontera se convierte entonces simultáneamente en una protección y en una línea de vulnerabilidad. Protege el territorio dominicano contra determinados efectos inmediatos de la crisis, al mismo tiempo que recuerda diariamente que esta crisis no puede ser físicamente alejada unas pocas decenas de kilómetros. La cuestión, por tanto, no es simplemente la altura de una valla o el número de soldados desplegados. Se refiere a la capacidad de un Estado para distinguir aquello que puede contener territorialmente de aquello que debe contribuir a estabilizar política, económica y regionalmente.

El discurso presidencial ocupa, dentro de esta arquitectura, un lugar particular. Cuando un jefe de Estado describe la crisis del país vecino esencialmente mediante las categorías de amenaza, criminalidad, invasión o desestabilización, no produce únicamente un mensaje destinado a las administraciones encargadas de la seguridad. Participa en la formación de las representaciones colectivas. Esta dimensión simbólica posee una importancia estratégica considerable. Una población puede apoyar una política estricta de control fronterizo sin considerar necesariamente a toda la población del país vecino como una amenaza. Es precisamente esta distinción la que el discurso político debe preservar. Confundir criminalidad y nacionalidad, migración irregular e identidad haitiana, crisis institucional y supuesta naturaleza de un pueblo crea una generalización que supera ampliamente los objetivos legítimos de la seguridad nacional.

Sin embargo, sería injusto reducir el discurso de Abinader a una única lógica de confrontación. Su política también contiene una dimensión pragmática: la República Dominicana debe gestionar una frontera activa, intercambios comerciales considerables, comunidades fronterizas interdependientes y una crisis que no puede aislarse completamente del territorio dominicano. Por ello, el análisis debe distinguir las diferentes capas de la política pública: las decisiones administrativas, los imperativos militares, los intereses económicos, las declaraciones presidenciales y los discursos electorales no producen necesariamente los mismos efectos. Confundirlos conduciría a una lectura tan simplista como aquella que consistiría en considerar toda medida de seguridad como hostil o, por el contrario, toda crítica a la política dominicana como una negación del derecho a la seguridad.

El verdadero debate comienza, por tanto, en otro lugar. La República Dominicana debe controlar su frontera; la cuestión no es discutible. Debe combatir los tráficos; debe proteger sus instituciones; debe impedir que las redes criminales se aprovechen de la porosidad fronteriza. Pero debe evitar simultáneamente que la seguridad nacional se convierta en una categoría suficientemente amplia como para absorber toda percepción negativa de Haití y de su población. Cuando la seguridad deja de designar comportamientos, redes y amenazas identificables para comenzar a designar implícitamente una nacionalidad, cambia de naturaleza. Ya no protege solamente una frontera física; comienza a construir una frontera identitaria.

Es esta segunda frontera la que merece una atención particular. Porque una valla puede desplazarse, reforzarse o reorganizarse. Una representación colectiva del enemigo, una vez profundamente instalada, resulta mucho más difícil de deconstruir. Y cuando esta representación se convierte en uno de los elementos de la definición de la identidad nacional, puede producir un efecto paradójico: reforzar temporalmente el sentimiento de cohesión interna al mismo tiempo que reduce la capacidad del Estado para construir con su vecino los mecanismos de cooperación que su propia seguridad necesitará a largo plazo.

HISPANIOLA Y LA TRAMPA DE LA REDUCCIÓN IDENTITARIA

El riesgo estratégico más profundo aparece cuando la distinción legítima entre dos naciones comienza a transformarse en una oposición existencial entre dos poblaciones. La República Dominicana es un Estado soberano; Haití es otro. Ambos países poseen sus instituciones, sus lenguas dominantes, sus tradiciones políticas, sus memorias históricas y sus relatos nacionales. Reconocer esta diferencia constituye el punto de partida de todo análisis serio. Pero reconocer dos identidades nacionales distintas no significa que sea necesario construir una como la antítesis permanente de la otra.

Esta distinción es particularmente importante en el caso de La Española porque la historia de la isla no corresponde a las categorías nacionales contemporáneas. Las poblaciones han circulado, se han mezclado, han intercambiado, han trabajado a ambos lados del espacio fronterizo y han participado en dinámicas históricas comunes mucho antes de la creación de los dos Estados modernos. Los sistemas ecológicos también permanecen interdependientes. Las cuencas hidrográficas, los cursos de agua, los ecosistemas, los riesgos climáticos y determinadas cadenas económicas funcionan a escala de la isla y no a la de las administraciones nacionales. La soberanía es, por tanto, una realidad política absoluta; la interdependencia es una realidad geográfica igualmente incontestable.

Esta realidad hace particularmente frágil cualquier intento de definir la identidad dominicana mediante una oposición biológica a Haití. Una nación no es una categoría genética. Es el resultado de una historia, de instituciones, de una lengua, de una memoria colectiva, de prácticas culturales y de una experiencia política compartida. La República Dominicana posee una identidad nacional perfectamente legítima sin necesidad de demostrar una supuesta separación biológica respecto de Haití. Del mismo modo, la identidad haitiana no puede reducirse a una composición genética particular. Ambas sociedades han sido moldeadas por siglos de colonización, esclavitud, migraciones, mestizaje, conflictos, resistencias y sucesivas construcciones políticas.

La genética hace que esta distinción sea aún más importante. Las poblaciones contemporáneas del Caribe llevan las huellas de varios siglos de desplazamientos y recomposiciones demográficas. Los datos disponibles muestran contribuciones europeas, africanas e indígenas variables según las poblaciones, las regiones, los individuos y los métodos utilizados. También muestran que las fronteras políticas actuales no corresponden a antiguas fronteras biológicas. Pero tampoco permiten concluir que las dos naciones sean genéticamente idénticas. La ciencia permite reconstruir historias de poblaciones; no proporciona una definición biológica de la nación.

El peligro aparece cuando esta distinción científica se borra deliberadamente. Si se transforma una diferencia cultural o nacional en una supuesta diferencia biológica, la identidad deja de ser una construcción histórica y se convierte en una esencia pretendidamente natural. Esta lógica es particularmente peligrosa en un espacio donde la historia colonial, la cuestión racial, la memoria de la esclavitud y las relaciones de poder han dejado huellas tan profundas. Puede conferir a categorías políticas una apariencia científica que no poseen. También puede transformar diferencias sociales e históricas reales en fronteras supuestamente naturales entre poblaciones.

El mismo mecanismo puede aparecer en el lenguaje político. Hablar de criminalidad transfronteriza designa un fenómeno identificable. Hablar de migración irregular designa una situación jurídica. Hablar de grupos armados o de tráfico ilícito designa actores y redes precisos. En cambio, utilizar una nacionalidad como categoría general de amenaza transforma una realidad compleja en una identidad colectiva sospechosa. Precisamente este desplazamiento es el que un Estado democrático debe evitar, no por debilidad, sino por eficacia. Una política de seguridad se vuelve más precisa cuando distingue a los individuos según sus actos y sus situaciones jurídicas, en lugar de hacerlo según su origen nacional.

El problema no es, por tanto, únicamente moral. También es estratégico. Cuando una población entera es progresivamente asociada con la inseguridad, toda cooperación se vuelve políticamente más costosa. Los empresarios fronterizos, los comerciantes, las colectividades locales, las organizaciones humanitarias, las instituciones universitarias e incluso las administraciones públicas pueden ser sospechosos de una proximidad con el Otro que antes no existía. La desconfianza se extiende entonces más allá de los verdaderos problemas de seguridad y termina reduciendo el espacio disponible para soluciones pragmáticas.

Así es como la frontera física puede convertirse en una frontera psicológica. El muro deja entonces de ser únicamente una infraestructura de control y se convierte en un símbolo de alteridad. El vecino ya no es solamente un Estado diferente; se convierte en el Otro contra el cual la nación se define. Ahora bien, una identidad nacional construida principalmente por oposición corre el riesgo de volverse dependiente de la existencia permanente de su adversario simbólico. La estabilidad política puede entonces extraer una parte de su cohesión de una crisis que, sin embargo, tendría interés en ver desaparecer.

Esta dinámica constituye una de las paradojas más importantes de la situación actual. La República Dominicana necesita un Estado haitiano capaz de controlar su territorio, combatir las organizaciones criminales, garantizar sus instituciones y participar en mecanismos de cooperación bilateral. Sin embargo, si el discurso público transforma a Haití en una amenaza absoluta, cualquier mejora de la situación haitiana podría reducir paradójicamente la función política del relato securitario. La estrategia racional debería orientarse, por tanto, no hacia la perpetuación de la debilidad del vecino, sino hacia su estabilización progresiva en condiciones compatibles con la seguridad dominicana.

La responsabilidad del liderazgo político se vuelve entonces decisiva. No se trata de exigir a los dirigentes que minimicen los peligros reales o que renuncien a una política migratoria firme. Se trata de pedirles que preserven las categorías que permiten una acción pública eficaz: distinguir a la persona del comportamiento, al migrante del criminal, al Estado haitiano de su población, la crisis institucional de la identidad nacional haitiana y la protección de la frontera de la construcción de un enemigo colectivo. Esta distinción no debilita la seguridad. Por el contrario, le proporciona una base más racional.

EL ADN DE LA ESPAÑOLA: LO QUE LA CIENCIA DICE REALMENTE

La genética es probablemente el ámbito en el que la prudencia metodológica resulta más indispensable. Los datos genómicos pueden esclarecer las migraciones, las mezclas de poblaciones, los efectos demográficos de la colonización y determinadas continuidades históricas. Sin embargo, no permiten determinar qué es una nación, y mucho menos definir el valor, la cultura o la legitimidad política de una población. Utilizar el ADN para establecer una jerarquía entre haitianos y dominicanos supondría desviar una ciencia de las poblaciones de su verdadero objeto.

Las investigaciones dedicadas a las poblaciones de la República Dominicana muestran precisamente por qué esta prudencia es necesaria. Un estudio publicado en 2024 en Pharmaceutics, basado en 178 individuos dominicanos genotipados para estimar la ascendencia genómica, obtuvo un promedio de 23,8 % de ascendencia europea, 42,6 % de ascendencia amerindia y 33,6 % de ascendencia africana en esa muestra. Pero estas cifras no deben transformarse de ninguna manera en un retrato genético del conjunto de la población dominicana. La muestra estudiada no representa mecánicamente toda la diversidad demográfica del país y las poblaciones de referencia utilizadas para estimar los componentes ancestrales también influyen en los resultados.

Otro estudio reciente dedicado a una cohorte urbana dominicana produce, por su parte, una distribución claramente diferente, con un promedio estimado de 51,6 % de ascendencia europea, 39,5 % africana y 8,9 % amerindia. Esta diferencia no constituye una contradicción científica que deba resolverse mediante la elección arbitraria de la cifra que mejor sirva a una tesis política. Por el contrario, recuerda una regla fundamental de la genética de poblaciones: una estimación de ascendencia depende de la población muestreada, de su tamaño, de su estructura, de los marcadores utilizados, de las poblaciones de referencia y del método estadístico empleado.

Sería, por tanto, científicamente incorrecto afirmar que «el dominicano promedio» posee una composición genética determinada de una vez por todas. Los individuos no poseen una media nacional; poseen genomas particulares, procedentes de trayectorias familiares particulares. Las proporciones de ascendencia pueden variar considerablemente de un individuo a otro y de una región a otra. La diversidad interna de una población nacional es, por tanto, tan importante como la comparación entre dos poblaciones nacionales.

El estudio de los linajes paternos ofrece otro ejemplo de esta complejidad. Una investigación realizada sobre 182 hombres dominicanos procedentes de tres localidades identificó un 59 % de linajes clasificados como norteafricanos o europeos, un 38 % como africanos y un 3 % como amerindios. Pero estas cifras corresponden al cromosoma Y, es decir, a una sola línea genealógica directa dentro del conjunto del patrimonio genético de un individuo. No representan, por tanto, la ascendencia genómica total de esos hombres y mucho menos la de toda la población dominicana. El estudio muestra sobre todo una asimetría entre determinadas líneas paternas y maternas, fenómeno que los investigadores interpretan en el contexto histórico de la colonización, la esclavitud y las relaciones sociales que estructuraron la sociedad colonial.

Esta distinción entre cromosoma Y, ADN mitocondrial y ascendencia autosómica es fundamental. El cromosoma Y sigue esencialmente una línea paterna directa; el ADN mitocondrial sigue una línea materna directa; el ADN autosómico, por su parte, representa la mayor parte del genoma transmitido por el conjunto de los antepasados recientes. Estos tres enfoques no responden, por tanto, a la misma pregunta. Mezclarlos para producir un único porcentaje nacional sería científicamente engañoso.

Los datos disponibles revelan, sin embargo, algo mucho más importante que la búsqueda de una cifra definitiva: las sociedades de La Española proceden de historias demográficas complejas en las que las herencias indígenas, africanas y europeas se combinaron siguiendo trayectorias diferentes. Los trabajos sobre los linajes dominicanos muestran, en particular, una fuerte presencia de linajes africanos en el ADN mitocondrial y una proporción importante de linajes europeos o norteafricanos en el cromosoma Y, lo que corresponde a una historia de mestizaje fuertemente marcada por las relaciones de poder del período colonial.

La genética no dice, por tanto, que haitianos y dominicanos sean «lo mismo». Tampoco dice que estén biológicamente separados por una frontera correspondiente a la línea política actual. Cuenta una historia más compleja: la de poblaciones caribeñas cuyas trayectorias fueron diferenciadas por la colonización, la esclavitud, las migraciones, las estructuras sociales y las construcciones nacionales, al tiempo que compartían elementos de una historia demográfica regional más antigua.

Precisamente por ello debe descartarse la afirmación de que ambos pueblos tendrían «más del 50 % del mismo ADN». Todos los seres humanos comparten la inmensa mayoría de su secuencia genética. La cuestión científicamente pertinente no consiste, por tanto, en buscar un porcentaje espectacular destinado a demostrar proximidad o separación, sino en estudiar las variaciones en las frecuencias de ascendencia, los linajes genealógicos, los flujos migratorios y los acontecimientos demográficos que produjeron las poblaciones contemporáneas.

La conclusión científica debe permanecer sencilla: el ADN puede contar una parte de la historia de La Española, pero no puede escribir en lugar de los pueblos su identidad nacional. Un dominicano puede tener antepasados africanos, europeos e indígenas; un haitiano también puede proceder de una historia demográfica profundamente marcada por África y por otros aportes históricos. Estos datos no anulan la lengua, la cultura, la memoria, las instituciones ni las experiencias históricas que produjeron dos naciones distintas. Simplemente muestran que las categorías nacionales contemporáneas no son categorías biológicas naturales.

Aquí es donde la genética se vuelve políticamente interesante, no porque permita decidir quién es qué, sino porque precisamente impide las simplificaciones a las que podría recurrir el debate identitario. Recuerda que la historia humana es más antigua que las fronteras, más compleja que los nacionalismos y más diversa que los relatos que pretenden encerrar a una población en un origen único. Para La Española, esta lección científica posee una dimensión geopolítica: la soberanía puede separarse; las historias humanas, en cambio, nunca se dejan dividir completamente mediante una frontera.

DOS PUEBLOS, UNA INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA

La frontera hispaniolana no es solamente una línea de soberanía; constituye también un espacio económico vivo, estructurado por intercambios que han resistido las crisis políticas, los períodos de cierre y las tensiones diplomáticas. El comercio entre Haití y la República Dominicana se basa en una realidad geográfica elemental: las dos economías comparten una frontera terrestre, necesidades complementarias y redes comerciales cuya parte se ha desarrollado mucho más allá de los mecanismos formales del Estado. Productos alimenticios, materiales de construcción, bienes manufacturados y de consumo circulan entre ambos territorios a través de canales legales, informales o clandestinos, mientras las comunidades fronterizas han construido a lo largo de las décadas economías cuya supervivencia depende precisamente de esta circulación. La frontera puede ralentizar estos flujos, controlarlos o formalizarlos; no puede hacer desaparecer las necesidades económicas que los producen.

Para la República Dominicana, Haití representa desde hace mucho tiempo un mercado comercial significativo. El mercado haitiano constituye, en particular, un destino importante para productos dominicanos procedentes de la agricultura, la agroindustria, la industria ligera y la construcción. El Gobierno de Estados Unidos describe a la propia economía haitiana como fuertemente dependiente de sus relaciones comerciales con sus vecinos, entre los cuales la República Dominicana ocupa un lugar destacado. Esta relación crea una asimetría evidente entre ambas economías, pero la asimetría no significa ausencia de interdependencia. Significa, más bien, que los dos países no obtienen los mismos beneficios de los intercambios ni soportan los mismos costos cuando estos se interrumpen.

La crisis fronteriza de 2023 proporcionó una demostración concreta de esta realidad. Cuando Luis Abinader ordenó el cierre completo de la frontera en septiembre de 2023, la medida afectó simultáneamente los intercambios terrestres, marítimos y aéreos. El Gobierno dominicano tuvo que establecer rápidamente mecanismos para absorber la producción destinada al mercado haitiano, especialmente los productos perecederos. Días después, la Asociación Dominicana de Avicultura estimaba que el cierre interrumpía por sí solo la exportación de unos 30 millones de huevos mensuales, además de importantes volúmenes de pollos y productos avícolas. El fenómeno es revelador: incluso cuando un Estado considera necesario el cierre de la frontera por razones de seguridad, productores, comerciantes y transportistas deben absorber inmediatamente las consecuencias económicas de esa decisión.

Esta interdependencia no se limita a las mercancías. También concierne al trabajo. La presencia de trabajadores haitianos en la economía dominicana es antigua y particularmente importante en determinados sectores. Los datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo muestran, en particular, una fuerte concentración de los inmigrantes haitianos en la agricultura y la construcción, así como su presencia en el comercio y en diferentes servicios. Esta realidad no debe ser ni idealizada ni demonizada. Una parte de esta mano de obra sigue siendo vulnerable, determinadas relaciones laborales son informales y las condiciones de empleo pueden ser precarias. Pero esta vulnerabilidad no anula la contribución económica del trabajo migrante. Más bien revela la existencia de un mercado laboral transnacional que ambos Estados tienen interés en organizar mejor.

La cuestión pasa entonces a ser la formalización. Una economía fronteriza ampliamente informal reduce la capacidad de ambos Estados para percibir los ingresos que les corresponden, debilita la trazabilidad de las mercancías y crea espacios favorables al fraude y a las actividades criminales. Por el contrario, una frontera mejor administrada puede transformar una parte de esta economía gris en actividad formal, gravable y controlable. Seguridad y comercio no son, por tanto, necesariamente objetivos contradictorios. Una aduana más eficiente, procedimientos digitales, controles basados en el análisis de riesgos e infraestructuras logísticas modernas pueden reforzar simultáneamente la seguridad y reducir los costos del comercio legal.

Precisamente esto otorga una importancia particular al proyecto anunciado por Luis Abinader en febrero de 2026. El presidente dominicano presentó la creación de una red de puertos secos y centros logísticos en las provincias fronterizas como un nuevo pilar del desarrollo de esta zona, con el objetivo de organizar el comercio, fortalecer los intercambios formales con Haití y movilizar más de 300 millones de dólares de inversión privada. La Presidencia dominicana presentó explícitamente esta infraestructura como un «muro económico» destinado a complementar el muro fronterizo orientado a la seguridad territorial.

Esta formulación presidencial revela una evolución importante de la doctrina. El mismo Estado que refuerza físicamente la separación territorial reconoce simultáneamente que debe organizar los intercambios que atraviesan esa separación. La frontera, por tanto, ya no se concibe únicamente como una barrera; comienza a pensarse como una infraestructura económica. Esta evolución no constituye una contradicción accidental. Revela, más bien, una realidad fundamental: la separación política puede coexistir con la interdependencia económica, siempre que esta sea organizada por instituciones capaces de distinguir el comercio legal, la actividad informal y las redes criminales.

Esta distinción es particularmente importante para la lucha contra el tráfico ilícito. Las armas, los estupefacientes, los productos de contrabando y los flujos financieros ilícitos no deben asimilarse al comercio transfronterizo ordinario. Responden a lógicas criminales diferentes y requieren instrumentos distintos. Combatirlos eficazmente exige precisamente disponer de una frontera suficientemente organizada para identificar los flujos de riesgo sin transformar todos los intercambios en actividades sospechosas. La tecnología aduanera, el intercambio de información, el análisis de riesgos y la cooperación entre administraciones pueden ser aquí más eficaces que una lógica de cierre generalizado.

La paradoja económica de La Española aparece entonces claramente. La República Dominicana puede reducir determinadas formas de dependencia, diversificar sus mercados, desarrollar la automatización y fortalecer su producción nacional. Sin embargo, no puede abolir la geografía. Haití seguirá siendo su vecino inmediato, un mercado potencial, una fuente de mano de obra, un espacio de circulación y un componente inevitable del entorno económico de la isla. La cuestión estratégica no consiste, por tanto, en saber cómo eliminar esta interdependencia, sino cómo hacerla más segura, más formal, más productiva y más equilibrada.

EL ODIO COMO RIESGO ECONÓMICO

El odio puede parecer una cuestión exclusivamente moral o política. Sin embargo, posee una dimensión económica que las estrategias nacionales suelen subestimar. Cuando una sociedad construye durante mucho tiempo a su vecino como una amenaza colectiva, aumenta el costo político de la cooperación, reduce la previsibilidad de los intercambios y puede transformar cada crisis diplomática en un choque comercial. La economía no funciona únicamente gracias a las infraestructuras y al capital; también depende de la confianza, de la continuidad de las reglas y de la capacidad de los actores para anticipar las decisiones públicas. Cuando estas condiciones se deterioran, el costo puede aparecer incluso antes de que una estadística macroeconómica pueda medirlo.

Los acontecimientos de 2023 ilustran directamente este mecanismo. El cierre de la frontera decidido por la República Dominicana tenía objetivos políticos y de seguridad precisos, pero también produjo consecuencias económicas inmediatas para los productores que dependían del mercado haitiano. El Estado dominicano tuvo que intervenir para comprar productos perecederos que ya no podían comercializarse normalmente, mientras productores avícolas reconocían la interrupción de importantes exportaciones hacia Haití. Este fenómeno recuerda una regla elemental de la economía: una decisión soberana puede ser perfectamente legítima en su objetivo y, al mismo tiempo, producir costos secundarios para los sectores que dependen de la continuidad de los intercambios.

El mercado laboral constituye un segundo canal de transmisión. Una política migratoria más restrictiva puede responder a objetivos legítimos de control y regularización, pero su implementación económica debe tener en cuenta la estructura real de la demanda de trabajo. Cuando determinados sectores utilizan desde hace mucho tiempo una importante mano de obra migrante, una reducción rápida de esta oferta puede provocar un aumento de los costos salariales, una aceleración de la mecanización o una reorganización de la producción. En algunos casos, esta transformación puede resultar beneficiosa a largo plazo si estimula la productividad y la formalización; en otros, puede provocar tensiones temporales sobre los costos y los precios. El desafío, por tanto, no consiste en defender o condenar abstractamente el trabajo migrante, sino en medir con precisión los efectos de una transformación brusca del mercado laboral.

La cooperación en materia de seguridad constituye un tercer canal. Las redes criminales no respetan las fronteras administrativas. Una organización que opera en varios territorios puede aprovechar las diferencias entre los sistemas judiciales, las capacidades policiales y los procedimientos aduaneros. Una relación bilateral profundamente deteriorada reduce mecánicamente las posibilidades de intercambio de información y coordinación operativa. Ahora bien, una frontera verdaderamente segura no es solamente aquella que impide la entrada de un individuo; también es aquella que permite a ambos Estados identificar las redes que organizan los flujos criminales, seguir sus fuentes de financiamiento y coordinar las respuestas judiciales.

El medio ambiente representa quizás el caso más evidente de una interdependencia que no puede negociarse. Las cuencas hidrográficas, los cursos de agua y los ecosistemas no reconocen ninguna frontera nacional. La degradación de una vertiente puede producir consecuencias sobre la otra, mientras que la erosión, la sedimentación, la deforestación, la gestión del agua y los riesgos vinculados a fenómenos climáticos extremos pueden afectar simultáneamente a ambas sociedades. En este ámbito, la idea de una autosuficiencia nacional absoluta se vuelve físicamente imposible. Ningún muro puede impedir que una cuenca hidrográfica funcione como un sistema único.

La salud pública obedece a la misma lógica. El episodio de cólera que comenzó en Haití en 2010 recuerda con fuerza que las fronteras no constituyen barreras epidemiológicas absolutas. Posteriormente se registraron casos en la República Dominicana, y la Organización Mundial de la Salud documentó la propagación de la epidemia y sus consecuencias sanitarias en ambos países. La lección estratégica es más amplia que el propio cólera: vigilancia epidemiológica, sistemas de alerta, capacidades diagnósticas, vacunación y coordinación sanitaria son ámbitos en los que la cooperación no debilita la soberanía. Aumenta su capacidad real de protección.

El turismo introduce otra dimensión, pero aquí deben evitarse los razonamientos mecánicos. La República Dominicana posee una importante industria turística y su atractivo depende, entre otros factores, de la estabilidad, las infraestructuras, la calidad de los servicios y la imagen internacional del país. Un deterioro de la reputación internacional puede convertirse, por tanto, en un riesgo económico, pero sería excesivo afirmar que un conflicto con Haití provocaría automáticamente una caída del turismo. El verdadero riesgo es más difuso: una percepción duradera de inestabilidad regional, tensiones sociales o discriminación puede aumentar el costo reputacional de un país e influir en determinadas decisiones de inversión o de viaje.

La paradoja económica del poder dominicano aparece entonces con mayor claridad. Cuanto más se desarrolla la República Dominicana, más depende de un entorno regional estable. Una economía abierta, integrada en las cadenas logísticas internacionales, el turismo, las finanzas y el comercio regional, tiene más que perder ante una degradación duradera de su vecindario que una economía aislada. El poder, por tanto, no reduce necesariamente la vulnerabilidad; también puede desplazarla. Una República Dominicana más rica y más conectada tiene interés en disponer de un entorno insular más previsible, incluso cuando fortalece simultáneamente sus mecanismos de protección.

La conclusión no es que la República Dominicana deba abandonar su política de seguridad. Es exactamente la contraria. Cuanto más un Estado quiera proteger de manera duradera su prosperidad, más debe distinguir la protección de su territorio de la degradación deliberada de su entorno regional. Una política de firmeza puede ser compatible con una política de cooperación. Lo que se vuelve económicamente peligroso es cuando la desconfianza deja de ser un instrumento temporal para gestionar una crisis y se convierte en una estructura permanente de la relación bilateral.

El odio se convierte entonces en un riesgo económico no porque produzca mecánicamente un colapso de los intercambios, sino porque destruye progresivamente las condiciones institucionales de la cooperación. Aumenta el costo de la confianza, reduce el espacio político para los compromisos y transforma las interdependencias normales en vulnerabilidades sospechosas. A largo plazo, una dinámica de este tipo puede resultar costosa precisamente para el Estado que parece estar mejor protegido.

LA FRONTERA QUE PROTEGE Y LA FRONTERA QUE PRODUCE

La verdadera alternativa al cierre absoluto no es la ausencia de frontera. Es una frontera más inteligente, más controlada y más productiva. Una frontera eficaz debe ser capaz de distinguir entre personas, mercancías y riesgos; debe ralentizar aquello que amenaza la seguridad, al mismo tiempo que acelera lo que corresponde al comercio legal. Esta concepción transforma la frontera de un simple mecanismo de separación en una infraestructura estratégica capaz de combinar soberanía, seguridad, comercio y desarrollo.

La primera dimensión es económica. Los puertos secos, los centros logísticos, los mercados mayoristas, las instalaciones aduaneras modernizadas y los sistemas digitales de seguimiento pueden permitir formalizar una parte de los intercambios que actualmente se realizan a través de circuitos informales. El proyecto de una red de puertos secos anunciado por Abinader en febrero de 2026 avanza precisamente en esta dirección. La Presidencia dominicana presenta estas infraestructuras como un medio para organizar el comercio con Haití, fortalecer las provincias fronterizas y crear un nuevo polo logístico capaz de atraer inversiones privadas. El concepto es estratégico porque reconoce implícitamente que la frontera no puede ser económicamente neutral: debe generar valor si pretende contribuir de manera sostenible al desarrollo de los territorios que separa.

La segunda dimensión es la seguridad. Una frontera moderna no necesita tratar cada desplazamiento como una amenaza. Debe identificar los riesgos con mayor precisión. Los sistemas biométricos, las tecnologías de vigilancia, el análisis de los datos aduaneros y el intercambio de información pueden permitir concentrar los recursos de seguridad en los flujos que realmente presentan problemas. La República Dominicana ya ha iniciado esta evolución mediante la combinación de infraestructura física y tecnologías de vigilancia. En 2023, las autoridades habían previsto, entre otras medidas, la introducción de un registro biométrico en los mecanismos fronterizos y la creación de corredores comerciales sometidos a controles reforzados. La lógica que debe privilegiarse es, por tanto, la de un control más preciso en lugar de un cierre indiscriminado.

La tercera dimensión es sanitaria. Los sistemas de vigilancia epidemiológica, los mecanismos de alerta temprana y la capacidad de compartir rápidamente información sanitaria constituyen instrumentos de seguridad nacional, al igual que los controles migratorios. Una enfermedad infecciosa no necesita visado para atravesar una frontera. La cooperación sanitaria, por tanto, no elimina la soberanía; permite a cada Estado proteger mejor a su propia población.

La cuarta dimensión es medioambiental. La Hispaniola no puede dividirse ecológicamente en dos sistemas independientes. La gestión de las cuencas hidrográficas, la protección de los bosques, la conservación de los recursos hídricos, la prevención de la erosión, la reducción de los residuos y la adaptación a los fenómenos climáticos extremos requieren mecanismos permanentes de coordinación. En este ámbito, negarse a cooperar no constituye una afirmación adicional de soberanía; representa una reducción de la capacidad real de cada uno de los dos Estados para proteger su propio territorio.

La quinta dimensión es social. Una frontera productiva también debe crear actividades económicas legales para las poblaciones que viven en sus proximidades. Las zonas fronterizas no pueden permanecer indefinidamente atrapadas en economías de supervivencia dependientes de las fluctuaciones políticas. Si las infraestructuras logísticas, los mercados, los servicios financieros, el transporte y las actividades manufactureras se desarrollan de manera coherente, la frontera puede convertirse en un espacio de inversión y no simplemente en un espacio de vigilancia. Esta transformación sería particularmente importante para los territorios dominicanos más alejados de los principales polos económicos del país, pero también podría crear incentivos para la formalización del comercio del lado haitiano.

Las comparaciones internacionales deben, sin embargo, manejarse con prudencia. Las fronteras entre los Estados miembros de la Unión Europea se apoyan en arquitecturas institucionales que no existen entre Haití y la República Dominicana. La frontera entre Estados Unidos y México posee asimismo características económicas, jurídicas y de seguridad que no pueden trasladarse directamente a la Hispaniola. Estos ejemplos no deben considerarse, por tanto, modelos que deban copiarse; simplemente demuestran que una frontera puede desempeñar simultáneamente una función de control y convertirse en un importante corredor económico cuando las instituciones organizan eficazmente los flujos.

La Hispaniola posee las condiciones mínimas para desarrollar una lógica comparable, pero a su propio ritmo y de acuerdo con sus propias limitaciones. Esto exigiría reconocer que la seguridad, el comercio, la salud, el medio ambiente y el desarrollo no son cinco políticas ajenas entre sí. Constituyen cinco dimensiones de un mismo problema insular. La República Dominicana puede reforzar su control territorial al mismo tiempo que desarrolla mecanismos de cooperación con Haití. Puede combatir la migración irregular mientras organiza legalmente determinadas formas de movilidad económica. Puede luchar contra las redes de tráfico mientras facilita el comercio lícito. Puede proteger su soberanía mientras participa en la gestión conjunta de los recursos naturales.

La frontera del futuro no debería evaluarse únicamente por la altura de su muro o por el número de personas interceptadas. Debería evaluarse por su capacidad para reducir la criminalidad, formalizar los intercambios, aumentar los ingresos públicos, proteger a las poblaciones, acelerar el comercio legal, prevenir las crisis sanitarias y preservar los recursos naturales. Una frontera verdaderamente fuerte no es necesariamente aquella que más separa; es aquella que controla mejor lo que debe controlar y facilita aquello que tiene interés en facilitar.

Aquí se encuentra probablemente la verdadera alternativa estratégica para la Hispaniola. La República Dominicana no tiene que elegir entre soberanía e interdependencia, del mismo modo que tampoco tiene que elegir entre seguridad y desarrollo. Debe construir una arquitectura en la que la soberanía proporcione los medios para controlar la frontera, mientras que la interdependencia proporcione las razones para organizarla de manera inteligente. Un muro puede impedir determinados cruces; no puede crear por sí solo una economía fronteriza estable. La tecnología puede vigilar los flujos; no puede sustituir a las instituciones. El cierre puede interrumpir temporalmente el comercio; no puede eliminar la geografía.

La cuestión histórica para la Hispaniola ya no consiste, por tanto, en saber cómo hacer invisible la frontera. Consiste en saber cómo hacerla suficientemente fuerte para proteger a dos Estados soberanos sin convertirla en un espacio tan hostil que impida a dos sociedades vecinas sobrevivir, comerciar y gestionar conjuntamente las realidades que comparten.

HAITÍ: RESPONSABILIDADES, FRACASOS E INTERDEPENDENCIA

Rechazar la estigmatización de Haití no significa exonerar a los responsables haitianos. Un análisis serio de la crisis debe precisamente evitar las dos simplificaciones simétricas que suelen dominar el debate internacional: presentar a Haití como una víctima completamente pasiva de su historia o, por el contrario, reducir su colapso a una supuesta incapacidad de su población para construir un Estado. Entre estas dos caricaturas existe una realidad mucho más difícil: décadas de debilidad institucional, mala gobernanza, corrupción, captura de los recursos públicos, crisis políticas recurrentes, injerencias externas y creciente poder de actores armados han reducido progresivamente la capacidad del Estado haitiano para ejercer sus funciones fundamentales. La responsabilidad política existe, por tanto, y afecta a los dirigentes, a las redes económicas y políticas, a las instituciones que han tolerado u organizado determinadas prácticas depredadoras, así como a los grupos armados que utilizan la violencia para controlar territorios y poblaciones.

Esta responsabilidad no debe confundirse, sin embargo, con una responsabilidad colectiva de la sociedad haitiana. El Estado haitiano puede ser disfuncional sin que el pueblo haitiano sea definido por esa disfuncionalidad. Millones de ciudadanos continúan trabajando, emprendiendo, enseñando, atendiendo a los demás, produciendo y manteniendo comunidades en condiciones extraordinariamente difíciles. No pueden ser asimilados a los actores que han contribuido al colapso institucional. Esta distinción es fundamental para evitar que una crítica legítima de las estructuras de poder se transforme en una condena de toda una población. También resulta indispensable para comprender por qué la reconstrucción de Haití nunca podrá reducirse a una operación de seguridad.

La crisis actual posee, no obstante, una dimensión de seguridad que no puede minimizarse. El auge de los grupos armados, el debilitamiento de las fuerzas públicas, el aumento de los desplazamientos internos y el deterioro del acceso a los servicios esenciales han transformado una crisis política en una crisis multidimensional. Cuando un Estado deja de ser capaz de ejercer de manera sostenida sus funciones soberanas sobre una parte importante de su territorio, las consecuencias necesariamente traspasan sus fronteras. Los desplazamientos de población, los tráficos, las actividades criminales transnacionales, las perturbaciones comerciales y los riesgos sanitarios o medioambientales afectan a los países vecinos. Para la República Dominicana, esta realidad es particularmente inmediata debido a la frontera terrestre y a la profundidad de los intercambios humanos y económicos entre ambas sociedades.

Santo Domingo tiene, por tanto, razones plenamente legítimas para considerar la crisis haitiana como una cuestión de seguridad nacional. El control territorial, la lucha contra los tráficos, la gestión de la migración irregular y la protección de las poblaciones forman parte de las responsabilidades ordinarias de un Estado soberano. Ningún gobierno dominicano podría abandonar indefinidamente estas funciones en nombre de una concepción abstracta de la solidaridad insular. Una República Dominicana que no protegiera a su propia población tampoco estaría en condiciones de ayudar a su vecino.

Pero esta legitimidad tiene un límite estratégico esencial: la República Dominicana no puede resolver por sí sola la crisis haitiana. No dispone ni de los recursos financieros, ni de la capacidad institucional, ni de la legitimidad política necesarias para reconstruir el Estado vecino. Más aún, cualquier intento de sustituir de manera permanente la soberanía haitiana por una gestión dominicana sería políticamente explosivo e históricamente contraproducente. La historia de la isla recuerda suficientemente los peligros de los proyectos de dominación como para que una política contemporánea de cooperación se fundamente en la soberanía de ambos Estados y no en la tutela de uno sobre el otro.

Aquí aparece la paradoja estratégica de Santo Domingo. La República Dominicana no puede sustituir a Haití, pero tampoco puede volverse independiente de las consecuencias del colapso haitiano. Puede cerrar temporalmente su frontera, reforzar sus controles, expulsar a las personas en situación irregular de conformidad con su legislación y aumentar sus capacidades militares. Sin embargo, no puede trasladar Haití a otro lugar del Caribe. Puede reducir determinados riesgos; no puede eliminar las causas estructurales de una crisis que se desarrolla a pocos kilómetros de su territorio.

Esta realidad exige, por tanto, una distinción entre protección e indiferencia. Proteger a la República Dominicana no significa que deba asumir la reconstrucción de Haití. Pero sí significa que posee un interés objetivo en que esa reconstrucción sea posible. Un Estado haitiano capaz de controlar su territorio, combatir a los grupos armados, garantizar sus instituciones y organizar su economía representa, para la República Dominicana, un vecino más previsible que un territorio permanentemente fragmentado entre actores armados e instituciones frágiles.

La cooperación debe, sin embargo, diseñarse con realismo. No puede basarse en la idea de que Santo Domingo sea responsable de salvar a Haití. Debe orientarse más bien hacia intereses concretos y mutuos: seguridad fronteriza, intercambios comerciales formales, lucha contra los tráficos, gestión sanitaria, medio ambiente, infraestructuras e información. La República Dominicana puede contribuir a estos mecanismos sin convertirse en la administradora de la crisis haitiana. Esta distinción es esencial, porque permite superar una falsa elección entre abandono e intervención.

La comunidad internacional también tiene una responsabilidad particular. Durante varias décadas, los actores externos han destinado importantes recursos a Haití sin lograr crear una trayectoria institucional sostenible. Las razones de este fracaso son múltiples y no pueden atribuirse a un solo factor. Las fragilidades internas han desempeñado un papel determinante, pero las intervenciones externas han sufrido en ocasiones de falta de continuidad, coordinación insuficiente, objetivos contradictorios o débil apropiación local. La reconstrucción de un Estado no puede importarse en forma de un programa técnico. Debe ser producida progresivamente por instituciones haitianas capaces de recuperar su legitimidad ante su propia población.

El dilema de Santo Domingo puede formularse entonces con mayor precisión. ¿Cómo puede la República Dominicana protegerse sin asumir la reconstrucción de Haití en su lugar? ¿Cómo puede controlar la frontera sin convertirse en el guardián permanente de un Estado vecino en crisis? ¿Cómo puede defender la prosperidad dominicana sin aceptar que el colapso de la otra mitad de la isla se convierta en una realidad permanente? Estas preguntas no tienen una respuesta militar sencilla. Exigen una doctrina de gestión de la interdependencia.

LOS ACTORES EXTERNOS: EL PESO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Ningún análisis estratégico de la Hispaniola puede estar completo sin examinar el papel de los actores externos. Haití y la República Dominicana son dos Estados soberanos, pero su entorno estratégico se extiende mucho más allá del Caribe. Estados Unidos, Canadá, Francia, la Unión Europea, las instituciones financieras internacionales, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la CARICOM poseen, en distintos grados, recursos, redes diplomáticas y capacidades de influencia que afectan directamente las condiciones en las que evolucionan ambos Estados.

Estados Unidos ocupa una posición particularmente importante. La proximidad geográfica de Haití a Florida, la importancia de las migraciones caribeñas, las cuestiones de seguridad marítima y los intereses económicos estadounidenses han situado regularmente a Haití en la agenda de Washington. Esta relación posee también una considerable profundidad histórica. La ocupación estadounidense de 1915 a 1934 marcó profundamente las instituciones haitianas y la memoria política del país, mientras que las posteriores intervenciones e iniciativas estadounidenses continuaron influyendo en la trayectoria política haitiana. Pero la historia no permite reducir la crisis actual a una responsabilidad estadounidense. Las dinámicas internas haitianas poseen su propia lógica y sus propios actores, y todo análisis serio debe rechazar las explicaciones monocausales.

La política migratoria estadounidense añade otra dimensión. Las decisiones adoptadas en Washington sobre visados, procedimientos de asilo, programas temporales o expulsiones pueden modificar los movimientos de población en todo el Caribe. Estas políticas, por tanto, no afectan únicamente a Estados Unidos y Haití. Pueden ejercer una presión adicional sobre los países de tránsito o de destino, especialmente cuando el cierre de determinadas rutas migratorias modifica los itinerarios utilizados por las poblaciones en movimiento. La República Dominicana se encuentra así dentro de una arquitectura migratoria regional que no controla por completo.

Canadá ocupa una posición diferente. Mantiene desde hace décadas relaciones importantes con Haití y participa en la ayuda humanitaria, la financiación del desarrollo y las iniciativas diplomáticas destinadas a favorecer una salida de la crisis. Su influencia, sin embargo, sigue limitada por una realidad fundamental: ningún socio externo posee por sí solo los medios políticos necesarios para reconstruir el Estado haitiano. Canadá puede financiar, apoyar, sancionar a determinados actores o participar en mecanismos diplomáticos; no puede producir a distancia la legitimidad institucional necesaria para una reconstrucción sostenible.

Francia ocupa un espacio aún más sensible porque la relación franco haitiana sigue vinculada a la historia de la independencia. En 1825, Francia impuso a Haití una indemnización destinada a compensar a los antiguos colonos franceses después de la independencia. Esta decisión representó una carga financiera considerable para el nuevo Estado haitiano y continúa en el centro de los debates históricos y políticos sobre las responsabilidades de la antigua potencia colonial. La cuestión de la restitución o reparación de esta deuda no puede tratarse como una simple cuestión contable; forma parte de la memoria histórica de larga duración de las relaciones entre Haití y las potencias occidentales.

La CARICOM representa otra categoría de actor. Como organización regional, posee una legitimidad particular para participar en los esfuerzos de mediación y estabilización, precisamente porque la crisis haitiana afecta al conjunto del Caribe. Su influencia, sin embargo, es diferente de la de las grandes potencias. Se apoya principalmente en la diplomacia regional, la mediación y la búsqueda de consenso, más que en la capacidad financiera o militar. Su papel puede ser, por tanto, importante en la construcción de una solución políticamente aceptable, pero no puede sustituir los recursos necesarios para la seguridad, la asistencia humanitaria o la reconstrucción institucional.

Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de los Estados Americanos ocupan igualmente posiciones diferenciadas. Disponen de recursos considerables dentro de sus respectivos ámbitos, pero sus mandatos no son intercambiables. Las Naciones Unidas pueden contribuir a la coordinación internacional y a la seguridad; el Banco Mundial puede apoyar las infraestructuras y las políticas de desarrollo; el FMI interviene principalmente en los equilibrios macroeconómicos y las políticas económicas; la OEA desempeña una función política e institucional regional. Su yuxtaposición, por tanto, no produce automáticamente una estrategia coherente.

Precisamente ahí se encuentra uno de los principales problemas de la respuesta internacional. Durante las últimas décadas, Haití ha recibido numerosas iniciativas, misiones, programas y mecanismos de financiación, pero la multiplicación de actores no garantiza la coherencia de sus intervenciones. Los objetivos humanitarios pueden entrar en tensión con los imperativos de seguridad; los programas económicos pueden diseñarse sin una articulación suficiente con las instituciones políticas; los proyectos pueden depender de financiación externa sin generar una capacidad nacional sostenible. El problema, por tanto, no es simplemente el volumen de la ayuda. También lo son su gobernanza, continuidad, coordinación y apropiación local.

Para la República Dominicana, esta situación crea tanto una oportunidad diplomática como una limitación. Santo Domingo tiene un interés directo en que la comunidad internacional comprenda que la crisis haitiana no es únicamente una emergencia humanitaria que deba gestionarse a corto plazo. Constituye un problema regional de seguridad, migración, comercio, medio ambiente y estabilidad. La República Dominicana puede, por tanto, reclamar legítimamente un compromiso internacional más coherente, al tiempo que rechaza convertirse en el sustituto institucional del Estado haitiano.

Esta posición exige, no obstante, que Santo Domingo mantenga una diplomacia suficientemente equilibrada para no reducir toda su relación con Haití a una demanda de intervención externa. La República Dominicana posee sus propios intereses económicos y de seguridad, pero también debe aceptar que los demás actores poseen los suyos. Washington buscará principalmente gestionar las consecuencias migratorias y de seguridad que afectan a su territorio; Ottawa seguirá sus prioridades diplomáticas y humanitarias; París continuará enfrentándose a su legado histórico; la CARICOM buscará preservar una solución regional; y las instituciones financieras priorizarán sus respectivos mandatos. Estos intereses no coinciden automáticamente.

La verdadera estrategia dominicana debería consistir, por tanto, en transformar esta pluralidad de intereses en una arquitectura de cooperación. En lugar de esperar que las potencias externas resuelvan Haití, Santo Domingo podría utilizar su peso regional para defender un enfoque basado en tres principios: seguridad colectiva sin transferencia de soberanía, desarrollo institucional sin tutela permanente y cooperación económica sin borrar las diferencias nacionales. La República Dominicana no puede actuar sola; pero tampoco puede depender enteramente de decisiones tomadas en Washington, Ottawa, París o Bruselas.

La Hispaniola se encuentra así en la intersección de dos escalas. Dentro de la isla, dos Estados deben aprender a gestionar una interdependencia que ningún muro puede eliminar. Fuera de ella, varias potencias deben aceptar que su intervención no puede producir una estabilidad duradera sin instituciones haitianas legítimas y sin una participación real de los actores regionales. La solución no reside, por tanto, ni en el abandono de Haití, ni en su sometimiento a una tutela, ni en que la República Dominicana se retire de toda responsabilidad regional. Reside en una arquitectura en la que cada actor asuma aquello que realmente puede hacer, sin pretender ejercer aquello que corresponde a la soberanía del otro.

EL PROBLEMA CENTRAL: ASEGURAR A LA REPÚBLICA DOMINICANA SIN DESestabilizar LA ESPAÑOLA

La seguridad de La Española no puede entenderse como una sucesión de compartimentos estancos. La seguridad dominicana posee, evidentemente, una dimensión nacional que corresponde exclusivamente al Estado dominicano: control territorial, protección de las fronteras, lucha contra el tráfico ilícito, mantenimiento del orden y defensa de la población. Pero la proximidad geográfica con Haití añade varias dimensiones que no pueden abordarse únicamente mediante medios militares. Una estrategia sostenible debe, por tanto, distinguir entre seguridad nacional, seguridad humana, seguridad económica, seguridad ambiental, seguridad sanitaria, seguridad alimentaria y seguridad regional, sin confundirlas, pero también sin aislarlas artificialmente.

La seguridad nacional constituye el primer nivel. La República Dominicana tiene el derecho y el deber de controlar su territorio. Debe poder identificar a las personas que ingresan en él, combatir las redes criminales, vigilar los tráficos ilícitos e impedir que la violencia organizada atraviese su frontera. Esta función no requiere ninguna justificación ideológica. Forma parte del funcionamiento normal de un Estado soberano. El verdadero desafío consiste en hacer que ese control sea suficientemente preciso para distinguir las amenazas reales de los movimientos humanos vinculados a la migración, el comercio o las relaciones sociales ordinarias.

La seguridad humana constituye el segundo nivel. Una política de seguridad que proteja al Estado mientras produce simultáneamente violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales no puede considerarse plenamente sostenible. El tratamiento de los migrantes, las condiciones de detención, los procedimientos de expulsión, el acceso a la documentación y la protección de las personas vulnerables deben permanecer, por tanto, sometidos al Estado de derecho. La seguridad no pierde fuerza cuando respeta la dignidad humana; gana legitimidad. Por el contrario, cuando el origen nacional se convierte en un factor determinante de sospecha, existe el riesgo de transformar una política de control en una política de estigmatización.

La seguridad económica constituye el tercer nivel. Una economía moderna depende de la continuidad de los intercambios, de la estabilidad de las cadenas de suministro, de la disponibilidad de mano de obra y de la previsibilidad de las reglas. El cierre abrupto de una frontera puede ser necesario en determinadas circunstancias excepcionales, pero siempre tiene un costo económico. La cuestión estratégica consiste, por tanto, en determinar cómo reducir los riesgos de seguridad sin interrumpir innecesariamente los flujos legales que contribuyen a la prosperidad de ambos países. Una frontera inteligente debe ser capaz de ralentizar el riesgo y, al mismo tiempo, acelerar el comercio lícito.

La seguridad ambiental constituye un cuarto nivel y probablemente uno de los más subestimados. Los dos Estados comparten cuencas hidrográficas, recursos hídricos, ecosistemas y riesgos climáticos. La degradación ambiental en una parte de la isla puede producir consecuencias en la otra. El agua, los bosques, los suelos y las zonas costeras no pueden protegerse eficazmente mediante políticas exclusivamente nacionales. La soberanía sigue siendo nacional; la gestión de los sistemas naturales, en cambio, debe ser coordinada.

La seguridad sanitaria obedece a la misma lógica. Las enfermedades infecciosas no respetan los puestos fronterizos y los sistemas de salud no pueden protegerse de manera sostenible si las autoridades ignoran lo que ocurre al otro lado. Una vigilancia epidemiológica eficaz requiere, por tanto, mecanismos de alerta, intercambio de información y capacidad de respuesta coordinada. La cooperación sanitaria no constituye una concesión al otro Estado. Es un instrumento directo para proteger a la propia población.

La seguridad alimentaria también debe integrarse en esta arquitectura. Los intercambios agrícolas entre ambos países responden a necesidades reales de consumo y producción. Una interrupción prolongada de estos flujos puede afectar a productores, comerciantes y consumidores. La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en saber cuántas mercancías atraviesan la frontera, sino qué mercancías, por qué circuitos, con qué garantías sanitarias y a qué costo. La formalización del comercio puede convertirse así tanto en un instrumento de seguridad alimentaria como en un instrumento fiscal.

Finalmente, está la seguridad regional, que constituye el nivel más amplio. Una República Dominicana estable no puede quedar completamente aislada de un Haití sumido en una inestabilidad prolongada. La proximidad geográfica, los intercambios, los movimientos de población y los riesgos ambientales hacen imposible tal separación. Esto no significa que Santo Domingo deba asumir la responsabilidad de la estabilidad política haitiana. Significa que debe reconocer que la estabilización progresiva de su vecino responde también a su propio interés nacional.

Esta concepción conduce a una idea fundamental: la mejor protección de la República Dominicana no es necesariamente aquella que maximiza la distancia con Haití; es aquella que reduce los riesgos producidos por la interdependencia al tiempo que preserva los beneficios que esta puede generar. Una frontera más segura, un comercio más formal, una cooperación policial mejor focalizada, mecanismos sanitarios comunes, una gestión ambiental coordinada y una diplomacia regional activa no constituyen concesiones hechas a Haití. Constituyen instrumentos de seguridad dominicana.

El desafío político es considerable porque una estrategia de este tipo exige resistir a los dos extremos. Por un lado, sería irresponsable pedir a la República Dominicana que absorba las consecuencias del colapso haitiano en nombre de una solidaridad abstracta. Por otro, sería igualmente poco realista creer que un muro, las expulsiones y una vigilancia reforzada pueden bastar para neutralizar las consecuencias de una crisis que se desarrolla en la misma isla.

Entre estas dos ilusiones existe una tercera vía: la soberanía protegida mediante la cooperación, y no la soberanía enfrentada a la cooperación. Esta distinción podría convertirse en el fundamento de una nueva doctrina dominicana de la frontera. Una doctrina en la que el control seguiría siendo firme, pero cuya firmeza se mediría por la precisión de los dispositivos y no por la dureza del discurso; en la que la frontera seguiría siendo una línea de soberanía, pero se convertiría también en un espacio de comercio organizado; en la que Haití sería tratado como un Estado vecino en crisis y no como una categoría humana intrínsecamente amenazante.

Es bajo esta condición que la República Dominicana podrá proteger aquello que precisamente busca preservar: su seguridad, su estabilidad, su crecimiento y su identidad. Porque una verdadera potencia no se mide únicamente por su capacidad de cerrar una puerta. También se mide por su capacidad de comprender por qué existe esa puerta, qué debe impedir que la atraviese y qué, por el contrario, debe poder seguir circulando.

La Española nunca se convertirá en un solo Estado. No necesita hacerlo. Su futuro depende más bien de la capacidad de dos Estados soberanos para comprender que una frontera puede separar jurisdicciones sin separar completamente los destinos. La cuestión, por tanto, no es eliminar la frontera, sino decidir qué debe proteger, qué debe regular y qué debe permitir circular.

EL DIÁLOGO BILATERAL: LA PRUEBA DE QUE LA SEPARACIÓN ABSOLUTA ES IMPOSIBLE

A pesar de las crisis recurrentes, Haití y la República Dominicana nunca han dejado de mantener determinados canales de diálogo, ya sea mediante encuentros diplomáticos, mecanismos técnicos, conversaciones ministeriales o dispositivos dedicados al comercio, la seguridad y las cuestiones fronterizas. Estos mecanismos siguen siendo a menudo frágiles, irregulares y dependientes del contexto político, pero su propia persistencia constituye un hecho estratégico de primer orden: los dos Estados pueden reforzar su separación institucional, pero no pueden organizar una separación absoluta de sus intereses. La geografía, los intercambios económicos, los movimientos de población, los riesgos ambientales y sanitarios imponen una forma mínima de comunicación, incluso cuando las relaciones políticas alcanzan sus niveles más elevados de tensión.

El comercio constituye probablemente el mecanismo de diálogo más resistente. Las empresas, los comerciantes, los transportistas, los productores y los consumidores de ambos lados de la frontera tienen intereses que no desaparecen cuando los gobiernos se enfrentan. Las crisis pueden ralentizar los intercambios, modificar sus circuitos o provocar cierres temporales, pero no eliminan la demanda económica que los sustenta. Esta realidad debería llevar a ambos Estados a considerar la formalización del comercio no solo como un instrumento fiscal, sino también como un instrumento de estabilidad. Cuanto más organizados, transparentes y previsibles sean los intercambios, menos espacio ofrecerán a las redes informales y criminales.

La reanudación progresiva de determinadas conexiones aéreas y la voluntad de restablecer mecanismos de movilidad constituyen, en este sentido, señales importantes. Recuerdan que una política de control reforzado no implica necesariamente una política de aislamiento. Incluso cuando un gobierno adopta una posición particularmente firme respecto de la frontera terrestre, debe seguir gestionando las necesidades relacionadas con los negocios, la diplomacia, las familias, el turismo, la ayuda humanitaria y los intercambios regionales. La paradoja resulta reveladora: cuanto más difíciles se vuelven las relaciones, más necesarios se vuelven determinados mecanismos de comunicación.

Los ámbitos en los que esta cooperación resulta inevitable son numerosos. La seguridad exige intercambio de información sobre el tráfico de armas, estupefacientes y redes criminales transnacionales. El comercio requiere procedimientos aduaneros coordinados e infraestructuras adecuadas. La salud pública necesita una vigilancia epidemiológica capaz de detectar rápidamente los riesgos en ambos lados de la frontera. El medio ambiente exige una gestión coordinada de determinados recursos hídricos, cuencas hidrográficas y ecosistemas. Las catástrofes naturales requieren mecanismos de alerta y socorro capaces de funcionar independientemente de las tensiones políticas. Incluso las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones pueden convertirse en instrumentos de cooperación cuando ambos Estados aceptan abordar los problemas transfronterizos desde una lógica técnica y no ideológica.

Por ello, La Española necesita una verdadera diplomacia de vecindad. Esta no debe ser ni romántica ni ingenua. No consiste en negar las divergencias históricas, culturales o políticas entre las dos naciones. Tampoco supone una apertura ilimitada de las fronteras. Se basa en una idea mucho más sencilla y realista: un Estado puede defender firmemente sus intereses y, al mismo tiempo, mantener mecanismos permanentes de comunicación con su vecino. La cooperación no constituye un abandono de la soberanía; puede, por el contrario, ser un medio más eficaz para protegerla.

Esta diplomacia debe, sobre todo, institucionalizarse. Una relación bilateral de semejante importancia estratégica no puede depender exclusivamente de las personalidades presidenciales, de las crisis electorales o de las reacciones emocionales provocadas por un incidente fronterizo. Comisiones técnicas permanentes, grupos de trabajo especializados, protocolos de gestión de crisis y mecanismos de consulta periódica permitirían mantener un mínimo de continuidad cuando las relaciones políticas se deterioren. La madurez de una relación entre dos Estados no se mide por la ausencia de desacuerdos, sino por la capacidad de sus instituciones para gestionar esos desacuerdos sin interrumpir todos los canales de comunicación.

El diálogo bilateral no constituye, por tanto, un favor concedido a la otra parte. Responde a un interés nacional a ambos lados de la frontera. Para Santo Domingo, permite anticipar mejor los riesgos y defender con mayor eficacia sus intereses. Para Puerto Príncipe, permite preservar canales económicos, diplomáticos y humanitarios esenciales. Para las poblaciones fronterizas, representa a menudo la diferencia entre una frontera administrada y una frontera convertida en una zona de confrontación permanente.

La separación absoluta es, por tanto, una ficción estratégica. Los dos Estados pueden decidir no compartir sus instituciones, sus políticas migratorias o sus modelos económicos. Pueden reforzar sus controles y afirmar firmemente sus identidades nacionales. Sin embargo, no pueden separar los sistemas hidrológicos, los ecosistemas, los riesgos sanitarios, los circuitos comerciales y las dinámicas humanas que estructuran la isla. El verdadero desafío no consiste, por tanto, en elegir entre separación y fusión, sino en determinar cómo dos Estados soberanos pueden organizar racionalmente una interdependencia que ninguno de los dos puede abolir.

2035: CUATRO FUTUROS POSIBLES PARA LA ESPAÑOLA

El horizonte de 2035 permite transformar el debate actual en un ejercicio de prospectiva. No se trata de predecir el futuro de la isla, sino de identificar las trayectorias que podrían resultar de las decisiones adoptadas hoy. Dos variables aparecen como determinantes: el grado de cooperación entre los dos Estados y la evolución de la capacidad institucional haitiana. Su combinación permite establecer cuatro escenarios que no constituyen predicciones, sino marcos destinados a medir las posibles consecuencias de las políticas actuales.

Primer escenario: la Fortaleza. La cooperación sigue siendo débil mientras el Estado haitiano permanece profundamente desestabilizado. La República Dominicana refuerza considerablemente su frontera, amplía sus sistemas de vigilancia y privilegia una lógica de disuasión. Los intercambios legales se mantienen cuando responden a intereses económicos inmediatos, pero la cooperación política e institucional permanece limitada. Esta trayectoria puede producir beneficios de seguridad a corto plazo, pero implica un riesgo creciente de polarización. Cuanto más se convierte la frontera en el principal instrumento para gestionar la crisis haitiana, mayor es la presión política para adoptar medidas de control cada vez más estrictas. El resultado podría ser una isla permanentemente fragmentada, caracterizada por una coexistencia bajo tensión y por costos económicos, diplomáticos y humanos crecientes.

Segundo escenario: la coexistencia pragmática. El Estado haitiano continúa siendo frágil, pero ambos gobiernos mantienen mecanismos regulares de diálogo y cooperación focalizada. La frontera permanece estrictamente controlada, pero los intercambios legales son facilitados, los procedimientos están más formalizados y las cuestiones sanitarias, ambientales y de seguridad son objeto de mecanismos técnicos permanentes. Este escenario no presupone una confianza política excepcional. Se basa simplemente en el reconocimiento de intereses mutuos. Podría constituir la trayectoria más realista a corto y mediano plazo, precisamente porque no exige ni convergencia ideológica ni una transformación inmediata de los dos sistemas políticos.

Tercer escenario: la cooperación condicionada. El Estado haitiano experimenta un agravamiento importante de su colapso y la presión ejercida sobre la República Dominicana alcanza tal nivel que Santo Domingo se ve obligado a intensificar considerablemente su participación. Esta intervención podría adoptar formas de seguridad, humanitarias, económicas o logísticas. El problema sería entonces el de los límites. Cuanto más intervenga directamente la República Dominicana en la gestión de las consecuencias de la crisis haitiana, mayor será el riesgo de ser acusada de injerencia y mayor será la posibilidad de verse arrastrada hacia una crisis cuyos actores y desenlace no controla. Esta trayectoria implicaría también un riesgo político considerable para Haití, ya que una presencia dominicana excesiva podría alimentar reacciones nacionalistas y reforzar precisamente las tensiones históricas que la cooperación intentaría reducir.

Cuarto escenario: la Isla productiva. La cooperación alcanza un nivel elevado mientras el Estado haitiano recupera progresivamente una capacidad institucional suficiente para ejercer sus funciones fundamentales. Ambos Estados siguen siendo plenamente soberanos y conservan sus identidades nacionales, pero desarrollan mecanismos permanentes de cooperación económica, de seguridad, sanitaria y ambiental. La frontera permanece controlada, pero se convierte también en un corredor organizado para el comercio legal. Las infraestructuras fronterizas son modernizadas, los procedimientos aduaneros son racionalizados, los intercambios son progresivamente formalizados y los mecanismos de seguridad se vuelven más precisos. Este escenario no implica integración política ni desaparición de las diferencias nacionales. Representa una gestión madura de la interdependencia.

La Isla productiva es el escenario más exigente porque depende de dos transformaciones simultáneas: la reconstrucción progresiva de las capacidades institucionales haitianas y la evolución de la política dominicana hacia una concepción más sofisticada de la seguridad. También requiere un entorno internacional favorable. Pero posee una ventaja decisiva: no busca eliminar la interdependencia. Busca hacerla productiva, previsible y controlable.

El valor de este ejercicio prospectivo reside precisamente en demostrar que las decisiones actuales no son neutrales. Una política centrada exclusivamente en el cierre puede producir una dinámica acumulativa difícil de revertir. Por el contrario, una cooperación mal diseñada podría exponer a la República Dominicana a riesgos que no está en condiciones de asumir. Entre ambos extremos se encuentra, por tanto, una estrategia gradual, basada en la distinción entre aquello que corresponde estrictamente a la soberanía nacional y aquello que exige necesariamente una coordinación bilateral.

De aquí a 2035, la verdadera pregunta probablemente no será si la frontera habrá desaparecido. No desaparecerá. La cuestión será si esa frontera se habrá convertido en una línea permanente de confrontación o en una infraestructura estratégica capaz de organizar la coexistencia de dos Estados soberanos.

LA PARADOJA DE ABINADER

La política de Luis Abinader contiene una contradicción estratégica que merece ser examinada sin caricaturas. Por un lado, el presidente dominicano responde a una preocupación real de su opinión pública y a una situación objetiva de deterioro del Estado haitiano. Por otro, el poder económico dominicano crea precisamente las condiciones que hacen necesaria una gestión más sofisticada de su entorno regional. Cuanto más estable, conectada y económicamente importante se vuelve la República Dominicana, mayor es su interés en que su vecino inmediato sea previsible.

La protección del territorio sigue siendo, evidentemente, la primera responsabilidad de un gobierno. El control de la frontera, la lucha contra los tráficos ilícitos y el control de la inmigración irregular forman parte de la soberanía dominicana. Pero la protección no puede evaluarse únicamente a través del número de controles realizados, la longitud de las infraestructuras construidas o el número de expulsiones efectuadas. Una política de seguridad también debe juzgarse por sus consecuencias indirectas: ¿afecta las relaciones comerciales? ¿Fortalece o debilita la cooperación contra las redes criminales? ¿Reduce realmente los riesgos o simplemente desplaza los flujos? ¿Contribuye a la estabilidad regional o aumenta la polarización?

El mismo razonamiento se aplica a la identidad nacional. La República Dominicana posee una identidad histórica, lingüística y cultural distinta. Esta identidad no necesita ser negada ni relativizada para reconocer la de Haití. Una nación madura no necesita construir la desvalorización de su vecino para afirmar su propia existencia. El problema comienza cuando la identidad nacional se define progresivamente en oposición a una población externa, especialmente cuando esa población es presentada como homogénea y asociada indistintamente con la criminalidad, la irregularidad o la amenaza.

Esta distinción es esencial. Un migrante irregular no es necesariamente un delincuente. Un haitiano no es una categoría criminológica. Una disputa histórica no constituye una justificación para una discriminación contemporánea. La seguridad, la migración, la nacionalidad, el origen y la identidad son realidades diferentes que deben mantenerse jurídica y políticamente separadas.

La verdadera paradoja de Abinader es, por tanto, la siguiente: cuanto más logra consolidar el poder dominicano, más debe pensar la relación con Haití como una cuestión de estrategia regional y no únicamente como una cuestión de control fronterizo. El poder no consiste solamente en tener la capacidad de cerrar una frontera. Consiste en poder controlarla con suficiente precisión para evitar que el cierre se convierta en sustituto de una política regional.

El legado de Abinader será evaluado, por tanto, mucho más allá de su balance inmediato en materia de seguridad. La historia también recordará la manera en que su gobierno haya definido la relación entre la identidad dominicana y el vecino haitiano. ¿Habrá contribuido a construir una frontera capaz de proteger sin deshumanizar? ¿Habrá logrado distinguir la amenaza criminal del origen nacional? ¿Habrá transformado la frontera en un instrumento de poder económico y estabilidad regional? ¿O habrá contribuido a instalar una lógica en la que la presencia haitiana se convierta progresivamente en el marco permanente de definición de la política dominicana?

Ahí se encuentra la verdadera prueba histórica. Una frontera puede reforzarse sin convertirse en un instrumento de odio. Una identidad puede afirmarse sin fabricar un enemigo. Una soberanía puede defenderse sin transformar la interdependencia en una guerra psicológica permanente.

UNA NUEVA DOCTRINA PARA HISPANIOLA

El futuro de la isla exige, por tanto, una doctrina que supere la oposición simplista entre apertura y cierre. Esta doctrina debería basarse en seis principios complementarios.

El primero es el de la soberanía recíproca. Haití y la República Dominicana son dos Estados soberanos. La cooperación solo puede ser sostenible si se fundamenta en el reconocimiento explícito de esta realidad. Ninguno de los dos países debe intentar imponer su modelo político, institucional o cultural al otro.

El segundo principio es el de la seguridad interdependiente. La República Dominicana debe poder proteger su territorio y a su población, pero también debe reconocer que una parte de los riesgos a los que se enfrenta se origina en las condiciones existentes al otro lado de la frontera. La cooperación no sustituye, por tanto, la seguridad nacional; se convierte en un complemento estratégico de ella.

El tercer principio es el de la cooperación económica estructurada. El comercio transfronterizo debe pasar progresivamente de la informalidad hacia circuitos más controlados, gravados y seguros. Las infraestructuras logísticas, los puestos aduaneros modernos, los mercados fronterizos organizados y los mecanismos formales de pago pueden transformar una interdependencia a veces caótica en una ventaja económica.

El cuarto principio se refiere a la gestión común de los riesgos transfronterizos. El agua, los ecosistemas, las enfermedades, los desastres naturales, ciertos tráficos ilícitos y los efectos del cambio climático no pueden gestionarse eficazmente mediante políticas completamente separadas. La soberanía sigue siendo nacional; la prevención de los riesgos debe convertirse en una tarea cooperativa.

El quinto principio es el de la diplomacia permanente. Las relaciones entre ambos países no deben depender exclusivamente de los presidentes de turno. Instituciones bilaterales permanentes deben poder continuar trabajando incluso cuando las relaciones políticas se deterioren. Precisamente cuando el diálogo político se vuelve difícil, los mecanismos técnicos se vuelven más necesarios.

El sexto principio es el de la frontera productiva y segura. Una frontera moderna no debe ser ni una apertura incontrolada ni un muro absoluto. Debe identificar, filtrar, proteger, formalizar y facilitar. Debe impedir los tráficos ilícitos mientras acelera el comercio legal. Debe proteger a las poblaciones mientras permite las movilidades autorizadas. Debe generar ingresos, información y seguridad.

Esta doctrina no supone la desaparición de la frontera. Supone, por el contrario, que la frontera esté suficientemente controlada para convertirse en un instrumento de política pública y no en un símbolo permanente de confrontación. La soberanía no se debilita cuando dos Estados cooperan en problemas que no pueden resolver por separado. Se debilita cuando la incapacidad de cooperar permite que los problemas comunes se vuelvan incontrolables.

LA ELECCIÓN HISTÓRICA

Hispaniola se encuentra así ante una elección que trasciende ampliamente el mandato de un presidente o la duración de una crisis política. Pueden distinguirse tres trayectorias principales. La primera consiste en profundizar cada vez más la separación, considerando que la seguridad dominicana exige una distancia máxima respecto de Haití. Esta vía posee una lógica política inmediata: responde al miedo, tranquiliza a una parte de la opinión pública y proyecta al gobierno como una autoridad que controla sus fronteras. Pero su eficacia estratégica depende de una hipótesis difícil de sostener a largo plazo: que un Estado puede neutralizar de manera permanente las consecuencias de una crisis que se desarrolla en el mismo territorio insular.

La segunda trayectoria es la de la coexistencia pragmática. Acepta la diferencia entre las dos naciones, mantiene un control fronterizo estricto y asume plenamente la soberanía de cada Estado, pero se niega a transformar esa diferencia en una hostilidad permanente. El diálogo se vuelve institucional, el comercio legal se protege, la cooperación técnica se mantiene y los riesgos comunes se gestionan mediante mecanismos específicos. Esta vía no exige que ambas sociedades se amen. Les exige comprender que tienen interés en evitar que sus desacuerdos se vuelvan destructivos.

La tercera trayectoria es más ambiciosa: transformar la interdependencia en poder regional. No se trata de que la República Dominicana controle Haití, y mucho menos de imponerle una solución. Se trata de concebir el poder dominicano como una capacidad para organizar su entorno estratégico. Una economía más fuerte, una frontera más inteligente, infraestructuras más eficientes, una diplomacia regional más activa y mecanismos de cooperación más sólidos permitirían a Santo Domingo reducir sus vulnerabilidades sin convertir a Haití en un enemigo permanente.

Esta tercera vía es también la más difícil. Exige paciencia, instituciones, una diplomacia profesional y una capacidad política para resistir los beneficios inmediatos de la polarización. También exige que los dirigentes haitianos asuman sus propias responsabilidades y que la comunidad internacional deje de considerar la crisis haitiana como una sucesión de emergencias sin una estrategia de largo plazo. Ningún actor puede exigir al otro aquello que él mismo se niega a asumir. La verdadera elección histórica de Hispaniola no es, por tanto, entre fronteras abiertas y fronteras cerradas, entre nacionalismo y cosmopolitismo, o entre Haití y la República Dominicana. Es una elección entre diferentes maneras de gestionar una realidad geográfica que no cambiará. La separación puede organizarse. La interdependencia no puede eliminarse.

De aquí a 2035, la cuestión decisiva será, por tanto, menos la frontera que la madurez estratégica de ambos Estados. ¿Serán capaces de distinguir soberanía de aislamiento? ¿Seguridad de estigmatización? ¿Identidad nacional de oposición identitaria? ¿Control migratorio de deshumanización? ¿Cooperación de dependencia? La respuesta determinará mucho más que la relación entre Puerto Príncipe y Santo Domingo. Determinará la capacidad de Hispaniola para transformar una geografía históricamente conflictiva en un espacio de estabilidad.

La isla no necesita convertirse en un solo país para convertirse en un espacio estratégico coherente. Necesita dos Estados suficientemente seguros de su propia identidad para dejar de considerar la existencia del otro como una amenaza existencial. Y quizá ahí se encuentre la verdadera paradoja de Hispaniola: la frontera puede separar a los Estados, pero no puede separar completamente sus destinos.

UNA ISLA NO PUEDE SER SEPARADA POR UN MURO

Volvamos a la paradoja que atraviesa todo este análisis. Haití y la República Dominicana no constituyen un solo pueblo, una sola nación, una sola cultura ni un solo Estado. Sus trayectorias históricas, sus lenguas, sus instituciones, sus procesos de construcción nacional y sus experiencias políticas son profundamente diferentes. Esta distinción debe reconocerse sin ambigüedad, porque ninguna cooperación sostenible puede basarse en la negación de las identidades nacionales. Pero ambos Estados comparten una misma isla, una historia caribeña profundamente conectada, legados demográficos parcialmente comunes, recursos naturales interdependientes, sistemas ecológicos que ignoran las fronteras administrativas, importantes intercambios económicos y una geografía de la que ninguna política nacional puede desprenderse completamente.

Es precisamente esta realidad la que obliga a superar una concepción exclusivamente defensiva de la frontera. La República Dominicana posee el derecho soberano de controlar su territorio, determinar su política migratoria, combatir los tráficos ilícitos y proteger a su población. Haití posee el mismo derecho a la soberanía, la seguridad y la dignidad nacional. Ninguno de estos principios es incompatible con la cooperación. Por el contrario, su articulación constituye probablemente la única vía para evitar que la soberanía sea progresivamente confundida con el aislamiento y que la seguridad quede reducida a la construcción física de una separación cada vez más rígida.

El muro puede ralentizar ciertos movimientos. Puede dificultar determinados cruces. Puede convertirse en uno de los instrumentos de una política de control. Pero no puede modificar la geografía, interrumpir las dinámicas económicas, separar las cuencas hidrográficas, impedir la circulación de riesgos sanitarios, eliminar las relaciones comerciales ni borrar los legados históricos. Sobre todo, no puede producir por sí solo la estabilidad política de la isla. Una infraestructura fronteriza puede gestionar una consecuencia; no puede resolver la causa profunda de una crisis regional.

Aquí se encuentra el límite estratégico de toda política basada casi exclusivamente en la separación. La seguridad dominicana puede reforzarse mediante un control fronterizo eficaz, pero no puede garantizarse de manera sostenible únicamente mediante la distancia. Mientras el Estado haitiano siga siendo institucionalmente frágil, mientras las redes criminales dispongan de espacios de actuación, mientras las economías fronterizas continúen siendo ampliamente informales y mientras los riesgos ambientales y sanitarios sigan siendo compartidos, la República Dominicana permanecerá expuesta a las consecuencias de la situación haitiana. El poder no consiste solamente en protegerse de los efectos de una crisis; consiste también en desarrollar la capacidad de gestionar el entorno estratégico en el que esa crisis se produce.

Por ello, la interdependencia no debe considerarse únicamente una vulnerabilidad. Puede convertirse en un instrumento de poder, siempre que sea organizada. Una frontera mejor controlada puede ser simultáneamente una frontera más productiva. Mecanismos aduaneros modernos pueden reducir los tráficos ilícitos al tiempo que incrementan los intercambios legales. Sistemas sanitarios coordinados pueden proteger a ambas poblaciones. Una gestión común de determinados recursos naturales puede reducir los riesgos ambientales. Mecanismos permanentes de diálogo pueden permitir a ambos gobiernos resolver las crisis antes de que se conviertan en enfrentamientos. La cooperación no elimina la frontera; puede darle una función más inteligente.

El desafío fundamental para Hispaniola no consiste, por tanto, en eliminar las diferencias entre ambas sociedades. Consiste en organizar su coexistencia sin convertir esas diferencias en un antagonismo permanente. La República Dominicana no necesita renunciar a su identidad para cooperar con Haití. Haití no necesita renunciar a su soberanía para reconocer las preocupaciones de seguridad de su vecino. La madurez política consiste precisamente en comprender que una identidad nacional suficientemente sólida puede reconocer la existencia del otro sin necesidad de transformarlo en una amenaza existencial.

La verdadera frontera que debe evitarse no es, por tanto, únicamente la que separa dos territorios. Es aquella que transforma progresivamente una frontera administrativa en una frontera psicológica y, posteriormente, una frontera psicológica en una oposición identitaria. Cuando esta transformación se instala, la política deja de responder únicamente a problemas reales y comienza a producir sus propias percepciones de amenaza. El miedo alimenta la desconfianza, la desconfianza reduce el diálogo, la ausencia de diálogo aumenta los incidentes y los incidentes pueden luego utilizarse para justificar nuevas medidas de cierre. Una dinámica semejante puede convertirse en un proceso autosostenido.

El desafío histórico consiste precisamente en interrumpir este mecanismo antes de que se vuelva estructural. La soberanía no necesita odio para ser fuerte. La seguridad no necesita deshumanización para ser eficaz. Y una frontera no necesita convertirse en un muro psicológico para estar perfectamente controlada.

Hispaniola seguirá políticamente dividida. Seguirá compuesta por dos Estados soberanos. Conservará dos identidades nacionales, dos tradiciones políticas y dos trayectorias históricas distintas. Pero seguirá siendo también una misma realidad geográfica. La cuestión del siglo XXI ya no consiste, por tanto, en saber cómo abolir esta contradicción, sino en cómo gobernarla.

LA MIRADA DE CPGNNews

Hispaniola no pide a sus dos pueblos que se conviertan en un solo pueblo. Tampoco pide a sus dos Estados que abandonen sus fronteras, sus lenguas, sus memorias o sus soberanías. Les exige algo más difícil: aprender a convivir con una realidad que ningún muro podrá modificar. Dos naciones pueden ser profundamente diferentes y, sin embargo, compartir el mismo espacio ecológico, los mismos riesgos climáticos, intercambios económicos indispensables, antiguas circulaciones humanas y una historia que continúa produciendo consecuencias a ambos lados de la frontera.

Aquí se encuentra, quizá, la verdadera prueba para Luis Abinader. Garantizar la seguridad de la República Dominicana es su derecho y su deber. Defender su territorio, controlar sus fronteras, combatir los tráficos ilícitos y responder a las preocupaciones de su población no constituyen ni una falta ni una debilidad. Una nación que no protege a sus ciudadanos renuncia a una de las primeras responsabilidades del Estado. Pero el poder de un país no se mide únicamente por su capacidad para cerrar una frontera. También se mide por su capacidad para no permitir que el miedo determine por sí solo su visión del futuro.

La República Dominicana es hoy una de las economías más dinámicas del Caribe. Cuenta con importantes ventajas, una posición geográfica excepcional, infraestructuras en desarrollo, un sector turístico poderoso y una influencia regional que continúa creciendo. Este ascenso genera una nueva responsabilidad. Cuanto más fuerte se vuelve un Estado, menos debería necesitar convertir a su vecino en un enemigo permanente para reafirmar su propia identidad. La verdadera seguridad no es aquella que vive en el miedo al otro; es aquella que posee suficiente confianza, instituciones y capacidades para gestionar los riesgos sin perder la mesura.

Por eso, el futuro de Hispaniola no puede pensarse únicamente desde las capitales. Se juega en las ciudades fronterizas, en los mercados, en los puertos, en las explotaciones agrícolas, en los hospitales, en las cuencas hidrográficas, en las familias separadas por una línea política y en las empresas cuyas cadenas de suministro suelen ignorar las pasiones nacionales. La frontera es una realidad jurídica. También es una realidad humana. Y una política sostenible debe ser capaz de observar ambas realidades simultáneamente.

Haití, por su parte, no puede pedir a la República Dominicana que asuma por sí sola las consecuencias de su propio colapso. Las responsabilidades haitianas son reales. Los fracasos políticos, la corrupción, la violencia armada, la debilidad institucional y la incapacidad para reconstruir un Estado funcional han producido una crisis cuyas consecuencias exceden ampliamente las fronteras haitianas. Reconocer esta realidad no significa abandonar a Haití; significa negarse a privarlo de la responsabilidad histórica de su propia reconstrucción.

Pero reconocer las responsabilidades haitianas tampoco significa aceptar que una población entera sea transformada en una amenaza. Un Estado puede estar en crisis sin que su pueblo se convierta en un enemigo. Una frontera puede estar controlada sin que la dignidad humana deje de existir al atravesarla. Una nación puede defender su identidad sin necesidad de desvalorizar la de su vecino.

Quizá sea aquí donde el Caribe pueda ofrecer al mundo otra concepción de la frontera. Una frontera no tiene necesariamente que ser un lugar donde dos miedos se enfrentan. Puede ser un lugar donde dos soberanías se encuentran, donde los intercambios son controlados, donde los tráficos ilícitos son combatidos, donde las personas son protegidas, donde los recursos naturales son gestionados y donde las crisis pueden ser anticipadas. Una frontera moderna no tiene necesariamente que ser menos soberana para ser más humana. Debe ser suficientemente inteligente para ser ambas cosas al mismo tiempo.

La verdadera elección de la República Dominicana no es, por tanto, entre apertura y cierre, entre debilidad y firmeza, o entre Haití y ella misma. La verdadera elección es qué concepción del poder desea proyectar hacia la próxima generación. Una potencia que se protege permanentemente de su entorno puede prosperar y, al mismo tiempo, permanecer prisionera de sus propios temores. Una potencia que domina su entorno sin intentar dominarlo puede transformar su posición geográfica en una ventaja estratégica duradera.

Y aquí la mirada debe finalmente ir más allá del propio Abinader. Los presidentes pasan. Las fronteras permanecen. Las generaciones cambian. Las economías se transforman. Pero Hispaniola seguirá allí, con sus dos Estados, sus dos identidades nacionales, sus heridas, sus recursos, sus contradicciones y sus posibilidades. La cuestión histórica no será solamente saber si Abinader logró construir una frontera más fuerte. Será saber qué produjo esa frontera detrás de sí.

¿Habrá producido mayor seguridad, prosperidad, dignidad y estabilidad? ¿O habrá instalado progresivamente en las mentes una separación tan profunda que ambas sociedades ya no sepan distinguir entre la protección legítima y el miedo al otro?

CPGNNews elige observar esta cuestión sin ingenuidad y sin hostilidad. Desde el Caribe, rechazamos la idea de que la única alternativa sea elegir entre soberanía y humanidad. Una nación puede ser firme sin ser odiosa. Puede ser soberana sin cerrarse al diálogo. Puede defender sus fronteras sin renunciar a la razón. Y puede convertirse en una potencia sin necesitar que un vecino permanezca débil para medir su propia fuerza.

Hispaniola no necesita que sus dos pueblos se amen. Necesita que comprendan que su futuro nunca será completamente independiente el uno del otro. El respeto no exige borrar las diferencias. La cooperación no exige la desaparición de las soberanías. Y la paz no exige olvidar la historia.

Solo exige suficiente lucidez para no permitir que las heridas del pasado decidan por sí solas el futuro.

Quizá esta sea, finalmente, la verdadera prueba de Abinader. No saber hasta dónde puede llegar un presidente en la construcción de un muro, sino hasta dónde puede llegar un Estado que se ha vuelto poderoso sin permitir que ese muro se convierta en una frontera dentro de las conciencias.

NOTA METODOLÓGICA

Este dossier dedicado a Luis Abinader, a la República Dominicana y al futuro de La Española ha sido concebido como un análisis estratégico de largo plazo, y no como un simple comentario sobre la política migratoria o sobre la relación entre Santo Domingo y Puerto Príncipe. Comprender las decisiones dominicanas frente a la crisis haitiana exige situar la cuestión fronteriza dentro de un conjunto mucho más amplio en el que convergen la seguridad nacional, las migraciones, la economía, la demografía, la soberanía, la historia, las identidades nacionales, los intercambios comerciales, el medio ambiente, la salud pública, la diplomacia y las relaciones de poder en el Caribe. El objetivo no es, por tanto, legitimar sistemáticamente la política del Gobierno dominicano ni condenarla por principio, sino comprender las restricciones a las que responde, las decisiones que adopta y las posibles consecuencias de esas decisiones para ambas sociedades.

Se ha prestado especial atención a la distinción entre los hechos establecidos, las declaraciones políticas, los objetivos gubernamentales, las percepciones sociales y las interpretaciones analíticas. Esta distinción resulta indispensable en un dossier dedicado a un tema tan sensible. Una declaración presidencial no constituye necesariamente una política pública en toda su amplitud. Una medida anunciada no siempre se aplica de manera uniforme. Una percepción ampliamente compartida dentro de una sociedad no constituye, por sí sola, una prueba factual. Del mismo modo, una consecuencia posible no debe presentarse como un resultado ya establecido. El dossier busca así mantener una separación lo más rigurosa posible entre aquello que está documentado, aquello que puede deducirse razonablemente de las tendencias observadas y aquello que sigue siendo una hipótesis estratégica.

El análisis se basa en el cruce de fuentes institucionales, estadísticas, diplomáticas, económicas, científicas y periodísticas procedentes de la República Dominicana, Haití, el Caribe y las organizaciones internacionales. Las políticas públicas dominicanas han sido examinadas a partir de las comunicaciones oficiales y de los datos disponibles en las instituciones competentes, mientras que las cuestiones relativas a Haití han sido situadas en el contexto de la crisis institucional, de seguridad, económica y humanitaria que afecta al país. Los datos relativos al comercio, las migraciones, las inversiones, la seguridad, la salud, el medio ambiente y las relaciones bilaterales han sido, cuando ha sido necesario, contrastados con varias categorías de fuentes para evitar que un único relato institucional o político determine por sí solo la interpretación.

La cuestión fronteriza ha sido estudiada como un sistema, y no como una simple línea que separa dos territorios. El muro, los puestos de control, los dispositivos de vigilancia, las políticas de visado, las expulsiones, los mercados transfronterizos y las infraestructuras de transporte constituyen únicamente la parte visible de una realidad mucho más compleja. Detrás de la frontera física existen poblaciones que comercian, trabajan y se desplazan por razones familiares o económicas, pero también redes criminales, flujos financieros, tráficos y vulnerabilidades que pueden afectar simultáneamente a ambos Estados. Este enfoque permite examinar la frontera en sus diferentes funciones: frontera de seguridad, frontera migratoria, frontera económica, frontera sanitaria, frontera ambiental y frontera diplomática.

La relación entre migración y seguridad ha sido objeto de una atención particular con el fin de evitar la confusión entre fenómenos que no son equivalentes ni jurídica ni sociológicamente. La migración irregular, la criminalidad transfronteriza, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la trata de personas y el colapso institucional haitiano pueden interactuar, pero no constituyen una misma realidad. Los haitianos que viven o trabajan en la República Dominicana tampoco pueden ser asimilados colectivamente a las redes criminales que operan en la región. Esta distinción resulta esencial para mantener un análisis de seguridad riguroso sin convertir a una población entera en una categoría de amenaza.

El estudio concede igualmente un espacio específico a la historia y a las construcciones identitarias. La Española posee una historia colonial, poscolonial y nacional excepcionalmente compleja, en la que las trayectorias de Haití y de la República Dominicana se han construido simultáneamente a través de la proximidad y de la diferenciación. Ambos Estados poseen lenguas, instituciones, tradiciones políticas, relatos históricos e identidades nacionales distintas. Reconocer esta diferencia constituye un requisito previo para cualquier análisis serio. Pero esta distinción nacional no debe conducir a considerar a ambas sociedades como biológica o históricamente extranjeras entre sí. La identidad nacional es una construcción histórica, cultural, política e institucional que no puede reducirse a la ascendencia genética.

Por esta razón, la sección dedicada a la genética se atiene a precauciones metodológicas particularmente estrictas. Los estudios genómicos permiten esclarecer determinadas trayectorias demográficas de la isla y poner de manifiesto ascendencias indígenas, africanas y europeas presentes, en proporciones variables, entre las poblaciones contemporáneas. Sin embargo, no permiten convertir esas ascendencias en una definición biológica de las naciones. Los resultados pueden variar considerablemente según las muestras, las regiones estudiadas, las poblaciones de referencia, los marcadores genéticos y los métodos estadísticos utilizados. El dossier no presentará, por tanto, ninguna estimación particular como una «composición genética nacional» definitiva y tampoco utilizará la fórmula engañosa según la cual haitianos y dominicanos poseerían «más del 50% del mismo ADN». La formulación adoptada será la de una continuidad demográfica y de ascendencias parcialmente compartidas dentro de una historia insular común, sin confundir genética, identidad nacional y cultura.

La economía constituye otro nivel esencial del análisis. La frontera dominico haitiana no es únicamente un espacio de control; es también un espacio de comercio, trabajo, circulación de bienes y dependencias recíprocas. Los intercambios formales e informales, las necesidades del mercado haitiano, la presencia de trabajadores haitianos en diversos sectores de la economía dominicana, las infraestructuras logísticas y las redes comerciales muestran que la separación política no significa independencia económica. El análisis busca, por tanto, medir no solo los beneficios inmediatos de las políticas de control, sino también sus posibles efectos sobre las cadenas de suministro, el mercado laboral, las empresas, las finanzas públicas y la competitividad dominicana.

Esta dimensión económica se pone deliberadamente en relación con la seguridad. Una política fronteriza puede reducir determinados riesgos y, al mismo tiempo, generar otros costes. Un cierre prolongado puede afectar al comercio. Una restricción excesiva de la oferta de mano de obra puede modificar los costes de determinados sectores. Una relación diplomática profundamente deteriorada puede dificultar la cooperación contra las redes de tráfico. A la inversa, una frontera mejor organizada puede reforzar simultáneamente el control, mejorar la trazabilidad de los intercambios y favorecer la formalización económica. El dossier examina, por tanto, la frontera no solo como un dispositivo defensivo, sino como una infraestructura estratégica cuyos efectos pueden ser simultáneamente securitarios, económicos y diplomáticos.

Las dimensiones ambiental y sanitaria también han sido integradas en el análisis porque recuerdan una realidad fundamental: determinadas amenazas no pueden ser detenidas por una frontera física. Las cuencas hidrográficas, los ecosistemas, los recursos hídricos, los riesgos climáticos, las epidemias y determinadas catástrofes naturales afectan a ambas partes de la isla. La cooperación en estos ámbitos no constituye una renuncia a la soberanía nacional; representa, por el contrario, una manera pragmática de protegerla frente a riesgos que ignoran las fronteras administrativas.

El análisis de la política de Luis Abinader se basa finalmente en una distinción entre seguridad legítima y construcción política de la amenaza. El derecho de un Estado a controlar su territorio, regular la inmigración y proteger a su población no está en cuestión. Lo que debe examinarse es la manera en que esas políticas son formuladas, aplicadas e integradas en un relato nacional. Una frontera puede ser controlada firmemente sin que una población entera sea presentada como una amenaza. Puede ser vigilada tecnológicamente sin convertirse en un símbolo permanente de hostilidad. Puede proteger una soberanía sin transformar al vecino en un enemigo existencial.

De cara a 2035, el dossier no pretende predecir el futuro de La Española. Busca más bien identificar las trayectorias que las decisiones tomadas hoy podrían hacer más o menos probables. La evolución del Estado haitiano, la política migratoria dominicana, la cooperación bilateral, los intercambios comerciales, la situación de seguridad, el compromiso internacional, las transformaciones económicas de la República Dominicana y las percepciones identitarias constituyen variables susceptibles de modificar profundamente el equilibrio de la isla.

La cuestión metodológica central es, por tanto, deliberadamente sencilla: ¿cómo analizar la seguridad de un Estado sin perder de vista el entorno del que depende esa seguridad? A partir de esta interrogante, el dossier examina la política de Abinader, las responsabilidades propias de ambos Estados, el papel de los actores internacionales y las diferentes trayectorias posibles para La Española.

PROPIEDAD INTELECTUAL

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Toda reproducción, adaptación, traducción, distribución o utilización, total o parcial, del presente dossier deberá respetar los derechos de autor, así como la atribución correspondiente a CPGNNews. Las referencias, datos, documentos, análisis y trabajos científicos o institucionales utilizados en este estudio permanecen sujetos a los derechos y condiciones de uso establecidos por sus respectivos autores, instituciones y organismos de origen.

APERTURA EDITORIAL

CPGNNews publica este análisis en un momento en que la cuestión haitiano dominicana supera ampliamente el marco de una relación bilateral difícil. Afecta a la seguridad del Caribe, a las migraciones regionales, a los equilibrios económicos, a las responsabilidades internacionales y, más profundamente todavía, a la manera en que dos sociedades vecinas pueden convivir con una frontera que las separa políticamente mientras las conecta diariamente a través de la geografía, la economía y la historia.

Nuestro enfoque no consiste en pedir a la República Dominicana que renuncie a su derecho a la seguridad. Ese derecho es real, legítimo e inherente a toda soberanía. Tampoco consiste en pedir a Haití que escape al examen de sus propias responsabilidades. La corrupción, el debilitamiento institucional, la violencia armada, las deficiencias de gobernanza y la incapacidad del Estado para garantizar de manera sostenible la seguridad de su población son realidades que deben ser examinadas con lucidez. Un análisis serio no puede construir la paz sobre la negación de los hechos.

Pero la lucidez debe funcionar en ambas direcciones. Reconocer el colapso haitiano no significa que cada haitiano constituya una amenaza. Reconocer el derecho dominicano a controlar sus fronteras no significa que toda política de cierre produzca necesariamente mayor seguridad. Y reconocer las diferencias históricas y culturales entre las dos naciones no requiere ningún relato de superioridad, ninguna oposición biológica ni la construcción permanente de un enemigo.

Es precisamente en este espacio difícil, entre soberanía e interdependencia, seguridad y dignidad, control y cooperación, donde CPGNNews sitúa su análisis.

El dossier no pretende, por tanto, elegir a un pueblo contra el otro. Busca plantear una pregunta más exigente: ¿qué modelo de potencia quiere convertirse la República Dominicana frente al colapso de su vecino? ¿Una potencia que se protege principalmente mediante la separación? ¿Una potencia que acepta una coexistencia prudente y estrictamente controlada? ¿O una potencia suficientemente segura de sí misma como para transformar su posición geográfica, su peso económico y su influencia regional en instrumentos de estabilidad?

Esta interrogante concierne directamente a Luis Abinader, pero también lo trasciende. Concierne al futuro de la República Dominicana, al de Haití y, a través de ellos, al de un Caribe cuya profundidad estratégica el mundo exterior todavía subestima con demasiada frecuencia.

FUENTES Y REFERENCIAS INSTITUCIONALES

Las fuentes utilizadas en este dossier incluyen, entre otras, las instituciones públicas de la República Dominicana y Haití, sus organismos estadísticos y administraciones competentes, las instituciones judiciales y diplomáticas, las organizaciones regionales del Caribe, las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, así como las instituciones financieras y científicas internacionales pertinentes.

Se ha prestado especial atención a los datos relativos a la migración, el comercio, la seguridad fronteriza, la demografía, la salud, el medio ambiente, las inversiones, los intercambios bilaterales y las políticas públicas. Los trabajos científicos dedicados a la genética de las poblaciones del Caribe han sido examinados separadamente de los discursos políticos e identitarios para evitar cualquier utilización abusiva de los datos biológicos en la interpretación de las identidades nacionales.

Las fuentes periodísticas y especializadas han sido utilizadas principalmente para documentar declaraciones públicas, decisiones gubernamentales, acontecimientos recientes y hechos susceptibles de modificar rápidamente la relación entre ambos países. Cuando existían varias cifras o interpretaciones, se concedió prioridad metodológica, en la medida de lo posible, a las fuentes primarias, las series estadísticas oficiales, los estudios científicos revisados por pares y las instituciones con competencia directa sobre el asunto considerado.

Esta diversidad de fuentes responde a una exigencia sencilla: ninguna nación debe ser analizada únicamente a través del relato que produce sobre sí misma, y ningún conflicto regional debe reducirse al relato de uno solo de sus protagonistas.

AGRADECIMIENTOS

La realización de este dossier debe mucho a los investigadores, estadísticos, académicos, diplomáticos, economistas, periodistas, organizaciones regionales e instituciones internacionales que contribuyen, a menudo en condiciones difíciles, a documentar la realidad de Haití, de la República Dominicana y del Caribe.

Reconocemos igualmente el trabajo de quienes producen los datos que permiten superar las impresiones, los eslóganes y las percepciones inmediatas para volver a los hechos. En una región donde las cuestiones de identidad, soberanía y memoria pueden adquirir rápidamente una dimensión pasional, esta infraestructura intelectual resulta indispensable.

Un reconocimiento particular corresponde finalmente a los investigadores caribeños que se esfuerzan por analizar la región desde sí misma, sin renunciar por ello a los estándares internacionales de investigación. Su trabajo recuerda una verdad que a menudo se olvida: el Caribe no es únicamente un objeto de observación para las grandes potencias; posee sus propias voces, sus propios análisis y su propia capacidad para pensar su futuro.

INFORMACIÓN EDITORIAL DE CPGNNEWS

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Por la Redacción de CPGNNews | Mirada Global, lectura desde el Caribe

Agosto de 2026

ANEXO CIENTÍFICO

DATOS GENÉTICOS: LO QUE REALMENTE PERMITEN AFIRMAR LOS ESTUDIOS

El uso de datos genéticos en el análisis de La Española exige una prudencia metodológica particular. Los estudios disponibles no permiten definir una «composición genética» única de la población dominicana ni de la población haitiana. Los resultados varían según las regiones estudiadas, el tamaño y la composición de las muestras, las poblaciones de referencia utilizadas, los marcadores analizados y los métodos estadísticos empleados. Los datos genéticos deben utilizarse, por tanto, para reconstruir historias de poblaciones y trayectorias demográficas, y no para establecer categorías nacionales o identitarias.

A. ADN autosómico

El ADN autosómico constituye el enfoque más pertinente para estudiar la ascendencia genética global de una población individual, puesto que representa el conjunto del genoma heredado de ambas líneas parentales. Los estudios dedicados a las poblaciones dominicanas ponen de manifiesto una mezcla compleja que comprende componentes de ascendencia europea, africana y amerindia, pero sus proporciones varían considerablemente según los individuos, las regiones, las cohortes y los métodos de análisis.

Por ello, resulta científicamente preferible hablar de perfiles de ascendencia variables en lugar de atribuir a toda la población dominicana un promedio genético único. Los distintos estudios tampoco producen necesariamente las mismas estimaciones, lo que constituye menos una contradicción que un recordatorio de la importancia del muestreo y de los modelos estadísticos.

B. ADN mitocondrial

El ADN mitocondrial permite estudiar exclusivamente la transmisión materna directa. Constituye, por tanto, una ventana particular hacia la historia demográfica, pero no representa la ascendencia genética global de una persona.

Las investigaciones realizadas sobre las poblaciones caribeñas contemporáneas y sobre el ADN antiguo muestran la persistencia de linajes maternos asociados a las poblaciones indígenas precolombinas, así como la considerable importancia de los linajes de origen africano. Estos resultados son particularmente importantes para comprender las consecuencias demográficas de la colonización, las migraciones y la trata transatlántica.

Sin embargo, un linaje mitocondrial nunca debe interpretarse como una representación del conjunto de la ascendencia de una población o de un individuo.

C. Cromosoma Y

El cromosoma Y permite estudiar una sola línea de transmisión, aquella que conecta a los hombres a través de su ascendencia paterna directa. Un estudio sobre linajes paternos dominicanos identificó, en particular, una mayoría de linajes asociados con ascendencias europeas o norteafricanas, una proporción importante de linajes subsaharianos y una proporción mucho menor de linajes amerindios.

Estos resultados deben interpretarse con extrema prudencia. No describen el conjunto del patrimonio genético dominicano y no pueden compararse directamente con las estimaciones de ascendencia autosómica. El cromosoma Y cuenta una historia particular de transmisión masculina, susceptible de reflejar las estructuras históricas de migración, colonización y reproducción.

D. ADN antiguo y herencia precolombina

Las investigaciones paleogenómicas dedicadas a las poblaciones precolombinas del Caribe han transformado profundamente la comprensión de la historia demográfica de La Española. Demuestran que las poblaciones indígenas asociadas a las sociedades taínas no desaparecieron por completo del patrimonio biológico de las poblaciones contemporáneas. Persisten actualmente rastros de ascendencia indígena, especialmente en determinados linajes maternos y en ciertas poblaciones contemporáneas.

Esta continuidad no significa, evidentemente, que las sociedades contemporáneas sean sociedades «taínas» en sentido cultural, político o nacional. Demuestra simplemente que la desaparición histórica de una civilización o de una población como entidad política no implica necesariamente la desaparición completa de su herencia biológica.

E. Por qué los porcentajes no deben generalizarse

Un resultado genético obtenido a partir de una muestra no constituye automáticamente una medida representativa del conjunto de una nación. Dos estudios pueden producir estimaciones diferentes y, al mismo tiempo, seguir siendo científicamente válidos si estudian poblaciones diferentes o utilizan metodologías distintas.

Por ello, sería incorrecto afirmar que «los dominicanos están compuestos por X% de europeos, Y% de africanos y Z% de amerindios» como si existiera una fórmula genética nacional fija. Una población nacional está constituida por individuos cuyas historias genealógicas son diferentes. Los promedios estadísticos permiten identificar tendencias dentro de muestras determinadas; no transforman esas tendencias en características biológicas absolutas de una nación.

F. Limitaciones metodológicas

Toda interpretación de los datos genéticos de La Española debe tener en cuenta varias limitaciones: el tamaño y la representatividad de las muestras, el origen geográfico de los participantes, la selección de las poblaciones de referencia, la distinción entre ascendencia y pertenencia cultural, las diferencias entre el ADN autosómico y los marcadores uniparentales, los métodos estadísticos utilizados y la rápida evolución de las bases de datos genómicas.

Estas precauciones son esenciales en el contexto político de la isla. La genética puede contribuir a reconstruir la historia de las poblaciones; no puede determinar la legitimidad de una nación, el valor de una cultura, los derechos de una población ni la superioridad de un grupo sobre otro.

PRINCIPIO CIENTÍFICO ADOPTADO POR EL DOSSIER

Ninguna conclusión del presente dossier deberá utilizar la fórmula «más del 50 % del mismo ADN» como argumento científico. Esta formulación es imprecisa y puede conducir a interpretaciones erróneas.

El concepto adoptado es el de continuidad demográfica y ascendencias parcialmente compartidas, con proporciones variables según los individuos, las regiones, los linajes y los métodos de análisis.

Esta distinción es fundamental para todo el artículo: una historia demográfica parcialmente compartida no significa una identidad nacional común; una ascendencia biológica compartida no significa una cultura común; y una diferencia nacional no constituye una diferencia biológica absoluta.

EJE EDITORIAL DEFINITIVO

TESIS

La República Dominicana posee un derecho soberano y legítimo a asegurar su frontera, controlar su territorio y proteger a su población. Sin embargo, la transformación duradera de Haití o de los haitianos en una categoría permanente de amenaza identitaria podría resultar contraproducente para los propios intereses que esta política pretende proteger, al debilitar progresivamente las condiciones económicas, diplomáticas, humanas y regionales de las que depende la estabilidad dominicana.

ANTÍTESIS

Ignorar el colapso institucional y de seguridad de Haití sería igualmente irresponsable. La República Dominicana está directamente expuesta a las consecuencias de esta crisis y no puede razonablemente ser invitada a aceptar una inmigración descontrolada, los tráficos transfronterizos, la inseguridad o la ausencia de control territorial en nombre de una solidaridad abstracta. La protección de la población dominicana constituye una responsabilidad soberana que no puede ser relativizada.

SÍNTESIS

La verdadera estrategia de poder dominicano no reside, por tanto, ni en una apertura sin control ni en un cierre permanente. Reside en la construcción de una frontera soberana, segura, inteligente y productiva, acompañada de una diplomacia de vecindad permanente, de una cooperación focalizada en los riesgos comunes y de una política regional capaz de distinguir claramente entre seguridad, migración, criminalidad, identidad y responsabilidad estatal.

Este enfoque no pide a la República Dominicana que renuncie a su soberanía. Por el contrario, le pide concebir la soberanía como una capacidad de acción suficientemente fuerte como para no quedar prisionera del miedo a su vecino.

PREGUNTA FINAL

La pregunta planteada a Luis Abinader trasciende así su mandato presidencial y adquiere una dimensión histórica:

¿Construirá una República Dominicana protegida detrás de su frontera, o una República Dominicana suficientemente poderosa, suficientemente segura de sí misma y suficientemente estratégica como para transformar esa frontera en un instrumento de estabilidad, seguridad y prosperidad para el conjunto de la isla?

En última instancia, entre estas dos concepciones del poder se juega una parte del futuro de La Española.